Sentencia SP3577-2017 de marzo 15 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 47623

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Aprobado acta 83

Bogotá, D.C., quince de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «La demanda

El mandatario de J.P. invoca la acción de revisión con fundamento en la causal séptima del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, esto es, por el cambio favorable de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al “[...] criterio jurídico que sirvió de fundamento para sustentar la condena tanto de la responsabilidad como de la punibilidad”.

En respaldo se remite a las providencias de 27 de febrero de 2013, radicación 33254; de 20 de agosto de 20014, radicación 43624; y de 4 de marzo de 2015, radicación 37671, todas de esta Sala, que, aduce, han establecido una nueva hermenéutica sobre la aplicación de rebajas de pena por allanamiento a cargos o preacuerdo entre el acusado y la Fiscalía para delitos legalmente excluidos de esa posibilidad, destacando que la segunda de tales decisiones hace referencia a aquellos que conforman el capítulo de las conductas contra la libertad, integridad y formación sexuales siempre y cuando la víctima sea mayor de 14 años.

Plantea que J.P. fue condenado en primera instancia por el delito de acceso carnal violento previsto en el artículo 205 de la Ley 599 de 2000, con el incremento de penas definido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, no obstante que para la fecha de ocurrencia de los hechos ya se encontraba en vigencia la modificación a ese tipo penal consagrada en el artículo 1º de la Ley 1236 de 2008; lo anterior, agrega, explicó el fallador de primera instancia, en observancia del principio de congruencia entre acusación y sentencia, debido a que la Fiscalía al momento de imputar cargos al incriminado no hizo alusión al incremento de la sanción previsto en esa norma, y así fue como él los aceptó en audiencia preliminar.

Añade que, en cuanto a la pena, el sentenciador no impuso la mínima de prisión posible sino que ascendió a 140 meses, dentro del primer cuarto punitivo en todo caso, dada la gravedad de la conducta, el daño físico y psicológico causado a la menor ofendida y la intensidad del dolo derivado de la clase de abusos sexuales a que ella fue sometida.

Como quiera que a J.P. se le negó la rebaja de pena por aceptación de cargos que prevé el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, en atención a la expresa prohibición del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, y por idéntica razón la concesión de cualquier sustitutivo para el cumplimiento de aquella, aspectos controvertidos a través del recurso de apelación interpuesto por la defensa de turno que la segunda instancia mantuvo en vigor, pide el actor se revisen las sentencias de condena con fundamento en el cambio de jurisprudencia anotado.

Consecuencialmente, se declare fundada la causal de revisión y, por ende, se dosifique de nuevo la pena de prisión impuesta al procesado sin tener en cuenta el aumento del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, acorde con la nueva interpretación de la Corte a ese respecto.

[...]

Consideraciones de la Corte

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 32-2 de la Ley 906 de 2004, que ha regido las actuaciones del procesamiento criminal seguido en contra de J.P., esta Sala es competente para conocer la acción de revisión propuesta.

2. Criterio uniforme en la jurisprudencia de la Corte es que la acción de revisión, por su esencia, está prevista para controvertir decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada, constituyéndose en excepcional y viable solamente en los casos expresamente señalados en la ley; en consecuencia, su carácter es rogado y, por contera, de ejercicio reservado a quienes están considerados titulares de la misma en el artículo 193 ejusdem, según los presupuestos formales y sustanciales de esa normatividad.

3. El carácter excepcional de la acción de revisión que se predica frente a la “intangibilidad de la cosa juzgada”, obedece a que una sentencia ejecutoriada solamente puede ser sometida a nuevo escrutinio si concurre alguna de las causales específicamente consignadas por el legislador para ese fin, de tal manera que remover la fuerza de la cosa juzgada obliga al interesado a satisfacer precisas y rigurosas exigencias, respecto de las cuales el demandante tiene la obligación de presentar un escrito que no es de libre elaboración sino que debe responder a los criterios y condiciones formales y materiales determinados por la ley.

4. En el presente, la demanda se fundamenta en la causal séptima del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, en cuya virtud procede la revisión cuando, mediante pronunciamiento judicial, la Corte cambia favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar una sentencia condenatoria en materia de responsabilidad como de punibilidad.

La causal pretende que el juzgador reconozca que la interpretación de un determinado aspecto de hecho o de derecho pudo ser errada y que, por tanto, debe variar; o bien que las circunstancias fácticas han variado y se impone otra hermenéutica que debe ser aplicada a casos juzgados con fundamento en la interpretación que se varía.

Como lógica consecuencia, es procedente la acción extraordinaria cuando la jurisprudencia ha revisado aquellos criterios que determinaron el reconocimiento de un incremento punitivo, de una agravante, el no reconocimiento de una atenuante, la denegación de un derecho, por ejemplo, y la nueva interpretación deviene en beneficio de quien fue gravado con base en la ya superada jurisprudencia(3).

5. Para ubicar el ámbito de resolución del problema jurídico a resolver, es necesario mostrar el devenir que ha tenido la postura jurídica de la Corte en relación con la aplicación del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, primero, respecto de los delitos de que se ocupa la Ley 1121 de 2006, cuando se presenta la terminación abreviada del proceso por aceptación de la imputación o a través de preacuerdos o negociaciones, es cierto fue modificada en CSJ SP, 27 de febrero de 2013, radicado 33254.

La corporación analizó la situación en ese evento planteada y tras revisar los antecedentes legislativos que conllevaron a elevar las penas con ocasión de la entrada en vigor del sistema acusatorio, concluyó:

Por consiguiente, a la luz de la argumentación aquí desarrollada, fuerza concluir que habiendo decaído la justificación del aumento de penas del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, en relación con los delitos incluidos en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 —para los que no proceden rebajas de pena por allanamiento o preacuerdo—, tal incremento punitivo, además de resultar injusto y contrario a la dignidad humana, queda carente de fundamentación, conculcándose de esta manera la garantía de proporcionalidad de la pena.

(...).

Así mismo, en ejercicio de su función de unificación de la jurisprudencia, la Sala advierte que, en lo sucesivo, una hermenéutica constitucional apunta a afirmar que los aumentos de pena previstos en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 son inaplicables frente a los delitos reseñados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006. No sin antes advertir que tal determinación de ninguna manera comporta una discriminación injustificada, en relación con los acusados por otros delitos que sí admiten rebajas de pena por allanamiento y preacuerdo, como quiera que, en eventos de condenas precedidas del juicio oral, la mayor intensidad punitiva no sería el producto de una distinción arbitraria en el momento de la tipificación legal, ajustada por la Corte, sino el resultado de haber sido vencido el procesado en el juicio, sin haber optado por el acogimiento a los incentivos procesales ofrecidos por el legislador; mientras que, frente a sentencias condenatorias por aceptación de cargos, la menor punibilidad, precisamente, sería la consecuencia de haberse acudido a ese margen de negociación, actualmente inaccesible a los delitos referidos en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006.

Ese entendimiento ha sido reiterado en diversas oportunidades posteriores: CSJ SP, 19 de junio de 2013, radicado 39719; CSJ SP, 11 de noviembre de 2013, radicado 36400; CSJ SP, 12 de diciembre de 2013, radicado 41152; CSJ SP, 11 de diciembre de 2013, radicado 42041, por citar algunas, y, después, en SP 5197-2014, 30 de abril de 2014, radicado 41157, se extendió a los delitos de secuestro y homicidio doloso cometidos en perjuicio de niños, niñas o adolescentes, frente a los cuales el Código de la Infancia y la Adolescencia, artículo 199-7, proscribió las rebajas de pena con base en los “preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado”, explicando que:

“Pero en los eventos de secuestro y homicidio doloso, como antes de la entrada en vigencia de la Ley 890 de 2004, incluso desde el Código Penal de 2000, ya se preveían circunstancias de agravación derivadas de la minoría de edad de la víctima, el incremento generalizado de penas del mentado artículo 14, pierde su razón de ser si el procesado opta por la celebración de un preacuerdo o una negociación o decide allanarse a los cargos, pues no se hará benefactor de la significativa rebaja que prevé la ley procesal para el efecto y aun así, se mantendrá un mayor juicio de reproche por afectar los derechos de niños, niñas y/o adolescentes, dado que el incremento por esa condición de la víctima no sufre modificación alguna si se desecha el citado aumento”.

También ha aceptado la Sala dar aplicación a los efectos del cambio jurisprudencial a otros delitos en esa norma especial previstos, concretamente los que atentan contra la libertad, integridad y formación sexual de menores de edad, postura que se explica en SP 16206-2014, 26 de noviembre de 2014, radicado 42916, en los siguientes términos:

Cabe precisar que la jurisprudencia señalada alude a las prohibiciones del artículo 26 de la Ley 1121 del 2006, lo cual no obsta para que sus lineamientos sean admisibles, con las mismas consecuencias, en lo que respecta al artículo 199-7 del Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 del 2006, como que este ha sido redactado en idénticos términos, con fundamentos y consecuencias iguales, de donde deriva que a una misma situación de hecho corresponde idéntica solución en el derecho.

6. Los lineamientos de la nueva jurisprudencia resultan de buen recibo en el presente caso, en tanto el artículo 199-7 del Código de la Infancia y la Adolescencia establece que, en los eventos de preacuerdos y negociaciones, cuando se proceda por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales (el acceso carnal violento es uno de ellos), no hay lugar a conceder las rebajas de penas de que tratan los artículos 348 a 351 de la Ley 906 del 2004.

En el evento considerado, el sindicado admitió sin restricciones los cargos formulados por la Fiscalía en la imputación, acto que constituyó el soporte de las sentencias de condena y en la dosificación punitiva se aplicó el aumento del artículo 14 de la Ley 890 del 2004, pero se negó la rebaja del artículo 351 procesal, porque así lo reglaba el citado artículo 199-7 de la Ley 1098 del 2006.

7. Por tanto, se impone dar cabida a la nueva postura de la Corte, lo cual comporta una redosificación de la pena por cumplir, descartando de ella el aumento del artículo 14 de la Ley 890 del 2004, con respeto a los criterios de los jueces de instancia.

El recuento de las anteriores decisiones permite concluir acreditado el cambio de la jurisprudencia que en esta ocasión redunda a favor del demandante, en tanto se modificó la concepción que tenía la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia acerca de la aplicación del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, en tratándose de la terminación anormal del proceso por allanamiento o preacuerdo respecto de causas seguidas por los tipos penales para los cuales el artículo 199-7 de la Ley 1086 de 2006, prohíbe el reconocimiento de rebajas de pena y mecanismos sustitutivos.

La variación jurisprudencial es posterior a la época en que se produjeron las providencias judiciales de condena en contra de J.P., y corresponde a una postura interpretativa que no fue conocida por las autoridades que conocieron del proceso, menos aún pudo ser acogida en las decisiones emitidas por ellas.

6. Consecuente con lo expuesto, en el sub lite se encuentra que al establecer los hechos imputados la Fiscalía le atribuyó a J.P. haber incurrido en el delito de acceso carnal violento, artículo 205 de la Ley 599 de 2000, con el incremento de penas del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, no obstante que para la fecha de ocurrencia de los hechos ya se encontraba en vigencia la modificación del marco punitivo para ese tipo penal dispuesta por el artículo 1º de la Ley 1236 de 2008(4).

Luego, al proferir sentencia el cognoscente, en el acápite relativo a la determinación de la punición, acogió dicha imputación y ratificó la aplicación del mayor rigor de la Ley 890, en respeto al principio de congruencia entre acusación y sentencia, se expuso, precisando los extremos punitivos e individualizando la pena imponible para dicha ilicitud.

Sobre la dosificación el superior funcional al decidir el recurso de alzada nada dijo, pero sí dejó en claro la imposibilidad de acudir a la reforma peyorativa por ser única apelante la defensa del procesado, acorde con los artículos 31 de la Constitución Política y 20 de la Ley 906 de 2004.

Consideraron ambas instancias, en todo caso, que si bien J.P. había aceptado los cargos en la diligencia de imputación, no resultaba procedente reconocer en su provecho la rebaja prevista en el artículo 351 de la ley procesal penal en consonancia con lo dispuesto por el artículo 199-7 de la Ley de Infancia y Adolescencia.

En ese sentido, en los fallos de primera y segunda instancia se citó el criterio de esta corporación plasmado en la providencia CSJ SP, 17 de septiembre de 2008, radicado 29901, según el cual inequívoca la intención del legislador de prohibir rebajas punitivas por aceptación de cargos o preacuerdo, al igual que la concesión de beneficios o subrogados judiciales o administrativos, en tratándose de delitos de homicidio o lesiones personales, contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes en vigor de la Ley 1098 de 2006.

Las pautas legales y jurisprudenciales fijadas para el tiempo que los juzgadores resolvieron sobre la tasación de la pena impuesta a J.P., reflejan disparidad con el criterio actualizado de la Corte que, a no dudarlo, es favorable y redunda ahora en su beneficio, sin que haya lugar a desconocerlo so pretexto que no se impuso la sanción según el marco punitivo fijado en el artículo 1º de la Ley 1236 de 2008(5), que reformó el artículo 205 del estatuto punitivo, vigente al tiempo de ocurrencia del reato(6).

Esto es así porque el yerro judicial incurrido al imputar y condenar con desconocimiento de los límites de pena que realmente correspondían, no puede repercutir en desmedro de la situación del ciudadano que, amparado por la presunción de buena fe, se establece que asumió la imputación criminal tal y como le fue puesta de presente(7), en un acto de libre disposición y renuncia de sus derechos a guardar silencio, la no autoincriminación y un juicio público, oral y contradictorio, en un escenario procesal idóneo que, por demás, puede decirse, le inspiraba la confianza legítima en la actuaciones del órgano de persecución penal y la judicatura.

7. Habiendo variado la jurisprudencia que establece la inaplicación del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, en tratándose de los delitos relacionados en el artículo 199-7 de la Ley 1098 de 2006 cuando quiera que el inculpado se somete a cualquiera de los instrumentos de terminación anticipada del proceso, como aquí ha ocurrido, es evidente que las sentencias demandadas se tornan injustas, razón suficiente que impone remediar la situación procediendo a adecuar la pena impuesta a J.P.

De conformidad con lo expuesto en líneas previas, al tenor de lo preceptuado en el numeral 1º del artículo 196 de la ley procesal penal, se dejarán sin efecto los proveídos revisados en lo que concierne al gravamen irrogado al declarado responsable por el delito de acceso carnal violento, única y exclusivamente.

7.1. Acorde con lo que se viene de explicar, para ese fin se tomará el marco punitivo consagrado en el artículo 205 de la Ley 599 de 2000, sin el incremento del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, que establece prisión de ocho (8) a quince (15) años, o lo que es igual de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses.

7.2. Siguiendo las consideraciones de la primera instancia, se determinará la sanción en el primer cuarto o cuarto mínimo de movilidad, debido a que no se dedujeron circunstancias de mayor punibilidad; en ese orden, la prisión fluctúa de noventa y seis (96) meses a ciento diecisiete (117) meses.

La Sala mantendrá la proporción de incremento que sobre el rasero menor impuso la instancia falladora, dadas las particularidades del caso, dígase: la considerable gravedad de los hechos por la previa asechanza a la víctima; la violencia física y psicológica a que ella fue sometida; las amenazas en contra suya y de su progenitora si daba cuenta de lo sucedido; la contrariedad de la conducta criminal para con el especial trato y protección que ameritan los menores de edad; el daño real causado en los ámbitos personal, familiar y social de la perjudicada; y la extrema intensidad del dolo.

Realizado el cálculo matemático respectivo(8), la tasa de lo que era posible aumentar dentro del cuarto de movilidad seleccionado y que fue aplicada por el juzgador equivale al 33.8%, que, siguiendo la regla anunciada, se aplica a la pena mínima de prisión imponible y conlleva a sumar siete (7) meses y dos (2) días para un total de ciento tres (103) meses y dos (2) días(9), que es la pena principal y definitiva de prisión impuesta a J.P.

7.3. Habrá lugar, igualmente, a modificar la pena privativa de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas que ascenderá a idéntico lapso, dígase ciento tres (103) meses y dos (2) días(10).

8. De otra parte, en cuanto a la libertad de J.P. que depreca su apoderado, se tiene que según la información suministrada por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Girardot - Cundinamarca(11), él se encuentra privado de la libertad desde el 12 de agosto de 2008 y ha descontado, sumados los tiempos de privación física en centro de reclusión y redención de pena, un total de ciento treinta y cinco (135) meses y quince (15) días.

Deviene subsecuente, en consonancia con la nueva sanción fijada, otorgarle de inmediato e incondicionalmente, la libertad por pena cumplida, previa verificación por parte de la autoridad carcelaria que no registra requerimientos pendientes por otras instancias judiciales.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR fundada la causal de revisión invocada por J.P.

2. DECLARAR sin efecto, única y exclusivamente, lo concerniente a la pena principal impuesta a J.P. en las sentencias emitidas por el Juzgado Penal del Circuito con Función de Conocimiento de La Mesa - Cundinamarca, el 18 de diciembre de 2008, y el Tribunal Superior de Cundinamarca, el 23 de abril de 2009. En consecuencia, fijar en definitiva la sanción en su contra en ciento tres (103) meses y dos (2) días de prisión. Por igual lapso quedará la privativa de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

3. ORDENAR la libertad por pena cumplida de J.P., en los términos y condiciones expuestos en las consideraciones de esta decisión.

4. En todo lo demás los fallos revisados preservan vigor.

5. De lo resuelto se comunicará a todas las autoridades de registro y control, así como al juzgado actualmente a cargo de la vigilancia de la ejecución de la condena impuesta a J.P., para los fines de su competencia.

6. Contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

3 Ver CSJ SP, 11 de julio de 2013, radicado 40208.

4 Verificar registro de audio de la diligencia preliminar llevada a cabo el de 1º de junio de 2010.

5 La Ley 1236 de 2008 entró a regir, acorde con su artículo 14, el 23 de julio de 2008, fecha de publicación en el Diario Oficial 47059.

6 12 de agosto de 2008.

7 Audiencia de formulación de imputación de 1º de junio de 2010, en carpeta de actuaciones de primera instancia, disco compacto obrante a folio 8, registro de audio archivo uno, y archivo dos en el minuto 0 y 15 segundos.

8 Sobre el procedimiento aplicado ver: CSJ SP, 30 de abril de 2013, radicado 38385; CJS SP, 16 de mayo de 2012, radicado 38571; SP 2265-2014, 26 febrero 2014, radicado 41265, entre otras.

9 El ámbito de movilidad dentro del cuarto mínimo se obtiene así: 117 - 96 = 21 meses; luego 21 x 33.8% = 7.098 meses, o lo que es igual a siete (7) meses, dos (2) días y veintiún (21) horas.

10 Ver artículos 51 inciso 1º y 52 inciso 3º de la Ley 599 de 2000.

11 Ver folios 71 y 78 cuaderno de la Corte, oficios 1346 y 1366 de 13 y 14 de marzo de 2017, respectivamente, recibidos en la secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por correo electrónico.

SALVAMENTO DE VOTO

El suscrito magistrado, con el habitual respeto que tengo por las decisiones de la Sala, señalo que las razones por las cuales salvo el voto corresponden a las expuestas en el salvamento del voto presentado a la decisión que se adoptó el 4 de marzo de 2015 en el radicado 37671.

Fecha ut supra, 

Eugenio Fernández Carlier 

SALVAMENTO DE VOTO

Con el acostumbrado respeto por la decisión de la mayoría, me permito manifestar salvamento de voto, en los siguientes términos:

La Sala mayoritaria decidió declarar fundada la causal séptima de revisión propuesta por el demandante, para con fundamento en ello, disminuir la pena impuesta al sentenciado y ordenar su libertad inmediata por pena cumplida.

Sostuvo, en esencia, que:

“(...) habiendo variado la jurisprudencia que establece la inaplicación del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, en tratándose de los delitos relacionados en el artículo 199-7 de la Ley 1098 de 2006 cuando quiera que el inculpado se somete a cualquiera de los instrumentos de terminación anticipada del proceso, como aquí ha ocurrido, es evidente que las sentencias demandadas se tornan injustas, razón suficiente que impone remediar la situación procediendo a adecuar la pena impuesta J.P.”.

No obstante, como la víctima del delito fue una menor de edad —de 16 años—, soy del criterio que, en esos eventos, no hay lugar a reconocer ninguna rebaja de pena, tal como lo consigné en la aclaración de voto a la sentencia SP5197-2014, radicado 41157, a cuyos argumentos me remito.

Fecha ut supra, 

Eyder Patiño Cabrera