Sentencia SP3437-2016/41796 de marzo 16 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP3437-2016

Radicación 41796

Aprobado acta 80

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales del nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

Bogotá, D.C., dieciséis de marzo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES:

1. Primer cargo:

Según la versión de la menor, contenida no solo en entrevistas médica y sicológica, sino también y especialmente en su testimonio rendido en el juicio, el acusado la hizo víctima de acceso carnal, no en el comercio donde aquel laboraba, sino en el inmueble donde aquella residía y sus progenitores mantenían un establecimiento abierto al público.

Luego erró en efecto al Tribunal al sostener que del relato de la niña se extraía que el delito aconteció “no precisamente el 20 de noviembre de 2010 en la tienda de su padre, sino días antes en la chatarrería donde trabaja el agresor... en ese lugar existe un cuarto pequeño en la parte de atrás del salón donde funciona la chatarrería y es allí donde es accedida carnalmente por el acusado”, como que de ese modo en la contemplación material del testimonio en examen distorsionó su contenido, no obstante ser claro que en este se asegura que el acceso carnal ocurrió sobre un lavadero existente en el patio ubicado en la parte trasera de la tienda propiedad de los padres de la agredida.

Diríase entonces debidamente acreditado el error de hecho que por falso juicio de identidad denuncia el demandante, lo cual sin embargo y según lo señala el Delegado de la Fiscalía, no es suficiente para comprometer la legalidad de la sentencia impugnada, si no se demuestra, además, su trascendencia, su incidencia en la sustentación de la condena y en la declaración de esta misma.

El censor ubica tal exigencia no en los hechos, como era lo lógico, sino en la credibilidad que podría merecer el testimonio de la víctima, porque en su sentir si el Tribunal hubiere considerado adecuadamente que el delito tuvo lugar en la tienda y no en la chatarrería habría llegado a la conclusión que el relato de la menor resultaba carente de credibilidad por tratarse de un sitio abierto al público, e imposible para ejecutar el delito objeto de juicio.

Se equivoca no obstante el libelista cuando en ese ejercicio, además de que deriva el error de hecho por falso juicio de identidad denunciado hacia uno de falso raciocinio, que desde luego no evidencia cuál fue el parámetro de la sana crítica infringido, omite extender el ataque a la sustentación del a quo, lo cual le era exigible porque de prosperar el cargo y como en ese aspecto fáctico no hay coincidencia en las decisiones de instancia, la de primera recobraría vigencia por ser correcta en la contemplación objetiva de dicho testimonio.

Lo que se quiere significar entonces en primer término es que la censura resulta de un lado insuficiente en cuanto solo abarcó la valoración errada del ad quem pero omitió la que por ese respecto y con acierto ofreció el a quo, y en segundo lugar que a pesar del equívoco en que incurrió el Tribunal, el aspecto fáctico no cambia en lo más mínimo; en otras palabras, la referencia a un lugar errado no demuestra la inexistencia del punible, ni desvirtúa la responsabilidad del acusado.

Lo anterior porque si de corregir la falencia se trata, la observación objetiva del testimonio de la menor no deja lugar a dudas de la demostración de dichos extremos, conclusión a la cual se arriba por la comprobación médica, admitida por el propio casacionista, de que la niña fue en efecto accedida carnalmente y por la apreciación razonada de aquella prueba, tal cual lo hicieron los falladores ya que, con independencia del dislate invocado, lo cierto es que en términos del Tribunal, “al cotejar el relato de la menor, del que se advierte sinceridad y honestidad con los resultados del examen médico sexológico, es evidente su coincidencia..., de lo que se evidencia que el acceso carnal de que da cuenta la menor ocurre días antes al hecho detonante... como lo es también la sindicación directa y precisa que hace del señor H.H., como el único autor responsable de dichas conductas. Resulta así ajustada la conclusión del a quo cuando al valorar el testimonio de la menor junto con los de sus progenitores, encuentra probada la materialidad de la conducta y la responsabilidad penal en cabeza del acusado C.S., amén que no se evidencia ningún indicio de falsedad o un plan fraguado por parte de la menor o sus padres para involucrar al acusado en un hecho ilusorio o inexistente...”.

Demostrado que el delito existió y que de su autoría la víctima señaló creíblemente, como se dejó resaltado por el Tribunal y sin dubitación de ninguna clase al acusado, es apenas obvio que, según lo relievó la Fiscalía, el yerro invocado carece de trascendencia, tanto que de suprimirse, la situación fáctica referida al acceso carnal, ni la valoración de dicho testimonio sufrirían modificación alguna.

Por eso, la censura carece de prosperidad.

2. Segundo cargo:

Aunque el acceso carnal ocurrió en una época entre finales del mes de octubre y comienzos de noviembre de 2010, según el relato de la menor, también fue objeto de actos sexuales diversos a aquel siendo su última manifestación el 20 de noviembre cuando J.A.M., padre de la niña, la sorprendió saliendo del baño dentro del cual también se hallaba el acusado con los pantalones abajo de la cintura, hecho que sin lugar a hesitación alguna constituye prueba indiciaria tal como la valoraron los juzgadores de instancia.

Y si bien M. rindió entrevista y en ella relató ese suceso que por demás fue el “detonante”, como lo califica el ad quem, para descubrir los hechos y su autor, lo cierto es que en el juicio declaró no haber visto nada acerca de que el acusado estuviera agrediendo a la menor o de que tuviera los pantalones abajo, situación que llevó a los falladores a valorar en conjunto las dos tesis así presentadas para concluir que la primera obedecía a la verdad y que la segunda se justificaba no solo por la personalidad asustadiza del deponente, sino por haber sido objeto de amenazas por parte de familiares del acusado.

En ese contexto el demandante considera configurado un error de hecho por falso juicio de existencia por suposición, porque antes que investigar tales amenazas lo cual solicitó inclusive el propio acusado, se dieron por reales y existentes.

Razonamiento que sin duda se evidencia sofístico y por lo mismo intrascendente en la medida en que se pretende con él desviar, como lo señala la Fiscalía, el real objeto de prueba que en este asunto lo fue el acceso carnal en menor de 14 años. Si existieron o no las amenazas realmente, no deja de ser apenas una circunstancia que ni incide en la demostración del delito, ni en la responsabilidad del acusado, tópicos que se han derivado en esencia tanto de la prueba técnica como del testimonio de la propia ofendida.

Ahora, las aserciones del padre de esta acerca de haber sorprendido salir a su hija del baño donde se hallaba el acusado no pierde su carácter indiciario por el alegado error de hecho, cuando lo relevante es precisamente ese suceso, que fueron sorprendidos en ese lugar sin que en relación con el mismo el demandante, más allá de las aducidas amenazas, proponga algún cuestionamiento. Por demás, la concreción de ese acontecer que ratifican la propia menor y su progenitora puso al descubierto el punible, fue a partir de allí que, una vez formulada la denuncia, se determinó que la niña en efecto había sido accedida carnalmente en fecha anterior.

En esas condiciones tan intrascendente se presenta el reparo que aunque se tuviere por fundado su corrección implicaría simplemente reconocer que no existieron las amenazas, lo cual en modo alguno desvirtúa el hecho incuestionado por el libelista acerca de que J.M. vio esa noche del 20 de noviembre de 2010 salir a su hija del baño dentro del cual, con la luz apagada se encontraba el encausado. Valga decir que las supuestas amenazas, aun si no existieron, no desvirtúan el indicio que en las anteriores circunstancias se ha elaborado.

Por eso este reproche tampoco puede prosperar.

3. Tercer y cuarto cargos:

3.1. Si el testigo F.A.P.C. en su declaración durante el juicio oral del 11 de agosto de 2011 aseveró llevar 8 meses trabajando en la bodega o chatarrería de su tío H.H.C., la deducción judicial de que entonces lo hacía desde mediados de diciembre no constituye ciertamente una adición a dicha prueba que sea susceptible de atacar como falso juicio de identidad. Se trata de una inferencia del juzgador solo cuestionable por la senda del falso raciocinio que evidentemente el censor no elige.

De todos modos, dicha deducción además de que no es errada por cuanto se sustenta en las afirmaciones del propio testigo, resulta intrascendente en el contexto fáctico y en el discurso que fundó la condena impugnada, porque de haber existido esa falencia con alguna trascendencia en esta sede el efecto habría sido simplemente que el juzgador no valorara el testimonio en los hechos que especialmente informó. El censor sostiene esta consecuencia, pero la lectura de la sentencia del a quo confirmada en segunda instancia denota que aquella es apenas parcial, valga decir que al contrario de lo alegado por el demandante el juzgador de todas maneras sí valoró ciertos hechos declarados por el testigo, es decir no lo descartó, como equivocadamente lo asevera la defensa.

Es cierto que bajo esa inferencia elaborada a partir de la afirmación del testigo de que para agosto de 2011 llevaba 8 meses trabajando en la chatarrería del acusado, el sentenciador aseguró que aquel no podía informar sobre los hechos por no haber coincidencia cronológica entre la ejecución de estos y la presencia del deponente; pero, no menos lo es que previamente había afirmado que “los testigos F.A.P.C. y J.P.P. dan fe de que sí estuvieron en la tienda de propiedad del padre de la menor (para el 20 de noviembre de 2010) y de que al momento aproximado que se dice sucedieron los hechos en el baño de ese local, ellos confirmaron que el acusado efectivamente entró al baño, y de que aparentemente nada ocurrió, porque no hubo escándalo o problema alguno”.

Luego evidente es que a pesar de aquel cálculo no dejó de valorar esa prueba, no la excluyó como erradamente lo sostiene el casacionista, la tuvo en cuenta para admitir que ese 20 de noviembre sí estuvo en la tienda en compañía del acusado y de J.P. y en ese contexto la utilizó para ratificar de algún modo el descubrimiento del denominado hecho detonante, como que con ella estableció una coincidencia temporal de ingreso al baño por parte de C.S. y el seguido sorprendimiento que realizó el padre de la niña.

En últimas la exclusión que parcialmente se hizo de esa prueba devino inocua en tanto lo fue para negar que pudiera dar cuenta de hechos sucedidos en la chatarrería, nada de lo cual tuvo efecto finalmente por cuanto la condena excluyó aquellos referidos a actos sexuales diversos del acceso carnal.

3.2. En esencia, por las mismas razones resulta infundada la cuarta censura formulada en términos según los cuales el juzgador incurrió en error de hecho por falso juicio de identidad por supresión o cercenamiento del citado testimonio y del rendido por J.P., al no tener en cuenta sus afirmaciones de que estuvieron en la tienda para esa noche del 20 de noviembre de 2010 y de que H.H. fue al baño y regresó sin que nada anormal hubiere pasado, puesto que la transcripción antes hecha de las consideraciones del a quo revelan exactamente lo contrario, que el sentenciador sí las valoró y que en esa medida admitió que F.A. sí estuvo para esa fecha en la tienda acompañado de J.P. y H.C., diferente es que hubiere utilizado tal presencia para ratificar la coincidencia cronológica entre el momento en que el acusado entró al baño y el descubrimiento del hecho constitutivo del indicio antes examinado.

Que nada anormal pasó desde el punto de vista del testigo es otro aspecto que por igual se admitió en tanto nada pudo apreciar aquel acerca de que M. haya sorprendido a su hija saliendo del baño donde se encontraba C.S., máxime que como se demostró el padre de la niña no exhibió ninguna reacción violenta o desmedida, más allá de reprender a esta y hacerla comparecer de inmediato ante su progenitora, para así detectarse lo que estaba en verdad sucediendo, lo cual se confirmó seguidamente con el dictamen médico sexológico practicado a aquella.

Por ende, en las anteriores condiciones los dos reproches carecen de prosperidad.

4. Quinto cargo:

4.1. Si para efectos de los falsos raciocinios que en calidad de errores de hecho se denuncian en esta censura, por máximas de experiencia se entienden las “generalizaciones que se hacen a partir del cumplimiento estable e histórico de ciertas conductas similares, (que) no funciona por sí sola sino que lo hace como un enlace lógico o como parte del razonamiento que vincula datos indicadores que conducen a hechos desconocidos” (Rad. 18787 providencia de nov. 11/2003), o “como tesis de carácter hipotético por su contenido, respecto de las cuales se espera siempre o casi siempre que se produzcan las mismas consecuencias en presencia de determinados presupuestos, pues se construyen sobre hechos y no alrededor de juicios sensoriales, cuya cualidad —como se ha dicho— es su repetición frente a los mismos fenómenos” (Rad. 20602, providencia de sep. 8/2004), o como aquellas que “tienen pretensión de universalidad cuando en determinados contextos y circunstancias es razonable esperar que se produzca un patrón más o menos homogéneo de comportamientos de todos o la mayoría de individuos que integran una comunidad” (Sent. dic. 16/2008, Rad. 30824), o “que estas reposan en la reiterada y amplia manifestación fenoménica de un hecho o actuación, apreciado y catalogado como tal y pasible de asumir de nuevo configurado, dentro de similares condiciones temporo-espaciales, hasta devenir insoslayable su pretensión de universalidad, siempre y cuando no se ofrezca una condición excepcional que faculte significar otra respuesta, distinta de la que se espera” (Rad. 23593, sent. de abr. 11/2007), es evidente que el demandante no logra determinar por qué las que invoca tendrían tal carácter, ni fundamentar de qué manera el juzgador realmente las infringió.

4.2. Así, entratándose del lugar donde se ejecutó el delito materia de condena, que el censor considera no obedece a las expectativas de una regla de experiencia según la cual debería ser un paraje solitario, sin potenciales testigos, con indefensión de la víctima y dificultad probatoria, se trata de una simple elaboración personal que en manera alguna acredita el carácter universal de aquella, ni advierte una realidad procesal que evidencia de un modo objetivo la existencia del delito de una parte y la responsabilidad del procesado por otra, a través de la prueba testimonial e indiciaria que tuvo en cuenta el sentenciador.

La experiencia revela por el contrario que en la mayoría de esta clase de punibles, donde el sujeto agente aprovecha la confianza o familiaridad que tiene sobre la víctima, el lugar resulta ser lo de menor importancia en la concreción de sus protervos fines.

Eso fue lo que en este evento aconteció; H.H. tiene grado de parentesco con la madre de la niña, quien además lo reconoce como el primo; las relaciones entre padres y acusado y entre este y la víctima, hasta el 20 de noviembre de 2010, según lo señala el a quo, fueron excelentes, aquel visitaba con frecuencia la tienda y a veces recibía en la chatarrería a la menor cuando era enviada por su padre con algún recado; esa familiaridad y confianza fue utilizada para aprovechar aquellas ocasiones en que la menor se encontraba sola, bien en la tienda ora en la bodega, para los ilícitos propósitos libidinosos, tanto que transcurrió cerca de un mes en que se ejecutaron tales actividades, incluido el acceso carnal, lo cual significa que si se trataba del lugar, no era más que cuestión de tiempo en que C.S. fuera descubierto como finalmente sucedió.

Ahora, si se trata de las condiciones que subyacen a la que el censor califica regla de experiencia, ellas se denotan relativas, tanto que bien pueden entenderse cumplidas en este asunto, habida cuenta que es un patio aislado por paredes del resto de la tienda y al cual se comunica solo por una puerta, de modo que aprovechando la soledad de la menor se convertía en un paraje solitario, lo cual se confirma por las diversas ocasiones en que al decir de la menor ocurrieron los sucesos.

4.3. Lo mismo acontece con las máximas de experiencia que en torno a las circunstancias temporales y modales del punible elabora el demandante, de acuerdo con las cuales el delito ha debido cometerse en un tiempo posterior al cierre del establecimiento abierto al público y sin que hubiere traslado de un lugar a otro dentro del mismo inmueble, porque además de que eso no denota una generalidad de un hecho, obedece a una simple especulación y no a lo que se halla acreditado en el proceso; el deber ser que predica el libelista en manera alguna se compagina con lo que ontológicamente ha demostrado este juzgamiento.

Mucho menos si el suceso que puso al descubierto el delito deja en evidencia que al sujeto activo del ilícito poco le importaba el lugar o la hora, o si la menor debía o no ser llevada de la bodega al patio, le bastaba simplemente hacer uso de su familiaridad con la menor y aprovechar las ocasiones en que esta se hallara sola.

Negarle credibilidad a la víctima, únicamente porque en opinión del censor el delito ha debido cometerse en despoblado o en un paraje solitario y en jornada posterior al cierre del establecimiento, resulta por lo menos un despropósito que no obedece en verdad a ningún parámetro propio de la sana crítica, sino a un ejercicio especulativo que en apariencia pretende sustentarse en máximas de experiencia que ciertamente carecen de esa connotación, mucho más cuando en contra de las mismas el proceso acreditó con certeza que no se trataba de lugar despoblado, ni de horas en que el establecimiento se hallare cerrado.

El testimonio único de la víctima no resulta más o menos creíble porque el hecho haya sucedido o no en paraje solitario, o porque se haya ejecutado o no en horas hábiles laborales; esos no son parámetros que informen la persuasión racional.

Plausibles por ello devienen las consideraciones del a quo al afirmar que “es bueno advertir que quedó claro que el pequeño patio, donde está el lavadero y el baño donde ocurrieron los hechos del 20 de noviembre de 2010, cuenta con puerta, la que cerrada, desde luego, impide se observe lo que sucede dentro del citado patio. Incluso, con la puerta abierta y estando las personas sentadas en el lugar que se dice ingieren bebidas o en el sitio de atención al público, resulta imposible observar lo que sucede en el patio, y especialmente en el lavadero y baño... por lo anterior, resulta creíble que a la vez que el acusado accedió carnalmente a la niña, hecho que según ella ocurrió en ese lavadero, no hubiera sido observado o detectado por alguien...”, como que en estas circunstancias se evidencia que frente a la objetiva conformación arquitectónica del sitio no era necesario que se tratara de un paraje solitario, ni que el establecimiento estuviera cerrado para ejecutar el punible, bastaba que el agente actuara, como en efecto lo hizo, subrepticiamente, aprovechando la confianza en él depositada por la víctima y las ocasiones en que esta se encontraba sola.

4.4. Tampoco encuentra la Corte que la sentencia impugnada haya incurrido en falso raciocinio por darle credibilidad al testimonio de la menor, no obstante la supuesta presencia del síndrome de alienación parental que el censor edifica solo a partir del hecho de que la víctima haya utilizado la palabra desgarro para explicar la sensación que le ocasionó el acceso carnal.

Lo anterior por cuanto además de que no se trata de una expresión de exclusivo uso de la ciencia médica, olvida el censor que la menor contaba 12 años de edad, que su grado de escolaridad era el séptimo, suficiente para comprender el uso de una palabra que en tanto sinónimo de rasgado resulta coloquial, común, usual y, muy especialmente, que el examen sexológico practicado a la niña determinó que en efecto había sido desflorada y que su himen anular se encontraba desgarrado y con bordes cicatrizados.

Frente a semejante evidencia no puede considerarse infringida regla alguna de la sana crítica solo porque la víctima haya usado una palabra que ni siquiera es de exclusividad de una ciencia o de un grupo etario de personas.

4.5. Cuestiona finalmente por esta vía el libelista que se haya dado credibilidad a la versión de la menor no obstante hallarse completamente estructurada, en oposición a la espontánea o natural, por cuanto en ese contexto la víctima generalmente comunica el vejamen en forma inmediata si su autor es alguien fuera de su círculo familiar y, lo contrario, si es de su entorno próximo generalmente no denuncia el hecho inmediatamente. Por lo mismo su dicho es más creíble si el agente activo del delito es de su intimidad familiar y la denuncia se formula luego de un tiempo o si no es de su núcleo familiar y el hecho se comunica una vez sucedido.

Acá, dice el censor, la ofendida pierde credibilidad por no haber comunicado el hecho tras su ejecución no obstante que su supuesto autor no pertenecía a su intimidad familiar por no vivir bajo el mismo techo.

Parte sin embargo el censor en la postulación del ataque por excluir a H.H.C. del círculo familiar de la ofendida cuando el proceso ha demostrado precisamente lo contrario al punto que la misma niña lo consideraba su primo, parentesco que resultaba más cercano por las excelentes relaciones que se daban entre él y sus padres, por la confianza que generó y por sus asiduas visitas a la tienda.

La mayor o menor tardanza en denunciar el suceso ilícito no es por sí misma suficiente para asignar o restar credibilidad al testimonio de la agredida, ni es tampoco el criterio a partir del cual pueda identificarse al autor como perteneciente o no al círculo familiar de la víctima. En este evento dichas circunstancias resultan inanes ante a la contundencia de la prueba científica que determinó el acceso carnal o frente a la prueba indiciaria elaborada a partir del testimonio del progenitor de la niña cuando la sorprendió saliendo del baño en el que también se hallaba el acusado, todo lo cual sin duda es lo que otorga credibilidad a sus asertos y no aquellas circunstancias especulativas que expuestas por el censor devienen desvirtuadas por el conjunto probatorio.

El dicho de la menor abusada resulta en este asunto creíble no porque haya tardado o no en denunciar el suceso, sino porque como lo señaló el ad quem, “al cotejar el relato de la menor, del que se advierte sinceridad y honestidad, con los resultados del examen sexológico, es evidente su coincidencia en cuanto que este concluye que la menor presenta ‘himen anular desgarrado, bordes cicatrizados lo cual indica desfloración antigua...’, de lo que se evidencia que el acceso carnal de que da cuenta la menor ocurre días antes al hecho detonante, en ello es clara la menor abusada; como lo es también en la sindicación directa y precisa que hace del señor H.H., como el único autor responsable de dichas conductas. Resulta así ajustada la conclusión del a quo cuando al valorar el testimonio de la menor junto con los de sus progenitores, encuentra probada la materialidad de la conducta y la responsabilidad penal en cabeza del acusado C.S., amén que no se evidencia ningún indicio de falsedad o un plan fraguado por parte de la menor o sus padres para involucrar al acusado en un hecho ilusorio o inexistente... Es por lo anterior, que de la intervención hecha por la menor víctima en el juicio oral, se denota seguridad y concreción cuando por su propio nombre señala al agresor, quien no es otro que el acusado C.S. a quien conoce de tiempo atrás por la cercanía familiar y vecindad...”.

Por ende ninguna infracción a las reglas de la sana crítica se ha acreditado y en consecuencia los reproches por senda del falso raciocinio carecen de éxito.

5. Sexto cargo:

Para efectos de su estrategia la defensa del acusado se valió del investigador privado J.C.S.G. quien tras entrevistar a F.A.C., a J.P., al acusado, a la hermana de este y de visitar el lugar de los hechos al cual tomó tres fotografías que introdujo con su testimonio en la audiencia de juicio oral, llegó a la conclusión de que además de que la madre de la ofendida mostraba interés en magnificar lo acontecido, “resulta muy difícil creer que ese hecho haya sucedido en ese sitio máxime cuando el papá de la menor se ubica tan solo a unos cinco o seis metros del lavadero lugar donde se dice que ocurrió el suceso, aunado a ello a esa parte entran y salen permanentemente las personas que se encuentran departiendo alguna bebida en la tienda a utilizar el baño, razón por la cual se sale de la lógica que una persona decida cometer semejante hecho en tales circunstancias, motivo por el cual sería importante tratar de determinar si la menor pueda estar siendo influenciada por factores que a la postre alteren su percepción y relato de lo sucedido”.

De dicho informe el sentenciador extrajo las fotografías para concluir que “es bueno advertir que quedó claro que el pequeño patio, donde está el lavadero y el baño donde ocurrieron los hechos del 20 de noviembre de 2010, cuenta con puerta, la que cerrada, desde luego, impide se observe lo que sucede dentro del citado patio. Incluso, con la puerta abierta y estando las personas sentadas en el lugar que se dice ingieren bebidas o en el sitio de atención al público, resulta imposible observar lo que sucede en el patio, y especialmente en el lavadero y baño y esto lo pone de manifiesto las fotografías que allegó el investigador de la defensa, señor S.G. Por lo anterior, resulta creíble que a la vez que el acusado accedió carnalmente a la niña, hecho que según ella ocurrió en ese lavadero, no hubiera sido observado o detectado por alguien...”.

Luego es evidente que, como lo señala el casacionista, el juzgador dejó de analizar las conclusiones a que arribó el investigador, mas tal omisión o supresión o cercenamiento no constituye el falso juicio de identidad invocado con capacidad de incidir en la legalidad del fallo impugnado, por cuanto bien se comprende en primer lugar, que no se trata de un testigo de los hechos; y en segundo término que sus conclusiones corresponden a una valoración propia de los sucesos y de las pruebas en el propósito equivocado de suplir al juzgador, único a quien concierne de modo exclusivo esa labor.

Pretender que el juez analice las conclusiones de un tercero, no testigo de los hechos, sino que emite un concepto sobre lo que en su sentir debe ser la valoración fáctico probatoria, sería tanto como deferir esa tarea a personas ajenas al proceso para extraerla de la esfera funcional del juez.

El encargado constitucional y legalmente de esa apreciación es el juez y si este omite analizar o admitir la propuesta por un tercero no incurre en falso juicio alguno de valoración.

Por eso, esta final censura tampoco puede prosperar.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

No casar el fallo impugnado.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen».