Sentencia 38795 de marzo 26 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 38.795

SP3742-2014

(Aprobado acta 87)

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Bogotá, D.C., veintiséis de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Corte

La corporación anticipa su decisión en el sentido de casar el fallo impugnado. Las razones son las siguientes:

1. La Sala encuentra que la sentencia, en cuanto se refiere a la absolución por el delito de desplazamiento forzado, contiene apreciaciones probatorias que violan reglas de la sana crítica, en particular aquellas que tuvieron vigencia en el marco del conflicto armado y la dinámica violenta generada por el accionar de las autodefensas.

Es por lo anterior que, en contraste con lo que demuestra la apreciación conjunta de la prueba, no resulta lógico ni ajustado a la experiencia que, de cara a las particulares circunstancias que rodearon el desplazamiento de los campesinos asociados en la empresa comunitaria La Alemania, uno de los coasociados —el hoy procesado Wilfrido Barragán Martínez— inexplicablemente resultara beneficiado del desplazamiento y permaneciera ajeno e indemne frente a las consecuencias de la dinámica violenta que se presentaba en aquella época y lugar, mientras que sus coasociados terminaron desplazados, amenazados y finalmente despojados del predio que les pertenecía, con el consecuente beneficio para los agresores y, en particular para uno de sus líderes, precisamente el citado Barragán Martínez.

2. Circunstancias fácticas, tales como que Wilfrido Barragán Martínez, entonces representante legal de la empresa comunitaria La Alemania, no fuera afectado por el hostigamiento proveniente de las autodefensas de los Montes de María; que terminara explotando para su propio provecho el predio que antes era de la agrupación de campesinos; que mantuviera reuniones con los miembros del grupo armado ilegal; que su comandante, alias Cadena, le asignara el dominio del terreno, o bien que pretendiera evitar el regreso a toda costa de sus anteriores socios, con el argumento de las adversas condiciones de orden público que reinaban en la zona, no encuentran un fundamento lógico y atendible, como no sea admitiendo que ese copropietario —Wilfrido Barragán Martínez— en realidad obedecía los mandatos y compartía las pretensiones del grupo armado, en especial la de desplazar por la fuerza a sus antiguos socios.

3. De manera congruente con lo anterior, dígase que el juzgador desconoció las reglas de la experiencia cuando apreció que las amenazas lanzadas en contra de los asociados de la finca La Alemania por las autodefensas y el propio Barragán Martínez no eran razón suficiente para abandonar el predio. La conclusión precedente encuentra justificación en que es sabido que las circunstancias prevalentes en aquella época y lugar no permitían deducir alternativa alguna para los amenazados distinta a la de abandonar el lugar, pues su negativa bien podría provocar numerosas muertes.

4. En igual sentido, surge nítido que la apreciación probatoria contenida en la providencia recurrida contraría el sentido común y la lógica cuando no advierte que si el coasociado Barragán Martínez empezó por convivir con los paramilitares y terminó por amenazar, hostigar y cometer delitos contra sus antiguos compañeros de empresa era porque algún interés le asistía en la obtención de un provecho. Más clara resulta la violación a la mencionada regla de la experiencia si se tiene en cuenta que el hoy procesado en verdad finalmente consiguió ese provecho, pues, según lo refirieron los campesinos que acudieron con su testimonio al proceso, fue el propio comandante de las autodefensas, alias Cadena, quien lo dejó a cargo del inmueble.

En estas condiciones, la decisión recurrida resulta manifiestamente contradictoria, pues, por una parte, admite que Wilfrido Barragán Martínez mantuvo una actuación complaciente, de auxilio, ayuda, complicidad, compañerismo, confianza y lealtad para con el comandante paramilitar alias Cadena (“pululan evidencias indicativas de que estuvo aliado con Cadena, estaba en el mismo grupo de este”, dice el a quo) y que, en tal virtud, asumió el rol de un miembro del grupo armado ilegal, para luego, por la otra, afirmar que el mismo Barragán Martínez no tuvo ninguna responsabilidad en el desplazamiento forzado presionado por el grupo de autodefensas en ese mismo lugar y época.

El argumento del fallador, en el sentido de que los afectados abandonaron voluntariamente sus predios y que Barragán Martínez “se torció” solamente después del desplazamiento desconoce las reglas de la lógica y la experiencia, pues no es aceptable que mientras todos los asociados de la empresa comunitaria La Alemania fueron abandonando sus parcelas, Barragán Martínez no procediera de igual manera, más aún si era líder de esa comunidad. Ello solamente encuentra explicación en que era afecto a los fines de las autodefensas, compartía sus métodos delictivos y por su posición de líder de la empresa podría facilitar los propósitos criminales del grupo.

5. Más desatinada aún resulta la tesis del a quo, compartida por el ad quem, según la cual los labriegos, ante el establecimiento de las autodefensas en el predio La Alemania, abandonaron voluntariamente sus parcelas (“se produjo el cambio de residencia de los campesinos”, dice el tribunal), pues la experiencia enseña que la sola presencia y establecimiento de uno u otro grupo armado ilegal en una región donde ejerce influencia es suficiente para ocasionar en los habitantes un justificado temor por su integridad y, por tanto, idóneo para mover a los pobladores a abandonar el lugar, sin esperar a que se produzcan consecuencias fatales.

En el caso presente, el juzgador dejó de advertir que lo que la prueba enseña es que, además de la presencia intimidatoria del grupo armado ilegal, en todo caso se produjeron muertes de los miembros de la comunidad amenazada. Así lo refirieron algunos de los deponentes, entre ellos Hernán Meléndez Urrutia, quien informó que abandonó su parcela porque “los paramilitares hicieron una masacre por allá”.

6. Así mismo, la apreciación del sentenciador contradice el estudio conjunto de la prueba, pues lo que esta demuestra, a través de las versiones vertidas por los afectados, es que el desplazamiento tuvo lugar no solamente como consecuencia de las amenazas de los paramiltares, sino que se mantuvo gracias a los actos de intimidación y requerimientos que hiciera el propio Barragán Martínez para que sus antiguos compañeros no regresaran a su lugar de origen.

La contradicción en la argumentación que sustenta el fallo queda al descubierto, además, cuando el Tribunal Superior de Sincelejo admite que en verdad Barragán Martínez realizó actos tendientes a impedir el regreso de los asociados a la finca La Alemania, para lo cual los amenazó de muerte a manos de los paramilitares, pero no dedujo el verdadero alcance de dicha conclusión, esto es, que ese comportamiento configuró la autoría material del delito de desplazamiento forzado.

Lo anterior, porque aun asumiendo por instante —en gracia a discusión— que Barragán Martínez no hubiera provocado el desplazamiento forzado desde su inicio, lo cierto es que tanto da que con su acción hubiera generado el abandono forzado del predio, como que hubiera impedido el regreso de sus pobladores, mediante amenazas de muerte a manos de las autodefensas, con quienes —según la sentencia— ya por entonces compartía sus propósitos y sus métodos ilegales, amén de que recibía de ellos un evidente provecho económico.

7. Del delito de desplazamiento forzado trata el artículo 180 del Código Penal, que en su tenor dice:

“El que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia, incurrirá en prisión de (6) a doce (12) (sic), multa de seiscientos (600) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) a doce (12) años”.

La descripción típica de la conducta le permite a la Corte precisar, como así mismo lo hace la procuradora tercera delegada para la casación penal en su concepto, que el desplazamiento forzado es un delito permanente, pues pone a las víctimas en condición de desarraigados, y se sigue cometiendo mientras esa condición se perpetúe en virtud a que la conducta del sujeto activo mantenga vigentes los factores de amenazas, miedo, muertes o atentados vinculados con el conflicto que obligan a los habitantes de un específico grupo humano a estar alejados de sus predios. De allí que cualquier acción que actualice tales temores, originada en el obrar voluntario de un sujeto concertado con el actor armado del conflicto que ha generado el desplazamiento, se subsume en tipo penal en comento.

Cuando ocurre que frente a un determinado grupo de ciudadanos —como en el caso que ocupa la atención de esta corporación— se siguen ejerciendo acciones tendientes a que no retornen a sus predios, el delito se hace permanente por el lapso de tiempo en que tales actualizaciones se concreten y se continúa ejecutando en calidad de coautores por todos aquellos que actualizan para las victimas las condiciones generadoras del desalojo.

8. Siguiendo con los defectos de apreciación probatoria de la sentencia, es oportuno destacar que el error de raciocinio se mantiene cuando el ad quem cita los testimonios de varios deponentes, entre ellos, Gumercinda Torres, Rosa Cancio Herazo y José Blanco Torres, en cuanto refirieron los vínculos de Wilfrido Barragán con el comandante de las autodefensas desde su llegada al predio de los asociados, así como la permanencia de aquel a pesar de las amenazas de los ilegales y su clara oposición al regreso de los campesinos, pero no advirtió, como surgía de manera fluida, natural y lógica, la estrecha relación y colaboración del mencionado con los invasores, no solo en momentos posteriores al abandono, sino también de forma concomitante e incluso anterior al éxodo.

Que algunos deponentes hubieran asegurado que el hoy procesado se torció mucho tiempo después de la llegada del grupo armado ilegal, no desestima lo que claramente arroja el estudio conjunto de la prueba, esto es, los actos desplegados por Wilfrido Barragán Martínez que generaron o mantuvieron el desplazamiento forzado de los campesinos habitantes de la finca La Alemania.

La inferencia precedente encuentra claro respaldo en el dicho de varios de los campesinos desplazados, entre ellos, el de Nicolás Licona Julio, quien aseveró que el hoy procesado estaba “aliado con Cadena”, además de que lanzó amenazas contra los demás asociados diciéndoles que “eso era de él y que nadie tenía derecho a entrar allí (...) que para allá no cogiera porque eso estaba muy malo”. En similar sentido declaran Hernán Meléndez Urrutia, quien detalla los beneficios económicos que llegó a percibir Barragán Martínez por la explotación del predio, Rogelio Antonio Martínez Mercado y Eder José Torres Cancio.

9. Razón le asiste al Ministerio Público cuando señala en su concepto que ante la grave situación social que acarrea el delito de desplazamiento forzado, el derecho de las víctimas a obtener la declaración judicial de la verdad, el resarcimiento de sus perjuicios y la sanción de los responsables ha de ser atendida con sumo cuidado por el Estado, en aras de evitar que los errores contenidos en la sentencia, por desconocimiento de las pruebas, se conviertan en una revictimización de los pobladores despojados de sus predios. Esto último podría llegar a convertirse en un desconocimiento del deber estatal de proveer a la protección de los derechos humanos.

Por tanto, no pueden los fallos judiciales desconocer que en el marco del conflicto armado generado en la dinámica violenta provocada por el accionar de las autodefensas en la mayor parte del territorio nacional, el desplazamiento forzado de grupos humanos vulnerables es un mecanismo encaminado al aprovechamiento económico de los predios abandonados, por parte de quienes concertados con los actores armados se benefician de los bienes dejados atrás por los pobladores desalojados.

El cargo prospera.

Por tanto, la Corte habrá de casar parcialmente la providencia impugnada. En tal virtud, declarará la responsabilidad penal de Wilfrido Barragán Martínez por el delito de desplazamiento forzado y procederá a redosificar las penas, como enseguida se detalla.

Adicionalmente, revocará la libertad concedida al procesado por el Tribunal Superior de Sincelejo en auto del 23 de septiembre de 2011 y se dispondrá su captura para el cumplimiento de la pena aquí dispuesta, en el entendido de que, como así lo reseñó el sentenciador, no es procedente la concesión del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el sustituto de la prisión domiciliaria.

En lo demás, el fallo de instancia mantiene su vigencia.

VII. Redosificación de la pena

1. El delito de desplazamiento forzado lleva aparejada una pena de prisión que oscila entre un mínimo de 6 y un máximo de 12 años de prisión, y multa —también principal— entre los 600 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Así las cosas, surge nítido que el primer cuarto de punibilidad (dentro del que se individualizará la pena privativa de la libertad, pues la acusación no contempló motivos de mayor punibilidad) abarca desde los 72 a los 90 meses de prisión (6 años a 7 años y medio).

Esta colegiatura estima que no es del caso fijar la sanción en el mínimo del cuarto inferior, pues el desplazamiento forzado es una conducta de lesa humanidad que atenta de manera gravísima contra la autonomía personal; más en este caso, por cuanto los desplazados fueron campesinos a quienes se despojó no solamente de una parcela sino de toda una empresa comunitaria, debidamente organizada y liderada, de la que derivaban su sustento y alrededor de la cual consolidaron un sólido tejido social, que súbitamente se vio desintegrado por la dinámica de violencia generalizada provocada por las autodefensas que hicieron presencia en el territorio de San Onofre.

No puede perderse de vista, para efectos de tener analizar (sic) la gravedad del hecho, que el desplazamiento forzado, ya de por sí constitutivo de una de las mayores desgracias que ha sufrido la población desprotegida del país, se reviste aquí de una mayor dosis de perversidad cuando resulta promovida y mantenida por un individuo que hacía parte y lideraba la propia comunidad agredida y de quien los numerosos asociados —52 propietarios adjudicatarios— y sus familias debían esperar alguna oposición y protección frente al acto del despojo.

En lugar de ello, los labriegos vieron cómo su compañero de sociedad terminó no solamente por compartir la ideología y métodos criminales de los invasores sino impidiendo a sus antiguos socios y amigos el retorno al predio, y aun amenazándolos de muerte y obteniendo beneficios económicos para sí, a partir de la explotación de la finca que antes era comunitaria. Lo anterior deja ver a las claras una ostensible indiferencia por parte de Wilfrido Barragán Martínez respecto de elementales deberes de solidaridad con sus semejantes y una abierta traición a la comunidad que lo designó como uno de sus líderes.

Lo anterior, unido a la cantidad de personas que se vieron afectadas —52 propietarios y sus familias— y las indeseables consecuencias sociales, económicas y familiares que necesariamente sufren las víctimas, permite concluir que la conducta del procesado fue de la máxima gravedad y el dolo con que fue cometida no pudo ser mayor.

Por tanto, respetando los límites que impone el primer cuarto de punibilidad, la Corte fijará la pena de prisión para el delito de desplazamiento forzado en 90 meses de prisión, conclusión que permite afirmar que es este, y no el concierto para delinquir agravado, el delito más grave, pues, como la jurisprudencia lo tiene dicho: “es la pena individualizada de cada uno de los delitos en concurso la que conduce a determinar la base de construcción de la pena total a imponer, sin importar para el caso las sanciones mínimas y máximas previstas en abstracto por los respectivos tipos penales” (CSJ SP, 25 de agosto de 2010, Rad. 33458).

Ahora bien, en aplicación del artículo 31 del Código Penal que fija la regla para determinar la punibilidad en los casos de concurso de delitos, sería del caso aumentar el guarismo anterior (90 meses) en otro tanto, si no fuera porque concurre una clara limitación: el total de la pena a imponer no puede ser superior “a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas”, conforme lo dispone la norma mencionada.

En el caso presente, se tiene que la pena de prisión para el concierto para delinquir agravado ya fue dosificada por el sentenciador y fijada en 6 años (72) meses. Se diría, en principio, que el aumento de la pena “hasta en otro tanto”, como así lo autoriza el artículo 31 de la Ley 599 de 2000 en los casos de concurso de conductas punibles, no podría superar los 72 meses, es decir que la sanción privativa de la libertad podría ser de 90 + 72 meses.

No obstante lo anterior, no se puede pasar por alto que para el fallador de instancia la conducta de concierto para delinquir agravado, en criterio que a la Sala le resulta incomprensible pero que debe respetar por razón del principio de prohibición de reforma peyorativa (y por cuanto las consecuencias punitivas asignadas a ese delito no fueron objeto del recurso de casación), no revistió mayor gravedad. Ello queda claro al advertir que el a quo fijó la pena en el límite inferior del cuarto mínimo.

Por tanto, no es posible incrementar la pena de prisión prevista para el delito base (90 meses) en 72 más (correspondientes al concierto para delinquir agravado), pues ello solamente sería posible si para el sentenciador la pena para este último delito, vistos los criterios descritos en los incisos 3º y 4º del artículo 61 del Código Penal, ameritara la más alta sanción posible. Como el sentenciador no vio esa gravedad, la Corte debe ahora determinar el incremento “hasta en otro tanto” según el criterio ya fijado en el fallo de instancia.

Así las cosas, la Corte habrá de incrementar la pena de prisión de 90 meses en 6 meses más, aumento acorde con la escasa gravedad que el sentenciador le concedió al concierto para delinquir agravado, para obtener así una pena privativa de la libertad definitiva de 96 meses de prisión, término que se aplicará igualmente a la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

2. Respecto de la determinación de la pena principal pecuniaria, la Sala partirá de la dosificada realizada por el a quo, pues esta fue fijada en valor equivalente a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme así lo dispone el artículo 340 de la Ley 599 de 2000, norma que regula de manera más gravosa la pena de multa.

En consecuencia, por razón del incremento debido a la concurrencia del delito de desplazamiento forzado, esta corporación, considerando que el a quo fijó la pena de multa en el mínimo con fundamento en las razones antes expuestas, aumentará dicho guarismo en 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para un total de 2.010 de dichos salarios como pena principal de multa.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

VII. RESUELVE:

1. CASAR PARCIALMENTE la sentencia impugnada por la apoderada de la parte civil.

2. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a Wilfrido Barragán Martínez a las penas principales de 96 meses de prisión, multa por valor equivalente a dos mil diez (2.010) salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por término semejante al de la pena privativa de la libertad, como coautor penalmente responsable de los delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado, en concurso.

3. REVÓCASE la libertad provisional concedida al sentenciado Barragán Martínez por el Tribunal Superior de Sincelejo en auto del 23 de septiembre de 2011. EXPÍDASE la orden de captura en contra del sentenciado para el cumplimiento de la sentencia.

4. En lo demás, la sentencia mantiene su vigencia.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase».