Sentencia SP3339-2016/44288 de marzo 16 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

SP3339-2016

Radicación 44288

Aprobado acta 80

Bogotá, D.C., dieciséis de marzo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. La Corte determinará la legalidad de la sentencia de segunda instancia que resolvió condenar a los militares J. E. D. B., L. A. P. V. y L. A. V. R. por el delito de favorecimiento, muy a pesar que habían sido acusados por el de Homicidio en persona protegida y que en la audiencia pública de juzgamiento se pretermitió el trámite de variación de la calificación jurídica. En torno a ese problema, el demandante aduce que se violó el debido proceso regulado por el artículo 404 del C.P.P./2000 y que se condenó por un hecho no debatido en juicio extralimitándose así la competencia de la segunda instancia; por su parte, la delegada del Ministerio Público defiende la validez de la sentencia considerando que la conducta punible encubridora es más benigna que la definida en la resolución acusatoria y que se respetó el núcleo fáctico de la imputación.

Como se puede observar, aunque el recurrente invocó como fundamento de su pretensión de casación de la sentencia, la genérica causal de nulidad prevista en el numeral 3º del artículo 207 del C.P.P./2000, lo cierto es que el supuesto de hecho denunciado se acomoda a la especial de incongruencia descrita en el numeral 2º de esa misma norma, por lo que el examen de legalidad que se emprende se hará conforme a los parámetros de esta causal. Ahora bien, no ha de olvidarse que aquél cuestiona no solo el resultado de una sentencia incongruente en lo fáctico y en lo jurídico, sino también la irregularidad de los medios procesales que lo habrían permitido: la falta de aplicación del artículo 404 procesal y la extralimitación de la competencia de segunda instancia.

En las circunstancias anotadas, el interés del recurrente deriva de la eventual indefensión en que habrían sido condenados los militares, pero también de las supuestas vulneraciones al debido proceso que condujeron a dicho estado. Así las cosas, no sobra advertir que el presente caso es diferente al que fue analizado en la sentencia SP16227-2015, nov. 25, rad. 42510, pues en ésta se declaró la ausencia de interés del demandante para reclamar por un vicio de incongruencia debido a que el mismo se produjo por la interpretación errónea de una norma sustantiva que terminó por favorecer a los allá acusados en tanto resultaron condenados por un delito de menor gravedad al que correspondía(7), por lo que, se concluyó, ningún daño existía que los legitimara menos aun cuando la prosperidad del recurso implicaba el restablecimiento de la legalidad a costa de una reforma en perjuicio de la defensa.

II. Recuérdese que la congruencia es una garantía del derecho a la defensa porque asegura que una misma persona (dimensión subjetiva) sólo pueda ser condenada por hechos (dimensión fáctica) y por delitos (dimensión jurídica) respecto de los cuales tuvo efectiva oportunidad de contradicción. Además, la imperativa correlación entre la decisión intermedia de acusar y la definitiva de condenar dota al proceso de una estructura lógica en la medida en que impone la definición de un eje conceptual alrededor del cual girará el debate, por lo que es, también, un componente fundamental del debido proceso. Es decir, la congruencia implica la delimitación del objeto inmutable del juicio que tiene, en lo fundamental, una connotación fáctica: los hechos que habilitan la consecuencia jurídico-penal(8), mientras que la calificación típica que de los mismos se hace en la resolución de acusación es «provisional» según lo dispone expresamente el artículo 398, numeral 3º, del C.P.P./2000, por lo que ésta sí es susceptible de cambio o mutación durante el juicio.

Esa posibilidad de introducir variaciones a la imputación jurídica contenida en la acusación puede concretarse a través de dos mecanismos: uno, el procedimiento contemplado en el artículo 404 de la Ley 600 de 2000 que permite hacerlo una vez concluida la práctica de las pruebas en la audiencia pública de juzgamiento a iniciativa del fiscal o del juez, y, dos, mediante la facultad de este último para degradar en la sentencia la entidad jurídica de los hechos materia de acusación. En relación a estas formas de modificar la calificación típica de las conductas imputadas, desde los albores de la vigencia de la precitada Ley 600 esta corporación sentó algunas reglas fundamentales(9), de las cuales se citan las pertinentes al caso bajo examen:

(i) Que el trámite previsto en el prementado artículo 404 sólo es imperativo para aquéllos eventos en que se pretende mutar la imputación jurídica contenida en la acusación por una más gravosa,

(ii) Que el juez puede degradar la responsabilidad en la sentencia, es decir, puede condenar por un delito de inferior gravedad al del pliego de cargos o reconocer una específica circunstancia de atenuación punitiva,

(iii) Que siempre debe respetarse la «intangibilidad del núcleo esencial de la imputación fáctica», lo cual implica que no puede ser cambiado ni extralimitado. Y,

(iv) Que «La modificación de la adecuación típica de la conducta puede hacerse dentro de todo el Código Penal, sin estar limitada por el título o el capítulo ni, por ende, por la naturaleza del bien jurídico tutelado». Ello, por cuanto:

En la ley procesal actual, a diferencia de la anterior, la imputación jurídica provisional hecha en la resolución acusatoria es específica (art. 398.3), (por ejemplo, homicidio agravado previsto en los artículos 103 y 104.1 del Código Penal), sin que se exija el señalamiento del capítulo dentro del correspondiente título, lo que significa que para efectos del cambio de la adecuación típica o de la congruencia, esos límites desaparecieron.

III. Frente a los específicos argumentos de la demanda que se analiza, debe precisarse que la aplicación del artículo 404 del C.P.P./2000 resultaba improcedente porque, como bien lo advirtió el delegado de la Fiscalía en sus alegaciones finales, la variación de la denominación típica que en ese momento propuso al juez para que analizara en la sentencia —de homicidio en persona protegida a favorecimiento— representaba un aminoramiento de la responsabilidad de los acusados, no sólo desde el punto de vista punitivo(10) sino teniendo en cuenta la jerarquía de los bienes jurídicos involucrados(11). De igual modo, es infundada la censura a la competencia del tribunal porque éste se limitó a desatar el objeto de la impugnación del titular de la acción penal, que no era otro que la controversia de la absolución inicial y la petición de condena por Favorecimiento, por lo que respetó el ámbito material de decisión del superior fijado por el artículo 204 ibídem(12).

IV. Siendo así, a continuación se expondrán los contornos fácticos de la resolución de acusación y de la sentencia, con el objeto de cotejarlos y así establecer si entre tales extremos puede predicarse una relación de consonancia o, por el contrario, de incongruencia. Si lo primero, el juicio de legalidad propio de la casación será positivo porque el juzgador, en primera o en segunda instancia, estaba facultado para condenar por una especie delictiva menos grave sin necesidad del trámite previo del artículo 404 del C.P.P./2000. Y si, por el contrario, el resultado del ejercicio de confrontación fuese una disonancia sobre el núcleo fáctico esencial, habrá de declararse la ilegalidad del fallo condenatorio porque estaría fundado en hechos respecto de los cuales los procesados no pudieron defenderse.

Antes de procederse en el sentido anotado, se advierte que los supuestos fácticos que se transliterarán se extraen de del contenido integral de cada una de las providencias involucradas porque los que se narraron en el acápite formalmente destinado a ese efecto, tanto en la que calificó el mérito del sumario como en la que decidió el proceso en segunda instancia, se refieren no a los hechos que se declararon probados en cada uno de esos momentos procesales, como debía ser, y ni siquiera a los resultaban pertinentes a las calificaciones jurídicas correspondientes, sino a la noticia criminal que confeccionó uno de los procesados(13), según la cual los militares juzgados habrían ocasionado la muerte de una persona en estricto cumplimiento de un deber legal o en ejercicio de una legítima defensa. Esa versión, no obstante se declaró falsa desde la acusación, se mantuvo como recuento histórico en la estructura formal de las decisiones centrales del proceso.

1. En la resolución que acusó a los procesados como coautores del delito de Homicidio en persona protegida, se advierten los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

… la muerte del señor J. J. V. M., ocurrida el 9 de abril de 2005 jamás fue producto de un combate o enfrentamiento armado entre este ciudadano y los miembros del ejército nacional aquí sindicados. Igualmente se ha corroborado ampliamente que el precitado señor no era miembro de ninguna organización al margen de la ley y menos de la guerrilla, por el contrario era un campesino dedicado a sus labores agrícolas, conocido en la región como un hombre de bien, ajeno a actividades ilícitas a quien se le dio muerte por el grupo de procesados, sin que existiera la más mínima justificación legal para haber procedido de tal manera y como si ello fuera poco es presentado falsamente como un miembro de la guerrilla indicándose que procedió a atacar a los militares circunstancia por la cual éstos al reaccionar le dan de baja.(14)

(...).

No obstante que con todo lo anterior, queda determinado que los hechos perpetrados por parte de quienes acá son sindicados configuran la conducta punible de homicidio en persona protegida, por cuanto la víctima del mismo era integrante de la población civil, campesino dedicado a las labores del agro y ampliamente conocido como un ciudadano de bien en todo el sentido de la palabra, inicialmente y de manera por demás mal intencionada, se pretendió dar a entender que el mismo era integrante de la guerrilla, …(15)

(...).

Nótese entonces que en principio a toda costa se buscó hacer creer de manera desleal, que el ahora occiso hacía parte de la guerrilla, que llevaba consigo un arma de fuego con la que ataca a la tropa y que por ese motivo estos repelieron la agresión causándole la muerte en defensa de sus vidas, aspectos estos que vuelve y se recalca nunca tuvieron lugar, pudiéndose afirmar que en este evento lo que hubo fue una mal llamada ejecución extrajudicial que desde luego merece todo el reproche…(16)

(...).

Todos los acá sindicados actuaron en calidad de coautores, pues siendo conscientes que el señor J. J. V. M., no era miembro de la guerrilla, que jamás entró en combate con la tropa, que no portaba el arma de fuego que los militares dicen tenía y utilizó, procedieron a prestar su concurso para que al quitarle la vida se pudiera considerar todo lo contrario y con posterioridad al hecho, al rendir sus descargos armaron la coartada que creyeron tendría credibilidad, pero afortunadamente las pruebas recopiladas desvirtuaron todo ese andamiaje de mentiras.(17)

(...).

En el caso de estudio desde luego que la muerte del señor V. M. por parte del grupo de militares acá sindicados, lo fue como consecuencia del conflicto armado que vive nuestra nación, pues los militares debido a ese conflicto y siendo su intención presentar a ese occiso como dado de baja en combate tuvieron la osadía de proceder a ello, indicando falsamente que este los había atacado con armas de fuego y que debido a ello, al repeler el ataque le dieron muerte, precisamente por ser miembro de la guerrilla cuando eran todos plenamente conscientes de que tal situación no era así, pues incluso varios militares sostuvieron que el aludido señor era conocido como agricultor y que incluso habían laborado en fincas de su progenitor, lo que desde luego nos permite afirmar que no era miembro de la subversión ni que tampoco procediera a entrar en combate con un arma de fuego corta enfrentándose a soldados con alta experiencia y debidamente dotados de poderoso armamento, que cosa tan absurda haberse pretendido por parte de los sindicados desde un principio pretender hacer creer algo que resulta ilógico y carente de toda veracidad.(18)

2. Por su parte, en la sentencia de segunda instancia que condenó a J. E. D. B., L. A. V. R. y L. A. P. V. como coautores de Favorecimiento, el Tribunal declaró probados los siguientes hechos:

Los demás compañeros militares L. A. V. R., J. E. D. B., y L. A. P. V., si bien no tuvieron participación directa en el homicidio, si supieron desde principio lo acaecido irregularmente y decidieron patrocinar a capa y espada una falsedad fáctica, en amparo de una impunidad jurídica.(19)

(…).

Es evidente que en este caso no existió concierto previo, requisito de la esencia del postulado del favorecimiento, peor si la contribución o ayuda de que C. A. C. E., L. A. V. R., J. E. D. B., y L. A. P. V. para eludir la acción de la autoridad y a entorpecer la investigación correspondiente.(20)

(…).

Se itera, que en este agotamiento criminal a diferencia de la participación criminal no medió promesa o concierto anterior o previo de ayuda entre L. A. V. R., J. E. D. B., y L. A. P. V., con el ejecutor del crimen A. F. S. Su contribución de faltar a la verdad y encubrir fue posterior al latrocinio.(21)

(…).

De otro lado de las circunstancias, del análisis de las pruebas practicadas en juzgamiento se puede señalar que L. A. V. R., J. E. D. B., y L. A. P. V. como miembros de la cuadrilla militar, sabían del simulacro enmascarado armado construido por el señor C. A. C. E., y acolitado este mismo falso procedimiento de combate por L. A. V. R., J. E. D. B., y L. A. P. V. para justificar la muerte que su soldado A. F. S. había propinado a J. J. V. M..(22)

La comparación entre los presupuestos fácticos de la acusación y de la condena, permite concluir que el objeto del juicio en uno y otro momento se contrajo a determinar la participación de los militares procesados en la muerte violenta de J. J. V. M. ocurrida el 9 de abril de 2005 en el sector la T. del municipio de Y. (A.), deceso que fue presentado por aquéllos como el producto del enfrentamiento armado con un guerrillero. Así, por lo menos en términos generales, sin duda alguna puede sostenerse que en los hitos del proceso se sostuvo el mismo fundamento fáctico; sin embargo, también es innegable que pueden observarse algunas variaciones en los recuentos históricos, por lo que debe determinarse si éstas fueron esenciales o meramente accidentales al hecho nuclear. Esas diferencias fueron:

(i) Que el acusador estimó que el acuerdo criminal de los militares J. E. D. B., L. A. V. R. y L. A. P. V. con sus compañeros de tropa C. A. C. E. y A. F. S., fue previo o, por lo menos, concomitante al homicidio, mientras que para el tribunal fue posterior.

(ii) Que el acusador consideró que el aporte objetivo de los coautores fue no solo el de matar a J. J. V. M., sino el de hacerlo pasar como un guerrillero armado que provocó la reacción violenta de la tropa militar. Por su parte, el tribunal concluyó que J. E. D. B., L. A. V. R. y L. A. P. V. sólo realizaron la última de tales conductas teniendo en cuenta que el conocimiento del homicidio fue posterior a su ocurrencia.

Con relativa facilidad puede observarse que el núcleo fáctico planteado en la acusación se mantuvo incólume en sus rasgos esenciales, pues en el juicio se debatió siempre lo referente a los comportamientos jurídico-penalmente relevantes desplegados por los procesados antes, durante y después de la muerte violenta de J. J. V. M. Al final del juicio, se determinó que el subteniente C. A. C. E. y el soldado A. F. S. fueron los responsables del homicidio, mientras que J. E. D. B., L. A. V. R. y L. A. P. V. se incorporaron al acuerdo criminal luego de consumado el delito y con el propósito exclusivo de encubrirlo mediante la construcción de la escena artificial de un combate que produjo el deceso de un delincuente, lo cual efectivamente hicieron. Así, las variaciones fácticas introducidas en la sentencia condenatoria fueron meramente accidentales, pues consistieron en precisar respecto de los 3 últimos acusados:

(i) Que el dolo no consistió en cometer un homicidio y luego encubrirlo sino sólo en esto último,

(ii) Que se unieron al acuerdo criminal después de producida la muerte y no desde antes, y

(iii) Que sus contribuciones objetivas se limitaron a una de las dos que imputó la Fiscalía (presentar el homicidio como la muerte en combate de un guerrillero).

V. Ahora bien, no sobra precisar que la determinación de la congruencia fáctica entre la acusación y la sentencia debe hacerse, básicamente, a partir del cotejo de los específicos hechos estimados relevantes en cada uno de tales hitos procesales. De esa manera, aunque criterios como la homogeneidad de los bienes jurídicos protegidos con cada una de las calificaciones típicas asignadas(23) o la similitud abstracta de los verbos rectores utilizados en las descripciones legales involucradas, pueden contribuir al análisis, resultan insuficientes porque, se reitera, lo fundamental es establecer si se condenó a una persona por sucesos respecto de los cuales tuvo oportunidad de defensa.

En el caso bajo examen, como ya se anotó, a los sindicados se les imputó en la resolución de acusación tanto la muerte violenta de J. J. V. M. como la contribución que prestaron para eludir la acción de la autoridad en la persecución de ese delito, acontecimientos éstos que fueron calificados, exclusivamente, como Homicidio en persona protegida. Cabe advertir que la última de tales conductas no podía generar una adecuación típica autónoma por la sencilla razón de que el encubrimiento del propio delito o el “autoencubrimiento” no es punible o, visto de otra forma, su castigo queda integrado al del comportamiento ilícito ocultado, es un acto copenado(24). Además, no debe olvidarse que a pesar del carácter autónomo del tipo de Favorecimiento, lo cierto es que guarda una estrecha relación con el delito encubierto, pues la ocurrencia de éste constituye uno de sus elementos estructurales(25).

Ahora bien, se recordará que en la sentencia –de segunda instancia- se determinó que J. E. D. B., L. A. V. R. y L. A. P. V. no participaron en el delito de Homicidio en persona protegida que se les atribuyó en el llamamiento a juicio, pero sí en su encubrimiento. En tales condiciones, la última conducta, siempre presente en la imputación, adquirió autonomía típica y podía fundar la condena por el delito de Favorecimiento. Luego, entonces, a pesar de la disimilitud de los bienes jurídicos protegidos por cada una de esas conductas punibles —de una parte, el Derecho Internacional Humanitario y, de otra, la administración de justicia—, la imputación concurrente de acciones encubridoras habilita su punición autónoma siempre que se desvirtúe la inicial atribución del delito encubierto, como aquí ocurrió.

VI. Entonces, si los presupuestos fácticos de la sentencia condenatoria estaban incluidos en la resolución de acusación como hechos jurídicamente relevantes, lo cierto es que durante la etapa de juicio se garantizó a los procesados la efectiva oportunidad de su controversia. Es más, en la audiencia pública de juzgamiento, tanto en el interrogatorio inicial como en las alegaciones finales, los sindicados se defendieron del hecho nuclear constitutivo del delito de Favorecimiento, cual fue el de presentar el homicidio del ciudadano J. J. V. M. como un suceso plenamente justificado. Por si lo anterior fuera poco, en las diligencias de indagatoria y, luego, en la definición de la situación jurídica, la Fiscalía dio a conocer a los destinatarios de la imputación fáctica que ésta incluía tanto las actuaciones configurativas del delito contra el D.I.H. como de su encubrimiento. Véase:

En las indagatorias rendidas por J. E. D. B. y por L. A. V. R. el 5 y el 7 de octubre de 2010, respectivamente, la imputación de Homicidio en persona protegida se fundó en los siguientes hechos:

…, la imputación es en calidad de Coautor Material, por los hechos ocurridos el 09 de abril de 2005, en el sector conocido como E. C. en la parte alta de la Q. M. L., del municipio de Y., A. cuando fue reportado el señor J. J. V. M., como miembro del Frente 36 de las FARC dado de baja en combate en desarrollo de la misión táctica “Fabuloso” por la Compañía Córdoba 3 del Batallón de Infantería 10 “Atanasio Girardot”.(26)

De igual manera, en la resolución que dispuso imponer medida de aseguramiento a los procesados como presuntos coautores del delito de Homicidio en persona protegida, se afirmó:

De acuerdo al acervo probatorio recopilado se puede afirmar, que los hechos encajan en un homicidio en persona protegida, ya que el sujeto pasivo de la conducta es integrante de la población civil.

Pero pese a ello se ha pretendido dar a entender todo lo contrario, esto es que el señor V. M. era miembro de la guerrilla,…

Todos los sindicados en sus diferentes versiones, a pesar de ser conocedores que el deceso J. J. V. M. no tiene nada que ver con vinculación del mismo con el grupo ilegal FARC, quisieron legalizar la muerte del mismo por medio de los documentos suscritos por el comandante de la operación, como si hubiese ocurrido en combate contra las FARC y asegurando a toda costa que el occiso era integrante del Frente 36.(27)

De esa manera, es claro que los sindicados conocieron desde su vinculación al proceso que los hechos por los cuales se les investigaba se referían a haber ocasionado la muerte de J. J. V. M. y luego encubrirla. Esa imputación fáctica fue ratificada en la resolución de acusación siendo efectivamente controvertida por aquéllos en el juicio no sólo mediante el ejercicio de la defensa técnica sino, inclusive, de la material. Por todo ello, forzoso es concluir que J. E. D. B., L. A. V. R. y L. A. P. V. fueron condenados por hechos suficientemente conocidos y controvertidos por ellos, lo cual descarta la denunciada indefensión.

VII. Así las cosas, la decisión del Tribunal Superior de Antioquia consistente en condenar al cabo segundo J. E. D. B. y a los soldados profesionales L. A. V. R. y L. A. P. V. por un delito evidentemente menos grave que el de Homicidio en persona protegida por el cual se les acusó; sin discusión alguna, es legal aun cuando no se haya dado surtido el trámite de variación de la calificación jurídica provisional, menos aun cuando, contrario a lo asegurado por el recurrente, el delegado de la Fiscalía jamás promovió su agotamiento limitándose a solicitar en sus alegaciones, como correspondía, la condena por Favorecimiento. En consecuencia, no se casará la sentencia tal y como lo solicitó la delegada del Ministerio Público.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley,

RESUELVE:

No casar la sentencia condenatoria proferida en contra del cabo segundo J. E. D. B. y de los soldados profesionales L. A. V. R. y L. A. P. V. por el delito de Favorecimiento.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

1 Folios 156-198 del C.O. 3

2 Folio 210 ibídem

3 Folios 268-284 ibídem

4 Folios 321 y ss, ibídem

5 Transcribe un extenso apartado del auto del 14 de febrero de 2002, rad. 18457.

6 Auto del 31 de agosto de 2011, rad. 36928, y sentencia del 25 de junio de 2008, rad. 29557.

7 La calificación típica adecuada era la de Secuestro agravado y Secuestro simple agravado, tal y como se estableció en la resolución de acusación, mientras que el juez de segunda instancia decidió condenarlos por el delito de Privación ilegal de la libertad en concurso homogéneo.

8 Obsérvese que un requisito sustancial de la resolución de acusación es la demostración de la “ocurrencia del hecho”, de allí que uno de sus contenidos necesarios sea “La narración sucinta de la conducta investigada, con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que la especifiquen” (Arts. 397 y 398-1 del C.P.P./2000).

9 Sentencias del 8 de noviembre de 2011, rad. 34495, y del 14 de septiembre de 2011, rad. 33688, ratificaron lo dicho originalmente en el auto del 14 de febrero de 2002, rad. 18457 y reproducido en las sentencias del 24 de enero de 2007, rad. 23540, y del 2 de julio de 2008, rad. 25587.

10 Según el artículo 135 del Código Penal, las sanciones para el Homicidio en Persona Protegida son: prisión de 30 a 40 años, multa de 2.000 a 5.000 s.m.l.m.v., e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 15 a 20 años. Mientras que, según el artículo 446 ibídem, el Favorecimiento de un homicidio acarrea una pena de 4 a 12 años de prisión.

11 La prohibición del Homicidio en Persona Protegida busca proteger el Derecho Internacional Humanitario, mientras que el Favorecimiento la eficaz y recta impartición de justicia.

12 Art. 204: “En la apelación, la decisión del superior se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación. (…)”.

13 Informe del 9 de abril de 2005 suscrito por ST C. A. C. E..

14 Folio 171 del Cuaderno Original 3.

15 Folio 176 ibídem

16 Folio 177 ibídem

17 Folio 178 ibídem

18 Folio 196 ibídem

19 Folio 346 ibídem (pág. 51)

20 Folio 346 ibídem (págs. 51-52)

21 Folio 347 ibídem (pág. 54)

22 Folio 351 ibídem (pág. 62)

23 Recuérdese que al inicio se manifestó que la Corte tiene definido que la variación de la calificación jurídica puede ocurrir sin atender al Título o al Capítulo del Código Penal, siempre que se respete el núcleo fáctico de la acusación.

24 DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel. La problemática de la codelincuencia en el Código Penal Colombiano. Complicidad y acuerdo previo; el “interviniente” del artículo 30, párrafo final, p. 47 (revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/viewFile/1023/967).

25 Artículo 446 del Código Penal: “El que tenga conocimiento de la comisión de la conducta punible, y sin concierto previo, ayudare a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la investigación correspondiente, incurrirá en prisión…”.

26 Folios 279 y 290 del C.O. 2.

27 Folios 49 y 50 del C.O. 3.