Sentencia SP2902-2016/46801 de marzo 9 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP2902-2016

Radicación: 46801

Aprobado Acta Nº 071

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Bogotá D.C., marzo nueve de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. De acuerdo con lo señalado al inicio de esta decisión, correspondería a la Sala pronunciarse acerca del cumplimiento de los requisitos de lógica y adecuada fundamentación de la demanda de casación presentada por el apoderado de la parte civil, representada por E... M... C... G..., de no ser porque se advierte que se encuentra extinguida la facultad punitiva del Estado, toda vez que transcurrió el término previsto por el legislador para que prescriba la acción penal derivada del delito de estafa por el cual el acusado G... C... C... fue absuelto en primera y segunda instancia, lo cual aconteció aún antes de iniciarse la investigación.

2. Por otra parte, cabe destacar que no obstante observarse que el procesado C... C... fue absuelto en las instancias del delito objeto de acusación, en el asunto de la especie no resulta aplicable el criterio de la Sala según el cual, la absolución ha de prevalecer sobre la prescripción, habida cuenta que, de un lado, tal decisión se encuentra cuestionada por la parte civil, quien a través del recurso extraordinario de casación aspira a que se case la sentencia impugnada y, en su lugar, se condene al mencionado como autor del ilícito de estafa; y de otro, cuando los juzgadores profirieron los respectivos fallos, carecían de competencia, por cuanto había operado el fenómeno jurídico de la prescripción, el cual se consolidó muchos antes de que adquiriera firmeza la resolución acusatoria.

En esa medida, los efectos de la absolución no pueden pervivir en el caso concreto, imponiéndose la cesación de procedimiento por prescripción de la acción penal, según el criterio jurisprudencial adoptado en CSJ SP, 16 mayo 2007, rad. 24374(9), en donde sobre el tema en cuestión se dijo:

…si se entienden en concreto los derechos fundamentales arraigados en la norma constitucional, particularmente, su artículo 1º, que dice fundada la República en el respeto por la dignidad humana, y el desarrollo que se materializa en la protección a la honra y el buen nombre, no puede decirse de entrada que la decisión de ordenar la prescripción en cualquier estado del proceso en la cual se advierta, respeta a cabalidad unos tan profundos preceptos constitucionales.

Necesariamente, estima la Corte, el análisis debe operar respecto del caso concreto, para ver de significar cuál es la decisión que mejor consulta los intereses y derechos del presunto favorecido.

(…)

Desde una perspectiva eminentemente constitucional, en protección de los derechos fundamentales a la dignidad, la honra y el buen nombre, no puede ser lo mismo que después de someter a las afugias de un proceso penal al acusado de un delito de enorme relevancia social, se diga que el Estado perdió toda potestad de continuar adelantando la investigación, por el simple paso del tiempo, a que se pregone examinado de fondo el asunto por las dos instancias ordinarias y luego de un examen riguroso, se absuelva del delito a la persona.

Esta última solución, no cabe duda, restaña en algo el daño que la prosecución penal pudo causar en los derechos fundamentales a la dignidad, la honra y el buen nombre del procesado, que es lo menos que puede esperarse otorgar al individuo una vez se le reconoce inocente.

Por lo demás, ya dentro del ámbito concreto de lo que la ley informa, no se discute que si bien pueden consultar efectos similares, la decisión prescriptiva, así se tome dentro del cuerpo de una sentencia, posee una naturaleza de estirpe interlocutoria, asaz diferente de la sentencia absolutoria.

Al efecto, para citar apenas dos ejemplos, el auto que decreta la cesación de procedimiento por prescripción de la acción penal, no puede ser controvertido a través del recurso extraordinario de casación, ni por intermedio de la acción de revisión, consecuencias que, en principio, podrían entenderse favorables para la persona en cuyo favor se dictó.

Pero, si como sucede en este caso, ya las decisiones absolutorias de primera y segunda instancias, han agotado la posibilidad de controversia que reclama la casación, cubierto el término prescriptivo en el trámite casacional que gobierna tópicos completamente diferentes, no se ve porqué en lugar de cubrir con el ropaje interlocutorio de la prescripción el asunto, no se permite continuar con su plena vigencia las decisiones absolutorias tomadas en sendos fallos, cuando es lo cierto que se trata de decisiones de fondo —reiteramos, cubiertas por la doble condición de acierto y legalidad—, y allí se consulta a cabalidad el valor justicia, a más de que se materializan a favor del procesado los derechos a la dignidad, honra y buen nombre, aún periclitantes si se opta por la otra solución.

(…)

No parece a la Corte, acorde con lo anotado, que la decisión de decretar la cesación de procedimiento por prescripción, deba surgir automática a la verificación objetiva del paso del tiempo, haciéndose menester una evaluación previa que parta por auscultar la protección de los legítimos derechos del procesado, si se tiene claro que otra opción, dígase la absolución, tiene mejor fortuna en ese cometido.

En términos generales, es preciso relevarlo, ante el doble camino de absolver o decretar la prescripción, el juez debe optar por la solución que de manera más acabada restituya los derechos conculcados, o cuando menos limitados o puestos en tela de juicio, del acusado, y ella, no cabe duda, es el mecanismo absolutorio que, desde luego, no opera en cualquier momento, sino en los casos específicos en los que el asunto, por obra de la tramitación adelantada, ya ha cubierto las diferentes etapas investigativa y de enjuiciamiento, hallándose a despacho para la decisión de fondo.

Esto, porque no se trata de desvertebrar el proceso debido y la estructura antecedente consecuente del mismo, sino de facultar al fallador para que, enfrentado al parangón antes destacado, con plena autonomía para decretar la prescripción o emitir la sentencia que se le demanda, escoja con absoluta competencia, la más adecuada de las soluciones. Esto, por cuanto, si bien puede significarse que al estado, con el advenimiento del plazo prescriptivo, se le ha agotado la posibilidad de ejercer la acción penal, no ocurre igual con la obligación, en cuanto se erige el juez como garante de los derechos de las personas involucradas en el proceso, de restablecer unas dichas garantías.

(…)

Es claro, eso sí, que cuando el asunto apenas se tramita y no ha alcanzado el estado que permite al funcionario judicial emitir decisión de fondo, ya surge automática y necesaria la obligación prescriptiva, en el entendido que el paso del tiempo ha cobrado su efecto y no es posible que se continúe adelantando el proceso, a menos, desde luego, que el encartado renuncie a la prescripción, caso en el cual sí se hace necesario agotar el debate jurídico, con involucramiento de todas las partes.

En todo caso, debe relevar la Corte, precisamente por ocasión de que el encartado entienda mejor otras opciones, ha de darse plena operatividad a la posibilidad de renuncia a la prescripción, contemplada en el artículo 44 del Código de Procedimiento Penal, razón por la cual, a pesar de que la decisión prescriptiva se tome, entre otras circunstancias posibles, en sede del fallo de casación, corre el tiempo de ejecutoria del mismo, para facultar posible la dicha renuncia (negrilla fuera de texto).

Ahora bien, de conformidad con las reglas interpretativas citadas, como en el caso particular la prescripción de la acción penal se verificó antes de quedar ejecutoriada la resolución acusatoria, que ocurrió el 18 de noviembre de 2013 (folio 116 vuelto, cuaderno de la instrucción), es evidente que la sentencia absolutoria de primera y segunda instancia no se profirió válidamente; y como, además, el implicado no ha renunciado a dicho fenómeno jurídico, se impone obligada la decisión que así lo declare, que en su momento debieron adoptar los falladores de instancia.

3. En este sentido se observa que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 del Decreto-Ley 100 de 1980, normativa vigente para la época en que ocurrieron los hechos juzgados, durante la etapa de la instrucción la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena establecida en la ley para el delito endilgado, pero en ningún caso será inferior a 5 años, ni excederá de 20.

Precepto reproducido por el artículo 83 de la Ley 599 de 2000 que, valga destacar, es el estatuto sustantivo que los juzgadores de instancia aplicaron al caso concreto.

A su vez, conforme lo estipula el artículo 84 del Código Penal de 1980, que corresponde al canon 86 de la Ley 599 de 2000, en la fase del juzgamiento tal lapso se cuenta nuevamente a partir de la ejecutoria del Auto de proceder, equivalente a la resolución acusatoria, por un tiempo igual a la mitad del máximo de la pena fijada por el legislador para el delito imputado, sin que tampoco pueda ser menor a 5 años, ni exceder de 10.

Ahora, como quiera que en el sub judice la sentencia absolutoria contra el procesado C... C... se emitió por la conducta punible de estafa, descrita en el artículo 246 de la Ley 599 de 2000, que para efectos prescriptivos resulta ser más favorable que la prevista en el artículo 356 del Decreto-Ley 100 de 1980, dado que mientras en la primera codificación la pena máxima es de 8 años, en esta última asciende a 10 años; la Sala se ocupará de evidenciar que en el caso concreto ha operado el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal.

Asimismo, conviene recordar que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte, con el propósito de realizar los cómputos de prescripción de la acción penal, se debe tener en cuenta la calificación de la conducta punible consignada en la sentencia, pues al respecto ha expresado:

Ahora bien, tiene definido la jurisprudencia de la Sala, que la calificación asumida en la sentencia, aun no estando ejecutoriada, tiene calidad definitoria, para todos los efectos legales, incluida la prescripción:

“La ley penal colombiana vincula, inexorablemente, casi todas sus instituciones al cuadro normativo previsto para los hechos que se regulan en ella. Sin embargo dicho cuadro normativo va adquiriendo su perfil definitivo a través del juicio de valor que sobre los hechos y sobre el derecho se lleva a cabo progresiva y provisionalmente a través del trámite y las etapas procesales.

De allí se deriva, entonces, como lo ha sostenido la Corte, que las variaciones a la calificación jurídica de la conducta imputada, introducidas a través del proceso, deben considerarse para los cómputos propios de la prescripción y produciendo efectos que se han asimilado a los de la retroactividad. (Confrontar sentencias de marzo 24/81 y noviembre 16/93, por ejemplo). Esto no puede ser sino así, si se repara en que la acción penal que prescribe es la generada por el delito respectivo y que éste por su parte, adquiere su identificación plena y definitiva en el acto de sentencia.

De este modo, mientras el sistema prescriptivo esté diseñado con referencia a la identificación jurídica del hecho punible, pues que allí se constata la duración de su pena y por ende el término de prescripción, tendrán que admitirse las repercusiones que sobre el fenómeno extintivo de la acción tenga la calificación definitiva, sea que se afecten con ello fases superadas del proceso o que, como acá, se influya la sentencia misma impidiendo su ejecutoria.

No se trata de plantear acá la conveniencia o inconveniencia de que un sistema como el indicado produzca en las calificaciones jurídicas que se formulan durante el trámite, actos jurídicos inestables o inseguros, sino de que mientras el sistema de prescripción se sostenga sobre este modelo y estas regulaciones de derecho positivo, es inevitable que el fenómeno prescriptivo esté sujeto al vaivén de la calificación definitiva hecha en la sentencia y que ella produzca efectos sustanciales y procesales sobre todas las consecuencias jurídicas derivables de la misma.

Si no fuese así el asunto, prevalecería en el proceso lo formal sobre lo sustancial, sobre la justicia material, e incluso podrían llegarse a patrocinar formas de deslealtad procesal. Piénsese si no, en que por otra vía hermenéutica como la sostenida por la Corte hasta abril de 1977, el sujeto de la función acusadora podría impedir la prescripción de un delito deduciendo agravantes inexistentes en la resolución de acusación en desmedro del derecho del imputado a su declaratoria, puesto que se daría carácter de inmutable a lo que no lo tiene por naturaleza, es decir al acto calificatorio, cuya misión al interior del proceso es netamente funcional pues no tiene por objeto decidir la litis sino el ámbito dentro del cual se desenvolverán la acusación y la defensa”(10).

En otros pronunciamientos posteriores sobre la misma temática se dijo:

““La calificación sumarial impartida en la resolución de acusación no obstante su carácter provisorio se convierte en ley del proceso, pues es el hito fundamental a partir del cual el Estado garantiza al acusado el derecho de defensa y se desarrolla la actividad defensiva durante el debate del juicio, pero a la vez está sujeta a las resultas de éste, materializadas en la sentencia de las instancias.

Esta, cuando es condenatoria y se pronuncia bajo los parámetros del debido proceso y concordantes con la resolución acusatoria, es el único pronunciamiento judicial dentro de la fase ordinaria del proceso con categoría de definitividad en la imputación penal, sea que la mantenga en los mismos términos de la acusación fiscal o que le introduzca variaciones de menor compromiso penal, de donde se colige que es el tipo penal contemplado en el fallo de las instancias con las circunstancias específicas declaradas, el que establece el término de la prescripción de la acción penal”(11)(12).

En esa medida, se tiene que el artículo 246 del Código Penal, sin el incremento del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, inaplicable al caso concreto debido a que no se hallaba vigente para el momento de comisión de la conducta juzgada y teniendo en cuenta que el presente trámite se adelantó por el procedimiento reglado en la Ley 600 de 2000, establece una pena de dos (2) a ocho (8) años de prisión.

De acuerdo con los hechos en que su sustenta la imputación jurídica de la acusación, éstos sucedieron en el año 1997, en razón de la omisión del procesado de inscribir el título por cuyo medio enajenó el bien a su hermana E... M... C... G..., y aun cuando ésta no indica con precisión la fecha de su ocurrencia, sí refiere que fue con ocasión de la suscripción de la escritura pública 2110 del 11 de agosto de la citada anualidad.

De manera que como el delito de estafa es de aquellos denominados de ejecución instantánea, el cual se entiende consumado cuando el agente obtiene el provecho ilícito como resultado de los artificios y engaños(13), que en el caso concreto se cifra en el momento en que se suscribió el documento público citado ut supra, por tanto, a partir de esa data se impone contar el término prescriptivo conforme lo establece el artículo 80 del Código Penal de 1980, que corresponde al artículo 83 de la Ley 599 de 2000, valga decir, el máximo de la pena fijada en la ley, que para el ilícito en mención es de 8 años, plazo que se cumplió en el mes de agosto de 2005, mucho antes de que se denunciara el hecho y de que, obviamente, quedara en firme la resolución acusatoria.

Con ese propósito resulta oportuno mencionar que sobre la solución que debe adoptarse frente a la prescripción de la acción penal, dependiendo del momento procesal en el cual se presente dicho fenómeno extintivo, la Sala tiene dicho:

1. Cuando la prescripción opera después de la sentencia de segunda instancia, se debe decretar directamente y cesar procedimiento con independencia del contenido de la demanda (se prescinde del juicio de admisibilidad), por haberse dictado el fallo en forma válida, en cuanto se hallaba vigente la facultad sancionadora del Estado.

2. Cuando la prescripción ocurre antes de la sentencia de segunda instancia, es necesario distinguir dos hipótesis:

a) Si el error ha sido planteado en la demanda, se debe admitir el libelo y definir el cargo mediante fallo de casación, con prescindencia de los restantes ataques si han sido planteados.

b) Si el recurrente no formuló el reproche, le corresponde a la Corte analizar la ocurrencia del fenómeno extintivo, casar de oficio para anular el fallo y, como consecuencia de ello, inadmitir la demanda por ausencia de objeto, sin que resulte, entonces, procedente, por innecesario y en virtud del principio de economía procesal, agotar el juicio de admisibilidad de los cargos contenidos en el libelo. Desde luego, añádase ahora, en caso de haberse admitido la demanda, no habrá lugar a emitir pronunciamiento sobre los cargos allí formulados.

3. Cuando la prescripción se produce con ocasión del fallo de casación (tal situación puede presentarse, por ejemplo, si la Corte varía la calificación jurídica para degradar la imputación): En ese caso, la decisión de la Sala dependerá del momento en el cual haya operado la prescripción. Si ocurrió antes de la sentencia de segunda instancia, deberá casarla. Si ocurrió después, decretará directamente la prescripción y cesará, en consecuencia, el procedimiento(14)(15).

En ese orden, de acuerdo con las reglas interpretativas trascritas, la Corte procederá a casar de oficio la sentencia recurrida, por lo que decretará la nulidad de lo actuado por vulneración del debido proceso a partir del 20 de agosto de 2008, fecha en que la fiscalía dispuso abrir instrucción, y declarará la extinción de la acción penal por razón de la prescripción, así que ordenará cesar todo procedimiento a favor del procesado G... C... C... por el delito de estafa.

Con relación a de la acción civil derivada de la conducta punible, habida cuenta que la misma fue ejercida al interior de este proceso, también se declarará su extinción por haber operado el fenómeno de la prescripción, al tenor del artículo 108 del Código Penal de 1980 (art. 98 L. 599/2000).

Es oportuno señalar que será del resorte del juez de primera instancia proceder a la cancelación de las anotaciones que registre el inculpado en razón de esta actuación.

En mérito de lo expuesto, La Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR de oficio la Sentencia adiada 8 de abril de 2015 proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla, en consecuencia, decretar la nulidad de lo actuado a partir del 20 de agosto de 2008.

2. DECLARAR prescritas las acciones penal y civil derivadas de la conducta punible de estafa, atribuida a G... C... C..., por ende, cesar el procedimiento a su favor.

3. INADMITIR, por carencia de objeto, la demanda de casación presentada por el apoderado de la parte civil, representada por E... M... C... G....

4. ORDENAR que por conducto del juez de primera instancia se cancele todo requerimiento y pendiente que el mencionado ciudadano tenga por razón exclusiva de este proceso penal.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase y devuélvase el proceso al tribunal de origen».

(9) En el mismo sentido, CSJ AP, 26 sep. 2007, rad. 28067; CSJ AP, 10 oct. 2007, rad. 26973; CSJ AP, 21 en. 2008, rad. 22660; CSJ AP, 9 abr. 2008, rad. 29452; CSJ AP, 27 mayo 2009, rad. 27494, entre otros.

(10) “Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal, Sentencia del 5 de marzo de 1996, rad. 8336”.

(11) “Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal, Auto del 9 de abril de 1999, rad. 13165. En igual sentido, decisión del 24 de septiembre de 2002, rad. 12951”.

(12) CSJ AP, 28 abr. 2004, rad. 22058. En igual sentido, providencias del 21 de enero y 27 de octubre de 2008, 20 de mayo de 2009 y 29 de septiembre de 2010, radicaciones 22660, 30641, 31171 y 34613, respectivamente, entre otras.

(13) CSJ SP, 4 jun. 2014, rad. 36649.

(14) “Cfr. Auto del 21 de agosto de 2013, rad. 40587”.

(15) CSJ SP, 5 nov. 2013, rad. 40034.