Sentencia SP5237-2016 de abril 27 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP5237-2016

Radicación 47389

Aprobado acta 135

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Bogotá, D.C., abril veintisiete de dos mil dieciséis.

(Legis considera conveniente que los datos de (partes, terceros o intervinientes, etc.) sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. La casación oficiosa es la facultad otorgada por la Ley a la Corte, cuando quiera que advierta vicios o errores que no han sido propuestos en la demanda y que impliquen el desconocimiento de derechos del procesado, en orden a que se pronuncie emitiendo una decisión de fondo y restablezca la garantía conculcada.

Así se desprende del inciso tercero del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, que a letra dice:

«En principio, la Corte no podrá tener en cuenta causales diferentes de las alegadas por el demandante. Sin embargo, atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada, deberá superar los defectos de la demanda para decidir de fondo».

De igual forma, ha indicado la Sala que en los casos en los que procede la casación oficiosa, por obvias razones, no es necesario convocar a la audiencia de sustentación del recurso extraordinario de que trata el artículo 184 del Código de Procedimiento Penal, como que la misma está prevista para que se realice un debate oral en torno a la demanda admitida, el cual se descarta cuando, como en este evento, el escrito ha sido rechazado (CSJ, AP feb. 19/2014, rad. 42936).

2. En esta ocasión la irregularidad que advirtió la Corte tiene que ver con la vigencia de la acción penal respecto del delito de fraude a resolución judicial, en tanto la misma se encuentra prescrita.

En efecto, el comportamiento en mención se encuentra descrito en el artículo 454 del Código Penal y establece una pena de 1 a 4 años de prisión y multa de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, montos que con el incremento de pena indicado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, arroja como extremos punitivos los de 16 a 72 meses de prisión y multa de 6.66 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Sin embargo, la Ley 1453 de 2007 modificó dicho artículo fijando una pena menor, esto es, de 1 a 4 años de prisión y multa de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Teniendo en cuenta que el delito en estudio es de ejecución permanente, cuyo lapso de comisión transitó más de una legislación que fijaba montos de pena diferentes, resulta necesario determinar cuál de esos quantum ha de acogerse para establecer el término de prescripción de la acción penal.

Sobre el tema en cuestión desde la decisión proferida por la Sala en CSJ AP, 25 de agosto 2010, radicación 31407, reiterada en CSJ AP, del 2 de abril de 2011, radicado 36227 y en CSJ AP, julio 17 de 2015, radicado 41641, entre otras, se ha sentado la tesis acerca de que en los delitos de ejecución permanente cuya comisión comenzó en vigencia de una ley, pero se postergó hasta el advenimiento de una legislación posterior que resulta ser más gravosa, se impone aplicar la norma que rige para el momento de la ejecución del último acto.

Para el presente asunto, los hechos que se encuadran en este comportamiento consistieron en el incumplimiento de la orden que el 2 de noviembre de 2007 emitió el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la ciudad de XXX para que G.S. devolviera a su legítimo propietario el inmueble que aquel había adquirido por un contrato de compraventa que se declaró nulo, incumplimiento que se ha prolongado hasta la fecha, según se extrae de la información que arroja el proceso y de lo consignado en la demanda de casación.

De tal manera, si bien el incumplimiento fraudulento de la decisión del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de XXX se ha extendido hasta la fecha, debe tenerse como límite el momento en el que se formuló imputación, es decir, el 27 de marzo de 2011, y considerarse esa data como la de comisión del último acto, fecha en la que se encontraba vigente el artículo 454 del Código Penal, sin la modificación del artículo 47 de la Ley 1453 de 2011, en tanto esta última norma entró a regir el 24 de junio de ese año.

La jurisprudencia de la Sala ha sostenido que cuando el delito de ejecución permanente se sigue realizando, el límite a tener en cuenta para efectos de fijar los hechos que serán objeto de juzgamiento, así como el término de prescripción, es, en los asuntos regulados por la Ley 600 de 2000, el cierre de la investigación, y, en los tramitados por la Ley 906 de 2004, la formulación de imputación. Sobre el tema ha precisado la Sala:

Los hechos atribuidos al procesado como posiblemente constitutivos del delito de fraude a resolución judicial comenzaron a ocurrir a partir del 13 de julio de 2000, fecha en la cual se dispuso el secuestro de la finca (…), y se ha prolongado hasta el cierre de la investigación (mar. 2/2011), pues no hay constancia procesal que el cumplimiento de la decisión judicial haya sobrevenido.

La Sala ha venido reiterando que en los delitos de ejecución permanente, su consumación se extiende hasta cuando cesa el atentado al bien jurídico tutelado o por motivos judiciales cuando se cierra la investigación (CSJ SCP, ago. 25/2010, rad. 31407), (resaltado fuera del texto original).

Y en un caso reglado por la Ley 906 de 2004 se dijo:

No es cierto, como parece sugerirlo el juez de conocimiento, que la naturaleza del delito —estimado por él de tracto sucesivo— tenga algún tipo de incidencia en lo que se debate —incluso al extremo de sugerir que los hechos seguirán presentándose, eventualmente, en (…), en tanto, ello desconoce la ya pacífica y reiterada jurisprudencia de la Corte atinente al corte fáctico que debe operar con la imputación, en el entendido que lo discutido en juicio ya debe estar consolidado para así respetar el principio de congruencia y facultar los derechos de contradicción y defensa (resaltado fuera del texto original) (CSJ AP, feb. 5/2014, rad. 43159).

Así las cosas, en el presente asunto la pena a tener en cuenta para determinar la prescripción de la acción penal es la de 16 a 72 meses de prisión y multa de 6.66 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De conformidad con la preceptiva del artículo 83 del Código Penal, la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si es privativa de la libertad, pero en ningún caso ese lapso podrá ser inferior a 5 años, ni exceder de 20.

A su turno, el artículo 86 del mismo estatuto, regula la interrupción de la prescripción de la acción penal, que como ya se indicó, en procesos adelantados bajo el trámite de la Ley 906 de 2004, se produce con la formulación de imputación.

Por su parte, el artículo 292 de la Ley 906 de 2004, norma por la que se rige este asunto, señala que interrumpido el término de prescripción, éste comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual al señalado en el artículo 83 del Código Penal, es decir la mitad, sin que pueda ser inferior a tres años.

Frente a la aparente contradicción que surge entre el inciso segundo del artículo 86 del Código Penal y artículo 292 de la Ley 906 de 2004, pues el primer precepto señala que el término de prescripción no puede ser inferior a cinco años, mientras que el segundo refiere que dicho límite es de tres años, en reciente pronunciamiento la Corte se refirió sobre el particular, reiterando el criterio ya fijado tiempo atrás por la Corporación.

Así se indicó en CSJ SP, marzo 4 de 2015, radicación 43756:

La Sala ya se ha ocupado, y no en pocas ocasiones, de este tema. Por ejemplo, en los fallos CSJ SP, 9 de febrero de 2006, radicación 23700, y CSJ SP, 23 de marzo de 2006, radicación 24300, sostuvo con claridad que en materia de prescripción, debido a la índole en esencia distinta en la que se desenvuelve cada uno de los sistemas procesales, se presentan dos (2) regímenes. El primero, el de la Ley 600 de 2000, en el cual el término prescriptivo se interrumpe con la acusación o su equivalente debidamente ejecutoriados y aquel arranca de nuevo sin ser inferior a los cinco (5) años; y el segundo, en el que dicho lapso queda interrumpido con la formulación de imputación para comenzar nuevamente, pero con un mínimo de tres (3) años. Ratificó, adicionalmente, que por idénticas razones era imposible invocar en estos eventos la aplicación del principio de la ley penal más favorable.

Posteriormente, tanto en la Sentencia CSJ SP, 14 de agosto de 2012, radicación 38467, como en el auto CSJ AP, 27 de febrero de 2013, radicación 38547, señaló que la aparente contradicción entre los artículos 86 del Código Penal(1) y 292 de la Ley 906 de 2004(2) debía resolverse en el entendido de que los incisos 1º y 2º de dicha norma, sin la modificación del artículo 6º de la Ley 890, consagraban los términos para la Ley 600 de 2000, mientras que el inciso 1º del artículo 86, con la variación introducida, debía integrarse de manera armónica con el artículo 292 del código procesal que nos ocupa, en especial con su inciso 2º. Lo anterior, dada la existencia conjunta de ambos sistemas y la naturaleza incompatible de sus reglas frente al régimen de la prescripción.

En este orden de ideas, en la Ley 906 de 2004, el lapso prescriptivo comienza de nuevo, una vez se ha producido la interrupción, por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal, sin que pueda ser menor a los tres (3) años, de manera que los cinco (5) años a los que alude el inciso 2º del artículo 86 de dicho estatuto solo es relevante para los asuntos de la Ley 600 de 2000.

En tal medida y para el caso concreto, como el máximo de la pena prevista en la ley para el delito de fraude a resolución judicial es de seis años (72 meses) de prisión, éste se reduce a tres años al haberse interrumpido el término de prescripción, motivo por el que el Estado contaba con tres años, contados a partir del 27 de marzo de 2011, fecha en que se formuló imputación, para ejercer su poder sancionador respecto del delito de fraude a resolución judicial, los cuales se vencieron el 27 de marzo de 2014, antes de que se emitiera la sentencia de primera instancia, la cual data de 11 de septiembre de 2015.

Entonces, como la cuestión que ahora ocupa la atención de la Sala no fue propuesta en el libelo, compete a la Corte casar parcialmente el fallo al haberse emitido condena por un delito frente al cual el Estado perdió su potestad punitiva, tornándose en ilegal la sentencia en este preciso aspecto.

Sobre el tipo de decisión que corresponde emitirse en sede de casación cuando se advierte la prescripción de la acción penal, la Corte tiene decantado que:

1. Cuando la prescripción opera después de la sentencia de segunda instancia, se debe decretar directamente y cesar procedimiento con independencia del contenido de la demanda (se prescinde del juicio de admisibilidad), por haberse dictado el fallo en forma válida, en cuanto se hallaba vigente la facultad sancionadora del Estado.

2. Cuando la prescripción ocurre antes de la sentencia de segunda instancia, es necesario distinguir dos hipótesis:

a) Si el error ha sido planteado en la demanda, se debe admitir el libelo y definir el cargo mediante fallo de casación, con prescindencia de los restantes ataques si han sido planteados.

b) Si el recurrente no formuló el reproche, le corresponde a la Corte analizar la ocurrencia del fenómeno extintivo, casar de oficio para anular el fallo y, como consecuencia de ello, inadmitir la demanda por ausencia de objeto, sin que resulte, entonces, procedente, por innecesario y en virtud del principio de economía procesal, agotar el juicio de admisibilidad de los cargos contenidos en el libelo. Desde luego, añádase ahora, en caso de haberse admitido la demanda, no habrá lugar a emitir pronunciamiento sobre los cargos allí formulados.

3. Cuando la prescripción se produce con ocasión del fallo de casación (tal situación puede presentarse, por ejemplo, si la Corte varía la calificación jurídica para degradar la imputación): En ese caso, la decisión de la Sala dependerá del momento en el cual haya operado la prescripción. Si ocurrió antes de la sentencia de segunda instancia, deberá casarla. Si ocurrió después, decretará directamente la prescripción y cesará, en consecuencia, el procedimiento(3) (CSJ SP, ago. 21/2013, rad. 40587) (resaltado fuera del texto original).

La jurisprudencia en cita, señala que advertida la prescripción de la acción penal sin que la misma haya sido propuesta en la demanda, lo procedente es inadmitirla por carencia actual de objeto; no obstante, debe tenerse en cuenta que para el presente asunto los cargos del libelo no se encaminaron a atacar únicamente la sentencia de segunda instancia en torno a la condena por el punible de fraude a resolución judicial, sino también respecto de los delitos de fraude procesal y estafa, motivo por el que la Sala hubo que abordar el estudio formal de los cargos presentados en relación con tales comportamientos.

Aclarado lo anterior, como consecuencia de la casación del fallo y la declaratoria de su nulidad parcial, es pertinente redosificar la sanción, retirando el incremento punitivo que por razón de esta conducta se impuso a G.S.

Se tiene entonces que la pena impuesta fue de 110 meses de prisión, multa de 310 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 5 años, por los delitos de fraude procesal, estafa y fraude a resolución judicial, correspondiendo a este último comportamiento, 8 meses de pena privativa de la libertad y multa de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tal y como lo indicó expresamente el juez de primera instancia.

Por lo anterior, sustrayendo de la pena definitiva este último monto, resulta como sanción imponible al procesado, la de 102 meses de prisión, multa de 307 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 5 años.

En razón de lo expuesto, la Corte casará de oficio y parcialmente la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de XXX el 15 de octubre de 2015, cesando procedimiento a favor de G.S. por el delito de fraude a resolución judicial por haber sobrevenido la prescripción de la acción penal antes de emitirse sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR PARCIALMENTE Y DE OFICIO la sentencia impugnada, proferida por el Tribunal Superior de Tribunal Superior de XXX el 15 de octubre de 2015.

2. DECLARAR, en consecuencia la extinción de la acción penal por prescripción respecto del delito de fraude a resolución judicial.

3. ORDENAR la cesación de procedimiento por tal comportamiento a favor de G.S.

4. DECLARAR que la pena que debe cumplir el procesado es la de ciento dos (102) meses de prisión, multa de trescientos siete (307) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 5 años como autor de los delitos de fraude procesal y estafa.

5. PRECISAR que en lo demás el fallo se mantiene incólume.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase. Devuélvase al Tribunal de origen.»

1 « ART. 86.—Interrupción y suspensión del término prescriptivo de la acción. La prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la imputación [inciso modificado por el artículo 6º de la Ley 890 de 2004].

Producida la interrupción del término prescriptivo, este comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83. En este evento el término no podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10).»

2 «ART. 292.—Interrupción de la prescripción. La prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la imputación.

Producida la interrupción del término prescriptivo, este comenzará a correr de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal. En este evento no podrá ser inferior a los tres (3) años».

3 «Cfr. Auto del 21 de agosto de 2013, radicación 40587».