Sentencia SP4366-2015 de abril 16 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad. 38179

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Bogotá, D.C., dieciséis de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Se Considera

El demandante tiene razón cuando sostiene que los hechos investigados no son constitutivos del delito de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, sino de concierto para delinquir agravado, y que la sentencia, por tanto, viola directamente la ley sustancial por aplicación indebida del artículo 345 del Código Penal (modificado L. 1121/2006, art. 16), y falta de aplicación del artículo 340 ejusdem (modificado L. 733/2002, art. 8º y L. 1121/2006, art. 19).

Con el fin de mostrar el error en que incurrieron los juzgadores y dar respuesta a las consideraciones del procurador delegado para la casación penal, quien se orienta por el mantenimiento de la sentencia impugnada, la Sala se referirá primero al ámbito de protección del tipo penal que define el delito de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tipificado en el artículo 345 del Código Penal (con la modificación introducida por el artículo 16 de la Ley 1121 de 2006), y luego analizará los hechos que los fallos declararon probados y su adecuación típica.

Financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.

Este delito, con la modificación introducida por el artículo 16 de la Ley 1121 de 2006, vigente cuando ocurrieron los hechos investigados (año 2007), tiene la siguiente estructura típica,

“ART. 345.—Modificado. L. 1121/2006, art. 16. Financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas. El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión de trece (13) a veintidós (22) años y multa de mil trescientos (1300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”(4).

Para la correcta comprensión del sentido y alcance de esta disposición, debe tenerse presente, ante todo, que su contenido típico derivó de la necesidad de enfrentar a las estructuras económicas y financieras de los grupos armados ilegales y las organizaciones terroristas, y que todas las conductas que la norma describe están por tanto orientadas a prevenir y sancionar comportamientos vinculados con el cumplimiento de actividades de esta naturaleza.

Específicamente se ocupa de sancionar conductas relacionadas con el manejo de fondos, bienes o recursos de estas organizaciones criminales, y con la financiación o apoyo económico de sus actividades, o de las personas que los integran, caracterización que la hace inconfundible con otros tipos penales, como ya lo ha subrayado la Corte en oportunidades anteriores,

“(…) importa destacar que el tipo penal solo se ocupa de sancionar conductas vinculadas con las actividades de administración de bienes de los grupos armados al margen de la ley, o de grupos terroristas nacionales o extranjeros, y comportamiento relacionados con su financiación, o la financiación de sus actividades o el apoyo económico de las personas que lo integran” (CSJ, sentencia de 23 de febrero de 2011, radicado 31464).

“(…) en cuanto a su ámbito de protección se encuentra orientado a sancionar la administración de dinero o bienes, lo cual supone desarrollar conductas complejas y de importantes decisiones sobre tales objetos, pues comporta las actividades de administración de bienes de los grupos al margen de la ley, o de grupos terroristas nacionales o extranjeros, y comportamientos relacionados con su financiación, o la financiación de sus actividades o el apoyo económico de las personas que los integran (…)” (CSJ, SP13290-2014, radicado 40401).

Su estructura típica, ha dicho igualmente la Sala, consta de dos partes. Una inicial donde describe varias modalidades comportamentales referidas a actividades relacionadas con los fondos, bienes o recursos de estos grupos, a través de los verbos rectores proveer, recolectar, entregar, recibir, administrar, aportar, custodiar y guardar. Y otra donde alude a la promoción, organización, apoyo, mantenimiento, financiación, y sostenimiento económico, que por cualquier otro medio se le preste a estas organizaciones, a sus actividades, o a sus miembros (CSJ, 23 de febrero 2011, radicado 31464 y CSJ, SP13938-2014, radicado 41253).

El apoyo al que se refiere la norma en su segunda parte, no es comprensivo de cualquier clase de auxilio o ayuda, sino solo del que tenga contenido económico, condición que igualmente deben cumplir las actividades de promoción, organización, mantenimiento, sostenimiento y financiación, que la disposición paralelamente regula, pues, como ya se dijo, lo que se busca a través de este tipo penal es combatir las estructuras financieras y económicas de estas bandas criminales.

Situación similar se presenta con las actividades vinculadas al manejo de los fondos, bienes o recursos de estas organizaciones, que la norma tipifica en su primera parte a través de los verbos proveer, recolectar, entregar, recibir, administrar, aportar, custodiar y guardar, las cuales, por las mismas razones, deben tener connotación económica o financiera.

Los hechos probados

Los fallos declararon probado que Carlos César Corrales Ibáñez perteneció durante varios meses a la banda criminal “Las águilas negras” de las Autodefensas Unidas de Colombia, y que su accionar dentro de la misma consistió en realizar actividades de patrullaje en la zona de frontera con la República de Venezuela, para lo cual fue dotado de un camuflado, un fusil M16 y tres proveedores.

Calificación jurídica de los fallos de instancia

Los juzgadores subsumieron este comportamiento en el artículo 345 del Código Penal (modificado L.1121/2006, art. 16), que describe y sanciona el delito de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, por considerar que el accionar del procesado constituía, de una parte, una labor de apoyo a la organización, y de otra, que actualizaba la hipótesis alternativa consistente en recibir bienes, que la norma preveía en su primera parte.

Los siguientes apartes del fallo de primera instancia, que el tribunal superior y el procurador delegado acogen sin reservas, muestran con claridad el criterio que acompañó el proceso de adecuación típica,

(…) en su indagatoria admitió el acusado conformar el grupo ilegal denominado ‘águilas negras’ desde hacía tres meses, desempeñando dentro del mismo el rol de patrullero, para cuyo desempeño portaba un camuflado y utilizaba un arma M16 con tres proveedores que ellos le suministraron, elementos que indiscutiblemente son bienes muebles de propiedad de la aludida organización, los que recibió al momento de ser encargado por sus superiores de realizar la labor ejercida para ellos en el momento de su captura, así como también es indiscutible que el hecho de servir de patrullero, no puede ser catalogado en forma diferente a una importante forma de apoyo prestado a la aludida organización y no de poca monta, pues como la experiencia judicial nos lo enseña, son estos quienes se enteran de que personas del sector son afectos a la guerrilla o miembros de la misma, reporte en el que basan sus superiores sus criminales determinaciones de cesar (sic) sus vidas.

“Hago la anterior observación, utilizando, para mayor claridad, las negrillas tanto al acopiar en forma textual la norma como al adecuarla al caso concreto, ya que en mi criterio se extrae de la indagatoria del implicado, sin lugar a equívoco alguno, que en efecto, recibió y utilizó bienes muebles de propiedad de la organización delincuencial ‘águilas negras’ de la cual dijo formar parte activa, siendo tal labor de apoyo brindado, el cual si bien no significa mando y disposición de bienes y enseres, si es importante para el sostenimiento y la viabilidad del grupo, pues como sabemos bien, son estos integrantes, repito, los encargados de reportar a sus superiores la presunta presencia de subversivos o sus colaboradores, con las funestas consecuencias que ello trae consigo (…)”(5) (Las negrillas pertenecen al texto transcrito).

Error en la calificación jurídica de la conducta

El casacionista tiene razón cuando sostiene que la calificación jurídica realizada por la fiscalía y los fallos de instancia es equivocada, pues, como ya se indicó, el apoyo que reclama la estructura típica de la norma no es cualquier apoyo, sino solo el de contenido económico o financiero.

Los juzgadores y el procurador delegado para la casación penal, incurrieron en el error de desvincular la acción del compendio normativo y su teleología, al analizar, en forma totalmente aislada, la expresión apoyar, lo cual los llevó a concluir, equivocadamente, que el simple aporte del recurso humano para el cumplimiento de los fines de la organización, o de cualquiera otra clase de apoyo material, actualizaba el comportamiento típico.

Y en el mismo error incurrieron al considerar que el hecho de recibir un uniforme, un fusil y tres proveedores para el adelantamiento de las actividades de la empresa criminal, quedaba también comprendido dentro del ámbito de protección de la norma, dejando de lado que las modalidades conductuales que la disposición prevé en su primera parte están igualmente vinculadas a la exigencia que se desarrollen dentro del marco de apoyo a la logística financiera o económica de la organización.

Norma dejada de aplicar

El demandante acierta también cuando afirma que la conducta imputada a Carlos César Corrales Ibáñez se subsume en el artículo 340 inciso 2º del Código Penal (modificado L. 733/2002, art. 8º y L. 1121/2006, art. 19), que describe el concierto para delinquir agravado, y que los juzgadores incurrieron en un error adicional al dejar de aplicar esta norma, cuyo texto dice,

ART. 340.—Modificado. L. 733/2002, art. 8º. Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años.

Modificado. L. 1121/2006, art. 19. Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiamiento de terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2700) hasta treinta mil (30000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir”.

La Corte tiene dicho que para la estructuración de este delito es necesario, (i) que varias personas se concierten con el propósito de cometer delitos, (ii) que la organización tenga vocación de permanencia, y (iii) que ponga en peligro o altere la seguridad pública.

Estos presupuestos se cumplen a cabalidad en el caso que se estudia, pues el procesado es acusado de pertenecer a la banda “águilas negras” de las Autodefensas Unidas de Colombia, una organización criminal, con vocación de permanencia, conformada para cometer toda clase de delitos, entre los que se cuentan los relacionados en su inciso segundo.

El cargo prospera.

Decisión y principio de congruencia

La prosperidad de la censura impone anular la condena por el delito de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, y dictarla por el de concierto para delinquir agravado, con las modificaciones punitivas que la nueva tipificación demanda.

Como esto implica condenar por un delito distinto del que fue imputado en la acusación, con compromiso del principio de congruencia, es necesario determinar si para el caso concurren las condiciones bajo las cuales es posible, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, dictar fallo de sustitución, tratándose de una disconformidad de carácter estrictamente jurídico.

Estas exigencias, frente al procedimiento bajo el cual se reguló este asunto, se reducen a cuatro, (i) que la nueva imputación respete el núcleo fáctico de la acusación, (ii) que se proceda por delitos del mismo género, (iii) que no implique agravación de la situación jurídica del procesado, y (iv) que no afecte los derechos fundamentales de otros sujetos intervinientes.

Todas estas condiciones se cumplen en el caso analizado, pues, (i) el núcleo fáctico de la acusación es comprensivo de los hechos que sirven de sustento para la condena por el delito de concierto para delinquir (pertenencia a la organización criminal), (ii) ambos tipos penales atentan contra el bien jurídico de la seguridad pública, (iii) las penas para el delito de concierto para delinquir son más benignas, y (iv) no se advierte que la variación de la calificación jurídica afecte garantías fundamentales de otros sujetos procesales.

Redosificación de la pena

El delito de concierto para delinquir agravado se encuentra sancionado con pena privativa de la libertad de ocho (8) a dieciocho (18) años de prisión y multa de dos mil setecientos (2.700) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo que los ámbitos punitivos de movilidad para efectos de la tasación de la pena son como siguen:

Prisión:

Primer cuarto: 96 meses a 126 meses

Segundo cuarto: 126 meses exclusive a 156 meses

Tercer cuarto: 156 meses exclusive a 186 meses

Cuarto máximo: 186 meses exclusive a 216 meses

Multa:

Primer cuarto: 2700 a 9525

Segundo cuarto: 9525 exclusive a 16350

Tercer cuarto: 16350 exclusive a 23175

Cuarto máximo: 23175 exclusive a 30000

El juzgado de conocimiento al dosificar la pena para el delito de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la fijó en 13 años de prisión y multa de 1.300 SMLMV, que corresponde al mínimo legal. Siguiendo el mismo criterio, la Corte aplicará el mínimo de la pena privativa de libertad para el delito de concierto para delinquir agravado, que equivale a 96 meses de prisión, pero la multa la mantendrá en 1.300 SMLMV, teniendo en cuenta que el mínimo previsto para el delito por el que se condena es mayor (2.700 SMLMV), y que de aplicarse, se violaría la prohibición de reforma en peor. En el mismo tiempo de la pena privativa de la libertad se fija la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas.

En mérito de lo expuesto, La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, oído el concepto del procurador segundo delegado para la casación penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CASAR parcialmente la sentencia impugnada.

2. Dejar sin efecto la condena por el delito de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.

3. Condenar a Carlos César Corrales Ibáñez a la pena principal de noventa y seis (96) meses de prisión y multa equivalente a mil trescientos (1.300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y a la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad, como autor responsable del delito de concierto para delinquir agravado.

4. En lo demás, el fallo no sufre variaciones.

Contra esta decisión no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase.

Aprobado Acta 134».

(4) Este tipo penal fue modificado después por el artículo 16 de la Ley 1453 de 2011, para ampliar su cobertura, en el sentido de incluir en su enunciado y su texto la financiación y la administración de recursos de los grupos de delincuencia organizada.

(5) Página 6 del fallo de primera instancia.