Sentencia SP2981-2018 de julio 25 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Luis Antonio Hernández Barbosa

SP2981-2018

Rad.: 50394

(Aprobado acta Nº 246).

Bogotá, D.C., julio veinticinco (25) de dos mil dieciocho (2018).

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

EXTRACTOS: «LA DEMANDA:

Consta de dos cargos.

1. Primer cargo: Violación directa de los artículos 29-2 y 30-3 de la Ley 599 de 2000.

Adujo el defensor que se aplicó indebidamente la primera norma que se ocupa de la coautoría y no se aplicó la segunda que trata de la complicidad.

Resaltó que desde la imputación hasta el primer escrito de acusación del 23 de marzo de 2013, la Fiscalía imputó a su asistido el delito de homicidio agravado a título de cómplice.

Si según lo ha señalado esta Sala (SP, 2 sep. 2009 Rad. 29221 y SP151/2014. Rad. 38725), la coautoría supone un acuerdo o plan común, la división de funciones y la trascendencia de aporte en la fase ejecutiva del delito, es necesario destacar que conforme a la teoría del dominio del hecho, es coautor quien tiene dicho dominio funcional, en tanto el cómplice únicamente realiza una contribución accesoria o secundaria.

En este asunto se tiene, dice el recurrente, que el proceder del homicida O. G. P. no requería de la intervención de P. G., es decir, aquél tenía el dominio del hecho, mientras que el procesado no.

Si conforme a la jurisprudencia de esta Sala, para que se configure la complicidad es necesario: (i) Que exista un autor, (ii) Que autores y cómplices se identifiquen sobre los delitos que quieren cometer, unos realizándolo, mientras que otros colaborando, (iii) Que medie entre unos y otros acuerdo previo o concomitante, y (iv) Que todos obren con dolo, considera el demandante que el acuerdo previo es común a la coautoría y a la complicidad, pero es el dominio del hecho el que permite establecer si se trató de un coautor o de un cómplice.

Si está probado que quien disparó sobre la víctima y le causó la muerte fue O. G. P., el cual se allanó a cargos y fue condenado mediante fallo ya ejecutoriado, es claro que P. G. no tenía la condición de coautor y tanto menos la de determinador, pues su contribución fue accesoria o secundaria al esperar al homicida a 20 metros del lugar de los sucesos, de modo que con su intervención o sin ella el delito se habría cometido.

Como los falladores erraron al condenar al acusado como coautor del homicidio, es necesario corregir tal afrenta a sus derechos, en el sentido de casar el fallo a fin de condenarlo como cómplice y realizar la correspondiente dosificación de la pena.

2. Segundo: Nulidad por violación del debido proceso.

Con base en la causal segunda de casación, el recurrente adujo que se quebrantó el principio de legalidad, pues los sentenciadores no aplicaron la disminución punitiva derivada del estado de ira o intenso dolor, es decir, dejaron de aplicar el artículo 57 de la Ley 599 de 2000 incurriendo en un “vicio de garantía”, en cuanto está demostrado que momentos antes del homicidio, sus hijos P. y M. G. P. murieron violentamente.

El acusado actuó impulsado por una conducta ajena, grave e injusta y existe relación causal entre la provocación y la reacción, al punto que el tribunal señaló en el fallo que “ante la situación que se había presentado horas antes donde habían fallecido varios miembros de su familia cercana, así como las tensas relaciones con su hermano, era apenas comprensible que el procesado se motivara a impulsar el ataque, como en efecto sucedió”.

Si la muerte de los hijos del acusado se produjo una hora antes de cuando tuvo lugar el homicidio de L. A. G. R. por parte de O. G. P., debió reconocerse en favor de P. G. R. un estado de ira o intenso dolor y efectuar la correspondiente disminución de la pena.

Con base en lo anterior, el defensor solicitó a la Sala la casación del fallo, en orden a reconocer la citada circunstancia con incidencia en la pena impuesta a su asistido.

(...).

CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

1. Primer cargo: Violación directa de los artículos 29-2 y 30-3 de la Ley 599 de 2000.

1.1. Los hechos probados y declarados.

En el escrito de acusación la Fiscalía señaló:

“Mientras los hechos tuvieron ocurrencia, O. G. P. alias B. (hijo de P. G. R., alias El V. y hermano de M. y P. G. P., alias A.) se encontraban afuera del piqueteadero, y al considerar que en lo acaecido tuvo que ver alias L., primo suyo y líder para la época de la organización delincuencial Los L. de la que se dice hacían parte M. P., C. A. P. y J. S. H. alias J., disidentes de la organización delincuencial Los P., liderada por P. G. R. alias El V. y sus hijos, en un acto de venganza y previo acuerdo con su progenitor P. G. R., O. se dirigió hacia la casa del señor L. A. G. R. (su tío, hermano de P. G. R. y progenitor de su primo L. G. alias L.) y encontrándolo afuera de la casa tendido en el suelo arreglando un vehículo de su propiedad, de inmediato le disparó con un arma de fuego causándole la muerte, hecho éste que ocurre en presencia de P. G. R., quien de pie esperaba a su hijo O. a varios metros en un estrecho camino que conduce a otro sector y desde donde protegía el lugar y facilitaba la ocurrencia del hecho observando lo qué sucedía mientras en la mano portaba un revólver, y hasta donde O. corrió una vez ejecutó a su tío huyendo de inmediato los dos, ante la mirada atónica de la esposa e hija de L. A. G. R., a quienes O. amenazó antes de huir advirtiéndoles callar si deseaban seguir con vida”. 

En el fallo de primer grado se dijo:

“Quedó probado que el 6 de enero de 2013, aproximadamente a las 4:00 de la tarde, en la vía pública cerca de su residencia, efectivamente P. G. R. alias El V., con su hijo O., en un acto de venganza, presenció cuando su hijo disparó contra su tío L. A. G. R., causándole la muerte”. 

Más adelante refirió:

“Es claro que ese día 6 de enero de 2013, P. G. R., llegó en compañía de su hijo O. hasta donde se encontraba su hermano L. A., para esperar a su hijo mientras él le propinaba dos disparos a su tío, causándole la muerte de inmediato”. 

El tribunal en su fallo expresó:

“Para la Sala, la actitud del procesado al momento de los hechos no deja duda que junto a su hijo O. era protagonista del ataque a su hermano L. A., pues no solo llegó con él al lugar donde éste reparaba su carro sino que luego lo acompañó en la huida, estando pendiente del desarrollo del lamentable episodio”. 

Y precisó:

A esto se suma que, estando presente en el escenario, como afirman la esposa e hija del occiso, el procesado tan solo aguardó condescendientemente a que su hijo procediera a disparar contra su tío, en evidente contubernio, cuando lo razonable hubiese sido que advirtiendo sus intenciones, pues portaba un arma de fuego, buscara evitar el aleve ataque dado que la víctima era su hermano y que era evidente que su hijo debería responder luego ante las autoridades por el delito que cometería, en otras palabras, si el procesado estaba al tanto de lo que iba a realizar su hijo, esto es, que mataría a su hermano, era de inferir que tratara de evitarlo y no, como aquí aconteció, que llegó con él y lo esperó para ayudarlo en la huida”.

Así las cosas, se puede concluir que los victimarios acordaron la muerte de L. A. G. R. como retaliación por los homicidios de sus consanguíneos cercanos ocurridos horas antes, tan es así, que al llegar al lugar donde la víctima se encontraba, O. G., sin mediar palabras, accionó su arma de fuego contra la humanidad de su tío, mientras su padre P. lo aguardaba a solo unos metros de distancia, según dicen las testigos, armado, en respaldo o aseguramiento del propósito criminal que los movía”.

1.2. Diferencias entre la coautoría material impropia y la complicidad(1). 

Ha dicho la Corte que la figura de la coautoría comporta el desarrollo de un plan previamente definido para la consecución de un fin propuesto, en el cual cada persona involucrada desempeña una tarea específica, de modo que responden como coautores por el designio común y los efectos colaterales que de él se desprendan, así su conducta individual no resulte objetivamente subsumida en el respectivo tipo penal, pues todos actúan con conocimiento y voluntad para la producción de un resultado(2).

Respecto del concurso de personas en la comisión delictiva se ha precisado que existen diferencias entre la coautoría material propia y la impropia. La primera ocurre cuando varios sujetos, acordados de manera previa o concomitante, realizan el verbo rector definido por el legislador, mientras que la segunda, la impropia, llamada coautoría funcional, precisa también de dicho acuerdo, pero hay división del trabajo, identidad en el delito que será cometido y sujeción al plan establecido, modalidad prevista en el artículo 29-2 del Código Penal, al disponer que son coautores quienes, “mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte”; se puede deducir, ha dicho la Sala(3), de los hechos demostrativos de la decisión conjunta de realizar el delito.

La Corte ha precisado que en dicha modalidad de intervención criminal rige el principio de imputación recíproca, según el cual, cuando existe una resolución común al hecho, lo que haga cada uno de los coautores se extiende a todos los demás conforme al plan acordado, sin perjuicio de que las otras contribuciones individualmente consideradas sean o no por sí solas constitutivas de delito(4).

Por su parte, el artículo 30-3 de la Ley 599 de 2000 preceptúa que es cómplice “quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste ayuda posterior, por concierto previo o concomitante a la misma”.

Se caracteriza porque la persona contribuye a la realización de la conducta punible de otro, o presta una ayuda posterior cumpliendo promesa anterior, de modo que no realiza el comportamiento descrito en el tipo, ni tiene dominio en la producción del hecho, porque su conducta no es propiamente la causa de un resultado típico, sino una condición del mismo(5).

En suma, únicamente quien tiene el dominio del hecho puede tener la calidad de coautor, mientras que el cómplice es aquél que se limita a prestar una ayuda o brinda un apoyo que no es de significativa importancia para la realización de la conducta ilícita, es decir, participa sin tener el dominio propio del hecho(6).

1.3. Análisis del caso concreto

Si como fue señalado al establecer la conducta por la cual fue acusado y condenado en las instancias P. G. R., acordó con su hijo O. G. P. ir hasta la residencia de L. A. G. R. y una vez allí, permaneció cerca del sitio, armado con un revólver y pendiente de lo que ocurriera, en una labor de “respaldo o aseguramiento del propósito criminal que los movía”, esto es, causar la muerte a su hermano, advierte la Corte que el reclamo del demandante no está llamado a prosperar.

En efecto, no es procedente reconocer en la conducta desplegada por el acusado P. G. una situación propia de complicidad concomitante, pues en el contexto en el cual su hijo O. disparó sobre L. A., su aporte no fue insignificante o intrascendente, por el contrario, mediando concierto previo, que como lo señaló el defensor, es común tanto a la complicidad como a la coautoría, acordó a través de la división de trabajo permanecer cerca del lugar de los hechos, armado y pendiente de asegurar el éxito de su propósito, esto es, tomar venganza por la muerte violenta de sus hijos P. y M. G. Parada por parte de J. E. L. H., miembro de la banda delincuencial de “Los L.”, liderada por L. A. G. C. (a. L.), hijo de L. A. G. R., contra quien se dirigió la agresión que culminó con el homicidio investigado en estas diligencias.

P. G. R. tenía la condición de coautor material impropio, en cuanto contó con el codominio funcional del delito contra la vida, pues le asistía el ánimo y voluntad de causar la muerte de su hermano y por ello, mediante previa planeación y división de trabajo con su hijo organizaron el ataque, de modo que aquél estuviera atento a su desenvolvimiento e interviniera ante cualquier inconveniente para asegurar su objetivo delictivo, pues no de otra manera se explica que hubiera permanecido armado con un revólver en proximidad al sitio donde se desarrolló el hecho, además de que ambos llegaron y huyeron juntos.

No debe olvidarse que P. G. R. lideraba la organización criminal de Los P., motivo por el cual el proceder delincuencial en el que intervino de manera importante no era ajeno a sus actividades, circunstancia que facilitó ponerse de acuerdo con su hijo O. y cometer el homicidio de su consanguíneo, padre del jefe de la otra banda delincuencial, Los L., con la cual de tiempo atrás tenían una profunda enemistad derivada de haberse separado, tener diferencias sobre el dominio territorial del sector y ahora porque uno de sus miembros causó la muerte a dos de sus hijos.

Debe destacarse que el aporte del acusado a la comisión del hecho debe constatarse mediante un juicio ex ante y no ex post, pues es claro que dada la gravedad del suceso y el funesto reconocimiento que en la zona tenía el occiso, era importante contar con la asistencia del acusado a fin de repeler cualquier ejercicio defensivo del atacado, de sus familiares o de miembros de la banda liderada por su hijo. Desde luego, acudiendo a un juicio ex post, como el que plantea el defensor, podría llegarse a la conclusión inconsistente de que el aporte de P. G. no fue significativo, frente a lo cual, se reitera, no debe perderse de vista que no actuó como simple espectador, pues precisamente estaba armado con un revólver para asegurar su propósito de venganza en el atentado contra la vida de su hermano.

Conforme a lo anterior, encuentra la Corte que se consolidó el instituto de la coautoría, pues en virtud del principio de imputación recíproca, el fragmento acordado y realizado por O. G., sobre el cual hubo allanamiento a cargos y fallo ejecutoriado, se hace extensivo a P. G. y, por ende, conlleva la atribución de responsabilidad penal por el delito de homicidio agravado en calidad de coautor material impropio, tal como fue acusado y condenado en los fallos de instancia.

En estas condiciones, como lo solicitaron la Fiscalía y el Ministerio Público, el cargo no está llamado a prosperar.

2. Segundo: Nulidad por violación del debido proceso.

Sea lo primero señalar que el desconocimiento de un estado de ira o de intenso dolor en el proceder de P. G. no configura un “vicio de garantía”, como lo alega el recurrente, quien pretextando una causal de nulidad pretende habilitarse en casación sobre una temática no abordada contra el fallo de primer grado. No obstante, como ya lo tiene definido la jurisprudencia de esta corporación, una vez admitida la demanda, la Sala no tiene camino diferente al de pronunciarse de fondo sobre los cargos formulados.

Como en esta censura el demandante reclamó que no se reconoció en favor de su asistido un estado de ira o de intenso dolor derivado de la muerte de sus hijos P. y M. G. P., causada por J. E. L. H., miembro de la banda delincuencial “Los L.”, liderada por L. A. G. C., (a. L.), hijo de L. A. G. R., quien falleció con ocasión de la conducta investigada en este asunto, considera la Sala pertinente hacer las siguientes precisiones(7):

Conforme al título de la norma “ira o intenso dolor”, así como de su contenido, esto es, “El que realice la conducta punible en estado de ira o de intenso dolor” se deduce que se trata de dos institutos diferentes: La ira según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española corresponde a una pasión del alma que causa indignación y enojo; la acción de padecer; cualquier perturbación o afecto desordenado del ánimo; un enfado vehemente contra una persona o contra sus actos; el movimiento del ánimo que causa molestia, pesar, agravio, ofensa, contra una persona.

Por su parte, el dolor es un sentimiento de pena y congoja; angustia y aflicción del ánimo, cuidado, aflicción o sentimiento interior grande; temor opresivo. Como ese dolor debe ser “intenso”, debe tener la condición de vehemente, de una fuerza impetuosa, ardiente y lleno de pasión.

La ira apunta a una reacción más o menos momentánea, en tanto que el dolor, dada su “intensidad”, comporta un carácter de permanencia en el tiempo.

Para que se estructure tal circunstancia de disminución punitiva, reglada en el artículo 57 del Código Penal, se requiere: (i) un acto de provocación grave e injusto, (ii) la reacción del agente bajo un estado anímico alterado —ira o intenso dolor—, y (iii) una relación causal entre ambas conductas(8).

Al analizar los hechos investigados encuentra la Sala que si bien el homicidio de P. y M. G. Parada, hijos de P. G., podría constituir una provocación grave e injusta capaz de determinar en él un estado de ira o de intenso dolor, lo cierto es que, como lo señaló el Fiscal Delegado ante esta corporación, la reacción recayó en una persona diferente de aquella que cometió el delito, pues los homicidios fueron materializados por J. E. L. H., mientras que la muerte objeto de investigación en este proceso recayó sobre L. A. G. R., padre de L. A. G. C., líder de “Los L.”.

Además, no hay prueba orientada a acreditar que la víctima hubiera ordenado la muerte de los hermanos P. y M. G. Parada o que por lo menos los familiares de éstos tuvieran ese convencimiento. Por el contrario, lo demostrado es que en un simple y llano acto de venganza, O. G. P., hermano de los occisos, acordó con su padre P. G. R. ir a la residencia de L. A. G. R. y al encontrarlo en la calle acostado sobre el piso reparando un vehículo procedió a dispararle en dos oportunidades causándole la muerte, seguramente, por ser el padre del líder de la banda delincuencial a la que pertenecía el autor de los homicidios de sus consanguíneos.

Como no se presentó una relación causal vinculante entre quien realizó la acción (J. E. L. H.) y contra quien se dirigió la reacción (L. A. G. R.), no hay lugar a que se configure la diminuente punitiva invocada, pues no sobra señalar que tal instituto no se ocupa de todos los estados de ira o de intenso dolor, sino únicamente de aquellos vinculados a una reacción derivada contra quien realizó, participó o determinó un comportamiento ajeno, grave e injustificado que como ya se dijo, no se advierte en este asunto.

En tales condiciones, tampoco este reproche está llamado a prosperar.

Por lo expuesto, la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia impugnada.

Contra esta decisión no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Luis Antonio Hernández Barbosa—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Eugenio Fernández Carlier—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria».

1 Cfr. CSJ AP, 25 oct. 2017, Rad. 48086.

2 Cfr, CSJ SP, 27 mayo 2004, Rad. 19697 y CSJ SP, 30 mayo 2002, Rad. 12384.

3 Cfr. CSJ, SP, 22 de enero de 2014, Rad. 38725.

4 Cfr. CSJ SP, 2 jul. 2008, Rad. 23438.

5 CSJ SP, 21 sep. 2000, Rad. 12376.

6 CSJ SP, 9 mar. 2006, Rad. 22327.

7 Cfr. CSJ. AP, 19 ago. 2015, Rad. 46413.

8 Cfr. CSJ SP, 13 feb. 2008, Rad. 22783; CSJ SP, 30 jun. 2010, Rad. 33163 y CSJ SP, 11 mayo 2011, Rad. 34614.