Sentencia 32629 de abril 2 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP4054-2014

Radicación 39629

Aprobado acta 93

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Bogotá, D.C., dos de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

A través de la primera censura, conforme quedó visto, puso en cuestión el actor en este caso la inexistencia de querella en relación con los hechos que fueron objeto de condena, toda vez que por los mismos no fue presentada por el ofendido, y el juez de manera flagrantemente equivocada, a través del principio de extensión de la querella, comprendió otros hechos y no, como es característico y propio de dicha figura, a otros intervinientes, restricción que lo conduce a reclamar como decisión adecuada a estos supuestos el cese de todo procedimiento.

Siendo este el contenido del ataque propuesto, impera en primer orden recordar que por mandato constitucional y desarrollo legal (arts. 250 y 66 de la C.P. y el CPP, respectivamente), la acción penal corresponde al Estado y se ejerce por intermedio de la Fiscalía General de la Nación, cuyo cometido es investigar la verdad respecto de los hechos que ostenten carácter delictivo, de oficio, o que sean puestos en su conocimiento a través de denuncia, petición especial o querella.

A su vez, la querella se ha concebido como una condición o presupuesto indispensable para el válido ejercicio de la acción penal y consiste en una declaración de voluntad ante el aparato jurisdiccional del Estado, en orden a poner en su conocimiento la noticia críminis y ejercer la acción penal en relación con aquellos delitos que no pueden ser perseguibles de oficio.

Ostenta por ello un eminente carácter potestativo y restrictivo, toda vez que se trata de buscar el patrocinio jurisdiccional respecto de conductas calificadas de delictivas que solo pueden ser perseguidas a instancia de parte, o lo que es igual, eventuales delitos en relación con los cuales solo se activa el aparato judicial a través de la acción penal privada para el inicio del procedimiento, razón por la cual suele ser valorada como condición de punibilidad, bajo el claro entendido que sin la iniciativa particular contra un hecho constitutivo de delito que requiere querella ninguna autoridad judicial puede ejercer el ius puniendi.

El artículo 31 de la Ley 600 de 2000, aplicable en este caso dada la fecha de los hechos (en terminología análoga a la que emplea el art. 70 de la L. 906/2004), califica la querella de condición de “procesabilidad” de la acción penal, en una deformación de la expresión original que el profesor Carnelutti utilizara como condición de “procedibilidad”, quizás asumiendo que la querella es presupuesto procesal pese a que esta expresión se define como exigencia para que pueda ser válido un proceso y aquella elude cualquier activación del mismo y se ha entendido en general como un permiso que el particular le concede al funcionario competente para que pueda dar impulso a la investigación penal; naturaleza originaria de la institución a través de la cual al tiempo que se hace prevalecer el interés privado sobre el público frente a determinadas conductas, como desarrollo de la discrecionalidad de la persona que se afirma ofendida, quien es el legítimo querellante, provoca una restricción respecto de los hechos en relación con los cuales se incoa, constituyendo para el funcionario judicial un derrotero o límite desde lo fáctico del ejercicio de impulsión oficiosa y de averiguación, pues la intervención judicial una vez activada la acción penal en razón de la índole privada hace elocuente la restricción para el Estado, configurando por dicho motivo un límite sobre el contenido y alcance de la indagación punitiva, salvedad, según se verá, al hacerse extensiva la persecución penal exclusivamente a otros partícipes en los concretos hechos querellados, conocidos o no por parte del querellante.

En efecto, cuando el artículo 33 de la Ley 600 prevé (L. 906/2004, art. 72), que la querella se extiende de derecho contra todos los que hubieren participado en la conducta punible, como con acierto lo hace notar el actor, contempla un elemento personal y no factual, o lo que es igual, posibilita la injerencia de la oficiosidad a personas no referidas por el actor, de donde le es dable practicar todas aquellas pruebas orientadas a verificar los hechos señalados en la querella y a todos aquellos sujetos a quienes les sean imputables, al margen de que sean para el denunciante ignotos, normativa que tiene origen en el principio de indivisibilidad de la querella y que por ende viabiliza la acción del Estado jurisdiccional contra todos los responsables en los hechos querellados.

El carácter restrictivo de la querella en los términos en que la ley lo ha previsto y doctrina por lustros reconoce, se manifiesta en otras figuras aledañas y consecuentes con su origen y naturaleza, pues así como se exige en relación con delitos como los de injuria y calumnia, debiendo concretarse las circunstancias modales en que se produjeron las expresiones de esta índole que las configuran, al sujeto pasivo que le corresponde activar el aparato judicial es al único que también atañe el desistimiento y correlativamente, solo al sujeto activo de dichos delitos la retractación, haciéndose relevante que la víctima u ofendido tiene plena discrecionalidad tanto para activar el aparato judicial, como para enervar su acción por desistimiento respecto de los hechos querellados y no sobre otros análogos, pues es de su voluntad en relación con cuáles de quienes han incurrido en conductas de injuria o calumnia, procede la inhibición punitiva por desistimiento o remisión y consiguiente extinción de la acción penal.

La querella es así, como se ha dicho, un acto formal que no admite equivalentes y esa promoción o patrocinio jurisdiccional que excepcionalmente se incoa en relación con unos hechos demarcados temporalmente, determinan a su vez el ámbito de la intervención judicial oficiosa, sin que quepa extenderla a otros por asimilación o por exceso o celo investigativo, bajo el principio general de la intervención ilimitada que suele ser la regla en el derecho punitivo, con directa repercusión en el plazo perentorio o caducidad que se predica respecto de cada hecho individualmente considerado y en forma independiente.

Sobre este particular, ya doctrina antigua y con plena actualidad de la Sala (A.P. ene. 31/94. Rad. 9010), ha decantado que no puede perderse de vista “que el delito de calumnia es de aquellos que requieren querella para su investigación y por ello es el ofendido quien tiene el poder de disposición sobre la acción penal. De suerte que aunque hubiese sido víctima de varios delitos de calumnia, si el sujeto pasivo solo desea denunciar uno de ellos la administración de justicia no puede extenderse a los demás”.

Si bien una vez incoada la querella, el proceso se adelanta por impulsión oficiosa, tiene por parámetro restrictivo de referencia el marco fáctico querellado y conlleva una cortapiza como lo es no poder actuar sobre otros hechos que surjan en desarrollo de la investigación, trátese o no de conductas de la misma índole, estándole por consiguiente vedado al funcionario no solo su pesquisa, sino cualquier actividad para que se indaguen, como compulsar copias en relación con los mismos, pues en uno y otro caso se carece de competencia y el trámite no se depura ante la evidente ausencia de querella válida para actuar.

Pues bien, ciertamente, según lo advera el reproche propuesto contra el fallo impugnado y se evidencia en la síntesis procesal, el ofendido José Antonio Name Terán promovió querella el 26 de abril de 2007, que amplió el 11 de mayo del mismo año, dando cuenta de correos difundidos por diversos usuarios en internet en los meses de enero y abril de ese año, en donde se le hacían “infamantes, calumniosas y graves imputaciones”, mismos hechos materia de persecución penal instado desde la perspectiva de búsqueda de reconocimiento de una indemnización a que aludió la parte civil en demanda presentada el 30 de abril de dicha calenda.

Como también fue reseñado, por estos hechos, se produjo la vinculación de diversas personas que participaron en la difusión de correos electrónicos (sin comprender en todo caso a más de un centenar de cuantos intervinieron en esa actividad dentro de dichos correos), pero extendiendo el objeto de investigación, inclusive, a nuevos hechos acaecidos en fechas posteriores, con contenidos distintos que hacían referencia a Name Terán, de las que puso en conocimiento la parte civil en su prolija intervención y que se logró establecer pertenecían a otros cibernautas, entre quienes se cuenta Andrés Alberto Vásquez Moreno.

La Fiscalía 41 Seccional de Barranquilla, mediante resolución del 29 de agosto de 2007 (fl. 84, cdno. 2), a partir de la intervención y copioso aporte de documentos de la parte civil que puso al descubierto nuevos hechos atentatorios del honor y la honra de su mandante diversos de los querellados, asumiendo el operador judicial que no debía ocuparse de los mismos, negó vincular a Lida Acuña Cajar a la investigación, pese atribuírsele la difusión de correos difamatorios en contra, entre otros de Name Terán, pero decidió inesperadamente remitir el asunto “a la oficina de asignaciones”, como si en relación con los mismos se pudiera proseguir de oficio.

Por manera que, siendo las nuevas publicaciones por internet de contenidos diversos, hechos evidentemente distintos de los querellados y encontrándose entre estos aquellos atribuidos a Vásquez Moreno, quien aceptó en el juicio ser su creador, no existía en relación con los mismos querella válida y si para la fiscalía no había lugar a su investigación en este asunto, como sucedió con aquellos imputados a Lida Acuña Cajar y tampoco, desde luego, facultad legal alguna existía para disponer su oficiosa investigación, no podían quedar comprendidos en la resolución de cargos con posterioridad proferida.

Aun reconociendo la naturaleza dispositiva que es propia de la parte civil, tratándose de hechos que se investigan en virtud de querella, no le es dable a este sujeto participar en desarrollo de la actuación más allá de procurar una condena indemnizatoria por los hechos querellados, con mayor razón cuando el poder de la oficiosidad está orientado a verificar si los daños y perjuicios reclamados se derivan de la conducta denunciada, no de toda suerte de conductas, así involucren el rango de bienes jurídicos de igual naturaleza, pues lo determinante es que respecto de otros hechos es presupuesto sine qua non que medie querella o se comprendan expresamente en ratificación de la misma por el ofendido.

A la parte civil no se otorgó poder para que ejercitara el derecho de querella a nombre de José Name Terán, quien por el contrario directamente, como ofendido y titular del mismo, lo activó, sino simplemente para que lo asistiera en la representación de lograr una condena indemnizatoria. No se trató por ende de un mandatario especial.

En este sentido se expresa Manzini en el tomo IV de su colosal tratado, cuando señala:

“El ofendido por el delito (aunque no tenga calidad de sujeto procesal) tiene facultad, simultánea o sucesivamente a la presentación de la querella, para producir memorias escritas en apoyo de esa misma querella, indicar elementos de prueba y proponer indagaciones para la comprobación de la verdad.

Ya hemos visto que la constitución de parte civil no equivale a la querella, pues con ella solo se manifiesta la voluntad de conseguir el resarcimiento del daño o las restituciones. Por tanto, cuando se procede por un delito perseguible de oficio que luego resulte punible solo mediante querella, la constitución de parte civil no suplirá a la querella, si la parte civil no es, por lo menos, denunciante”.

Siendo ello así, razón asiste al actor en considerar que imputados en la acusación y correlativamente en la sentencia, hechos que fundaron la condena y en relación con los cuales no se formuló válidamente querella, el cargo prospera, haciéndose consecuencialmente inestudiables las demás censuras, pues corresponde a la Corte casar el fallo y ordenar la cesación de todo procedimiento en favor de Andrés Alberto Vásquez Moreno.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Casar el fallo impugnado.

2. Decretar la cesación de todo procedimiento en favor de Andrés Alberto Vásquez Moreno.

3. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, cúmplase, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».