Sentencia SP3340-2016 de marzo 16 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Eugenio Fernández Carlier

SP3340-2016

Rad.: 40461

Aprobado Acta Nº 80

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciséis (2016).

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia.

De conformidad con el numeral 3º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, la Sala es competente para decidir sobre los recursos de apelación interpuestos, porque la decisión atacada fue proferida por un Tribunal de Distrito Judicial.

2. Sobre la sustentación suficiente y oportuna de los recursos interpuestos por el apoderado de la parte civil y la representante del Ministerio Público.

2.1. De acuerdo con el pacífico criterio de la Sala(1), quien promueve un mecanismo de impugnación para lograr que una decisión judicial sea modificada o revocada, bien sea por el funcionario que la profirió o por su superior jerárquico, tiene la carga de precisar las razones del disenso, no en términos abstractos y genéricos, sino confrontando concretamente los soportes de la decisión atacada, de modo tal que el funcionario a quien corresponde resolver sobre la impugnación pueda contrastarlos con las alegaciones que soportan la inconformidad y llegar a una conclusión sobre su corrección o incorrección.

Desde esa óptica, sustentar suficientemente el recurso impetrado es una carga de la parte interesada, y si la misma no se cumple lo procedente es declararlo desierto(2).

En ese sentido, de acuerdo con el artículo 194 de la Ley 600 de 2000, «cuando no se sustente el recurso se declarará desierto, mediante providencia de sustanciación contra la cual procede el recurso de reposición»; consecuencia que puede ocurrir cuando el recurrente omite absolutamente el deber de motivar la impugnación, o cuando lo hace de una manera insuficiente que hace imposible comprender las razones de inconformidad y no controvierte los fundamentos fácticos, jurídicos o probatorios de la decisión atacada(3).

Aplicadas las consideraciones precedentes al caso examinado, la Sala concluye, contrario a lo aducido por la defensa de R. G., que el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte civil fue fundamentado suficientemente y permite comprender sin dificultades los motivos por los cuales considera errado el fallo de primer grado.

En efecto, el apelante expuso las razones por las que, en su criterio, la valoración probatoria efectuada por el tribunal es equivocada, exponiendo circunstancias que en su entender afianzan la credibilidad de la denuncia que dio origen a la investigación, y se refirió a medios de conocimiento concretos que sustentan el pedido de condena.

La Sala, en consecuencia, no accederá a lo solicitado, de modo que la impugnación será examinada materialmente o de fondo.

2.2. En lo que atañe a la supuesta extemporaneidad de la apelación del Ministerio Público, la Corte encuentra que el fallo de primera instancia fue proferido el 7 de septiembre de 2012. Ese mismo día se libraron las citaciones a las partes para que concurrieran a notificarse personalmente, lo que sucedió así: la procesada y la defensa el 7 de septiembre; la parte civil el 11 de septiembre; la Fiscalía el 14 de septiembre; y la agente del Ministerio Público el día 27 de ese mes.

Posteriormente, el 28 de septiembre de esa anualidad, «para los efectos de su notificación» fue fijado el edicto y el 8 de octubre se suscribió la constancia secretarial en la que se consignó que «a partir de las ocho horas (08:00 A.M.) de hoy empieza a correr el término de traslado de CUATRO (4) DÍAS» para sustentar la alzada. Se precisó que dicho plazo vencía el 11 de octubre.

En ese orden, asiste razón al apoderado judicial de la acusada al afirmar que en el presente asunto devenía innecesaria la notificación del fallo por edicto, pues éste tiene carácter supletorio de acuerdo con el artículo 180 de la Ley 600 de 2000, y para la fecha en que se fijó aquél todos los sujetos procesales habían sido impuestos personalmente de la sentencia, en los términos del artículo 178 ibídem.

Sin perjuicio de lo anterior, al decidir sobre asuntos análogos al que ahora ocupa su atención, la Sala ha sostenido el siguiente criterio:

«...si en el presente caso ya se habían notificado todos los sujetos procesales, la fijación del edicto resultaba inútil, inoficiosa, en la medida en que no estaba notificando a ningún otro sujeto procesal o interviniente, dado que todos los reconocidos en autos, ya se habían enterado cabalmente de la sentencia proferida. 

No obstante, como la ley señala que el término de ejecutoria comienza a correr a partir de la última notificación de la respectiva providencia, en este caso, dicho término debe contabilizarse a partir de la desfijación del edicto, porque no es exigible a las partes que desconozcan la existencia de esta última notificación, innecesaria, pero válida en cuanto se presume como tal mientras no haya sido declarada nula por decisión judicial. La notificación por edicto genera en el sujeto procesal apelante la creencia de que el edicto es la última notificación, a lo cual se suma la constancia secretarial que refuerza esa situación al indicar desde cuando comenzaban los términos para sustentar, justamente, a partir de la desfijación del edicto. Aunque pueda replicarse que la constancia secretarial como tal carece de incidencia en el cómputo de los términos judiciales, como lo ha sostenido la Corte, en el presente caso, es el acto procesal de la notificación por edicto, el que altera la percepción propia del sujeto procesal, quien ante la notificación por edicto pasa a suponer válidamente que es esta la última notificación»(4). 

Así, con independencia de la impropiedad que en este asunto implicó la fijación del edicto, mal podría exigirse de las partes que, en vista de la realización de ese acto a cargo de la administración de justicia, asumieran la ejecutoria sin considerar la desfijación del edicto.

Desde esa perspectiva, como el hito que marcó el inicio del conteo de los términos para presentar y sustentar las apelaciones no fue otro que el edicto, ha de concluirse que la alzada interpuesta por el Ministerio Público debe decidirse de fondo y estimarse que los motivos del disenso fueron expuestos dentro del plazo correspondiente.

3. En relación con la nulidad de la actuación.

De acuerdo con el apoderado de la parte civil, en el presente asunto se configuró una irregularidad determinante de la invalidación de la actuación, porque los registros de audio atinentes a un aparte de la audiencia pública de juzgamiento se arruinaron, de modo que esa diligencia en términos procesales «no existió».

Aunque el peticionario no precisa cuál es la causal de nulidad supuestamente configurada, puede entenderse razonablemente que alude a la consagrada en el numeral 2º del artículo 306 de la Ley 600 de 2000, consistente en «la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso», pues lo denunciado corresponde a la presunta ocurrencia de un yerro de estructura con incidencia en sus garantías procesales.

Pues bien, de la revisión del expediente se advierte que, efectivamente, la grabación correspondiente a la sesión de la audiencia pública de juzgamiento celebrada el 20 de septiembre de 2011 se encuentra parcialmente arruinada, lo que hace imposible la reproducción del aparte correspondiente a las alegaciones conclusivas presentadas por el apoderado judicial de R. G.

De lo sucedido en esa diligencia no se levantó acta, pues el tribunal a quo, de conformidad con lo señalado en el artículo 148 de la Ley 600 de 2000, optó por registrarla «en sistemas de audio y/o video»; sin embargo, a efectos de subsanar la anomalía ocurrida, el defensor de la acusada, mediante memorial de octubre 21 de 2011, aportó sus alegaciones al expediente por escrito(5).

En criterio de la Sala, el yerro de estructura referido, aunque sucedió, carece de la entidad para determinar la nulidad de la actuación deprecada, según se explica seguidamente.

Para que resulte procedente la invalidación de la actuación se requiere, de una parte, la constatación de la irregularidad procesal que configura la causal con fundamento en la cual se pretende tal pronunciamiento; de otra, la satisfacción de los principios «que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación», previstos en el artículo 310 ibídem.

Dentro de tales principios, resulta relevante resaltar el de trascendencia, erigido en el numeral 2º de la disposición aludida, conforme el cual «quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción o el juzgamiento».

En ese orden, a efectos de decretar la anulación del trámite no basta con la constatación simplemente formal de la irregularidad que configura la causal invocada, cualquiera que sea, sino que se hace necesario, además, acreditar argumentativamente la verdadera afectación que aquélla ha ocasionado a las garantías o derechos de quien la reclama, o que ha alterado de manera grave y relevante, no sólo aparente, las bases del procedimiento(6).

Esa constatación se echa de menos en el caso examinado, pues aunque la irregularidad denunciada, como quedó visto, efectivamente sucedió —en tanto un aparte de la última sesión de la audiencia de juzgamiento, contentiva de las alegaciones conclusivas de la defensa, no quedó debidamente registrada—, el peticionario no realizó ningún esfuerzo para comprobar cómo ese dislate le perjudicó o incidió negativamente en la plena garantía de sus derechos.

Aunque el desperfecto del registro de audio y video de los alegatos conclusivos del defensor fue corregido en momento posterior por éste, que los aportó al expediente por escrito(7) (acto de reconstrucción que se avala), el apoderado judicial de la parte civil nada dijo sobre las razones por las cuales, en su criterio, dicha actuación resultó insuficiente para tener por subsanada la irregularidad.

No se infiere de la argumentación que sustenta el pedido de nulidad que las alegaciones escritas presentadas por el defensor para superar el error técnico señalado difieran en su contenido de las que exteriorizó oralmente en la audiencia pública de juzgamiento; de hecho, el reclamante admite tácitamente, porque nada dice en contrario, que unas y otras son idénticas, de modo que tampoco es posible entender vulneradas por esa vía sus garantías procesales.

Se echa de menos cualquier razonamiento que permita colegir que el yerro de garantía denunciado —máxime de cara a su ulterior corrección mediante la presentación escrita de la intervención del defensor de la enjuiciada— haya significado lesión o menoscabo de los derechos de contradicción y controversia de la parte civil, menos aún, del derecho a lograr «el resarcimiento del daño ocasionado por la conducta punible» que le atribuye el artículo 137 de la Ley 600 de 2000.

El peticionario tampoco se ocupó de explicar, ni siquiera como una simple aseveración, de qué manera la irregularidad advertida desquició la estructura o las bases del juzgamiento, esto es, que haya comportado una alteración real del procedimiento legalmente establecido o de los principios que le subyacen.

Así las cosas, como no se advierte que la avería del registro de audio de la audiencia pública de juzgamiento hubiese comportado lesión de los derechos y garantías de las partes ni la afectación de la estructura del procedimiento, máxime que el desperfecto fue oportuna y suficientemente subsanado mediante la presentación escrita de las alegaciones conclusivas de la defensa, la Sala no decretará la invalidación deprecada; en consecuencia, la decisión que en esta sede se profiera necesariamente será de fondo o mérito.

4. Sobre el delito de concusión.

De acuerdo con el artículo 404 de la Ley 599 de 2000, «el servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años».

La conducta punible es de sujeto activo calificado, pues sólo puede ser cometida por un servidor público, y de mera conducta, porque se configura cuando el agente, abusando de su cargo o de sus funciones, constriñe o induce a un tercero a entregarle o prometerle una utilidad, o los solicita, así la víctima no acceda a la pretensión concusionaria(8).

El delito puede suceder por razón del abuso de las funciones, esto es, «desbordar, restringir o emplear arbitrariamente con propósitos ilícitos las atribuciones conferidas legal o reglamentariamente al funcionario»(9), como también por la vía del abuso del cargo, es decir, «el uso indebido e ilegítimo del cargo público y del poder intimidatorio generado por esa investidura en el ciudadano»(10).

Bien sea que la persona constreñida o inducida acceda o no a las pretensiones del servidor público, debe existir una relación causal entre la solicitud ilegítima efectuada por éste y el abuso del cargo que ostenta o la función que ejerce(11).

Además de ello, a efectos de tener por configurado el delito «es indispensable la concurrencia del elemento subjetivo predicable de la víctima, el “metus publicae potestatis”», de modo que «si el medio utilizado no es idóneo por cuanto la víctima no comprende fácilmente que no posee otra alternativa diferente a ceder a la ilegal exacción o asumir los perjuicios nacidos de su negativa, el delito no alcanza su configuración»(12).

Es posible que el servidor público realice la solicitud o exigencia directamente a la persona a quien va dirigida, pero también, como lo tiene discernido la Sala, que acuda a «un intermediario o tercero para trasmitir la petición ilícita»(13).

En lo que atañe al aspecto subjetivo de la conducta punible, baste señalar que sólo existe en la modalidad dolosa, por lo tanto, se requiere que el agente conozca los hechos constitutivos de la descripción típica y dirija su voluntad a su realización.

5. Consideración previa.

Antes de abordar el análisis de las inconformidades presentadas por los recurrentes, la Sala estima necesario precisar el alcance de la acusación elevada contra R. G., en el siguiente sentido:

La denunciante M. E. S., al unísono con algunos testigos de cargo, alegó en repetidas oportunidades que la acusada, además de reclamar la entrega de $ 200.000.000 para favorecer a su esposo en el proceso que se le seguía por homicidio, le exigió a través de L. L. que el abogado A. L. L. fuese contratado como defensor con el consecuente pago de sus honorarios, cifrados en $ 60.000.000.

Esa segunda solicitud, de estar demostrada su ocurrencia, podría configurar por sí misma el delito de concusión, porque representa la solicitud de una utilidad indebida a favor de un tercero. En ese orden, la conducta concusionaria investigada estaría integrada por dos actos naturalísticamente diferenciables pero finalísticamente dirigidos a un mismo propósito, esto es, i) la entrega de $ 200.000.000 y, ii) la postulación del nombrado profesional del derecho y el pago de $ 60.000.000 a su favor por concepto de honorarios.

No obstante, de la revisión de la resolución de acusación se advierte que esa segunda exacción no hace parte de la situación fáctica por razón de la cual R. G. fue llamada a juicio, que en el pliego de cargos aparece limitada en los siguientes términos:

«La señora M. E. S. declaró ante la Fiscalía General de la Nación y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Consejo Superior de la Judicatura del Magdalena que la doctora N. B. R. G. le pidió a través de la abogada N. E. L. L. la suma de doscientos millones de pesos ($ 200.000.000), a cambio de favorecer a su esposo W. G. J. R.»(14).

(...)

«...La solicitud de dinero, en cuantía de doscientos millones de pesos ($ 200.000.000), realizada por la doctora N. E. L. L., en nombre de la doctora N. B. R. G. materializa el delito de concusión atribuido...»(15).

Esa delimitación de los hechos jurídicamente relevantes se mantuvo idéntica en la resolución de abril 26 de 2011, por medio de la cual una Fiscalía Delegada ante esta Corporación confirmó la acusación proferida en primera instancia.

La Sala no soslaya que la exigencia atribuida a R. G. en el sentido de que se contratara a L. L. como defensor aparece mencionada en la acusación, pero no como una conducta capaz de actualizar la descripción típica, sino como una circunstancia fáctica que habría sido utilizada por la enjuiciada para facilitar la comisión del ilícito y evitar suspicacias sobre el particular, tal como consta en la resolución de calificación de segundo grado:

«...tendido el puente con la entonces funcionaria R. G., el resto de acontecimientos tenían que desenvolverse casi que por generación espontánea. Se refiere el despacho a que la abogada L. L., cumpliendo su rol de tercería, establece contacto con la funcionaria y del mismo, se concluye, de un lado, que era necesario contratar un abogado que preferiblemente no viviera en la ciudad de Santa Marta, pero además, que la instructora exigía la suma de doscientos millones de pesos para poder favorecer a J. R.

...demostrativo de las maniobras desplegadas tendientes a obtener un provecho económico, el episodio precedente, porque ningún sentido tenía que fuera la abogada L. L. la que asumiera la “defensa” del procesado J. R., pues de haber ocurrido así la trama hubiera quedado al descubierto por la reconocida amistad entre litigante y funcionaria...»(16). 

Esa comprensión de los hechos investigados coincide con la propugnada por la Fiscalía en el pedido de condena, exteriorizado en las alegaciones conclusivas al final de la vista pública, cuando sostuvo:

«¿Por qué, si ello es así... la doctora N. E. L. L. no representó directamente a W. J. R., o mejor, no se hizo cargo de la defensa...? Porque hubiera quedado rápidamente al descubierto, dada la amistad entre L. L. y R. G., amistad...que nosotros no dudamos en calificar de amistad íntima...podría generar una circunstancia impeditiva, dentro de la trama que se había urdido...existía una condición, cual era que el abogado que asesorara...la situación de W. J. R. no fuera de la ciudad de Santa Marta...el propósito criminal (era) obtener $ 200.000.000 por un acto propio de sus funciones»(17).

De ahí que el requerimiento supuestamente efectuado por R. G. en el sentido de que se eligiera al abogado L. L. como defensor y se le cancelaran los honorarios es una circunstancia que no fue considerada por la Fiscalía como conducta constitutiva del delito de concusión, sino como un paso del plan delictivo orientado a garantizar la obtención del dinero exigido y evitar la detección del delito. Es decir, se trata de un acto involucrado en una unidad de acción por la cual a la incriminada no se le formuló reproche criminal en esta actuación.

Lo anterior significa que la prueba atinente a la contratación de L. L. puede ser tenida en cuenta y apreciada con el objeto de examinar la credibilidad de lo dicho por los testigos de cargo y descargo, así como para valorar la conducta punible investigada en el asunto sub judice.

6. El caso concreto.

6.1. En este asunto no se controvierte que N. B. R. G. fungía como Fiscal Seccional 33 de Santa Marta para la época de los hechos. Así consta en el acta No. 099 de 1º de julio de 1992, por medio de la cual tomó posesión del cargo de fiscal Seccional grado 18, y de ello dieron cuenta tanto la propia acusada como O. R. O. O., otrora director seccional de fiscalías de Santa Marta. Sobre el particular, entonces, ninguna consideración adicional se hace necesario realizar.

6.2. Tampoco suscita discusión que a la entonces Fiscal R. G. le correspondió adelantar la investigación que contra W. G. J. R. se adelantó por la muerte violenta de Á. L. A. V., ocurrida el 26 de febrero de 2006 en la ciudad de Santa Marta. La actuación se desarrolló de la siguiente manera:

i) En informe de Policía Judicial de 27 de febrero de 2006, se reportó la muerte violenta de A. V., acaecida en vía pública de Santa Marta, producida mediante disparos de arma de fuego. Allí se señala que la víctima, antes de su fallecimiento, alcanzó a informar a su esposa que el agresor fue J. R.

ii) El 9 de marzo de 2009 se libró orden de captura contra J. R. con el fin de escucharlo en indagatoria, que se llevó a cabo el día 10 de ese mes y año.

Ese mismo día, se presentó al despacho de R. G. la persona que se identificó como L. A. C. A., quien dijo ser el único responsable de los hechos investigados, por lo cual fue también vinculado a la investigación.

iii) En resolución de marzo 17 de 2006, R. G. definió la situación jurídica de J. R., afectándolo con medida de aseguramiento de detención preventiva, por su posible responsabilidad como autor del delito de homicidio agravado, luego de descartar la credibilidad de la confesión exteriorizada por C. A. Idéntica restricción de la libertad impuso a éste último, por considerar que actuó como cómplice en la comisión del delito.

Finalmente, dispuso compulsar copias de la actuación con destino a la Fiscalía General de la Nación para que se investigara a algunos de los declarantes que pretendieron desvincular a J. R. de la comisión del reato(18).

iv) A través de resolución de abril 19 de 2006, una Fiscal Delegada ante el Tribunal de Santa Marta confirmó la imposición de la medida de aseguramiento respecto de W. G. J.(19).

En relación con L. A. C. A., dispuso su libertad inmediata porque consideró que éste se atribuyó falazmente la autoría en el ilícito para proteger a J. R., de suerte que «la imputación debe hacerse por el delito de falsa autoacusación».

v) El 5 de junio de 2006, R. G. dispuso el cierre del ciclo instructivo(20). Ese mismo día fue radicado el memorial mediante el cual J. R. otorgó poder a los abogados A. J. M. R. y A. L. C., en calidad de defensores principal y suplente, respectivamente.

En la fecha, la funcionaria pidió ser apartada del conocimiento del asunto, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

«Observa esta delegada que el doctor A. L. C. fue designado como abogado sustituto (sic)...dándose la causal 3º de impedimento del artículo 99, pues el mentado profesional es pariente en segundo grado de afinidad con la suscrita, ya que es el esposo de mi hermana M. R. G.».

No está de más anotar que el impedimento no fue exteriorizado por R. G. por iniciativa propia, sino en razón de la solicitud que en ese sentido elevó el recién designado defensor M. R., quien así lo admitió en la vista pública(21).

vi) El impedimento fue aceptado, de suerte que la Fiscalía 5º Seccional, mediante resolución de 11 de julio de 2006, calificó el mérito sumarial acusando a W. G. J. como autor del delito de homicidio y a L. A. C. A. como responsable del punible de falsa autoacusación. El proveído no fue recurrido por las partes.

vii) Por medio de sentencia de 31 de julio de 2006(22), el Tribunal Superior de Santa Marta declaró improcedente el amparo de tutela solicitado por W. J. R., como consecuencia de la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales, entre otras razones, porque «al verdadero autor del homicidio le fue dictada preclusión de la investigación, siendo que la prueba técnica de balística señala que el arma que se disparó contra la víctima era la del primo del procesado, quien es el culpable del homicidio».

La corporación judicial consideró que «no se encuentra que la actuación de la fiscal haya respondido a los patrones que la Corte Constitucional se ha encargado de delimitar —defectos fácticos, sustantivos, procedimentales y orgánicos— sino que revela el cumplimiento de sus funciones como Fiscal encargada de la investigación».

viii) Mediante sentencia de diciembre 5 de 2006, el Juzgado 1º Penal del Circuito de Santa Marta absolvió a J. R. y C. A. de los cargos que les fueron imputados. Dispuso, además, compulsar copias de la actuación para que se investigara a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que intervinieron en el proceso, en cuanto consideró que las pruebas recaudadas demostraban con toda claridad que «no era W. J. R. el autor material de la conducta punible... sino L. A. C. A.»(23).

ix) Esa providencia fue apelada por la Delegada de la Fiscalía General de la Nación, pero en el expediente no existe prueba sobre el desenlace de la alzada.

6.3. Ahora bien, a efectos de estudiar las apelaciones, se hace necesario partir por precisar en detalle lo que dijeron los diferentes testigos de cargo en sus plurales declaraciones respecto de la ocurrencia de los hechos investigados, pues los reparos exteriorizados por los impugnantes tienen que ver con la apreciación que el a quo hizo de las mismas.

Previamente, sin embargo, importa enfatizar que, contrario a lo sostenido por el defensor de R. G. en la intervención como recurrente, dichos testigos no tienen la condición de referenciales o de oídas, sino de directos, pues sus declaraciones tienen por objeto hechos que habrían percibido o aprehendido por sus propios sentidos, como se concluye con facilidad a partir de su contenido.

6.3.1. M. E. S.

La esposa de W. J. R., M. E. S., dio tres declaraciones, los días 4 de julio de 2006, 16 de mayo de 2007 y 10 de agosto de 2007. Además, rindió testimonio en la vista pública, el 19 de septiembre de 2012.

6.3.1.1. En la primera salida procesal, el 4 de julio de 2006(24), M. E. relató que dos allegados a su familia, J. M. M. y R. G. M., tuvieron una conversación casual en la que surgió el tema del proceso que se le adelantaba a J. R. y el «apasionamiento» con que estaba actuando la Fiscal.

Como consecuencia de ello, el primero le hizo saber al segundo que conocía a una abogada —N. L. L.— que era amiga de R. G. G. M. le transmitió esa información a la declarante, que entonces, el 24 de mayo de 2006, se dirigió en compañía de R. G. M. a la residencia de la profesional del derecho, ubicada en el Municipio de Ciénaga.

En esa primera reunión, dijo M. E., habló con L. L. y le dijo que no entendía las razones por las que la ahora acusada actuaba arbitrariamente contra J. R., a lo que la abogada le dijo que conversaría con la fiscal «a ver qué respuesta le daba».

Afirmó la testigo que el 26 de mayo de 2006, junto con R. G. M., su hija L. C. J. y J. N. P. (a quien identificó como un amigo suyo), fue nuevamente a la vivienda de N. E., y ésta le dijo que había almorzado con R. G., quien le manifestó que sabía que J. R. era inocente pero no había tenido un buen abogado, que «podía colaborar» pero necesitaba $ 200.000.000 y que «la esposa de W. arreglara por aparte la parte civil». De igual manera, que cambiara de abogado para reunirse con él y decirle «por dónde tenía que meterse».

Precisó M. E. que todos sus acompañantes escucharon la conversación y que se retiró del lugar luego de rechazar la exigencia.

6.3.1.2. En declaración de 16 de mayo de 2007(25), M. E. S. partió por explicar que un día, en fecha que no precisa pero antes de reunirse con N. E. L. L., acudió a la residencia de N. B. R. G. en compañía de sus tres hijos, su suegra M. E. R. y la progenitora de L. A. C. A. (cuyas declaraciones no fueron obtenidas), con el objeto de hablar con la funcionaria «como persona... para que ella entendiera que (su) esposo era inocente». Dijo que la mamá de C. A. le hizo saber en esa ocasión a la fiscal que su hijo era responsable por la muerte de A. V., pero no le creyó y les respondió que «era arbitrario que (llegaran) a la casa de ella». La deponente admitió que la acusada, al verla en su lugar de residencia, le dijo en tono agresivo que «dejara de estarle mandando mensajes y ofreciéndole dinero porque podía hacerlos un rollito y metérselo por...».

Reiteró su versión en relación con la manera en que tuvo contacto con N. L. L., es decir, a través de J. M. M. y R. G. M., y afirmó que el primero no estuvo presente en ninguno de los dos encuentros que sostuvo con la abogada los días 24 y 26 de mayo de 2006.

Agregó que L. L. le pidió una copia del expediente del proceso de J. R. para hacérsela llegar a un abogado de Cartagena que asumiría la defensa, según lo exigido por la fiscal.

6.3.1.3. El 10 de agosto de 2007(26), M. E. S. repitió que antes de hablar con N. L., buscó a R. G. en su residencia «para hablar con ella como persona que era», a lo que la funcionaria reaccionó manifestando que no era apropiado que estuvieran allí y que «la plata que... (le) mandó ofrecer haga un rollito y métasela por el culo».

Dijo que luego de eso, tuvo conocimiento por R. G. M., amigo de su familia, de que L. L. era muy amiga de la fiscal, por lo cual «en tres ocasiones» se acercó a su casa.

La primera vez —no señala la fecha— abordó a N. E. L. para explicarle que su esposo era inocente y que la funcionaria estaba equivocada al responsabilizarlo por el homicidio de A. V. La abogada replicó que hablaría con R. G. y que ésta «tiene un temperamento muy fuerte, pero...es muy católica...cree mucho en Dios».

Explicó M. E. que visitó nuevamente a L. L. «más o menos el 25 de mayo de 2006» en compañía de R. G. M. La profesional del derecho le dijo que había tocado el tema con N. B. y que ésta la invitó a almorzar a su casa, precisándole que debía asistir sola a la cita, sin su esposo.

Al día siguiente —el 26 de mayo— concurrió por tercera ocasión a la casa de L. L., esta vez junto con G. M. y con su hija L. C. J. R. Ese día, N. E. le contó que habló con la ahora acusada, quien dijo estar en capacidad de ayudar «calificando a favor» a cambio de $ 200.000.000, siempre que nombraran a un defensor de su confianza «para...poderle decir por dónde tenía que meterse». En ese sentido, «recomendó a un abogado de Cartagena...el apellido era Gaitán, y que él cobraba la suma de $ 60.000.000».

Concluyó que ante la exigencia se retiró del lugar sin acceder a la misma, y explicó que ella y J. R. decidieron cambiar al abogado defensor al percatarse de los pocos resultados que obtenía el profesional del derecho que ejerció como tal hasta entonces, por lo cual contrataron a A. M. R. y A. L. C., este último en calidad de suplente que sólo actuaría en caso de que el asunto llegara a juicio, porque era familiar de R. G. y no podía litigar ante su despacho.

6.3.1.4. En audiencia pública de juzgamiento celebrada el 19 de septiembre de 2012, se recibió el testimonio de M. E. S.

Insistió en que J. M. M. le hizo saber a R. G. M. que N. E. L. L. era amiga de la fiscal y que podía llevarlos hasta ella si lo deseaban. Por tal razón, la visitó en su residencia en dos ocasiones: la primera, en compañía de R. G. M. y su hija L. C. y la segunda, junto con C. B. (un amigo suyo, dijo), R. G. M., L. C. y J. N.

Aseveró que en la primera de tales visitas, L. L. le dijo que «lo más posible es que tuviera que cambiar al abogado por uno de confianza que tenía N. R. que era de Cartagena». En el segundo encuentro, ocurrido el 26 de mayo de 2006, la abogada le manifestó que R. G. podía ayudar a su esposo por $ 200.000.000, exigencia que rechazó y abandonó la residencia. Precisó, sin embargo, que J. N. P. y C. B. no oyeron la exacción porque no entraron a la casa, sino que se quedaron en el exterior junto «a la ventana».

La declarante añadió al relato que en esa ocasión —el 26 de mayo—, N. E. L. L. recibió una llamada al celular de N. B. y la contestó en presencia suya y de sus demás acompañantes, por lo cual pudieron oírla decir «ajá mija, ¿cómo va lo de su yerna? Cuando vaya a tener el bebé me avisa que yo estoy a la orden».

6.3.2. L. C. J. S.

L. C. J. S., hija de M. E. S. y W. G. J. R. quien para la época de los hechos tenía 17 años, rindió dos declaraciones en las que se refirió a los hechos objeto de investigación.

6.3.2.1. El 17 de agosto de 2006(27), L. C. declaró que un amigo de la familia, R. G. M., conocido como “P.”, les comunicó en cierta ocasión que se enteró, por J. M. M., de que N. L. era muy amiga de la fiscal R. G. Como consecuencia de ello y «pensando que de pronto... hablando con ella se le aclaraba algo» acudieron a su vivienda el 25 de mayo de 2006, fecha que recuerda con exactitud porque «cumplía años una amiga». Ese día, sin embargo, L. L. no los atendió porque su hijo estaba enfermo, de suerte que les pidió que regresaran el día siguiente.

El 26 de mayo, consecuentemente, conversaron con la abogada, quien les dijo que R. G. podría «colaborar» pero requería $ 200.000.000, pues aun cuando se había dado cuenta de que J. R. era inocente, «después de dos meses no podía voltear la arepa». Precisó que, según lo que les manifestó L. L., ese dinero sería «para el abogado de ella (se refiere a R. G.), para el director y unos compañeros, y lo que le quedaba a ella». También les hizo saber que debían nombrar «un abogado de Cartagena para ese negocio».

La declarante dio cuenta de que en la reunión estaba presente también el esposo de N. E., quien vestía «un pantalón blanco largo y una camisa negra de cuello, manga corta».

Agregó que al encuentro con la abogada acudieron, además de ella misma y su madre M. E., R. G. M., J. N. y C. B. (fallecido en los primeros días de agosto de 2006)(28).

6.3.2.2. En audiencia pública de juzgamiento de septiembre 19 de 2012, L. C. testificó que su madre tuvo dos reuniones con N. E. L. L., pero ella sólo acudió a la segunda de ellas, sucedida el 26 de mayo de 2006.

En esa fecha, dijo, fueron a la casa de L. L., además de ella y su progenitora, C. B., R. G. M. y J. N. P., pero este último «no estuvo presente en la reunión».

Explicó que el encuentro duró cerca de 40 minutos y N. E. les dijo que R. G. exigía $ 200.000.000 para liberar a J. R., así como la contratación de un defensor que no fuera de Santa Marta, exigencia que rechazó su progenitora.

Añadió que en algún momento de la reunión que sostuvieron con L. L. ésta recibió una llamada a su celular, dijo «es Norma» y contestó, por lo cual pudo escuchar que decía «bueno, mija, así quedamos con esto», como también que conversaban sobre el estado de embarazo de «la yerna».

6.3.3. J. N. P.

J. N. P. explicó, en declaración de agosto 17 de 2006(29), que conoce a N. L. hace varios años porque vivieron durante largo tiempo en el mismo barrio, y que tiene relaciones «de amistad y de comercio» con W. J. R. y su esposa M. E. S. También dijo tener «gran amistad, como hermano» con R. G. M., y no conocer a R. G.

Adveró que estuvo en la casa de L. L. en dos ocasiones, porque «el señor P. M. (les) había manifestado que...era bastante conocida con la...fiscal que estaba manejando el caso del señor W.».

La primera vez —no señaló cuándo— acudió en compañía de R. G. M. para «buscar una ayuda en derecho, una salida jurídica...que ayudara...en el caso del señor W.». En esa ocasión, L. L. les dijo que era amiga de R. G., incluso, que en ese momento cursaban una especialización juntas, y que intentaría «abordar el tema» con la funcionaria «para ver en qué (les) podía colaborar... colocando... un abogado que no fuera de la ciudad de Cartagena de nombre G.».

Afirmó que la segunda oportunidad —tampoco dijo la fecha— acudió a la residencia de N. E. L. junto con M. E. S., R. G. M., L. C. J. S. y «un señor llamado C.», pero los tres últimos no ingresaron a la construcción, sino que se quedaron «cerca de la puerta y la ventana». L. L. les indicó que la situación de W. estaba muy avanzada y era difícil tomar «otro rumbo en el negocio», pero «una vez se cerrara...o se calificara se podría ver...la posibilidad de dejar un campo abierto para que el defensor trabajara sobre eso, pero que eso obviamente...costaba unos honorarios...algunos millones de pesos...porque había que tratar de llegar como fuera a un arreglo con la...parte civil».

Relató que le preguntó a L. L. cuánto podría costar «el negocio», a lo que la abogada respondió que «esos negocios penales eran bastante costosos...había que trabajar la parte civil...cancelar los honorarios del abogado G. (sic) y...los honorarios de ella, así no esté trabajando en el proceso...costaba la suma de doscientos millones de pesos todo el paquete».

Concluyó que M. E. S. dijo que no podía pagar esa cantidad y que su esposo era inocente, por ende se retiraron de la residencia.

6.3.4. J. M. M. B.

J. M. M. B., en declaración de septiembre 27 de 2006(30), aseveró ser «muy allegado» a N. E. L. y no conocer a R. G. Afirmó igualmente conocer hace muchos años a M. E. S. y W. G. J. R. porque «tuvieron una tienda cerca de (su) casa», al tiempo que dijo desconocer a R. G. M.

Narró que en alguna ocasión J. N. P., a quien identificó como un conocido suyo, le manifestó que necesitaba hablar con N. L. L., de suerte que él los contactó. Tuvo conocimiento que la solicitud tenía que ver con que «estaban buscando un abogado para un caso de homicidio y...la doctora N. trabaja esos casos de homicidio».

Precisó que acudió a la vivienda L. L. en una única oportunidad —no dijo cuándo ni quién más acudió al encuentro—, en la que «se habló de la necesidad de un abogado para que defendiera en derecho a ese señor (se refiere a W. J. R.) y se recomendó un abogado de Cartagena». Concluyó señalando que nunca se enteró de que R. G. hubiese exigido suma alguna para favorecer a J. R.

6.3.5. R. G. M.

Finalmente, R. G. M. declaró el 17 de agosto de 2006(31) que conoce a N. L. L. porque son vecinos, y que reconoce a N. B. R. G. porque es la fiscal que citó a indagatoria a W. J. R. Afirmó que conoce hace años a J. M. M. porque vive a dos cuadras de su casa.

Explicó que trabaja como administrador de un negocio de W. J. R. ubicado en el Municipio de Ciénaga, lugar al que «un día» llegó “P.” M. para «hacer unas compras». En desarrollo de la conversación que se suscitó le preguntó «cómo está el caso del patrón» y discutieron sobre la convicción que la funcionaria instructora tenía respecto de la responsabilidad de J. R. a pesar de que «todo el mundo sabe que...es inocente». M. B. le preguntó entonces quién era la fiscal del caso y cuando supo que era R. G. afirmó «yo tengo una doctora de nombre N. L. quien es bastante amiga de ella». Consecuencia de lo anterior, R. G. le propuso a M. B. que fueran a hablar con ella «a ver si...hace el favor y (les) ayuda en derecho».

Al día siguiente, dijo el testigo, “P.” M. regresó al negocio, donde en ese momento estaba también J. N., amigo suyo y de W. J. J. M. M. los llevó entonces hasta la casa de N. L., a quien le pidieron que «como ella era bastante amiga de la fiscal, haber (sic) si (les) hacía el favor de colaborar(les) en derecho, porque en el expediente no había nada para que la fiscal tuviera a W. preso».

N. E. L. dijo que hablaría con R. G. aprovechando que estaban haciendo un curso juntas y les instruyó que regresaran al día siguiente en la tarde.

Cuando volvieron a la residencia de la abogada, ésta les indicó «...yo hablé con la doctora N., ella sabe y ha escuchado que el señor W. es inocente...pero...después de dos meses le queda difícil voltear la arepa...ella me dijo “lo que pasa, N., es que ese señor no ha tenido abogado, imagínate, tiene a los dos viejos esos que no sirven para nada, a mi cuñado y a A. C.”».

Dijo R. G. que «otro día» volvió a la casa de N. E. L. en compañía de J. N. P., encuentro sobre el cual expresó:

«N. L. nos comentó “bueno, estuve hablando con N., parece que nos va a ayudar”, y estando en la casa de la señora N. sonó el celular de ella, antes de contestarlo nos dijo “mirá ve, me está llamando N., esperen un momentito”...y estando ahí con nosotros habló y dijo “aquí tengo a los amigos del señor de M. C.”, nosotros escuchamos que la doctora N. dijo “ajá, mija, ¿ya alumbró tu yerna? Si le van a hacer cesárea cualquier cosa a la orden”...cuando terminó la llamada ella nos comentó “ella me invitó a almorzar mañana para hablar del señor W., me dijo que fuera sola, que no fuera con mi esposo. Ella nos va a ayudar...como esto es por falta de abogado, yo tengo uno de Cartagena...”. Esa misma tarde en la casa de ella entró una llamada y nos dijo “mirá ve, me está llamando el doctor G.”, ella contestó “qué más doctor, le tengo un negocio del señor de M. C. de Santa Marta...te llamo mañana por la tarde, después de que hable con la señora N.”».

Continuó el relato indicando que «otro día ella (los) citó en la mañana, estaban J. N., C. B. M. S. y L. C. J. S. y (su) persona». En esa ocasión, la abogada manifestó:

«Hablé con N...me dijo que ella le colaboraba al señor W. si el señor W. le daba la suma de doscientos millones de pesos porque ella tenía que cuadrar a otra gente ahí en la fiscalía, al director, a los coordinadores...».

Agregó finalmente que le dieron las gracias por la gestión y se retiraron, pues decidieron que, como W. era inocente, dejarían que su abogado hiciera la labor defensiva correspondiente.

6.4. Pues bien, mientras el tribunal a quo entendió que las versiones de los testigos de cargo en relación con la ocurrencia del delito y la responsabilidad de R. G. están revestidas de contradicciones internas y externas que les restan credibilidad, los recurrentes afirman que tal conclusión es errada y propugnan porque se otorgue a dichas declaraciones pleno mérito suasorio, para lo cual aducen que i) las contradicciones que se advierten en los relatos están referidas a circunstancias puramente accidentales que no tienen que ver con el núcleo de los relatos y, por lo mismo, no inciden en su credibilidad; ii) la copiosa prueba indiciaria que obra en el expediente ratifica y soporta los señalamientos efectuados por los testigos contra R. G.; iii) M. E. S., quien puso en conocimiento de las autoridades lo sucedido, es una persona «que goza de mucho respeto y seriedad», y; iv) los testigos de cargo no tienen ninguna razón para faltar a la verdad.

A cada una de tales alegaciones, entonces, se referirá a continuación la Sala, para concluir si asiste razón a los recurrentes al afirmar que la prueba recaudada resulta suficiente para tener por demostradas, en el grado de certeza exigido para proferir condena, tanto la materialidad del delito como la responsabilidad de N. B. R. G. en su comisión.

6.5. Sobre la valoración de los testimonios de cargo.

6.5.1. Dígase inicialmente que, conforme al criterio de la Sala en la materia y como acertadamente lo afirma el Fiscal recurrente, la apreciación positiva de una determinada prueba testimonial no está supeditada a que las distintas declaraciones del deponente, cuando ofrece una cantidad plural de ellas a lo largo del trámite, exhiban absoluta y total concordancia y uniformidad, sino a que se mantengan consistentes en lo esencial del relato, de suerte que permiten forjar el conocimiento sobre el núcleo del mismo con independencia de las variaciones que se adviertan respecto de aspectos tangenciales del mismo, que pueden variar o modificarse por el paso del tiempo y otras circunstancias similares(32).

Igual sucede cuando se encuentran contradicciones entre lo dicho por dos o más testigos, lo cual no conduce necesariamente a su desestimación, sino que impone al Juzgador «la carga de examinar el contenido de las diferentes declaraciones y, con apoyo en las reglas de la sana crítica, establecer los segmentos que le merecen credibilidad y cuáles no»(33).

No obstante lo anterior, la Sala evidencia que no le asiste razón al delegado de la acusación al sostener que las incoherencias advertidas en las declaraciones de cargo acopiadas son puramente accidentales y no tienen la connotación suficiente para restarles credibilidad. Lo que se avizora, por el contrario, es que los testigos invocados como sustento del pedido de condena, como lo aduce el defensor en la intervención como no recurrente, incurrieron en incongruencias que impiden tener por demostrados en el grado de certeza exigido para proferir condena la materialidad de la infracción investigada.

6.5.2. Entre las distintas declaraciones de los deponentes existen varias versiones respecto de la cantidad de encuentros que sostuvieron los familiares y allegados de W. J. R. y N. E. L. L.

M. E. S. inicialmente sostuvo que se reunió con la abogada dos veces (lo mismo dijo J. N. P.) para, en su última declaración, afirmar que ello sucedió tres veces. Su hija L. C. indicó que sólo conversaron con L. L. una vez, porque la primera ocasión en que fueron a su vivienda para abordarla —el 25 de mayo de 2006— no los atendió porque su hijo estaba enfermo, mientras que R. G. M. dio cuenta de cuatro reuniones con la profesional del derecho.

La cantidad de veces en que L. L. se reunió con los familiares y amigos de W. G. J. R. no es una circunstancia simplemente accidental al relato, como lo entiende el fiscal recurrente, sino que tiene que ver directamente con la comisión del delito y la modalidad en que se llevó a cabo. En efecto:

De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, la planeación y ejecución de la conducta punible habría sucedido mediante una secuencia concatenada de eventos; inicialmente, L. L. habría sido abordada en su casa por M. E. S. y otras personas para pedirle que hablara con R. G. Con ese conocimiento, la abogada habría conversado con la fiscal y ésta le habría dado instrucciones para pedir, en nombre suyo, $ 200.000.000 a cambio de precluir la investigación de J. R. y ordenar su libertad. Finalmente, esa exigencia habría sido transmitida por la emisaria a las víctimas del delito en otro encuentro, sostenido también en su lugar de residencia.

Nótese, pues, el número de encuentros celebrados entre N. E. L. L. y los allegados de W. G. J. no es una circunstancia irrelevante de cara a la adecuada comprensión de los hechos investigados, sino que guarda estrecha relación con la manera secuencial en la que supuestamente se habría hecho la exacción dineraria con intervención de R. G.

Véase, en efecto, que la cantidad y cronología de las reuniones sostenidas con L. L. resulta esencial para valorar el mérito de los señalamientos efectuados contra la acusada, porque de atenderse a lo que declararon algunos de los testigos no quedaría sino concluir que N. B. no tuvo ninguna intervención en los hechos investigados:

De acuerdo con L. C. J. S., sólo se llevó a cabo una reunión con la abogada, en la que le plantearon su preocupación por la situación de J. R. y aquélla les comunicó la exigencia de la fiscal en el sentido de que debía pagársele $ 200.000.000 a cambio de la libertad de W. G.; pero si sólo existió esa única reunión, L. L. no habría tenido la ocasión de encontrarse o comunicarse con R. G. para concertar la comisión del ilícito, sino que la exigencia necesariamente habría tenido que provenir de ella misma, sin participación de la funcionaria.

Dicho de otra manera, si los familiares del imputado sólo se vieron una vez con L. L., ésta nunca se habría reunido con la fiscal para poner en su conocimiento que había sido abordada por aquéllos, de suerte que la solicitud económica ilícita no podría haber provenido de ella. En la hipótesis en que sólo haya sucedido una reunión, las exigencias comunicadas por L. L. —de haber existido— no podrían provenir de la fiscal, por la sencilla razón de que ésta no podía tener conocimiento en ese momento que su amiga estaba en contacto con los allegados de J. R.

En similar sentido, se advierte que M. E. S., en sus primeras salidas procesales, describió que en un primer encuentro con L. L., ésta se comprometió a conversar con R. G. sobre el proceso de alias “M. C.” y, en una segunda reunión les transmitió la exigencia efectuada por la funcionaria, en concreto, i) el pago de $ 200.000.000 y ii) la contratación de un abogado foráneo a Santa Marta. Pero al atestar en la vista pública, modificó su versión de lo sucedido, aumentó a tres la cantidad de visitas a la casa de N. E. y aseveró —en consonancia con lo dicho por J. N. P.— que fue en la primera de las entrevistas que sostuvieron que la profesional del derecho les dijo que para obtener la ayuda de la fiscal debían cambiar de abogado por uno de Cartagena.

Si esa segunda exigencia se produjo en el primero de los encuentros que se llevaron a cabo con L. L., es claro que la misma no pudo provenir de R. G. porque su supuesta intervención en el ilícito se habría producido únicamente después de que su amiga N. le hizo saber que había sido abordada por los familiares de J. R.

Puesto en otros términos: si la solicitud de cambiar de defensor se produjo la primera vez que los familiares de W. hablaron con L. L., cuando ésta todavía no se había comunicado con N. B., ésta no pudo haber sido la autora de dicha solicitud.

De lo dicho por los testigos de cargo surgen como posibles varias hipótesis: i) que sólo existió una reunión con la abogada L., caso en el cual R. G. no pudo haber intervenido en la comisión del ilícito; ii) que habiendo existido más de una reunión, la exigencia de cambiar de abogado se produjo en la primera de ellas, en cuyo caso la fiscal no pudo tener participación en ese hecho concreto; iii) que se realizaron dos o más reuniones, y que las dos exigencias —tanto el pago de dinero como el cambio de apoderado— les fueron comunicadas a los allegados de J. R. con posterioridad a la primera reunión, cuando ya L. L. se había concertado con N. B.

Sólo la última de las hipótesis se ajusta a las alegaciones de la Fiscalía, en cuyo criterio habría sido la abogada L. L. quien canalizó las dos exigencias a través de R. G., mientras que las restantes posibilidades desmienten o enervan los cargos elevados contra la funcionaria. Es decir, los testimonios de cargo no son unívocos en probar la ocurrencia del delito, sino que apuntan a acreditar varias situaciones de hecho distintas, excluyentes entre sí, algunas de las cuales contravienen la acusación. En ese entendido, las pruebas aludidas no demuestran de manera cierta, clara, inequívoca —como lo exige el artículo 232 de la Ley 600 de 2000— la ocurrencia del delito.

Nótese, entonces, que la cantidad y secuencia en que sucedieron las reuniones con la abogada L. no es una circunstancia irrelevante para la correcta solución del presente asunto, sino que incide directamente en la reconstrucción histórica de la manera del ilícito y, concretamente, con la posible participación de R. G. en su comisión.

La exigencia atinente al cambio de abogado no es un aspecto tangencial del delito investigado. Aunque la Fiscalía no haya considerado esa conducta como potencialmente constitutiva de concusión, sí tiene que ver de manera intrínseca con el punible investigado y la modalidad de su comisión. Por lo mismo, las discrepancias que existen entre los testigos de cargo no pueden ser desestimadas como algo irrelevante de cara a establecer su credibilidad.

Ahora, de la revisión de los testimonios y declaraciones de cargo se desprende que existen distintas versiones sobre las personas que concurrieron a la vivienda de L. L. y estuvieron presentes cuando exteriorizó la supuesta exacción ilícita:

M. E. S. afirmó primero que en el lugar se encontraban R. G. M., su hija L. C., J. N. P. y ella misma, sosteniendo explícitamente que todos ellos fueron testigos, por sus propios sentidos, de la solicitud ilegal. No obstante, en la vista pública cambió su versión para aseverar, en su lugar, que si bien fue acompañada por todos los nombrados hasta la vivienda de la abogada, J. N. P. y C. B. no fueron testigos de lo sucedido porque se quedaron afuera de la construcción, junto a la ventana.

Esa variación en lo relatado podría percibirse como irrelevante, si no fuera porque se dio luego de que J. N. P. declarara que durante la reunión con L. L. no se realizó ninguna exigencia económica o de otro tipo, sino que se discutió la posibilidad de contratar a un abogado defensor para que representara de mejor manera los intereses de J. R.

En ese sentido, llama la atención que M. E. S. inicialmente manifestara de manera vehemente e inequívoca que N. P. fue testigo directo de la comisión del delito, para después, cuando éste dio una versión distinta de lo sucedido, modificar su relato para sostener que no escuchó la exigencia de la que fue víctima porque no ingresó a la residencia de L. L.

Y es que, además de contradecirse a sí misma en relación con las personas que estaban presentes cuando N. E. comunicó la supuesta exigencia, lo dicho por M. E. S. contraviene también lo aseverado por R. G. M., quien dijo que N. P., persona que negó la ocurrencia de la exigencia concusionaria, sí estaba presente en la segunda reunión.

En ese orden, si J. N. P. concurrió a la vivienda de L. L. y presenció lo que allí se dijo, puede entenderse que el cambio de versión de M. E. S. no responde a un simple olvido ni a una circunstancia fáctica irrelevante, sino que se dio con el propósito de menoscabar la credibilidad del testigo que, en contra de sus intereses, negó la realidad del delito investigado. Téngase en cuenta, en este particular, que N. P. dijo ser amigo de muchos años de M. E. S. y W. J. R., al tiempo que negó conocer a R. G., de suerte que no se advierte en su dicho el propósito de faltar a la verdad en perjuicio de aquéllos y en favor de ésta.

En igual sentido, J. M. M. afirmó que acudió a la reunión celebrada con N. E. L. —dijo que fue sólo una— y que lo único que se discutió fue la necesidad de un abogado para que defendiera en derecho a ese señor y se recomendó un abogado de Cartagena». Expresamente negó que se hubiera efectuado exigencia económica alguna.

En este punto, entonces, se pueden derivar de las deposiciones de los testigos dos hipótesis, a saber, i) que en la segunda de las reuniones sostenidas con L. L. efectivamente se comunicó a través de la abogada una exigencia ilícita originada en la fiscal, según lo dijeron M. S., su hija L. y R. G.; y ii) que lo único debatido en esa ocasión, conforme lo dicho por N. P. y M. B., fue la posible contratación de un abogado para que defendiera a J. R., de suerte que cualquier alusión a una cantidad de dinero tendría que ver con el pago de sus honorarios y un potencial acuerdo con la parte civil.

Nuevamente, sólo la primera posibilidad se acomoda a los supuestos fácticos que sustentan la acusación, mientras que la restante la controvierte de frente. También acá, entonces, se advierte que la prueba de cargo es ambivalente, equívoca y ambigua, no concurre a demostrar con certeza la materialidad de la conducta punible, máxime que, como se verá más adelante, la versión de quienes afirman que L. L. se comunicó telefónicamente con la fiscal para hacerle saber que estaba con “los amigos de M. C.” aparece controvertida por otros medios de conocimiento ofrecidos por la defensa.

Ahora, un hecho esencial sobre el cual existe amplia discrepancia entre los testigos es la supuesta conversación telefónica entre N. L. y R. G., que algunos de ellos dijeron escuchar cuando estaban en la casa de la primera, el día en que supuestamente se habría exteriorizado la solicitud concusionaria.

M. E. S. guardó silencio sobre el particular en sus primeras cuatro declaraciones y sólo al atestar en la audiencia de juzgamiento aseveró que el 26 de mayo de 2006 L. L. atendió en presencia suya una llamada de N. B. R., en desarrollo de la cual escuchó a la primera preguntarle a la segunda por el embarazo de una familiar.

L. C. J. S. no dijo nada sobre el tema en su primera declaración y en la vista pública afirmó, en similar sentido a su progenitora, que en presencia suya N. E. tomó una llamada de la ahora acusada, a quien le preguntó por el embarazo de su yerna y le manifestó «bueno, mija, así quedamos con esto».

Ni J. N. P. ni J. M. M. B. dieron cuenta de la realidad de la referida llamada aun cuando uno y otro dijeron haber estado presentes en la reunión, al tiempo que R. G. M. lo hizo, pero la describió de manera radicalmente diferente, pues según dijo, escuchó a N. L. decir «aquí tengo a los amigos del señor de M. C.».

A no dudarlo, se trata de una circunstancia de absoluta importancia para el delito examinado, que tiene que ver de manera directa e inequívoca con el núcleo de los hechos investigados, pues a partir de esa comunicación telefónica y las expresiones percibidas por los testigos podría colegirse la participación de N. B. R. en los hechos investigados y su compromiso con los mismos.

No se entiende entonces, tratándose de un hecho de tal relevancia, que los diferentes deponentes hayan ofrecido versiones tan diferentes sobre el mismo, menos aún, que M. E. S. y su hija L. C. se hayan abstenido de referirlo en sus primeras declaraciones, obtenidas pasados pocos meses desde la ocurrencia del hecho, pero sí lo hayan recordado en la audiencia de juzgamiento, celebrada seis años después.

Si esa llamada telefónica sucedió, si N. L. la contestó en presencia de los familiares y allegados de J. R., y si efectivamente lanzó la expresión «aquí tengo a los amigos del señor de M. C.» —con la trascendencia que ello implica para la definición de la situación de R. G.— no se explican las incoherencias referidas, ni tampoco que la propia denunciante haya guardado silencio sobre ello hasta la audiencia de juzgamiento, porque refiere a una circunstancia nuclear al objeto del proceso, concretamente, al acuerdo que habría existido entre la fiscal y la abogada para que ésta última canalizara las exigencias concusionarias.

En este punto, pues, los testimonios recaudados apuntan a supuestos fácticos diversos, todos ellos excluyentes entre sí: i) que la supuesta llamada de R. G. recibida por L. L. en presencia de los conocidos de J. R. nunca sucedió; ii) N. E. sí recibió la llamada cuando estaba reunida con los allegados de W. G. J. y la contestó, pero el objeto de la conversación fue estrictamente personal, y; iii) la llamada tuvo lugar y, en ella, N. L. dio cuenta a la fiscal de que en ese momento estaba en presencia de «los amigos de M. C.».

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, se puede concluir que las inconsistencias advertidas en los testimonios de M. E. S., L. C. J., J. N. P., J. M. M. y R. G. M., como acertadamente lo entendió el tribunal, no están referidas exclusivamente a aspectos eminentemente accidentales de los hechos investigados, irrelevantes para la fidedigna reconstrucción histórica de lo sucedido.

Por el contrario, las ambigüedades e imprecisiones en que incurrieron los nombrados testigos atañen a circunstancias relevantes, como el contenido de la supuesta exigencia concusionaria y la posible participación de R. G. en su realización.

En ese entendido, asistió razón al tribunal al concluir que tales contradicciones suscitan duda sobre la verdadera ocurrencia de los hechos investigados.

6.5.3. Con todo, la Sala no pierde de vista que en los relatos de los testigos de cargo también se percibe concordancia y coherencia respecto de ciertas circunstancias, algunas de ellas vinculadas con el núcleo esencial del relato.

A modo de ejemplo, se tiene que M. E. S., L. C. J. S. y R. G. M. mantuvieron consistente su versión de los hechos en relación con el monto de la supuesta exacción económica comunicada por N. L. ($ 200.000.000), e incluso, señalaron de manera detallada que el propósito del dinero sería, además del provecho económico de la fiscal, «cuadrar» a otros funcionarios que podrían interferir en la ejecución del ilícito.

También J. N. P. aludió a la suma de $ 200.000.000, aunque no vinculó la suma con la exigencia investigada, sino con el costo que tendría la contratación de un abogado y un potencial acuerdo indemnizatorio de la parte civil.

En igual sentido, se observa que los testigos de cargo fueron consistentes al describir la manera en que se suscitó el contacto entre los familiares y allegados de W. J. R. y la abogada N. L. L., esto es, por referencia que de ella le hiciera J. M. a R. G. M.

Todos los declarantes, al describir la manera en que según ellos sucedieron los hechos investigados, coincidieron en sostener que los encuentros con L. L. se llevaron a cabo en su lugar de vivienda, e incluso, M. E. S. recordó con atención a la minucia la dirección de ese lugar(34). La ubicación cronológica de lo acaecido también es una circunstancia que aparece consistente en la prueba de cargo.

En ese orden de cosas, al examinar el contenido de las declaraciones de los testigos de cargo, como ya se dijo, se encuentran contradicciones que afectan su mérito suasorio, pero también se hallan coincidencias y detalles que al ser ponderados no hacen posible descartar la materialidad del delito, pero tampoco afirmarla en grado de certeza como para tenerla por demostrada.

Puesto en otros términos, la apreciación aislada de los testimonios examinados en precedencia resulta insuficiente para llegar a una conclusión cierta sobre la ocurrencia del delito y la responsabilidad de R. G., por lo que, como lo plantean los recurrentes, se impone valorar su credibilidad de cara al restante acervo probatorio, específicamente, i) las declaraciones exculpatorias ofrecidas por la acusada, N. L. L., A. L. L. y O. R. O. O., y; ii) la abundante prueba indiciaria que obra en la actuación.

6.6. Los testimonios exculpatorios.

En el desarrollo de la investigación fueron recibidas plurales declaraciones que apuntan a descartar la materialidad del delito objeto de juzgamiento y la posible responsabilidad de R. G. en su comisión, según se reseña a continuación.

6.6.1. N. B. R. G.

La incriminada, en ejercicio del derecho material de defensa, se pronunció sobre los cargos elevados en su contra en diligencia de indagatoria rendida el 23 de febrero de 2007, en versión libre de 14 de septiembre de 2007 y en la sesión del juzgamiento que tuvo lugar el 8 de agosto de 2012.

6.6.1.1. En injurada de febrero 23 de 2007(35), R. G. dijo que conoció a M. E. S. porque en los primeros días de mayo acudió a su lugar de residencia en compañía de la madre de W. J., la progenitora de C. A. y su hija L. C.

Relató que le correspondió adelantar la investigación contra W. J. por el homicidio de L. A. V. Como las «primeras pesquisas» lo señalaban como autor de ese ilícito, libró orden de captura con fines de indagatoria, que se materializó el 10 de marzo. Ese mismo día, dijo, concurrió a su despacho Luis C. A., quien se atribuyó la autoría del punible, por lo que lo vinculó a la investigación como cómplice.

No obstante, al decidir la apelación interpuesta contra la decisión que definió la situación jurídica de los sindicados, la fiscalía delegada ante el tribunal consideró que de acuerdo con la prueba recaudada, C. A. se había incriminado falazmente porque el verdadero autor del hecho había sido J. R.

Explicó que entre el 5 y el 6 de junio se declaró impedida para continuar conociendo del proceso, que correspondió entonces a la fiscal A. C., quien calificó con resolución de acusación. Finalmente, J. R. fue absuelto en primera instancia, mediante decisión que fue recurrida por la fiscal del caso.

En relación con los señalamientos efectuados en su contra, dijo que «son totalmente falsos» y responden a una retaliación por las decisiones que adoptó como encargada de la investigación adelantada contra W. J.

Calificó la acusación que se le hizo de absurda, porque de haber tenido el propósito de pedirle dinero a M. E. S. lo hubiera hecho en la intimidad de su hogar, cuando ésta se le presentó abusivamente para hablar con ella en los primeros días de mayo, no a través de una tercera persona.

Afirmó que nunca autorizó a la abogada N. L. para canalizar una exigencia económica a nombre suyo, y dijo dudar de que ella lo hubiese hecho por iniciativa propia. Admitió que «con la doctora N. (se ha) comunicado en varias oportunidades por teléfono», no sólo porque a través suyo suele enviarle razones a una amiga en común —S. A.—, sino también porque «a mediados del año pasado (2006) la doctora N. estaba interesada en ingresar como agente de viajes a una empresa llamada TravelOne que dirige una amiga (suya)».

De otra parte, R. G. negó haberle sugerido a M. S. que W. J. debía cambiar de defensor, e incluso, señaló que cuando aquélla la visitó en su casa de manera abusiva «la recriminó por eso, (su) primera frase fue bastante airada, advirtiéndole que le prohibía hacerle oferta de dinero».

Concluyó que le hubiese sido imposible «voltear la arepa», como según los testigos de cargo habría dicho, porque los términos para cerrar la investigación contra J. R. vencían el 5 de junio y, entonces, «sólo hubiera contado con cuatro días, que eran 30 y 31 de mayo y 1 y 2 de junio».

6.6.1.2. En versión libre ofrecida el 14 de septiembre de 2007(36), N. B. reiteró que, en condición de fiscal Seccional, le correspondió tramitar la investigación seguida contra W. J. por el homicidio de L. A. A. V. Insistió en que le impuso medida de aseguramiento que fue confirmada por la segunda instancia, que también concluyó a partir de la prueba recaudada que Luis C. A. había confesado falazmente.

Relató que se declaró impedida para seguir tramitando ese asunto porque A. L. C., cuñado suyo, asumió poder como defensor de J. R., de suerte que fue otra funcionaria quien profirió resolución de acusación en su contra.

Indicó que conoció a M. E. S. a principios de mayo de 2006, cuando acudió abusivamente a su vivienda. Dijo que la increpó fuertemente por esa conducta, advirtiéndole que le prohibía hacerle ofertas de dinero.

Adujo que nunca pidió dinero por interpuesta persona para favorecer a W. J., al punto que cuando M. E. fue a su casa la rechazó instantáneamente diciéndole que «no (le) hiciera más propuestas como sutilmente las venía haciendo».

Explicó, por último, que conoce a N. L., pero no son amigas, y que nunca la autorizó para hacer una solicitud económica a su nombre.

6.6.1.3. En audiencia pública de juzgamiento celebrada el 8 de agosto de 2012, R. G. renunció al derecho a guardar silencio y se pronunció sobre los cargos elevados en su contra.

Alegó que en la presente investigación se ha desconocido que la familia de W. J. R. «intentó por todos los medios cometer el delito de cohecho por dar u ofrecer», al punto que el entonces director seccional de fiscalías, O. O. O., tuvo conocimiento de que estaban ofreciendo dinero por su libertad y ejerció estricto control sobre la actuación.

Relató que entre el 5 y el 6 de mayo de 2006, M. E. S. y otros conocidos suyos ingresaron abusivamente a su residencia y cuando bajó para salir a trabajar la encontró adentro, porque su empleada doméstica la permitió el ingreso. En esa ocasión le dijo «si viniste a ofrecerme dinero, puedes hacer un rollito...», y explicó que si bien no le hicieron una oferta en ese momento, lo dijo porque «en los pasillos de la Fiscalía había rumores».

Afirmó que no conoce al abogado A. L. L., y negó haber sostenido una conversación telefónica con N. L. en la que ésta haya dicho “aquí tengo a los amigos de M. C.”. Indicó que sí tenía contacto telefónico con L. L., aunque «no era su amiga íntima», especialmente porque para esa época hacía parte de una agencia de viajes que le reconocía descuentos por cada persona que afiliara a la que intentó vincular a la abogada, así como a muchos otros conocidos.

6.6.2. N. E. L. L.

La abogada N. E. L. L. rindió cinco declaraciones en el transcurso de la investigación.

6.6.2.1. El 27 de septiembre de 2006(37) manifestó conocer a R. G. en condición de fiscal y dijo que su relación es «profesional, de mucho respeto, cordialidad, como tratar a otro funcionario judicial». Dijo conocer a J. M. M. B. hace años, porque «es todero...una persona que (le) colabora».

Evocó que un día acudieron a su vivienda M. B., M. E. S., «un muchacho que le dicen P.», L. C. J. S. y J. N. P. y, cuando los atendió, «manifestaron que necesitaban de (sus) servicios como abogada... porque P. (la) había recomendado como una persona seria en (su) profesión», para defender a W. J. en el proceso que se le seguía por el delito de homicidio.

Señaló que rechazó la propuesta porque su área de experticia no es el derecho penal, pero recomendó a un conocido suyo, A. L. L., residente en Cartagena, que fue fiscal por varios años y es un «excelente profesional».

Afirmó que nunca se le mencionó por parte de M. E. S. ni sus acompañantes su relación con R. G. ni se le pidió que interviniera ante ella para favorecer al imputado.

Dijo que aproximadamente una semana después de lo sucedido, M. E. regresó a su residencia junto con las mismas personas atrás mencionadas, le comentó que iban a cambiar al abogado defensor y le preguntó cuánto cobraría L. L. por representar a W. En consecuencia, llamó en ese momento al profesional del derecho para transmitirle la consulta, a lo cual respondió que «necesitaba copias del expediente para estudiar el proceso, no podía dar un valor». Por lo anterior, M. E. S., al día siguiente, le hizo llegar copia del expediente y ella, a su vez, le pidió a J. M. M. que lo remitiera a L. L. para que lo estudiara.

L. L. admitió que se comunica telefónicamente con N. B. R. «cuando por cualquier circunstancia (ha) tenido dudas sobre un proceso...de igual manera (como) con otros profesionales», pues «el grado de amistad con la doctora N. es puramente profesional».

6.6.2.2. En deposición de 7 de noviembre de 2006(38), la abogada adveró que conoce a R. G. «desde que fue Juez de Instrucción en el Municipio de Ciénaga» y que su relación con ella es «profesional, la (conoce) y la (trata) como de igual manera (tiene) relaciones con cualquier Juez o Fiscal».

Aseguró que «en ningún momento (ha) pedido ni...recibido dinero alguno para hacérselo llegar a la doctora Norma por concepto de este proceso...ni ningún otro». Relató que «hace un tiempo» se presentó en su vivienda una mujer que se identificó como esposa de W. J. R. y, según le explicó, lo hizo para pedir sus servicios profesionales como defensora, por recomendación de «P. M., amigo de (su) casa». Compareció acompañada por J. N. y “P.”.

Según dijo L. L., la mujer le contó que había intentado abordar a R. G. en su residencia, pero ésta la rechazó «de forma grosera y vulgar...que dejara de mandarle emisarios proponiéndole dinero y que con su dinero podía hacer un rollito».

Ante la solicitud de prestación de servicios, continuó, le indicó a M. E. que no podía hacerlo y le recomendaría un abogado capacitado, en concreto, a A. L. L., radicado en Cartagena, quien ejerció como Fiscal por varios años. M. E. ripostó que «lo iba a pensar».

La deponente dijo que M. S. volvió unos días después, acompañada de las mismas personas y de su hija, manifestando que había acordado con su esposo W. cambiar de defensor y le preguntó cuánto cobraría L. L. por los servicios. En razón de ello, L. L. llamó al profesional del derecho para transmitirle la inquietud, quien le contestó que no podría fijar el costo sin conocer el expediente. Más tarde ese mismo día, agregó, «no se encontraba en (su) casa (porque) había llevado a (su) hijo menor al pediatra» y, cuando retornó a su casa, encontró copia del expediente que hizo llegar a L. L. «por un puerta a puerta».

6.6.2.3. El 9 de octubre de 2007(39) L. L. rindió declaración en la que reiteró que su trato con R. G. «siempre ha sido profesional».

Narró nuevamente que «una vez» se presentó en su casa M. E. S. para pedirle que ejerciera como defensora de su esposo W. G. en un proceso que se le seguía por el delito de homicidio, porque J. M. M. la había recomendado. Dijo que ella no era especialista en esa área del derecho y que trabajaba casos de homicidio en accidentes de tránsito, pero recomendó al abogado A. L. L., radicado en Cartagena, a quien llamó «delante de la señora» porque ésta quería saber cuánto cobraría por sus servicios.

En la comunicación telefónica el abogado le manifestó que no podía tasar sus honorarios sin conocer el expediente, por lo cual M. E. se comprometió a entregarle copia del expediente y ella la haría llegar a Cartagena para estudio de L. L., lo que efectivamente hizo al día siguiente desde Barranquilla, aprovechando que tenía que desplazarse a ese municipio para llevar a su hijo a una cita médica.

Repitió que cuando M. E. fue a su vivienda lo hizo en compañía de «dos muchachos y una muchacha...amigos de ella, uno...de nombre J. N. y el otro en el pueblo se le conoce como P.», todos los cuales estuvieron presentes en la conversación.

Agregó que la misma M. E. le comentó que había visitado a R. G. en su casa y que la funcionaria la había recibido manifestándole que «si venía a ofrecerle plata o algo se lo podía...» y que «le (notó) mucha rabia contra la doctora Norma, un resentimiento porque no encontró la forma de llegarle».

6.6.2.4. L. L. rindió una cuarta declaración el 11 de mayo de 2010(40). Sostuvo que conoció a M. E. S. porque un amigo suyo, José M. B., la llevó a su casa porque estaba buscando un abogado para que defendiera a su esposo, W. J. Ese día iba acompañada no sólo por M. B., sino también por “P.” y J. N. P., a quien dijo conocer hace años porque vive cerca de ella.

Alegó que no tomó el caso porque ella sólo trabaja casos penales relacionados con homicidios en accidentes de tránsito y cobro de seguros por muertes violentas.

Dijo que sostiene contacto telefónico con R. G. y explicó:

«...sí es cierto...como lo he manifestado en varias oportunidades, relaciones jurídicas, criterios que se pueden totalmente utilizar el término de profesor...prestaba los servicios como fiscal o juez de instrucción de Ciénaga hace muchos años...pueblo pequeño...por ende se conoce, se trata a la autoridad judicial, hay empatía en el sentido que mujeres, como en el caso de la Dra. N., se hizo una cirugía plástica y compartíamos, eso, donde se la hizo el profesional que se la hizo, el Dr. B. E., la doctora me acompañó a la ciudad de Barranquilla para que el cirujano me valorara, esto llevó a varias llamadas, de igual manera teníamos una amiga en común...la Dra. S. ella me llamaba para ver si la localizaba y se comunicaba con ella...ella estaba haciendo un curso para llevar vendedoras de TravelOne, me invitó en varias oportunidades...».

Dijo que M. E. y sus demás acompañantes fueron a su vivienda una segunda vez y le preguntaron por los honorarios del abogado L. L., lo llamó por vía telefónica y éste replicó que no podía tasarlos sin tener acceso al expediente, por lo cual aquélla le hizo llegar una copia a J. M. M., quien las remitió a Cartagena por correspondencia.

6.6.2.5. Finalmente, en diligencia de juzgamiento celebrada el 19 de septiembre de 2012, N. L. L. relató que conoció a M. E. S. porque acudió a su casa en dos ocasiones para solicitar sus servicios profesionales de abogada, como defensora de su esposo W. en el proceso que se le seguía por homicidio.

Insistió en que rechazó la propuesta porque su experiencia en el litigio penal está vinculada con casos de homicidio en accidente de tránsito, por lo cual recomendó al también abogado A. L. L. Dijo que en presencia de M. E. llamó al profesional del derecho para preguntarle cuánto podría cobrar por sus servicios, a lo cual aquél replicó que no podría calcular sus honorarios sin conocer el expediente. Consecuencia de lo anterior, la esposa de J. R. le hizo llegar a la declarante una copia de la actuación y ella, a su vez, la remitió por Servientrega a L. L.

Aseguró que M. E. acudió a su vivienda acompañada por su hija, J. M. M., J. N. P., un individuo al que identifica como “pocholo” y «otro muchacho que no (sabe) quién era».

6.6.3. A. L. L.

El abogado L. L. concurrió al proceso para declarar en tres ocasiones, así:

6.6.3.1. El 13 de junio de 2007(41), A. L. L. dijo que no conoce a R. G. ni la ha visto, aunque la identifica, por su profesión de abogado litigante, como Fiscal de Santa Marta. Dijo, por el contrario, tener «buena amistad» con N. L. L.

Aseguró que no conoce a M. E. S., pero recuerda que L. L. lo llamó al celular en una ocasión porque aquélla quería saber si podía representar a su esposo en un proceso que se adelantaba en su contra por el delito de homicidio. Esa vez, dijo, le preguntó cuánto cobraría por asumir la defensa en ese caso, a lo que replicó que no tasaría sus honorarios por teléfono sin tener conocimiento del expediente, por lo cual deberían remitirle copia del mismo para estudiarlo. Acordó con N. que le haría llegar copia de la actuación una vez los interesados se la entregaran a ella.

Añadió que efectivamente recibió una copia del proceso, pero nunca se concretó su representación ni se reunió con M. E. porque hubo problemas entre esta última y L. L.

6.6.3.2. En declaración de 19 de mayo de 2010(42), L. L. explicó que entre los años 2005 y 2006 ejerció como defensor de varias personas en procesos penales surtidos ante las autoridades de Santa Marta, donde escuchó el nombre de R. G., pero no la conoció.

Reiteró en iguales términos lo manifestado en su anterior salida procesal.

6.6.3.3. Por último, el profesional del derecho concurrió a la audiencia pública de juzgamiento realizada el 20 de septiembre de 2012, en la que repitió el relato sin modificaciones. Precisó que recibió copia del expediente contentivo del proceso seguido contra W. J. R. de N. E. L.

6.6.4. O. R. O. O.

O. R. O. O., quien para la época de los hechos fungía como Director Seccional de Fiscalías de Santa Marta, declaró sobre los hechos investigados en tres oportunidades.

6.6.4.1. El 7 de marzo de 2008(43) narró que en febrero de 2006 sucedió el homicidio de A. V., investigación que correspondió por reparto a la fiscal R. G. Dijo que se enteró «por correo de las brujas que por ese negocio estaban ofreciendo dinero por la libertad de W. J.», razón por la cual abordó a la ahora acusada y le pidió un informe detallado de las actuaciones adelantadas en ese proceso. De igual manera, le hizo saber que ejercería control sobre el mismo y pidió a la procuraduría vigilancia especial.

Explicó que R. G. se declaró impedida para tramitar la investigación luego de que J. R. le otorgó poder a un cuñado de ella, tras lo cual oyó comentarios en el sentido de que «se lo iban a asignar al doctor J. P., un Fiscal de Santa Marta». Tras conocer esos rumores, acudió a la oficina de reparto y averiguó a quién le había sido repartido el asunto, con lo cual se enteró de que, efectivamente, le había correspondido al nombrado Fiscal.

Dijo que, ante la coincidencia entre los rumores y lo que sucedió con el reparto, indicativo de que «algo irregular había», le pidió a la funcionaria encargada que hiciera una nueva asignación, en razón de la cual el proceso le fue entregado a la fiscal A. C., quien finalmente profirió resolución de acusación.

Añadió que, en su criterio, N. B. «adelantó una investigación con pulcritud».

6.6.4.2. El 19 de junio de 2010(44), O. O. ofreció una segunda declaración.

Aseguró que conoció a R. G. por razón de su desempeñó como Director Seccional de Fiscalías de Santa Marta, cargo que ejerció entre diciembre 15 de 2005 y junio 2 de 2006, cuando fue trasladado en idéntica condición a la ciudad de Cúcuta.

Insistió en que la investigación por la muerte de A. V., en la que aparecía como posible responsable J. R., fue adelantada inicialmente por la aquí enjuiciada, y pocos días después de la ocurrencia de los hechos «se (le) acercó un ciudadano, (le) dice “doctor, se está comentando que el señor propietario de M. C. está ofreciendo cien millones de pesos por su libertad», por lo cual requirió a N. B. R. para que «hiciera una investigación justa e imparcial» y le hizo saber que, además de pedir vigilancia de la Procuraduría, estaría pendiente de la actuación.

Narró que W. J. designó como defensor a un cuñado de la funcionaria, por lo cual debió declararse impedida. Con posterioridad a ello, «se comentó por los corrillos que...el negocio le iba a caer al doctor Jacobo Payares», lo cual efectivamente sucedió. En consecuencia, pidió a la encargada de las asignaciones que hiciera un nuevo reparto.

Concluyó señalando que en su criterio, «N. R... profirió en derecho y adelantó una investigación sin ninguna sospecha de ninguna índole».

6.6.4.3 En una tercera declaración, fechada 25 de agosto de 2010(45), repitió su versión de lo sucedido en iguales términos.

6.7. La apreciación de los testimonios exculpatorios.

6.7.1. La valoración conjunta de las explicaciones ofrecidas por R. G., L. L., A. L. y O. O. no permite tener por acreditada la hipótesis defensiva, según la cual el único objeto de las conversaciones que sostuvieron N. L. L. y M. E. S. fue la posible contratación de aquélla como defensora de W. J. R. y la recomendación del abogado L. L. para tal fin.

En otros términos, los testimonios reseñados resultan insuficientes para descartar con certeza la credibilidad de las pruebas de cargo y colegir entonces la mendacidad de los señalamientos efectuados contra la enjuiciada.

6.7.2. Para comenzar, dígase que de acuerdo con la tesis de la Fiscalía, en la planeación y ejecución del plan criminal atribuido a R. G. habrían participado también N. E. L. L. —como emisaria de la exigencia dineraria—, A. L. L. —que sería contratado como defensor de W. J. para decirle cómo debía actuar con el objeto de lograr su libertad— e, incluso, el entonces Director Seccional de Fiscalías de Santa Marta O. R. O. O., a quien, según lo declararon L. C. J. y R. G. M., supuestamente le sería entregada una parte del dinero ilícitamente solicitado a M. E. S.

En esa comprensión, las declaraciones exculpatorias rendidas por los nombrados deben ser valoradas teniendo en cuenta que provienen de quienes tendrían interés directo en la actuación y, por lo mismo, resulta apenas natural que hubiesen negado los señalamientos efectuados contra R. G. y, por esa vía, contra ellos mismos.

A más de lo anterior, en las explicaciones ofrecidas por los referidos testigos de descargo se perciben inconsistencias, algunas más relevantes que otras pero todas vinculadas con circunstancias esenciales de los hechos investigados, que concurren a minar su credibilidad y, por lo tanto, hacen imposible valorarlas positivamente para concluir, como lo pretende el defensor, la irrealidad de las incriminaciones elevadas contra la ex fiscal.

Véase, a modo de ejemplo, que la abogada L. L. ofreció tres versiones diferentes respecto de la manera en que se habría hecho llegar la copia del expediente del proceso de W. J. al también abogado A. L. L.: mientras inicialmente dijo que fue J. M. M. quien lo remitió a través de una empresa de correspondencia (lo que repitió en la audiencia de juzgamiento), en las otras salidas procesales dijo que fue ella misma quien hizo el envío «a través de un puerta a puerta» desde el Municipio de Ciénaga, para después afirmar que lo despachó desde Barranquilla.

La obtención de una copia de la actuación por L. L. es un elemento esencial de la situación fáctica investigada, como que ello habría sido paso esencial en el plan criminal, y también es pieza nuclear de la exculpación ofrecida por L. L., por lo cual la imprecisión referida debilita su verosimilitud.

Más importantes todavía se advierten las incongruencias en que incurrieron R. G. y L. L. al intentar explicar la naturaleza de su relación y las razones por las cuales mantenían contacto telefónico frecuente:

Mientras la ex fiscal sostuvo que no es amiga de N. L. y que simplemente la conoce, esta última dio explicaciones disímiles y variables sobre el particular. Adujo primero que sostiene con N. B. una relación profesional, como con cualquier otro funcionario judicial, para después describir tratos propios de amistades cercanas, al señalar que compartían diligencias médicas de índole personal relacionadas con la cirugía plástica que se practicó la funcionaria y que no se compadecen con la «amistad puramente profesional» a la que aludió en sus primeras declaraciones.

En lo que atañe a los motivos por los que una y otra sostenían comunicación telefónica, la acusada explicó que las llamadas tenían por objeto i) enviar razones a S. A., amiga que tenían en común, e ii) invitar a L. L. a vincularse con la agencia de viajes TravelOne.

Con todo, N. E. dio explicaciones distintas. Primero dijo que era ella quien llamaba a R. G. con el objeto de formularle consultas jurídicas y después agregó que también lo hizo en varias ocasiones para conversar sobre la aludida intervención quirúrgica. Sólo en la declaración que rindió el 11 de mayo de 2010 dio cuenta del supuesto propósito que tenía la funcionaria de vincularla con la agencia de viajes TravelOne, sobre lo cual previamente había guardado silencio.

Nótese, pues, que las explicaciones ofrecidas por R. G. y N. L. de su relación resultan insatisfactorias, porque una y otra ofrecieron razones diferentes e incongruentes a las que no puede entonces otorgársele credibilidad.

Súmese a lo expuesto que en declaración de 6 de abril de 2008, S. A. R. admitió ser amiga tanto de N. B. R. como de L. L. y reconoció que «N. L... en varias ocasiones (le) dijo personalmente que llamara a la doctora N.», pero dijo que «no recuerd(a) haber recibido llamada de la doctora N. L. relacionada con la doctora N. R.»(46), con lo cual la justificación ofrecida por la ex fiscal queda desmentida.

Y es que el porqué de tales llamadas telefónicas, especialmente las registradas entre mayo 24 y mayo 26, está revestido de especial importancia para el esclarecimiento de lo sucedido, porque de acuerdo con la Fiscalía y conforme lo dijeron varios testigos de cargo, habría sido por esa vía que la funcionaria y la abogada, incluso en presencia de los familiares y allegados de W. J., supuestamente prepararon detalles de la comisión del ilícito.

6.7.3. Sin perjuicio de lo expuesto en precedencia, en los dichos de N. R., N. E. L., A. L. L. y O. R. O. se encuentran también puntos en común que sustentan explicaciones razonables y verosímiles.

Tanto L. L. como L. L. admitieron abiertamente que este último obtuvo una copia del expediente del proceso de J. R. y, con independencia de que el mismo le haya sido remitido directamente por aquélla o a través de J. M. M. (sobre lo cual no existe claridad), lo cierto es que ese hecho surge coherente con la explicación ofrecida por la abogada, en el sentido de que lo único que discutió con M. E. S. fue la posible contratación del nombrado abogado como defensor.

En efecto, si, como lo plantea la Fiscalía, la contratación de A. L. tenía como propósito exclusivo evitar la detección de la exigencia concusionaria, no se explica que se le hubiera hecho llegar copia del expediente para su estudio. Ello sería del todo innecesario, porque la intervención esperada del abogado no sería la de ejercer de manera real y material el rol de defensor, sino la de actuar de modo simplemente formal para que R. G. precluyera ilícitamente la investigación.

Desde esa óptica, que L. L. efectivamente haya recibido una copia del expediente es una circunstancia que explica de manera más satisfactoria la hipótesis según la cual M. E. S. tuvo intenciones reales de contratarlo como defensor, máxime si se advierte que J. N. P. —amigo de la familia de J. R.— ratificó esa versión de los hechos.

De igual manera, véase que L. L. dijo haber percibido en los familiares y allegados de W. J. «mucha rabia contra la doctora Norma, un resentimiento porque no encontró la forma de llegarle». Por su parte, O. R. O. no sólo dijo haberse enterado de que W. J. estaba ofreciendo dinero por su libertad, sino también que «en ese proceso a la doctora...le hicieron la vida imposible...con mucha presión de todo lado, amenazas»(47).

Los asertos precedentes encuentran asidero en otras pruebas allegadas al expediente. La acusada R. G. presentó denuncia formal contra M. A. N., C. B. y M. E. S. el 17 de mayo de 2006 —antes de la supuesta ocurrencia de los hechos—, por el delito de amenazas, según consta en la noticia criminal, porque el 15 de mayo de esa anualidad, cuando citó a W. J. para ampliar la indagatoria, aquéllos se hicieron presentes en las instalaciones de Fiscalía y adoptaron actitudes intimidatorias hacia ella(48).

Posteriormente, el 5 de octubre de 2006(49), R. G. denunció el atentado del que fue víctima el 24 de septiembre, cuando hombres armados dispararon en varias ocasiones contra su vivienda, según fue reportado en medios locales impresos(50).

Ya desde el 5 de mayo de 2006, también antes de que la acusada supuestamente comunicara la exigencia concusionaria investigada, M. E. S. había pedido ante el Fiscal General de la Nacional y el Director Seccional de Fiscalías de Santa Marta el cambio de la funcionaria, según adujo, porque estaba actuando de manera sesgada y parcializada(51).

En ese orden, lo afirmado por L. L. y O. O. en relación con la animadversión que exhibían hacia R. G. los allegados a W. J. y las presiones sufridas por aquélla en el período en el que tuvo a cargo la investigación encuentran sustento demostrativo en el expediente y, entonces, refuerza la credibilidad de las exculpaciones ofrecidas y la tesis defensiva, según la cual la presente investigación tiene génesis en el hostigamiento desplegado contra la entonces Fiscal.

Además, O. O. dijo que cuando tuvo conocimiento de que J. R. estaba prometiendo la entrega de capitales a cambio de su libertad, informó de ello a N. B. R.:

El conocimiento que la ahora acusada obtuvo de esa circunstancia explica razonablemente la actitud que adoptó cuando la esposa de W. J., en compañía de otras personas, acudió a su vivienda para hablar con ella «como persona», específicamente, en cuanto la rechazó vociferando “la plata que usted me mandó a ofrecer haga un rollito y métasela por el culo”.

Esa expresión, considerada aisladamente, podría dar a entender que antes de esa fecha M. E. S. y N. B. R. G. ya habían tenido contacto – personalmente o a través de un emisario, como podría colegirse de la locución “me mandó ofrecer” -, en desarrollo del cual se habría producido un ofrecimiento económico.

Pero el verdadero origen de tal interpelación fue precisado por la ahora enjuiciada en el juzgamiento, cuando explicó que la razón por la cual lanzó tal interpelación fue precisamente que «en los pasillos de la Fiscalía había rumores de que la familia J. R. estaba ofreciendo dineros para que mejorara la situación del procesado»(52).

La misma M. E. S. reconoció que R. G. la recibió en su vivienda con esa expresión, por ende, no cabe duda sobre la realidad de esa circunstancia, misma que enerva la credibilidad de los testimonios de cargo y refuerza el mérito suasorio de las exculpaciones ofrecidas por la enjuiciada, porque controvierte la predisposición de la funcionaria a recibir prestaciones económicas para favorecer a W. J., más aún entonces a exigirlas.

6.7.4. En suma, las declaraciones y explicaciones ofrecidas por R. G., N. L., A. L. y O. O. son ambivalentes y ambiguas, pues en algunos aspectos se ofrecen coherentes y verosímiles, y encuentran asidero en el restante acervo probatorio, pero respecto de algunas otras circunstancias exhiben incoherencias que hacen imposible tener por demostrada la teoría del caso de la defensa y, por esa misma vía, descartar la materialidad del delito y la responsabilidad de la acusada en su comisión.

6.8. La prueba indiciaria.

Son varias las pruebas indiciarias que, en criterio de los recurrentes, afianzan la credibilidad de lo dicho por los testigos de cargo y permiten dar por demostrada tanto la ocurrencia de la conducta punible como la participación de R. G. en su planeación y ejecución.

A efectos de examinar lo que sobre el particular plantean los recurrentes, la Sala partirá por esbozar algunas consideraciones en relación con los indicios como medio de prueba para después, a partir de ello, examinar los que existen en el presente asunto.

6.8.1. Los indicios en la Ley 600 de 2000.

Por ser pertinente para la decisión sobre los recursos interpuestos contra la sentencia de primera instancia, la Sala estima necesario realizar algunas consideraciones en relación con los indicios y su mérito demostrativo en el esquema procesal de la Ley 600 de 2000, que rige las diligencias.

De acuerdo con el artículo 233 de esa codificación, «son medios de prueba la inspección, la peritación, el documento, el testimonio, la confesión y el indicio». Por su parte, el canon 284 prevé que «todo indicio ha de basarse en la experiencia y supone un hecho indicador, del cual el funcionario infiere lógicamente la existencia de otro». Finalmente, el artículo 287 establece que «el funcionario apreciará los indicios en su conjunto teniendo en cuenta su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con los medios de prueba que obren en la actuación».

Sin perjuicio de ciertas posiciones doctrinales que consideran lo contrario(53), la Sala ha entendido, en consonancia con su consagración en la legislación adjetiva penal del indicio, que se trata de un verdadero medio de prueba «crítico, lógico e indirecto, estructurado por el juzgador a partir de encontrar acreditado por otros medios autorizados por la ley, un hecho (hecho indicador) del cual razonadamente, y según las reglas de la experiencia, se infiera la existencia de otro hasta ahora desconocido que interesa al objeto del proceso (hecho indicado o inferido), el cual puede recaer sobre los hechos, o sobre su agente, o sobre la manera como se realizaron, cuya importancia deviene de su conexión con otros acaecimientos fácticos que, estando debidamente demostrados y dentro de determinadas circunstancias, permite establecer, de modo más o menos probable, la realidad de lo acontecido»(54).

Los indicios pueden ser necesarios, cuando la comprobación del hecho indicador denota de manera fatal e inexorable el hecho indicado, o contingentes, en aquéllos eventos en que el hecho demostrado puede o no evidenciar la realidad del inferido, según el grado de probabilidad de su causa o efecto(55).

En esta segunda hipótesis, se distingue entre los indicios graves y leves. Los primeros se configuran cuando entre el hecho indicador y el indicado existe un nexo de determinación racional, lógico, probable e inmediato, fundado en razones serias y estables, sustentado en la común ocurrencia de las cosas(56). En contraste, el indicio será considerado leve si, por el contrario, «el nexo entre el hecho indicador y el indicado constituye apenas una de las varias posibilidades que el fenómeno ofrece»(57).

Nada impide que la sentencia de condena se soporte en prueba indiciaria(58), siempre que su valoración conjunta, integral y articulada, ceñida a los criterios previstos en el artículo 287 de la Ley 600 de 2000, arroje certeza sobre la materialidad del delito y la responsabilidad de la persona investigada.

El valor suasorio de las inferencias indiciarias, al tenor de la disposición referida, deviene de su mayor o menor gravedad y su coherencia respecto del restante acervo probatorio, pero también de su concurrencia y convergencia. Lo primero se afirma cuando se aparecen «como piezas integrantes de un todo, pues siendo éstos fragmentos o circunstancias accesorias de un único suceso histórico, deben permitir su reconstrucción como hecho natural, lógico y coherente». A su vez, se reputarán convergentes si apuntan a acreditar una única hipótesis fáctica, y no a una cantidad plural «hacia una misma conclusión y no hacía varias hipótesis de solución»(59).

6.8.2. Los indicios invocados por los recurrentes.

6.8.2.1. La inquina de la fiscal R. G. hacia W. J. R.

En criterio de los recurrentes, en el expediente está demostrado que N. B. R., en condición de fiscal encargada de la investigación contra W. J., actuó de manera arbitraria y parcializada, que «por todos los medios buscaba hacer más onerosa» su situación, lo cual en su criterio constituye un hecho indicador que permite inferir la realidad del delito, porque de ese modo habría constreñido a los familiares del procesado a entregar el dinero exigido.

De entrada, la Sala advierte que ese hecho indicador no aparece probado en la actuación y, por ende, a partir del mismo no es posible construir inferencia alguna.

Como quedó visto en precedencia, mediante resolución de marzo 17 de 2006, R. G. definió la situación jurídica de J. R., imponiéndole medida de aseguramiento de detención preventiva. Lo propio hizo respecto de L. A. C. A., a quien atribuyó la condición de cómplice del delito.

Esa decisión fue recurrida por el afectado y confirmada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Santa Marta en abril 19 de 2006, mediante providencia en la que no sólo ratificó la medida cautelar impuesta a W. G., sino que consideró que C. A. no tuvo ninguna participación en el ilícito y que cuando confesó haberlo hecho pudo incurrir en el delito de falsa autoacusación.

Se advierte, pues, que la determinación adoptada por R. G. en el sentido de privar de la libertad a J. R. no fue producto de una apreciación abiertamente equivocada de la prueba, ni de una conducta maliciosa o arbitraria encaminada a perjudicarlo, sino de la valoración que hizo de la prueba recaudada, que fue compartida y ratificada por su superior.

Consta también en el plenario que la entonces Fiscal 5º Seccional de Santa Marta, A. M. C. de R., en providencia de julio 11 de 2006, acusó a W. J. como autor del delito de homicidio agravado, y precluyó la investigación respecto de C. A.

Si el criterio de N. B. en cuanto a la probable responsabilidad de J. R. hubiese sido producto de su malquerencia y arbitrariedad, no se explicaría que el mismo hubiese sido corroborado también por la colega que asumió la investigación luego de que aquélla se declaró impedida.

Véase, por demás, que al expediente fue allegada la copia de los alegatos precalificatorios presentados por la Procuradora 163 Judicial II Penal luego de que se decretara el cierre de la instrucción en el proceso de alias “M. C.”, funcionaria que conceptuó así:

«Con respecto a W. J., debe procederse de conformidad con el artículo 397 del CPP, toda vez que a esta altura procesal, el acervo probatorio recaudado...apunta a un alto grado de responsabilidad de este último»(60).

Súmase a lo anterior que el imputado W. J. interpuso una acción de tutela contra el despacho instructor, en la que adujo la violación de sus derechos fundamentales, entre otras razones, por la determinación de procesarlo a él en vez de a C. A., a quien atribuyó la condición de «verdadero autor del homicidio le fue dictada preclusión de la investigación». Al resolver sobre el amparo, el Tribunal Superior de Santa Marta descartó la configuración de una vía de hecho en la actuación de la funcionaria y lo declaró improcedente.

Así las cosas, la corporación judicial, al examinar la conducta de R. G. y las determinaciones que adoptó respecto de J. R., no consideró que las mismas pudiesen ser reputadas como arbitrarias, ilegales o groseramente equivocadas.

Entonces, la valoración probatoria efectuada por la ahora acusada en perjuicio del entonces sindicado J. R. fue compartida por una Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Santa Marta, por esta Corporación, por la fiscal 5º Seccional y por la agente del Ministerio Público que intervino en la actuación con el expreso propósito de controlar las garantías de partes e intervinientes.

Desde esa perspectiva, la alegación de los recurrentes en el sentido de que la funcionaria ejerció sus funciones de manera ilícita y abusiva para constreñir a J. R. y a su familia, para hacer más gravosa su situación jurídica y forzarlo a ceder ante la supuesta exigencia económica, es algo que no encuentra asidero en las pruebas recaudadas.

Desde luego, la Sala no pierde de vista que W. J. fue finalmente absuelto en primera instancia por el Juzgado 1º Penal del Circuito de Santa Marta, que en sentencia de diciembre 5 de 2006 consideró:

«...sin fórmula de juicio se puso al imputado...en el lugar de los hechos, con el arma homicida y como autor material de las lesiones...sólo sobre la base de suposiciones que ni siquiera alcanzaba (sic) la entidad de un indicio, cuando ya otras pruebas no controvertidas...señalaban que no era W. J. R. el autor material de la conducta punible...sino L. A. C. A.»(61).

Agregó el despacho que la Fiscalía descartó los testimonios que favorecían a J. R. porque «los (tildó) de falsos sin mayor consideración y análisis» y, por lo tanto, resolvió ordenar la compulsación de copias de la actuación para que se investigara la conducta de los funcionarios que intervinieron en la instrucción.

Sin perjuicio de lo anterior, con independencia de que el Juzgado hubiese llegado a tal conclusión en ejercicio de su autonomía, resulta cierto e irrebatible que las actuaciones adelantadas por R. G. cuando tuvo a su cargo la investigación contra W. G. fue objeto de control o ratificación en varias oportunidades y sedes, tanto por parte del superior funcional como del Juez constitucional de tutela, la fiscal que profirió acusación y de la representante del Ministerio Público que intervino en el trámite.

En ese orden, la discrepancia de criterios exteriorizada por el Juez de primer grado no es fundamento suficiente para tener por demostrada la llamada «malquerencia» de R. G. hacia W. J., o lo que es igual, el hecho indicador con fundamento en el cual los recurrentes pretenden la construcción de la prueba indiciaria, máxime que la sentencia de primera instancia fue oportunamente apelada por el ente acusador(62), sin que en este asunto se haya demostrado su posterior confirmación o revocatoria.

Así las cosas, la supuesta animadversión de la fiscal R. G. contra W. J. no es una circunstancia fáctica que se halle demostrada y, por ende, a partir de ella no puede construirse un indicio que corrobore los señalamientos elevados contra aquélla.

6.8.2.2. La relación de amistad entre N. B. R. G. y N. E. L. L.

En criterio de los apelantes, la comprobada relación de amistad entre la acusada y la abogada L. L. permite inferir la real ocurrencia del delito investigado, porque da cuenta de la oportunidad para delinquir y sustenta el relato de los testigos de cargo respecto de la manera en que habrían sucedido los hechos.

En este punto, la Corte considera que, en efecto, las pruebas recaudadas llevan a concluir que entre R. G. y L. L. existía un vínculo de amistad más relevante de lo que quiso hacer ver la primera en sus declaraciones.

Varios medios de prueba afirman probado el referido hecho indicador, esto es, que la acusada y N. L. no tenían una relación de índole simplemente profesional, sino que entre ellas existían lazos de connotación más íntima y personal.

La propia N. E. adveró que acompañó a la incriminada a citas médicas relacionadas con una intervención de cirugía estética a la que se sometió la segunda; S. A. R. declaró que varias veces recibió recados de la fiscal a través de N. L., pidiéndole que se comunicara con aquélla y, lo que es más importante, el listado de llamadas salientes del teléfono celular que para la época de los hechos usaba R. G. —sobre lo que se volverá más adelante— demuestra que sostenían contacto telefónico con una frecuencia permisiva de colegir un trato de mayor consideración al simplemente profesional.

Ahora bien, de ese hecho indicador debidamente acreditado bien puede inferirse, como lo hacen los opugnadores, que entre la acusada y N. L. se orquestó la comisión del delito, pues la relación de amistad ciertamente pudo permitir que la segunda le informara a la primera sobre la visita que recibió de M. E. S., al tiempo que, en razón de ello, la funcionaria pudo haber solicitado a la profesional del derecho que comunicara a nombre suyo la exacción económica investigada.

No obstante, se trata de una inferencia indiciaria simplemente contingente, pero además, de carácter leve, porque las reglas de la experiencia no enseñan que las relaciones de amistad entre los funcionarios judiciales y particulares siempre o casi siempre sean utilizadas como instrumento para delinquir o abusar de la función pública.

La cercanía entre N. E. L. y N. R. fue precisamente lo que determinó a M. E. S. a intentar contactar a la primera, bien para contratarla como abogada (por recomendación de “P.” M., según la tesis defensiva), ora para lograr, a través de ella, acceder a la fiscal (conforme lo plantea la Fiscalía), pero de la existencia de ese vínculo de amistad no puede inferirse como altamente probable la real ocurrencia del delito.

Desde luego, de acuerdo con la acusación, la cercanía personal entre la funcionaria y la abogada L. L. constituía presupuesto necesario para la planeación y ejecución del ilícito, porque es en razón de ese vínculo que habrían podido convenir lo necesario para comunicar a M. E. S. la exigencia económica.

No obstante, tener por acreditada la materialidad del delito con fundamento en esa inferencia es algo que excede por mucho la real entidad de la inferencia indiciaria, porque con no poca frecuencia quienes administran justicia forjan relaciones de amistad con litigantes y profesionales del derecho – especialmente en ciudades pequeñas -, y ello responde apenas a una manifestación del intercambio social que no conduce a deducir la realidad de los cargos imputados a R. G., cuando menos en un alto grado de probabilidad.

Véase, a tal efecto, que también A. C. C., quien fungió como defensor de W. J., dijo conocer a la ahora acusada hace varios años y tener con ella «buenas relaciones profesionales»(63). En igual sentido, el también abogado O. G. G., que ejerció como apoderado de la parte civil en el proceso de homicidio, declaró que «sin ser gran amigo de ella», ha tratado a R. G. durante «muchos años» y la conoció precisamente por razón de su ejercicio profesional(64).

Claro, pues, que las relaciones, más o menos cercanas, según cada caso, entre quienes ejercen la profesión de abogado y los funcionarios judiciales no son extrañas ni censurables por sí mismas, por lo cual, se reitera, a partir de la existente entre la acusada y L. L. sólo puede desprenderse una inferencia apenas leve respecto de la materialidad del punible objeto de juzgamiento.

A no dudarlo, pues, que los recurrentes atribuyen al hecho indicador señalado una entidad demostrativa de la que carece, pues a partir de esa circunstancia no se sigue en alto grado de probabilidad la corroboración de la incriminación elevada contra N. B. R. G.

6.8.2.3. El cruce de llamadas de celular entre R. G. y N. E. L. L.

Los recurrentes invocan como hecho indicador de la ocurrencia del delito y la responsabilidad de la acusada que entre esta última y N. L. hubo un cruce de llamadas de celular permisivo de colegir la connivencia para la realización del ilícito, máxime en atención a la fecha en que se realizaron, su horario y duración.

El hecho indicador señalado se encuentra plenamente demostrado, no sólo porque ambas admitieron haber sostenido contacto por esa vía, sino también y, principalmente, porque al expediente fueron aportadas las facturas correspondientes a los meses de mayo y junio de la línea celular 3106155041, de la que para la época de los hechos era titular R. G.(65).

En esos documentos se observa que durante ese período realizó las siguientes llamadas al número 3008368388, que para entonces utilizaba N. L., según esta misma lo admitió en declaración de mayo 11 de 2010:

FechaHoraDuración
12 de mayo7:07 AM2:00
12 de mayo12:29 PM4:00
18 de mayo1:47 PM2:00
19 de mayo2:52 PM3:00
24 de mayo4:49 PM3:00
25 de mayo12:17 PM1:00
13 de junio4:05 PM4:00
14 de junio10:18 AM2:00
14 de junio5:58 PM5:00
23 de junio4:26 PM1:00

De acuerdo con lo expuesto, no cabe ninguna duda sobre la demostración del hecho indicador señalado por los recurrentes, pues ciertamente la fiscal R. G. y la abogada L. L. mantuvieron frecuente comunicación telefónica durante los meses de mayo y junio del año 2006.

No obstante, sucede que el registro de llamadas salientes de la línea celular de la acusada sólo prueba la existencia misma de las comunicaciones pero no su contenido, y por lo tanto, nada demuestra respecto de la materialidad del delito.

Como no se conoce la razón y el objeto de las llamadas, es decir, lo que allí se discutió, las inferencias por las que propugnan los recurrentes son sólo una de muchas posibles y, por ende, el leve indicio que a partir de ello puede construirse poco contribuye a demostrar la ocurrencia de la conducta punible.

Puede suceder, como lo plantean los apelantes, que en algunas de las llamadas telefónicas que la enjuiciada hizo a N. L., éstas hayan conversado sobre el caso de “M. C.”, la visita que la segunda recibió de los familiares de W. J. o que se hayan puesto de acuerdo para que la abogada hiciera la exigencia concusionaria a nombre de R. G., máxime que se observa que se realizaron llamadas los días 24 y 25 de mayo de 2006. Esa hipótesis ratificaría los señalamientos elevados contra ésta y concurriría a afianzar la credibilidad de lo dicho por M. E. S. y los demás testigos de la Fiscalía.

Pero también puede suceder que, por el contrario, las llamadas se hayan ocupado de asuntos diferentes, ajenos a los hechos aquí investigados, atinentes a cuestiones personales o de otra índole, como lo afirman tanto RAMES GÁMEZ como N. L., hipótesis que también surge plausible si se tiene en cuenta que las nombradas en realidad sostenían una relación de amistad.

Esta segunda hipótesis, por demás, encuentra sustento en la declaración de G. K. Z. C. de fecha 11 de mayo de 2010, en la que dijo trabajar para la agencia de viajes TravelOne, explicó que R. G. se vinculó con esa empresa en el año 2006 y que quiso vincular también a N. L. L., quien por invitación de la ahora acusada acudió a algunas reuniones en el primer semestre de ese mismo año(66).

Como sustento de lo anterior, la nombrada Zapata Camargo aportó una copia del carné que la acredita como «representante independiente»(67) y se obtuvo también el certificado de existencia y representación legal de esa empresa, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá(68), piezas documentales que revisten su dicho de credibilidad.

Recuérdese, pues, que tanto R. G. como L. L. manifestaron que una de las razones por las que mantuvieron contacto telefónico durante esa época fue precisamente el propósito de la primera de lograr que la segunda se relacionara con la referida agencia de viajes.

Además de lo anterior, la inferencia invocada por los recurrentes pierde probabilidad al observarse que la funcionaria y N. E. L. sostuvieron contacto telefónico repetido mucho antes de que M. E. S. acudiera a la vivienda de la segunda, y por ende, es imposible que esas llamadas tuvieran relación con el proceso seguido contra J. R.

Igualmente, se observa que aquéllas se comunicaron por esa vía varias veces después del 5 de junio de 2006, fecha en la cual R. G. pidió ser apartada del conocimiento del asunto, por lo cual tampoco puede inferirse razonablemente que el objeto de las llamadas fuese el de fraguar al plan criminal.

Así las cosas, del hecho indicador consistente en que N. B. R. y N. L. mantenían contacto a través de la telefonía celular no puede construirse un indicio sólido, serio, grave y razonable que permita inferir que el propósito de tales comunicaciones fue la planeación y ejecución del delito objeto de actual juzgamiento.

6.8.2.4. La llamada percibida por los allegados de W. J. R. en la que N. L. manifestó “aquí tengo a los amigos de M. C.”.

Dicen los opugnadores que en la actuación aparece demostrado que N. L., en presencia de los familiares y allegados de W. J., recibió una llamada al celular de R. G., en desarrollo de la cual la escucharon afirmar “aquí tengo a los amigos de M. C.”.

Ese hecho, de estar demostrado, ciertamente permitiría inferir de manera razonable y altamente probable la ocurrencia del delito, porque apuntaría a demostrar que entre la abogada y la otrora fiscal existieron conversaciones previas sobre el proceso, que esta última tenía conocimiento de que M. E. S. estaba en la vivienda de su amiga e, incluso, que se habían puesto de acuerdo para que L. L., actuando como emisaria de la funcionaria, comunicara la exigencia económica investigada.

Por lo tanto, se trataría de un indicio grave que ratificaría de manera contundente la versión de los testigos que dan cuenta de la ocurrencia del hecho.

Con todo, en criterio de la Sala, el hecho indicador no se haya suficientemente demostrado en el expediente y, por lo mismo, no puede ser utilizado para la construcción de la prueba indiciaria invocada por los recurrentes.

De dicha conversación dio cuenta, inicialmente, R. G. M., quien, en declaración de agosto 17 de 2006, relató que en la segunda visita que le hicieron a N. E. L., esta última recibió una llamada al celular y manifestó:

«...mirá ve, me está llamando N., esperen un momentito”...y estando ahí con nosotros habló y dijo “aquí tengo a los amigos del señor de M. C.”, nosotros escuchamos que la doctora N. dijo “ajá, mija, ¿ya alumbró tu yerna? Si le van a hacer cesárea cualquier cosa a la orden». 

Por su parte, M. E. S. no dijo nada sobre la ocurrencia de esa llamada telefónica en sus primeras declaraciones (obtenidas poco después de sucedidos los hechos) y sólo el 19 de septiembre de 2012 (seis años después), al atestar en la vista pública, afirmó:

«...a la segunda ocasión que me acerqué estábamos sentados en la sala, la doctora N. L. me dice “mira, ajá, me está llamando Norma”, ella, según lo que yo escuché, ella le dijo “ajá mija, cómo va lo de su yerna? Cuando vaya a tener el bebé me avisa que yo lo que necesite estoy a la orden”, eso fue lo que yo escuché». 

Finalmente, L. C. J. S., también en la audiencia pública de juzgamiento (porque nada dijo sobre el tema en su anterior salida procesal), aseveró:

«...el día que estábamos en la casa de la doctora N., la doctora recibió una llamada de la doctora Norma, porque ella lo dijo, ella dijo “ay, es N.”, y se paró y habló con la doctora N. en ese momento, y dijo “bueno, mija, así quedamos con esto”, y colgaron la llamada...». 

Se advierte, pues, que sobre el contenido de la llamada de N. R. que recibió N. L. en presencia de los familiares y allegados de W. J. existen tres versiones distintas, y sólo una de ellas refiere a que en desarrollo de la misma la abogada efectivamente haya dicho “aquí tengo a los amigos de M. C.”.

Por su parte, L. Jiménez Sánchez dio cuenta de una realidad distinta, que también podría ser constitutiva de un indicio grave en contra de la acusada, en cuanto afirmó que escuchó a la profesional del derecho decir “así quedamos con esto”, pero que contradice lo sostenido por G. M. y por su progenitora quien, por su parte, refirió que el objeto de la conversación fue estrictamente personal.

La divergencia de las narraciones hace imposible otorgarles credibilidad a los testigos para tener por demostrada la real ocurrencia del hecho indicador, máxime que, tratándose de una circunstancia tan relevante para la reconstrucción histórica de lo sucedido y la acreditación de la conducta punible, no se explica tales contradicciones, menos aún, que M. E. y su hija se hayan abstenido de revelarla en sus primeras declaraciones, recibidas pasados pocos meses desde la supuesta ocurrencia del hecho, pero sí lo hayan hecho varios años después.

Adicionalmente, J. N. P. y J. M. M. B., quienes también manifestaron haber acudido a la vivienda de L. L. junto con M. E. S., su hija y R. G. M., no dijeron nada respecto de la supuesta llamada telefónica cuando describieron los hechos investigados.

Es decir que, a partir de los testimonios ofrecidos por quienes dijeron ser allegados de la familia J. R., pueden extractarse varias hipótesis respecto de lo realmente acaecido: i) L. L. sí recibió una llamada de R. G. cuando estaba reunida por aquéllos, en desarrollo de la cual lanzó la expresión “aquí estoy con los amigos de M. C.”; ii) la abogada recibió la aludida llamada, pero lo que dijo fue “así quedamos con esto”; iii) la llamada ocurrió, pero se ocupó exclusivamente de asuntos personales relacionados con el estado de embarazo de una familiar de la acusada; iv) la llamada nunca sucedió.

Esa última hipótesis cobra fuerza al tener en cuenta que tanto M. E. S. como L. C. J. S. señalaron de manera vehemente que el segundo encuentro con N. L., en el que la habrían escuchado conversar con R. G., tuvo lugar el 26 de mayo de 2006. La segunda incluso afirmó recordar con absoluta exactitud la fecha porque «cumplía años una amiga de la familia». No obstante, el registro de llamadas de la línea celular de la acusada demuestra que en esa fecha no sostuvo comunicación telefónica con L. L., circunstancia que concurre a enervar la convicción sobre la posible realidad de la llamada telefónica.

Ahora, el Fiscal recurrente aduce que si bien las declarantes fijaron la segunda reunión sostenida con N. L. el 26 de mayo, es posible que el encuentro en realidad haya ocurrido el día anterior, fecha en la cual por el contrario sí se observa que R. G. realizó una llamada a la abogada. Ciertamente, es posible que, por razón del paso del tiempo, M. E. y L. C. hayan errado al señalar la fecha de la segunda reunión con la profesional del derecho y que ésta haya tenido lugar (a pesar de la vehemencia con que una y otra dijeron recordar la fecha de los eventos) el 25 de mayo de 2006.

Pero tampoco de esta perspectiva puede tenerse por demostrado el hecho indicador, porque el registro de llamadas salientes de la línea de la sindicada revela que llamó a N. L. en la tarde de ese día, a las 12:17 P.M., mientras que la reunión de M. E. y L. C. con la abogada habría sucedido en horas de la mañana, tal como lo declaró la segunda, con igual contundencia, el 17 de agosto de 2006(69).

En suma: las versiones de R. G. M., M. E. S. y L. C. J. S. respecto de la llamada supuestamente recibida por L. L. en su presencia son contradictorias e inconsistentes, por ende, carecen de la entidad para demostrar con certeza la realidad de dicha comunicación y su contenido.

Echada de menos la demostración del hecho indicador con fundamento en el cual los recurrentes pretenden la elaboración de la inferencia indiciaria incriminadora, entonces, no puede tenerse como fundamento demostrativo inferencial para afirmar la materialidad del delito ni la responsabilidad de R. G. en su comisión.

6.8.2.5. La reacción de R. G. al nombramiento de su cuñado A. L. C. como defensor de W. J. R.

De acuerdo con los apelantes, está probado que la enjuiciada «entró en cólera y puso punto final a una relación familiar de más de 50 años» cuando tuvo conocimiento de que A. L. C., cuñado suyo, fue designado como defensor de W. G. J. R. Dicen que dicha actitud concurre a demostrar indiciariamente la ocurrencia del hecho investigado, porque la razón de tal reacción es que se vería compelida a manifestar el impedimento por razón del parentesco que la unía con el abogado, lo cual a su vez frustraría el plan delictivo de obtener la utilidad económica exigida a M. E. S.

Pues bien, ciertamente R. G. reconoció, tanto en indagatoria recibida el 23 de febrero de 2007 como en versión libre de 14 de septiembre de la misma anualidad, que al percatarse de que Jiménez López asumió como defensor de W. J. se sintió profundamente molesta, incluso, que dicha conducta le «repugnaba».

Admitió que al manifestar el impedimento ordenó la compulsación de copias con destino a la autoridad disciplinaria en contra del abogado para que se le investigara «porque a sabiendas de que esta funcionaria es la titular del despacho...recibió poder, violando así el decreto 196 de 1971, artículo 47, numeral 1º, y el artículo 56 numeral 2º del mismo decreto por Falta de Lealtad Profesional, pues aceptó la gestión profesional a sabiendas de que le fue encomendada a otro abogado...sin que medie renuncia o autorización del colega reemplazado»(70).

Para corroborar el estado de «cólera» que se le atribuye a la sindicada, se cuenta también con la carta que le remitió a su hermana (esposa de L. C.), en la que le recrimina que «el H.P. cachaco degenerado de (su) marido presentó el poder»(71), porque entendió que lo hizo para lograr su apartamiento de la investigación.

Con todo, la actitud asumida por la funcionaria con ocasión de haberse visto compelida a manifestarse impedida (hecho indicador cuya demostración no se discute), constituye un indicio levísimo de la materialidad del delito investigado. La relación entre dicho comportamiento y la supuesta exigencia concusionaria es remota y poco probable, constituye apenas una de varias posibilidades, una de las cuales encuentra mayor sustento probatorio en la presente actuación:

En el expediente existen varios elementos de juicio que permiten inferir, como lo dijo la propia R. G. al explicar el porqué de su conducta, que la molestia que le produjo la intervención de L. C. no estuvo determinada por el truncamiento de un supuesto plan criminal, sino por la existencia de rencillas y reyertas familiares con aquél, suscitadas tiempo atrás de la ocurrencia de los hechos aquí investigados.

Varias piezas documentales demuestran que R. G. y A. L. C. han sostenido un prolongado conflicto que ha involucrado a otros miembros del núcleo familiar y trascendido al ámbito judicial, al punto que una y otro se han visto envueltos en varios pleitos de índole penal y disciplinario.

En desarrollo de tales pendencias, como se sigue del expediente, se han denunciado mutuamente y cruzado escritos contentivos de afrentas de naturaleza personal, que explican la agresiva reacción de la ahora acusada a la participación de L. C. en la investigación que se le seguía a J. R.

Así, está probado que R. G. presentó denuncia contra su cuñado L. C. por los delitos de injuria y calumnia, con ocasión de afirmaciones realizadas por aquél en el sentido de que «ella había recibido doscientos millones de pesos para arreglar un negocio que cursaba en la Fiscalía...donde eran sindicados W. J. R. y L. C. A.»(72).

En varios memoriales elevados por el defensor de la procesada, que es hermano suyo, se hacen afirmaciones circunscritas a ataques estrictamente subjetivos, como que «A. L. C. acostumbra valerse de abogados calanchines para que le firmen sus escritos...para prefabricar pruebas o para denunciar jueces y fiscales»(73), e incluso se le atribuye al nombrado profesional del derecho la autoría del escrito anónimo que dio origen a la presente investigación(74).

De igual manera, G. A. G. R., hijo de la acusada R. G., elaboró un escrito que dio a conocer en el medio judicial de Santa Marta en el que atribuyó a L. C., sin mencionar su nombre pero mediante expresiones permisivas de colegirlo, la categoría de “personaje funesto” y “saltimbanqui” por «recibir poder por parte de un sindicado a sabiendas que cuando esto suceda el Fiscal que lleva la investigación se debe declarar impedido»(75).

En uno de los múltiples memoriales y escritos aportados al expediente que se ocupan de ventilar ante la administración de justicia asuntos puramente familiares, la acusada se ocupa de explicar que L. C. «no gozaba de mucho afecto en (su) hogar, donde se sentía un paria», de suerte que «por no encontrar más apoyo en su familia...por carecer del amor paterno, (su) madre fue quien lo ayudó para que terminara su estudio»(76); alegaciones presentadas como réplica a otras igualmente impertinentes allegadas por L. C. respecto de los orígenes profesionales y académicos de la sumariada.

En ese contexto, se sabe que A. L. C. «presentó queja (disciplinaria) en contra de la doctora N. B. R. G. ante el Director Seccional de Fiscalía...por cuanto...al parecer protagonizó un escándalo en el despacho de la juez administrativa, doctora V. L. R.»(77), misma que fue objeto de decisión inhibitoria el 12 de julio de 2007(78).

Los problemas familiares controvertidos ante la administración de justicia trascendieron, ya se dijo, a otros miembros de la familia, de suerte que fue aportado el escrito dirigido a L. C. por G. G. R., hijo de la enjuiciada, en el que pide perdón por las situaciones reseñadas en precedencia(79). Además, en memorial suscrito por un hermano de R. G., aquél asevera que «se ha visto envuelto en este bochornoso fratricida porque el señor A. L. C. y sus hermanas Mercedes y Norma lo han involucrado»(80).

Desde los albores de la investigación promovida contra W. J., R. G. afirmó que su cuñado Alfonso López estuvo litigando «tras bambalinas», y lo señaló de ser el verdadero autor de los memoriales supuestamente signados por A. C. C., quien fungía como defensor del indiciado(81). Incluso, le atribuyó haber sido la persona que puso en su contra a los familiares de W. J., al hacerles creer que «no respetaba la investigación integral» y que actuó de manera arbitraria(82).

Y es que, contrario a lo aducido por los recurrentes, R. G. no manifestó el impedimento oficiosamente al percatarse de la designación de L. C. como apoderado suplente, sino que fue recusada directamente por quien aparecía en el poder como defensor principal, A. J. M. R., tal como este último lo admitió en la vista pública(83), lo cual pudo ratificar el criterio de la funcionaria en el sentido de que dicho nombramiento se hizo con el exclusivo propósito de entorpecer su labor.

Véase, entonces, que a partir de las pruebas que obran en el expediente la inferencia más probable y razonable es que la molestia que le produjo a la acusada la nominación de su cuñado como defensor tiene origen en las múltiples confrontaciones personales y judiciales que la precedieron.

Ahora bien, el Fiscal apelante agregó, para fortalecer el análisis inferencial aducido, que la propia R. G. reconoció que en otras investigaciones a su cargo se vio obligada a declararse impedida por igual razón, sin que en tales casos hubiese exhibido un estado anímico semejante, lo que demostraría que su estado de cólera estuvo determinado exclusivamente por la expectativa económica que tenía en la investigación de W. J.

Con todo, dicha aseveración contradice el acervo probatorio.

Al revés de lo alegado por el representante del ente del ente acusador, N. B. declaró que previamente a ese caso, «ninguno de (sus) familiares, que la mayoría son abogados, ni siquiera el señor A. L. C...intentó introducir un poder en (su) despacho». Acorde con lo anterior, L. C., en declaración de septiembre 19 de 2007, al preguntársele si había ejercido como abogado en algún proceso que estuviera a cargo de R. G., refirió exclusivamente al asunto de W. J.(84).

Así las cosas, la afirmación del Fiscal impugnante en el sentido de que la propia acusada reconoció haberse declarado impedida en otras ocasiones por razón de la intervención de su cuñado como abogado no consulta la realidad probatoria.

En síntesis, pues, la reacción exteriorizada por la procesada por virtud de la designación de L. C. y su consecuente impedimento es un hecho indicador que, aunque aparece demostrado en las diligencias, no permite construir una inferencia indiciaria razonable que apunte a acreditar de manera probable la real ocurrencia de los hechos investigados.

6.8.2.6. La exigida contratación de un abogado radicado en una ciudad distinta de Santa Marta.

En criterio de los apelantes, específicamente de la agente del Ministerio Público, es un hecho demostrado que la acusada, a través de N. L., quiso compeler a M. E. S. a contratar a un abogado de la ciudad de Cartagena como defensor de su esposo W. J., de lo cual «surge naturalmente bajo el empleo de las reglas de la experiencia que la exigencia...no tenía otro fin distinto de mantener en absoluta reserva la comunicación, el plan estratégico defensivo, el cobro dinerario».

Pues bien, lo que se propone como un hecho indicador capaz de suscitar la inferencia indiciaria referida es, en realidad, una circunstancia fáctica que de acuerdo con la tesis de la Fiscalía sería parte esencial del plan delictivo puesto en marcha por R. G. y L. L., con el propósito de que se designara a un defensor de confianza de la primera al cual pudiera dar indicaciones de «por dónde tenía que meterse» para proferir resolución de preclusión en beneficio de W. J.

Que L. L. fue contactado por L. L. para que ejerciera como representante de J. R. es algo que no se discute, porque ambos lo reconocieron y el primero incluso admitió que recibió una copia del expediente para su estudio.

Pero, contrario a lo que aduce el Ministerio Público, lo que no está probado es que ello se haya hecho en desarrollo del plan delictivo investigado, y no por razón de la simple recomendación efectuada por N. L. a los familiares del imputado de manera desinteresada.

Si lo realmente ocurrido hubiese sido lo primero, esto es, que L. L. fue contactado para que interviniera en ejecución del delito investigado, no se explicaría que se le hubiese hecho entrega del diligenciamiento, porque la intervención pasiva que de él se requería no exigía un ejercicio real y verdadero de la defensa material, y menos aún, que el expediente se le haya entregado antes de que M. E. S. aceptara pagar los $ 60.000.000 que supuestamente le fueron exigidos por concepto de “honorarios”.

En efecto, tanto la denunciante como su hija L. C. y R. G. M. —testigos en los que se fundamenta principalmente el pedido de condena—, dijeron de manera conteste e inequívoca que rechazaron la supuesta exacción comunicada por N. L. y que al escucharla se retiraron de su vivienda.

En ese entendido, si las víctimas no accedieron a las ilícitas pretensiones y, por lo mismo, no entregaron cantidad de dinero alguna ni prometieron hacerlo en el futuro, no se entiende que se le haya hecho entrega del expediente a L. L. por la sencilla razón de que, ante la negativa de satisfacer la exigencia concusionaria de R. G., sus servicios no serían requeridos.

Entonces, las pruebas obtenidas no permiten concluir con certeza que la razón por la cual A. L. L. fue contactado por L. L. haya sido la de facilitar la consumación de la conducta punible y no, como lo plantea la defensa, la de contratar la prestación de los servicios profesionales como defensor de W. J.

6.8.2.7. La conducta desplegada por la acusada R. G. en la investigación que tramitó contra E. del V. R.

La representante del Ministerio Público plantea como último indicio supuestamente indicativo de la materialidad del delito que R. G. tuvo a su cargo el proceso radicado 67786, adelantado contra E. del V. R., a quien afectó con medida de aseguramiento para después decretar la preclusión de la investigación. Ese antecedente, dice, revela que «el haber proferido medida de aseguramiento dentro de la investigación (contra W. J. R.) no constituía una camisa de fuerza para proferir una posterior preclusión», tal como sucedió en el caso de E. del V.

En ese diligenciamiento, la funcionaria le impuso al indiciado medida de aseguramiento, luego de considerar que la prueba recaudada permitía colegir su posible participación como determinador de la conducta punible investigada(85).

Pues bien, en el expediente está probado que, en efecto, a R. G., en condición de fiscal 33 Seccional de Santa Marta, le correspondió adelantar las pesquisas seguidas en contra de E. del V. R. por el delito de homicidio, por hechos ocurridos el 3 de junio de 2006. En contra de esa determinación, la parte afectada ejerció el control de legalidad, que le correspondió adelantar al Juzgado 2º Penal del Circuito de Santa Marta, mismo que en decisión de octubre 17 de 2006 resolvió mantener la afectación del derecho fundamental(86).

A pesar de ello, en resolución de octubre 17 de 2006, la ahora enjuiciada resolvió precluir la investigación en contra del nombrado, porque «posteriormente se recibieron otras declaraciones que insistieron en la falta del indicio de presencia de E. D. V. en las inmediaciones del lugar de los hechos»(87).

De ese hecho, sin embargo, no puede elaborarse el indicio señalado por la recurrente, que se sustenta más en un argumento especulativo que en un verdadero ejercicio de inferencia indiciaria razonable y probable.

No existe evidencia que demuestre que la conducta desplegada por la funcionaria en esa actuación haya estado rodeada por irregularidades o posibles conductas delictivas, que la imposición de la medida de aseguramiento haya sido arbitraria o caprichosa o que la posterior preclusión hubiese sido determinada por un pago o un acto ilícito similar.

Lo que se evidencia, por el contrario, es que con posterioridad a la imposición de la medida de aseguramiento contra E. d. V. «se recibieron otras declaraciones» que enervaron los fundamentos probatorios que dieron lugar a la vinculación del nombrado con la comisión de la conducta punible.

Que las particularidades probatorias de esas diligencias hayan suscitado el cambio de criterio de la fiscal no es una situación de hecho permisiva de colegir la realidad de las imputaciones elevadas en este asunto contra R. G., porque de admitirse lo contrario, se llegaría al absurdo de afirmar que los funcionarios instructores no pueden modificar su apreciación de la prueba en las distintas etapas de la investigación, ni enmendar los errores en que pueden incurrir al valorar los medios de conocimiento a medida que avanzan las pesquisas, sino que deben persistir tozudamente en sus discernimientos aun en contra de lo que enseñen los elementos de juicio.

En conclusión, la inferencia indiciaria por la que propugna la recurrente no se sustenta en las reglas de la experiencia ni en un análisis razonable de probabilidad, sino en una consideración subjetiva desprovista de asidero probatorio y argumentativo que, por lo tanto, carece de la entidad demostrativa que aquélla le atribuye.

6.8.3 Conclusión respecto de los indicios.

Como quedó esbozado precedentemente, la mayoría de los indicios que los recurrentes invocan como prueba del delito investigado y que, según ellos, sirven para ratificar la credibilidad de los señalamientos efectuados por M. E. S. y los demás testigos de cargo, se sustentan en buena medida en hechos indicadores que no están demostrados con certeza en la actuación o que responden a inferencias irrazonables, improbables o contrarias a las reglas de la experiencia.

Los indicios que sí pueden elaborarse adecuadamente (la amistad de L. L. y R. G., el contacto telefónico entre ellas y la reacción asumida por esta al declararse impedida) son apenas leves, no son concurrentes y no convergen de manera unívoca a acreditar la materialidad del delito, de ellos puede derivarse una cantidad plural de hipótesis fácticas diversas.

La prueba indiciaria que obra en el expediente, entonces, resulta insuficiente para superar la duda que arroja el dicho de los testigos invocados por la Fiscalía como fundamento del pedido de condena. Dicho en otros términos, valorada la prueba testimonial de manera conjunta con la indiciaria, no es posible encontrar con certeza la verdadera ocurrencia de la conducta punible atribuida a R. G.

6.9 Sobre las condiciones personales de M. E. S. como criterio de valoración de su testimonio.

En criterio del apoderado de la parte civil, el tribunal erró al no otorgar plena credibilidad a lo atestado por M. E. S., pues se trata de una persona que «goza de mucho respeto y seriedad» y, por lo tanto, sus declaraciones debieron ser valoradas positivamente.

De acuerdo con el artículo 277 de la Ley 600 de 2000, son criterios de valoración de la prueba testimonial «los principios de la sana crítica...la naturaleza del objeto percibido, el estado de sanidad del sentido o los sentidos...las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió...la personalidad del declarante...la forma como hubiere declarado y las singularidades que puedan observarse en el testimonio».

En ese entendido, la legislación procesal penal expresamente señala que en la apreciación de la prueba testimonial debe considerarse como factor relevante para atribuirle mérito probatorio, o restárselo, la «personalidad» de quien declara.

Con todo, dicho criterio de valoración probatoria, como lo ha sostenido repetidamente la Sala, no puede tomarse de manera desprevenida y prejuiciosa para sostener que toda declaración proveniente de un individuo con condiciones personales que pueden reputarse negativas o censurables (condenas previas, pertenencia a grupos delincuenciales, u otras similares) es necesariamente mendaz(88), ni para afirmar, en contrario, que toda deposición ofrecida por quienes gozan de cierto ascendiente social es fatalmente verídica y debe ser creída por el juzgador(89).

En el presente asunto, el impugnador no realizó ningún esfuerzo argumentativo para demostrar la manera en que la respetabilidad y seriedad de M. E. S. repercute favorablemente en la apreciación de sus declaraciones, tampoco se esforzó por acreditar tales cualidades de la nombrada ni explicó por qué, a partir de esas puntuales condiciones personales, debe privilegiarse su dicho sobre el de aquéllos testigos que negaron la ocurrencia del delito, cuya seriedad y respetabilidad no ha sido controvertida en la actuación.

Así las cosas, con independencia de las virtudes que al recurrente atribuye a M. E. S., lo cierto es que su declaración, al ser apreciada de manera conjunta con la totalidad del acervo probatorio, no permite tener por demostrada la verdadera ocurrencia del ilícito, aunque tampoco descartarla, según quedó explicado en precedencia.

6.10 En relación con los posibles móviles para mentir de los testigos de cargo.

Finalmente, aduce el apoderado judicial de la parte civil que debe creerse lo dicho por M. E. S., L. C. J. y R. G. M. porque no tienen motivo para faltar a la verdad.

En ese sentido, basta señalar que en el presente asunto los testimonios de los nombrados resultan insuficientes para tener por acreditada la materialidad del delito, no porque se advierta en ellos el propósito de mentir, sino porque la apreciación conjunta e integral de las pruebas recaudadas arroja duda sobre la realidad de esa circunstancia.

No se advierte que el tribunal haya resuelto absolver a la acusada porque los testimonios incriminatorios hayan provenido de personas interesadas en declarar falazmente, sino porque la valoración global del acervo probatorio impide dar por demostrada en el grado de certeza la conducta punible, de suerte que el argumento no está dirigido a derruir los pilares probatorios del fallo atacado ni puede suscitar su revocatoria.

7. Conclusión.

En síntesis, a partir de las pruebas recaudadas, no es posible tener por satisfechos los requisitos exigidos por el artículo 232 de la Ley 600 de 2000 para proferir condena, porque se echa de menos la demostración cierta sobre la materialidad del reato.

Las exculpaciones ofrecidas por R. G. y los testigos de descargo tampoco ofrecen convicción sobre lo contrario, como para concluir que la conducta punible investigada nunca existió.

Aunque no cabe duda, porque así lo demuestran todos los testimonios recaudados, de que M. E. S. y otras personas allegadas a W. J. se reunieron con N. L. L. en una o más ocasiones para discutir el proceso seguido contra el nombrado, las pruebas recaudadas resultan insuficientes para afirmar con certeza si en desarrollo de tales encuentros la abogada comunicó la exigencia económica elevada por R. G., o si, por el contrario, las conversaciones se limitaron a la posible contratación de la profesional del derecho y de A. L. L. como defensor del imputado.

Lo que se observa, pues, es que existe duda sobre la comisión del delito, por lo cual, en razón del principio in dubio pro reo, se impone la confirmación de la sentencia de primer grado.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR integralmente, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia, la sentencia de septiembre 7 de 2012, por medio de la cual el Tribunal Superior de Santa Marta absolvió a N. B. R. G. de los cargos que imputados como autora del delito de concusión.

2. Contra este fallo no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Gustavo Enrique Malo Fernández—José Luis Barceló Camacho—José Leonidas Bustos Martínez—Fernando Alberto Castro Caballero—Eugenio Fernández Carlier—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria»

1 Cfr. CSJ AP, 15 oct. 2014, Rad. 43.259.

2 Cfr. CSJ SP, 26 ago. 2015, Rad. 45.927.

3 Cfr. CSJ AP, 29 mar. 2012, Rad. 38.287.

4 CSJ SP, 30 abr. 2013, Rad. 37.785.

5 Fls. 145 y siguientes, cdno. de la causa.

6 Entre muchas otras, CSJ SP, 21 jul. 2004, Rad. 17709. Reiterada en CSJ SP, 19 ago. 2015, Rad. 45.735.

7 Fls. 145 y siguientes, cdno. de la causa.

8 Cfr. CSJ SP, 14 ago. 2013, Rad. 38613. Igualmente, CSJ SP, 11 ago. 2015, Rad. 46.102.

9 CSJ AP, 9 jul. 2014, Rad. 43.835.

10 Ibídem.

11 CSJ SP, 13 ago. 2013, Rad. 38.438.

12 CSJ SP, 27 oct. 2014, Rad. 34.282.

13 CSJ SP, 22 sep. 2004, Rad. 21.961.

14 Fl. 215, cdno. 9.

15 Fl. 231, cdno. 9.

16 Fl. 16, cdno. de segunda instancia.

17 Récord 15:00 y siguientes.

18 Fls. 189 y siguientes, cdno. 2.

19 Fls. 202 y siguientes, cdno. 2.

20 Fl. 171, c. 6.

21 Récord 10:30 y siguientes, sesión de agosto 8 de 2012.

22 Fls. 83 y siguientes, cdno. 4.

23 Fls. 40 y siguientes, cdno. 3.

24 Fls. 188 y siguientes, cdno. 4.

25 Fls. 205 y siguientes, cdno. 4.

26 Fls. 112 y siguientes, cdno. 2.

27 Fls. 94 y siguientes, cdno. 7.

28 Fl. 38, cdno. 3.

29 Fls. 92 y siguientes, cdno. 2.

30 Fls. 90 y siguientes, cdno. 2.

31 Fls. 36 y siguientes, cdno. 3.

32 Entre muchas otras, CSJ AP, 9 sep. 2015, Rad. 41.666.

33 CSJ SP, 16 dic. 2015, Rad. 41.587.

34 Fl. 191, cdno. 4.

35 Fls. 205 y siguientes, cdno. 1.

36 Fls. 164 y siguientes, cdno. 2.

37 Fls. 216 y siguientes, cdno. 1.

38 Fls. 266 y siguientes, cdno. 3.

39 Fls. 202 y siguientes, cdno. 3.

40 Fls. 11 y siguientes, cdno. 9.

41 Fls. 82 y siguientes, cdno. 2.

42 Fls. 27 y siguientes, cdno. 9.

43 Fls. 8 y siguientes, cuaderno 6.

44 Fls. 42 y siguientes, cdno. 7.

45 Fls. 137 y siguientes, cdno. 9.

46 Fl. 288, cdno. 7.

47 Fl. 45, cdno. 7.

48 Fls. 118 y siguientes, cdno. 2.

49 Fls. 137 y siguientes, cdno. 1.

50 Fl. 240, cdno. 2.

51 Fls. 51 y siguientes, cdno. 7.

52 Récord 52:00, sesión de 8 de agosto de 2012.

53 Por ejemplo, FLORIAN, Eugenio. De las pruebas penales. Ed. Temis. Bogotá, 1968. Tomo I.

54 CSJ SP, 26 oct. 2000, Rad. 15.610.

55 Cfr. CSJ SP, 13 feb. 2013, Rad. 28.465.

56 Cfr. CSJ SP, 19 mar. 2014, Rad. 38.793.

57 Ibídem.

58 Cfr. CSJ SP, 28 ago. 2013, Rad. 39.841.

59 CSJ SP, 13 feb. 2013, Rad. 28.465. En igual sentido, CSJ SP, 29 feb. 2012, Rad. 38.050.

60 Fl. 130, cdno. 4.

61 Fl. 70, cdno. 3.

62 Fl. 154, cdno. 4.

63 Fl. 180, cdno. 3.

64 Fl. 152, cdno. 6.

65 Fls. 142 y siguientes, cdno. 7.

66 Fls. 1 y siguientes, cdno. 9.

67 Fl. 5, cdno. 9.

68 Fls. 160 y siguientes, cdno. 9.

69 Fl. 95, cdno. 7.

70 Fl. 124, cdno. 4.

71 Fls. 238 y 239, cdno. 2.

72 Fl. 101, cdno. 2; fs. 154 y siguientes, cdno. 5.

73 Fl. 100, cdno. 3.

74 Fls. 62 y siguientes, cdno. 1; fs. 230 y siguientes, cdno. 1.

75 Fl. 17, cdno. 1.

76 Fl. 231, cdno. 1.

77 Fls. 22 y siguientes, cdno. 3

78 Fls. 72 y siguientes, cdno. 2.

79 Fls. 24 y siguientes, cdno. 3.

80 Fl. 135, cdno. 3.

81 Fl. 183, cdno. 3.

82 Fls. 237 y siguientes, cdno. 2.

83 Récord 10:30 y siguientes, sesión de 8 de agosto de 2012.

84 Fl. 10, cdno. 3.

85 Fl. 19, cdno. 2.

86 Fls. 29 y siguientes, cdno. 2.

87 Ibídem.

88 Entre muchas otras, Cfr. CSJ SP, 13 feb. 2013, Rad. 28.465. CSJ AP, 23 mayo 2012, Rad. 37.434.

89 Cfr. CSJ 7 mayo 2014, Rad. 35.346.