Sentencia SP6005-2017/49923 de mayo 3 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP6005-2017

(Aprobado Acta 124)

Rad.: 49923

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Bogotá D.C., tres de mayo de dos mil diecisiete.

(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales y sus datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia).

“EXTRACTOS: La Demanda

Invoca como cargo único el de nulidad para lo cual acude a la causal tercera del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, alegando violación al principio de investigación integral y a la garantía de defensa, motivo por el que considera que la actuación debe retrotraerse al traslado indicado en el artículo 400 del mismo estatuto.

Luego de referirse a fondo a los fundamentos teóricos y jurisprudenciales sobre el principio de investigación integral, el cual se relaciona directamente con el derecho de defensa, cuando se dejan de practicar pruebas relevantes para su debido ejercicio, hace un recuento de la actuación procesal, resumen del cual resalta el auto del 10 de noviembre de 2011 en el que el Tribunal decretó la nulidad desde la acusación, omitiendo dejar a salvo las pruebas practicadas en la fase del juzgamiento, concretamente los testimonios de J. W. M. I., R. R. T. y J. J. M. P., los que el censor considera relevantes.

Afirma que pese a que la defensa o el juez pudieron subsanar esta irregularidad decretando estas pruebas cuando debió rehacerse el proceso desde la acusación inclusive, tales testimonios dejaron de practicarse quedando el procesado huérfano de prueba para desvirtuar la acusación.

En un capítulo que denomina “especificación de los medios probatorios cuya ausencia se extraña”, enumera la versión libre rendida ante una fiscalía de la Unidad de Justicia y Paz por los señores L. E. C., alias “Á.”, N. F., alias “R.” y R. R. T.; también la ampliación del testimonio de este último, la declaración de W. M. I., alias “P.”, el testimonio de J. M. P., alias “C.”, y las declaraciones de los contratistas A. L. E., V. M. R., C. A. C. y G. C. P.

Pasa a referirse a la conducencia y pertinencia de los testimonios antes referidos, indicando frente a los tres primeros que por tratarse de miembros de las AUC cuyo radio de acción incluía el municipio de la P. - C., pueden ofrecer información acerca de si el acusado se alió con ese grupo para conseguir ser alcalde de esa localidad. En similares términos se refiere a R. R. T. y J. M. P.

Respecto de lo que tienen que decir los contratistas A. L. E., V. M. R., C. A. C. y G. C. P., lo considera importante por haber sido ellos los beneficiarios de los contratos que presuntamente se celebraron con irregularidades.

Resalta el recurrente que lo informado por los paramilitares que nombra, es demostrativo de la mendacidad del dicho de alias “P.”, pues no son ciertos los vínculos del procesado con las AUC habiéndose aliado con esta agrupación delincuencial para obtener la alcaldía. En sustento de lo anterior se refiere a lo manifestado por estas personas en contraposición a las afirmaciones incriminatorias de “P.”.

Alude al testimonio de R. R. T., demandando su ampliación, habida cuenta que en una primera declaración, comprometió la responsabilidad del acusado, pero luego en el juicio que se anuló, se retractó de sus señalamientos.

Pasa a referirse al testimonio de J. W. M. I., alias “P.”, citando apartes del mismo para afirmar que incurre en una serie de contradicciones, las cuales pone de presente e indica que ese testimonio no se puede tener en cuenta.

Reitera que la ampliación de testimonio ofrecida por J. M. P. recaudada en el juicio que se nulito, es demostrativa de que el acusado no tenía vínculos con la agrupación delictiva a la que pertenecía el testigo, pues ni siquiera lo conocía.

De otro lado, llama la atención en que de las 14 irregularidades advertidas como constitutivas de un presunto procedimiento ilegal de contratación, solo 4 de ellas comportan un reproche penal en contra de G. O., pues las demás fueron materia de preclusión y archivo, aunado a que ningún proceso por responsabilidad fiscal se adelantó o adelanta en su contra, lo que evidencia su inocencia.

Pasa a exponer lo relativo a la violación del derecho de defensa técnica, alegando que la actividad probatoria de los anteriores defensores fue negligente, pues luego de anulada la actuación y volverse a correr el traslado previsto en el artículo 400 de la ley procedimental, el apoderado de G. O. no hizo solicitud alguna para que se practicaran pruebas o se rescataran las ya recaudadas en el irregular juicio.

En ese orden, estima, se trasgredió el derecho a probar y a controvertir la prueba de cargo que de haberse garantizado, hubiera llevado a la absolución del procesado o al menos a una reducción de pena.

Con base en el único cargo de nulidad promovido, solicita que se case la sentencia declarando la nulidad del proceso, el cual habrá de retrotraerse al traslado del artículo 400 inclusive.

Consideraciones de la Corte

La casación es un medio extraordinario de impugnación y por tanto, no constituye sede adicional para prolongar el debate probatorio cumplido en las instancias ordinarias y concluido con el fallo de segundo grado, por el contrario, exige para la admisión de la demanda el cumplimiento de específicos requisitos formales orientados a demostrar a través de un juicio técnico jurídico que en la declaración de justicia allí contenida —la cual llega a esta sede amparada de la dual presunción de acierto y legalidad—, se incurrió en errores de hecho o de derecho ostensibles y relevantes o se profirió en un juicio viciado, ocurrencias una y otra que reclaman para sí el necesario correctivo.

Para la elaboración del libelo han de tenerse en cuenta las reglas establecidas en la ley procesal penal, las cuales son de ineludible cumplimiento y cuando se soslayan aquéllas relacionadas con la adecuada formulación de los cargos y se omite indicar con la claridad y precisión debidas sus fundamentos, la consecuencia procesal inmediata no puede ser otra que su inadmisión(1).

En este orden de ideas, emprenderá la Sala el estudio de los presupuestos de lógica y adecuada fundamentación de la censura propuesta en el libelo.

1. Nulidad por vulneración del principio de investigación integral.

De la causal de nulidad se ha dicho de tiempo atrás que aun cuando admite cierta flexibilidad en su proposición y desarrollo, no es de libre alegación porque la naturaleza y la especialidad de la casación hacen ineludible la observancia de las exigencias que gobiernan a este medio de impugnación extraordinario.

Al censor se le impone en su postulación identificar la clase de vicio, esto es, si se trata de una irregularidad que afecta la estructura del proceso o desconoce las garantías fundamentales del acusado, proponerlo de acuerdo con su alcance y autonomía invalidatoria, debiendo hacerlo en cargos separados cuando son varios, señalar sus fundamentos y las normas que se estiman lesionadas, demostrar de qué manera la irregularidad repercute en el trámite y cómo ella trasciende a la sentencia impugnada conduciendo a su anulación.

También será imprescindible indicar la etapa procesal a partir de la cual se debe invalidar la actuación y demostrar que no existe otro medio para subsanar la irregularidad sustancial distinto que proceder a su reconocimiento, conforme con los principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación.

Del mismo modo, la principialística que gobierna las nulidades en el proceso penal, impone, además de la referencia a la causal específica (principio de taxatividad), el deber de argüir de manera clara y precisa en dónde se origina el defecto de actividad y si éste no satisfizo la finalidad para la que estaba previsto (principio de instrumentalidad de las formas) y demostrar si el vicio afectó las garantías o las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento (principio de trascendencia). Frente a este último postulado la Sala ha dicho:

“Significa que no hay nulidad sin perjuicio y sin la probabilidad del correlativo beneficio para el nulidicente. Más allá del otrora carácter puramente formalista del derecho, para que exista nulidad se requiere la producción de daño a una parte o sujeto procesal. Se exige, así, de un lado, la causación de agravio con la actuación; y, del otro, la posibilidad de éxito a que pueda conducir la declaración de nulidad. Dicho de otra forma, se debe demostrar que el vicio procesal ha creado un perjuicio y que la sanción de nulidad generará una ventaja”(2).

En cuanto al motivo de nulidad propuesto, esto es, el desconocimiento del principio de investigación integral, se recuerda que en sede de casación una propuesta de nulidad por violación del derecho de defensa material del acusado porque las pruebas solicitadas en el curso de la investigación, no fueron decretadas, o habiéndolo sido, no fueron practicadas, ha de tenerse en cuenta:

“Siempre que se alegue el deterioro del deber de plena investigación que corresponde al Estado, en todos aquellos aspectos inherentes a los hechos cuya dilucidación procesal se persigue, que no solamente es imperioso señalar la prueba o pruebas dejadas de aportar al proceso, sino que se debe además fijar con toda precisión y claridad la idoneidad legal y fáctica del medio en procura de demostrar que él es relevante para la investigación, esto es, determinar su conducencia y pertinencia e igualmente la utilidad del medio, como única forma de establecer su real trascendencia en términos de mejoramiento para la situación personal del procesado a través del conocimiento más real de los hechos que entonces se propiciaría.

Pero también se ha puntualizado que la violación a la investigación integral, como elemento garantizador de la verdad procesal que conduce a la invalidación de lo actuado, debe suponer forzosamente que el funcionario judicial se ha negado en forma arbitraria a disponer la práctica de pruebas determinantes para el proceso o cuando por inercia investigativa elude la averiguación de aspectos relevantes”(3).

Para el presente asunto, el censor concreta el aparente desconocimiento del principio de investigación integral en el hecho de que habiéndose decretado la nulidad del proceso en el que ya se había emitido sentencia condenatoria de primera instancia, se sustrajeron del conjunto probatorio varias declaraciones practicadas en el juicio invalidado, indicativas de la inocencia de V. A. G. O.

Es cierto que el Tribunal Superior de Cundinamarca al conocer del recurso de apelación interpuesto por la defensa en contra del fallo de primer grado emitido el 31 de julio de 2010, decretó la nulidad desde la acusación, inclusive, por yerros en su motivación, sin que nada dijera acerca de las pruebas recopiladas en la fase de juzgamiento.

También que en dicha etapa por solicitud de la defensa se practicaron las declaraciones de R. R. T. alias “el C.”, J. M. P. alias “C.” y J. W. M. I., alias “P.”, éste último solicitado por el delegado fiscal.

A pesar de que el defensor de la época solicitó que se escuchara en declaración a los contratistas cuyos contratos fueron celebrados irregularmente, el juez negó tal petición al no haberse señalado la conducencia y pertinencia de dichos medios de convicción.

Una vez se rehízo la actuación con la emisión de una nueva acusación que cumpliera los requisitos de motivación mínimos, se adelantó nuevamente el juicio y en la audiencia preparatoria llevada a cabo el 18 de diciembre de 2013 se resolvió una solicitud de nulidad elevada por la defensa durante el traslado del artículo 400 del Código de Procedimiento Penal y se decretó la prueba documental solicitada por este sujeto procesal, encaminada a establecer si los procesos adelantados contra el procesado, se soportaban en los mismos hechos materia de juzgamiento en esta actuación.

La nulidad ahora postulada en sede de casación se funda en que debieron decretarse y practicarse nuevamente aquellas probanzas que emergieron en el juicio que fue nulitado, pues ello habría permitido su valoración por parte del fallador, al tiempo que ser utilizadas por la defensa para controvertir el dicho de los testigos que afirmaban la relación del acusado con los paramilitares y como tal vínculo le permitió ganar la alcaldía de la P. - C. para el año 2004.

Advierte la Sala que sobre uno de los medios de convicción que extraña el recurrente, esto es, las declaraciones rendidas por desmovilizados de las AUC ante la jurisdicción especial de justicia y paz, estos sí fueron apreciados en la sentencia, concretamente el testimonio de R. R. T., frente al cual se afirmó(4):

“A su vez R. R. T., alias “C.” o el “C.” en declaración rendida ante justicia y paz —fiscalía 21—, tenida como prueba trasladada refirió (…).

En consecuencia, los elementos de convicción a los que se ha hecho referencia permiten determinar que la intervención del grupo paramilitar de las Autodefensa Unidas de Cundinamarca en el proceso electoral para la alcaldía de la P. para el período 2004-2007, organización que adoptó como su ficha política a quien a la postre fuera elegido alcalde V. A. G. O. (…)”.

Ahora, respecto de las declaraciones que en el mismo escenario rindieron N. F. y L. E. C., es falso lo afirmado por el censor acerca de que las mismas se trasladaron a este expediente, pero que como consecuencia de la declaratoria de nulidad no fueron “rescatadas”, para que al rehacerse el juicio, el juez las tuviera en cuenta. Es cierto que esas probanzas fueron decretadas en el juicio invalidado, pero no que las mismas se integraran al acervo probatorio, toda vez que la Fiscalía 21 de la Unidad de Justicia y Paz aplicó sobre esas versiones libres una reserva, motivo por el que no expidió las copias solicitadas de acuerdo con lo expuesto por esa autoridad en oficio de 28 de septiembre de 2009.

Luego de que el Tribunal de Cundinamarca decretara la nulidad —noviembre de 2011—, la Fiscalía en resolución de 12 de junio de 2012 solicitó a la unidad de justicia y paz de esa entidad que remitiera copia integral de las versiones libres de los miembros de las AUC que componían el bloque C. que operaba en el municipio de la P., en especial las vertidas por L. E. C. G., R. R. T. y J. W. M. I.

En respuesta al requerimiento de acusador, el 19 de julio de 2012, se remitieron en medio magnético las versiones de L. E. C., G. y R. R. T., llevadas a cabo los días 14 y 15 de mayo de 2008. Luego de ello, se emitió resolución acusatoria contra V. A. G. O. fechada 18 de diciembre de 2012.

El fallo de condena hizo valoración expresa de los testimonios de L. E. C. G., R. R. T., rendida el 24 de junio de 2008 y N. F. M., quien declaró el 23 de febrero de 2009 ante la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía.

Como se observa es alejado de la realidad procesal el antecedente en el que el recurrente funda su pedido de nulidad, primero porque no es cierto que las versiones de los ex paramilitares que reclama, ingresaron como prueba traslada al juicio que se invalidó, y, segundo, porque después de decretada la nulidad se acopiaron al proceso las versiones libres de L. E. C. G. y R. R. T., es decir, formaron parte del conjunto probatorio una vez se subsanó el proceso y por contera, esos medios de convicción no alcanzaron a ser cobijados con los efectos nugatorios.

En ese orden, el ataque se encuentra indebidamente propuesto, ya que si en realidad tales declaraciones eran tan importantes y suficientes para rebatir la acusación, la vía seleccionada debió ser el falso juicio de existencia por omisión, toda vez que tratándose de medios de conocimiento incorporados al proceso, dejaron de ser estimados por el fallador.

Ahora respecto de la versión que en justicia y paz vertió N. F. M. y que en efecto se advierte, no fue integrada al proceso, el recurrente omite demostrar la importancia de esta probanza que según se expone en el libelo, es indicativa de que el procesado no tenían vínculos con esa organización delincuencial a la que perteneció el testigo.

Sin embargo, en la declaración de esta persona que sí hace parte de esta foliatura, la cual fue apreciada por el sentenciador, éste manifiesta que hizo parte de las AUC bajo el mando de L. E. C. y que en el año 2000 fue encargado del municipio de C. hasta diciembre de 2004 cuando se desmovilizó; de igual forma que prestaba apoyo militar a “T.”, comandante del municipio de la P.

Los señalamientos del testigo fueron apreciados por el Tribunal como sigue:

Como se advierte, en efecto F. M. señaló que alias T. estuvo en el municipio de la P. hasta febrero o marzo de 2003 y que su reemplazo en tal municipio fue alias el C., de quien también dijo, había fallecido en combate el 5 de mayo de 2003. Luego entonces nótese que este testigo no dio cuenta de quién fue la persona que lideró en ese municipio para el momento en que empezó su campaña el hoy procesado, es decir que contrario a lo expuesto por la defensa, alias el C., no pudo liderar en tal municipalidad, pues su fallecimiento se produjo en mayo de 2003. Además este testigo no refirió quien lo reemplazó, situación que contrario a desvirtuar lo pregonado por M. I. y R. T., lo que logra es corroborar las afirmaciones que estos dieron.

Según se observa, las atestaciones de este desmovilizado, no distan de aquellas que según la defensa, el mismo hizo en justicia y paz, que en criterio del sentenciador son insuficientes para desvirtuar el hecho que se declaró probado, es decir, el apoyo que el acusado recibió del grupo de autodefensa que tenía en control sobre el municipio de la P. - C. con el objeto de ganar la alcaldía de esa localidad.

La propuesta del demandante, tenía que encaminarse a rebatir la valoración de lo atestado por N. F., precisando el yerro de apreciación probatoria en el que incurrió el Tribunal para deducir que los datos que este suministró, irremediablemente desvirtuaban los señalamientos de los otros ex paramilitares, más no elegir la senda de la nulidad, alegando una deficiente actividad probatoria, la cual no percibe la Sala.

La sentencia edifica la responsabilidad de G. O. en el delito de concierto para delinquir a partir de lo dicho por L. E. C. G., J. W. M., R. R. T., integrantes para la época de las AUC - bloque C., y los concejales O. R. y J. M. R.

El punto de inconformidad del recurrente es que no se hubiera confrontado lo dicho por los ex integrantes de las AUC en las versiones que tuvo en cuenta el fallador, con sus manifestaciones en el juicio que se anuló.

Aquí el censor deja de poner de presente a la Sala en qué tipo de contradicciones incurrieron y si las mismas recaen sobre los hechos específicos que se le atribuyen al procesado. Sin embargo, al verificar la Corte el contenido de las mismas, lo que emerge es que como ex miembros del grupo de autodefensa que operaba en la zona de la P. - C., conocieron de la aspiración política del acusado, aceptando al unísono haber prestado el servicio de seguridad al candidato por orden directa de “T.” que era el comandante de zona, reiterando así lo manifestado en las declaraciones anteriores, sin que se advierta una retractación de esas afirmaciones y con base en las cuales el fallador concluyó la condena por el punible de concierto para delinquir.

Tampoco que se desmienta a J. W. M. I. alias “P.”, en tanto R. R. ratificó que el grupo de autodefensa prestó seguridad a los candidatos a la alcaldía y al concejo por orden directa de “T.”, dentro de los que se incluía a G. O.

Y el testimonio de J. J. M., subcomandante del bloque C. de las AUC, no es ilustrativo de la situación fáctica concreta, pues su declaración giró en torno a aspectos generales del grupo como su composición, las funciones de sus miembros y quién era el comandante en el citado municipio, coincidiendo en que era alias “T.”.

Es decir, el hecho de que no se hubiera repetido la práctica de estas declaraciones en el nuevo juicio, resulta del todo intrascendente, pues con la prueba recopilada en la instrucción los sentenciadores hallaron suficientes motivos para sustentar un fallo de condena, sin que el recurrente se ocupe de rebatir esas razones acreditando que fueron consecuencia de una defectuosa valoración probatoria.

En un fallido intento por cumplir con esta carga argumentativa, alude a las contradicciones en que a su juicio incurrió J. W. M. I., concluyendo que este testimonio no se puede tener en cuenta. En ese orden y por razón del principio de autonomía, tal queja la debió plantear en cargo separado y bajo la causal primera, cuerpo segundo, violación indirecta de la norma sustancial, especificando en qué tipo de yerro incurrió el sentenciador para erradamente darle poder demostrativo a esa declaración.

Son varios los asertos del demandante dirigidos a controvertir la apreciación probatoria del Tribunal que se camuflan como una irregularidad sustancial a partir de la cual persigue la declaratoria de nulidad, demandando la práctica de unas pruebas cuya trascendencia no demuestra, ni tampoco la Corte la verifica, en orden a desvirtuar los testimonios tenidos en cuenta en la sentencia para derivar la responsabilidad penal del acusado en el delito de concierto para delinquir, como lo fueron las declaraciones de los concejales que denunciaron los hechos, quienes narraron la cercanía del ex alcalde con los miembros de las autodefensas que operaban en el municipio y el constante acompañamiento que el grupo le prestaba al acusado durante su campaña a la alcaldía, lo que para el Tribunal encontró soporte en las afirmaciones de los ex miembros de esa milicia acerca de las instrucciones recibidas de su comandante para prestarle seguridad al entonces candidato.

Ahora, en lo que respecta a la condena por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tal queja ninguna relación guarda con el reparo de nulidad por desconocimiento del principio de investigación integral, en tanto el recurrente solicita que se tengan en cuenta los resultados de las investigaciones que por hechos similares han adelantado otras autoridades, sin denunciar cuál es el error del que adolece el fallo, ajustándolo a las causales de casación, apartándose así de los principios de crítica vinculante y sustentación suficiente.

La misma crítica debe hacerse frente a las declaraciones de los contratistas, cuyos contratos fueron celebrados con irregularidades, en la medida en que pese a que el demandante censura su falta de práctica, no expone de qué forma esas declaraciones controvierten en forma suficiente los testimonios de los funcionarios de la Contraloría que hicieron una serie de hallazgos en la alcaldía de G. O., consistentes con el incumplimiento de los requisitos de ley en los acuerdos celebrados con particulares, irregularidades con base en las cuales se dedujo su compromiso en los delitos contra la administración pública.

Por último, en lo relativo a la trasgresión del derecho de defensa por la actividad de los anteriores defensores, la cual califica de negligente, este reparo se funda en las mismas razones que soportan la presunta violación del principio de investigación integral, esto es, la nueva práctica de los testimonios que se recaudaron en el juicio anulado, motivo por el que la Sala se atiene a lo ya expuesto cuando se concluyó que el demandante se queda corto a la hora de acreditar la importancia de esos testimonios para desvirtuar los motivos que edifican el fallo de condena.

Otro de los reparos que postula por la senda de la nulidad, tiene que ver con la imposibilidad de la defensa de controvertir la prueba de cargo, por haberse “impedido” que se practicaran las declaraciones que echa de menos que como ya se indicó, ningún elemento novedoso ofrecían para desvirtuar la acusación. Adicionalmente, fue muy activa la actuación de la defensa que principalmente se encaminó a desvirtuar la prueba incriminatoria, haciendo uso de argumentos para restarle cualquier poder demostrativo, motivo por el que no puede ahora afirmar el recurrente que se obstaculizó el derecho a ejercer la debida controversia.

Las anteriores falencias implican la inadmisión de la demanda.

Cuestión final

Sobre la vigencia de la acción penal respecto del delito de concierto para delinquir, la Sala decide lo siguiente.

El comportamiento en mención lo describe el artículo 340 inciso 2º del Código Penal y establece una pena de 3 a 6 años de prisión, montos a los que no aplica el incremento de pena indicado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, puesto que este trámite se siguió por el proceso regulado en la Ley 600 de 2000, dado que la Ley 906 de 2004 entró a regir en el distrito judicial de Cundinamarca, lugar de comisión del hecho, a partir del 1º de enero de 2007.

Ahora bien, considerando que el delito en estudio es de ejecución permanente, cuyo lapso de comisión, de acuerdo con los hechos declarados en el fallo, corresponde al periodo 2003-2004, debe tenerse como fecha de comisión del último acto el 31 de diciembre de 2004.

De conformidad con la preceptiva del artículo 83 del Código Penal, la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley si es privativa de la libertad, pero en ningún caso ese lapso podrá ser inferior a 5 años, ni exceder de 20.

A su turno, el artículo 86 del mismo estatuto, regula la interrupción de la prescripción de la acción penal, que como ya se indicó, en procesos adelantados bajo el trámite de la Ley 600 de 2000, se produce con la ejecutoria de la resolución de acusación.

En tal medida y para el caso concreto, se debe tener en cuenta la calificación jurídica de la sentencia para establecer el máximo de la pena prevista en la ley a efectos de la prescripción de la acción punitiva, que para el delito de concierto para delinquir simple es de 6 años.

Dicha cifra, contada a partir de diciembre de 2004, se observa que se cumplió en diciembre de 2010, con anterioridad a que adquiriera firmeza la acusación (mayo de 2013).

Por lo anterior, es claro que para el momento del llamado a juicio de V. A. G. O., el Estado no podía acusarlo, mucho menos condenarlo por el delito de concierto para delinquir razón por la que en este puntual aspecto la sentencia se torna ilegal y habrá de casarse en forma oficiosa con el consecuente efecto en la determinación de la pena.

Tasación de la pena

De la pena impuesta por el juez de instancia que fue de diez (10) años de prisión, se restará un año que fue el monto de la sanción asignado para el delito de concierto para delinquir, motivo por el que la pena privativa de la libertad que cumplirá el procesado es la de nueve (9) años.

3.(sic) De otra parte, teniendo en cuenta que la conducta del acusado causó agravio al patrimonio público, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas debe ser intemporal, tal y como así lo indica el artículo 122 de la Constitución Política, por lo que así se declarará.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. CASAR PARCIALMENTE Y DE OFICIO, la sentencia del Tribunal Superior de Cundinamarca y, en consecuencia, se declara la extinción de la acción penal por prescripción de la misma, frente al delito de concierto para delinquir.

2. DECLARAR que la pena de prisión que debe cumplir V. A. G. O. es la de 9 años de prisión.

3. DECLARAR que la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es intemporal.

4. INADMITIR la demanda de casación promovida por la defensa de V. A. G. O.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

1 CSJ, AP, jul. 13/2005, rad. 23889.

2 CSJ, SP, nov. 26/2003, rad. 11135.

3 CSJ, SP, feb. 18/2004, rad. 17885, reiterada en sentencia de única instancia, sep. 12/2007, rad. 18578.

4 Sentencia de primera instancia folio 14 y folio 28 del fallo de segundo grado.