Sentencia SP341-2018/49406 de febrero 21 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP341-2018

Rad.: 49406

Magistrado Ponente:

Dr. Eyder Patiño Cabrera

Acta 54

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D. C., veintiuno de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «La demanda

Tras identificar a las partes e intervinientes y la sentencia impugnada, el censor indica que procura la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes y la reparación de los agravios a ellos inferidos, propósitos que, una vez sustenta doctrinal y jurisprudencialmente, concreta cuando acusa al tribunal de vulnerar el principio de no reformatio in pejus, lo cual habría sucedido al “adicionar” motu propio (sic) la sentencia proferida en primer grado, en el sentido de “complementar” las razones por las cuales no se excluía del subrogado penal de la suspensión condicional de la pena la “privación del derecho de conducir vehículos automotores y motocicletas”(14), lo cual generó una “reforma peyorativa de naturaleza cualitativa”(15).

Al respecto, explica que la defensa fue apelante único y, precisamente, el argumento toral de la alzada consistió en la falta de motivación acerca del mencionado aspecto. Entonces, cuando el ad quem agregó unas reflexiones que no estaban en el fallo de primer nivel, vulneró el principio de no reforma en peor ya que “se sorprende con una argumentación novedosa que la defensa no tuvo oportunidad de rebatir”(16).

A continuación, reproduce los hechos, como fueron concebidos por el a quo, sintetiza la actuación procesal y se refiere a la legitimación que le asiste para recurrir, dado el perjuicio causado a su representado, tras lo cual postula un cargo al amparo de la causal primera, una vez decanta que si bien la infracción del aludido postulado puede denunciarse a través de la causal segunda –porque se trata de la lesión de una garantía constitucional–, en este caso, no es necesaria la declaración de nulidad sino la emisión de fallo de reemplazo que conceda el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de privación del derecho de conducir vehículos automotores y motocicletas.

De este modo, acusa la sentencia impugnada de la violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación de los artículos 31 de la Constitución Política y 20 del Código Penal, que consagran el axioma de non reformatio in pejus.

Discurre, en extenso, sobre el aludido principio, para lo cual reproduce las normas recién enunciadas y el artículo 188 de la Ley 906 de 2004, así como jurisprudencia de la Sala (CSJ SP, 28 feb. 2007, Rad. 26087; CSJ SP4886-2016, Rad. 45223) y destaca que la prohibición de reforma en peor tiene una estrecha relación con el apotegma de la doble instancia, pues el superior no puede hacer más gravosa la situación del apelante único. Igual condición predica del principio de limitación.

De esta manera, citando a la Corte (CSJ SP, 28 feb. 2007, Rad. 26.087), el demandante resalta que “la introducción de una temática nueva por parte del funcionario judicial que desata la apelación, respecto de la cual el recurrente no ha tenido oportunidad de ejercer el derecho de contradicción”(17) contrae la vulneración de dicho axioma y que la reforma peyorativa se configura “no sólo al agravar la situación del procesado, sino cuando se le sorprende con argumentos ajenos a lo debatido”(18) (CSJ SP, 21 abr. 2010, Rad. 33.418).

Enseguida, en desarrollo de la censura, luego de aclarar que no discutirá lo relativo a la declaración de responsabilidad de su asistido, recuerda que el juez de primer nivel le concedió al procesado la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión, más no hizo lo mismo con la multa, la privación del derecho de conducir vehículos automotores y motocicletas y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

Igualmente, destaca que entre los ejes temáticos de la apelación estuvo el concerniente a la falta de motivación de la decisión de ejecutar la privación del derecho de conducir vehículos automotores y motocicletas, oportunidad en la que cuestionó la inexistencia de señalamiento expreso de las razones que permitieran adoptar esa decisión, máxime cuando, durante la audiencia de individualización de pena y sentencia, la Fiscalía y la representante de víctimas solicitaron la concesión de los subrogados que fueran procedentes.

En la alzada, resalta, también argumentó, acorde con jurisprudencia de la Sala (CSJ AP, 9 may. 2011 Rad. 36350) que si bien el artículo 63 de la Ley 599 de 2000 permite colegir “sin una interpretación integral, que el instituto de la condena de ejecución condicional alude únicamente a la pena de prisión, no así a las demás”(19), pues de su inciso 5º se desprende que:

(i) Salvo determinación en contrario por parte del juez, la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión suspende también las sanciones no privativas de la libertad.

(ii) Si el juez considera que tal suspensión no debe cobijar las penas diversas a la de prisión, así deberá señalarlo de forma expresa y motivada, caso en el cual, pese a operar el subrogado con relación a la pena privativa de la libertad, se ejecutará de manera incondicional el cumplimiento de las sanciones de naturaleza diversa a la mencionada”(20).

El tribunal, por su parte, para responder al disenso apeló al principio de unidad inescindible, argumentando para el efecto que “las razones del ad quem, se integran a las del a quo”(21), de tal manera que puede complementar las razones de su inferior, postura que le sirvió para exponer los motivos por los que estima admisible no suspender la ejecución de la pena en comento. Concretamente, entre otras cosas, y, apelando al principio de prevención especial, dijo que se torna urgente que el sentenciado se aparte del oficio de conducción de vehículos automotores, toda vez que “no obstante ejercer una profesión altamente riesgosa, que es garante de la vida de un sinnúmero de ciudadanos, pues conduce un móvil de servicios público, incurre en una conducta asaz irrespetuosa de normas elementales: no llevar la puerta de egreso trasera, debidamente cerrada como era su cabal obligación”(22).

Para el censor, que el tribunal hubiera colmado el vacío dejado por el juez singular, siendo la defensa apelante único, contrae la violación del principio de no reforma en peor, ya que “trae una temática no abordada por la primera instancia, que fue utilizada por la defensa con el propósito de mejorar la situación de J... A... A... P..., pero que la segunda instancia “llena” con el propósito de hacer más gravosa la situación del procesado”(23).

Como el a quo no explicó por qué se debía cumplir la privación del derecho de conducir vehículos automotores y motocicletas, tal decisión es “jurídicamente inejecutable además de ilegítima”(24), deficiencia que no podía suplir el Tribunal complementando los fundamentos, sin desmejorar su condición de apelante único, en la medida que, de esa manera, la defensa no tenía la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción. Lo que debió hacer la colegiatura, entonces, fue reconocer la ausencia de motivación frente al punto señalado y excluirla de la limitación impuesta al subrogado.

Solicita casar parcialmente la sentencia impugnada y disponer que el acusado tenga derecho al subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de privación del derecho de conducir vehículos automotores y motocicletas.

(…).

Consideraciones

En esta oportunidad, a la Corte le corresponde dilucidar si se vulneraron los principios de motivación, limitación y no reformatio in pejus al expresar el tribunal, en el fallo de segunda instancia, las razones –que, en principio, habrían sido omitidas por el juez de primera instancia– para negar al procesado el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de privación del derecho de conducir vehículos automotores y motocicletas, previa alegación de la defensa, como apelante único, sobre la ausencia absoluta de fundamentación del fallo frente a ese particular aspecto.

Para el efecto, la Sala se ocupará de analizar el alcance de las aludidas garantías procesales de cara a la situación particular denunciada por el casacionista.

1. Sobre los principios de motivación, limitación y no reformatio in pejus y su intrínseca relación.

1.1. Acerca del primero de los postulados enunciados, resulta de cardinal importancia recordar que el deber de motivar las decisiones judiciales y, particularmente, la sentencia –previsto en el artículo 55 de la Ley 270 de 1996 y contemplado antes en el canon 163 de la Constitución Política de 1886–, constituye una garantía fundamental inherente al debido proceso, la cual ha sido concebida a favor de las partes e intervinientes, con el propósito de que conozcan los supuestos de hecho, los fundamentos probatorios y los razonamientos jurídicos derivados de su análisis, a fin de que aquellos puedan ejercer adecuadamente el postulado de contradicción, en tanto componente del derecho a la defensa.

Como la obligación de justificar lo decidido no se inscribe únicamente en el marco general de los derechos sino en el ámbito de las garantías judiciales, dicho postulado no admite limitación, ponderación o discrecionalidad alguna, sino que constituye un imperativo categórico para el juez que, administrando justicia, adopta una decisión en nombre del Estado y define la controversia jurídica que ha sido sometida a su consideración. Tal prerrogativa propende por la efectividad del imperio de la ley, esto es, del sometimiento de los jueces al ordenamiento jurídico y garantiza su imparcialidad.

La completa, razonada y expresa fundamentación de un fallo redunda necesariamente en la restricción a la arbitrariedad y al despotismo judicial que pudiera resultar de la aplicación de una sanción que no esté justificada con los juicios de valor que la inspiran, en perjuicio de la legitimidad del proceso penal.

Es así que, el artículo 162 de la Ley 906 de 2004 consagra que la sentencia debe contener la fundamentación fáctica, probatoria y jurídica con indicación de los motivos de estimación y desestimación de las pruebas válidamente admitidas en el juicio oral.

Del mismo modo, el canon 59 del Código Penal indica que todo fallo deberá contener una fundamentación explícita de los motivos de la determinación –cualitativa y cuantitativa de la pena–, cuestión que obliga al fallador a mostrar cuál fue el método de dosificación punitiva que empleó para delimitar una específica sanción.

Es indiscutible, pues, que, ninguna sanción(25) o su monto pueden quedar al arbitrio, la discrecionalidad o la voluntad particular del juzgador. El límite es la argumentación en tanto siempre ha de justificar la razón para adoptar la decisión respectiva, fundamento que, en esas circunstancias, de no ser compartido por quien es desfavorecido con la decisión, podrá ser oportunamente rebatido a través de los recursos de ley.

Nada justifica, dentro de un Estado de derecho, que el funcionario judicial decida restringir las garantías esenciales atinentes al debido proceso, sin expresar los motivos de su determinación, pues lo somete a la imposibilidad de defenderse o manifestar su inconformidad o por lo menos le restringe la capacidad de encontrar o identificar las causas de discrepancia, impidiendo un adecuado control de legalidad a la actividad judicial.

Sobre la relevancia del deber de motivar, la Corte ha señalado (CSJ, AP, 9 jun. 2010, Rad. 33816):

1) No se discute que la fundamentación de la sentencia se erige en un principio de justicia con el fin de garantizar los postulados inherentes al Estado social y de derecho, toda vez que la función jurisdiccional debe ser racional y controlable (principio de transparencia), y en consecuencia aquella asegura la imparcialidad del juez y resguarda el principio de legalidad, haciendo efectivo, por contera, el cabal ejercicio del derecho a controvertir las decisiones, en la medida que al exigir del funcionario judicial la motivación de las mismas para conocer los argumentos que le sirven de sustento, la labor de confutación puede acometerse con facilidad, bien sea, aportando elementos de juicio que la desvirtúen, o en últimas, impugnando la providencia mediante la crítica de la prueba que la soporta o del derecho empleado (normas y tesis jurídicas) para respaldar el pronunciamiento.

No basta, por consiguiente, con la simple y llana expresión del sentido de lo decidido por el funcionario judicial. Forzoso resulta la indicación de la causa de la consecuencia jurídica definida, para lo cual habrá de evaluar las pruebas y señalar los preceptos aplicados en cada asunto.

Ahora, ninguna norma prevé que lo relativo a la concesión o negativa de los sustitutos y subrogados penales debe estar precedido de los argumentos que apoyan la respectiva decisión, pero resulta apenas obvio que si el juez decide adoptar una decisión al respecto, tendrá que expresarlos, a efecto de que las partes tengan el insumo que les permita disentir o no de la determinación.

Particularmente, frente a la concesión o no de la suspensión condicional de la ejecución de la pena respecto de las penas diversas a la de la prisión, de que trata el artículo 63 del Código Penal, en el auto CSJ AP, 9 may. 2011 Rad. 36.350, la Corte aludió al deber de señalar razonada y motivadamente si se consideraba que tal subrogado no debería cobijar alguna de tales sanciones. Así se pronunció la Sala:

El artículo 63 de la Ley 599 de 2000 expresamente señala que “la ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta” (subrayas fuera de texto) se suspenderá cuando concurran determinadas exigencias, de donde podría colegirse sin una interpretación integral, que el instituto de la condena de ejecución condicional alude únicamente a la pena de prisión, no así a las demás.

A su vez, el inciso 4º del mismo precepto señala que dicha suspensión en la ejecución de la pena “no será extensiva a la responsabilidad civil derivada de la conducta punible”, disposición razonable en la medida en que la indemnización de los perjuicios no corresponde a una pena, sino a una consecuencia derivada de la comisión del delito en cuanto fuente de obligaciones.

No obstante, el inciso 5º de la norma en comento señala con claridad que “El juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad concurrentes con ésta” (subrayas fuera de texto), de donde se desprende que:

(i) Salvo determinación en contrario por parte del juez, la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión suspende también las sanciones no privativas de la libertad.

(ii) Si el juez considera que tal suspensión no debe cobijar las penas diversas a la de prisión, así deberá señalarlo de forma expresa y motivada, caso en el cual, pese a operar el subrogado con relación a la pena privativa de la libertad, se ejecutará de manera incondicional el cumplimiento de las sanciones de naturaleza diversa a la mencionada.

De lo expuesto se concluye que si en este asunto el a quo, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos objetivos y subjetivos para acceder al mencionado subrogado, dispuso la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta a E… E… D… B… sin detenerse a exigir el cumplimiento de las otras sanciones no privativas de la libertad –decisión confirmada en segunda instancia–, es evidente que la ejecución de la pena accesoria de privación del derecho a conducir vehículos automotores también le fue suspendida condicionalmente, es decir, le puede ser revocada en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas para acceder al subrogado penal. (Subrayas y negrillas no originales).

Dicha postura de la Corte admite ser morigerada.

En verdad, una interpretación normativa, garante del derecho a la defensa en su componente de contradicción, exige, como se viene sosteniendo que, la decisión que restringe el acceso al subrogado exprese su fundamento legal. No obstante, dicha motivación no necesariamente debe aparecer expresa al momento de señalar si se accede o no a la suspensión condicional sino que, de forma implícita pero razonada, también puede verse reflejada, en el texto que motive la necesidad de imponer la sanción respectiva o incluso, en los considerandos relativos a la materialidad de la conducta punible y la responsabilidad penal.

Ciertamente, como se anotó atrás, si bien lo deseable, a efecto de restringir cualquier margen de duda argumentativa, es que el fallador exprese el fundamento del caso, cuando opte por limitar un derecho o beneficio, en algunas ocasiones el sustrato de una determinada decisión puede estar inserto en cualquier parte de la providencia que exprese el soporte fáctico, probatorio y jurídico de la decisión.

En ese orden, a partir de tales cimientos, eventualmente, si el juez, bajo la liberalidad o facultad que le confiere el último inciso del artículo 63 del Código Penal ordena ejecutar una sanción diversa a la de prisión pero omite pronunciarse sobre el fundamento de esta determinación, habrá de verificarse, si, a partir de las razones ofrecidas a la hora de imponer la pena o en el resto del fallo es posible comprender el sustento de aquella otra decisión.

Similar postura se adoptó, de manera mayoritaria, en la Sentencia CSJ SP2636-2015 Rad. 43.881, frente a la eventual falta de motivación de la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de arma, oportunidad en la que esta corporación sostuvo lo siguiente:

(…) en casos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de defensa personal o de uso privativo de las Fuerzas Armadas –sea que se impute sólo esa conducta punible o en concurso de delitos–, se entiende cumplida la garantía de motivación de la imposición de la sanción accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, con la declaración en la sentencia de que el procesado fabricó, traficó o portó armas de fuego o municiones “sin permiso de autoridad competente”. En otras palabras, la declaración judicial de que ajustó su comportamiento a cualquiera de las conductas descritas en los artículos 365 o 366 del Código Penal (también al artículo 367 ibídem), constituye suficiente fundamento para privar del mencionado derecho al condenado. Se rectifica con este criterio, entonces, el plasmado en el precedente jurisprudencial del 16 de diciembre de 2014 (CSJ SP 17166-2014, Rad. 42536).

1.2. En torno al siguiente postulado, esto es, el de limitación, es claro que, como el de motivación, igualmente se erige en una garantía esencial en favor del sujeto procesal apelante, en la medida que, una vez éste decide cuestionar la sentencia de primera instancia a través del ejercicio de la alzada, la competencia del funcionario de segundo grado queda restringida al objeto específico del disenso, o sea a la identificación temática de la inconformidad y a cuanto esté inescindiblemente vinculado con la misma.

Aunque en el sistema procesal de enjuiciamiento criminal con tendencia acusatoria, consagrado en la Ley 906 de 2004, no se reprodujo una norma específica que previera que la competencia funcional del superior para resolver el recurso de apelación se limita a los asuntos discutidos por el apelante y a los que resulten estrechamente vinculados al objeto de impugnación, como sí lo establecía el canon 204 de la Ley 600 de 2000, la Corte ha sido pacífica en señalar que aquél la detenta exclusivamente para pronunciarse en torno al interés jurídico del impugnante, en razón del agravio recibido con la decisión refutada (CSJ SP, 11 abr. 2007, Rad. 26128).

De este modo, si el recurrente no se ocupa de criticar en sede de apelación determinado aspecto del fallo de primer grado, el juez unipersonal o plural encargado de desatar la alzada no puede asumir de oficio el estudio de aspectos no contemplados en el recurso, salvo que advierta la violación de garantías fundamentales que lo obliguen a intervenir para salvaguardaras.

Es aquí donde el principio de limitación encuentra su correlato en el postulado de no reformatio in pejus, de que trata el artículo 31 de la Constitución Política, de acuerdo con el cual “[e]l superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”, disposición que se alza como barrera estricta frente al ámbito de competencia del superior, impidiendo que el sentido de su fallo resulte más lesivo a los intereses del impugnante, salvo que el fiscal, el agente del Ministerio Público o el representante de la víctima, teniendo interés para ello, lo hubieren recurrido.

Sobre la relación intrínseca entre los postulados de limitación y de no reforma en peor, esta corporación ha sido consistente en señalar que ambos constituyen los límites al ejercicio de la competencia funcional del superior. Ha dicho sobre el particular (CSJ SP15880-2014, 43557):

Junto con lo anotado, debe precisarse, sí, que el artículo examinado [se refiere al canon 204 de la Ley 600 de 2000 cuya expresión normativa es enteramente aplicable en los procesos regidos por la Ley 906 de 2004] contempla dos formas de acotar la intervención del juez de segundo grado en curso del examen propio del recurso de apelación, pues, de un lado, advierte que el ad quem debe supeditar su análisis, y consecuente decisión, al objeto de impugnación y “los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados” al mismo, en lo que se ha dado en llamar Principio de Limitación; y del otro, define los alcances del principio de no reformatio in pejus, en cuanto, impide que el funcionario de segunda instancia agrave la condición del procesado, la parte civil o el tercero civilmente responsable, cuando se trate de apelantes únicos.

En sentido lato, cabe señalar, ambas limitaciones tienen naturaleza similar, en cuanto, remiten a la imposibilidad de que el funcionario de segundo grado desborde sus funciones hacia aspectos no tocados o pretensiones no formuladas, bajo el entendido que se trata de un juez imparcial que carece de agenda propia y resuelve en consonancia con lo solicitado o discutido.

Pero además, en lo que a la no reformatio in pejus atañe, porque solo por ocasión de ello se faculta la plena aplicación y ejercicio de los derechos de contradicción e impugnación, en aras de evitar obstáculos que impidan o disuadan a la parte defensiva de oponerse a la decisión que la afecta.

En ambos casos, también debe relevarse, la limitación para el ad quem representa cabal materialización del derecho de defensa, en tanto, el contenido estricto de la apelación es el que marca la posibilidad de contradicción para los no impugnantes y mal puede decirse que se garantizó la controversia dialéctica cuando el juez de segundo grado se aparta de ese objeto concreto de debate, para incursionar en terrenos ajenos que ni siquiera fueron planteados por la parte descontenta con el fallo y por ello tampoco permitieron pronunciamiento de la contraparte.

Es claro, de igual manera, que la decisión de segundo grado tiene como ingredientes fundamentales, de los cuales deriva su legitimidad, tanto los argumentos consignados en la impugnación –y su controversia por los no apelantes–, como la específica pretensión que provee de interés el recurso.

La separación de tan precisos límites opera por vía excepcional, cuando de anular la tramitación por vulneración de garantías fundamentales se trata, en tanto facultad oficiosa entregada al juez.

Ahora, lo que el superior no puede hacer es apelar a sus facultades oficiosas para corregir, subsanar o enmendar, en un todo, las deficiencias argumentativas de su inferior o ajustar el proceso a la legalidad en disfavor del sujeto que, confiando en que puede obtener una decisión menos aflictiva para sí, incoa el recurso de apelación y, no obstante, termina perjudicado con una determinación que suple, adiciona o suplanta por completo la tarea epistemológica del funcionario judicial de primer grado o incluso agrava deliberadamente la condición sustancial o procesal del inculpado en relación con lo definido en una primera providencia de fondo.

Acerca de los límites y las cargas del apelante y la competencia funcional del funcionario a cuyo cargo se encuentre la alzada, la Corte ha tenido la oportunidad de sostener (CSJ SP9798-2015, Rad. 45894):

Así, entonces, conforme ha sido indicado por la Sala, la sustentación de la apelación es carga para el impugnante y constituye presupuesto ineludible para acceder a la segunda instancia, pero una vez cumplido el requisito, la fundamentación expuesta en cuanto identifica la pretensión del recurrente, adquiere la característica de convertirse en límite de la competencia del superior, en consideración a que sólo se le permite revisar los aspectos impugnados, según lo dispone el artículo 204 de la Ley 600 de 2000. La sustentación, en otras palabras, fija el marco de examen y pronunciamiento sobre la cuestión debatida al funcionario de segunda instancia y es limitativa de su actividad.

De manera que si los fundamentos de la impugnación establecen el objeto de pronunciamiento del ad quem, y ellos están referidos a discutir los términos y conclusiones a que arribó el a quo, resulta evidente la relación de necesidad que se produce entre la providencia impugnada, la sustentación de la apelación y la decisión del funcionario judicial de segunda instancia. Por tanto, providencia apelada y recurso, conforman una tensión que debe resolver el superior. Se trata de una de las manifestaciones más decantadas del principio de contradicción o controversia que rige el proceso penal y que explica el deber legal que tiene el funcionario judicial de integrar a la estructura de su decisión la exposición del punto que se trata y los fundamentos jurídicos de ella.

Este criterio de la Sala, referido a la restringida competencia del superior cuando del recurso de apelación se trata, ha sido pacíficamente reiterado por la Corte en varios pronunciamientos en los cuales se ha precisado que a diferencia del desaparecido grado jurisdiccional de la consulta, cuya existencia se inspira en el interés general, tiene carácter imperativo, y la competencia del superior es plena e ilimitada, los recursos son potestativos de los sujetos procesales, están basados en el interés del impugnante y la competencia por el factor funcional es limitada. De acuerdo con su albedrío, las partes pueden recurrir y el ad quem sólo revisa los aspectos que son materia de impugnación.

Lo cierto del caso, es que una vez interpuesto el recurso de apelación, el superior funcional del servidor judicial que profirió la decisión recurrida, tiene una limitación funcional en el sentido de que solamente puede revisar los aspectos impugnados u otros sustancialmente vinculados a éstos (artículo 204 C. P. P. de 2000), de modo tal que si llega a pronunciarse sobre aspectos no comprendidos en la impugnación o respecto de aquellos no vinculados inescindiblemente a los motivos en que se funda el disentimiento, tendría que admitirse que éstos, por ausencia de una manifestación expresa al respecto en la resolución de primera instancia, no pudieron ser controvertidos por el apelante, y entonces los mismos carecerían de la doble instancia constitucional y legalmente garantizada.

De manera que la exigencia de sustentación obligatoria del recurso de apelación, conforme con el artículo 194 del Código de Procedimiento Penal de 2000, tiene como fin delinear el objeto de la segunda instancia, de tal suerte que ésta no pueda pronunciarse sobre asuntos no propuestos por el apelante, salvo la nulidad (por su naturaleza oficiosa) y los aspectos inescindiblemente vinculados a la impugnación.

Así las cosas, si de acuerdo con el estatuto procesal penal resulta obligatoria la sustentación del recurso de apelación, a tal punto que si no se sustenta puede ser declarado desierto, no cabe menos que afirmar que el ad quem no puede desconocer los motivos de disenso que le han sido propuestos, o los elementos inescindiblemente vinculados a ellos y que le facultan para extenderse legalmente en la definición, de suerte que si los desconoce, viola los principios de contradicción, defensa y doble instancia, que también integran el concepto de debido proceso, por cuanto no solamente el delito agregado por el funcionario de segundo grado, la adición de una circunstancia agravante, el desconocimiento de una atenuante, o una calificación jurídica diversa que desmejore la situación del apelante, así tenga sustento fáctico, pretermite su discusión en primera instancia. (Subrayas no originales)

Similar línea argumentativa se reiteró en la Sentencia CSJ SP740-2015, Rad. 39.417:

La doble instancia como medio ordinario y eficaz para controvertir decisiones judiciales debe ocuparse de revisar los problemas jurídicos propuestos por el recurrente y los que tengan una conexidad con éstos, además de los que oficiosamente deban ser asumidos para la protección de derechos y garantías fundamentales y la realización de los fines esenciales de la justicia material en el caso concreto, situaciones que han de ser resueltas antes de que la providencia adquiera la condición de cosa juzgada.

La regla a seguir impone que no puede tener segunda instancia lo que no ha sido materia de decisión en primera, ni lo que ha sido objeto del recurso, la excepción está dada como se ha dicho por la oficiosidad en protección de garantías y lo que tenga relación necesaria y consecuencial con el asunto que ha sido objeto de examen y decisión por el a quo.

La Corte Constitucional, al examinar los límites del superior –no propiamente el derecho de acceso a la segunda instancia, o el derecho a impugnar la sentencia condenatoria que se profiere en segundo grado–, ha señalado puntualmente, en línea con las tesis indicadas, que un juez de apelación carece de competencia plena para pronunciarse “sobre todos los asuntos que tengan alguna relación con la apelación”, al punto que puede actuar por fuera de su competencia “cuando profiere decisiones que resuelven de manera directa un asunto que no fue objeto de decisión por parte del a quo”.

Lo anterior, con la indispensable aclaración de que aspectos inescindiblemente vinculados con el fallo, es decir, que dependen directamente del supuesto básico analizado y de sus fundamentos o se vinculan de manera necesaria con ellos, pueden ser estudiados por el superior, pues lo que no está autorizado es que se decida de mérito un asunto que no fue tratado en la decisión que se revisa.

Por lo tanto, además de la infracción al principio de limitación y de competencia, la decisión en segunda instancia de un supuesto fáctico que no fue objeto de examen por parte del a quo, plantea un problema de legitimidad de la sentencia del superior, que no puede oponer la eficacia o la economía procesal a la garantía instituida a favor del procesado de que se resuelva materialmente en primera instancia el supuesto fáctico y su responsabilidad, como corresponde a la noción del debido proceso y de doble instancia. (Resaltado fuera del texto original).

Ahora bien, lo anterior no significa que el juez o Tribunal de segundo nivel no pueda, jamás, expresar fundamentos adicionales a los consignados por el de primer grado en su sentencia, pues es en este punto donde opera el principio de inescindibilidad o unidad jurídica de decisiones, según el cual los argumentos señalados por los juzgadores en una y otra instancia, siempre que guarden identidad de sentido jurídico, constituyen un todo que ha de ser leído en su íntegra dimensión, a fin de ser discutido en sede de casación.

Lo que es imposible avalar, es que al adicionar, agregar o complementar los argumentos del inferior, el superior se encuentre facultado para exceder la doble frontera de legalidad impuesta por los principios de limitación y no reformatio in pejus, bajo el falso predicado de los efectos del postulado de inescindibilidad de decisiones.

Es así que, el funcionario de segundo nivel dentro del ámbito de su competencia, estrictamente circunscrito al objeto del debate que le ha sido planteado y los tópicos que lo rodean de manera intrínseca, puede adoptar la decisión que en derecho corresponda siempre que, a la par, no agrave la situación del apelante único.

En ese orden, si la impugnación discute la falta de motivación absoluta o total del fallo de primera instancia o acaso de algún aspecto esencial del mismo, como por ejemplo, cuando se argumenta que en la sentencia no se señalaron las razones para deducir una circunstancia de agravación, una pena en particular, su monto o la necesidad o no de ejecutarla, el juez singular o colegiado únicamente podrá pronunciarse sobre ese específico punto de debate, esto es, frente a la ausencia absoluta de motivación y no, proceder, en cambio, a cumplir con la carga no satisfecha por su inferior, de expresar todas y cada una de los fundamentos de la decisión reprochada.

Esto, porque semejante intromisión del superior no solo vulnera los márgenes de su competencia (principio de limitación) y eventualmente la prohibición de reforma en peor respecto del recurrente único, sino que indiscutiblemente conculca el derecho a la doble instancia, habida cuenta que, ante la inexistencia de cualquier fundamento jurídico del proveído de primer grado sobre un asunto en particular, éste habrá sido definido por una sola autoridad judicial.

Esta irregularidad admite dos soluciones, según se trate de ausencia absoluta de motivación i) del fallo de primer grado o ii) de un aspecto no basilar contenido en el mismo que comporte una decisión específica. En el primer caso, se tendrá que reconocer un vicio susceptible de declaratoria de nulidad a partir de la emisión de la sentencia, por cuanto el superior habría desbordado la competencia funcional, incurriendo en un vicio de estructura que afecta la validez del trámite judicial e impide la emisión de sentencia estimativa (CSJ AP1540-2015, Rad. 45527).

En el segundo evento, para el restablecimiento de las garantías afectadas, basta con dejar sin efecto aquella determinación de la providencia cuyo soporte fáctico, probatorio y jurídico no fue expresado en la misma, precisamente, porque si bien estaría comprobado el exceso del superior al acometer competencias para las que no estaba facultado, no resultaría indispensable la sanción extrema de la nulidad ya que no estaría comprometido el fundamento de todo el proveído, sino apenas el de la temática inmotivada.

Distinta es la situación cuando dentro del fallo la primera instancia adopta una decisión frente a un puntual aspecto –verbi gratia, una circunstancia de intensificación punitiva genérica o específica, la prisión domiciliaria, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, etc.– y la fundamentación, aunque deficiente, implícita o escasa, existe, así sea en un acápite diverso al de la enunciación de la determinación, pues, en este caso, de estar en desacuerdo con ella, podrá ser impugnada y el superior, a su turno estará habilitado para complementarla, adicionarla o desarrollarla, sin lesionar los postulados de limitación y de no reforma en peor, toda vez que se tratará, entonces, de un tema íntimamente vinculado con el objeto de la apelación, que tampoco habrá desmejorado la condición jurídica del recurrente, consolidada en un primer nivel de decisión.

2. El caso concreto.

En el fallo de primera instancia, luego de definir lo atinente a la materialidad de la conducta punible –lesiones personales culposas– y la responsabilidad del procesado, a título de autor, el juzgador dosificó las penas de prisión, multa, privación del derecho de conducir vehículos automotores y motocicletas e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, tasando la primera, tercera y cuarta en seis (6) meses y doce (12 días) y la segunda en cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Enseguida, tras estimar que estaban satisfechos los requisitos para conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena, porque la sanción privativa de la libertad impuesta no supera los cuatro (4) años, el acusado carece de antecedentes penales y el referido injusto no está enunciado en la prohibición del inciso 2º del artículo 68A del Código Penal, el sentenciador precisó que la concesión de dicho subrogado “no cubre la privación del derecho de conducir vehículos automotores y motocicletas por un período de seis (6) meses y doce (12) días”(26). No expresó, en este apartado, ningún otro argumento al respecto.

Aunque lo anterior, a primera vista, sugeriría la falta absoluta de motivación frente a tan puntual aspecto, pues, el a quo justificó por qué procedía en el caso concreto el subrogado para las penas de prisión y multa, pero en el mismo segmento no hizo lo mismo respecto de la disposición de ejecutar la de privación del derecho de conducir vehículos automotores y motocicletas, es lo cierto que, los motivos para ordenar el cumplimiento inmediato de esta sanción aparecen implícitos en el resto de la providencia, por cuanto en ella, el a quo hace manifiesta la necesidad de sancionar la violación al deber objetivo de cuidado producida precisamente al conducir un vehículo de pasajeros –buseta–.

Al respecto, el fallador resaltó cómo el acusado elevó el riesgo jurídicamente permitido en la actividad peligrosa de la conducción al desplazarse con la puerta abierta mientras la víctima descendía del vehículo, causándole diversas lesiones en su integridad personal.

Para el juez unipersonal el comportamiento del procesado fue imprudente pues, pudiendo conducir de forma precavida, esto es, cerrando la puerta mientras el automotor se encontraba en movimiento, optó por no hacerlo, verificación que le permitió elevar juicio de reproche en contra del inculpado, a título de culpa, por el delito de lesiones personales, razones más que suficientes para que el juzgador optara por no cobijar con el subrogado, la sanción de privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas.

Así, pues, contrario a la opinión del demandante y del representante de la Fiscalía, el tribunal bien podía complementar, como lo hizo, con apoyo en el principio de inescindibilidad de decisiones, los motivos del fallo de primera instancia para no conceder el subrogado en relación con la referida pena.

Es así como consignó las siguientes reflexiones:

Pues bien. De antaño se sabe que las sentencia de primera y segunda instancia, constituyen una unidad inescindible(27), en tanto la segunda sea confirmatoria de la primera. De suerte que las razones del ad quem, se integran con las del a quo, y, asimismo, el a quo puede complementar las razones de la primera instancia, de suerte que puede esta instancia exponer las razones por las cuales se torna en admisible no suspender la ejecución de la pena accesoria.

2.1. Pues bien. La actuación retrata una persona que, no obstante ejercer una profesión altamente riesgosa, que es garante de la vida de un sinnúmero de ciudadanos, pues conduce un móvil de servicio público, incurre en una conducta asaz irrespetuosa de normas elementales: no llevar la puerta de egreso trasera, debidamente cerrada como era su cabal obligación.

Ello generó que uno de los ocasionales pasajeros, sufriera lesiones considerables, y si bien no se hace necesario de cara a la prevención general de la pena, que el acusado purgue de manera efectiva, una pena privativa de la libertad, sí se hace urgente que se le aparte –siquiera fuera temporalmente– del oficio de conducir vehículos automotores.

En verdad la situación de movilidad en el país, hoy día registra tasas de accidentalidad vial(28), al punto que “Según la Organización Mundial de la Salud los accidentes de tránsito son declarados un problema de salud pública, cada vez que se conduce un vehículo se deben tener en cuenta todas las condiciones de seguridad y la calidad de conductores que vamos a ser en la vía”(29).

Luego, entonces, no aparece irrazonable y desproporcionado en modo alguno que, conforme a la valoración de los hechos, las pruebas y las razones (jurídicas) de las partes, efectuada por el juez a quo en virtud del principio de inmediación, se exija el cumplimiento de la pena accesoria. Ello es apenas una muestra mínima de que el derecho penal pretende ser eficaz frente a males endémicos, como lo es la anomia generalizada con la que se conducen vehículos en Colombia.

En alguna medida, también, es el alcance del fin de prevención especial en un evento específico, para que, en el futuro, de vuelta a su oficio –si es el caso– el acusado interiorice el significado profundo que poseen las reglas de comportamiento en el tráfico vial, tanto más si se trata de automotores de servicio público.

Conclusión

(…) (iii) no se accederá a revocar la ejecución de la sanción de suspensión del permiso para conducir vehículos de motor.(30)

Delimitado lo ocurrido, para la Sala emerge evidente que el juez plural no abordó, motu proprio, el examen de las razones que conducirían a tal decisión, ni excedió su competencia al complementar el fallo de primera instancia, en punto de la ejecución o no de la referida sanción, porque la argumentación de su inferior no era inexistente y, por lo tanto, era plausible que fuera adicionada.

Mucho menos, dicha autoridad judicial lesionó el principio de no reformatio in pejus, por cuanto el procesado ya había sido vinculado en sede de primera instancia a la decisión de no concederle el referido subrogado frente a la mencionada sanción y, en ese orden, con la confirmación de dicha determinación no le fue agravada su situación jurídica.

Así las cosas, no hay lugar a casar la sentencia impugnada.

3. Cuestión final.

La Corte advierte que si bien, como lo destacó la delegada del Ministerio Público, la pena de privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas está fijada para el delito de homicidio culposo como sanción principal en el inciso 2º del artículo 120 de la Ley 599 de 2000, el juzgador de primera instancia la determinó como accesoria.

Esta situación irregular, avalada por la colegiatura, será corregida en esta oportunidad, aclarando la parte resolutiva de la sentencia, en el sentido que dicha sanción es principal y no accesoria, lo cual no afecta el principio de no reforma en peor, como lo ha venido indicando la Sala en CSJ AP, 7 marzo 2012, Rad. 38271; CSJ AP, 13 nov. 2013, Rad. 42525; y CS JAP5217, 3 sep. 2014, Rad. 44388, SP11221-2015, Rad. 46576, entre otras.

Cabe aclarar que, dicha pena, tasada en seis (6) meses y doce (12) días –fue impuesta por debajo del límite mínimo legal de dieciséis (16) meses–; sin embargo, es imposible remediar el error en salvaguarda del postulado de no reformatio in pejus.

Finalmente, resta precisar que, contrario a lo aducido por el representante de la víctima, la mentada sanción no se corresponde con la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte, oficio, industria o comercio –regulada en el canon 46 del Estatuto Sustantivo–.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. No casar parcialmente la sentencia dictada el 22 de septiembre de 2016 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales contra J... A... A... P...

2. Aclarar que la pena de privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas, aplicada en este evento como accesoria, es principal.

3. Contra esta decisión no proceden recursos.

4. Devuélvase al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

14 Cfr. folio 193 del cuaderno principal.

15 Ibidem.

16 Cfr. folios 193-194 ibidem.

17 Cfr. folio 211 ibidem.

18 Cfr. folio 212 ibidem.

19 Cfr. folio 226 ibidem.

20 Cfr. folios 226-227 ibidem.

21 Cfr. folio 231 ibidem.

22 Ibidem.

23 Cfr. folio 234 ibidem.

24 Cfr. folio 236 ibidem.

25 Salvo lo dispuesto actualmente por la Sala de Casación Penal mayoritaria en relación con la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de arma, plasmado en la Sentencia CSJ SP2636-2015 Rad. 43.881.

26 Cfr. folios 85 vuelto-86 ibidem.

27 “De otra parte, la Sala recuerda cómo entre los fallos de primera y segunda instancia opera el principio de inescindibilidad, según el cual, conforman una unidad jurídica inseparable, de forma tal que las consideraciones el análisis probatorio efectuado por el a quo se consideran incorporados a la sentencia del ad quem en todo aquellos en que no se desvirtúe o modifique, aun cuando tales estudios o razones no se hayan reiterado en el fallo acusado.” (CSJ Penal-proceso Nº 41708; agosto 28 de 2013). Cita del texto transcrito.

28 “De acuerdo a estadísticas de la Policía Nacional, el año 2013 marcó un pico en la tendencia de los últimos años frente a accidentalidad vial; se presentaron 33.621 accidentes, aumentando en un 3.34% con respecto al año anterior. Para el año 2014, disminuyeron un 2.32% el número de accidentes viales en el país” (…) Reflejado en las estadísticas de los últimos cuatro años, donde en promedio mueren por año 5.610 personas, el Instituto Nacional de Medicina Legal calificó la accidentalidad vial como la segunda causa de muerte violenta en el país. En los años 2013 y 2014 se reportaron el mayor número de fatalidades con 5.964 y 5.632, respectivamente, siendo 2013 el año con mayor reporte de accidentes viables, con un aumento del 7% respecto al año anterior”. (En http://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=comcontent&view=article&id=516:accidentalidadvial&catid=296&Itemid=830. Consultado 13/09/2016). También http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/34616/7-F-11Transito.pdf/40ea4d45-f98b-4289-879e-73dbb811789d; https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE7VS8ED/Mortalidad-lesiones-accidentes.transporte-Colombia-2013-2014.pdf. Cita consignada en la sentencia.

29 http://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=516:accidentalidadvial&catid=296&Itemid=830. Cita consignada en la sentencia.

30 Cfr. folios 179-181 ibidem.