Sentencia SP4235-2017 de marzo 23 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP4235-2017

Rad.: 45072

Acta: 94

Acción de revisión

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Bogotá D. C., veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver la presente demanda de revisión, que se dirige contra la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali el 31 de mayo de 2012, que confirmó la emitida el 30 de enero de ese año por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Descongestión de la misma ciudad, que sancionó a H.B.L. con las penas de 16 años y 8 meses de prisión y 20.198 salarios de multa, como responsable de los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, tráfico de estupefacientes y lavado de activos12.

En orden a verificar la procedencia de la causal 2ª de revisión invocada, se debe constatar si se afectó la garantía fundamental del non bis in ídem en el proceso penal que cursó contra H.B.L. en nuestro país.

Como metodología, la Sala traerá a colación un marco conceptual de legislación y jurisprudencia relacionado con la garantía del non bis in ídem y en particular, en materia de extradición; luego, recordará los factores esenciales que se deben verificar en orden a demostrar si se afecta el non bis in ídem cuando una persona es juzgada dos veces por el mismo hecho. Posteriormente, si los procesos que se adelantaron contra B.L. – uno en Colombia, otro en Estados Unidos – reúnen tales condiciones para corroborar si el accionante fue condenado dos veces por una misma situación fáctica y, finalmente, se establecerá si es procedente revisar la sentencia confutada.

1. El principio del non bis in ídem y el respeto de la cosa juzgada.

1.1. Establece el artículo 29 de la Constitución Política que toda persona tiene derecho a no ser juzgada dos veces por el mismo hecho.

Además, los artículos 8º del Código Penal y 19 del Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000), contemplan el principio de prohibición de doble incriminación y el respeto de la cosa juzgada como ejes del proceso penal. Tales normas imponen que a nadie se le impute más de una vez la misma conducta punible salvo lo establecido en los instrumentos internacionales y además, que «la persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a una nueva actuación por la misma conducta».

El sentido y alcance de los principios en comento, que ostentan rango de derechos fundamentales, ha sido analizado de forma exhaustiva por la Corte Constitucional, que expuso en Sentencia C-434/13 lo siguiente:

El principio non bis in ídem tiene dos significados principales en nuestro ordenamiento jurídico:

i) El primero hace referencia a su faceta subjetiva —esto es, como un derecho fundamental—, que se concreta en la imposibilidad de que, una vez emitida sentencia sobre un asunto, el sujeto activo del mismo pueda ser objeto de nuevo juzgamiento por parte de las autoridades de un Estado. Se evita así un constante estado de zozobra cuando se prohíbe a las autoridades públicas retomar una causa judicial, disciplinaria o administrativa para someter al sujeto activo a una nueva valoración y, por consiguiente, una nueva decisión. Desde esta perspectiva el principio non bis in ídem sería la concreción de principios como la seguridad jurídica y la justicia material.

ii) El otro significado resalta a la faceta objetiva del principio, consistente en la imposibilidad de que el legislador permita que un sujeto activo sea procesado y sancionado ante una misma jurisdicción en más de una ocasión por los mismos hechos.

Y dijo, en providencia C-622/07 sobre la cosa juzgada lo siguiente:

En términos generales, la cosa juzgada hace referencia a los efectos jurídicos de las sentencias, en virtud de los cuales éstas adquieren carácter de inmutables, definitivas, vinculantes y coercitivas, de tal manera que sobre aquellos asuntos tratados y decididos en ellas, no resulta admisible plantear litigio alguno ni emitir un nuevo pronunciamiento.

Los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y su objeto consiste, entonces, en dotar de un valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a promover el mismo litigio.

La cosa juzgada brinda así seguridad y estabilidad a las decisiones judiciales, en la medida que impide un nuevo planteamiento del caso litigioso para obtener respecto de él una nueva declaración de certeza.

De acuerdo con su definición, a la cosa juzgada se le atribuyen dos importantes consecuencias, que si bien se encuentran relacionadas entre sí, en todo caso mantienen una clara diferencia. Una de naturaleza positiva, cual es el de vincular o constreñir al juez para que reconozca y acate el pronunciamiento anterior (principio de la res judicata pro veritate habetur), y otra de connotación negativa, que se traduce en la prohibición que se impone también al operador jurídico para resolver sobre el fondo de conflictos ya decididos a través de sentencia en firme, evitando además que respecto de una misma cuestión litigiosa se presenten decisiones contradictorias con la primera. En este segundo efecto, lo que se pretende es no sólo excluir una decisión contraria a la precedente, sino también cualquier nueva decisión sobre lo que ya ha sido objeto de juzgamiento anterior.

En el mismo sentido, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se había pronunciado sobre los efectos procesales de la cosa juzgada al señalar que:

… no cumple función distinta, entonces, a la de extinguir el derecho al eventual ejercicio de la acción judicial respecto a idénticos hechos y pretensiones.

(…)

Es aquí donde aparece, como efecto protector consustancial de dicho fenómeno, el principio non bis in ídem, según el cual, no puede juzgarse dos veces igual causa, esto es, no es viable investigar, enjuiciar o castigar a una persona más de una ocasión por el mismo motivo, pues, ello, en últimas, atenta severamente contra el principio de proporcionalidad, habida cuenta que la imposición de una doble sanción por una sola acción reprobada normativamente, conduciría a reprochar un hecho, excediendo el ámbito de retribución legal y forjando en el ciudadano la idea de injusticia e inseguridad (CSJ SP3240 – 2015).

También se ha ocupado esta corporación de resaltar las características esenciales de la garantía fundamental del non bis in ídem. Así, en la sentencia de casación del 26 de marzo de 2007, radicado 25629, sostuvo lo siguiente:

Esta genérica expresión latina (non bis in ídem) de una institución seguramente de origen griego, se traduce como no dos veces sobre lo mismo o no dos o más veces por la misma cosa.

Comprende varias hipótesis.

1. Nadie puede ser investigado o perseguido dos o más veces por el mismo hecho, por un mismo o por diferentes funcionarios. Se le suele decir principio de prohibición de doble o múltiple incriminación.

2. De una misma circunstancia no se pueden extractar dos o más consecuencias en contra del procesado o condenado. Se le conoce como prohibición de la doble o múltiple valoración.

3. Ejecutoriada una sentencia dictada respecto de una persona, ésta no puede ser juzgada de nuevo por el mismo hecho que dio lugar al primer fallo. Es, en estricto sentido, el principio de cosa juzgada.

4. Impuesta a una persona la sanción que le corresponda por la comisión de una conducta delictiva, después no se le puede someter a pena por ese mismo comportamiento. Es el principio de prohibición de doble o múltiple punición.

5. Nadie puede ser perseguido, investigado, juzgado ni sancionado pluralmente por un hecho que en estricto sentido es único. Se le denomina non bis in ídem material”.

Posteriormente, en decisión CSJ SP, 24 de noviembre de 2010, Rad. 34.482, se afirmó:

El principio non bis in ídem precisa de tres presupuestos de identidad: En el sujeto (eadem personae), el objeto (eadem res) y la causa (eadem causa)13.

El primero exige que el mismo individuo sea incriminado en dos o más actuaciones; el segundo, la identidad de objeto, requiere que el factum motivo de imputación sea igual, aún si el nomen iuris es diverso; y el tercero, la identidad en la causa, postula que la génesis de los dos o más diligenciamientos sea la misma”.

Tras esa descripción jurisprudencial de las garantías fundamentales de cosa juzgada y non bis in ídem, es posible concluir que cuando en un trámite procesal se afecten tales axiomas, se configura una causal de extinción de la acción penal, que imposibilita continuar con la actuación.

Por esa razón, la vulneración del non bis in ídem ha sido contemplada como uno de los eventos a los que se refiere el legislador en el numeral 9º del artículo 82 del Código Penal, como causal de extinción de la acción penal, pues si un asunto fue resuelto definitivamente mediante decisión judicial, se imposibilita el inicio de una nueva causa criminal o la continuación de una ya iniciada, cuando se constata la concurrencia de las tres identidades arriba reseñadas14.

1.2. En los trámites de extradición, es deber de la Corte Suprema de Justicia, para emitir el concepto de rigor, verificar, entre otros aspectos, si no se afecta la garantía del non bis in ídem, en relación con la persona solicitada, razón por la cual le corresponde determinar que «la jurisdicción ordinaria de nuestro país no se haya ejercido respecto del hecho que sustenta el pedido de extradición» (CSJ CP, 6 mayo 2009, Rad. 30373).

En esa línea, ha señalado la Sala de forma pacífica, que el principio de cosa juzgada opera, en materia de extradición, bajo las siguientes condiciones:

La cosa juzgada es un atributo reconocido por la ley a las sentencias declaradas en firme, que las torna inmutables e irrefragables, en aras de la garantía de la seguridad jurídica. Por virtud de ella, se declara cerrado el caso y se generan ciertos efectos jurídicos, de obligatorio cumplimiento, siendo uno de ellos el llamado por la doctrina y la jurisprudencia efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada, que impide que respecto de la misma persona pueda dictarse una segunda sentencia por los mismos hechos por los cuales ya fue juzgada.

Esta prohibición, condensada en el principio non bis in ídem, se encuentra garantizada en la legislación colombiana por la propia Constitución Nacional, en su artículo 29, como integrante del derecho fundamental del debido proceso, y complementariamente por el artículo 21 de la Ley 906 de 2004.

(…)

Entre los Estados Unidos de América y Colombia no existe en la actualidad tratado de extradición vigente, que consagre excepciones o condiciones distintas de las establecidas en la normatividad nacional y en los convenios multilaterales suscritos por Colombia, siendo por tanto, conforme a estas disposiciones que debe procederse, según lo previsto en el artículo 490 de la Ley 906 de 2004 y lo indicado por la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores.

(…)

Esto significa que si la persona que es solicitada en extradición ya ha sido juzgada por los mismos hechos que motivan la petición, se impone dar aplicación al principio de cosa juzgada penal, en su sentido negativo o excluyente, conforme a las previsiones normativas contenidas en las disposiciones citadas, que prohíben que una misma persona pueda ser enjuiciada dos veces por el mismo hecho.

Tal prohibición sólo opera, desde luego, cuando se cumplen todos los presupuestos para declarar la existencia de la cosa juzgada penal, es decir, (i) cuando exista sentencia en firme o providencia que tenga su misma fuerza vinculante, también en firme, (ii) cuando la persona contra la cual se adelantó el proceso sea la misma que es solicitada en extradición, y (iii) cuando el hecho objeto de juzgamiento sea el mismo que motiva la solicitud de extradición.

En los demás casos, verbigracia, cuando no se ha iniciado proceso, o cuando habiéndose iniciado no ha concluido, o cuando la persona solicitada no es la misma, o cuando no existe correspondencia entre los hechos de la extradición y los de la decisión en firme, el Gobierno Nacional goza de total libertad para tomar la decisión que considere más acertada, en aplicación de los criterios de conveniencia nacional y cooperación internacional (CSJ CP088 – 2014; CSJ CP, 3 de febrero de 2010, Rad. 32770 y CSJ CP, 6 mayo 2009, Rad. 30373, entre otros. Resaltado fuera de texto).

2. Criterios para verificar si se afectó la garantía del non bis in ídem en el caso concreto.

En este asunto, expone el defensor de H.B.L. que ya se dictó sentencia condenatoria en el exterior – incluso se cumplió la pena impuesta –, por unos hechos que, según el demandante, corresponden a los mismos que fueron objeto de investigación y juzgamiento por la jurisdicción colombiana, donde se emitió una decisión que se encuentra debidamente ejecutoriada.

Entonces, de establecerse que el condenado H.B.L. fue juzgado y condenado en nuestro país, por los mismos hechos que motivaron su extradición y posterior condena en los Estados Unidos, es claro que se configuró la violación de la garantía en cuestión, consolidándose la causal de extinción de la acción penal, conforme a las previsiones normativas y jurisprudenciales traídas a colación, que prohíben que una misma persona pueda ser enjuiciada dos veces, por el mismo hecho.

Así las cosas, procede ahora la Sala a analizar si concurren o no los presupuestos para determinar la existencia de cosa juzgada penal en el asunto concreto.

2.1. Requisitos generales para determinar la existencia de doble juzgamiento.

Como se expuso en precedencia, son tres los presupuestos exigidos para verificar la configuración de la cosa juzgada:

i. La identidad en el sujeto, según la cual se requiere que el mismo individuo se haya visto incurso en dos o más actuaciones.

ii. La identidad en el objeto, que se presenta cuando el factum o hecho que motiva la imputación es igual, aun cuando el nomen iuris sea diferente.

iii. Identidad en la causa, que se presenta cuando la génesis de los diligenciamientos contra el individuo sea la misma.

Solo si los tres presupuestos descritos se verifican, se podrá determinar que fue vulnerada la garantía del non bis in ídem. Por el contrario, si alguno de ellos no se afectó, tal situación significa que no hay lugar a predicar que una persona haya sido juzgada doblemente por la misma situación fáctica.

Delineados tales elementos, se procederá a constatar si se verifican en el caso concreto.

2.2. Identidad en la persona

En la sentencia dictada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Cali, se individualizó a H.B.L. de la siguiente manera:

III. Identificación de los procesados:

(…)

3. H.B.L.: Identificado con la cédula de ciudadanía número 16.662.308 de Cali, Valle, nacido el 6 de febrero de 1961 en Cali, hijo de G.B. V. y M.R.L.R., grado de instrucción profesional como ingeniero electricista, estado civil unión libre con M.M.C., padre de… [4 hijos], residente en la Carrera 12C # 42-04 del Barrio las Américas…

Descripción morfológica: Se trata de una persona de sexo masculino, de tez trigueña media, contextura mediana, 1.68 de estatura, cabello color castaño oscuro, mentón alargado, orejas medianas, lóbulo adherido, frente media, contorno facial ovalado15.

Iguales datos obran en la documentación que sustentó la solicitud de extradición16. Se añadió además en la declaración jurada del agente especial de la DEA que B.L. «es ciudadano colombiano. Nació el XXXX de XXXX de XXXX, en Cali, Colombia y posee cédula colombiana número XXXXX B. es de sexo masculino, mide aproximadamente 1,67 metros de altura, con cabello y ojos oscuros»17.

Del mismo modo, en el concepto de extradición emitido por la Corte Suprema de Justicia se le identificó de la siguiente manera:

En la nota diplomática con la cual fue solicitada la detención provisional suministró los siguientes datos del requerido: Nombre H.B.L., también conocido como “H. B. L.” y como “G”, nacido el 6 de febrero de 1961, en Cali, Valle, Colombia, y portador de la C. de C. XXXXXX.

Información incorporada por el señor Fiscal General de la Nación a la resolución con la cual dispuso la captura, y reiterada por la nota verbal que formalizó la reclamación y los testimonios rendidos en apoyo de la solicitud de extradición. Y, que aparece corroborada en el oficio de la Policía Nacional colocando a disposición al requerido, y ratificada en el curso del proceso al identificarse el solicitado con el mismo nombre18.

En relación con su identidad, concluyó la Corte, en el concepto, lo siguiente:

De la ponderación conjunta de la información registrada en las notas verbales por medio de las cuales el país requirente solicitó la detención provisional y formalizó la reclamación y en los anexos, conjuntamente con la averiguada con motivo de la captura y la establecida en el trámite de extradición, la Sala concluye que la persona requerida en extradición es la misma que fue aprehendida y que en ese estado permanece a disposición del señor Fiscal General de la Nación, por razón de este procedimiento19.

Como puede apreciarse, no cabe duda de que H.B.L., persona que fue procesada y condenada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Cali el 30 de enero de 2012, es la misma que fue privada de la libertad por cuenta del trámite de extradición activado por el Gobierno de los Estados Unidos.

Cotejados entonces los datos que se tienen en este proceso, con los que fueron aportados al trámite de extradición referido, no puede concluirse nada diferente a que H.B.L. es la misma persona que fue extraditada a los Estados Unidos, donde fue condenado por la Corte para el Distrito Este de Nueva York por actividades de narcotráfico a la pena de 75 meses de encarcelamiento y libertad supervisada por un período de 4 años20.

Por lo expuesto, se cumple en este caso el requisito de la identidad de la persona.

2.3. Decisión en firme o providencia con la misma fuerza vinculante

Con la demanda de revisión, el apoderado de H.B.L. allegó copia de la sentencia proferida por la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, el 8 de mayo de 2008, con observancia de las exigencias que para la validez de ese documento contempla el artículo 251 del Código General del Proceso21.

En esa providencia se consignó que B.L. fue «encontrado culpable» del delito de «conspiración para importar al menos 100 gramos de heroína», de conformidad con lo previsto en el Título 1 Secciones 95222, 96323, 960(a)(1)24 y 960(b)(2)(A)25 del Código de ese país, conducta que se le endilgó en el cargo Uno de la acusación 1:06-cr-00332-SLT emitida por el Gran Jurado de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

Declaró además la autoridad judicial, respecto del cargo Dos del indictment26, que «se desestimó la moción de los Estados Unidos»27.

Por tal razón, B.L. fue condenado en los Estados Unidos a la pena de encarcelamiento por un período de setenta y cinco (75) meses, pero se le concedió el beneficio de la libertad supervisada28 por el plazo de cuatro años29, cumplidos los cuales fue deportado a Colombia, donde fue capturado, el 22 de enero de 2013, para que cumpliera la sentencia en la que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Cali lo declaró penalmente responsable de la comisión de los delitos de tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir con fines de narcotráfico y lavado de activos.

De otra parte, en materia de extradición, la Corte debe verificar el cumplimiento de la condición de la doble incriminación30. En esa labor, constata si los cargos en los que se imputa a un reclamado en extradición una conducta considerada como punible en el extranjero también constituyen delito en nuestro país y para tal fin, lleva a cabo una comparación entre las normas que sustentan la sindicación foránea, con las del ordenamiento nacional.

Pues bien, para el caso particular, luego de revisar la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2014 a la fecha, se establece que las conductas descritas en las secciones 952, 960 y 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos –por las cuales fue condenado B.L. en ese país–, equivalen en Colombia a las de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes contenidas en los artículos 340 y 376 del Código Penal. Esa fue la postura de la Sala en los conceptos emitidos en los siguientes asuntos:

CP187 – 2016 (48920); CP154 – 2016 (48672); CP140 – 2016 (47595); CP112 – 2016 (48188); CP044 – 2016 (47218); CP068 – 2015 (45840); CP030 – 2015 (44019); CP002 – 2015 (44318); CP184 – 2014 (44320); CP169 – 2014 (44325); CP161 – 2014 (44263).

Entonces, la revisión de los conceptos emitidos por la Corte en casos similares, evidencia el vigente criterio de esta Corporación, relacionado con que las conductas contenidas en el Cargo Uno por el que fue acusado y condenado H.B.L. en los Estados Unidos, corresponden en Colombia al concurso de los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes.

Cabe señalar, además, que B.L. fue extraditado, porque la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable a la solicitud de extradición tras verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales demandados para tal efecto y el gobierno colombiano decidió su extradición hacia los Estados Unidos31, donde fue juzgado y condenado mediante sentencia dictada por la Corte del Distrito Este de Nueva York, que adquirió firmeza y cuya pena ya purgó el condenado. Entonces, es de plena aplicación lo dispuesto en el artículo 17 del Código Penal, según el cual «la sentencia absolutoria o condenatoria pronunciada en el extranjero tendrá valor de cosa juzgada para todos los efectos legales».

Se extrae de lo anterior, que existe una sentencia extranjera debidamente ejecutoriada proferida contra B. L., además, hay constancia en el expediente de que en esa decisión se le impuso una pena por los delitos arriba reseñados y la cumplió a cabalidad, lo que propició que las autoridades judiciales americanas no solo dispusieran su libertad, sino también su deportación a Colombia.

En esas condiciones, se encuentra satisfecho, igualmente, el presupuesto de la existencia de sentencia previa en firme con la misma fuerza vinculante que la impuesta de forma posterior.

2.4. Identidad del hecho.

Como punto de partida, se debe indicar que H.B.L. fue sentenciado por la justicia de los Estados Unidos por el delito federal de conspiración para importar al menos 100 gramos de heroína. Y en Colombia, fue declarado penalmente responsable del concurso de delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir con fines de narcotráfico y lavado de activos.

Entonces, le corresponde determinar a la Sala si los hechos que fueron objeto de ambos juzgamientos, son los mismos, para lo cual se hará alusión a la forma cómo fueron concebidos en el proceso extranjero y en las diferentes decisiones que se adoptaron en el trámite que cursó en nuestro país.

2.4.1. Los hechos en el proceso surtido en los Estados Unidos.

De acuerdo con la acusación 1:06-cr-00332-SLT emitida por el Gran Jurado de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, H.B.L. fue llamado a juicio para que respondiera por su presunta participación en delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, cometidos entre los años 2004 y 2005.

Tales conductas se plasmaron en el indictment de la siguiente forma:

CARGO UNO

1. El o alrededor de septiembre de 2004 y el 1 de mayo de 2005 inclusive, ambas fechas son aproximadas, y en el Distrito Este de Nueva York y otros lugares, el imputado H32 (sic) B. L., alias “G.”, “junto con otros, a sabiendas e intencionalmente conspiró para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar en el extranjero, delito que involucró un kilogramo o más de una sustancia conteniendo heroína, una sustancia controlada conforme a la clasificación I, en violación al Título 21, Código Federal de los Estados Unidos, Sección 952 (a).

(Título 21, Código Federal de los Estados Unidos, Secciones 963, 960(a)(1) y 960(b) (1) (A); Título 18, Código Federal de los Estados Unidos, Sección 3551 et seg.).

CARGO DOS

2. El o alrededor de, y entre septiembre de 2004 y el 1º de mayo de 2005 inclusive, ambas fechas son aproximadas, y en el distrito Este de Nueva York y otros lugares, el imputado H. (sic) B. L., alias “G.”, junto con otros, a sabiendas e intencionalmente conspiró para distribuir y poseer con intención de distribuir una sustancia controlada, delito que involucró un kilogramo o más de una sustancia conteniendo heroína, una sustancia controlada conforme a la clasificación I, en violación al Título 21, Código Federal de los Estados Unidos, Sección 841(a)(1).

(Título 21, Código Federal de los Estados Unidos, Secciones 846 y 841(b) (1) (A) (I); Título 18, Código Federal de los Estados Unidos, Sección 3551 et seq.)33.

En la declaración jurada que sustentó la solicitud de extradición, rendida por el agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Todd Meinken, se indicó:

I. Antecedentes

5. En o alrededor de 1995, la DEA, basada en parte en información suministrada por una fuente confidencial, inició la investigación de una organización de narcotráfico que operaba desde Los Ángeles, California, con enlaces en Colombia y Nueva York. Conversaciones telefónicas legalmente interceptadas durante el transcurso de esta investigación han establecido que H.B. L.(de aquí en adelante “B.”), alias “H. B. L.”, alias “G.”, forma parte de esa organización de narcotráfico, y que él viajó a los Estados Unidos desde Colombia en febrero de 2005 para supervisar varios importantes envíos de drogas…

6. Una serie de llamadas telefónicas a fines de enero de 2005, incluyendo una directamente entre B. en Colombia y R. en los Estados Unidos, estableció que un envío importante de drogas estaba en ruta hacia los Estados Unidos. Llamadas subsiguientemente interceptadas en un teléfono utilizado por R. en los Estados Unidos, combinadas con vigilancia física, indicaron que B. viajó a los Estados Unidos a comienzos de febrero de 2005 a fin de supervisar y coordinar el manejo de ese envío, y tal vez otros.

Conversaciones interceptadas más tarde confirmaron que B., después de llegar a los Estados Unidos, efectivamente realizó sus negocios de drogas en el área de Nueva York y Nueva Jersey, incluyendo la supervisión de otros envíos de drogas desde Colombia a los Estados Unidos.

II. Pruebas

7. Las pruebas contra B. incluyen, pero no se limitan a, conversaciones telefónicas legalmente interceptadas por las autoridades colombianas y estadounidenses, registros documentando la llegada de B. a los Estados Unidos, e información suministrada por testigos colaboradores del gobierno. Los siguientes son ejemplos de envíos de drogas atribuibles al imputado.

A. El envío de comienzos de febrero de 2005.

8. Conforme a una autorización judicial colombiana, el o alrededor del 22 de octubre de 2004, los fiscales colombianos autorizaron a los agentes de la ley a interceptar conversaciones realizadas por un teléfono en Cali, Colombia, que era utilizado por B., entre otros (de aquí en adelante el “TELEFONO COLOMBIANO”). En enero de 2005, agentes de la DEA en Colombia interceptaron una serie de llamadas por el TELÉFONO COLOMBIANO que indicaban que B. estaba arreglando el envío de un cargamento de drogas a ser entregadas a R. Por ejemplo, el 15 de enero de 2005, B. habló con R. utilizando el TELÉFONO COLOMBIANO y confirmó que “la Señora” tardaría entre ocho y diez días en llegar a R. Los agentes de la DEA determinaron que “la Señora” se refería al envío de drogas remitido a los Estados Unidos desde Colombia para ser recibido por R. Cinco días más tarde, el 20 de enero de 2005, los agentes interceptaron una llamada realizada por el TELÉFONO COLOMBIANO, entre B. y otro conocido colega narcotraficante, en la cual B. indicó que él había ya hablado con R. respecto al envío.

9. Basados en información colectada por medio de esa y otras llamadas monitoreadas en Colombia, los agentes determinaron que B. llegaría a los Estados Unidos a comienzos de febrero de 2005 para coordinar la distribución de ese envío. Tal como se esperaba, el 1 de febrero de 2005, B. llegó al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York en un vuelo desde Colombia.

10. El 2 de febrero de 2005, a aproximadamente las 6:33 p.m., los agentes interceptaron una llamada de R. a B. durante la cual R. informó que él había recibido el envío pero que las drogas eran “muy difíciles de sacar”. Los agentes de la DEA determinaron que el envío a que se refería R. era un paquete por Federal Express enviado por un socio de B. en Colombia. Ese paquete contenía un equipo eléctrico en forma de tubo metálico con heroína oculta dentro del tubo, y aparentemente esa heroína era difícil de extraer. B. le dio instrucciones a R. diciendo que tenía que hacer el trabajo con una “pequeña sierra” y le aconsejó “romper {el tubo} donde termina(ba) la goma”. R. extrajo una muestra y B. aseguró que el peso total de las drogas era “482 pesitos”, un código significando 482 gramos.

11. Más tarde ese mismo día, aproximadamente a las 9:11 p.m., los agentes interceptaron una llamada entre B. y R. Durante esa llamada, R. le dijo a B. que el peso de las drogas era “solamente 462”. B. respondió “no amigo, controla bien porque es cuatro coma ochenta y dos… cuando te digo algo, eso es así, hombre”. R. contestó que él lo había “controlado y dividido” y que lo había “pesado dos veces”.

B. El envío de mediados de febrero de 2005

12. Aproximadamente a las 7:52 p.m., el 10 de febrero de 2005, los agentes interceptaron una llamada de B. a un hombre no identificado en la cual B. trató de determinar cuándo llegaría un envío de drogas a los Estados Unidos. Durante esa llamada, B. le dijo a esta persona que necesitaba que él hablara “con don G. para ver cuándo podría efectuarse el depósito para que podamos estar preparados”.

13. Cuatro días más tarde, el 14 de febrero de 2005, en una llamada telefónica interceptada aproximadamente a las 6:56 p.m., R. le preguntó a B. sobre el estado del envío, e indicó que estaba “esperando esos papeles”. Al día siguiente, aproximadamente a las 10:51 a.m., B. llamó otra vez a su colega narcotraficante en Colombia y le preguntó si había “hablado con el Sr. G.?” El colega narcotraficante colombiano le respondió que “él {G.] dijo que no podía mandarme ese papel porque el muchacho… no tenía para eso… pero no había que preocuparse porque estaba bien… decirte a ti y al muchacho del auto blanco que estuvieran alerta el jueves {17 de febrero}, a más tardar el viernes {18 de febrero}.

14. El 17 y 18 de febrero de 2005, R. sostuvo varias conversaciones con una mujer socia narcotraficante en Nueva York durante las cuales él le preguntó si había llegado algo para él. En tres de esas conversaciones, R. identificó como un “libro” el artículo que estaba esperando. Después de una de las conversaciones, R. llamó a B. y le informó que el envío no había llegado todavía, diciendo “No, eso no ha venido todavía”.

15. Los agentes de la DEA luego determinaron que el envío referido que preocupaba a B. llegó poco después del 18 de febrero de 2006. Ese paquete contenía un libro, como indicaban las llamadas telefónicas interceptadas, con heroína oculta dentro de la encuadernación del libro. La cantidad de heroína oculta en la encuadernación, junto con la heroína oculta en el tubo metálico previamente mencionado y un envío adicional de heroína, excedió un kilogramo (los resaltados fuera del texto original).

Por lo anterior y luego de su extradición a los Estados Unidos, B.L. suscribió un plea agreement34 con la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York en el que aceptó admitir su responsabilidad por el Cargo Uno de la acusación 1:06-cr-00332-SLT y esa Oficina se comprometió a no procesarlo por el Cargo Dos35.

De lo anterior se derivó que, el 8 de mayo de 2008, la Corte del Distrito Este de Nueva York dictara sentencia en su contra, en el siguiente sentido:

EL ACUSADO:

Se declaró culpable del cargo(s) Uno (1) de la acusación.

(…)

El acusado es encontrado culpable de estos delitos:

Título y Sección
Naturaleza de la OfensaDelito TerminadoCantidad
1 U.S.C. § 963, 960(a)(1) & 960(b)(2)(A)Conspiración para importar al menos 100 gramos de heroína10/05/20071

El acusado es sentenciado a lo dispuesto en las páginas 2 a 6 de la presente sentencia. Se impone la pena de conformidad con la Ley de Reforma de Sentencias de 1984

(…)

ENCARCELAMIENTO

El acusado queda comprometido con la custodia de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos para ser encarcelado por un período total de:

SETENTA Y CINCO (75) MESES

(…)

LIBERTAD SUPERVISADA

Tras la liberación de la prisión, el acusado deberá ser supervisado por un plazo de:

CUATRO (4) AÑOS

El acusado debe presentarse en la oficina de libertad condicional en el distrito al que el acusado es liberado dentro de las 72 horas de la liberación de la custodia de la Oficina de Prisiones36.

Se extrae de lo anterior, que H.B.L. fue enjuiciado y condenado, el 8 de mayo de 2008, por la Corte del Distrito Este de Nueva York, al admitir su responsabilidad como integrante de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, en concreto heroína y, en esa medida, de concertarse con otros individuos de la misma organización para enviar y supervisar la introducción al territorio estadounidense de esa sustancia camuflada en paquetes enviados a través del servicio de mensajería.

2.4.2. Los hechos en el proceso penal que se tramitó en Colombia.

En la resolución de acusación proferida contra H.B.L., la fiscalía narró la situación fáctica de la siguiente manera:

Nació a la vida jurídica la presente investigación con base en una información de fuente humana que dio cuenta de la existencia de un grupo de personas dedicadas al tráfico de estupefacientes y lavado de activos, desde Colombia hacia los Estados Unidos, lo que originó entonces un despliegue de la actividad investigativa… de suerte que por ello se ordenaron dentro de la investigación penal la interceptación de varios abonados…

(…)

Efectivamente de las labores desarrolladas por un grupo de investigadores de la DIJIN… lograron comprobar que la organización criminal era liderada por… H.B.L.… quienes por el sistema de encomiendas o correos humanos enviaban estupefacientes a los E.E.U.U., siendo allá comercializados por otros personajes…

(…)

Con relación a la responsabilidad de los señores… H. B. L. (sic) las pruebas que se tienen son las siguientes:

(…)

{Los investigadores de la Dijín}… solicitaron la interceptación de los abonados telefónicos que la fuente aportó… y tras un seguimiento y control a los diálogos comprobaron que… a pesar de manejar un lenguaje cifrado dejaba entrever que se trataba de hechos delictivos.

(…)

Examinadas las transliteraciones debemos señalar que… dejan de manifiesto, pese al lenguaje cifrado que utilizan, que…H., etc., estaban traficando con drogas hacia los E.E.U.U. y para ello utilizaban el sistema de encomiendas y correos humanos.

(…)

El 5 de marzo de 2005, sostienen una conversación J. C. y H., este último desde los E.E.U.U. y pese al lenguaje cifrado que utilizan claramente se determina que están pendientes de una encomienda que lleva una persona desde Colombia, enviada por J. C. …

(…)

El 26 de abril de 2005 J. C. dialoga con su esposa… y entre algunas cosas le comenta que está aburrido porque los paracos andan buscando a H. por una plata que ellos dos deben, pues salió otra plata y se cayó otra vez… Así pues, conforme a esta conversación es claro que existía todo un acuerdo de voluntades para cometer delitos de narcotráfico entre H. B. … pues no se trataba solo de recibir a través de terceras personas giros del exterior, de procedencia ilícita, sino que contrario sensu estas personas participaban directamente enviando encomiendas y correos humanos con estupefacientes…

(…)

El 23 de diciembre/04, habla H. con un sujeto sin identificar en donde le da a conocer que espera que una señora llegue, porque tan pronto se de esa vaina ahí mismo le desembolsan, de suerte que como se ha indicado el lenguaje aunque cifrado es indicativo que la señora llevaba consigo estupefacientes, los cuales iban a ser recibidos… y comercializados…

(…)

En esa misma fecha H. se entrevista con H… y siguen hablando del problema que tienen acerca de la ubicación de la señora, de la encomienda, pero que O… tiene una persona que maneja el computador y que puede dar la ubicación de la señora… El 24 de diciembre/04 vuelven y dialogan H. y H…, ya H… le hace conocer que la encomienda de la señora no se ha perdido, que el señor del computador la ha ubicado pero que exige una cantidad de dinero… Por otro lado H. vuelve a insistir del otro negocio relacionado con el envío de otra persona, deduciéndose que con estupefacientes, porque habla de la participación que ellos tendrían y que tendría L.

(…)

Las encomiendas como una vez más se itera, estaban cargadas con sustancias estupefacientes, por ellos es que en los diálogos cada que hablan de una encomienda seguidamente también están hablando de los giros que hay que enviar desde el exterior…37.

Tales pruebas fueron relacionadas de igual forma en el fallo de primer grado, en el que se enunciaron con detalle las actividades delictivas que involucraron a B. L., lo que le permitió al a quo establecer lo siguiente:

Se desprende de dichas comunicaciones que, la empresa criminal se encontraba concertada permanente (sic) para enviar estupefacientes al exterior, apareciendo los nombres o sobrenombres de los partícipes de la misma, entre los que no existe duda se encuentra el señor H.B.L.; las modalidades que utilizaban para dicho tráfico; las informaciones sobre las personas que recibirían los giros de divisa producto de la comercialización del estupefaciente; las llamadas a las casas de cambio, relevando a los verdaderos titulares del giro para lograr establecer su ingreso a la economía de este País, con lo que se denota que tenían el control absoluto sobre el dinero, que ingresaba a través del sistema de pitufeo para no llamar la atención de los controles establecidos por el sistema financiero.

Así mismo, de las interceptaciones se logra deducir que otra forma de enviar el estupefaciente era a través de encomiendas…

(…)

… no es de recibo para el despacho las afirmaciones… respecto a que no existía relación de negocios alguna, pues lo que se advierte conforme a la prueba obrante en el investigativo, es que la había, y una dedicada a actividades ilícitas, que involucró a muchas personas, e incluso a familiares de los mismos.

(…)

Descartándose cualquier posibilidad que nos permita inferir que su actividad comercial fuera cualquier otra, pues precisamente lo que nos indicó es que por las pocas oportunidades de trabajo en este País, como ingeniero eléctrico, se había decidido a buscar nuevas oportunidades en el país del norte, sin que hubiera podido demostrar cuál fue la actividad que en realidad realizó… vislumbrándose por el contrario, del material probatorio arrimado, que se decidió por concertarse para esta actividad contraria a derecho, pues no debe olvidarse incluso que, por conspirar en el tráfico de estupefacientes fue condenado en el País extranjero tantas veces mencionado.

(…)

En consonancia con el material probatorio arrimado, no existe duda que el señor H.B.L. era uno de los líderes de la organización, dedicada al tráfico de estupefacientes y al lavado de activos, siendo no solo encargado de organizar los envíos de estupefacientes a través de correos humanos y encomiendas, sino también de recibir… dinero producto del narcotráfico tanto en este País como en los Estados Unidos de Norteamérica (sic). Desdibujándose de esta manera la presunción de inocencia que debe amparar a todo acusado…

(…)

Y aunque no se realizó incautación de sustancia ilícita alguna en este País… de la investigación surgen otros elementos de convicción que llevan a inferir tal circunstancia; es así como de la prueba documental arrimada, se infiere todo el engranaje realizado para alcanzar como objetivo introducir sustancia ilícita a los Estados Unidos de Norteamérica, la que de contera era enviada desde esta ciudad, utilizando para ello el sistema de correos humanos y de encomiendas postales para remitir los alijos, lográndose tres incautaciones de estupefacientes en dicha latitud (Negrillas de la Corte).

A su turno, el Tribunal Superior de Cali dedica un capítulo a analizar la responsabilidad de H.B.L., donde trae a colación los elementos de convicción que lo comprometen y los actos que se le atribuyen, en especial la preocupación de B.L. sobre la llegada de una “señora” a los Estados Unidos. Dijo el ad quem al respecto:

Y que decir de la conversación entre E. y O., este último estando en los Estados Unidos, donde E. manifiesta preocupación acerca de la llegada de una “señora” de la cual tenía que estar pendiente O., y donde E. le indica a su interlocutor que si “eso ha llegado a manos de otra persona ahí mismo llegan y cogen y van abriendo”, indicando además, que posterior a ello “la negra” se encargaría de lo relativo a la plata.

Destáquese la alocución del 5 de marzo de 2005, donde aparecen en escena J. C. y E. indagando acerca del destino de una encomienda, así como planeando el próximo viaje de E. con pasajes que le habría comprado J. C.

(…)

A la par de lo anterior se debe resaltar el uso de un lenguaje cifrado en todas las conversaciones, alejado de lo que normalmente se puede esperar de una persona que se encuentra al margen de toda actividad ilícita, por el contrario se hacen referencias vagas sobre los aspectos que se están hablando, donde es claro que el tema y las circunstancias en que se desenvuelven las conversaciones son aspectos comprensibles y claros para los interlocutores.

(…)

Respecto de H., salta a la vista su pertenencia a la organización dedicada al tráfico de estupefacientes junto con J. C. P., para lo cual se habían concertado y llevaban a cabo su actividad, no solo al interior, sino al exterior del país, evidenciándose además como el Sr. H. ocupaba una posición en este engranaje delictual tal como lo afirmase J.C. P. (sic) en su conversación con “alias el sobrino” ya referenciada.

Es justamente allí cuando aparte de corroborarse la conducta de narcotráfico para los señores P. y B., refulgen a la par los elementos constitutivos del Concierto para Delinquir para el sr. H. B., pues es evidente que él junto a otras personas acordó la realización de actividades al margen de la ley, dígase de paso, de carácter permanente, una de ellas, la del tráfico de sustancias estupefacientes, lo que de forma clara se concretó, como lo es en el envío de estupefaciente a las ciudades de Miami y New York.

2.5. Comparación y conclusiones en torno a la identidad fáctica de los hechos objeto de las condenas.

Las reseñas transcritas en los acápites anteriores, permiten establecer que también se satisface el requisito de la identidad del hecho.

En efecto, las investigaciones se adelantaron de manera conjunta por las autoridades de Colombia y los Estados Unidos, en desarrollo de los programas de cooperación antidrogas, por conducto de la Administración para el Control de Drogas –DEA–. Esa dependencia detectó la existencia de una banda organizada que se dedicaba al comercio y envío de sustancias alucinógenas –particularmente de heroína–, camuflada en envíos de mensajería o a través de «correos humanos», que se remitían a los Estados Unidos, lugar donde tales estupefacientes eran negociados y a cambio, el dinero percibido por su comercialización en ese país, regresaba a Colombia, por medio de diferentes casas de cambio.

El soporte probatorio inicial de ambas investigaciones descansa en las múltiples interceptaciones telefónicas que se realizaron de llamadas realizadas desde Colombia hacia los Estados Unidos. Tales intervenciones fueron pedidas por un investigador de la Dirección Central de Policía Judicial de Colombia, quien mediante oficio del 17 de diciembre de 2004 informó que desde tales abonados telefónicos «se realizan contactos relacionados con la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes»38.

El resultado de las interceptaciones legalmente ordenadas por la Fiscalía de nuestro país confirmó la información suministrada por los Estados Unidos, en el sentido de que existía una red de personas que se dedicaba al tráfico de estupefacientes que operaba desde Los Ángeles y tenía enlaces en Colombia y Nueva York.

De las pesquisas, se logró identificar a H.B.L. como miembro de la organización criminal, quien residía en la ciudad de Cali, pero también viajaba a los Estados Unidos, donde supervisaba la distribución de los envíos de heroína que arribaban a las zonas de Nueva York y Nueva Jersey.

Se advirtió además, que la organización criminal utilizaba un lenguaje cifrado para referirse a las sustancias que enviaban a ese país39; también, que algunos “paquetes” no habían logrado llegar a su destino final y fueron incautados por las autoridades norteamericanas.

El recuento fáctico que acaba de hacerse, encuadra cabalmente en los hechos que fueron investigados y juzgados en los Estados Unidos y los que fueron objeto de procesamiento en Colombia. Se trata, como quedó expuesto en líneas precedentes, de una organización criminal que se dedicaba al tráfico de estupefacientes, en la que varias personas se concertaron con el fin de introducir a territorio estadounidense heroína, camuflada en envíos de mensajería o a través de personas que viajaban a ese país.

El marco temporal de ocurrencia de los sucesos delictivos se estableció entre los años 2004 y 2005 (en la acusación foránea se fijó entre septiembre de 2004 y el 1º de mayo de 2005, mientras que en nuestro país se fijó entre octubre de 2004 y agosto de 2005)40, involucró a la misma persona y se nutrió de los mismos medios de prueba (a saber, los informes de policía judicial colombianos, las interceptaciones telefónicas y las tres incautaciones efectivas de sustancia estupefaciente en los Estados Unidos).

Del mismo modo, en lo que respecta a H.B.L., tanto en el proceso que se surtió ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, como ante los jueces de nuestro país, se determinó su efectiva participación en esa empresa criminal, por todos los actos que realizó tendientes a obtener las sustancias estupefacientes en Colombia, coordinar los envíos e inclusive viajar a ese país para supervisar la distribución efectiva de las drogas remitidas desde nuestro país.

Se establece con claridad, a partir de la documentación extranjera aportada en respaldo de la demanda de revisión, que los hechos que en su momento motivaron la extradición de H.B.L. y su posterior condena en los Estados Unidos, son en su mayoría los mismos que sustentaron fácticamente la sentencia condenatoria que, años después, emitió el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Cali, la cual fue confirmada en su integridad por la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad.

Por lo tanto, le asiste razón al defensor cuando expone en su alegación que la garantía del non bis in ídem fue vulnerada con relación al doble juzgamiento por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes, pero no por la conducta de lavado de activos.

Lo último, porque las autoridades de los Estados Unidos no lo investigaron ni juzgaron por razón de las transferencias de dinero que B.L. realizó con destino a Colombia, tampoco se hizo relación a esas actividades en las pruebas que soportaron la condena, ni se aplicó el tipo penal que regula esa conducta punible en la normatividad invocada en el Cargo Uno por el que fue condenado.

Contrario fue lo que sucedió en el juzgamiento que se llevó a cabo en Colombia, donde de los elementos de convicción aportados se estableció que el condenado había vulnerado el bien jurídico del orden económico y social y por ende, era procedente sancionarlo por la mencionada conducta de lavado de activos.

3. La solución del caso.

Del anterior análisis, queda claro que en este asunto se verifican las condiciones para declarar la existencia de un doble juzgamiento respecto de los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes, pues no hay duda que a una misma persona (H.B.L.) se le impusieron penas en dos países distintos por una misma situación fáctica.

Cabe recordar, que el proceso en Colombia inició en noviembre del año 2004 y la sentencia de primera instancia se dictó el 30 de enero de 2012, pero en ese interregno, en el que pasaron casi ocho (8) años, hubo tiempo suficiente para que se ventilara de manera completa el trámite de extradición que culminó con el concepto favorable de esta corporación y la decisión de entrega por parte del Estado colombiano, e incluso, para que H.B.L. fuera procesado, condenado y cumpliera la pena que le fue impuesta por la justicia norteamericana.

Se advierte además, que para la fecha en que la Corte emitió su concepto –9 de mayo de 2007– y el gobierno colombiano accedió a la entrega de B.L. a las autoridades de los Estados Unidos, el proceso nacional se encontraba surtiendo la fase de juzgamiento ante el despacho de conocimiento, pero en el trámite de extradición no se tuvo conocimiento sobre la existencia de ese proceso penal.

Además, en nuestro país, los jueces tuvieron conocimiento del procedimiento de extradición que se surtió en su contra solo hasta el 12 de julio de 2007, cuando la coprocesada Maritza Moreno Cabal solicitó permiso para visitarlo en la penitenciaría de Cómbita41.

Precisamente, sobre el paradero del entonces procesado B.L.se dijo en la sentencia de primer grado, que «ni siquiera se indicó el lugar donde permanecería interno en el exterior, teniéndose solo conocimiento ya en el transcurrir de la audiencia pública que, había regresado al País en razón a la deportación tras haber cumplido la condena que le fue impuesta en el exterior, en febrero de 2011»42.

Y aunque la tesis de la posible afectación del non bis in ídem fue expuesta por la defensa dentro del proceso penal que se surtió en Colombia, dijo el a quo que «dicha hipótesis no logró ser probada al interior del investigativo»43, en concreto porque B.L. allegó copia del acuerdo de culpabilidad y del informe de investigación previo a la sentencia elaborados por las autoridades de los Estados Unidos, sin cumplir las condiciones de autenticidad y validez contenidas en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil.

También fracasó esa alegación en la segunda instancia, particularmente porque «la defensa se ha limitado a formular el enunciado sin que se aporte prueba de su acreditación», es decir, tampoco ante el Tribunal ad quem allegó copia autenticada y apostillada de la sentencia en firme emitida en el extranjero. Dijo esa colegiatura que se desconocía «en qué fecha sucedieron los hechos por los que la justicia Norteamericana acusó y condenó, ignorándose si aquellos guardan estrecha relación con los aquí investigados».

Igual respuesta se expuso en la providencia mediante la cual esta corporación inadmitió la demanda de casación formulada contra la sentencia de segundo grado. Dijo la Corte frente al particular:

… analizó el juez colegiado los documentos aportados por el otro procesado, B. L., con los que se pretendía demostrar el diligenciamiento que se le adelantó en Estados Unidos, se concluyó su imposibilidad de apreciación probatoria por carecer de los requisitos de autenticidad y validez previstos legalmente para los documentos públicos otorgados en un país extranjero por uno de sus funcionarios o con su intervención al tener que presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la república y en su defecto por el de una nación amiga, y que ni siquiera tenían la apostilla respectiva (resalta la Sala).

Entonces, a pesar de que ante las autoridades de nuestro país se alegó que B.L. fue condenado en los Estados Unidos, durante el trámite del proceso penal colombiano no se pudo comprobar que los hechos juzgados en el exterior fueran los mismos por los cuales se le juzgaba en Colombia.

Ese análisis sólo fue posible realizarlo en esta sede de revisión, donde luego de verificar la validez de la sentencia extranjera, se concluye que confluyen la identidad en la persona, en el objeto y en la causa, respecto de las dos sentencias confrontadas.

Para la Corte no existe duda, de que cuando el gobierno decide renunciar al juzgamiento de una persona reclamada en extradición, se activa el principio del non bis in ídem que trae como consecuencia la imposibilidad de iniciar, en Colombia, de forma posterior a la emisión de sentencia –condenatoria o absolutoria– en el extranjero, procesos sobre los mismos hechos y en contra de las mismas personas.

Entonces, lo procedente es declarar fundada la causal de revisión invocada y como no es posible absolver a H.B.L. –porque se trata de unos hechos por los cuales ya fue condenado–, ni anular lo actuado –ante la imposibilidad de continuar la persecución punitiva–, se declarará extinguida la acción penal, al advertir configurada la vulneración del principio constitucional y rector del non bis in ídem, respecto de los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

En consecuencia, se dejará parcialmente sin valor la sentencia condenatoria impuesta a H.B.L. y, por ende, se dispondrá la cesación de procedimiento a su favor por los mencionados delitos, al configurarse la causal 2ª de revisión contenida en el artículo 220 de la Ley 600 de 200044.

Como se explicó en precedencia, no sucedió lo mismo con el delito de lavado de activos y por ello se impone redosificar la pena por concepto de la responsabilidad endilgada por este ilícito, para lo cual se mantendrán los parámetros considerados por el a quo en la sentencia de primera instancia, quien los fijó de la siguiente manera:

Otro de los comportamientos por el que se sancionó al señor H.B.L.… es el delito de – lavado de activos –, contemplado en el artículo 323, Inciso 1º. Modificado por la Ley 747 de 2002, artículo 8, que prevé una sanción de seis (6) a quince (15) años de prisión, o lo que es lo mismo setenta y dos (72) a ciento ochenta (180) meses de prisión, y multa de quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes…

(…)

Dígase entonces, que en cuanto a los enjuiciados H.B.L.… en la resolución de acusación no les fueron enrostradas circunstancias genéricas de mayor ni menor punibilidad.

Lo anterior, nos permite desplazarnos dentro del cuarto mínimo de sanción indicado previamente, es decir, de los 72 a 99 meses de prisión y multa de quinientos (500) a doce mil ochocientos setenta y cinco (12.875) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por las razones discrepadas anteriormente, no se partirá del límite mínimo del cuarto mínimo para la imposición de la pena correspondiente en cuanto corresponde al señor B. L., pues, el quantum de la pena nos indica el grado de reproche que hace la sociedad y el Estado frente a este tipo de comportamientos delictivos, donde se opta por el blanqueamiento de dineros provenientes de actividades propias del narcotráfico, frente a lo cual se determinó el sentenciado a realizar de manera cotidiana, vinculando incluso a su núcleo familiar, con el único propósito de introducir en el torrente financiero de este País, las ganancias que recibía por la venta del alcaloide que traficaba, situación que como bien se conoce afecta gravemente la economía del País; por tanto, se impondrá por la conducta punible en estudio, una pena de setenta y ocho (78) meses de prisión y multa de diez mil ciento setenta y un (10.171) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para H.B.L.…45 (negrillas fuera de texto).

Cabe precisar lo siguiente:

i. Si bien el juez de conocimiento hizo el ejercicio de dosificación punitiva específico respecto de los tres delitos reprochados a B.L. (tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir agravado y lavado de activos), determinó que la de mayor punibilidad era la de tráfico de estupefacientes, razón por la que la tomó como delito base y le aplicó el incremento de hasta en otro tanto en un monto de 50 meses por cada una de las conductas restantes.

Entonces, resulta válido aplicar, para este caso, los criterios dosimétricos que utilizó el fallador de primer grado para el delito de lavado de activos, por resultar razonables y al ser esa la única conducta a dosificar para la determinación de la sanción.

ii. El apoderado del demandante reclamó, en su alegato conclusivo, que se mantuviera la sanción para el delito de lavado de activos en 50 meses de prisión. Frente a ese aspecto, le indica la Sala que ello no es posible porque, como se expuso en precedencia, dicha pena se fijó por razón de la aplicación del incremento «hasta en otro tanto» al que hace alusión el artículo 31 del Código Penal, derivado del concurso de la conducta más grave (tráfico de estupefacientes) con las de lavado de activos y concierto para delinquir agravado.

En esa línea, como la condena queda vigente, únicamente, por el delito de lavado de activos, se debe llevar a cabo un nuevo ejercicio de dosificación respecto de esa conducta.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 de la Ley 600 de 2000 se declarará sin valor, parcialmente, la sentencia dictada el 31 de mayo de 2012 por el Tribunal Superior de Cali, que confirmó la proferida el 30 de enero de 2012 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Descongestión de esa ciudad y, en su lugar, se dispondrá extinguir la acción penal en favor de H.B.L. ante la vulneración de la garantía del non bis in ídem46, en cuanto a los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir con fines de narcotráfico se refiere.

Las sanciones que deberá purgar B.L. por el único delito de lavado de activos, quedarán fijadas en 78 meses la intramural y 10.171 salarios la de multa, siguiendo los mismos lineamientos del fallador de primer nivel. En el mismo monto de la privativa de la libertad, quedará la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

Con relación a todo lo demás, las sentencias de instancias permanecerán incólumes.

Ahora, en informe que rindió el 27 de febrero de este año el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, indicó que H.B.L. ha descontado a esa fecha, en tiempo físico intramuros, un total de 10 años, 2 meses y 17 días (122 meses y 17 días)47,

No obstante, si bien el mencionado despacho certificó que el condenado ha purgado 10 años, 2 meses y 17 días en razón de la pena impuesta, la Corte advierte, con base en las constancias obrantes dentro del proceso e información obtenida del sistema de consulta de la Rama Judicial, que dicha información es equivocada, como se pasa a explicar:

B.L. estuvo privado de la libertad por cuenta del trámite penal en Colombia desde el 19 de agosto de 2005 y hasta el 29 de septiembre de 2007, fecha en que, según lo certificó el Director del Establecimiento Penitenciario de Cómbita, fue efectivamente extraditado a los Estados Unidos48. Entonces, el condenado estuvo efectivamente privado de la libertad, por ese intervalo, durante 2 años, 1 mes y 11 días49.

Ahora bien, H.B.L. regresó a Colombia en junio del año 201150, pero fue recapturado, por cuenta del trámite penal surtido en Colombia sólo hasta el 22 de enero de 201351. De esa data al 27 de febrero de 201752, transcurrieron 4 años, 1 mes y 6 días, que sumados al plazo inicial de privación de la libertad, determinan un total de 6 años, 2 meses y 17 días (74 meses y 17 días), como tiempo que en realidad y conforme a las constancias obrantes en el proceso, es el que B.L. ha purgado efectivamente.

Por esa razón, no ordenará la Sala la libertad de H.B.L., pues de lo anterior se concluye que el condenado no ha descontado la totalidad de la pena privativa de la libertad aquí redosificada.

Además, ante la inconsistencia advertida en el certificado que expidió, el 27 de febrero de 2017, el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, se dispondrá compulsar copias de esta providencia a la Fiscalía General de la Nación y a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para lo de su cargo.

Se ordenará, por secretaría de la Sala, i) oficiar al Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Cali53, para que libre a las autoridades correspondientes las comunicaciones a que haya lugar; y ii) remitir copia de esta determinación al Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, para lo de su competencia.

Finalmente, se debe señalar que los efectos favorables de la sentencia de revisión (CPP., art. 229) no se extenderán a Juan Carlos Palacios Escobar y Maritza Moreno Cabal —no accionantes—, como quiera que no obra constancia alguna de que se haya dictado sentencia en su contra, por los mismos hechos, fuera de nuestro país, ni al verificar el sistema de consulta de actuaciones se advierte que se haya surtido algún trámite de extradición en su contra. Tampoco ellos se pronunciaron dentro de este asunto en tal sentido a pesar de haber sido notificados personalmente de la actuación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR FUNDADA la causal de revisión invocada por el apoderado del condenado H.B.L.

2. DEJAR SIN VALOR, PARCIALMENTE, la sentencia del 31 de mayo de 2012 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali contra H.B.L., que confirmó la dictada el 30 de enero de ese año por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Descongestión de esa ciudad, exclusivamente para DECRETAR LA CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO, por extinción de la acción penal, en relación con los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir con fines de narcotráfico, en favor del sentenciado.

3. DECLARAR que H.B.L. quedará condenado a las penas de setenta y ocho (78) meses de prisión y 10.171 salarios mínimos mensuales legales vigentes de multa, en razón de la condena por el delito de lavado de activos, la cual permanece vigente.

La sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas quedará en el mismo lapso de la intramural.

4. En todo lo demás, las sentencias de instancias permanecerán incólumes.

5. Ordénese, por secretaría de la Sala, i) oficiar al Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Cali, para que libre a las autoridades correspondientes las comunicaciones a que haya lugar; y ii) remitir copia de esta determinación al Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, para lo de su cargo.

6. COMPULSAR las copias a que se hace referencia en la parte motiva de esta decisión.

7. Contra esta providencia no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase.

12 En ese proveído condenó además, a J.C.P.E. por el delito de tráfico de estupefacientes y a M.M.C., por el de lavado de activos.

13 Sentencia del 6 de septiembre de 2007. Rad. 26591.

14 Históricamente se ha reconocido por la doctrina y la jurisprudencia que la cosa juzgada constituye uno de los eventos de imposibilidad para iniciar o continuar con la acción penal y que por ende habilitan la preclusión de la investigación o cesación de procedimiento. Cfr. CSJ AP de julio 1º de 1980.

15 Folio 56 del cuaderno de la Corte Nº 1.

16 Ver folios 16 reverso (Nota Verbal 3102 del 1º de diciembre de 2006) y 53 reverso (informe de preparación de la cédula de ciudadanía), de la carpeta anexa al trámite de extradición Rad. 26675.

17 Folios 51 y 52 ídem.

18 Folio 14 del concepto de extradición CSJ CP, 9 de mayo de 2007, Rad. 26675 que se surtió contra B. L.

19 Folios 13 y 14 ídem.

20 Folios 260 a 263 del cuaderno de la Corte Nº 1.

21 “ART. 251.—Documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero. Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor.

Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano.

Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme a la ley del respectivo país.

22 «Importación de sustancias controladas (a) Sustancias controladas de la Tabla I o II y los estupefacientes de la Tabla III, IV o V;… Será ilegal la importación hacia el territorio aduanero de los Estados Unidos desde cualquier otro lugar fuera del país, de una substancia controlada de la Tabla I o II del subcapítulo I de este capítulo, o de cualquier estupefaciente de la Tabla III, IV o V del subcapítulo I de este capítulo».

23 “Tentativa y concierto. El que intente o concierte para perpetrar cualquier delito definido en este subcapítulo será castigado con las mismas penas que se prevén para el delito cuya comisión era el objetivo de la tentativa o el concierto”

24 (a) Actos ilícitos: El que – (1) en violación de las Secciones 952, 953 o 957 de este título, con conocimiento de causa o intencionalmente importe o exporte una substancia controlada,

25 (b) Las penas: (2) En caso de una violación de la sub-sección (a) de esta sección, que trata de (A) 100 gramo o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad perceptible de heroína (…)El que cometa tal violación de la ley será castigado con la pena de prisión por un término de cuando menos 10 años y no mayor que la cadena perpetua…con una multa que no deberá exceder de lo autorizado en el Título 18, o US$10’000.000 si el reo es individuo… o con ambas penas … cualquier sentencia impuesta bajo este párrafo… incluirá un término de libertas supervisada de por lo menos 5 años además del término de prisión…

26 «CARGO DOS: … el imputado H.B.L., alias “G.”, junto con otros, a sabiendas e intencionalmente conspiró para distribuir y poseer con intención de distribuir una sustancia controlada, delito que involucró un kilogramo o más de una sustancia conteniendo heroína… en violación al Título 21, Código Federal de los Estados Unidos, Sección 841(a)(1)» (fl. 47 del cuaderno de copias del trámite de extradición Rad. 26675).

27 Como parte del «plea agreement» (acuerdo de culpabilidad) que suscribió H.B.L., con la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, dicha autoridad accedió a no presentar cargos criminales contra el procesado por la «conspiración para poseer con intención de distribuir heroína en o alrededor de septiembre de 2004 y el 1º de mayo de 2005» (ver folio 209 del cuaderno de la Corte Nº 1).

Al respecto, la doctrina ha expuesto que: «El Ministerio Fiscal y el abogado del acusado, o el propio acusado, si está ejerciendo personalmente su defensa, pueden negociar y llegar a una declaración sobre su culpabilidad negociada. El Juez tiene prohibido participar en esa negociación. Además, la ley establece una restricción clara a esta negociación: Si el acusado se declara culpable o nolo contendere [o no quiero contender] del delito por el que se le acusa, o de uno menor o de un delito relacionado con aquél, el acuerdo deberá especificar qué aptitud tomará el Ministerio Fiscal respecto a otros cargos (por ejemplo, renunciar a ellos), y qué recomendaciones de las Sentencing Guidelines se seguirán para el cumplimiento del acuerdo. (GÓMEZ – COLOMER, J.L. Introducción al proceso penal federal de los Estados Unidos, pp. 275).

28 «Se trata de una condena que no conlleva “confinamiento” del sujeto, al que se le imponen condiciones para quedar en libertad en la sociedad, es decir, queda condicionado su no ingreso en prisión a su buen comportamiento» (GÓMEZ – COLOMER, J.L. Ob. Cit., pp. 459).

29 Ver folios 260 a 263 del cuaderno de la Corte No. 1.

30 De acuerdo con el numeral 1º del artículo 493 del Código de Procedimiento Penal, la doble incriminación se presenta cuando el hecho que es motivo de la extradición está previsto como delito en Colombia.

31 Mediante Resolución 145 del 5 de junio de 2007, proferida por el entonces Ministerio del Interior y de Justicia (ver folios 167 a 172 del cuaderno de la Corte Nº 1).

32 Se aclaró en la declaración anexa a la solicitud de extradición que «el primer nombre del imputado figura en la acusación formal como “H.” De hecho su verdadero primer nombre es “H.”, y de aquí en adelante en esta declaración jurada, el primer nombre del imputado está escrito correctamente. Esa discrepancia puede corregirse en cualquier momento antes o durante el juicio y no afecta la validez de los cargos contra el imputado».

33 Ver folios 46 reverso y 47 del cuaderno anexo del trámite de extradición con Radicación 26675.

34 Acuerdo de culpabilidad.

35 Ver folios 206 a 211 y 239 a 241 del cuaderno de la Corte Nº 1.

36 Folios 252 a 266 ídem.

37 Ver folios 17 a 65 del Cdno. 6.

38 Ver folios 8 y ss. del Cdno. 1.

39 A manera de ejemplo, en algunos apartes de las transcripciones hechas por la fiscalía y el Juzgado de conocimiento, se hace referencia a una “señora”, referencia que las autoridades norteamericanas, en la declaración jurada anexa a la solicitud señalan como indicativa de un envío de drogas.

40 Cabe aclarar, que si bien el límite temporal máximo para la comisión del delito en Colombia se fijó hasta agosto de 2005 (cuando se emitió auto de apertura de la instrucción), esto es, más allá del lapso fijado para la ocurrencia del hecho por las autoridades de los Estados Unidos, la Sala ha expuesto, de forma pacífica, respecto del delito de concierto para delinquir, que tal conducta es de ejecución permanente. Con relación al delito de tráfico de estupefacientes, se afirmó en la sentencia de primer grado que «no se realizó incautación de sustancia ilícita alguna en este País» sino que todas fueron efectuadas en los Estados Unidos (fl. 94 del Cdno. de la Corte Nº 1), de donde son los hechos allá juzgados los que determinan el tiempo de ejecución de las conductas, conforme a las pruebas obtenidas, que no son otras distintas a las llamadas telefónicas realizadas el 30 de noviembre de 2004 (fl. 91 ídem) y el 24 de febrero de 2005 (fl. 93 ibídem), que sirvieron de base para las dos sentencias.

41 Folio 283 del cuaderno original Nº 7.

42 Folios 68 y 69 del cuaderno de la Corte Nº 1.

43 Folio 41 ídem.

44 Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria o que imponga medida de seguridad, en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querella o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal.

45 Folios 66 y 67 de la sentencia de primera instancia, obrante a folios 119 y 120 del cuaderno de la Corte Nº 1.

46 Artículo 82 – 9 del Código Penal.

47 Cuaderno Corte Nº 3. Folio 96.

48 Folio 30 del cuaderno original Nº 8.

49 Se aclara, que si bien B.L. fue capturado por cuenta del trámite de extradición desde el 5 de octubre de 2016 y el tiempo que duró privado de la libertad debía ser reconocido por las autoridades de los Estados Unidos como parte cumplida de la sanción que se le impuso, en ese país se le otorgó la libertad supervisada y no fue internado en prisión. Por tal razón, la Sala también computará como parte de la pena purgada para el presente asunto, el tiempo que estuvo privado de la libertad por cuenta de la actuación surtida en sede de extradición.

50 Según lo informó su cónyuge y coprocesada, en audiencia, ante el despacho de conocimiento, el 11 del mismo mes (fl. 109, cdno. 9)

51 Fecha en la cual, el despacho de ejecución de penas hizo efectiva su privación de la libertad y dispuso cancelar la orden de captura.

52 Fecha en que el juzgado emitió la aludida certificación.

53 A cargo del cual quedó asignada la actuación, por cuenta de la supresión del despacho Primero homólogo de descongestión de Cali.