Sentencia SP3233-2017/48279 de marzo 8 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

SP3233-2017

Rad: 48279

Aprobado Acta 77

Bogotá, D.C., marzo ocho de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La cuestión que plantea el recurrente tiene que ver con el proceso de adecuación típica al considerar que los hechos probados en juicio, no se ajustan al delito de estafa por ausencia de uno de los elementos del tipo, concretamente, el atinente a la utilización de artificios y engaños, ya que en su criterio, el incumplimiento de un contrato civil no se puede confundir con un ánimo fraudulento orientado a obtener un provecho económico injusto.

1. Desde antaño y en reiteradas ocasionas la Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse en torno a los elementos que agotan el punible de estafa. Así por ejemplo, en CSJ SP, 4 may 2005, rad. 19139, se citó una decisión del año 1972, en la que se precisó:

“Es esencial para la comisión del delito de estafa que el provecho ilícito con el correspondiente perjuicio de otro sea obtenido por medio de artificios o engaños que induzcan a la víctima en el error. En reciente providencia la Corte ha precisado los siguientes elementos como estructurales del delito de estafa: “a) Despliegue de un artificio o engaño dirigido a suscitar error en la víctima; b) Error o juicio falso de quien sufre el engaño, determinado por el ardid; c) Obtención, por ese medio, de un provecho ilícito; d) Perjuicio correlativo de otro, y e) Sucesión causal entre el artificio o engaño y el error, y entre éste y el provecho injusto que refluye en daño patrimonial ajeno”. Y, con relación al artificio y al engaño, expuso: “Son fenómenos equivalentes, expresivos en el fondo de la misma cosa. Consisten en todo medio habilidoso para transfigurar la verdad. Son sinónimos de astucia, doblez, ardid, trampa, artimaña o maquinación empleada para dar apariencia de verdad a la mentira. El artificio o el engaño, con el que se inicia toda estafa debe ser puesto en acción por el agente para inducir en error”. De otra parte: “La audacia del estafador debe ir dirigida a suscitar un error en la víctima. Ese es el fin subjetivo y directo del ardid. El error es un concepto equivocado o juicio falso. Ese es el efecto psicológico de la maquinación del agente y debe ser de tal naturaleza que determine al engañado a hacer la prestación patrimonial que se le pide, de tal modo que de no mediar el error no accediera a ella. Vale decir, el error debe ser determinante y esencial” (M. V. L. E., “Delitos contra la Vida y la Integridad Personal y Delitos contra la Propiedad”. 1968, Editorial U. De Antioquia, Medellín, pág.167). Entonces, la inducción en error exige una serie de maquinaciones fraudulentas previas —cuando no se trata de aprovechar el anterior error ajeno— las cuales deben estar plenamente acreditadas. No puede hablarse de estafa en donde no se dé esa condición. Así como tampoco puede hablarse de este delito cuando con posterioridad a la obtención del bien patrimonial, surge el artificio o el engaño tendiente a otros fines”. Corte Suprema de Justicia, Cas. feb. 22 de 1972. (Resaltado fuera del texto original)

En decisión más reciente(1) se reiteraron los mismos elementos del tipo, precisándose que éstos deben suceder en orden cronológico y guardando una secuencia causal inequívoca hasta la obtención del beneficio patrimonial así: (i) empleo de artificios y engaños sobre la víctima; (ii) que ésta incurra en un error como consecuencia directa de la maniobra engañosa; (iii) como efecto de la treta el afectado voluntariamente se desprenda de su patrimonio o de parte de éste y, (iv) quien desplegó el fraude, logre para sí o para otro, un beneficio económico. La ausencia de alguna de estas características impide la adecuación de un hecho concreto dentro del tipo penal de estafa.

Valga resaltar que si los actos previos a la obtención del provecho patrimonial no conducen de manera incuestionable y concatenada, uno al otro, o se presentan en un orden distinto al relacionado, o la cadena causal se rompe, trastoca o invierte no podrá hablarse del delito de estafa(2).

En esa medida, la conducta en cuestión implica prácticamente un vicio del consentimiento de la víctima como producto de una concepción errada de la realidad, la que a su vez ha sido consecuencia del engaño por parte del agente que ejecuta la maniobra encaminada a ese fin. Lo anterior implica que el engaño debe anteceder o ser concurrente con el desprendimiento patrimonial del afectado y no sobreviniente a éste.

Se tiene entonces que la imputación objetiva de este delito solo es posible siempre que se despliegue un engaño precedente o concurrente, idóneo para lograr que la víctima caiga en una visión equivocada de la realidad que la lleve a ejecutar un acto dispositivo sobre su patrimonio, generador de un perjuicio para sí y, coetáneamente, de un beneficio de la misma índole para quien la induce en error.

2. Una de las modalidades usuales de engaño es la que se despliega a través de la celebración de un contrato revestido de legalidad, circunstancia que no descarta que se configure la estafa pese a que dichos acuerdos se rijan por el principio de buena fe, puesto que una de las partes puede inducir en error a la otra, frente a cualquiera de los elementos de la obligación, esto es, la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa del contrato, artificio que se configura en el momento de su celebración con el objeto de defraudar —obtener un provecho indebido—.

Sobre este aspecto ha dicho la Corte:

Como lo ha reconocido la Sala, en toda fuente generadora de obligaciones es viable que se presente la realización de un engaño constitutivo de la conducta punible del delito de estafa:

“El negocio jurídico creador de obligaciones, como manifestación de la declaración de la voluntad en que una persona (deudor) se compromete a realizar una conducta en pro de la otra (acreedor) a cambio de una contraprestación, puede ser utilizado como instrumento quimérico para estafar en aras de obtener un provecho ilícito con la creación previa de circunstancias especiales inexistentes que son las motivadoras de la disposición onerosa del contratante”(3). (CSJ SP, 12 sep. 2012, rad.36824)

Situación distinta se presenta cuando no habiendo engaño sobre los elementos del contrato, una de las partes se sustrae a su cumplimiento, lo cual sucede en una fase posterior a la contractual y puede obedecer a varias causas no necesariamente vinculadas al delito de estafa pero sí con consecuencias adversas en el ámbito civil, en tanto no siempre el incumplimiento malicioso o voluntario de una obligación comporta el delito de estafa, puesto que puede estar ausente el ánimo engañoso y fraudulento.

Así lo ha entendido la Corte:

Resulta diáfano que bajo la óptica penal y civil se presenta una acción del contratante al incumplir lo pactado que acarrea perjuicio para el otro, sin embargo, en sede penal el análisis ha de ser cuidadoso ya que no se trata de confirmar el simple nexo causal entre el incumplimiento con el consecuente daño como para predicar el ilícito, sino que es necesario para verificar la existencia de la inducción en error por la prestación negocial del agente sea a la postre la motivadora de la desposesión patrimonial de la víctima. (CSJ SP 30 nov 2006, rad. 21902)

Es claro que al incumplir lo pactado el contratante realiza un proceder antijurídico en cuanto el contrato el ley de las partes pero dado el carácter subsidiario y de ultima ratio del derecho penal, tales incumplimientos no ingresan en la órbita protectora del ius puniendi del Estado y en ese orden de ideas, no se debe confundir el nexo de causalidad (engaño o inducción en error y provecho ilícito )que se debe dar entre los elementos configuradores de la estafa, con la existente entre el incumplimiento del deudor y el consecuente daño para el acreedor. (CSJ SP, 8 oct 2014, rad. 44504).

El incumplimiento de las obligaciones contractuales trasciende la responsabilidad civil cuando una de las partes al momento de adquirir el compromiso, engaña a la otra sobre su capacidad de pagar, haciéndole creer que si está en condiciones de hacerlo, circunstancia que de haber sido conocida por la contraparte, lo hubiera llevado a desistir del negocio.

Así lo ha expresado la jurisprudencia de esta Sala en CSJ SP 29 ago. rad.15248 de 2002, al indicar:

La permisibilidad de un contrato lícito no descarta la existencia de artificios o engaños, pues nada impide que la inducción o el mantenimiento en error tengan origen precisamente en la aparente sinceridad de que se revista a ese acuerdo de voluntades. Así por ejemplo en decisión de agosto de 1992… se dijo que: “pasan al campo penal la mentira o el silencio cuando recaen sobre elementos fundamentales del contrato, por ejemplo la existencia de una contraprestación, porque esta es la causa misma del acto o contrato según el derecho civil.

Si una parte engaña a otra, por ejemplo sobre su capacidad de pagar, haciéndole creer que la tiene, cuando en realidad carece de ella, bien sea de modo absoluto o en forma que de saber la situación, la otra no hubiera contratado, o cuando calla estando obligado a manifestar su incapacidad de pagar, ya no se trata de un silencio o una mentira lícitos, sino plenamente delictuosos” Sentencia 23 de junio de 1982”.

3. En el presente asunto el Tribunal Superior de Buga luego de hacer una breve referencia de las pruebas que se practicaron en el juicio y enunciar los elementos que componen el punible de estafa, concluyó que esta conducta se configuró por cuanto J. H. S. P. tenía pleno conocimiento de que el plazo para pagar la excursión a Tour Vacation vencía el 5 de diciembre de 2012, no obstante ello, esperó hasta el 15 del mismo mes y año para contactarse con el gerente de aquella para solicitar un crédito, “mostrando con ello una actitud desinteresada por hacer efectivo el cumplimiento de las promesas que había realizado a los estudiantes y padres de familia del municipio de Trujillo que habían comprado el paquete turístico”.

Para el Tribunal “todo ello permite concluir que efectivamente las víctimas fueron inducidas y mantenidas en error, pues pese a que S. P. sabía que no había realizado el pago a la agencia Tour Vacation, continuó asegurándoles que iban a viajar, optando por no informarles acerca del inconveniente que le había surgido y que afirma le impidió cumplir lo pactado”.

De acuerdo con lo expuesto en la sentencia se tiene que la maniobra engañosa, el ad quem la concreta en haberse ocultado a las víctimas, entre el interregno del 5 al 16 de diciembre, la imposibilidad de cumplir el contrato, pues para ese momento ya había vencido el plazo en la agencia de viajes para que el acusado realizara la totalidad del pago, siendo plenamente conocedor de que la excursión para algunos de los viajeros sería fallida.

Lo primero que corresponde precisarse es que los hechos son claramente indicativos de que el procesado celebró un contrato verbal con varias personas a través del cual se obligó a prestar un servicio turístico en su calidad de intermediario.

También que para cumplir lo acordado en el mes de noviembre de 2012 celebró un contrato escrito con la agencia de viajes Tour Vacation, sustrayéndose del pago de un saldo restante, cuyo plazo máximo de cancelación era el 5 de diciembre siguiente.

Para la Corte se trata de dos actos jurídicos claramente distinguibles, siendo el primero el que corresponde analizarse en aras de determinar si para el momento de su celebración, la contraparte de S. P. fue inducida en error por éste como mecanismo para lograr que le entregaran una suma de dinero bajo el ropaje de que sería el pago por el plan de viaje, cuando su intención era la de sustraerse al cumplimiento de lo pactado. De verificarse tales circunstancias habría lugar a enrostrarle el punible de estafa.

Al respecto se anticipa la Sala a afirmar que los turistas no fueron inducidos en error por el procesado para que se desprendieran cada uno de la suma aproximada de $970.000, como tampoco que el ánimo de S. P. fuera el de incumplir deliberadamente lo pactado.

Lo anterior por cuanto el acusado era conocido por algunos de los contratantes en el municipio de Trujillo, entre ellos por A. R. y S. P. M., según lo indicaron en juicio, como una persona dedicada a realizar excursiones con los estudiantes, lo que los llevó a depositar su confianza en él y aceptar el ofrecimiento que les hizo en el mes de marzo de 2012.

La intención del procesado de acatar la obligación contractual adquirida con las víctimas reconocidas en este proceso, se refleja en el hecho de que a su vez y de manera oportuna, subcontrató con la agencia Tour Vacation, directa encargada de prestar el servicio turístico, el suministro de los paquetes de viaje de la totalidad de los viajeros que venían haciendo los abonos pactados —23 personas— y en las condiciones prometidas a éstos, es decir un plan todo incluido por cinco días cuatro noches.

Así lo indicó en su testimonio R. G., gerente para ese entonces de la oficina de la empresa T. Vacation, al señalar que el 21 de noviembre 2012 S. P. contrató sus servicios para 24 personas incluido él, con el objeto de viajar a la ciudad de San Andrés el 16 de diciembre de 2012, permaneciendo en la isla por espacio de 5 días y 4 noches, tal y como se dejó por escrito en el documento pertinente signado por el procesado y que fue debidamente incorporado como prueba documental al juicio y al que se refirió el testigo.

También indicó el declarante que el acusado hizo los abonos correspondientes hasta un valor aproximado de dieciocho a veinte millones de pesos, dejando de pagar un saldo en la fecha programada lo que impidió que todas las personas viajaran.

Como se observa, el contrato verbal celebrado entre S. P. y los potenciales turistas no estuvo mediado por un engaño hacia estos en donde se les mostrara una idea equivocada acerca del servicio que estaban adquiriendo o fuera palmaria la imposibilidad de que se cumpliera el objeto del acuerdo o cualquier otra situación o circunstancia alejada de la realidad que llevara a viciar su consentimiento.

Es decir, en manera alguna la entrega del dinero de parte de los viajeros fue consecuencia directa de un engaño desplegado por el procesado, de allí que no se verifique este elemento del tipo, mucho menos la relación causal que se pregona entre el desprendimiento patrimonial por parte de la víctima y la maniobra engañosa desarrollada por el agente, tampoco el ánimo fraudulento.

El argumento del Tribunal, trascrito en párrafos precedentes, para sustentar la concurrencia de los elementos del tipo objetivo, es fácilmente rebatible si en cuenta se tiene que aun después del 5 de diciembre de 2012, el acusado por intermedio de su amigo S. L., recibió un dinero de parte de los aquí denunciantes, el cual fue consignado por instrucción suya, directamente a la empresa Tour Vacation.

Así lo refirió S. L. en juicio al señalar que el procesado viajó a la costa a cumplir con otra excursión, informándole que unas personas del viaje a San Andrés aún no le había cancelado, motivo por el que lo dejó encargado de recibir el dinero para que una vez en su poder lo consignara a la agencia como en efecto ocurrió, puesto que el testigo alude a que el 6 de diciembre hizo la consignación por valor de $2.500.000 a la cuenta de Tour Vacation

Lo anterior para significar que si la intención de S. L. hubiera sido la de defraudar, se habría apropiado de ese dinero, pues ningún sentido tenía consignarlo a la agencia con posterioridad al último plazo si en criterio del Tribunal para ese momento —después del 5 de diciembre— no había posibilidad de que aquel cumpliera lo acordado y que la excursión se realizara.

El engaño al que alude el juez de segunda instancia como propio del punible de estafa, lo concreta en la mentira que mantuvo el procesado por espacio de diez días -5 al 16 de diciembre- al ocultar a varios de sus contratantes que el viaje no se realizaría por una causa que era del todo imputable a éste, al ser él y no los turistas, en quien recaía el deber de cancelar la totalidad de los planes de viaje a Tour Vacation en la fecha acordada.

La mentira a la que se refiere la sentencia como configuradora de la maniobra engañosa, recayó sobre el cumplimiento del contrato y con posterioridad al momento de su celebración, así como de la fecha en la que se agotó el desprendimiento patrimonial por parte de los ofendidos con el pago de la última cuota, motivo por el que es incorrecto imputar el delito de estafa, en tanto la manifestación hecha a las víctimas en vísperas del viaje acerca de que todo iba bien, cuando no era así, no fue la causa para que éstas entregaran el dinero al procesado, ya que esto ocurrió mucho antes.

Es decir, no concurre el requisito relativo a que el acto engañoso sea anterior o concurrente con la disposición patrimonial de parte de la víctima de estafa.

Como se indicó en los puntos uno y dos de las consideraciones, los elementos del tipo objetivo son muy específicos y se relacionan en una estricta secuencia y causalidad, la cual no se verifica en el presente asunto y por lo mismo, no es dable concluir que la conducta del acusado estuviera encaminada a defraudar.

La responsabilidad que le corresponde a S. P. es de estricto orden civil, cuya fuente es el contrato al haber incumplido sin justificación atendible la obligación emanada del acuerdo verbal, pues aunque se ha esforzado por excusar la sustracción de su compromiso, aduciendo que se encontraba insolvente por haber tenido que superar un imprevisto con otra excursión, lo cierto es que esa es una carga que no podía trasladar a los contratantes, pues ejercer la actividad mercantil que venía ofreciendo le imponía contar con los recursos suficientes para prever cualquier situación inesperada.

Tampoco puede escudarse en que las siete personas a las que incumplió, hicieron el pago por fuera del plazo, primero porque ninguna prueba acredita que éste feneciera el 5 de diciembre, en tanto que el contrato que celebró S. P. con los turistas implicaba realizar abonos de montos indeterminados y fechas inciertas siempre que fuera antes del viaje —16 de diciembre—, además porque la fecha tantas veces mencionada por el acusado, —5 de diciembre— era el plazo del contrato que él suscribió con Tour Vacation del que ninguna obligación emanaba para los viajeros.

Todo este tipo de eventualidades hacen palmaria la inobservancia de S. P. de los dos contratos que celebró para que los aquí denunciantes viajaran a la ciudad de San Andrés, dada su ineptitud y falta de solvencia para prestar como intermediario el servicio turístico, lo cual no discute la Sala.

Sin embargo, tales aspectos reprochables, son insuficientes para derivar una responsabilidad penal por vía de la conducta de estafa, habida cuenta que como se ha venido explicando, sus elementos no se verifican en el supuesto fáctico probado en el juicio del cual solo logra advertirse la sustracción del acusado a una obligación de naturaleza civil, que a no dudarlo, generó un perjuicio patrimonial para una de las partes contratantes, pero que no puede equiparse al despliegue de una maniobra engañosa encaminada al logro de un provecho económico ilícito, puesto que gran parte del dinero que le entregaron los viajeros a los que contactó fueron trasladados a la agencia de viajes con quien contrató el servicio para la totalidad de los turistas y en las condiciones que S. P. había acordado con éstos.

El nexo causal entre el incumplimiento del acuerdo y el perjuicio para varios contratantes es incuestionable, pero tal relación de casualidad difiere de aquella requerida en el punible de estafa, en tanto la misma alude al vínculo entre el engaño y el desprendimiento patrimonial lo no que no se verifica en este asunto.

Es cierto que el acusado en un último momento mintió a algunos de los viajeros haciéndoles creer que cumpliría lo pactado, no obstante dicha acción no satisface el ánimo defraudatorio precedido de un engaño, aspectos propios de la estafa, como erradamente lo entendió el Tribunal que aplicó en forma equivocada la norma que tipifica este delito, incurriendo de esta manera en la violación directa de la ley sustancial, motivo por el que debe la Sala declarar la prosperidad del primer cargo propuesto en la demanda.

En este orden de ideas, se casará parcialmente el fallo del Tribunal Superior de Buga para en su lugar dejar en firme la sentencia absolutoria proferida por el juez de primera instancia que absolvió a J. H. S. P. de la conducta de estafa.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR PARCIALMENTE, la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Buga el 31 de marzo de 2016. En consecuencia, se deja en firme el fallo del Juzgado Tercero Penal Municipal de Tuluá que absolvió a J. H. S. P. del delito de estafa. En lo demás el fallo de segunda instancia no sufre modificación.

2. Contra esta decisión no procede ningún recurso».

Comuníquese y cúmplase».

1 CSJ SP 125 oct. 2012, rad. 27460.

2 CSJ SP, 8 jun 2006. rad. 24729.

3 Sentencia 30 de noviembre de 2006, rad. 21902.