Sentencia SP4090-2016/39842 de marzo 30 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 39842

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Acta 93

Bogotá D.C., treinta de marzo de dos mil dieciséis

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El ataque casacional en este caso emprendido a través del cargo que fue admitido por la Corte, se encaminó por violación directa de la ley sustancial, acusando quebranto por aplicación indebida del artículo 135 del C.P., bajo el entendido que el precepto en mención sanciona a quien con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, ocasione la muerte de persona protegida por los convenios internacionales sobre derecho humanitario, dado que la muerte de los civiles Tania Solano Tristancho y Juan Carlos Gálvis Solano, no estaría comprendida por el alcance típico de tal norma, sino sancionado bajo los supuestos de los artículos 103 y 104 del mismo estatuto.

2. Así enunciado el cargo, emerge evidente que a la fecha carece de la menor actualidad la controversia dogmática relacionada con el contenido y alcance típico de la norma 135 del Estatuto represor, más concretamente en lo relacionado con la pretendida ausencia del ingrediente normativo relacionado con admitirse que los integrantes de la población civil muertos el 17 de agosto de 2003, lo fueron “con ocasión y en desarrollo de conflicto armado”, no solamente en cuanto al hecho de aceptarse incontrovertiblemente que en Colombia se adelanta desde hace más de cincuenta años una confrontación bélica irregular con diversos intervinientes, sino que en desarrollo de la misma la afectación de personas y bienes protegidos por el DIH, comporta en el Título II del Código Penal una sanción especial, dada la excepcional integración que en esta materia representa el bloque de constitucionalidad a través de instrumentos internacionales ratificados por Colombia que así lo imponen.

3. A propósito, hoy por hoy, según se advirtió, el planteamiento teórico acorde con el cual no estarían enmarcadas por el alcance típico del artículo 135 del C.P., las ejecuciones extrajudiciales, denominadas “falsos positivos”, de civiles a través de actividades adelantadas por miembros del Ejército mediante operaciones formales de tropas articuladas para combatir integrantes de la guerrilla, ha obtenido profusa respuesta por doctrina decantada de la jurisprudencia penal en forma tal que la misma emerge suficientemente ilustrativa para, en armonía con el concepto del ministerio público, descartar su viabilidad.

4. En efecto, así, en la sentencia de casación 35099 de 2011, en forma concreta la Corte sistematizó lo dispuesto en los diversos instrumentos internacionales contenidos en el artículo 3º común a los convenios de Ginebra y el Protocolo II adicional a los convenios de Ginebra, así como, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en orden a evidenciar los conceptos allí contenidos que contrastados con la realidad colombiana hacen inocultable la existencia de un conflicto no internacional, sin que para ese propósito fuera indispensable la manifestación expresa del Gobierno, pues el conflicto es un hecho y no una declaración, de modo que en lo que respecta a la protección a la población civil se ha entendido por tal a los individuos que no son miembros de las fuerzas armadas u organizaciones armadas irregulares enfrentadas y no toman parte en las hostilidades.

A su turno, la jurisprudencia internacional ha proporcionado distintos criterios para determinar la existencia de un nexo cercano entre un determinado hecho o situación y el conflicto armado internacional o interno en el que ha tenido lugar, señalándose que tal relación cercana existe “en la medida en que el crimen sea moldeado por o dependiente del ambiente en el que se ha cometido —v.g. el conflicto armado—. Al determinar la existencia de dicha relación las cortes internacionales han tomado en cuenta factores tales como la calidad de combatiente del perpetrador, la de no combatiente de la víctima, el hecho de que ésta sea miembro del bando opuesto, que el acto pueda ser visto como un medio para lograr los fines últimos de una campaña militar, o que el acto haya sido cometido como parte de los deberes oficiales del perpetrador, o en el contexto de dichos “deberes”, aspectos todos con fundamento en los cuales logra tomarse entendimiento que los civiles, en esta clase de actos de ejecución dentro de zonas de conflicto y en desarrollo de operativos con la teórica finalidad de combatir a miembros de la guerrilla por las fuerzas militares, son víctimas de homicidio en persona protegida bajo los supuestos típicos del art. 135 en referencia (En el mismo sentido son, entre otras decisiones, la Sentencia Cas. 36460/2013 y AP 43248/2014).

5. Advertido que las muertes de los civiles no combatientes Tatiana Solano Tristancho y Juan Carlos Gálvis Solano, acaecidas en el sector denominado Sol Caliente del municipio de San Diego (Cesar), se produjeron por miembros del Ejército, entre ellos el teniente Carlos Andrés Lora Cabrales, en desarrollo de la orden de operaciones Nº 003 “arrasador”, en procura de combatir (esto es actuar con ocasión y/o en desarrollo del conflicto armado), a “narcoterroristas de las OAML, de las cuadrillas 41 de las FARC, grupos de autodefensas ilegales y delincuencia común organizada”, que hacían presencia en la zona, es un hecho que el tipo penal de homicidio en persona protegida del art. 135 del C.P., fue adecuadamente escogido como aquél en que se enmarcan los hechos materia de imputación en este caso.

El fallo se mantiene incólume.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala De Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

NO CASAR la sentencia impugnada.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».