Sentencia SP5767-2015 de mayo 13 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP5767-2015

Rad.: 42.379

Acta Nº: 171

Magistrada Ponente

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Bogotá D.C., trece de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones.

1. El defensor de J.P.R., demanda la revisión de la sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, que confirmó la condenatoria proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de esa ciudad.

Son dos las censuras propuestas contra la decisión, ambas al amparo de la causal contenida en el numeral 7º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, como se pasa a explicar:

1.1. La primera, se encamina a que se le conceda la rebaja de la pena por reparación integral a P.R., como así lo avala el artículo 269 del Código Penal para quienes indemnicen los perjuicios ocasionados a la víctima en los delitos contra el patrimonio económico, contenidos en el título VII ejusdem y como quiera que fue condenado por el delito de extorsión en la modalidad de tentativa, contenido en ese acápite.

Para ello, el defensor trajo a colación las decisiones CSJ SP, 29 de junio de 2008, Rad. 29.788; CSJ SP, 1º de julio de 2009, Rad. 30.800; y CSJ STP, 10 de agosto de 2010, para decir que allí varió la Sala de Casación Penal su postura en el entendido de que «no debe excluirse los beneficios cuando se haya reparado integral{mente}».

Establece la citada disposición, que el juez debe disminuir la pena a imponer frente a los delitos contenidos en el título VII en comento, en un monto que va de la mitad a las tres cuartas partes, siempre y cuando el responsable restituya el objeto material del delito e indemnice los perjuicios ocasionados al ofendido.

1.1.1. Para el caso, en la audiencia de individualización de pena, el defensor de P.R. presentó un recibo de consignación en favor de la víctima por valor de trescientos mil pesos ($300.000), afirmando que con esa suma se reparaba integralmente los perjuicios del punible que cometió, por lo que pidió al Juez, aplicar a su prohijado la rebaja de pena de que trata el artículo 269 del Código Penal.

Aunque en la decisión condenatoria de primera instancia, se negó la pretensión, impugnada la determinación por el representante judicial del condenado, el Tribunal la revocó, reconociendo la rebaja reclamada, pero estimó que la misma debía hacerse «en la menor proporción permitida, es decir, debe ser de la mitad de la pena impuesta, toda vez que la indemnización fue tardía».

1.1.2. El demandante acude a las decisiones CSJ SP, 29 de junio de 2008, Rad. 29.788; CSJ SP, 1º de julio de 2009, Rad. 30.800; y CSJ STP, 10 de agosto de 2010, como sustento de la causal invocada en lo que respecta al reconocimiento de la rebaja de pena por reparación integral de que trata el artículo 269 del Código Penal.

Pero dos yerros cometió en la sustentación de este aspecto. El primero se funda en que las decisiones que trae a colación, son anteriores a la ejecutoria de la decisión condenatoria dictada contra su prohijado (en firme el 8 de agosto de 2011(4)), por lo que no podría hablarse en el caso de un cambio favorable hecho por la Corte frente al criterio jurídico que sustentó la decisión condenatoria.

El segundo, se centra en que, contrario al dicho del defensor, el ad quem sí le reconoció a J.P.R. la rebaja por indemnización integral de que trata el artículo 269 del Código Penal, como se explicó en el acápite antecedente y lo advirtió la Fiscalía en la diligencia para alegar de conclusión.

Por lo tanto, frente a este planteamiento es imperioso declarar infundada la causal de revisión propuesta.

1.2. La segunda censura está encaminada a inaplicar el incremento punitivo de que trata el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 al caso, con base en la postura que la Corte adoptó a partir de la decisión CSJ SP, 27 de febrero de 2013, Rad. 33.254.

1.2.1. Dijo esta corporación en la citada providencia, que en los supuestos en los cuales el procesado se allane a cargos o acuerde con la Fiscalía, pero se estuviese ante las prohibiciones del artículo 26 de la Ley 1121 del 2006, no hay lugar a aplicar el incremento contenido en el artículo 14 de la Ley 890.

Esa tesis, parte de la base de que la norma del 2006 prohíbe conceder cualquier tipo de prebendas cuando, como en este caso, se trate del delito de extorsión en su modalidad tentada, razón por la cual es desacertado aplicar el aumento allí señalado, si de lo que se trata es de propiciar una justicia premial.

En la providencia señalada, a modo de conclusión, la Corte afirmó:

Por consiguiente, a la luz de la argumentación aquí desarrollada, fuerza concluir que habiendo decaído la justificación del aumento de penas del art. 14 de la Ley 890 de 2004, en relación con los delitos incluidos en el art. 26 de la Ley 1121 de 2006 —para los que no proceden rebajas de pena por allanamiento o preacuerdo—, tal incremento punitivo, además de resultar injusto y contrario a la dignidad humana, queda carente de fundamentación, conculcándose de esta manera la garantía de proporcionalidad de la pena…

Así mismo, en ejercicio de su función de unificación de la jurisprudencia, la Sala advierte que, en lo sucesivo, una hermenéutica constitucional apunta a afirmar que los aumentos de pena previstos en el art. 14 de la Ley 890 de 2004 son inaplicables frente a los delitos reseñados en el art. 26 de la Ley 1121 de 2006. No sin antes advertir que tal determinación de ninguna manera comporta una discriminación injustificada, en relación con los acusados por otros delitos que sí admiten rebajas de pena por allanamiento y preacuerdo, como quiera que, en eventos de condenas precedidas del juicio oral, la mayor intensidad punitiva no sería el producto de una distinción arbitraria en el momento de la tipificación legal, ajustada por la Corte, sino el resultado de haber sido vencido el procesado en el juicio, sin haber optado por el acogimiento a los incentivos procesales ofrecidos por el legislador; mientras que, frente a sentencias condenatorias por aceptación de cargos, la menor punibilidad, precisamente, sería la consecuencia de haberse acudido a ese margen de negociación, actualmente inaccesible a los delitos referidos en el art. 26 de la Ley 1121 de 2006 (Resaltado fuera de texto).

La anterior postura fue reiterada por la Corte en sentencia CSJ SP, 19 de junio de 2013, Rad. 39.719 así:

Durante las alegaciones orales, de consuno la Fiscalía y la representación del Ministerio Público, pidieron se aplicase de oficio, en favor del procesado, la más reciente jurisprudencia de la Sala, consignada en el Radicado 33254 del 27 de febrero de 2013.

La decisión en comento, cabe recordar, a partir de la aplicación del principio de proporcionalidad y la verificación del querer del legislador al expedir la Ley 890 de 2004, concluyó que a los delitos a los cuales cobija la prohibición de rebajas o beneficios del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, entre ellos la conducta punible de extorsión, no les es aplicable el incremento generalizado de pena establecido en el artículo 14 de la primera normatividad citada.

Empero, de lo expuesto por la Corte hacen los representantes de la Fiscalía y la Procuraduría una equivocada lectura, pues, no deriva de allí que la eliminación del incremento opere general e indiscriminada para esos delitos reseñados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, sin que importen las vicisitudes procesales del caso concreto.

Todo lo contrario, en la jurisprudencia objeto de análisis, dentro al apartado final del tópico referido al tema en cuestión, la Corte advirtió:…

Claramente el apartado trascrito contiene una restricción al concepto de inaplicación del aumento de penas establecido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, pues, precisamente para que el principio de igualdad respecto de personas a quienes se condena por la vía ordinaria en delitos diferentes, no sea vulnerado, establece como premisa básica que el no incremento sólo opera cuando el procesado se acoge a los mandamientos de justicia premial que contienen las figuras del allanamiento a cargos y preacuerdos.

Vale decir, en los casos en los cuales la persona vinculada por delitos contemplados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, no hace manifiesta su intención de acogerse a la terminación anticipada del proceso, vía allanamiento o preacuerdo, y ello no se materializa en la consecuente definición anticipada del asunto, la pena aplicable debe consultar también el incremento dispuesto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

Pues, de no ocurrir así quedaría huérfana de soporte la tesis que gobierna la jurisprudencia examinada, que tiene como objeto central de definición la imposibilidad de incrementar penas de Ley 890, a quienes no acceden a la justicia premial.

Cuando el asunto discurre por el camino ordinario del juicio oral, ya se hace necesario igualar a todas las personas de conformidad con lo establecido por el artículo 14 de la tantas veces citada Ley 890 de 2004, no sólo porque aquí en nada incide la justicia premial, sino porque de no hacerse así se establece una desigualdad gratuita e injustificada a favor de quienes, precisamente, cometen delitos graves que el legislador estimó necesitados de más draconiano trato.

Por lo demás, si se dejara de lado la necesaria acotación del criterio establecido por la Corte, ningún sentido tendría la exhortación que en la decisión jurisprudencial objeto de examen, se hace para que el legislador en lugar de limitar las posibilidades de terminar los asuntos rápidamente a través de los mecanismos de justicia premial, las flexibilice a efectos de hacer funcional y eficaz el sistema, so pena de su colapso.

Apenas natural surge que si la posibilidad del no incremento de pena en los delitos objeto de prohibición de beneficios, resulta consecuencia de acceder a alguno de los institutos de justicia premial, ello servirá de acicate para que así suceda y se eviten los efectos dañosos de la congestión judicial.

En consecuencia, la Corte reafirma que por inescapables razones de igualdad y funcionalidad del sistema, la prohibición del incremento de penas general dispuesto en el artículo 14 de la ley 890 de 2004, respecto de los delitos enlistados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, únicamente remite a aquellos casos en los cuales la persona se allanó a cargos o llegó a un acuerdo con la Fiscalía y en atención a ello se terminó anticipadamente el proceso».

1.2.2. Los lineamientos plasmados en el cambio jurisprudencial que invoca el demandante, se cumplen en el evento considerado, pues cabe recordar que en la diligencia de formulación de imputación, J.P.R. se allanó al cargo que le endilgó la Fiscalía.

Además, al realizar la labor de dosificación punitiva, el Juez de conocimiento aplicó el aumento del artículo 14 de la Ley 890 del 2004, pero le negó la rebaja del artículo 351 de la Ley 906, porque así lo consagró el apartado 26 de la Ley 1121 del 2006(5).

Entonces, se impone declarar fundada la causal contenida en el numeral 7º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004 en lo que a este tópico respecta y de contera, dar cabida a la postura adoptada por la Corte a partir de la decisión CSJ SP, 27 de febrero de 2013, Rad. 33.254, lo cual comporta una redosificación de la pena por cumplir, descartando de ella el aumento del artículo 14 de la Ley 890 del 2004, con respeto a los criterios de los jueces de instancia.

El Juzgador de primer nivel aplicó el artículo 244 del Código Penal que, sin el agravante de la Ley 890, señala prisión de 12 a 16 años y multa de 600 a 1200 SMMLV. Además, contempló la circunstancia de agravación que le endilgó la Fiscalía, contenida en el numeral 3º del artículo 245, que fija la multa de 3.000 a 6.000 salarios y dispone que la prisión se aumente hasta en una tercera parte, proporción que, hecho el cálculo según el artículo 60.2 penal, deja los topes de 12 a 21,33 años (o 144 y 256 meses).

En aplicación del dispositivo amplificador del tipo de la tentativa, previsto en el artículo 27 del Código Penal(6), los límites quedan de 6 a 16 años de prisión (o 72 y 192 meses) y 1.500 a 4.500 salarios de multa.

Establecidos los extremos mínimo y máximo de movilidad entre 6 y 16 años, que equivalen a 72 y 192 meses, respectivamente, se determina el ámbito punitivo en 120 meses (192-72) y se divide en cuartos, para un resultado de 30 meses, que a su vez equivalen a 2 años y 6 meses. Entonces:

6 años a 16 años

72 meses a 192 meses

Cuartos
Primero:
30 meses
Segundo:
30 meses
Tercero:
30 meses
Cuarto:
30 meses
72 meses a 102 meses

102 meses 1 día a 132 meses 132 meses 1 día a 162 meses162 meses 1 día a 192 meses
1.500 a 2.250 S.M.L.M.V.2.251 a 3.000 S.M.M.L.V.3.001 a 3.750 S.M.M.L.V.3.751 a 4.500 S.M.M.L.V.

El juzgador se ubicó en el cuarto mínimo, que en este caso va de 6 a 8 años y 6 meses de prisión (72 a 102 meses) y de 1.500 a 2.250 SMMLV de multa, pero consideró que la pena a imponer no podía ser la mínima de ese cuarto, «en atención a la gravedad de la conducta perpetrada», fijando las dos sanciones exactamente en la mitad del cuarto punitivo(7), lo cual fue respetado por el Tribunal.

Trasladados esos lineamientos al ámbito que se impone aplicar, se tiene que la pena final sería de 7 años y 3 meses de prisión (87 meses) y multa de 1.875 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2010(8).

Empero, como el ad quem le reconoció la rebaja de pena contenida en el artículo 269 del Código Penal(9), es preciso reajustar la tasación anteriormente descrita, en la misma cuantía respetando los argumentos contenidos en la sentencia de segundo grado, que llevaron al Tribunal a modificar la de primera instancia en ese monto

Por lo anterior, se declararán sin valor, parcialmente, las sentencias del 30 de mayo y del 1º de agosto de 2011, proferidas por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Neiva y la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, exclusivamente para dejar las penas principales en 3 años, 7 meses y 15 días de prisión (43 meses 15 días) y multa de 937,5 SMMLV para el año 2010, sanciones que debe cumplir J.P.R., como coautor responsable del delito de extorsión agravada en la modalidad de tentativa por el que fue condenado.

En el mismo monto que la privativa de la libertad, quedará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

2. No se pronunciará la Sala sobre la libertad del condenado, como quiera que, verificado el sistema de información de la Rama Judicial, se evidencia que el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Neiva, mediante auto del 16 de diciembre de 2014, la decretó, en razón del cumplimiento de la pena impuesta por cuenta de este proceso(10).

Se ordenará, por secretaría de la Sala, i) oficiar al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado con función de conocimiento de Neiva, para que libre a las autoridades correspondientes, las comunicaciones a que haya lugar; y ii) remitir copia de esta determinación al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Neiva, para lo de su cargo.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR FUNDADA la causal 7ª de revisión invocada por el defensor de J.P.R., en lo que respecta a la inaplicación del incremento punitivo del artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

2. DEJAR SIN VALOR, PARCIALMENTE, las sentencias del 30 de mayo y 1º de agosto de 2011, proferidas por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado y la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, exclusivamente para dejar las penas principales de prisión en 3 años, 7 meses y 15 días (43 meses 15 días) y la de multa en 937,5 SMMLV para el año 2010, sanciones que debe cumplir J.P.R., como coautor responsable del delito de extorsión agravada en la modalidad de tentativa por el que fue condenado. En el mismo monto que la privativa de la libertad, quedará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

3. DECLARAR INFUNDADA la causal 7ª de revisión invocada por el defensor del condenado, en lo que respecta a la rebaja de pena de que trata el artículo 269 del Código Penal, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

4. En todo lo demás, los fallos permanecen vigentes.

5. Ordénese, por secretaría de la Sala, i) oficiar al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado con función de conocimiento de Neiva, para que libre a las autoridades correspondientes, las comunicaciones a que haya lugar; y ii) remitir copia de esta determinación al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Neiva, para lo de su cargo.

Contra esta decisión no procede ningún recurso».

4 Ver constancia de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, obrante a folio 51 del cuaderno de la Corte.

5 “Artículo 26. Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz”.

6 El que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada.

7 Folio 24 del cuaderno de la Corte.

8 Año de ocurrencia de los hechos-

9 “Artículo 269. Reparación. El juez disminuirá las penas señaladas en los capítulos anteriores de la mitad a las tres cuartas partessi antes de dictarse sentencia de primera o única instancia, el responsable restituyere el objeto material del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado”.

10 Folio 146 y s.s. del cuaderno de la Corte.