Sentencia SP3204-2018 de agosto 8 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

José Francisco Acuña Vizcaya

SP3204-2018

Rad.: 51811

(Aprobado acta Nº 257)

Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil dieciocho (2018).

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

EXTRACTOS: «SE CONSIDERA

La Sala inadmitirá la demanda de casación que se estudia por no cumplir las exigencias mínimas de orden formal requeridas para su examen de fondo, ni satisfacer los presupuestos básicos de idoneidad sustancial necesarios para la realización de los fines del recurso.

Reiterados han sido los pronunciamientos de la Sala en los que ha explicado que la demanda de casación no es un escrito de confección o elaboración libre, en el que sea posible plantear alegaciones de cualquier tipo, o de cualquier manera, sino una exposición lógica jurídica, vinculada al cumplimiento de ciertas exigencias mínimas de forma y contenido, sin las cuales no es posible aprehender su estudio.

Este principio medular, denominado por la dogmática casacional, de crítica vinculada, que preside el recurso de casación, por oposición al de crítica libre, que regenta las alegaciones de instancia, impone al actor la obligación de circunscribir los ataques a las causales establecidas en las normas legales, y de acreditarlos siguiendo las directrices trazadas por ellas y por la lógica que dicta la naturaleza de la causal planteada, o del error denunciado.

También le impone cumplir ciertos derroteros en la labor de fundamentación del recurso, algunos de carácter general, entre los que se encuentran el señalamiento de la causal invocada (enunciado), la acreditación del error propuesto (desarrollo) y la precisión de la consecuencia jurídica (conclusión), y otros específicos, asociados con el contenido del ataque, cuyas particularidades dependerán del error planteado.

Además, debe sujetar su exposición a los principios que rigen su fundamentación, entre los que se cuentan el de autonomía de las causales, no contradicción, coherencia y razón suficiente, que exigen, en su orden, no entremezclar alegaciones que involucren causales distintas, no incluir posturas excluyentes, mantener una adecuada relación de conformidad entre el enunciado del cargo su desarrollo y su conclusión, y presentar una demanda que se baste así misma para lograr la infirmación del fallo (CSJ AP, casación 36523 de 16 de abril de 2012; CSJ AP, casación 36234 de 18 de abril de 2012, entre otras).

En el caso que se estudia, el casacionista plantea un cargo contra la sentencia impugnada por violación indirecta de la ley sustancial, debido a errores de hecho por falsos juicios de existencia en la apreciación de las pruebas, desacierto que implica demostrar, o que el juzgador ignoró pruebas que hacen parte del proceso (falso juicio de existencia por omisión), o que supuso pruebas inexistentes (falso juicio de existencia por suposición), y que este error llevó al juzgador a una decisión equivocada.

En su desarrollo, sin embargo, ningún esfuerzo realiza en procura de acreditar el error que denuncia, pues no dice en cuál modalidad de error de existencia incurrió el tribunal (si por omisión o por suposición), ni qué pruebas dejó de apreciar, o cuáles fueron producto de la invención, ni qué hechos dejaron de acreditarse con las pruebas omitidas, o cuáles el juzgador dio por demostrados con las pruebas supuestas, ni mucho menos, qué incidencia tuvieron los errores que denuncia en la decisión impugnada.

En su lugar, se dedica, (i) a controvertir la credibilidad del relato suministrado por la víctima, y por esta vía, las conclusiones probatorias del fallo, (ii) a cuestionar la actividad probatoria de la fiscalía y de los juzgadores por haber dejado de recaudar pruebas trascendentes para la definición del caso, y (iii) a desconocer la validez del fallo impugnado por haber prescrito la acción penal para el delito de “actos sexuales con menor de 14 años”, que describen los artículos 305 de la Ley(sic) 100 de 1980 y 209 de la Ley 599 de 2000.

Esta mezcla de cuestionamientos de diferente índole, contraviene las más elementales reglas de la casación, que exigen, como ya se indicó, sujetar los cargos a las causales previstas en la normatividad, no refundir en un mismo ataque alegaciones de naturaleza distinta, mantener en la labor demostrativa de la censura un hilo conductor que enlace lógicamente su enunciado con la conclusión, y presentar una fundamentación que resulte suficiente para obtener la infirmación total o parcial del fallo.

Si el casacionista consideraba que el testimonio de la víctima no ameritaba credibilidad, debió demostrar, para la adecuada presentación del cargo, que la valoración realizada de esta prueba por los juzgadores contrariaba las reglas de la sana crítica, por desconocimiento de los principios lógicos, las reglas de experiencia o los postulados de la ciencia, e invocar como causal de casación la primera del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, cuerpo segundo, por errores de hecho por falsos raciocinios. Pero estos desarrollos no los contiene la demanda.

Y si lo pretendido era denunciar un error de actividad, porque la fiscalía y los juzgadores dejaron de practicar pruebas trascendentes para la definición del asunto, debió plantear el cargo al amparo de la causal de nulidad prevista en el numeral 3º ejusdem, por desconocimiento del principio de investigación integral, y acreditar que las pruebas echadas de menos tenían la virtualidad de modificar la decisión recurrida, ejercicio demostrativo que el impugnante tampoco agota.

El ataque por prescripción de la acción penal del delito de “actos sexuales abusivos con menor de 14 años”, también debió platearlo con fundamento en la causal de nulidad prevista en el numeral tercero, por tratarse igualmente de un error in procedendo, y demostrarlo siguiendo las reglas lógicas que demanda este motivo de casación, pero no lo hace. Esto, al margen de que el reparo por dicho motivo es totalmente impertinente, porque el delito por el cual se solicita la prescripción de la acción penal fue declarado prescrito por la fiscalía al calificar el sumario.(6)

En síntesis, el casacionista no demuestra el error de existencia que denuncia, ni ningún otro desacierto de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, ni en la actividad probatoria, que imponga superar los defectos de la demanda para dar trámite al recurso y decidir de fondo. Y la Sala tampoco advierte que los errores de carácter in iudicando o in procedendo que subyacen en sus confusas alegaciones se hayan presentado.

Los errores de raciocinio en la apreciación del mérito de las pruebas no se acreditan anteponiendo a la valoración realizada por los juzgadores una propia, que se considera de mejor estirpe, porque en esta tensión siempre prevalecerá la realizada por el juzgador, en virtud de la doble presunción de acierto y legalidad que ampara el fallo de segunda instancia, sino acreditando que la efectuada por ellos contraviene las reglas de la sana crítica.

Y los errores por deficiencias en la actividad probatoria, con afectación del principio de investigación integral, no se demuestran afirmando que los investigadores dejaron de practicar determinadas pruebas, sino acreditando que las echadas de menos, además de ser conducentes, pertinentes y materialmente recaudables, resultaban importantes para la definición del caso, porque tenían la virtualidad de ofrecer una visión distinta de los hechos y modificar las conclusiones de la sentencia.

Pero el casacionista, en lugar de asumir estas cargas demostrativas, se dedica a cuestionar la consistencia de la prueba que sirvió de fundamento al fallo, por no haberse aportado al proceso el registro civil de nacimiento de H. L. G. M. para acreditar su edad, ni un examen sexológico para probar el acceso, ni una evaluación sicológica para constatar la solvencia de su relato, olvidando que en materia penal rige el principio de libertad probatoria, que permite acreditar los elementos constitutivos del delito y la responsabilidad del procesado con cualquier medio de convicción.

También protesta porque los funcionarios judiciales no incorporaron testimonios de amigos del vecindario y del colegio de la víctima, con el fin de afianzar su dicho, ni aportaron pruebas orientadas a establecer por qué y en qué condición H. L. G. M. se hallaba asilado en los Estados Unidos, ni con el fin de constatar si en contra de N. G. R. se adelantaron investigaciones disciplinarias en la Alcaldía de Armenia, que ab initio se muestran totalmente impertinentes, por no guardar relación alguna con los hechos jurídicamente relevantes.

Decisión

Visto, entonces, que la demanda no cumple los requerimientos mínimos de orden formal y sustancial exigidos para su estudio de fondo, la Sala la inadmitirá a trámite y ordenará devolver el proceso a la oficina de origen, con las modificaciones oficiosas que se anuncian a continuación.

Casación oficiosa

La fiscalía acusó a N. G. R. por los delitos de, (i) acceso carnal violento, tipificado en el artículo 298 del Decreto 100 de 1980 (modificado por el artículo 2º de la Ley 360 de 1997), sin agravantes, y (ii) de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, tipificado en el artículo 303 (modificado por el artículo 5º de la Ley 360 de 1997), con la agravante prevista en el artículo 306.2 ejusdem. El primero lo circunscribió a un solo episodio, ocurrido en el año de 1998, y el segundo a plurales comportamientos (concurso homogéneo), ocurridos entre los años de 1994 y 2000.(7)

Esta imputación fue ratificada por la fiscalía en la audiencia de juzgamiento, en cuyo desarrollo, después de aludir al episodio que motivó la imputación por el delito de acceso carnal violento, pidió condena para N. G. R. “En calidad de autor finalmente responsable del concurso homogéneo de accesos carnales abusivos con menor de 14 años en concurso con un delito de acceso carnal violento, conforme a los contenidos de los artículos 298 y 303 del Decreto 100 de 1980, modificado por la Ley 306 de 2007 (sic)”.(8)

Entre los años 1994 y 2000, período en el cual se presentaron los hechos investigados, los delitos de acceso carnal violento y acceso carnal abusivo con menor de 14 años fueron objeto de regulación por el Decreto 100 de 1980 y la Ley 360 de 1997. Por el primero, hasta el 11 de febrero de 1997, cuando fue promulgada la Ley 360 de ese año.(9) Y por esta última, desde el día siguiente (12 de febrero de 1997) hasta el 24 de julio de 2001, cuando entró en vigencia la Ley 599 de 2000 (nuevo Código Penal). El tratamiento punitivo para estos delitos en los referidos estatutos, fue el siguiente:

Decreto 100 de 1980

1. El delito de acceso carnal violento se hallaba sancionado en el artículo 298, con pena privativa de la libertad de 2 a 8 años de prisión. Esto significa que la pena máxima imponible para este delito, cuando no concurrían causales de agravación específica, era de 8 años.

2. El delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años de edad lo reprimía el artículo 303 con prisión de 1 a 6 años, pena que se aumentaba de una tercera parte a la mitad, cuando concurría alguna de las circunstancias de agravación específica previstas en el artículo 306 ejusdem. Esto significa que la pena máxima imponible para este delito, con la agravante del artículo 306.2, era de 9 años de prisión.

Ley 360 de 1997

1. El delito de acceso carnal violento pasó a ser sancionado con pena privativa de la libertad de 8 a 20 años de prisión, y de 20 a 40 años cuando recaía en una persona menor de 12 años (art. 2º). Esto significa que en el primer caso la pena máxima imponible era de 20 años, y en el segundo de 40 años.

2. El delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años pasó a tener una pena de 4 a 10 años de prisión (art. 5º). Luego la pena máxima imponible para este delito, con el incremento de la agravante consagrada en el artículo 306.2 del Decreto 100 de 1980, era de 15 años de prisión.

Ley 599 de 2000

1. El delito de acceso carnal violento quedó tipificado en el artículo 205, con sanción privativa de la libertad de 8 a 15 años de prisión. Esto significa que la pena máxima imponible para este delito, sin agravantes, era de 15 años.

2. El delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años pasó a ser tipificado por el artículo 208, con sanción privativa de la libertad de 4 a 8 años de prisión. Y la agravante quedó consagrada en el artículo 211.2, con el mismo incremento de pena, es decir, de una tercera parte a la mitad. Por consiguiente, la pena máxima imponible para este delito, con el incremento de la agravante, era de 12 años.

Estudio de las prescripciones

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 80 del Decreto 100 de 1980 y 83 de la Ley 599 de 2000, la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley si fuere privativa de la libertad, tenidas en cuenta las circunstancias de agravación o atenuación concurrentes, sin que en ningún caso pueda ser inferior de cinco (5) años, ni superior de veinte (20) años.

Los artículos 84 del Decreto 100 y 86 de la Ley 599 establecen, por su parte, que la acción penal se interrumpe con el auto de proceder o su equivalente debidamente ejecutoriado, y que interrumpida la prescripción, el término empieza a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del requerido para su consolidación, de acuerdo con los artículos inicialmente citados, sin que en ningún caso pueda ser inferior a cinco (5) años.

La resolución de acusación quedó ejecutoriada el 13 de septiembre de 2011, fecha en la que la Unidad Delegada ante los Tribunales Superiores de Pereira y Armenia confirmó la calificación impartida por la Fiscalía Cero Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de la misma ciudad, que acusó a N. G. R. por los delitos de acceso carnal violento y acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, este último en concurso homogéneo.

Los hechos, como ya se indicó, ocurrieron entre los años 1994 y 2000. Pero como tienen tratamientos punitivos distintos en el tiempo, debido a los tránsitos legislativos, es necesario analizar el fenómeno prescriptivo de cada delito frente a las distintas normatividades, para establecer si operó el fenómeno, y adicionalmente, si procede aplicar la Ley 599 por favorabilidad.

Acceso carnal abusivo con menor de 14 años

1. La acción penal por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravados, cometidos en vigencia de los artículos 303 y 306.2 del Decreto 100 de 1980, es decir, las que van del mes de enero de 1994 al 11 de febrero de 1997, se encuentra prescrita, porque desde esta última fecha (11 de febrero de 19997), hasta la fecha de ejecutoria de la resolución de acusación (13 de septiembre de 2011), transcurrieron más de 14 años. Y porque bajo esta normatividad, el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado, tenían adscrita una pena máxima privativa de la libertad de 9 años.

2. La acción penal por las conductas cometidas en vigencia de la Ley 360 de 1997, es decir, las que ocurrieron entre el 12 de febrero de 1997 y el 31 de diciembre del año 2000, también se encuentran prescritas, aunque no porque entre la fecha límite de realización de los hechos (diciembre del año 2000) y la ejecutoria de la acusación (septiembre 13 de 2011) hayan transcurrido 15 años, que es la pena máxima prevista para el delito de acceso carnal con menor de 14 años agravado en el citado estatuto.

El fenómeno se presenta porque la Ley 599 de 2000 reguló de manera más benigna la pena para este ilícito, al fijarla, para el agravado, en 12 años, y porque al reducir este término a la mitad (6 años), para verificar la prescripción en el juicio, y contabilizarlo de nuevo desde la ejecutoria de la resolución de acusación (13 de septiembre de 2011), se establece que se consolidó el 13 de septiembre de 2017, antes de que el proceso llegara a la Corte.

Acceso carnal violento

Como ya se indicó, la fiscalía le imputó a N. G. R. un solo delito de acceso carnal violento, a pesar de las manifestaciones del denunciante en el sentido de que fueron múltiples las veces que el procesado acudió a la violencia física o moral para lograr sus propósitos. Y lo refirió, en concreto, a la ocasión en que el procesado lo visitó al apartamento de su hermana M. C., donde vivía, para accederlo, y él decidió esconderse, episodio que habría ocurrido en el año de 1998, según informa la prueba allegada al proceso.(10)

Para el año 1998, este delito lo sancionaba el artículo 2º de la Ley 360 de 1997 con pena privativa de la libertad máxima de 20 años cuando, como en el presente caso, la víctima ya había cumplido los 12 años. Esto significa que la acción penal frente a este estatuto no prescribió, porque entre la fecha de realización del hecho punible (1998) y la de ejecutoria de la resolución de acusación (13 de septiembre de 2011) no transcurrieron 20 años, y tampoco han transcurrido 10 años desde la ejecutoria de la resolución de acusación al día de hoy.

Frente a la Ley 599 de 2000, que tipificó el delito de acceso carnal violento en el artículo 205, con sanción privativa de la libertad de 8 a 15 años, aplicable al caso en virtud del principio de favorabilidad, la acción penal tampoco habría prescrito, porque entre la fecha de los hechos (1998) y la ejecutoria de la resolución de acusación (13 de septiembre de 2011) no pasaron 15 años, ni han transcurrido 7 años y 6 meses (la mitad) desde la ejecutoria de la acusación (13 de septiembre de 2011) a la fecha.

Violación del principio de congruencia

Advierte también la Sala que la juez de primera instancia, al tasar la pena para el delito de acceso carnal violento, por el cual el cual se mantiene la condena, aplicó la agravante del artículo 211.2, que autoriza un aumento de una tercera parte a la mitad, no obstante que en la resolución de acusación la fiscalía no la imputó a este delito. Como esto quebranta el principio de congruencia, y por esta vía, la estructura conceptual del proceso, la Sala hará las correcciones pertinentes.

Decisión

En ejercicio, entonces, de la facultad oficiosa prevista en el artículo 216 de la Ley 600 de 2000, la Sala casará parcialmente la sentencia impugnada para, (i) declarar la prescripción de la acción penal por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, (ii) eliminar la agravante del artículo 211.2 de la Ley 599 de 2000 para el delito de acceso carnal violento, y (iii) redosificar la pena y la condena al pago de perjuicios morales.

Redosificación de la pena y de la condena al pago de perjuicios morales.

El juzgado de primera instancia, al tasar la pena para el delito de acceso carnal violento, tuvo en cuenta, por favorabilidad, la sanción de 8 a 15 años, prevista en el artículo 205 de la Ley 599 de 2000, y sobre estos montos aplicó la agravante del artículo 211.2, que autoriza un aumento de una tercera parte a la mitad, para unos extremos punitivos definitivos de 128 a 270 meses.

Después de definir los cuartos de movilidad, concluyó que la pena aplicable para este delito debería ser la mínima del primer cuarto, es decir, 128 meses de prisión, y sobre este monto hizo un incremento de 40 meses por el concurso de los accesos carnales abusivos con menor de 14 años, para un total de 168 meses, que fue la pena impuesta finalmente en la sentencia.

El aumento de pena de 40 meses por el concurso de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años debe eliminarse por hallarse la acción penal prescrita. Y la misma suerte debe correr el incremento aplicado por la agravante prevista en el artículo 211.2 ejusdem, por desconocer el principio de congruencia.

Esto significa que la pena privativa de la libertad que el procesado N. G. R. debe pagar, es de noventa y seis (96) meses, que corresponde a la mínima prevista para este delito (8 años). Y en el mismo tiempo se tasará la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas.

La juez también condenó al procesado al pago de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes al año 2000, por concepto de perjuicios morales, entre otras razones “por la reiteración de las conductas a lo largo de esos 6 años y el ejercicio de la violencia moral y física”. La Sala, teniendo en cuenta que se mantiene la condena penal por el delito más grave, los fijará en 20 salarios mínimos.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de las república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. INADMITIR la demanda de casación presentada por el defensor de N. G. R.

2. CASAR PARCIALMENTE, DE OFICIO, la sentencia impugnada, para tomar las siguientes decisiones:

2.1. DECLARAR prescrita la acción penal por los delitos de acceso carnal abusivo. En consecuencia, cesar procedimiento contra N. G. R. por el referido delito.

2.2. ELIMINAR la agravante del artículo 211.2 de la Ley 599 de 2000, aplicada al delito de acceso carnal violento.

2.3. Declarar que el procesado N. G. R. queda condenado a la pena principal de 96 meses de prisión, como autor responsable del delito de acceso carnal violento, y a la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Se modifica también la condena al pago de perjuicios morales, para fijarlos en 20 salarios mínimos.

2.4. En lo demás, el fallo no sufre modificaciones.

Contra esta decisión no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Luis Antonio Hernández Barbosa—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Eugenio Fernández Carlier—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria».

6 Fls. 169-178 del cdno. original 1.

7 Fls. 169-178 y 194-208 del cdno. ppal. Nº 1.

8 Sesión del 29 de enero de 2013. CD1 récord 8:10.

9 Diario oficial 42978 de 11 de febrero de 1997.

10 La víctima afirma que esto ocurrió meses después de que su mamá M. L. viajó a Aruba. Y M. L. sostiene que viajó a Aruba a trabajar en el año 1998 (fls. 66-70, 143-150, 253-258 del cdno. 1).