Sentencia SP3929-2017/47768 de marzo 22 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP3929-2017

Rad. 47768

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos o XXX según sea el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

(Aprobado Acta Nº 090)

Bogotá, D.C., marzo veintidós de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «La demanda

Está compuesta por una censura, cuyo alcance es el siguiente:

El recurrente denuncia la “violación directa a la ley sustancial por falta de aplicación del debido proceso constitucional” consagrado en el artículo 29 de la Carta, por cuanto no se acudió por favorabilidad al artículo 381 de la Ley 906 de 2004 al momento de establecer los requisitos probatorios para condenar, pues para el efecto solo se atendió a los previstos en la Ley 600 de 2000, lo que “derivó en la indebida aplicación de los artículos 135 y 154 (sic)(8) del Código Penal”.

Luego asevera que el principio de favorabilidad por igual está previsto en el artículo 6º de la Ley 600 de 2000, ha sido reconocido por la Corte Constitucional (SCC C-200 de 2002), está contemplado en algunos tratados (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Convención América sobre Derechos Humanos) y no es dable hacer distinción entre normas procesales y sustanciales, de manera que asegura que en cada caso corresponde al juez establecer la disposición más benigna.

Posteriormente, el defensor trae a colación criterio de autoridad (CSJ SP, 16 sep. 2009, rad. 29267) conforme al cual, en caso de coexistencia de dos sistemas procesales, para efectos del principio de favorabilidad, se debe tener en cuenta que “además de que las figuras jurídicas estén reguladas en las dos legislaciones y que al aplicarse no se resquebraje el sistema dentro del cual se le da cabida, de ellas se prediquen similares condiciones fácticas y procesales”.

Afirma entonces que el artículo 381 de la Ley 906 de 2004 es más favorable que el 232 del Código de Procedimiento Penal de 2000.

Al respecto sostiene que la Sala ha señalado (CSJ SP, 24 ene. 2007, rad. 26618) que si bien en la Ley 906 de 2004 no se menciona expresamente la sana crítica como método de valoración probatoria, como sí ocurre en el Estatuto de Enjuiciamiento Criminal de 2000, en todo caso se entiende incorporada a aquella para los efectos anotados.

Por tanto, el libelista aduce que como la sana crítica es común a los dos sistemas procesales, entonces “la tarifa legal negativa consagrada en el… inciso segundo de la Ley 906 de 2004 no es incompatible con lo contemplado en el artículo 232 de la Ley 600 de 2000… además, en modo alguno la aplicación del precepto de la Ley 906 resquebraja el sentido y alcance de la Ley 600, [pues,] por el contrario… [le otorga] un mayor grado de garantía frente al debido proceso y a la carga probatoria necesaria para desvirtuar la presunción de inocencia”. Además, añade, ambas normas recogen circunstancias fácticas y procesales similares, de manera que el artículo 232 de la Ley 600 de 2000 puede entenderse complementado con el inciso 2º del artículo 381 de la Ley 906 de 2004, en donde se prevé que “la sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia”.

Señalado lo anterior, el impugnante sostiene que procede a determinar si en el caso particular, en las sentencias, no se le dio aplicación al principio de favorabilidad y, por tanto, “si les es imputable la violación directa a la ley”.

En ese sentido, aduce que la procesada fue condenada en las instancias por su participación directa en la colocación de la bicicleta bomba, sindicación que dice el censor, se fundamentó, en esencia, en lo declarado por O. C. C. y D. R. R., quienes indicaron que la acusada junto con J. E. M. P., F. J. R. C. y L. N. U. C. habían cometido tal conducta, testigos que específicamente hicieron ese señalamiento a partir del relato que la implicada les narró y porque días después del atentado, al llegar al campamento, el primero se percató de la felicitación a la incriminada por la acción realizada.

En esa medida, a juicio del recurrente, como los referidos deponentes no estuvieron presentes en el momento en que la enjuiciada colocó la bicicleta bomba, su testimonio es “de oídas, indirecto o, si se quiere, de referencia”.

Por tanto, el impugnante asegura que al dársele valor a esas versiones para condenar a la procesada, se desconoció el inciso 2º del artículo 381 de la Ley 906 de 2004, el cual debió aplicarse por favorabilidad.

Ahora, una vez el recurrente señala que la Sala ha sostenido (CSJ SP, 2 jul. 2014, rad. 34131) que el testimonio de oídas es una especie de la prueba de referencia, asevera que como en el sub judice se reconoció en las sentencias que las declaraciones de O. C. C. y D. R. R. eran de oídas, pues derivaron de versiones de terceras personas, entonces el censor “cuestiona que bajo los supuestos de la sana crítica, propios tanto de la Ley 600 como de la Ley 906, así como bajo la égida del debido proceso constitucional que obliga a la efectiva garantía de la aplicación del principio de favorabilidad y, por esta vía, a la aplicación de la tarifa legal negativa contenida en el inciso segundo del artículo 381 de la Ley 906 de 2004, se hubiese producido sentencia condenatoria en contra de… [su] defendida como coautora material de la colocación del artefacto explosivo”.

En esa medida, el demandante asegura que de no haberse dejado de aplicar por favorabilidad el inciso 2º del artículo 381 de la Ley 906 de 2004, no se habría “incurrido en la aplicación indebida de los artículos 135 y 142 (sic) del Código Penal”.

Finalmente, añade que si con la prueba recaudada se entendiera demostrado el delito de rebelión, lo cierto es que ese delito está prescrito, amén de que por esa infracción ya se le condenó a la acusada en otro proceso, cuya pena ya cumplió.

Por tanto, la defensa pide casar la sentencia y dictar fallo de remplazo absolutorio en favor de la incriminada S. M. A.

Consideraciones:

1. Sobre el alcance del recurso de casación:

El recurso extraordinario, es preciso decirlo, no es una instancia que se añada a las previamente agotadas, por ende, no se lo puede concebir como una oportunidad encaminada a prolongar el debate fáctico y jurídico propiciado en el curso del proceso, sino que, en razón de su naturaleza excepcional, se erige como una sede única en donde se asume que la sentencia del ad quem se profirió en medio de un juicio dotado por entero de legalidad, pero además, que lo decidido se ajusta en un todo a derecho, de manera que la tarea del demandante cosiste en desvirtuar esa doble presunción.

Por consiguiente, a dicho cometido únicamente puede llegarse a través de la presentación de una demanda escrita, en la que identificada la sentencia opugnada, acreditados la legitimidad y el interés para recurrir, se expongan con toda claridad y precisión los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión del inconforme, quien a su vez debe demostrar la objetiva configuración de uno o de plurales motivos de casación, de entre aquellos que están taxativamente previstos en el Código de Procedimiento Penal.

A su vez, de conformidad con los principios que gobiernan el recurso extraordinario, en el libelo se debe evidenciar la necesidad de la intervención de la Corte en orden a satisfacer alguno de los fines establecidos por el legislador en el artículo 206 ibídem, es decir, la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes en el proceso o la reparación de los agravios padecidos por estos.

Por consiguiente, al demandante le corresponde cumplir con unos mínimos requisitos de forma y contenido que conduzcan a desquiciar el fallo de segundo grado.

Entre los requisitos que ha de satisfacer el impugnante, se destaca el deber de interponer el recurso dentro de la oportunidad legalmente prevista y la carga de acreditar la existencia de interés para acudir a la sede extraordinaria.

Ahora, al demandante también le incumbe señalar, con absoluta precisión, la causal o causales que apoyan su pretensión; enunciar, desarrollar y sustentar de manera clara y exacta el cargo o cargos que a su amparo pretenda hacer valer y; demostrar de forma palmar que la intervención de la Corte en el asunto particular resulta necesaria para cumplir uno o varios de los fines previstos por el recurso, conforme atrás quedó indicado.

Bajo esa perspectiva, en orden a predicar una debida sustentación, le compete al censor exponer, de manera completa, de conformidad con el principio de sustentación suficiente, que el cargo o cargos propuestos en la demanda se bastan a sí mismos para lograr la infirmación total o parcial de la sentencia.

Adicionalmente, en ese propósito el actor debe tomar como guía los principios que gobiernan el recurso de casación, particularmente los de objetividad o realidad material, conforme al cual cualquier alegación debe ajustarse rigurosamente a la actuación surtida; autonomía, que exige una específica forma de formulación y demostración del cargo de acuerdo con la causal aducida y el motivo que le dé sustento y; trascendencia, acorde con el cual la censura debe tener la capacidad de quebrar la presunción de legalidad y acierto de la sentencia.

En esa medida, una adecuada sustentación del recurso exige que el demandante compruebe que el juzgador de segundo grado incurrió en error al tomar la decisión, bien de actividad (vitium in procedendo) o de juicio (vitium in iudicando), para cuyo efecto no basta con sostener que una determinada infracción se cometió, sino que es indispensable especificar en qué consistió, qué repercusiones tuvo en la decisión recurrida, qué consecuencias desfavorables se derivaron de ella para la parte impugnante, y por qué la intervención de la Corte es necesaria para el cumplimiento de los fines del recurso antes reseñados.

2. Sobre el cargo en particular:

Como quiera que en síntesis el recurrente denuncia la “violación directa” de la ley sustancial bajo el argumento que se dejó de aplicar por favorabilidad el inciso 2º del artículo 381 de la Ley 906 de 2004, lo que dice, dio lugar a la aplicación indebida de los artículos 135 y 144 del Código Penal, por cuanto la prueba testimonial que sirvió para condenar a la procesada es de oídas; es claro que de esto se sigue que el demandante desconoce los principios que gobiernan el recurso de casación y de allí que sea del caso señalar desde ahora que la demanda será inadmitida.

Sea lo primero advertir que, como la discusión planteada por el recurrente radica en la denuncia de la aplicación indebida de los artículos 135 y 144 del Código Penal (que describen los delitos de homicidio en persona protegida y actos de terrorismo, respectivamente, únicos por los que actualmente se procede en este asunto), por cuanto no hay prueba para condenar a la procesada (en tanto la existente, según la particular visión del defensor, no es suficiente para sustentar una sentencia de carácter condenatorio por tratarse de testimonios de oídas), de manera que finalmente pide casar la sentencia y que se dicte una de reemplazo absolutoria a favor del procesado, de esto se sigue que la causal que debió invocar fue la relativa a la “violación indirecta” de la ley sustancial.

Desde luego, si se repara, en esencia la censura que promueve el impugnante se circunscribe a señalar que “no hay prueba” para emitir fallo de condena en contra de la acusada, lo que de suyo envuelve una violación indirecta de la ley sustancial, sin que interese, para efectos de seleccionar la causal de casación, los motivos que lleven a dar por sentada esa falencia probatoria.

Ahora, como el motivo que esgrime el demandante se circunscribe a que los únicos medios de conocimiento de cargo que existen son de carácter testimonial de oídas, de los cuales afirma, son una especie de prueba de referencia, de manera que a su juicio, en atención al principio de favorabilidad, se debe dar aplicación al inciso 2º del artículo 381 de la Ley 906 de 2004, conforme al cual, no es posible dictar sentencia de condena exclusivamente con fundamento en prueba de referencia; de esto se sigue, al margen del yerro que se identifica en punto de la causal invocada, que por igual el recurrente, aún salvando el personal alcance que del principio de favorabilidad tiene, sobre lo cual se tratará más adelante, que se advierte que la queja que le da sustento al cargo en esas condiciones escasamente se deja enunciada.

En efecto, se observa que, aun aceptando en gracia de discusión que es posible dar aplicación por favorabilidad al inciso segundo del artículo 381 de la Ley 906 de 2004 a casos tramitados por la Ley 600 de 2000 como el presente, que el censor en modo alguno ofrece predicados orientados a identificar y demostrar la clase de yerro de valoración probatoria que se habría cometido, de acuerdo con la nomenclatura aplicada en el recurso extraordinario de casación.

Se tiene por tanto, que si lo específicamente discutido por el demandante es que la sentencia de condena contra la acusada exclusivamente se fundó en prueba de referencia y ello, conforme al inciso 2º del artículo 381 de la Ley 906 de 2004 está proscrito, entonces ha debido alegar un error de derecho por falso juicio de convicción, en el entendido que este tipo de yerro alude a los casos en que el juzgador le concede a la prueba un poder suasorio distinto al que el legislador expresamente le fija.

Adicionalmente, de continuar dándole pábulo a la singular postura del censor, por igual se tiene que en modo alguno entra a determinar, además de los cuestionados testimonios de oídas, todas y cada una de las pruebas que los juzgadores de instancia tuvieron en cuenta para sustentar la condena contra la acusada, en orden a precisar, en gracia de discusión, la incidencia del supuesto yerro de valoración probatoria alegado.

Al margen de las anteriores falencias de carácter formal, no puede dejar de señalarse los equívocos en que incurre el demandante.

En efecto, no es posible traer a la Ley 600 de 2000 por favorabilidad el inciso 2º de la Ley 906 de 2004.

Inicialmente conviene recordar que la Sala sostuvo sobre la posibilidad de aplicar por favorabilidad la Ley 906 a los casos tramitados por la Ley 600 lo siguiente:

…para que pueda aplicarse el principio de favorabilidad frente a la coexistencia de sistemas procesales se requiere —además de que las figuras jurídicas estén reguladas en las dos legislaciones y que al aplicarse no se resquebraje el sistema dentro del cual se le da cabida—, que de ellas se prediquen similares condiciones fácticas y procesales…(9)

En esa medida, resulta oportuno mencionar que la prueba de referencia a la que alude el demandante y que se encuentra consagrada en la Ley 906 de 2004, no está prevista en la Ley 600 de 2000, de manera que resulta sofística la razón que utiliza el censor consistente en que como en ambos ordenamientos en cita opera el sistema de valoración probatoria de la sana crítica, entonces se pueden traer los contenidos normativos relativos a la prueba de referencia de la Ley 906 a la Ley 600, pues un asunto es el método de apreciación de los medios de conocimiento y otro la prueba misma.

Sobre el particular la doctrina ha apuntado:

La tarifa legal o libre apreciación [también conocida como “sana crítica, apreciación razonada, libre convicción, convicción íntima…”(10)] se refieren al valor de convicción de los diversos medios de prueba; cosa muy diferente es la ritualidad que la ley procesal exija para que esos medios ingresen al proceso y puedan ser tenidos en cuenta, por el juez o por el jurado, esto es, la regulación de los actos procesales necesarios para configurar la prueba(11).

Conviene recordar entonces, que mientras que en relación con la prueba de referencia la Sala ha señalado:

La Ley 906 de 2004 introdujo dentro de su normativa el Artículo 437 según el cual:

“ART. 437.—Se considera como prueba de referencia toda declaración realizada fuera del juicio oral y que es utilizada para probar o excluir uno o varios elementos del delito, el grado de intervención en el mismo, las circunstancias de atenuación o de agravación punitivas, la naturaleza y extensión del daño irrogado, y cualquier otro aspecto sustancias objeto de debate, cuando no sea posible practicarla en el juicio”.

Frente a la definición que trae la normativa procedimental aplicable sobre prueba de referencia, esta Corporación tiene dicho (CSJ AP8611 – 2014 Rad. 34131):

“Significa esto, conforme ha sido advertido por la Corte (Cfr. CSJ SP, 6 mar. 2008, rad. 27477), que los elementos de la prueba de referencia son i) una declaración realizada por una persona por fuera del juicio oral; ii) que verse sobre aspectos que en forma directa o personal haya tenido la ocasión de observar o percibir; iii) que exista un medio o modo de prueba que se ofrece como evidencia para probar la verdad de los hechos que informa la declaración (testigo de oídas, por ejemplo) y; iv) que la verdad que se pretende probar tenga por objeto afirmar o negar aspectos sustanciales del debate (como por ejemplo la tipicidad de la conducta, el grado de intervención, las circunstancias de atenuación o agravación punitivas, o la naturaleza o extensión del daño causado, entre otros aspectos).

La prueba de referencia se refiere entonces, ha sido dicho (Cfr. CSJ SP, 21 sep. 2011, rad. 36023), a aquel medio de convicción (grabación, escrito, audio, incluso un testimonio), que se lleva al proceso para dar a conocer una declaración practicada por fuera del juicio, con el objeto de demostrar que es verdadero, cuando es imposible llevar al testigo por las causas expresamente señaladas en la ley; por ser este un instituto que obviamente raya con los principios probatorios del juicio, principalmente los de inmediación y contradicción, su admisibilidad se torna excepcional y también su fuerza demostrativa resulta menguada”.

(…)

En suma, prueba de referencia es aquella que se lleva al juicio oral, pero no a través de la persona que obtuvo el conocimiento del hecho sino de otro medio que recoge esa declaración, vertida de forma anterior al acto procesal idóneo para practicar la prueba, limitándose de esta forma el ejercicio de algunos de los principios que orientan la actividad probatoria, lo que hace que su decreto sea excepcional y este determinado por la demostración de una de las causales previstas normativamente en el artículo 438 del Código de Procedimiento Penal adversarial.

Así, consagra el artículo 438 citado, las causas por las que es viable estudiar la admisibilidad de una prueba de referencia:

“ART. 438.—Únicamente es admisible la prueba de referencia cuando el declarante:

a. Manifiesta bajo juramento que ha perdido la memoria sobre los hechos y es corroborada pericialmente dicha afirmación;

b. Es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar;

c. Padece de una grave enfermedad que le impide declarar;

d. Ha fallecido;

e. Adicionado. Ley 1652 de 2013, art. 3º. Es menor de dieciocho (18) años y víctima de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales tipificados en el Título IV del Código Penal, al igual que en los artículos 138, 139, 141, 188ª, 188C, 188D, del mismo Código.

También se acepta la prueba de referencia cuando las declaraciones se hallen registradas en escritos de pasada memoria o archivos históricos.

(…)

Desde luego, como ha advertido la jurisprudencia de esta Sala, la parte contra la cual se enerva el medio de conocimiento [de referencia] no podrá ejercer el derecho de contradicción y el de confrontación, como tampoco habrá inmediación de la prueba por el juez, lo que conduce, de un lado, a que no se pueda condenar solo con prueba de esta naturaleza y de otro, a que su valor suasorio se vea atenuado. (CSJ AP, 12 oct. 2016, rad. 47921).

A su vez, en los casos regidos por la Ley 600 de 2000 la Corte ha sostenido, en relación con el testimonio de oídas, lo siguiente:

Conforme lo tiene sentado la Sala, un testigo de oídas es aquel que narra lo que otra persona le relata sobre unos hechos y, por lo tanto, lo que puede acreditar, en últimas, es la existencia de ese relato (CSJ AP, 18 ago. 2010, rad. 34258 y CSJ SP, 4 nov 2008, rad 27508).

En el marco del sistema procesal de la Ley 600 de 2000, es un medio de prueba susceptible de estimación por el juzgador de manera conjunta y con arreglo a las pautas de la sana crítica, acorde con los criterios existentes para apreciar el testimonio plasmados en los artículos 238 y 277, pero, desde luego, carece de la misma fuerza suasoria que ostenta la prueba testimonial directa.

Precisamente, a la luz de la sana crítica, la jurisprudencia de la Sala ha diseñado criterios para la apreciación de esta particular prueba. Así: (i) que lo narrado haya sido escuchado por el testigo directamente de una persona que tuvo conocimiento inmediato de los hechos (de primer grado), lo cual excluye el relato deformado por un número superior de transmisiones; (ii) que el testigo de oídas señale con precisión cuál fue la fuente de su conocimiento; (iii) que establezca las condiciones en que el testigo directo comunicó la información a quien después dio referencia de esa circunstancia; y (iv) que otros medios de persuasión refuercen las aseveraciones del testigo de oídas (CSJ. SP, 24 de jul. 2013, rad. 40702). (CSJ SP, 30 nov. 2016, rad. 42441)

Como se puede apreciar, mientras que en la Ley 906 de 2004 hay una regulación expresa en relación con la prueba de referencia, en la Ley 600 de 2000 es inexistente, de donde se sigue que al no estar contemplada la prueba de referencia en esta última normatividad, no es posible dar aplicación al principio de favorabilidad en los términos establecidos por la Sala (CSJ SP, 16 sep. 2009, rad. 29267), cuando de la coexistencia de los dos sistemas de procesamiento penal se trata, al no existir un parámetro para hacer la respectiva comparación, contrario a lo que sugiere el demandante.

Desvirtuada la presencia, para aplicar el principio de favorabilidad, del requisito relativo a que en los dos sistemas procesales que actualmente coexisten, esto es, el recogido en la Ley 600 de 200 y el contemplado en la Ley 906 de 2004, la figura jurídica esté regulada, por igual debe señalarse que mientras que en el primero rige el principio de permanencia de la prueba, en el último solo se entiende como tal, salvo precisas excepciones, la practicada en el juicio, de donde se sigue que por esta causa tampoco es posible aplicar el aludido principio, pues bajo las categoría s de la Ley 906, toda la prueba —si así se le pudiera calificar— producida en la etapa de la investigación en los casos regidos por la Ley 600, sería de referencia, en tanto se practica fuera del juicio, a lo que se suma, como se viene de reseñar, que las circunstancias procesales de la prueba de referencia de que trata la Ley 906 difieren del testimonio en general —y de oídas en particular— de la Ley 600 de 2000.

Por tanto, al margen de la sofística argumentación que propone el demandante para aplicar las categorías de la prueba de referencia que prevé la Ley 906 de 2004 a los casos que —como el presente— se tramitan con fundamento en la Ley 600 de 2000, lo cierto es que tampoco le asiste la razón cuando afirma que en el asunto de la especie solo se contó con los testimonios de O. C. C. y D. R. R., para sustentar la sentencia condenatoria proferida contra la procesada S. M. A., pero además, que el dicho de estos sea exclusivamente de “oídas”.

En efecto, basta una mirada a la sentencia del ad quem para percatarse que ello es así, pues en relación con la responsabilidad de la acusada S. M. A. se afirmó:

Al respecto debe señalarse que la vinculación de esta procesada con los hechos sucedidos en el barrio Fátima el 25 de enero de 2002, surgió de la inspección judicial a las diligencias radicadas “1209 UDH”, que se adelantaban a propósito de unos actos terroristas sucedidos el 17 de abril de 2002 en el centro comercial “Terraza Pasteur”, de las que se trasladaron, entre otros, los testimonios de O. C. C. y D. R. R., quienes refirieron los pormenores de su vinculación a la Red Urbana Antonio Nariño de las FARC, que conformaba, entre otros, “P.”, de quien el primero adujo que su nombre real era “S.” y que se reunió con ella, al igual que con alias “J.” , “A.” y T.” para planear el atentado perpetrado en el barrio Fátima(12).

Al respecto sostuvo con claridad O. C. C. en declaración del 14 de agosto de 2002(13):

“(…) la bicicleta bomba la colocaron P., J., T. y A. (…) ese día yo llegué por la tarde, a mi me regañaron porque no me presenté a la fecha del seis al quince de enero… cuando llegué aquí a Bogotá ya habían colocado la bomba. Las personas que nombré colocaron la ciclobomba, cuando yo llegué estaba el comentario que hubieron (sic) tantos policías muertos y felicitaron a Paola por el trabajo que hizo… Nosotros (se refiere a la Ruan(14)) nos reuníamos ahí al lado de la fábrica de Bavaria, en un parque que había ahí de Bavaria pa arribita (sic), ahí se reunía A., J., P., T. y D., que es el compañero mío y mi persona… P. era la estafeta de ellos dos, de J. y A.”.

Dichos señalamientos fueron corroborados por D. R. R. el 15 de agosto del mismo año —[a través de] prueba trasladada al proceso(15)—, en cuya declaración adujo que conocía a “P.” por su compañero “O.”, quien le dijo que en esta ciudad [de Bogotá] el movimiento “era diferente a como se trabajaba en la [Red] Urbana de Barranca y de Bucaramanga(16), al igual que en una oportunidad “A.” les mencionó que debían ir al campamento porque el camarada “C. A. L.” los quería conocer y “P.” se negó porque “no tenía con quién dejar el niño”.

Datos que precisamente concuerdan con los de la procesada S. M. A., quien en injurada allegada como prueba trasladada y en la rendida en esta actuación, señaló que en efecto es natural y vivió en Barrancabermeja antes de trasladarse a esta ciudad [de Bogotá] y era madre de un menor de edad(17).

Posteriormente, el mismo O. C. C., en injurada igualmente trasladada al presente proceso, describió con claridad los rasgos morfológicos de “P.”, en cuanto adujo que se trataba de una persona de 1,65 metros de estatura, contextura normal, cabello ondulado largo abajo de los hombros, blanca, ojos iris café, edad 28 años y con manchas en el rostro, residente en el sector de Casablanca(18), mientras que D. R. R. de forma concordante, adujo que “P.” era de piel blanca, cabello rizado mono, ojos claros café, de 30 a 35 años y madre de un niño de 5 años(19).

Rasgos que coincidieron en su totalidad con los de S. M. A., plasmados en su injurada…

(…)

Por si fuera poco, es evidente la contradicción en que incurrió el testigo [R.] D. L. O., en punto de lo señalado por la amiga de la procesada E. O., pues aquel adujo en el juicio oral, que el día de los hechos sucedidos en el barrio Fátima, era imposible que la señora S. M. A. los hubiera perpetrado [por cuanto dijo]: “Yo supe que S. M. A. había sido vinculada a este proceso en el año 2002, alguien me comentó que estaba detenida, ella era mi compañera de trabajo, la estimaba como persona… yo puedo decir que S. M. A. no estaba en esos hechos porque yo la dejé trabajando (…)”.

Afirmación que contrasta con el dicho de la señora E. O.(20), quien con prodigiosa memoria adujo que precisamente el 25 de enero de 2002 recogió a la procesada en Sintradit, aproximadamente a las 11 y 30 de la mañana, para llevarla a un almuerzo que había organizado por el cumpleaños de su novio C. M., luego, a la hora de los hechos, no estaba laborando en el sitio que afirmó R. D. L. O.

(…)

Ahora, frente al supuesto almuerzo para el novio de E. O., que respondía al nombre de C. M., quien supuestamente conducía un vehículo de servicio público de la compañía Teleclub, celular XXXXXXXXX, se libró misión de trabajo y en dicha empresa no se encontró dato alguno de esta persona, al igual que el aludido celular no aparecía a su nombre y lo más trascendente, ninguna de las personas con ese nombre [de pila] cumplía el 25 de enero(21).

(…)

De otro lado, es de anotar que con posterioridad a los hechos y cuando ya la procesada se encontraba privada de la libertad, contactó, a través de “T.” —esposo de una compañera del centro cancelario de aquella, cuyo nombre era “E.”—, a D. R. R. en agosto de 2010 para pedirle que se “retractara” de lo manifestado en su contra, lo que en sentir de la Sala estructura un indicio postdelictual, máxime cuando se allegó la carta que envió al testigo de cargo, quien en el testimonio que rindió refirió:

“En esa oportunidad él (se refiere a T.), me dijo que P. quería hablar conmigo… que él tenía el número telefónico de la cárcel… hicimos la llamada y P. me dijo por dicho teléfono que le colaborara y que se diera cuenta que ella tenía un hijo… que me retractara de las declaraciones que había dado”.

Aseveraciones que concuerdan integralmente con lo mencionado en la carta que allegó al proceso, en la que incluso, la implicada le dio a D. R. R. la dirección y el teléfono de su defensora para que le ayudara a tramitar “protección y lo sa[caran] del país”.

(…)

En síntesis, aunque la defensa de S. M. A. pretendió desvirtuar su coautoría en tan reprochables delitos, lo cierto es que surge diáfana con las pruebas anteriormente analizadas y ello implica que su sentencia de condena por los delitos de homicidio en persona protegida y actos de terrorismo, debe ser confirmada por la Sala.

Como se puede apreciar, no solo el dicho de O. C. C. y D. R. R. fundado en lo que otras personas les refirieron sirvió para deducirle responsabilidad a la procesada, sino que con su conocimiento directo y con otras pruebas, se corroboró la sindicación que hicieron contra la acusada.

En esa medida, en síntesis, el libelista no solo se equivocó al invocar la causal de casación, sino que también omitió desarrollar la censura adecuadamente. Además, no tuvo en cuenta los requisitos para invocar el principio de favorabilidad cuando se está ante la coexistencia de sistemas de procesamiento penal (Ley 600 y Ley 906) y de contera, sus afirmaciones en torno a que la responsabilidad de la procesada únicamente se fundó en testimonios de oídas tampoco se ajustó a la realidad procesal, razones por las cuales, como se anunció desde el comienzo, se impone la inadmisión de la demanda.

Para terminar, cabe precisar que atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de la misma, posición de la impugnante dentro del proceso e índole de la controversia, no se encuentra violación de garantías de incidencia sustancial ni procesal que deban ser protegidas oficiosamente y que conduzcan a superar los defectos de la demanda, por lo que se impone su definitiva inadmisión, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 212 y 213 del Código de Procedimiento Penal.

Casación de oficio:

De conformidad con la reseña procesal inicialmente consignada en esta determinación, G. L. S. V., alias “A. C.”, fue acusado y condenado en las instancias, no obstante, hay constancia de su muerte, motivo por el cual se impone decretar la extinción de la acción penal por tal causa, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 1º del artículo 82 del Estatuto Punitivo.

En efecto, a folio 36 del cuaderno del Tribunal, obra el registro civil de defunción con indicativo serial Nº XXXXXXXXX de “G. L. S. V.”, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 17.122.751, registro que se inscribió en la “Registraduría de Colombia - Cauca - Morales” el 9 de noviembre de 2011, en el que se da cuenta de que el citado murió el día 4 de igual mes y año en “Colombia, Cauca Morales” y que tal inscripción se ordenó por la “Fiscalía Quinta “Especializada”.

Ahora, para la fecha de la muerte de G. L. S. V., esto es, el 4 de noviembre de 2011, no se había proferido la sentencia de primera instancia, pues esto ocurrió el 30 de septiembre de 2013, de manera que no era posible condenar al citado para tal fecha, en razón de su deceso previo.

En esa medida, es claro que no era posible dictar sentencia de carácter condenatorio válidamente, motivo por el cual, se casará de oficio la misma y se decretará la cesación del procedimiento por extinción de la acción penal por muerte del procesado G. L. S. V., alias “A. C.”.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. INADMITIR la demanda de casación presentada por el defensor de S. M. A.

2. CASAR parcialmente de oficio el fallo, en consecuencia, cesar el procedimiento por extinción de la acción penal por muerte en relación con G. L. S. V.

3. MANTENER incólumes las demás decisiones adoptadas en la sentencia recurrida.

Contra esta providencia no procede ningún recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen».

8 En realidad es el artículo 144 que describe el delito de “actos de terrorismo”.

9 CSJ SP, 16 sep. 2009, rad. 29267.

10 Hernando Devis Echandía, Teoría General de la Prueba, Bogotá, Editorial Temis, 2006, Tomo I, páginas 88 a 92.

11 Ídem, página 93.

12 “Ver folios 10 al 12, 14, 19, 20, 22, 28, 29, 41, 45, 64, 101, 104, 106 y 115 del cuaderno original 10.”

13 “Folios 12, 19 y 20, cuaderno original 10.”

14 “Red Urbana Antonio Nariño de las FARC EP.”

15 “Folios 38 y ss., cuaderno original 10.”

16 “Folios 40 y 41, cuaderno 10.”

17 “Ver folios 151 y ss. Cuaderno original 12 y folio 91 del cuaderno 13.”

18 “Folio 124, cuaderno original 12.”

19 “Folio 146, cuaderno original 12.”

20 “Ver folios 62 y 74, cuaderno original 18.”

21 “Ver folios 235 y ss., cuaderno original 16 y folios 194 y ss., cuaderno original 17.”