Sentencia SP2910-2016/46632 de marzo 9 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP2910-2016

Radicación: 46632

Aprobado Acta Nº 71

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Bogotá D.C., nueve de marzo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IV. La demanda

Al amparo de la causal de casación de que trata el artículo 181, numeral 2º, de la Ley 906 de 2004, el impugnante formula un cargo a través del cual denuncia que se desconoció el debido proceso, por violación a la garantía del juez natural, toda vez que, por razón del fenómeno de la prescripción de la acción penal, “el tribunal había perdido competencia para fallar”; todo ello en concordancia con el artículo 456 del estatuto procesal.

Señala que TC fue procesado por el delito de inasistencia alimentaria agravada (art. 233, inc. 2º, del C.P., modificado por el art. 1º de la L. 1181/2007), que establece una pena máxima de 72 meses de prisión. Agrega que el artículo 82 del estatuto sustantivo consagra la prescripción como causa de extinción de la acción penal.

Aduce que el término de la prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la imputación y, acorde con el artículo 292 de la Ley 906 de 2004, comienza a correr de nuevo por un término igual a la mitad del consagrado en el artículo 83 del Código Penal, sin que pueda ser inferior a tres años.

Precisa que la pena máxima fijada por el inciso 2º del artículo 233 del Código Penal es de 72 meses de prisión y que la imputación acaeció el 2 de abril de 2012. Así, el nuevo lapso era de 36 meses, esto es, la mitad del máximo fijado en la ley, con lo que se tiene que ese término se cumplió el 2 de abril de 2015, cuando la sentencia de primera instancia se encontraba en trámite para ser enviada al tribunal. Éste, entonces, perdió la competencia para dictar el fallo de segundo grado.

El demandante alude a los límites temporales que le impone a las autoridades el Estado social y democrático de derecho para el ejercicio del poder punitivo, so pena de incurrir en la sanción que acarrea la pérdida de potestad punitiva por el paso del tiempo. Estima como violados los artículos 29, 228 y 230 de la Constitución Política, artículos 10, 19, 86 (modificado por el art. 6º de la L. 890/2004) y 233 de la Ley 599 2000, y 189 y 292 del Código de Procedimiento Penal.

En consecuencia, le pide a la Corte que case el fallo impugnado, decrete la prescripción de la acción penal y disponga la preclusión a favor del procesado.

(...)

VII. Consideraciones de la Corte

1. A la Sala le corresponde resolver el recurso extraordinario de casación, en atención a la competencia que le asigna el numeral 1º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004.

2. La cuestión que se decide consiste en determinar si, para cuando fue proferido el fallo de segundo grado, la acción penal correspondiente al delito de inasistencia alimentaria había prescrito, y si, en consecuencia, aquel deviene nulo.

La Sala anticipa su decisión de casar la sentencia recurrida y, por tanto, reconocer la prescripción de la acción penal, invalidar lo actuado a partir del instante en que se consolidó el fenómeno extintivo y disponer la preclusión de la actuación.

3. Frente a la cuestión que plantea la demanda, conviene precisar lo decantado por la jurisprudencia de la Sala en punto de la solución a adoptar, dependiendo del momento procesal en el que se presenta la prescripción de la acción penal (CSJ, SP, Auto del 21 de agosto de 2013, rad. 40587, reiterado en decisión del 13 de noviembre del mismo año, rad. 40009):

i) Cuando la prescripción opera después de proferida la sentencia de segunda instancia, se debe decretar directamente y precluir la actuación, con independencia del contenido de la demanda (se prescinde del juicio de admisibilidad), por haberse dictado el fallo en forma válida, en cuanto se hallaba vigente la facultad sancionadora del Estado.

ii) Cuando la prescripción ocurre antes de la emisión de la sentencia de segunda instancia, es necesario distinguir dos hipótesis:

a) Si el error ha sido planteado en la demanda, se debe admitir el libelo y definir el cargo mediante fallo de casación, con prescindencia de los restantes ataques si han sido planteados.

b) Si el recurrente no formuló el reproche de prescripción, le corresponde a la Corte analizar la ocurrencia del fenómeno extintivo, casar de oficio para anular el fallo y, como consecuencia de ello, inadmitir la demanda por ausencia de objeto, sin que resulte procedente, por innecesario y en virtud del principio de economía procesal, agotar el juicio de admisibilidad de los cargos contenidos en el libelo. En caso de haberse admitido la demanda, no habrá lugar a emitir pronunciamiento sobre los cargos allí formulados.

iii) Por último, cuando la prescripción se produce con ocasión del fallo de casación (tal situación puede presentarse, por ejemplo, si la Corte varía la calificación jurídica para degradar la imputación): en ese caso, la decisión de la Sala dependerá del momento en el cual haya operado la prescripción. Si ocurrió antes de la sentencia de segunda instancia, deberá casarla. Si se consolidó después, decretará directamente la prescripción y, en consecuencia, precluirá la actuación (CSJ, SP, Auto del 21 de agosto de 2013, rad. 40587).

Se exceptúan de las reglas anteriores —ha dicho la Corte— aquellos casos en que el procesado fue favorecido con sentencia absolutoria, no cuestionada, pues en tal evento se prefiere dicha decisión a la de la prescripción (CSJ, SP, Sentencia del 16 de mayo de 2007, rad. 24374, reiterada, entre otras, en las providencias del 8 de agosto de 2007, rad. 27980; 17 de septiembre de 2008, rad. 29832 y 16 de mayo de 2012, rad. 38571), o bien cuando el procesado renuncia a la prescripción.

En este proceso, el único cargo formulado se sustenta, precisamente, en que el fenómeno prescriptivo se produjo antes del fallo de segundo grado.

4. No cabe duda que en este caso la prescripción de la acción penal operó antes de la emisión de la decisión del ad quem.

En efecto, al tenor de lo normado por el artículo 292 del Código de Procedimiento Penal de 2004, en concordancia con el inciso 1º del artículo 86 del Código Penal, dicho fenómeno se materializa una vez transcurrido, a partir de la formulación de la imputación, un término equivalente a la mitad de la pena máxima de prisión asignada por la ley a la conducta, lapso que no podrá ser inferior a tres años; lo anterior, en el entendido de que el espacio de tiempo mínimo de prescripción de 5 años al que se refiere el inciso 2º del artículo 86 del Código Penal (modificado por el art. 6º de la L. 890/2004), se aplica al conteo del término extintivo a partir de la resolución de acusación, en los casos tramitados bajo la Ley 600 de 2000, como así lo ha precisado la jurisprudencia (CSJ, SP, Auto del 27 de febrero de 2013, rad. 38547).

Se tiene, entonces, que el delito de inasistencia alimentaria cometido en perjuicio de un menor está consagrado en el artículo 233, inciso 2º, de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 1º de la Ley 1181 de 2007, norma que fija una pena máxima de prisión de 72 meses.

Por otra parte, el expediente muestra a las claras que la audiencia de imputación acaeció el 2 de abril de 2012. Así las cosas, surge nítido que el lapso extintivo, contado a partir de la fecha en que tuvo lugar la imputación, es precisamente de 36 meses o 3 años, tiempo que equivale a la mitad de la pena máxima de prisión y que se cumplió el 2 de abril de 2015.

Para entonces, ya había sido emitido el fallo de primera instancia; por tanto, para el 3 de junio de 2015, fecha de la sentencia del tribunal, la prescripción había operado.

Visto lo anterior, surge nítido que el Estado perdió la potestad punitiva para adelantar el trámite judicial a partir del momento en que se consolidó el fenómeno extintivo, de suerte que la decisión del tribunal deviene en inválida y, por consiguiente, violatoria de las formas propias del juicio.

Se impone, entonces, restablecer la garantía conculcada a través de las determinaciones anunciadas.

5. Conforme el artículo 80 de la Ley 906 de 2004, los efectos de la extinción de la acción penal no se extienden a la acción civil derivada del injusto ni a la acción de extinción de dominio (CSJ, SP. 27 de febrero de 2012, rad. 38547), pues el ejercicio de la acción civil propiamente dicha no tiene lugar en el curso del proceso penal regido por el estatuto procesal mencionado; es por esta razón que aquí no operan los efectos reseñados en el artículo 98 de la Ley 599 de 2000.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad emanada de la Constitución Política y la ley,

VIII. RESUELVE:

1. CASAR la sentencia recurrida. En consecuencia, DECLARAR la nulidad del fallo del 3 de junio de 2015, dictado por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo contra el procesado LCCT.

2. Por lo mismo, DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN de la acción penal y DISPONER la PRECLUSIÓN de la actuación a favor del citado procesado.

3. El Juzgado de primera instancia deberá adoptar todas las medidas inherentes a lo aquí resuelto.

En contra de esta sentencia no procede ningún recurso.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».