Sentencia SP438-2018 de febrero 28 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL

Magistrado Ponente

José Francisco Acuña Vizcaya

SP438-2018

Rad.: 43815

(Aprobado Acta Nº 65)

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

EXTRACTOS: «FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

20. La Fiscal 38 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá apeló la premencionada absolución(21) y manifestó que en realidad, el análisis contextualizado de los medios de conocimiento obrantes en la causa permite satisfacer los presupuestos del artículo 232 de la Ley 600 de 2000, para proferir, en cambio, una sentencia de carácter condenatorio.

21. En efecto, tildó como contrario a la ley el fallo emanado del despacho a cargo de la entonces juez M. S. P. B., por cuanto se fundó en documentos allegados al líbelo sin el lleno de los requisitos legales exigibles, como es el caso de la sentencia de 7 de marzo de 1995.

22. Sin embargo, teorizó que aún en el evento de aceptarse su mérito ejecutivo, aquella providencia se refería a una condena del 35% por recargo correspondiente a los años transcurridos desde 1986 hasta 1989, la cual no podía afectar la liquidación final realizada cuando el señor F. A. dejó de laborar en la empresa demandada en el año 1993, pues tanto la norma como la convención vigentes para dicha fecha, refieren que para tal efecto se debía tener en cuenta el salario promedio percibido durante los últimos doce meses.

23. Agregó que la ausencia de mérito probatorio predicada por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá frente a la convención colectiva del trabajo analizada por la doctora P. B., al no encontrarse su autenticación y correcto depósito certificados por el funcionario competente, es concordante con lo establecido actualmente en la materia por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

24. Cuestionó también la improcedencia de los ajustes por sanción moratoria efectuados por M. P. B., en tanto lo adecuado hubiera sido realizar un examen previo sobre la buena o mala fe patronal, el cual fue pretermitido por la titular del despacho.

25. En esa medida, al resaltar la exigencia de un mayor conocimiento de los precedentes y reglas jurídicas aplicables al caso concreto, derivado de la calidad de juez laboral que la enjuiciada ostentaba para la época de presunta comisión de los hechos, la censura expresó que tal actuar es claramente lesivo del bien jurídico de la administración pública y ante la posible inexistencia de una afectación efectiva del patrimonio del Estado, en todo caso se violentaron los principios propios de la función estatal.

26. Finalmente, respecto al dolo, destacó su notoriedad en el comportamiento irregular exhibido por la Juez, que a su vez suscitó una decisión en contravía del orden jurídico, y pese a contar con la ilustración y experiencia necesarias para ejercer el cargo, en forma consciente expidió la providencia posteriormente revocada, estando al tanto del compromiso de dineros oficiales que hubiese derivado de su hipotético acatamiento.

27. Por todo lo anterior, solicitó la revocatoria del fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y en su lugar la emisión de una sentencia condenatoria.

(...).

CONSIDERACIONES

De la competencia.

33. La Sala es competente para resolver este asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, numeral 3º, del Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, por tratarse de la apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal de Distrito.

34. Cabe aclarar, que de acuerdo con lo señalado en el artículo 204 de la misma codificación, la competencia de la Corte frente al recurso de alzada, se restringe al objeto apelación y lo que resulte inescindiblemente vinculado a éste.

Del problema jurídico

35. No requiere de mayor esfuerzo interpretativo vislumbrar que las inconformidades planteadas por la censura se centran esencialmente en dos aspectos necesariamente eslabonados:

36. El primero, relacionado con la potencial existencia de un actuar contrario a derecho por parte de M. S. P. B., quien al fungir como Juez Quinta Laboral del Circuito de Barranquilla, el 20 de agosto de 1998 profirió sentencia mediante la cual condenó a Foncolpuertos a pagar la reliquidación de prestaciones laborales a F. A., sin presuntamente observar los postulados del ordenamiento jurídico para ese momento aplicables, específicamente los relativos a las exigencias formales para la incorporación y apreciación probatoria de elementos allegados a la demanda laboral, tales como fallos judiciales y convenciones colectivas, así como la incorrecta liquidación de recargos nocturnos e interés moratorios.

37. De confirmarse esa hipótesis, el segundo cuestionamiento tiene que ver el con dolo atribuido a la doctora P. B., quien a criterio de la recurrente, sabía que su providencia era violatoria de la ley, que la misma desencadenaría el favorecimiento patrimonial ilegítimo del demandante, y sin embargo, trató de materializar el punible al proferir dicho dictamen viciado, sin perjuicio de que aquél hubiese sido posteriormente revocado en sede de apelación.

38. Así las cosas, los problemas jurídicos llamados a ser resueltos por la Sala, serán en su orden: 1) establecer si la providencia del 20 de agosto de 1998 emitida por la entonces juez M. S. P. B. constituyó un acto transgresor de la norma o el precedente jurisprudencial, y en caso afirmativo, 2) determinar si ella incurrió en dicho yerro con el convencimiento e intención inequívoca de obrar irregularmente, para de esa forma intentar beneficiar a un tercero con dineros de procedencia pública, cuya destinación se encontraba a su arbitrio.

• CUESTIONES PREVIAS

Del estudio del prevaricato por acción como delito medio.

39. Antes de abordar cualquier otra consideración, la Sala aclara que si bien la acción penal inherente al delito de prevaricato por acción fue declarada prescrita por la Fiscalía, y en esos términos no cabe deducir responsabilidad alguna en cabeza de la procesada como consecuencia de dicho punible, ello tampoco impide estudiar las características estructurales del tipo, ejercicio que aquí se torna indispensable en la medida en que la materialidad de la conducta de peculado por apropiación en favor de terceros, tema del presente pronunciamiento, estriba en el presunto carácter antijurídico de la sentencia que ordenó los pagos en favor del demandante con cargo al gasto público.

40. Para entender la manera cómo se determina la contrariedad manifiesta de una decisión con la ley, elemento esencial del prevaricato, es conveniente consultar la posición que al respecto ha ostentado la Sala en decantada directriz jurisprudencial:

“(...) la resolución, dictamen o concepto que es contrario a la ley de manera manifiesta, es aquella que de su contenido se infiere sin dificultad alguna la falta de sindéresis y de todo fundamento para juzgar los supuestos fácticos y jurídicos de un asunto sometido a su conocimiento, no por la incapacidad del servidor público y si por la evidente, ostensible y notoria actitud suya por apartarse de la norma jurídica que lo regula”.

La conceptualización de la contrariedad manifiesta de la resolución con la ley hace relación entonces a las decisiones que sin ninguna reflexión o con ellas ofrecen conclusiones opuestas a lo que muestran las pruebas o al derecho bajo el cual debe resolverse el asunto, de tal suerte que el reconocimiento que se haga resulta arbitrario y caprichoso al provenir de una deliberada y mal intencionada voluntad del servidor público por contravenir el ordenamiento jurídico. 

En consecuencia, no caben en ella las simples diferencias de criterios respecto de un determinado punto de derecho, especialmente frente a materias que por su enorme complejidad o por su misma ambigüedad admiten diversas interpretaciones u opiniones, pues no puede ignorarse que en el universo jurídico suelen ser comunes las discrepancias aún en temas que aparentemente no ofrecerían dificultad alguna en su resolución. 

Como tampoco la disparidad o controversia en la apreciación de los medios de convicción puede ser erigida en motivo de contrariedad, mientras su valoración no desconozca de manera grave y manifiesta las reglas que nutren la sana crítica, pues no debe olvidarse que la persuasión racional elemento esencial de ella permite al juzgador una libertad relativa en esa labor, contraria e inexistente en un sistema de tarifa legal”(22). (Resaltado por la Sala).

41. En efecto, para precisar si el propósito de M. S. P. B. era reconocer de forma ilegal emolumentos oficiales en provecho del demandante, primero debe confirmarse si en realidad le acompañaba un accionar prevaricador como vehículo para efectivizar su veredicto, pues de lo contrario, si la orden de apropiación de los recursos se estima normativamente justificable, aun bajo el tamiz fáctico innegable de su revocatoria en segunda instancia laboral, no habría lugar a cuestionar en el ámbito penal los eventuales efectos patrimoniales atribuibles a tal determinación adoptada por la acusada.

42. Sobre este particular en un asunto semejante al presente, la Corte ha sostenido:

“Por lo tanto, el reconocimiento de la prescripción de la acción penal por el delito de prevaricato por acción en manera alguna inhibe al juez de pronunciarse respecto del delito de peculado por apropiación, tal y como lo plantea erradamente el defensor recurrente. 

Cuando una tan evidente relación de medio a fin ata esas conductas definidas prescritas, con el resultado que afecta el erario público, incontrastable surge la necesidad de auscultar lo primero, pues, ni ontológica, ni jurídica, ni probatoriamente puede hacerse tabla rasa de ellas. 

Huelga decir, por efecto contrario, que si se dejara de lado analizar la justeza o apartamiento de la ley de las decisiones tomadas por el acusado, simplemente, se tornaría inane cualquier posibilidad de verificar cómo se logró esa ilícita afectación patrimonial a favor de terceros (...)”.(23) 

43. No hay lugar a confusión entonces, sobre la relevancia que reviste el estudio deóntico de la decisión adoptada por la doctora P. B., en función de la estructura legal y jurisprudencial que habrían de guiar su actuar.

Del momento en que se configura el peculado por apropiación derivado de una providencia judicial viciada.

44. Por otra parte, no ha sido escasa la producción jurisprudencial mediante la cual esta corporación se ha esforzado por ilustrar la fase consumativa del peculado por apropiación, cuando el verbo rector se funda en la disponibilidad jurídica, mas no material, de los recursos públicos objeto del reato, como sucede cuando el agente, en razón de sus funciones, está en capacidad de darles una destinación específica.

45. Sobre el particular, en reiteradas oportunidades(24) el criterio mayoritario de esta Sala se ha inclinado por entender que la consumación del delito ya referido ocurre a partir del momento en que se profiere la sentencia que reconoce y ordena ilegalmente el pago de prestaciones, independientemente de una apropiación material posterior, en la medida en que tal decisión por sí misma cuenta con vocación idónea para sustraer elementos de la órbita de custodia del Estado, y bajo ese iter criminis, el juez efectivamente ha ejercido una disposición jurídica sobre bienes que funcionalmente dependían de su veredicto.

46. Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto y en función de entender el porqué de la calificación jurídica obrante en el expediente bajo análisis, para la Sala es importante hacer una precisión dogmática en el sentido de que si bien el otorgamiento de recursos oficiales por vía judicial se reprocha penalmente desde la emisión del respectivo fallo, tal suceso debe forzosamente asimilarse al momento en que la orden del funcionario se vuelve vinculante para las partes, esto es, cuando cobra fuerza ejecutoria, ya sea después de superar los respectivos recursos de ley o en ausencia de interposición de aquellos.

47. En ese orden, mal podría afirmarse que una providencia laboral sujeta a recursos ostenta desde su expedición la entidad suficiente para disponer de bienes públicos y de contera, configurar un potencial peculado por apropiación, si en realidad, su posibilidad de generar efectos jurídicos se halla suspendida por expresa remisión legal(25) hasta tanto se desarrolle el examen correspondiente por parte de la segunda instancia o quienes se encuentran legitimados para acudir a la alzada no lo hagan.

48. En caso de quedar indemne, el mandato judicial viciado consuma el delito a partir de la providencia que certifica su firmeza, pues solo desde ese punto cronológico es posible concluir que le asiste la verdadera potestad jurídica de destinar el caudal público en la forma en que determinó hacerlo, de otra forma siempre se encontrará supeditado al parecer de su superior.

49. Obviamente, de comprobarse que el juez actuó con dolo y a pesar de ello, por motivos ajenos a su control y voluntad, el pronunciamiento ilegal que suscribió es revocado por ad quem, no es dable aseverar que el peculado por apropiación alguna vez llegó a consumarse, pues el fallo que le servía de conducto nunca adquirió eficacia ni potestad coercitiva, contexto que ubica la infracción en un mero grado de tentativa, tal y como se avizora en el presente asunto bajo estudio.

Del fallo del Tribunal Superior de Bogotá D.C., Sala Laboral de Descongestión y su tránsito a cosa juzgada.

50. Por último, se muestra imprescindible enfatizar que el examen de apego o alejamiento del derecho, atinente al pronunciamiento efectuado por la entonces juez P. B., que se dirige exclusivamente a desentrañar las posibles implicaciones penales de su actuar, en ningún momento habilita la realización de juicios de valor frente al fallo de segunda instancia que revocó dicha sentencia, en el entendido que con su ejecutoria, aquél documento goza de presunción de legalidad y acierto, sin que ningún estamento diferente a la jurisdicción laboral sea competente para revisar los argumentos allí esbozados.

51. La posición de salvaguarda incuestionable frente a los pronunciamientos que han hecho tránsito a cosa juzgada, salvo singulares eventos en los que sean procedentes los recursos extraordinarios de casación o revisión al interior de su respectivo ámbito, se mantiene como una constante pacífica en la jurisprudencia de las distintas corporaciones judiciales, hallándose un puntual acercamiento a su naturaleza y alcance en sentencia de constitucionalidad C-622 de 2007(26), también traída a colación por esta colegiatura en providencia de radicación 45072, fechada 23 de marzo de 2017.

52. Por tales motivos, aprovechará la Corte esta oportunidad para llamar la atención al a quo, en cuanto sus reiterados cuestionamientos al fallo de apelación de 15 de abril de 2002(27) se muestran diametralmente alejados del respeto que debe guardar frente a pronunciamientos en firme de otras jurisdicciones, cuya evaluación no es ni será parte de su órbita funcional.

53. Sin embargo, cabe precisar que la observancia del principio de la cosa juzgada en el espectro laboral no tiene por qué entrar en contradicción con el esquema de resolución aquí propuesto, dado que no se discutirá si la condena a Foncolpuertos inicialmente proferida por M. S. P. B. fue correcta o incorrectamente invalidada por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, D.C., al ser potestativo de aquella corporación tomar la decisión final en el trámite ordinario de su jurisdicción —como en efecto lo hizo—.

54. En cambio, desde una perspectiva netamente penal, la Corte habrá de definir si a la encausada le asistían o no motivos jurídicamente legítimos para inclinarse por la alternativa hermenéutica que sustentó el sentido de su dictamen, así el mismo no haya sido posteriormente respaldado por su superior jerárquico.

55. Acorde con lo anterior, la prohibición de debate frente a lo decidido en segunda instancia por el juez natural en una materia exógena (obligaciones laborales), conlleva la garantía recíproca de que únicamente la jurisdicción penal se encontrará facultada para establecer si la providencia revocada es manifiestamente contraria a Derecho, si facilitó con ello la comisión voluntaria en grado de tentativa de un delito contra la administración pública (peculado en favor de terceros) y si consecuentemente, se aviene necesaria la activación del reproche punitivo previsto en el estatuto aplicable.

56. Naturalmente, bajo dicha prerrogativa analítica, también resulta plausible arribar a la tesis contraria, según la cual, el problema jurídico se subsume en una simple divergencia de criterios, igualmente válidos, entre a quo y ad quem, evento en el cual, aunque siempre prevalezca la opinión del segundo, no implica de suyo un acto prevaricador del primero.

57. En tal virtud, conforme se anunció, para discernir cuál de los escenarios procesales trazados enmarca la conducta materializada por M. S. P. B., procede la Sala a evaluar de fondo el ámbito de contradicción con el orden jurídico vigente para la época, que pudiera predicarse de la motivación probatoria que utilizó la funcionaria para explicar su decisión proferida en calidad Juez Quinta Laboral del Circuito de Barranquilla, el 20 de agosto de 1998.

• SOBRE LA SENTENCIA DEL JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

58. Los argumentos de censura se centran de inicio en un alegato correlativo a la supuesta equivocación de la doctora P. B. en su labor judicial, al haber tenido en cuenta la sentencia emitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla el 7 de marzo de 1995, en la medida que aquella no fue allegada a la demanda de mayor cuantía conforme a las disposiciones legales que regulaban la materia, es decir, no estaba ejecutoriada y consistía en una copia simple, carente de auto por medio del cual se ordenara la autenticación de tales reproducciones.

59. Para desatar tal debate, debe recordarse que en efecto, el artículo 331 de la codificación procesal civil modificado por el Decreto 2282 de 1989, norma vigente para la época de los hechos, disponía que “las sentencias sujetas a consulta no quedarán en firme sino luego de surtida ésta”, por lo cual se torna necesario analizar la obligatoriedad de ese trámite en el caso sub examine.

60. Se tiene entonces lo establecido en el Código Procesal del Trabajo, en relación con el grado jurisdiccional de consulta, al señalar lo siguiente:

ART. 69.—Procedencia de la consulta. Además de estos recursos existirá un grado de jurisdicción denominado de “consulta”. Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, serán necesariamente consultadas con el respectivo tribunal del trabajo, si no fueren apeladas. También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la Nación, al departamento o al municipio”. 

56(sic). Sin embargo, pese a la finalidad descrita por el legislador en la citada norma, para el año 1995 no había consenso sobre dicho tema entre los funcionarios judiciales del ámbito laboral, tal como se desprende del testimonio del ex magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, E. R. A. P., quien fue preguntado sobre si la Sala que conformaba se abstenía de conocer en consulta las sentencias condenatorias proferidas en primera instancia contra Foncolpuertos, a lo que respondió:

Efectivamente antes del año 1999 la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, de la cual hacia parte como magistrado tenía el concepto de que las sentencias dictadas en procesos ordinarios laborales adelantados contra el FONDO PASIVO DE LA EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA “Foncolpuertos”, no eran susceptibles del grado jurisdiccional de consulta, criterio que se mantuvo hasta que las Honorables Cortes Suprema de Justicia, Sala Laboral y Constitucional produjeron sentencias señalando que dichas providencias debían ser consultadas.

(...) para finales del año 1999 la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, sento (sic) la tesis jurisprudencial de que sí procedía la consulta cuando las sentencias le fueran adversas total o parcialmente a dicha entidad, tesis esta que luego, también a finales de 1999, fue reiterada por la Honorable Corte Constitucional en sentencia, bajo la consideración de que la cancelación de las respectivas condenas se tornarían a cargo de la Nación, por ser tal entidad la que venía a ser responsable de la solución de las mismas, lo que conllevó que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, acogiendo tal precedente jurisprudencial estimará en tal caso, a partir de la expedición de las nombradas sentencias de dichas altas cortes, viable la consulta en relación con sentencias de primera instancia dictadas contra Foncolpuertos, procediendo a avocar el conocimiento de los respectivos procesos y a darle a los mismos el trámite señalado en el Código de Procedimiento Laboral(28).

61. La esencia de dicha declaración encuentra respaldo en la Sentencia SU-962 del 1º de diciembre de 1999, fecha en la que recién la Corte Constitucional unificó criterio respecto de la obligatoriedad de dar cumplimiento al artículo 69 del Código de Procedimiento Laboral, y de manera especial en los casos de las sentencias parcial o totalmente adversas a la EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA, Colpuertos, o al Fondo Social de la Empresa Puertos de Colombia, Foncolpuertos.

62. Con idéntica orientación se ha pronunciado esta Sala, al indicar:

Diferentes entre sí, aunque con idénticos efectos, dos temas plantea el impugnante en el primer capítulo de su libelo: uno referido a la no obligación de consultar las sentencias que en primera instancia condenan a la Empresa Puertos de Colombia y otro al desbordamiento de las funciones por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a la que acusa de desconocer normas constitucionales y legales sobre la competencia.

Con relación al primer tópico, le asiste la razón al sindicado cuando, con sustento en decisiones de la Sala de Casación Laboral de la Corte, la Sala Penal de la misma y la Corte Constitucional, advera que el tema de la consulta no era pacífico para la época —año 1995— en la cual se emitieron los fallos laborales que se predican prevaricadores, pues, en efecto, en atención a la naturaleza de la entidad demandada no surgía claro que se tratase en sí misma de “La Nación”. 

Precisamente, por reconocer esa realidad, la Sala Penal de la Corte ha señalado reiterada y pacíficamente que con anterioridad a la Sentencia SU-962 de 1999, era perfectamente posible, sin que siquiera se entendiera error judicial, omitir el grado jurisdiccional de consulta en los casos en los cuales era condenada la Empresa Puertos de Colombia. 

Ya el apelante citó con amplitud esa postura de la Sala, que no se entiende necesario transcribir de nuevo, no sólo por la claridad que encierra, sino en atención a que de ninguna manera ha variado la percepción jurídica que allí se contiene”(29). (Resaltado y subrayado por la Sala)

63. De aquellos precedentes, sumados al testimonio del ex magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, E. R. A. P., se percibe que para el tiempo de expedición de la sentencia firmada por M. P., es decir el 20 de agosto de 1998, no habían parámetros unívocos sobre si debía surtirse o no el grado jurisdiccional de consulta en los casos en que resultara condenado Foncolpuertos, para que tales pronunciamientos hicieran tránsito a cosa juzgada.

64. Además, se avizora menos reprochable la valoración realizada por la citada juez sobre el fallo proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, al tomar en cuenta que en la audiencia pública de cumplimiento de sentencia(30), celebrada el 26 de enero de 1996 por éste último estrado judicial, se hizo mención expresa a la ejecutoria de la misma y se libró mandamiento de pago, atendiendo a la inadmisibilidad sobre el recurso de apelación declarada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 1º de noviembre de 1995(31); de tal suerte que agotado el trámite de alzada y no consultada la providencia, en el ámbito de ambigüedad hermenéutica sobre el artículo 69 ya referido, esta se consideró en firme.

65. Puntualizados estos aspectos del primer disenso, puede concluir esta Sala que para el momento en el cual se aportó la sentencia del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla a la demanda conocida por el Juzgado Quinto de la misma especialidad, era jurídicamente válido considerar la firmeza alcanzada por dicha providencia, y por lo tanto, no devenía en irregular reconocerle fuerza probatoria para ser fundamento de las pretensiones, como en efecto lo manifestó en ese entonces la titular del despacho judicial el 22 de agosto de 1996, en auto admisorio del líbelo(32), del cual corrió traslado a la entidad demandada, sin que esta hubiese refutado tal aspecto a lo largo de la actividad procesal.

66. Ahora bien, en lo relacionado con la ausencia de decisión que ordenara la autenticación de las copias en las que se presentó la providencia de 7 de marzo de 1995 y la eventual suficiencia de la anotación consignada por el secretario del Juzgado Primero Laboral sobre la identidad de las reproducciones con las piezas originales, se advierte que el pilar normativo regente de dicho escenario se halla en los artículos 115 numeral 7º y 254 numeral 1º del Código de Procedimiento Civil vigente en la época; el primero disponía que “las copias auténticas requerirán auto que las ordene y la firma del secretario”, y el segundo le asignaba a las copias el mismo valor probatorio del original, cuando hayan sido autorizadas entre otros “por el secretario de oficina judicial, previa orden del juez”.

67. A juicio de esta corporación, las normas citadas imponían como requisitos para reconocerles valor probatorio a las copias de la sentencia arrimada, contener la respectiva autenticación por parte del secretario, y la providencia por medio de la cual el juez ordenaba dichos duplicados.

68. Ante ello surge diáfano que, tal como advirtió la Sala de Descongestión Laboral, la fotocopia de la sentencia dictada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, allegada al Despacho Quinto homólogo en el cual fue encargada como Juez MILADYS PAREJO, carecía del auto decretó la respectiva autenticación, pero a la vez, también le asiste razón a la primera instancia al reparar en la anotación obrante en tales reproducciones, a través de la cual, el secretario refirió su identidad con la sentencia obrante en el proceso ordinario adelantado en el primer estrado judicial, suceso que impide revelar una intención maliciosa de la encausada, encaminada a contrariar el orden jurídico.

69. En otras palabras, ante el cumplimiento parcial de la disposición legal aplicable, aunque no se desconoce la desatención cometida por la doctora P. B., al no corroborar la existencia del mandato que disponía la acreditación de las copias de la sentencia, también es cierto que la anotación realizada por el secretario del Juzgado Primero Laboral del Circuito, sobre la autenticidad de tales reproducciones, brindaba una relativa confianza a la operadora judicial, quien no tenía por qué dudar de la buena fe de ese empleado, frente a la capacidad probatoria de la determinación allegada.

70. En consecuencia, la falta de diligencia imputable a la funcionaria se atenúa en contraste con las demás circunstancias que rodearon la aducción del documento judicial al proceso, y por ende, desvanecen la valoración dirigida a calificar la actuación de M. P. como abiertamente alejada del derecho, conclusión que no tiene otro significado que el de resaltar la improcedencia de predicar su responsabilidad penal por el delito endilgado, independientemente de que exista un eventual compromiso en materia disciplinaria, hipótesis que escapa a la competencia de esta corporación.

• SOBRE LA VALIDEZ DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO

71. Otra inconformidad manifestada por el recurrente, versa sobre la presunta falta de capacidad probatoria imputable a la convención colectiva del trabajo allegada al proceso laboral y erigida como elemento fundamental de la decisión adoptada por M. P. B., en punto de que su autenticación no se efectuó por el funcionario competente.

72. Conviene entonces recordar lo previsto en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual exige como presupuesto de efectividad sobre la convención colectiva, su extensión por escrito y deposito ante el Departamento Nacional del Trabajo dentro de los 15 días; y por su parte, el artículo 35 del Decreto 2145 de 1992, que asignaba a la división de reglamentación y registro sindical del entonces Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, el deber de mantener actualizado el archivo de las convenciones colectivas y otros documentos, así como expedir las certificaciones y fotocopias auténticas de los documentos allí confiados.

73. Teniendo en cuenta la discusión de este apartado, centrada exclusivamente en establecer si la persona que autenticó las fotocopias de la convención colectiva fuera la competente para hacerlo, vale la pena realizar un análisis sobre dicho factor en el caso concreto y de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia.

74. Al respecto, la convención colectiva del trabajo objeto del debate, en cada una de sus páginas(33) contiene el sello del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Seccional Atlántico, de igual forma, en el anverso de la última página se consignó el rótulo de la misma dependencia, en el que se da cuenta de su autenticidad y fecha de depósito en la ciudad de Bogotá.

75. Al advertir tal circunstancia, el a quo direccionó su criterio al de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según el cual, es irrelevante si la copia de la convención colectiva porta la marca de autenticación correspondiente a la secretaría general con sede en Barranquilla, aunque el depósito de dicha documentación se hubiere realizado en Bogotá. Al respecto citó(34):

“Se equivocó el tribunal al no haberle dado validez a la convención colectiva del trabajo, puesto que si ésta contenía la nota de haber sido depositada ante el ministerio del trabajo, dentro del término legal, de ninguna manera importaba que el sello de autenticación certificara la secretaría general con sede en Barranquilla que el aludido deposito se hubiera surtido en Bogotá”(35). 

76. Cabe resaltar que tal posición viene de tiempo atrás y ha sido mantenida por el mencionado órgano de cierre en otras ocasiones para decidir casos similares al aquí ventilado(36).

77. De modo que en este aspecto, el precedente jurisprudencial es claro en que, una vez cumplido el rito de las solemnidades establecidas en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, no puede desestimarse la validez ni el mérito probatorio de la convención colectiva, cuando esta se allegue en fotocopia de la constancia del depósito realizado oportunamente, al margen de haberse autenticado por otra sede del Ministerio del Trabajo.

78. Empero, es necesario advertir sobre la existencia de una postura de la Sala, expresada a través de la Sentencia SP9094-2015 con radicación 43839 del 15 de julio de 2015, en la cual, para ese caso particular se manifestó que al ser posterior el criterio jurisprudencial según el cual las convenciones colectivas surten plenos efectos probatorios aun cuando el sello de autenticación lo certificara la secretaría general del ministerio con una sede regional, lo cierto es que para la época de los hechos la normatividad vigente negaba efectos probatorios a las que no tuviesen nota de depósito estampada por la autoridad nacional del trabajo, lo cual fue desconocido por quien estaba siendo procesado en esa oportunidad.

79. En razón de ello, se cuestionó al allí sentenciado por haberle dado valor probatorio a una convención colectiva de la cual no se acreditó su oportuno depósito en los términos legales, esto como quiera que tal archivo le correspondía de forma privativa al departamento nacional del trabajo, conforme lo establecido en el artículo 469 del Código Sustantivo laboral, y fue solamente por medio del artículo 2º del Decreto 1953 de 2000, cuando se asignó dicha competencia a las direcciones territoriales y oficinas especiales de trabajo y seguridad social.

80. Hecha esa salvedad, no resulta difícil colegir que la situación fáctica descrita en tal veredicto difiere significativamente del asunto objeto de la actual controversia, el cual nada tiene que ver con el depósito de la convención colectiva, procedimiento que las partes no aludieron que se hiciera incorrectamente, sino que se circunscribe exclusivamente a si para efectos de autenticar las copias del documento debidamente archivado, también estaba facultado el funcionario del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social con una sede distinta a donde ocurrió su archivo (Barranquilla), prerrogativa no abordada por el dictamen premencionado y que tampoco se advierte limitada por la ley, siendo posteriormente la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral la que resolvió favorablemente dicha indeterminación a través de las decisiones ya citadas.

81. Es oportuno señalar que la convención colectiva que analizó la encausada fue firmada el 9 de agosto de 1991(37) y según la correspondiente constancia, su depósito se realizó el 16 del mismo mes y año, es decir, dentro de los 15 días siguientes a la suscripción, hallándose satisfecho el término previsto en el artículo 469 ejusdem; por lo tanto, el cumplimiento de tales exigencias condujeron naturalmente a la juez titular del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla, a reconocerla como prueba en “Segunda audiencia de trámite. (Inspección judicial)”, el 28 de octubre de 1997(38).

82. En ese orden de ideas, ya que para el momento de expedición de la sentencia por parte de la funcionaria P. B., la norma y la jurisprudencia no determinaban que la autenticación de copias de la convención colectiva del trabajo, ya depositada, competía singularmente al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social en su sede nacional, también se echaba de menos una decisión con fuerza de precedente que brindara claridad sobre ese tópico y posteriormente la Sala de Casación Laboral de esta corporación acogió un razonamiento similar al exhibido por la encausada, no se evidencian elementos que lleven a dilucidar una manifiesta contrariedad con el ordenamiento jurídico de su parte, al haber decidido aceptar las reproducciones del documento, con la certificación realizada por un funcionario de la misma entidad, pero ubicado en Barranquilla.

83. Corolario de lo antedicho, tampoco tiene vocación de prosperar la inconformidad que sobre este tema fue planteada en contra de la decisión impugnada.

• SOBRE LAS DEMÁS MOTIVACIONES DE LA SENTENCIA DE 20 DE AGOSTO DE 1998

84. En cuanto al contenido adicional de la providencia suscrita por M. S. P. B. en condición de Juez Quinta Laboral del Circuito de Barranquilla, la impugnación cuestionó que se hubiera servido del fallo de 7 de marzo de 1995 para afectar la liquidación final realizada al señor F. A., teniendo en cuenta que la tasación en la condena debía realizarse con base en el salario promedio percibido por el trabajador durante el último año laborado, esto es 1993, y no con los incrementos del 35% por recargo, correspondientes al período comprendido entre 1986 y 1989, como en efecto terminó haciendo.

85. Por su parte, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla consideró que la juez procesada en realidad no reconoció el 35% por recargo nocturno, en tanto tal adjudicación fue otorgada en un primer momento por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla y ella solamente se limitó a aplicar esa cantidad en armonía con el artículo 89 de la convención colectiva del trabajo.

86. Al revisar la actuación suscrita por la doctora P. B., la Colegiatura advierte que el acápite considerativo es enfático en señalar que se demostró el vínculo laboral del actor con la entidad demandada desde el 18 de enero de 1980 hasta el 1º de junio de 1993 y que en virtud de la orden emitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, consistente en cancelar una suma por concepto de la diferencia en la reliquidación del recargo del 35%, correspondiente a los años transcurridos de 1986 a 1989, ello debía constituir factor salarial aplicable a las demás prestaciones que se derivaran a futuro, de acuerdo al artículo 89 de la convención colectiva del trabajo vigente al momento del retiro, obligación que fue omitida de lleno por el empleador; por tales causas, dicha juez manifestó lo siguiente:

“Teniendo en cuenta la anterior norma transcrita y siendo que efectivamente la suma materia de condena proferida por el Juzgado Primero laboral del Circuito de esta ciudad en la suma de $ 240.051,79 constituye salario, el juzgado procederá a lasa (sic) reliquidaciones solicitadas, entrando al estudio de la reliquidación de la prima de antigüedad proporcional (...) igualmente la reliquidación de la prima de servicio proporcional, ya que no se incluyeron todos los factores salariales devengados y siendo que la entidad demandada no le incluyó la suma materia de condena y teniendo en cuenta el artículo 89 y 102 de la convención colectiva del trabajo (...)  

Como el accionante solicita la reliquidación del auxilio de cesantía por la no inclusión de algunos factores salariales cancelados por la demandada, como también las reliquidaciones que se dieran, el juzgado accederá a la reliquidación (...) 

Igualmente solicita la pensión de jubilación, para lo cual el juzgado condenará a la demandada, ya que se dio un nuevo promedio mensual (...) suma por la cual se condenará a la demandada por este concepto y sus respectivos ajustes para cada año subsiguiente y a partir de la citada fecha. 

(...) Siendo que en el proceso no se ha justificado por parte de la demandada, el no pago de los reajustes solicitados, se deberá condenar a la misma al pago de la indemnización moratoria, tal como lo establece el artículo 100 de la convención colectiva del trabajo, arrimada a los autos, la cual establece un término de 70 días, los cuales comienzan a partir del 12 de agosto de 1993 (...)”.(39) 

87. De esta manera, lo encontrado en el fondo de la decisión proferida por la entonces juez M. P. B., es que no pretendió desarrollar una segunda liquidación del 35% por el recargo nocturno, como quiera que ello fue objeto de la condena impuesta por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla. Contrario sensu, lo pretendido por la acusada en su decisión, era el cálculo de los demás rubros objeto de litigio en función del citado aumento que ordenó su homólogo, el cual ostentaba la calidad de factor salarial y que no había sido tenido en cuenta por Foncolpuertos; es decir, la reliquidación ordenada por la encausada se limitaba exclusivamente a aplicar complementariamente aquella ya realizada mediante fallo del 7 de marzo de 1995.

88. Demuestra todo lo anterior, un atinado razonamiento del a quo al encontrar que la providencia suscrita por M. S. P. B., en calidad de Juez Quinta Laboral del Circuito, no puede estimarse como manifiestamente contraria a Derecho, en tanto efectivamente la convención colectiva del trabajo obrante en el expediente(40) en su artículo 89 admitía como componentes del salario los “recargos por trabajos nocturnos”, para este caso concreto aumentados en el orden del 35%.

89. En ese entendido, la remuneración vigente para el año 1993, sobre el cual la censura afirmó debió haberse hecho el cálculo, necesariamente debió verse afectada por los incrementos a los factores salariales que el empleador dejó de efectuar en los años anteriores, al desconocer injustificadamente el 35% de recargo ordenado por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, lo cual evidencia su mala fe generadora de intereses moratorios y pone de presente la asertividad con la que la doctora P. B. reconcilió dicha problemática en su dictamen, mismo que no fue tomado en cuenta por su superior jerárquico exclusivamente a raíz de presuntos vicios probatorios de naturaleza formal, ya abordados en renglones previos.

90. Basten los argumentos precedentes para rechazar la conducta prevaricadora atribuida por la censura y la parte civil a la enjuiciada, justificaciones que libran al pronunciamiento por ella expedido de tacha alguna relacionada con ser manifiestamente contradictorio del orden jurídico vigente para la época de los hechos.

• SOBRE EL DOLO

91. Nótese entonces que todos los senderos de análisis recorridos por la presente disertación convergen en determinar que la decisión de 20 de agosto de 1998 no desconoce de forma oprobiosa los cánones normativos y jurisprudenciales aplicables en ese margen cronológico, como en un principio lo planteaba el recurso que aquí se resuelve, y por el contrario, se observó jurídicamente justificable la destinación de recursos públicos ordenada en favor del demandante, lo cual descarta de plano una intención cuestionable por parte de M. S. P. B., dirigida a actuar ilegalmente, con el fin de favorecer a un tercero con recursos oficiales.

92. En lógica conexidad, la inexistencia de premisas de convicción que adviertan un alejamiento manifiesto del derecho respecto del mandato suscrito por la procesada, releva a esta Corte de realizar un estudio más profundo sobre el segundo problema jurídico esbozado, mismo que ya no tiene razón de ser, en cuanto mal podría advertirse un ánimo delictuoso en correspondencia con un comportamiento que ab initio estaba sustentado en posturas jurídicas válidas, de acuerdo a la indeterminación de la hermenéutica predominante en aquella época sobre el tópico a solucionar.

93. Dicho de otra manera, la enjuiciada no evidenció voluntad alguna dirigida a contrariar con conocimiento de causa las disposiciones normativas aplicables al caso que le correspondió resolver, simplemente se inclinó por una alternativa de interpretación jurídica, que aunque no coincidió con la opinión del superior jerárquico encargado de confirmar o revocar su fallo, tampoco resultaba abiertamente inválida; en tal virtud, es claro que a la doctora P. B. nunca le asistió la intención de prevaricar, ni mucho menos su postura judicial reflejó algún exabrupto argumentativo que merezca ser abiertamente cuestionado en función de la consecuencia patrimonial derivada del mismo.

94. Todo lo hasta aquí dicho, revela una carencia insalvable de elementos para concluir que el actuar de la juez estuvo viciado de una ilegalidad manifiesta o que en manera alguna le asistió el dolo para pretender lucrar a un sujeto procesal con ese proceder reprochable, por lo tanto, no existe razón suficiente para edificar un juicio de responsabilidad penal en su contra por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros.

95. En consecuencia, se ha de confirmar la decisión proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 11 de marzo de 2014 por medio de la cual se absolvió a M. S. P. B.

En mérito de lo expuesto, LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia de fecha y origen indicados por medio de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla absolvió a M. S. P. B. del delito de peculado por apropiación en favor de terceros.

2. Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Luis Antonio Hernández Barbosa—José Francisco Acuña Vizcaya—Eugenio Fernández Carlier—José Luis Barceló Camacho—Fernando León Bolaños Palacios—Fernando Alberto Castro Caballero—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria».

21 Cfr. Fls. 135 a 138. Ibídem.

22 CSJ SP, 23 feb. 2006, Rad. 23901. Pronunciamiento reiterado por la CSJ SP 1º feb. 2007, Rad. 26147; 18 jun. 2008, Rad. 29382; 13 mayo 2009, Rad. 31391; 29 sep. 2009, Rad. 31927; 21 sep. 2011, Rad. 37205; 26 feb. 2014, Rad. 42775, entre otras providencias.

23 CSJ SP, 13 abr. 2011, Rad. 35854.

24 CSJ SP, 6 mar. 2003, rad. 18021; CSJ SP, 6 sep. 2007, rad. 27092; CSJ SP, 22 jun. 2011, rad. 36387; CSJ SP, 10 oct. 2012, rad. 38396; CSJ SP, 4 mar. 2015, rad. 45099 y CSJ SP, 15 jul. 2015, rad. 43839.

25 Artículo 66 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, Decreto Ley 2158 de 1948, vigente para la época de los hechos.

26 “Los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y su objeto consiste, entonces, en dotar de un valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a promover el mismo litigio”.

27 Cfr. Fls. 91 a 96, cdno. original Nº 2, Sala Penal Tribunal de Barranquilla.

28 Cfr. Fls. 37 a 39, cdno. anexo Nº 2, Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Bogotá.

29 CSJ SP, 1º ago. 2012, Rad. 39243.

30 Cfr. Fls. 21 y 22, cdno. original de apelación - Tribunal Superior de Bogotá D.C., Sala Laboral de Descongestión.

31 Cfr. Fls. 17 a 20, ibídem.

32 Cfr. Fl. 29, ibídem.

33 Cfr. Fls. 56 a 122, cdno. original de apelación - Tribunal Superior de Bogotá D.C., Sala Laboral de Descongestión.

34 Cfr. Fl. 95, cdno. original Nº 2, Sala Penal Tribunal de Barranquilla.

35 CSJ. SL. 28 oct. 2005, Rad. 24353.

36 CSJ SL. 4 dic. 2002, Rad 19848, cuya línea fue acogida posteriormente en las sentencias CSJ SL. 12 dic. 2002, Rad. 19318; 5 oct. 2004, Rad. 23228; 8 jun. 2005, Rad. 24524 y 30 mar. 2006, Rad. 27053.

37 Cfr. Fl. 121, cdno. original de apelación - Tribunal Superior de Bogotá D.C., Sala Laboral de Descongestión.

38 Cfr. Fl. 124, ibídem.

39 Cfr. Fl. 161, ibídem.

40 Cfr. Fl. 93, ibídem.