Sentencia SP6019-2017/30716 de mayo 3 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP6019-2017

Radicación 30716

Aprobado acta 124

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Bogotá, D.C., tres de mayo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

La Sala, con los comprensibles designios de dotar de una lógica complexión a la providencia que, en estricto rigor jurídico, le corresponde proferir, y suministrar satisfactoria respuesta a todos y cada uno de los argumentos planteados en las intervenciones de los sujetos procesales en audiencia de juzgamiento, se referirá a los asuntos medulares que se enuncian a continuación, en el mismo orden de revelación:

• Competencia de la Corte.

• Revisión inicial de la preocupación del defensor por la eventual afectación del derecho de defensa ante la contingente variación de la calificación jurídica del comportamiento por el que su prohijado fue llamado a responder en juicio.

• Validación del acatamiento irrestricto de los derechos de defensa y debido proceso.

• Reglas transversales de apreciación del conjunto probatorio.

• Presencia y operación de varias estructuras criminales en el departamento del XXX que se configuraron para cometer graves delitos en dicho ente territorial y en otros circunvecinos. Y,

• Posición del exsenador de la República y exrepresentante a la Cámara elegido por la circunscripción electoral del departamento del XXX P.M.M.A. respecto de los presupuestos exigidos en el artículo 232 del estatuto procesal penal aplicable al presente asunto, vale decir, la Ley 600 de 2000, para dictar sentencia de carácter condenatorio.

1. Competencia.

Ab initio, necesario resulta evocar que en la providencia del 24 de julio de 2014, por cuyo medio se analizó la posibilidad de continuar conociendo la instrucción que para ese momento se adelantaba respecto del procesado P.M.M.A., luego del vencimiento del período constitucional 2010-2014 y en respuesta a una solicitud concretada por la defensa, se precisó que esta corporación se encontraba facultada, desde el punto de vista normativo, para realizar dicha actividad, en tanto, a través de la información que en este evento puso en marcha la jurisdicción, se especificó un concreto señalamiento respecto del excongresista mencionado, el cual, en observancia de las pautas hermenéuticas de origen jurisprudencial que desde hace un tiempo y conforme a la posición de la Sala, disciplinan la lectura del artículo 235 superior, guarda relación con las funciones desempeñadas.

En tal ocasión concluyó la Sala que dicho ciudadano ostenta fuero de carácter constitucional, conforme a lo previsto en el numeral 3º, así como en el parágrafo del artículo 235 superior, cláusulas cuya interpretación deben armonizarse con el contenido del numeral 7º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000.

Así las cosas, en punto de la precisión de competencia de la Sala, póngase nuevamente de presente que el comportamiento que se le endilga al ciudadano P.M.M.A., en abstracto y en un principio, vale decir, antes de la revisión de los resultados de la verificación que corresponde, posibilitaría el acceso a dos posiciones de poder del orden nacional denominadas Senado de la República y Cámara de Representantes.

Adicionalmente, los señalamientos contenidos en los autos de definición de situación jurídica y de calificación del mérito del sumario sugieren de manera clara que su actividad desde el Congreso de la República, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, habría estado ligada al proceso de fortalecimiento y consolidación del poder deletéreo del paramilitarismo en el departamento del XXX, o lo que es lo mismo, que dos cabecillas de la agrupación criminal denominada frente XXX habrían encontrado en M.A. un poderoso aliado en sus proyectos de expansión y dominio en dicho ente territorial.

De esta manera, se infiere que la presunta ejecución de la conducta punible objeto de desvaloración se encuentra vinculada con la función oficial desempeñada por el acusado, al margen del tiempo de desempeño como Senador de la República, en tanto, lo relevante es que, al parecer, hubiera accedido a dicha alta posición en el contexto referido.

Por lo tanto, la Corte cuenta con competencia para proferir la sentencia correspondiente.

2. Revisión inicial de la preocupación del defensor por la eventual afectación del derecho de defensa ante la contingente variación de la calificación jurídica del comportamiento por el que su prohijado fue llamado a responder en juicio.

Recuérdese que en sus alegaciones finales el agente del Ministerio Público solicitó a la Corte proferir sentencia condenatoria respecto del acusado, con relación al delito de concierto para delinquir por “promover” con su presencia y “prestancia” el paramilitarismo, y no por financiar la ilícita asociación, en tanto la prueba de este comportamiento, es decir, el testimonio de “el XXX”, debía desecharse por el “lunar” de haberse sembrado en el testigo la idea de los contratos.

De tal manera, por razón de la solicitud conclusiva concretada por el agente del Ministerio Público, rememórese que el defensor del acusado inició su intervención en audiencia de juzgamiento trasmitiendo una preocupación relacionada con la eventual afectación del derecho de defensa, refiriendo que su prohijado solo podía ser condenado por financiar y no por promover, por activa o por pasiva, un grupo armado ilegal.

Por ello, para la Sala, necesario se ofrece que antes de abordar el fondo de la problemática que aquí se ventila, de manera inicial, se efectúen algunas precisiones concernientes a los temas propuestos por la defensa.

Y es que a través de la preocupación exteriorizada por el representante de la defesa técnica, se entraría a cuestionar veladamente la validez de las diligencias, al margen de que el interviniente referido no hubiera concretado dicha censura de forma expresa ni puntualizara tal alcance.

Ahora bien, razón le asiste al defensor al sostener, con fundamento en los antecedentes jurisprudenciales invocados, que la congruencia constituye una manifestación esencial del derecho a la defensa que garantiza que una misma persona solo pueda ser sancionada penalmente por hechos y delitos respecto de los cuales contó con la opción real y material de contradicción.

Allí se patentizan las tres aristas o dimensiones de la congruencia, vale decir, subjetiva, fáctica y jurídica.

Por lo demás, consultando la dialéctica inherente al estatuto procesal penal aplicable al presente asunto, vale decir, la Ley 600 de 2000, en la medida en que la necesaria afinidad entre acusación y sentencia brinda al trámite un metódico discurrir que requiere la fijación de un foco temático que regirá el debate, la congruencia también se constituye en manifestación esencial del debido proceso.

Así las cosas, la congruencia comporta la precisión de la materia inmutable del juzgamiento que cuenta, en lo esencial, con una manifestación fáctica, es decir, con un supuesto de hecho frente al cual se aplicará una consecuencia jurídico-penal (sanción).

Por otro lado, conforme a lo previsto en el artículo 398, numeral 3º de la Ley 600 de 2000, la adecuación típica que, de la dimensión fáctica de la congruencia se hace en la acusación, tiene un carácter puramente “provisional”, lo que, sin lugar a vacilaciones implica que pueda ser variado, modificado, reformado, cambiado o corregido durante el juicio.

Ahora bien, la eventualidad de reformar en el juzgamiento el encuadramiento típico revelado y concretado en la acusación puede verificarse en dos escenarios definidos con absoluta claridad:

El primero se desprende de la fórmula prevista en el artículo 404 de la Ley 600 de 2000, a iniciativa del fiscal o el juez y finiquitada la fase probatoria del juicio. Y, el segundo, posterior en el tiempo, inherente a las facultades de este funcionario, cuando en la sentencia aminora o reduce la relevancia jurídica —juicio de desvalor y la consecuente respuesta punitiva— de los hechos materia de acusación.

Conforme a lo anterior, en la sistemática inherente al estatuto procesal penal aplicable al presente asunto existen tres pautas fundamentales y relacionadas en materia de concordancia entre acusación y sentencia: Estas son:

i) El núcleo central de los hechos endilgados en el llamamiento a juicio (dimensión fáctica) debe conservarse invariable o inmodificable.

ii) Resultará viable condenar por cualquier tipología atenuada o tipo no previsto de manera inicial, siempre y cuando no comporte agravar la situación del acusado (dimensión jurídica). Y,

iii) Si durante el juicio surge la necesidad de proferir una determinación que exceda dichos límites, el juez podrá hacerlo en la medida en que no afecte su competencia por la de un funcionario de superior jerarquía u otra especialidad y hubiera atendido el trámite de la variación de la calificación jurídica contemplada en el artículo 404 del estatuto procesal penal.

Además, en el conjunto de antecedentes relacionados con el tema de las formas de modificación, durante el juicio, de la calificación jurídica de los comportamientos contenidos en la acusación, la Sala especificó los siguientes lineamientos(28)

i) El trámite previsto en el artículo 404 solo se exige cuando se pretende variar la imputación jurídica contenida en la acusación por una más onerosa o gravosa desde el punto de vista punitivo (por ejemplo, de homicidio culposo a doloso o de cómplice a coautor). 

ii) Resulta perfectamente viable que el juez degrade la responsabilidad en la sentencia, ya sea condenando por un delito de inferior gravedad al del llamamiento a juicio (se acusó por homicidio doloso o tentativa de homicidio y se condenó por la modalidad culposa o lesiones personales, respectivamente) o reconociendo una específica circunstancia de atenuación punitiva (ira o intenso dolor). Y, 

iii) La variación de la calificación jurídica de la conducta puede hacerse dentro de todo el estatuto punitivo, sin estar limitada por el título o el capítulo ni, por ende, por la naturaleza del bien jurídico tutelado.

En torno a los argumentos inaugurales planteados por la defensa en sus alegaciones finales, lo primero que debe decirse, en concreto, es que los mismos se sustentan en una suposición o conjetura consistente en que la Corte, de manera definitiva, resolverá acoger la propuesta de condena presentada por la Procuraduría General de la Nación en el caso analizado, la cual, justamente, entraña la variación de la calificación jurídica del comportamiento por el que el excongresista P.M.M.A. fue convocado a responder en juicio.

En este acápite la Sala no anticipará cuál será el desenlace analítico en el presente evento ni adelantará si en efecto atenderá la propuesta de la procuraduría. Por ahora, con fundamento en lo que viene de señalarse en torno a la concordancia entre acusación y sentencia y las formas de modificación, durante el juicio, de la calificación jurídica de los comportamientos contenidos en la primera de tales providencias (pliego de cargos), debe precisarse que, en el presente evento, la aplicación del artículo 404 de la Ley 600 de 2000 resultaba improcedente porque, la eventual variación de la denominación jurídica de la infracción —de concierto para delinquir por financiar la ilícita asociación a la misma infracción agravada pero por “promover” con la presencia y “prestancia” de M.A. el paramilitarismo— no conlleva, en lo absoluto, a hacer más gravosa u onerosa, desde el punto de vista punitivo, la situación del acusado.

En este punto, es preciso señalar que respecto a la afectación a la seguridad colectiva evidenciada en el artículo 340 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002, antes de la modificación introducida por la Ley 1121 de 2006, esta Sala cuenta con un depurado y ya afianzado perfil jurisprudencial conforme al cual dicha normativa exhibe diversos escenarios autónomos. Estos son:

• Convenio para la comisión de delitos indeterminados —inc. 1º—.

• Concertación para incurrir en los punibles de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos; o para organizar, promover, armar o financiar grupos al margen de la ley —inc. 2º—. Y,

• La organización, fomento, promoción, dirección, encabezamiento, constitución o financiación de la ilícita asociación —inc. 3º—.

Es preciso señalar que el apartado final de la normativa concreta el mayor grado de injusto y de reproche para quienes efectivamente ejecutan, y no solo acuerdan, cualquiera de los comportamientos referidos en tal inciso(29).

Como se puede advertir, el artículo aludido define diversas alternativas de ataque al bien jurídico mencionado que expresan la forma progresiva como se pone en peligro o se quebranta la seguridad de la colectividad.

Ello implica la descripción de conductas secuenciales (de menor a mayor), cuya lesividad, en observancia del principio de proporcionalidad, se refleja en la intensidad de la respuesta punitiva por parte del Estado.

Así las cosas, examinada la finalidad del comportamiento referido, es evidente que:

• En aquellos eventos en los que no se logra consolidar la organización, promoción, equipamiento bélico o financiación de los grupos al margen de la ley, de todas maneras el injusto persiste mediante la anticipación de la barrera colectiva de protección del bien jurídico. Más concreto, basta el acuerdo para tener por satisfecho el juicio objetivo de tipicidad. Y,

• Quien arma, financia, organiza o promueve grupos al margen de la ley, se ha concertado de manera previa para la ulterior concreción de dichos propósitos.

Lo anterior permite afirmar que conforme a la modalidad escalonada de embate al bien jurídico (mediante la puesta en peligro o la lesión efectiva), la ejecución contiene el juicio de reproche inherente a los pasos secuenciales que le dan origen y sentido al comportamiento.

Con dicho análisis se confirma que la propuesta del agente del Ministerio Público no pretende, en medida alguna, agravar o acrecentar, desde el punto de vista punitivo, la situación de M.A.

Es más, el representante de la defensa técnica deja de lado que el punible de concierto para delinquir agravado(30), por el inciso 3º, se realiza a través de diversos verbos rectores disyuntivos, es decir, es un tipo penal compuesto de comportamiento alternativo que prevé tanto la promoción como la financiación.

Adicionalmente, la consecuente solicitud de exclusión de la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el numeral 1º del artículo 58 de la Ley 599 de 2000, concretada por el agente del Ministerio Público, implicaría un aminoramiento de la responsabilidad del acusado desde el punto de vista punitivo. Surge así una razón adicional para concluir en la improcedencia de aplicación de la referida pauta adjetiva (art. 404).

Además, la eventual variación de la calificación jurídica de los hechos en esta sentencia no implicaría, en medida alguna, que la Corte perdiera competencia para proferir tal decisión.

Para ir concluyendo este apartado, imperioso resulta indicar que la Sala se referiría a la ausencia de variación o modificación del núcleo central de los hechos endilgados en el llamamiento a juicio (dimensión fáctica de la congruencia) solo si, en el acápite correspondiente, estima que es viable el cambio en la calificación jurídica.

Por ahora, es preciso señalar que la preocupación del defensor resulta infundada.

Además, dicho sujeto procesal debe confiar y tener total tranquilidad en que la Corte, al definir la posición jurídica de su representado, no incurrirá en motivación anfibológica o abstrusa, vale decir, aquella que permite más de un sentido o interpretación o que resulta oscura, ambigua o de doble sentido. De esta manera, la Sala, como lo ha hecho a lo largo del proceso, incluyendo en el llamamiento a juicio —pieza fundamental dentro del esquema procedimental vigente comoquiera que representa el pliego de cargos que el Estado le formula al sujeto pasivo del procedimiento para que se defienda—, precisará en esta providencia, con absoluta claridad y si a ello hubiera lugar, la modalidad delictual atribuida (tipo objetivo), si la conducta fue dolosa, culposa o preterintencional (tipo subjetivo) y, la forma de intervención en el comportamiento relevante para el derecho penal (autoría o participación)(31). En últimas, al acusado, si es condenado, no le quedará duda alguna respecto a si dicha determinación se asume por su condición de autor, coautor, determinador, cómplice o interviniente.

3. Validación del acatamiento irrestricto de los derechos de defensa y debido proceso.

3.1. Evóquese que en relación con la cuestión de tres allanamientos coordinados y simultáneos, el defensor principal del acusado indicó, en sus alegatos finales, que la Corte no permitió la actuación de suplentes para atender de manera coetánea tales diligencias, incurriendo en una interpretación contraria al debido proceso y al derecho de defensa.

Tal censura conlleva a que la Sala efectúe una revisión previa de la situación subyacente.

De esta manera, es preciso recordar que mediante auto del 1º de septiembre de 2014, se reconoció a la abogada M.S.S. como apoderada suplente del procesado P.M.M.A., en observancia de la designación efectuada por el defensor principal(32).

Por otro lado, la Corte, tras estimar que se había recaudado la prueba necesaria para calificar, mediante auto del mismo día (sep. 1/2014), dispuso el cierre de la instrucción.

Simultáneamente, con fundamento en lo manifestado por una investigadora del CTI destacada ante esta corporación en el informe 9-29049 del mismo día (sep. 1º) y conforme a lo normado de manera específica en el artículo 294 del estatuto procesal penal aplicable al presente asunto, vale decir, la Ley 600 de 2000, la Sala profirió un auto reservado por cuyo medio dispuso el allanamiento y registro coordinado y sincrónico de tres lugares, el cual (junto con el informe aludido y un oficio de trámite relacionado), en atención a lo previsto en el artículo 293, ibídem, se agregó al expediente y se puso en conocimiento de los sujetos procesales el 8 de septiembre siguiente, es decir, una vez efectuados los procedimientos cuando ya no resultaba viable que se interfiera en el desarrollo de los mismos.

El allanamiento y registro coordinado y simultáneo de los tres lugares relacionados con el acusado se llevó a cabo el 5 de septiembre de 2014.

A través de auto de esa misma fecha (sep. 5) se señaló que no era posible reconocer al abogado D.T. como apoderado suplente del acusado M.A., en observancia de la designación efectuada por el defensor principal, en la medida en que el designado no aceptó tal encargo ni presentó de manera personal el memorial correspondiente.

Por lo demás, se indicó que el defensor principal no motivó la designación que efectuó, única y exclusivamente, “por el día de hoy”. Es decir, no precisó las razones por las cuales resultaba imperioso aceptar la intervención de T. en esa particular y, poco frecuente, situación.

Además, se puso de presente que el artículo 134 del estatuto procesal penal aplicable al presente asunto, vale decir, la Ley 600 de 2000, establecía que el “nombramiento del suplente se entiende revocado cuando se designe a otra persona para estos fines” (subrayas para llamar la atención).

Finalmente, se advirtió que no sobraba resaltar que el mencionado estatuto no contemplaba la posibilidad de concurrencia o convergencia de varios apoderados suplentes, entre otras razones, por los costosos efectos de cara a la reserva de la instrucción(33).

Por lo demás, la revisión de las actas que contienen las incidencias de las diligencias de allanamiento y registro(34) permiten advertir que el defensor principal se hizo presente en dos de los tres lugares (en instantes diversos por supuesto), mientras que la suplente, debidamente acreditada, no tuvo ningún tipo de figuración en tales procedimientos. De esta manera, dicha profesional perfectamente pudo haberse hecho presente en el tercer sitio que se intervino judicialmente.

Así las cosas, ante las situaciones reseñadas y en estricto rigor jurídico-penal, del que solo hasta ahora se lamenta el defensor, no resultaba viable que se aceptara la intervención de dos defensores suplentes.

En realidad no puede admitirse que se sugiera que el trámite se encuentra marcado por el desconocimiento de los derechos al debido proceso y defensa, cuando la realidad procesal permite afirmar justamente todo lo contrario, y, mucho menos sin que se exprese con claridad el quebrantamiento de la primera de tales facultades ni las limitaciones a la segunda, con las consecuencias de dichos defectos en términos de significación y trascendencia.

Por otro lado, es preciso recordar que conforme a lo previsto en el artículo 294 de la Ley 600 de 2000, la presencia del abogado no constituye un requisito de validez del allanamiento. Además, lo cierto es que en XXX, la dispendiosa diligencia fue atendida por los moradores del objetivo.

Conforme a lo que viene de considerarse, es claro que el motivo de censura sugerido por el defensor resulta insostenible.

En consecuencia, no se declarará la nulidad solicitada de manera implícita por el apoderado judicial del acusado, al no haberse corroborado la existencia de irregularidades sustanciales desconocedoras del debido proceso o la defensa que deban ser subsanadas.

3.2. Resuelto de forma adversa para el defensor el problema jurídico propuesto veladamente en sus alegaciones conclusivas relacionado con la afectación a garantías fundamentales, debe señalarse que el debido proceso penal, como método dialéctico que debe patrocinar el respeto a las garantías de los sujetos procesales, la aproximación racional a la verdad y la efectividad del derecho sustancial, implica que el juez natural, en el presente caso esta Sala de Casación Penal, defina materialmente la situación del acusado M.A. conforme a la Constitución y a la ley.

3.3. Para finalizar este tercer acápite introductorio, imperioso se ofrece precisar que adecuado se ofrece abordar el tema sustancial que ocupa la atención de la Sala desde la gradualidad, inherente al método de procesamiento criminal consagrado luego de la expedición de la Carta Política de 1991, es decir, el contenido en la Ley 600 de 2000 —vigente desde el 24 de julio de 2001 y aplicable al presente asunto—, tal como lo hizo el defensor cuando en sus alegaciones finales precisó que, en su criterio, la prueba recaudada daba para acusar pero no para proferir una sentencia de carácter condenatorio.

Dicho criterio se deriva de manera inequívoca de la sistemática ofrecida por los artículos 322, 356, 397 y 232 de la Ley 600 de 2000.

Conforme a la primera de tales cláusulas normativas (322), la apertura de instrucción se tornará viable, al margen de la existencia de una fase previa, cuando:

i) Es posible concretar que el comportamiento puesto en conocimiento de la autoridad, “por cualquier medio”, tuvo ocurrencia.

ii) Este se encuentra descrito en la ley penal como punible.

iii) No se advierte, en principio, que se hubiera obrado al amparo de ninguna de las causales de ausencia de responsabilidad.

iv) No resulta necesario verificar si se cumple el requisito de procesabilidad para poner en marcha el aparato judicial. Y,

v) Se recaudaron los elementos de convicción indispensables para lograr la individualización o identificación del presunto responsable de la conducta reprobable en la órbita criminal.

En atención a la segunda (356), será posible imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva al momento de definir la situación jurídica, cuando existen dos indicios graves de responsabilidad.

En observancia de la tercera (397), resultará factible calificar el mérito sumarial con acusación cuando se encuentre demostrada la ocurrencia del hecho y obren pruebas indicativas de la responsabilidad del sujeto pasivo del procedimiento.

Y, acorde con la última (232), que es la que cobra relevancia y actualidad en este caso, para proferir sentencia condenatoria deberá existir plena convicción o certeza acerca del comportamiento punible y del compromiso personal.

Como se puede advertir sin mayor dificultad, cada uno de los eventos planteados establece unas particulares exigencias de orden sustancial.

Sin embargo, en todos, los análisis que se realizan deben comprender las pruebas incorporadas de forma “legal, regular y oportuna” a la actuación en las fases que, reunidas, la componen.

Y es que en Colombia, los actos procesales inherentes a la Ley 600 de 2000, se verifican a partir de compartimentos-estancos.

De tal forma, en atención a la dialéctica que informa dicha ritualidad y a su lógica, durante la investigación, como etapa de exploración que es, se concretan hipótesis que deben ser corroboradas o descartadas por el instructor. Por ello, durante la etapa aludida, el referente analítico para ordenar la práctica de pruebas resulta ser supremamente amplio.

En torno a dicho particular, la Corte precisó que si

(...) se está en pos de reconstruir en detalle un hecho del pasado, muchos medios de prueba pueden parecer idóneos para el logro de esa finalidad (así sea para descartar una línea de investigación) y es razón suficiente para decretarlos(35).

Ahora bien, como el juzgamiento —etapa en la cual se verifica el contradictorio mediante el debate de elementos de convencimiento y teorías— solo se activa cuando existe un llamamiento que ha cobrado firmeza desde el punto de vista procesal, el análisis en punto de la pertinencia, conducencia y utilidad de un elemento de convencimiento, cuyo decreto y aducción se requiere en dicha fase, debe tener como referente imperioso e inexcusable el marco de índole fáctico, jurídico y probatorio inherente a la acusación.

Frente a lo que viene de señalarse, la Sala indicó en el pronunciamiento referido que teniendo en cuenta que

(...) el propósito de una solicitud de práctica o admisión de pruebas en el juicio efectuada por la defensa es el de desvirtuar los cargos de la acusación o aminorar el compromiso penal del sindicado, la demostración de la conducencia de las mismas debe estar referida a la imputación en concreto hecha y a su sustento probatorio y jurídico, ya que es precisamente sobre esa base que el juzgador tendrá que definir si procede decretarlas o no.

En los acápites siguientes se articulará dicha ambientación teórica (de índole normativa y jurisprudencial) con la realidad probatoria y procesal que aquí se analiza, no sin antes insistir en que conforme al criterio de gradualidad, no es equiparable precisar si obran pruebas indicativas de la responsabilidad del sujeto pasivo del procedimiento a verificar si existe certeza para proferir sentencia condenatoria en su contra.

4. Reglas transversales de apreciación del conjunto probatorio.

Tal como se evidenció en el apartado antecedente, el quid o dilema en la definición material de la judicialización del acusado M.A. es el conocimiento y comprensión de situaciones y circunstancias. De esta manera, imperioso se ofrece precisar que la reconstrucción de la exactitud, en el marco de la criminalidad sistemática, permanente y jerarquizada, que se amplificó en el tiempo y en el espacio, en la que participó un sinnúmero de sujetos desde posiciones diversas y que, además, tiene como referente analítico la desmovilización de grupos armados y el compromiso de algunos sectores y miembros de la institucionalidad, es una tarea compleja que se desarrolla de forma gradual o escalonada.

En dicho proceso progresivo de recordación colectiva, es “el tiempo, la retroalimentación, el contraste y la razón crítica frente a cada hecho y sus particulares circunstancias, lo que en torno al mismo decanta las ideas y fija los recuerdos”, tal como lo sostuvo la Sala en pretérita oportunidad(36).

Por ello, tiene total sentido que en atención a la gran cantidad de información relacionada con incesante y permanente criminalidad, cuando las agencias del Estado integrantes del sistema penal que tienen la obligación de llevar a cabo actividades de investigación conforme a la dialéctica impuesta por las pautas procesales, incluyendo la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el marco de su competencia privativa y concentrada de investigación y juzgamiento de aforados constitucionales, de manera inicial, los testigos miembros de grupos armados ilegales se muestren inseguros o dubitativos en relación con circunstancias particulares y, con posterioridad, tras interiorizar, recordar e incluso documentar situaciones de interés para la justicia, resulten ser más precisos y detallados.

Esta es la pauta general, porque puede ocurrir, tal como se verificó en el evento que ahora ocupa la atención de la Corte, que en salidas procesales posteriores los testigos se retracten de afirmaciones, negaciones o señalamientos iniciales.

Por ello, es preciso indicar, de entrada, que la escueta retractación de un declarante de cargo no conduce, irreflexiva y automáticamente, a descartar o desvirtuar sus aseveraciones inaugurales, en la medida en que la credibilidad del testimonio no se encuentra limitada a la información suministrada en la última salida procesal. En este escenario, la necesidad de estimación conjunta de las condiciones del testigo, de su coherencia narrativa —valor intrínseco— y de la correspondencia entre su dicho y los restantes elementos de convencimiento —valía extrínseca—, se acentúa de manera evidente.

En torno al tema referido, la Sala ha indicado lo que sigue:

La retractación, ha sido dicho por la Corte, no destruye per se lo afirmado por el testigo arrepentido en sus declaraciones precedentes, ni torna verdad apodíctica lo dicho en sus nuevas intervenciones. “En esta materia, como en todo lo que atañe a la credibilidad del testimonio, hay que emprender un trabajo analítico de comparación y nunca de eliminación, a fin de establecer en cuáles de las distintas y opuestas versiones, el testigo dijo la verdad. Quien se retracta de su dicho ha de tener un motivo para hacerlo, el cual podrá consistir ordinariamente en un reato de conciencia, que lo induce a relatar las cosas como sucedieron, o en un interés propio o ajeno que lo lleva a negar lo que sí percibió. De suerte que la retractación solo podrá admitirse cuando obedece a un acto espontáneo y sincero de quien lo hace y siempre que lo expuesto a última hora por el sujeto sea verosímil y acorde con las demás comprobaciones del proceso” (Cfr. Casación de abril 21/55 y noviembre 9/93, entre otras)(37).

Y, teniendo en cuenta que la retractación (voluntaria o motivada) de los testigos no es una situación inusual, rara o extravagante en la dinámica procesal penal, tal posición ha sido reiterada por la Corte, de tiempo atrás, en múltiples oportunidades(38).

Además, como los sujetos procesales le otorgaron valor demostrativo a las intervenciones posteriores de algunos testigos y, en consecuencia, descartaron la primera (en algunos eventos sin mencionarla siquiera), dada su condición de confesos delincuentes, es necesario precisar que no resulta acertado imponer un importe probatorio que permita desatender una declaración por las calidades o cualidades de quien la rinde o que

(...) por circunstancias indeterminadas o de apreciación subjetiva, compelen en forma intempestiva a la variación de su dicho, cuando la apreciación sistemática e integral de los factores que motivaron su intervención, se ofrecen coherentes, aún, a instancia de otros medios de prueba, que lejos de establecer la ausencia de fundamento y verosimilitud de lo narrado por un deponente, refuerzan argumentativamente las conclusiones que el mismo arroja(39).

Por otro lado, los arduos procesos de reconstrucción de la verdad en el marco de un conflicto en el que estuvieron implicadas estructuras criminales y en el que se experimentó una afectación social e institucional innegable, en no pocas ocasiones resultan criticados de manera inclemente por ser observados aisladamente, tal como sucedió en el presente evento.

Frente al asunto de la apreciación de la prueba testimonial vertida por quienes fueron integrantes de grupos armados ilegales, una vez desmovilizados, en el escenario que viene de ponerse de presente, la Sala ha precisado lo siguiente:

En esencia, se acepta la existencia de variables que indiscutiblemente inciden en la coincidencia y convergencia de los relatos, como también en la utilidad probatoria del ejercicio colectivo de reconstrucción de la verdad, para minimizar los márgenes de imprecisión, maximizar las posibilidades de conocimiento y consolidar procesos transparentes de verdad y justicia, lo cual no quiere decir que el operador judicial ignore las reglas propias que rigen la valoración de la prueba testimonial o acepte verdades flexibles.

Desde dicha perspectiva material, la credibilidad de los testigos no se predica a partir de ejercicios caprichosos, genéricos, abstractos o arbitrarios, sino de la ponderación de las aludidas variables, el examen integral de las exposiciones y su convergencia con otros medios de convicción; lo cual, en conjunto, conlleva a niveles idóneos de verdad como referente válido de incriminación(40).

En síntesis, contrario a lo que considera el acusado y el defensor, la condición —pasada y presente— de los testigos, así como su naturaleza probatoria no demerita su idoneidad o suficiencia demostrativa.

5. Presencia y operación de varias estructuras criminales en el departamento del XXX que se configuraron para cometer graves delitos en dicho ente territorial y en otros circunvecinos.

La tipología delictiva por la cual la Sala, mediante providencia del 23 de septiembre de 2014, convocó a responder en juicio al exsenador de la República y exrepresentante a la Cámara por la circunscripción electoral del departamento de XXX P.M.M.A., como presunto autor, es el concierto para delinquir, agravado por financiar la ilícita asociación, de que trata el artículo 340, inciso 3º, de la Ley 599 de 2000, concurriendo la circunstancia de mayor punibilidad consistente en ejecutar el comportamiento sobre recursos destinados a la satisfacción de las necesidades básicas de una colectividad, en atención a lo previsto en el numeral 1º del artículo 58 del mismo estatuto.

Desde el punto de vista teórico, para que se verifique una ilícita asociación es necesario que:

i) Varias personas se reúnan o intervengan desde el punto de vista fenomenológico. Por dicha razón resulta viable sostener que se trata de un punible de carácter plurisujetivo (por la arista activa). Y,

ii) Que exista un compromiso, acuerdo, arreglo, trato o convenio; o una alianza, componenda o connivencia, contentiva de distintas voluntades, que, con propensión de permanencia, busque consolidar un designio compartido que no es otro distinto que la comisión de infracciones penales, en términos generales, o propósitos específicos, como los indicados en el segundo aparte del artículo 340 del Código Penal.

Tal como ya se precisó, la organización, fomento, promoción, dirección, encabezamiento, constitución o financiación de la ilícita asociación, prevista en el inciso 3º de la norma referida (L. 599/2000, art. 340), concreta el mayor grado de injusto y de reproche para quienes efectivamente ejecutan, y no solo acuerdan, cualquiera de los comportamientos referidos.

Conforme a dicho marco teórico, la Sala analizará el comportamiento atribuido al excongresista M.A., vinculándolo con los contextos geográficos y políticos, así como con el estadio histórico en que se presentó.

5.1. Referentes demostrativos generales.

Tras verificar una copiosa y constante actividad probatoria durante todas las etapas del proceso, se acreditó con suficiencia que los grupos armados ilegales, particularmente el bloque XXX, comandado por R.T.P., alias “XXX”, en compañía de los denominados comandantes de frente y zona, entre los cuales se destacan D.H.R., alias “XXX”, cabecilla del frente XXX, así como A.E.G.C., alias “XXX” o “XXX”, quien sucedió a este (H.R.) en la dirección de la estructura armada ilegal, y R.L.R., conocido con el remoquete de “XXX”, tuvieron injerencia en el departamento de XXX, concretamente, en la capital XXX y en el municipio de XXX, entre otros.

Ninguno de los sujetos procesales, incluyendo el defensor y el propio acusado M.A., optaron por negar tal realidad incontrastable en sus alegaciones finales. Es más, el primero de tales intervinientes señaló que no tenía reproche alguno frente a lo que afirmó la Sala respecto de la injerencia de las autodefensas en el departamento de XXX.

Ahora bien, la colocación geográfica de la estructura frente XXX permite señalar, de manera más precisa, que se ubicó y ejerció influencia delictiva en las estribaciones de la sierra XXX y en las zonas urbanas y rurales situadas en la jurisdicción de los municipios de XXX, XXX, XXX, XXX y XXX.

Por otro lado, quedó en evidencia que la muerte de “XXX” fue organizada por los paramilitares, concretamente, por “XXX”, quien inicialmente llegó a la zona como “inspector” o informante de “XXX” y, luego, “legalizada” o ejecutada por tropas del Ejército Nacional el 26 de octubre de 2004 en la vereda XXX, corregimiento XXX, en desarrollo de la operación “XXX” y la misión táctica “XXX”(41).

Tal referente de contexto, que se vincula con otros componentes analíticos que se mencionarán a lo largo de esta providencia, resulta suficientemente ilustrativo del nivel de intrusión del paramilitarismo en el departamento de XXX.

En este punto, es preciso señalar que dicha revelación la efectuó durante la instrucción O.E.D.C., alias “XXX”(42), quien ingresó al frente mencionado en el mes de enero o febrero del año 2002 como patrullero y fue capturado el 16 de abril de 2005 en su condición de cabecilla urbano.

En dicha oportunidad, bajo el apremio del juramento, se refirió a “XXX” como un “bandido” que también llegó a organizar la —conveniente, apremiante e indispensable, señala la Sala— muerte violenta del máximo jefe financiero de la estructura llamado F.S.L., conocido como “JF”.

No se pierda de vista que el trámite judicial que se adelantó por el violento deceso de S.L., definitivamente, “no fue posible ubicarlo” y que, de forma verdaderamente extraña, el día en el que se pretendió inspeccionar en la fiscalía seccional de XXX, “en la mañana justamente de ese día lo había estado solicitando un señor que dijo ser familiar de la víctima”(43).

De una vez, es preciso indicar que tal hecho objetivo, valorado de manera aislada, podría percibirse como una simple casualidad o coincidencia. Sin embargo, su apreciación conjunta y relacionada le permite a la Sala señalar que hace parte de las numerosas situaciones que, en este caso y con fundamento en la actividad investigativa desarrollada con posterioridad a la providencia de definición de situación jurídica, evidencian que la sustentación de la coartada defensiva del acusado M.A. entrañó un presunto interés o ánimo defraudatorio, el cual, eventualmente, pudo comprometer la eficaz y recta administración de justicia. Ello será declarado y explicado con alto nivel de detalle en líneas sucesivas.

Por ahora, debe indicarse que los señalamientos concretados por “XXX” resultan confirmados por un sujeto que desarrolló actividades de inteligencia para la estructura armada ilegal que “XXX” comandó, vale decir, J.A.U.A., quien señaló que el 25 de julio de 2005, por orden del comandante urbano de XXX “XXX”, participó en una frustrada operación conjunta contrainsurgente con 40 soldados del batallón de artillería XXX, “XXX”, con sede en dicha ciudad(44).

Adicionalmente, H.R.A.S., tercer alcalde popular de XXX, elegido en el año 2002, indicó que el Ejército Nacional permitió que los paramilitares los “asediaran”(45).

Y, J.P.H.H., alias “XXX”, “XXX” o “XXX”, inicialmente patrullero, luego urbano, posteriormente escolta del financiero “XXX” y, finalmente, segundo al mando en el corregimiento de XXX, confirmó(46) que “XXX” arribó al frente XXX como inspector cuando “XXX” todavía estaba vivo a “organizar” la muerte de este porque estaba haciendo muchas cosas por fuera de las directrices de “XXX”, incluyendo la apropiación de dineros de la organización.

Cambiando de óptica, L.F.R.M., alias “XXX”, indicó, durante la instrucción, que cuando “XXX” era el comandante del frente XXX se desempeñó como jefe militar y que luego del violento deceso de dicho sujeto, la referida estructura armada ilegal se dividió en dos, la primera, bajo la misma denominación, dirigida por “XXX” y, la segunda, llamada frente XXX, manejada por el testigo(47).

Es preciso resaltar que en el informe de policía judicial del 7 de febrero de 2014(48) también se dio cuenta del fraccionamiento del frente XXX, aclarándose que “XXX” desmovilizó los dos contingentes paramilitares.

Lo que viene de analizarse permite reiterar que en la presente actuación se encuentra acreditado con suficiencia que el departamento de XXX no fue ajeno a la dinámica delincuencial paramilitar. Todo lo contrario, en dicho lugar operaron e hicieron presencia varias estructuras denominadas de autodefensa. En lo que ahora resulta de interés para la Sala es preciso dejar sentado que lo hizo el frente XXX.

Además, es necesario recordar que en el desarrollo de la fase probatoria del juicio, la mayoría de testigos indicaron que la presencia y operación de paramilitares en el aludido ente territorial era una realidad imposible de desconocer.

En este punto, la Corte se detiene para asentar su preocupación en relación con la fase inicial de la intervención conclusiva del agente del Ministerio Público, quien refirió que el llamado a juicio de la Sala se encuadraba en una situación regional particular en la que el Estado estaba ausente, la insurgencia presente y las autodefensas iniciaron su accionar como una manera de protegerse de una injusta agresión.

Con ello, parece que el representante de la sociedad, de manera inaugural y al margen de la solicitud que concretó al finalizar su alegación y su desarrollo, introduce, entrelíneas y de manera implícita, el principio de insignificancia o la tesis de la adecuación social, construcciones dogmáticas que, en el ámbito abstracto, excluirían el tipo penal —desde el punto de vista objetivo— en aquellos eventos en los que resulta viable ubicar un comportamiento en un orden social e histórico habitual en el discurrir de una colectividad y que, en la práctica judicial, limitarían el fin de protección de la norma, excluyendo aquellas conductas peligrosas o lesivas que, ante su tolerancia comunitaria, se estiman jurídicas y, por ende, entrarían a validar en el campo del derecho penal actos de esa índole en un violento y extremo contexto de delincuencia organizada como el que viene analizando la Corte en el marco de esta providencia.

Tal comentario, torna necesario aclarar que el andamiaje teórico referido (tesis de la adecuación social) presenta dos niveles, el primero, del resorte del legislador y, el segundo, de interés del intérprete de la ley.

Conforme a aquel (primer nivel), tendrán relevancia para el derecho penal solo aquellos comportamientos que agravian a la sociedad. Planteado en términos dogmáticos muy precisos: una conducta será típica cuando,

(...) además de reunir los elementos e ingredientes tradicionales del tipo penal objetivo, es socialmente relevante, es decir, cuando afecta la relación del hombre con su entorno o mundo circundante y las consecuencias de su actuación alcanzan a este último(49).

Así las cosas, lo que se desaprueba socialmente también se reprocha desde el punto de vista jurídico y, por ende, judicial. Contrario sensu, las conductas que no tengan relevancia para el derecho son, en principio, admitidas o toleradas de forma tácita o implícita por la colectividad.

El marco constitucional de validez de dicho planteamiento se halla en la axiología derivada del artículo 6º superior que establece que los particulares “solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes” y, en dicha línea de pensamiento, podrán hacer todo lo que no les prohíba esta ni aquellas.

En el segundo ámbito o nivel de la teoría referida, un comportamiento es socialmente adecuado cuando, pese a estar criminalizado en el nivel primario (tipificación formal):

• Cuenta con exigua trascendencia o gravedad.

• Constituye un riesgo jurídicamente irrelevante o aprobado.

• Resulta intrascendente, casi inexistente. Y,

• El titular del bien jurídico lo admite o tolera, siempre que pueda disponer libre y voluntariamente del mismo, tenga capacidad para hacerlo y lo haga antes o durante la acción (no con posterioridad).

Es claro que la prédica de vigencia de la teoría de la adecuación social del comportamiento presenta serios y prácticamente insalvables riesgos e inconvenientes, de ahí la preocupación de la Sala por el planteamiento inicial del agente del Ministerio Público. Aquellos son:

• La maleabilidad o flexibilidad frente al principio de legalidad.

• La preponderancia de las consideraciones socioculturales respecto de las jurídicas.

• La generación de inseguridad e indeterminación jurídica.

• El eventual desconocimiento del principio de igualdad en los trámites judiciales, en tanto, en principio, frente a una misma situación de hecho se impone idéntica solución en derecho.

• La vaguedad del criterio.

• La inocuidad del concepto en tanto, eventualmente, podría ser analizado vía causales de ausencia de responsabilidad penal. Y,

• La dificultad para situarla en la teoría del delito.

Por ello la Sala debe ser enfática en que cuando la ley ordena o prohíbe, la costumbre, que, en últimas, es la entraña de la teoría referida, no puede contrariarla.

En la misma oportunidad reseñada, la Corte precisó, en ese mismo sentido:

Por ello se afirma, con aforismos que todavía no han sido desvirtuados, que Valet consuetudo cui lex non adversatur (es válida la costumbre a la que no se opone la ley); que Consuetudinis auctoritas, non usque adeo sui valitura momento, ut aut rationem vincat, aut legem (la autoridad de la costumbre no debe ser de tal peso que venza la razón o la ley); que Malae consuetudines neque ex longo tempore neque ex longa consuetudine confirmatur (las malas costumbres no se confirman ni por un largo tiempo ni por su larga duración); y que Mala consuetudo non tam consuetudo, quam corruptela merito est censenda (la mala costumbre mas es corrompimiento que costumbre, y por esto no debe ser guardada).

En atención a lo que viene de concretarse, resulta indiscutible que el grave comportamiento por el que M.A. fue convocado a responder en juicio por la Sala no puede ser, en medida alguna, irrelevante para el derecho penal, teniendo en cuenta una situación regional particular.

Para finalizar el análisis de los elementos demostrativos generales, no sobra indicar que la formación, discurrir y consolidación del frente XXX se constituyen en referentes analíticos obligados que le permiten a esta Corte ubicar, en un marco real, los vínculos que se estructuraron entre la clase política y el personal paramilitar, como pasará a verse a continuación.

5.2. Revelaciones específicas.

En la actuación también resulta indiscutible que en el departamento de XXX, el influjo paramilitar se caracterizó por el establecimiento y mantenimiento de canales de comunicación directos y permanentes con las autoridades civiles locales y regionales en procura de ampliar el radio de acción territorial al ámbito político.

En tal escenario, destacable era el hecho consistente en que, para lograr los propósitos ilícitos declarados y divulgados por dichos grupos, se organizaban reuniones con el concurso de los mandatarios locales y aspirantes a corporaciones públicas, con el objeto de mantener su presencia e influencia en los destinos políticos de las áreas en las cuales tenían presencia armada consolidada.

Al respecto, R.T.P., alias “XXX”, señaló(50) que aproximadamente a finales del año 1998, cuando C.C.G. le dio la orden a S.M.G. de retirarse del sur del departamento de XXX, en momentos en que la estrategia contrainsurgente paramilitar había prosperado en dicho territorio, asumió el mando del bloque XXX y empezó a diseñar la “toma militar, la toma social y por consiguiente la estructuración de unos estados de autodefensa”.

Además, de forma presuntuosa pero muy descriptiva, especificó que ejerció “soberanía” en el 70 % de varios departamentos de la costa Atlántica, entre estos XXX(51).

Agregó el confeso comandante paramilitar que la táctica contrainsurgente de las autodefensas inició con el “copamiento” militar de espacios geográficos de influencia subversiva a través de una confrontación irregular.

Añadió que luego del avance militar y de asumir responsabilidad territorial empezó el “acumulado social, pues muchas de estas regiones, en su gran mayoría, estaban totalmente abandonadas también por el Estado social”; y que en dicho contexto comenzó a configurarse una “sociedad entre las autodefensas y aquellas comunidades que habían sido socias del Estado guerrillero”, se desarrolló un trabajo consistente en la construcción de carreteras, puentes, colegios y hospitales que contó con una acompañamiento espiritual por parte de las “iglesias tanto católicas como cristianas” y se llevaron a cabo unos “talleres de trabajo” o “comunales” que le permitirían a las comunidades luchar por “la reconstrucción o construcción de sus sueños como sociedad”.

Reveló que los talleres referidos

(...) no eran otra cosa sino la reunión con mucha gente de las regiones para intercambiar ideas e implementar con ellos unas políticas que terminaran convirtiéndose en leyes de obligatorio cumplimiento.

Detalló que:

(...) esos talleres se desarrollaban y se activaron por todas las regiones en donde las fuerzas militares de las autodefensas iban dejando espacio posible para hacer acumulado de soberanía comunitaria, pues se volvió una constante en las gentes de esas regiones, es decir, era el mismo sentir generalizado, el olvido, la exclusión, la falta de oportunidades, abandono, siempre pensamos que el estado guerrillero en vez de haber sacado a las comunidades de esos olvidos y de ese sentir, lo que quería instaurar dentro de su estado era precisamente esos sentimientos en las comunidades pensando que solo así podrían tener a unas gentes dispuestas a cualquier tipo de levantamiento o de acompañamiento. Nosotros pensamos totalmente lo contrario, si no hacíamos nada por esta acumulado de solidaridad comunitaria, jamás nuestra soberanía popular iba a ser positiva para la construcción de ese estado de autodefensas y que si no hacíamos más, esto se convertiría en un círculo vicioso de esquemas civiles de ataque o defensa, que sería interminable. Entonces, este acumulado de solidaridad comunitaria se tenía que apersonar social y políticamente de la construcción de su futuro, pues los hombres armados que defendían a ese estado que ejercía soberanía, tenían una función principal que era la derrota militar y la seguridad y protección de esa soberanía. Luego quienes portábamos armas o (no) teníamos espacio para desarrollar la actividad política y social pues nuestra responsabilidad era solamente en el campo militar. Tenían que ser las bases sociales dentro de ese acumulado comunitario quienes construyeron de ahí para delante, su futuro y para construir ese futuro donde lo prioritario era mejorar las condiciones de dignidad humana y desarrollo, solo se podía construir desde una posición política pues el desarrollo de las regiones es una lucha que se consigue políticamente.

Informó que lo que encontraron las autodefensas en los territorios dominados por la subversión fue,

(...) el constreñimiento de la capacidad libre de decisión del constituyente primario, constreñimiento que hacía tanto el partido XXX como el XXX en esas regiones, utilizando la manera principal que utilizaron para corromper: el derecho a elegir y ser elegido, que era el mecanismo de la compra de conciencia. Eso era lo que existía en esos estados guerrilleros, pero que también existía muchos años atrás cuando también existía el Estado de derecho, o sea que aquí en Colombia la democracia viene muy violenta casi desde que se estableció el Frente Nacional.

Además, puso de presente que en los “talleres” a los que se refirió,

(...) la gente o la comunidad empezaron a tomar conciencia de que era más importante unirse para un objetivo común que seguir desunidos por un color de trapo que era lo que no dejaba ver más allá de los intereses de quienes lideraban los procesos políticos durante tantos años en esas regiones. Y entendieron, porque esta fue una construcción mutua basada en ideas, que ellos eran la fuerza primordial que había sido siempre utilizada para beneficio de unos pocos, que les compraban la conciencia y que después los hacían acreedores del derecho al no poder exigir desarrollo para sus comunidades, pues el que vende la conciencia no tiene derecho a exigir más nada. Es decir, con la venta del voto, ellos perdían el derecho fundamental como ciudadanos de tener derecho a una vida con dignidad y empezaron a entender que si eran la fuerza determinante, era mejor utilizar esa fuerza en beneficio de ellos mismos, que seguirla poniendo a disposición en beneficio de otros y que solo el día que ellos pudieran dirimir sus diferencias no políticas, porque ahí no había diferencias políticas sino partidistas, politiqueras que es cosa diferente, jamás iban a poder ser ellos los constructores de su propio futuro y siempre iban a estar a expensas de que otros les siguieran construyendo el mismo futuro de miseria y olvido que hasta ahora habían vivido y empezó a ser muy mentada la frase aquella de que cada pueblo se merece la historia que es capaz de construir, que si uno no lucha por hacer algo por sí mismo, nadie va a luchar por otros.

Como se puede advertir, T.P. esgrimió una doctrina que, observante de los orígenes sociológicos de las organizaciones paramilitares, se constituyó en una indiscutible forma de apología del denominado “estado de autodefensas”.

Para dicho comandante, la ocupación armada y la consecuente imposición de pautas de comportamiento por parte de las estructuras paramilitares en las áreas geográficas dominadas, encontró en el discurso sofístico de la promoción y salvaguarda de la dignidad humana y la soberanía comunitaria su componente dinamizador más trascendental.

De esta forma, la construcción del tejido social en las zonas de control paramilitar resultó influenciada por lo que “XXX” denominó “acumulados de solidaridad comunitaria”, enunciado que, como se verá más adelante, le permitió enmascarar sus propios intereses en los inherentes a las colectividades que fueron sometidas por vía del poder de fuego y de las armas. Eso es justamente lo que la Sala puede advertir en la esencia del consorcio que se configuró entre “las autodefensas y aquellas comunidades que habían sido socias del estado guerrillero”.

Por lo demás, la ambientación teórica que efectúa “XXX” deja entrever que la realidad delincuencial denominada “paramilitarismo”, en realidad apuntaló un modelo de gestión de los asuntos públicos locales, regionales e incluso nacionales paralelo y multipartidista, el cual resultó afianzado con la incapacidad e indiferencia gubernamental y la ausencia de control institucional. Tal conclusión será objeto de reforzamiento en los acápites subsiguientes y no implica, en medida alguna, avalar la validez, en este evento, del principio de insignificancia o de la tesis de la adecuación social.

Aquí, imperioso se ofrece advertir que el cabecilla paramilitar referido no declaró en esta actuación, pese a que su testimonio fue decretado, por postulación de la defensa y en la audiencia preparatoria, para ser practicado en la fase probatoria del juicio, al tratarse de un testigo no disponible por propia voluntad, vale decir, que se ha “rehusado” a participar en diligencias con autoridades colombianas. Así lo certificó de manera oficial el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América en comunicación remitida a la Corte por el Agregado Judicial Principal de la embajada de dicho país en Colombia(52).

Por lo demás, debe enfatizarse que la declaración del extraditado connacional, objeto de reseña y análisis, fue rendida el 28 de febrero de 2007 en el radicado XXX, en el que no se investigaba a M.A. y, luego de transcurridos varios años, casi siete, trasladada a la presente actuación (feb. 13/2014).

De esta manera, razón le asiste al defensor cuando en sus alegatos conclusivos y adentrándose en el análisis probatorio, enfatizó que “XXX” no quiso rendir testimonio en el proceso, pero no al brindarle trascendencia demostrativa, en beneficio de su cliente, al hecho que dicho cabecilla, al declarar en otras actuaciones, no vinculó a aquel.

Primero, no obra en el proceso testimonio de “XXX” diverso al estudiado. Y, segundo, la situación de M.A. no era tema de prueba o thema probandum en el radicado referido. Por ello, la afirmación del defensor se califica de ligera.

Por su parte, S.M.G. indicó, en declaración rendida el 1º de mayo de 2009 desde Washington(53), que para el año 2000 ya era normal y habitual que las estructuras de autodefensa se involucraran en la actividad política. Incluso refirió que él apoyó a M.A.D.E. y a E.M.P.A. en sus aspiraciones electorales.

Además, especificó que era R.T.P. el llamado a explicar lo que ocurrió a dicho nivel con la organización paramilitar que comandó en la medida en que contó con plena autonomía para gestionarla. Por eso no tuvo conocimiento de hechos que interesaran a la investigación.

A su turno, el máximo cabecilla del bloque XXX, al cual se integró el frente XXX, informó lo siguiente en la declaración que viene de comentarse:

Nadie, ningún líder político, llámese presidente de junta de acción comunal, miembro de las JAL, concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, representantes a la Cámara, senadores, ministros, magistrados, funcionarios de institutos descentralizados, Presidente de la República, ninguno buscaron (sic) a las fuerzas armadas del estado de autodefensa para hacer sociedades militares, ni políticas, ni económicas. Pero también hay que aclararle (...) que no hay presidente de junta de acción comunal, líderes comunales, líderes de las juntas administradoras locales, concejales, alcaldes, diputados, representantes a la Cámara, gobernadores, senadores, ministros, magistrados, periodistas, Presidente de la República, que no haya tenido que ir a hablar con el acumulado solidario comunitario que eran las bases populares de nuestro estado de autodefensa y que si querían tener algún beneficio, tenían que ir a hablar con ese acumulado sobre programas de desarrollo, programas de oportunidades y sobre futuro regional. El que diga que no habló con ese acumulado solidario comunitario y que no hizo compromiso con ellos, en las regiones donde nosotros éramos un Estado de hecho le miente al país (...) porque lo que no se volvió a permitir jamás y era una ley de obligatorio cumplimiento, era permitir que quienes quisieran acceder al apoyo de las bases populares de esos estados de autodefensa, no podrían lograr el beneficio de ese constituyente primario, por los mismos mecanismos que encontramos en esas regiones desde el año 1988 (...). Allá tuvieron que llegar a hablar con todos ellos sin plata, pero con ideas, con propuestas, con oportunidades, que era el único mecanismo que a partir de esos años aceptaban esas bases populares para interlocutor.

Y, para especificar la dimensión pragmática o real de las manifestaciones concretadas por “XXX” se cuenta, en principio, con los dichos de los confesos paramilitares J.J.H.S., alias “XXX”, conductor, escolta, cabecilla urbano de XXX, XXX, XXX, XXX y XXX y hombre de confianza de “XXX”; E.A.R.P., alias “el XXX” o “el XXX”, encargado del “trabajo social” del grupo armado ilegal dirigido por “XXX”; J.P.H.H., alias “XXX”, “XXX” o “XXX”, inicialmente patrullero, luego urbano, posteriormente escolta del financiero “XXX” y, finalmente, segundo al mando en el corregimiento de XXX; M.S.A.R., alias “XXX” o “XXX”, jefe y enlace político del frente XXX y hermano de G.A.A.R., alias “el XXX”, “XXX” o “XXX”; este; J.M.A.G., alias “XXX”, comisionado de XXX como comandante de escuadra o sección (segundo al mando); L.E.S.B., alias “el XXX” u “XXX”, quien llegó a liderar 100 hombres pertenecientes a la estructura armada referida; J.D.C.P., alias “XXX”, “el XXX” o “XXX”, urbano de XXX; J.R.N., alias “XXX”, responsable de la zona ubicada entre XXX y XXX; R.L.R.P., alias “XXX”, “XXX” o “XXX”, urbano de la capital del departamento de XXX; E.G.Z.P., alias “el XXX”, “XXX” o XXX; J.A.U.A., dedicado a la inteligencia; O.E.D.C., alias “XXX”; J.A.T.M., alias “XXX”, sicario; L.F.R.M., alias “XXX”, cabeza del frente XXX; R.A.P.R., alias “XXX”, patrullero, comandante de escuadra y segundo del grupo; y, en alguna medida, A.E.G.C., alias “XXX” o “XXX”, sucesor de “XXX”.

De una vez, insístase en que J.J.H.S., alias “XXX”, aparece registrado en el organigrama del frente XXX como excomandante de la zona de “XXX”, tras haberse buscado en el registro electrónico de versiones libres y consultado en los trámites asignados a la fiscalía XXX de la unidad nacional para la justicia y la paz y en el dossier del bloque XXX(54). Así, no existiría ninguna duda alguna acerca de su desempeño como paramilitar.

Pero no fueron solo los confesos paramilitares quienes, en la presente actuación, dieron cuenta de la influencia paramilitar en el departamento de XXX, concretamente, en la capital XXX y en el municipio de XXX. También lo hicieron otras personas que se percataron de dicha realidad delincuencial desde la institucionalidad y el desempeño de su actividad oficial o particular.

Ese justamente fue el caso del capitán de la Policía Nacional W.A.P.M., quien trabajó en la seccional de investigación judicial del XXX desde octubre de 2007 hasta los primeros meses de 2009, precisamente indagando acerca de los vínculos de un gran número de personas con arraigo en el departamento de XXX con grupos paramilitares y, de algún modo, el de A.E.T.I., quien se desempeñó como secretario de salud de XXX.

Tanto el acusado como el defensor principal cuestionaron en sus alegaciones finales, de manera explícita, a P.M., el primero recordando que “XXX, precisó que dicho oficial de la Policía Nacional lo indujo a declarar contra ciudadanos del XXX; y, el segundo, tachándolo de “personaje siniestro”.

Al respecto, debe indicarse que “XXX” manifestó en el juicio(55) que denunció a P.M. por haberlo presionado para que diera ciertas declaraciones, ofreciéndole prebendas y “cosas por el estilo”. Aclaró que el mencionado oficial le hizo tal ofrecimiento a muchas personas, no solo a él; que lo denunció por la “farsa” que montó y no por el incumplimiento de promesas; y que dicha situación no tenía absolutamente nada que ver con el caso del acusado, a quien, por cierto, reconoció en el estrado. Luego, en la medida en que la declaración se llevó a cabo a través de videoconferencia, le pesó no haber estado frente a frente con M.A.

De una vez, dígase que la situación relatada por “XXX” no conlleva, en medida alguna, a concluir que dicho ciudadano reveló su calidad de testigo falso, tal como lo hace el acusado. Lo que el declarante resalta es que P.M., ofreciéndole prebendas, lo presionó para que declarara en un proceso, en el que no se investigaba a M.A., y que, por ese solo hecho, decidió denunciarlo.

Además, el defensor no desarrolló argumentativa ni demostrativamente la censura que concretó respecto de P.M.

Es preciso recordar que P.M., en declaración rendida ante la Corte, no señaló a M.A. como una persona cercana o próxima al paramilitarismo en el departamento de XXX, es decir, no fue testigo de cargo. De esta manera, al margen de las tachas particulares de los sujetos procesales, especialmente la del acusado, la cual, por cierto, resulta ser inconsistente, lo que sí es indiscutible es que dicha realidad delincuencial fue investigada por el oficial referido. Así lo confirmó la fiscal L.R.O.D. quien trabajó con él cuando detentaba el rango de teniente(56).

Retomando la temática inherente a este acápite, de manera muy concreta, H.E.R.V., segundo alcalde por elección popular en XXX (6 de octubre de 1999 al mismo día y mes de 2002), precisó que a finales del mes de diciembre de 1999 los paramilitares perpetraron la primera masacre en el puente “XXX”, que en marzo del año siguiente se consumaron otros homicidios en el mismo lugar, que en esa misma anualidad (2000) incursionaron al casco urbano en cinco camiones, contando con apoyo aéreo desde un helicóptero; que secuestraron a F.G.B., presidente del concejo, exigieron la renuncia de todos los concejales y de él y los declararon objetivo militar en la medida en que ello no ocurrió; que tuvo que despachar desde XXX; que permanentemente se verificaban muertes selectivas; y que “XXX”, quien tuvo un dominio absoluto de dicho municipio, llegó al extremo de solicitarle a H.R.A.S., persona que lo sucedió en el cargo, que todos los cheques que girara el ente territorial debían llevar su visto bueno (el del cabecilla mencionado)(57).

Por su parte, A.S. puso de presente que la estructura armada ilegal comandada por “XXX” tuvo manejo militar y social en la zona de XXX, que en el departamento de XXX el coronel del Ejército Nacional P.H.M.G., la directora seccional de fiscalías A.C.D.M. y el fiscal delegado ante el tribunal superior del distrito judicial de XXX H.E.M.D., conocido como “XXX” o “XXX”, fueron aliados del paramilitarismo y patrocinaron su accionar; y que el mencionado cabecilla concretó tres exigencias, la primera que el municipio referido contratara a “el XXX” o “el XXX” para desarrollar un supuesto trabajo social que en realidad consistía en visitar a los campesinos con el fin de promocionar el apoyo al grupo, así como la reorganización del Estado; la segunda, que antes de entregar los cheques girados por el ente territorial, aquellos debían ser conocidos por el delincuente aludido para cobrar un 10 % con destino a la organización; y, la tercera, la entrega de $ 5.000.000 mensuales(58).

Agregó el testigo que la única exigencia que no se cumplió fue la tercera por falta de viabilidad económica generada por la implementación de un proceso de saneamiento financiero en el municipio.

A propósito de los temas tratados por A.S., M.J.P.I., secretaria de hacienda o “Tesorera” de XXX, indicó que los paramilitares tuvieron la información financiera de dicho municipio, conocían los movimientos económicos y cobraban un porcentaje variable (4, 5, 7 %) a todos los beneficiarios de los cheques que se expedían, llámense contratistas o empleados; que fue convocada, en dos ocasiones, con el propósito de recibir órdenes en ese sentido por parte de “XXX”; que prefirió renunciar antes de observar las instrucciones que él le suministró; y que E.A.R.P., alias “el XXX” o “el XXX”, tuvo presencia permanente en la tesorería.

Destáquese que los asuntos de la renuncia forzada de P.I. y de la exigencia relacionada con los pagos del municipio referido fueron confirmados por D.B.I.T. y A.E.T.I., en ese orden, exsecretarios de planeación y salud.

En ese mismo sentido, mediante inspección realizada en la alcaldía de XXX, se evidenció que “E.R.”, identificado con la cédula de ciudadanía número XXX, en efecto fue beneficiario directo de varios giros de dinero por diversos conceptos.

Y, resulta que el favorecido es, ni más ni menos, que E.A.R.P., alias “el XXX” o “el XXX”, encargado del “trabajo social” del grupo armado ilegal dirigido por “XXX”, el cual se encontraba integrado al frente XXX, regentado inicialmente por “XXX” y luego por “XXX”.

Recuérdese que el exalcalde A.S. indicó que el supuesto trabajo social en realidad consistía en visitar a los campesinos con el fin de promocionar el apoyo al grupo armado ilegal, así como la reorganización del Estado.

Además, no se pierda de vista que en la declaración rendida en la ciudad de XXX el 31 de mayo de 2010, R.P. se identificó con la cédula de ciudadanía número XXX de XXX(59).

Los giros de dineros públicos fueron los siguientes(60):

Comprobante de egresoFechaConceptoValor
XXX14 de febrero de 2003.Realización de trabajos en la bocatoma y red de distribución de mangueras en la vereda el reposo.$ 700.000

XXX20 de mayo de 2003.Pago por la sensibilización a la comunidad de las diferentes veredas del municipio sobre el manejo adecuado del consumo de agua.$ 700.000

XXX16 de junio de 2003.Pago por la realización de 7 talleres educativos sobre signos y síntomas de la edad, factores de riesgo, signos de deshidratación, preparación de suero casero y hábitos de higiene.$ 700.000

XXX11 de julio de 2003.Realización de jornadas de capacitación sobre uso, aplicación y protección de los recursos nutricionales propios de la región.$ 700.000

XXX27 de agosto de 2003.Pago de realización de 325 encuestas para la determinación de la población a vacunar en las veredas de XXX y XXX, XXX, XXX, XXX, dentro de las acciones del PAB 2003.$ 650.000

XXX5 de septiembre de 2003.Pago por el apoyo a las labores de vigilancia de salud pública y el PAI en los centros de población dispersos dentro de la ejecución del PAB 2003.$ 680.000

Como se puede advertir, en total, R.P. recibió, de manera directa, del municipio de XXX, bajo la administración de H.R.A.S., por, precisamente, desarrollar “trabajo social”, $ 4.130.000, luego de vincularse al grupo paramilitar referido para “socializar” el ilegal quehacer.

Resáltese que R.P. manifestó que ingresó a las autodefensas a finales del mes de septiembre o en octubre del año 2002 y que el 15 de enero de 2004 fue capturado en la vereda XXX, corregimiento XXX del municipio de XXX, cuando se encontraba en una reunión con parceleros y comerciantes recibiendo unos “aportes”(61) y los giros reseñados fueron efectuados entre los meses de febrero y septiembre de 2003. Con dicha revisión queda demostrada la coincidencia temporal.

En este punto, es preciso señalar que lo informado por A.S., P.I. e I.T., así como el análisis relacionado con los hallazgos derivados de la inspección realizada en la alcaldía de XXX, viene a dotar de coherencia y sentido una de las aristas de la imputación que compromete la posición personal del excongresista P.M.M.A.

Además, el coronel de la Policía Nacional N.C.A., jefe de la seccional de inteligencia del XXX entre los años 2005 y 2007, reveló que el paramilitarismo fue un tema complejo que implicó la implantación de un “estado” dentro del mismo Estado.

Por otro lado, G.C. refirió(62) que el ciudadano N.M.M., primo hermano del procesado, quien se desempeñó como gerente del hospital XXX ESE, durante su administración, prestó asistencia en salud y logística a la estructura paramilitar que dirigió y determinó la canalización de recursos financieros procedentes de la contratación hacia esta, obteniendo un nada despreciable beneficio de índole económico por tal gestión.

Por lo demás, el mencionado G.C. precisó, bajo la gravedad del juramento, que se desplazaba en la camioneta XXX de la gerencia del hospital para evitar los controles de las autoridades, que M.M. prácticamente “era un trabajador” suyo y, de manera verdaderamente reveladora y descriptiva, que al mencionado “únicamente le faltaba la pistola en la cintura”.

Adicionalmente, relató que el modelo de financiación que se implementó respecto de dicha empresa social del Estado se reprodujo en otras entidades pertenecientes al sector salud en el departamento de XXX, concretamente en el hospital XXX de XXX, entre otros.

En realidad, contrario a lo que sostiene el defensor en el primer eje temático de sus alegaciones finales, varios de los confesos paramilitares que declararon dieron cuenta que los heridos del frente XXX eran atendidos en distintos centros de salud de la ciudad de XXX, incluyendo el hospital XXX ESE.

De manera particular, J.D.C.P., alias “XXX”, “el XXX” o “XXX”, indicó en declaración que fue atendido gratis en dicho centro asistencial por un padecimiento pulmonar(63). Y, “XXX”, precisó que M.M. “le colaboraba” a “XXX”, tras el homicidio del médico R.L.D.J.(64).

Es más, en los dos maletines incautados el día en que tropas del Ejército Nacional, en coordinación con los paramilitares, dieron de baja a “XXX”, se hallaron unos documentos relacionados con órdenes de servicio de atención médica a paramilitares en el hospital referido(65).

De esta manera, alegar que no se probó que en dicho centro asistencial se hubieran atendido heridos paramilitares resulta ser contrario a la evidencia y, por ende, caprichoso.

Ahora bien, la forma como fallece “XXX”, vinculada desde el punto de vista analítico al señalamiento que hace “XXX”, en el sentido que el coronel P.H.M.G., hoy retirado del servicio, conocido en la organización como “XXX” y mencionado por el procesado en su indagatoria como conocedor de la actividad paramilitar en el departamento aludido, fue “nuestro verdadero aliado militar”(66) y, además, reforzado valorativamente con lo manifestado en ese mismo sentido por el exalcalde de XXX A.S. y con la documentación de varios episodios de judicialización de graves crímenes que comprometen al oficial mencionado, demuestra una indiscutible proximidad de las autodefensas con dicha institución armada legítima.

Pero las evocaciones específicas de la presencia e influencia de grupos armados ilegales de autodefensa en el departamento de XXX, también emergen de la declaración rendida, bajo el apremio del juramento, por H.A.A.M., quien se desempeñó como diputado de la asamblea de dicho ente territorial en cuatro períodos consecutivos.

A.M. señaló que en alguna ocasión tuvo “que subir, como la mayoría de la gente del XXX”, a un “caserío” cercano a la ciudad de XXX, que luego identificó con el nombre de XXX, con el propósito de conversar con “XXX” sobre de una deuda que supuestamente tenía su hermano XXX con otra persona que también se encontraba presente en dicho lugar. Añadió que fue citado por un personaje desconocido, que no “había otra fórmula diferente sino acatar” el llamado y que enteró a su familia de tal situación(67).

Nótese como un representante de la institucionalidad del Estado (en el nivel regional) tenía necesariamente que atender la convocatoria concretada por un delincuente como “XXX” y como dicho cabecilla paramilitar influía en los asuntos locales y regionales, incluso en el ámbito de las relaciones particulares de contenido económico.

Además, J.N.A.F., quien se desempeñó como concejal de XXX entre el 2001 y el 2003, señaló que en dicho municipio no hubo autoridad pública que detuviera a “XXX”, que los paramilitares eran los que mandaban allí y que el teniente de la policía, así como el comandante del batallón “XXX”, vale decir, el “Coronel XXX”, le “copiaban” a dicho cabecilla(68).

Luego, A.F. refirió una anécdota indicativa del nivel de irrupción del paramilitarismo en el departamento de XXX consistente en que en alguna ocasión denunció ante el coronel del Ejército Nacional P.H.M.G. el homicidio de dos personas y a la media hora lo llamó por teléfono un sujeto que le pasó a “XXX” y, este, a su turno, lo increpó por haber reportado dichos episodios acusándolo de “sapo”.

Así, con los develamientos específicos, se refuerza demostrativamente la presencia e influencia del bloque XXX y del frente XXX en el departamento de XXX.

5.3. Semblanza política-electoral del frente XXX.

En la actualidad, es un hecho conocido a través de la praxis judicial que el paramilitarismo se consolidó en observancia de un criterio expansivo relativamente frecuente que fue utilizado de forma escalonada en diversos ámbitos operativos y que en su fase de mayor apogeo, la cual se verificó luego de la toma por poder de fuego de las zonas de dominio insurgente y de la consecuente injerencia de orden territorial, posibilitó la prédica de validez de las tres expresiones de dicha problemática, a saber, la militar, la financiera y, la política.

Resulta indiscutible que por razón de los contactos establecidos por las denominadas autodefensas con la dirigencia política del departamento de XXX, incluidas las municipalidades de XXX y XXX y con el objeto de consolidar un supuesto proyecto comunitario y social, los cabecillas se interesaron en el discurrir electoral en los niveles local, regional y nacional.

En efecto, en entrevista rendida el 20 de marzo de 2009 ante la unidad nacional de fiscalías para la justicia y la paz, J.J.H.S., alias “XXX”, se refirió a varios políticos como aliados del frente XXX y, por ende, del comandante “XXX”(69).

Luego, en sesiones de versión libre del 5 y 6 de mayo de 2009 y en diligencia de declaración rendida el 10 de febrero de 2012, reiteró tales señalamientos(70).

Por su parte, E.A.R.P., alias “el XXX” o “el XXX”, indicó en declaración rendida el 31 de mayo de 2010, que en el año 2003, “XXX” se interesó en apoyar política y económicamente a J.N.A.F. con el propósito que fuera reelegido al concejo de XXX(71), que por invitación de G.R.V., jefe de núcleo del área educativa de dicho lugar, asistió a un encuentro en XXX en el que se acordaron las directrices relacionadas con dichas elecciones locales(72), y que luego de una reunión que se realizó con los concejales en ejercicio de dicho municipio, incluyendo del presidente G.A., se consolidó una coalición simpatizante de la causa paramilitar con el propósito de facilitarle el proselitismo al candidato de su comandante (A.F.), así como al representante de las comunidades indígenas “XXX” o “XXX”(73), quien solicitó a las autodefensas dicha posibilidad de intervención.

Agregó el declarante que el alcalde de XXX H.R.A.S. se comprometió a entregar $ 5.000.000 mensuales a la estructura paramilitar comandada por R.L.R., alias “XXX”, al interior de la cual el testigo también gestionaba las finanzas y que A.A., cuando se desempeñó como secretario de gobierno de dicha municipalidad, sirvió de intermediario en el desvío de recursos de la contratación hacia las autodefensas.

Lo informado por “el XXX” coincide con lo declarado por A.F. y A.S. En efecto, el primero de ellos confirmó que cuando terminaba su desempeño como concejal en el año 2003, “XXX” convocó a los once concejales para definir las aspiraciones, que el día en el que se cerraban las inscripciones para las elecciones locales en esa anualidad lo abordó E.G.Z.P., alias “el XXX”, para decirle que se debía registrar como candidato al concejo y que era una orden del “patrón”, refiriéndose al cabecilla mencionado.

Añadió que ante dicha presión se vio forzado a acudir a la registraduría municipal, luego de las 6 de la tarde, hora en que se cerraron las inscripciones, y registrarse como candidato al concejo por el movimiento XXX.

Y, precisó que la registraduría municipal estaba controlada por las autodefensas y que “se ahogó” en la medida en que no efectuó proselitismo político, pese a la presencia de publicidad política de él que, supone, sufragaron los paramilitares.

Si bien “el XXX” no reconoció la situación relacionada con el despliegue de presión para que A.F. se inscribiera como candidato al concejo por el XXX, ello encontraría justificación en el interés de no comprometer su posición personal y, por ende, su responsabilidad penal, en un eventual constreñimiento ilegal, es decir, de no autoincriminarse.

Por otro lado, recuérdese que el exalcalde de XXX A.S. refirió que el mencionado cabecilla concretó tres exigencias, que una de ellas fue la entrega de $ 5.000.000 mensuales y que esta no se cumplió por falta de viabilidad económica generada por la implementación de un proceso de saneamiento financiero en el municipio.

A su turno, J.R.N., alias “XXX”, en declaración rendida el 20 de abril de 2010, señaló que se reunió con dos políticos a quienes identificó como “XXX” y “XXX” en los corregimientos de “XXX” y “XXX”.

Ahora bien, en una entrevista, reseñada en el informe XXX del 29 de octubre de 2010, procedente de la sección de análisis criminal del CTI, J.P.H.H., alias “XXX”, “XXX” o “XXX”, se refirió a los vínculos políticos de “XXX” y “XXX”.

De manera específica, se indicó que “XXX” manifestó que “para las elecciones del 2003, intimidaron a la gente para que votaran por tres candidatos al consejo (sic), además marcaron tarjetones y utilizaron cédulas de personas que habían asesinado los cuales figuraron como votantes”.

Se agregó que el entrevistado aclaró que los candidatos favorecidos con el ilegal quehacer fueron W.J.H.A., conocido como “XXX”, J.R.D. y G.M.A., hermano del acusado, que ellos se reunieron varias veces con “XXX” en un sitio conocido como “XXX”(74) y que “el trato era que recibían votos y ellos colaborarían para dar contratos al grupo ilegal. Estos dineros los recibía alias XXX comandante de finanzas del frente”.

Tal como se resaltó en el llamamiento a juicio, lo que viene de reseñarse constituyó un simple criterio orientador de la investigación que resultó confirmado con elementos probatorios.

En este punto, es preciso señalar que mediante dificultosas labores de vecindario se logró establecer que la finca “XXX” era de D.C.M., “lugar donde se instaló la oficina de alias “XXX” y la finca “La Fenicia” fue el lugar de residencia del comandante paramilitar.”

A través de dicha actividad también se determinó que en la vereda XXX y en el corregimiento de XXX (la primera es jurisdicción de la segunda), las autodefensas citaban a los políticos de XXX. Además, en el informe correspondiente(75) se indicó que D.C.M. dijo que la finca que

(...) la comunidad XXX conoce popularmente como “XXX”, en realidad se llama “XXX”, que él se la compró al señor O.O.M. y que la escritura estuvo siempre a nombre de la señora H.T.Q. (negrita del texto original).

Y, que el entrevistado refirió que,

(...) estando en posesión de su finca, en 1999, llegaron las autodefensas a la región de XXX y que el comandante para esa época era alias “XXX”, quien le robó el ganado de la finca. Agrega, que alias “XXX” lo amenazó de muerte y que le dijo que no fuera a denunciar inmediatamente los hechos del robo del ganado; sin embargo, él denunció los hechos unos días después. Se anexan (sic) denuncia.

Dice que instauró una acción de reparación en contra de la Nación, por esos hechos y que el proceso le correspondió al tribunal administrativo de XXX por descongestión y que ese tribunal se declaró inhibido para fallar. Agrega que hoy el proceso se encuentra en el Concejo (sic) de Estado.

Añade el entrevistado que él se vio obligado a iniciar una negociación para venderle la finca al Incora, entidad que se la compró por un precio mínimo para posteriormente parcelarla.

Manifiesta el entrevistado que unos meses después de la venta de la finca “XXX”, llega a la vereda XXX alias “XXX” y se posesiona del predio que finalmente todos conocen como la finca “XXX” o “XXX”.

Se tiene entonces que el lugar del que dan cuenta todos los confesos paramilitares que han declarado en el proceso como uno de los epicentros de la actividad delincuencial desarrollada por “XXX”, vale decir, la finca “XXX”, no existe desde el punto de vista formal (es una vereda del municipio de XXX). Dicho lugar, en el que “XXX” instaló una oficina y una especie de centro de despacho, en realidad se denomina fundo “XXX”.

Retomando el hilo conductor de este acápite, el tema de las relaciones políticas de “XXX” y “XXX” fue reiterado por “XXX” en diligencia de declaración rendida el 21 de junio de 2011.

Lo referido a la salida procesal del testigo mencionado durante la fase probatoria del juicio será objeto de análisis detallado, en acápite sucesivo, al articularse con la demostración de la existencia de una serie de maniobras direccionadas a beneficiar judicialmente al acusado M.A. Por ahora, tan solo póngase de presente que H.H., durante la fase referida, trató, infructuosamente, de desconocer, condicionar o restarle contundencia demostrativa a lo que, de manera absolutamente espontánea, señaló con antelación.

Por otro lado, en una entrevista, reseñada en el informe XXX del 29 de octubre de 2010, que sirvió de simple criterio orientador de la investigación y que, a la postre, resultó confirmada con elementos probatorios, J.M.A.G., alias “XXX”, se refirió a los tres candidatos al concejo de XXX W.J.H.A., J.R.D. y G.M.A. como aliados políticos de “XXX”. Añadió que para “estas elecciones se metieron 150 cédulas de varias personas muertas por el grupo, la orden era que la gente votara por los tres candidatos al concejo, ellos marcaron los tarjetones”.

Luego, en declaración rendida el 19 de abril de 2010, “XXX” señaló que ello ocurrió en las elecciones del año 2002 con el propósito de favorecer a otros políticos.

Con posterioridad, en versión libre del 4 de abril de 2011, aclaró que en las elecciones del año 2002 ejerció presión para que la gente votara por los candidatos de las autodefensas, que las cédulas se entregaron a los delegados de las mesas de votación y que en el 2003 “no se presionaba camuflado sino de civil”(76).

Además, se refirió a otros políticos que vio reunidos con “XXX”, entre ellos, F.R.B., A.M.C. y M.P.B.

Finalmente, en ampliación de declaración del 9 de agosto de 2011, informó que V.B.S. solicitó apoyo electoral a “XXX” para el movimiento XXX(77), que el día de los comicios del año 2002, concretamente, en el corregimiento de XXX, jurisdicción de XXX, permaneció vestido de camuflado y con doce paramilitares “enfusilados”, verificando que se cumpliera la instrucción relacionada con las cédulas, que estas, luego de ser utilizadas en la segunda ocasión (2003), las enterró, que el comandante referido (“XXX”) comentó que el flujo de dinero en la organización dependía de las relaciones con los políticos, y que la gente de XXX se “peleaba” por ir a almorzar con él y “nunca estaba solo”(78).

La situación relacionada con la utilización electoral de los documentos de identificación de personas muertas es validada por L.E.S.B., alias “el XXX” u “XXX”, comandante de “XXX”.

Además, “XXX” reveló que “XXX” atendía aproximadamente 100 personas al día.

En la última oportunidad referida (ampliación de declaración), “XXX” informó que por suministrar a la justicia información relacionada con los vínculos políticos de “XXX” y “XXX” muchas personas no lo quieren y que varios postulados se niegan a hablar de tales temas.

El mismo declarante, en sesión de versión libre del 4 de abril de 2011, señaló que hay varios postulados, incluyendo “XXX”, que no están diciendo la verdad, que el mencionado quiere que sus hombres se refieran a lo que a él le conviene, y que G.A.R., alias “el XXX”, “XXX” o “XXX”, lo amenazó telefónicamente con apuñalarlo si hablaba de los políticos.

Obsérvese como “XXX”, en sus declaraciones, se centró en el tema de los hospitales y, de manera contraevidente y artificiosa, desconoció algún tipo de relación con políticos, porque la orden que recibió de “XXX” era no dejarse conocer de la gente(79). Además, en la salida procesal durante la fase probatoria del juicio, el testigo mencionado incurrió en una insalvable contradicción que compromete la coherencia intrínseca de su dicho y, por ende, su credibilidad, la cual será descrita y analizada más adelante en la medida en que evidencia su empecinada y contraevidente intención en favorecer judicialmente al acusado M.A.

Por ahora, indíquese que si, en realidad, “XXX” hubiera recibido del máximo cabecilla del bloque XXX la instrucción de no interactuar con la gente de su zona de influencia, no se hubiera relacionado en la forma como lo hizo con el gerente del hospital XXX ESE, N.M.M. y, además, varios de sus subalternos como “XXX” y “XXX” no hubieran dado cuenta de los vínculos de su comandante.

Además, durante la fase probatoria del juicio, “XXX” señaló que no conoció absolutamente nada de la política y que se concentró en la manifestación militar de la estructura delincuencial que dirigió.

Más aún, teniendo en cuenta que “XXX”, en diligencia de ampliación de testimonio que se llevó a cabo en la ciudad de XXX el 14 de marzo de 2014, manifestó no recordar las declaraciones precedentes del 4 de febrero de 2009 y 20 de abril de 2010, durante su intervención en el juicio la Corte le preguntó si tenía problemas de memoria o inconvenientes para fijar acontecimientos en la mente, a lo que respondió, de manera absolutamente desatenta, que la pistola le impedía rememorar y que dijo eso en la medida en que estaba amenazado desde el año 2006 y no tenía escolta ni carro blindado(80).

En últimas, la negativa categórica o absoluta de “XXX”, así como las excusas que la sustentan, se oponen analíticamente al esquema ilícito que se viene revelando. En efecto, la negación, de cosecha particular, atestada de intereses defensivos y sin sustento probatorio alguno, resulta contraria al establecimiento de la verdad.

Imperioso se ofrece señalar que “XXX” refirió que durante su actividad paramilitar las relaciones con “XXX” fueron excelentes y que ahora tienen diferencias por hablar y por “soltar todo”. Aclaró que ello no implicaba decir mentiras sino absolutamente toda la verdad(81).

Por otro lado, “el XXX” u “XXX”, informó, bajo la gravedad del juramento, que para las elecciones del año 2002, específicamente en el corregimiento de XXX, ubicado en el kilómetro 14 de la vía que de XXX conduce a XXX, ejercieron control distribuidos en las diferentes mesas de votación diciéndole a la gente por quiénes debían votar, que dicha actividad la ejerció personalmente con el fusil en la mano en compañía de cuatro muchachos y que ello ocurrió en todas las zonas controladas por “XXX”, por instrucción directa de dicho cabecilla(82).

A su turno, O.E.D.C., alias “XXX”, en entrevista rendida el 31 de octubre de 2012, indicó que “vi a muchos políticos subir al alto XXX y al corregimiento de XXX” a encontrarse con “XXX”, que su comandante “el XXX” es el que “sabe bien de las reuniones, de nombres y detalles” y que para los años 2002 y 2003 le

(...) asignaron un colegio en XXX, un corregimiento de XXX, y me tocó controlar el colegio, pero el que controlaba las mesas, decía por quién votar y si la gente no lo hacía, entonces me llamaban, yo solo controlaba que la gente votara(83).

Con posterioridad, en declaración rendida bajo la gravedad del juramento, “XXX” corroboró lo que señaló en la entrevista, agregando que “XXX”, el segundo de “el XXX”, tuvo conocimiento de los vínculos con políticos.

J.A.T.M., alias “XXX”, en entrevista rendida el 31 de octubre de 2012, precisó que en el año 2005 vio a “XXX” en reuniones con políticos, que en una ocasión dicho cabecilla convocó a varios alcaldes de municipios del departamento de XXX con el propósito de “notificarles” que era el nuevo comandante del frente mencionado y que el referido jefe “comentaba que el apoyo de las alcaldías era el tema de contratación”(84).

Con posterioridad, “XXX” precisó, bajo el apremio del juramento, que “XXX” se reunía con bastantes personas, validando, en parte, lo que indicó en la entrevista y descartando, del todo, que “XXX” no se hubiera dejado conocer de la gente.

Así las cosas, los convenios o pactos celebrados entre grupos armados ilegales y dirigentes políticos del departamento de XXX, incluidos los de los municipios de XXX y XXX, no solo tuvieron vigencia, sino que efectivamente lograron los resultados pronosticados, es decir, la elección de las personas afines y simpatizantes de la ilícita causa paramilitar.

De esta manera, como consecuencia de los acuerdos, se dieron finalmente los resultados esperados, como que, fueron elegidos los postulados a las dignidades públicas, inclusive mediante el fraude y la presión respecto de aquellos que intentaran apartarse de los consensos impuestos por grupos ilegales armados con injerencia en dicha zona. Ello es justamente lo que se demostró en el proceso con la prueba recopilada.

Para la Sala, es claro que el frente XXX desarrolló, por lo menos en XXX y XXX, una verdadera labor de proselitismo político a través de la simulación y el constreñimiento a la población, para imponer sus propios candidatos a las corporaciones públicas, a quienes señalaban directamente como los destinatarios de la obligada votación.

A manera de síntesis parcial, es preciso señalar que los medios de prueba recopilados en la presente actuación permiten, en forma lógica y sistemática, inferir que con el objeto de lograr y concretar espacio político en los municipios de XXX y XXX y, con ello, influencia y provecho del desarrollo político administrativo de la gestión local, regional y nacional, las autodefensas, concretamente el frente XXX, postularon y apoyaron varios candidatos a cargos de elección popular.

6. Posición del exsenador de la República y exrepresentante a la Cámara elegido por la circunscripción electoral del departamento de XXX P.M.M.A. respecto de los presupuestos exigidos en el artículo 232 del estatuto procesal penal aplicable al presente asunto, vale decir, la Ley 600 de 2000, para dictar sentencia de carácter condenatorio.

Ahora, con el propósito de estudiar la responsabilidad penal del excongresista P.M.M.A., vale decir, si resulta viable atribuirle una pretensión de estructuración del tipo objetivo con fundamento en el principio de culpabilidad, demostrando, para el caso concreto, el conocimiento de los hechos y de la prohibición, así como la aplicación de su voluntad, lo que se ofrece necesario es puntualizar si como tercer renglón de la lista al Senado de la República del año 2002 por el movimiento XXX, encabezada por V.B.S. y, luego, en el 2006, como aspirante a la Cámara de Representantes por la circunscripción electoral del departamento de XXX, tuvo proximidad con miembros de las autodefensas, si tal vínculo se tradujo en financiación del frente XXX y, finalmente, si dicho acuerdo comportó alguna clase de beneficio para él y cómo resulta viable acreditar la ayuda en el entorno procesal.

No debe perderse de vista que en la mayoría de eventos, las alianzas con los grupos armados ilegales son clandestinas y, en dicha medida, muy complicado se ofrece obtener prueba directa de su consolidación que permita la reconstrucción en un momento posterior, así en el instante histórico en el que se verificaron se hubiera presentado como un hecho notorio o socialmente “aceptado”, tal como ocurre en el presente evento.

En torno a dicho particular, resáltese que la contundencia probatoria del indicio se encuentra ligado a su gravedad, validez, así como a su capacidad para estructurar una acertada deducción fundamentada en acontecimientos demostrados en debida forma.

Además, este proceso cuenta con una particularidad consistente en el hallazgo de dos escritos que vienen a confirmar la existencia y algunas de las particularidades del acuerdo criminal. Dicho tema será retomado en líneas sucesivas.

A estas alturas del análisis, imperioso resulta precisar que la Sala debe efectuar un estudio diferencial en lo que se refiere a los elementos de convencimiento incorporados a la actuación, en tanto uno era el escenario vigente para la calificación del mérito del sumario y otro, diverso, el de ahora, cuando la Sala debe proferir sentencia luego de culminada la fase probatoria del juicio.

En dicho escenario, señálese que si la Corte concluye que las labores de control y monitoreo telemático llevadas a cabo entre noviembre de 2013 y octubre del año siguiente (2014), evidenciaron que el acusado M.A., aun encontrándose privado de su libertad de locomoción de manera cautelar y contando con la ayuda de un buen número de personas allegadas a él en lo personal, en lo político y en lo económico, al parecer, incurrió en ilicitudes de muy variada índole, pretendiendo, entre otras cosas y para lo que resulta relevante en este asunto, gestionar y manejar su proceso judicial por fuera de los estrados, es obligación expedir las copias pertinentes para que, en el escenario natural, se esclarezcan tales hallazgos.

Ahora bien, yerra el defensor al sostener que no es viable “retrotraer” al 2002 las interceptaciones, en tanto, relega que es obligación de la Sala valorarlas conforme a las reglas de la sana crítica, junto con los restantes elementos del conjunto probatorio, en observancia de la pauta procedimental prevista en el artículo 238 de la Ley 600 de 2000, en lo que guarda relación con los hechos objeto del llamamiento a juicio. Omitir su apreciación sí sería constitutivo de quebranto a garantías fundamentales.

Por lo demás, el planteamiento del defensor entraña una inconsistencia técnica y lógica al sostener que la prueba se retrotrae al hecho, en tanto lo que permiten los elementos de convencimiento es, justamente, reconstruir acontecimientos pretéritos.

Planteado de otra manera, en la dialéctica demostrativa, los hechos se traen al presente a través de la prueba y no al contrario. Por ejemplo, la firma de un contrato en tiempo pasado se demuestra, en la actualidad, a través de la exhibición del instrumento correspondiente. Eso es lo que se conoce como el “fin de la prueba”.

En últimas, los elementos de convencimiento no se retrotraen a los hechos, los acontecimientos de actualizan a través de la prueba.

Además, respecto al mismo tema, contraría la exactitud el sostener, como lo hace la defensa, que las interceptaciones son objeto de trámite judicial diverso. En efecto, en este punto, es pertinente recordar que mediante auto del 28 de octubre de 2014(85), la Sala dispuso expedir copias de algunas piezas procesales, así como de las llamadas identificadas con los títulos XXX y XXX, con destino a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de establecer, en los escenarios naturales, si las presuntas salidas del acusado de la estación de policía de XXX, lugar al que fue trasladado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, previa solicitud efectuada por el apoderado del interno y concepto “favorable emitido por la inspección general de la Policía Nacional”, por razones de seguridad y por su “condición”(86), podrían constituir infracción penal (incluyendo el presunto compromiso de M.A.) y disciplinaria, en ese orden.

Más aún, solo se remitió copia del aparte del informe de las labores de control y monitoreo telemático que se refería a dicho aspecto (fls. 1, 53 y 54, cdno. original 11).

Así las cosas, con el propósito de continuar abordando adecuadamente el análisis de las tomas de postura evidenciadas en los discursos de cierre, se seguirá efectuando una verificación de las conclusiones derivadas de las pruebas allegadas a la actuación durante la instrucción, contrastándolas con las que se desprenden de la audiencia de juzgamiento.

En otras oportunidades, la Sala se ha referido a la prueba “con vocación de permanencia”(87) como referente para el estudio de los elementos de convicción allegados durante la etapa probatoria del juicio. Ello en aras del hallazgo de la verdad material.

6.1. Revelaciones derivadas de los elementos de convicción incorporados al trámite, durante la investigación, vinculadas analítica y deductivamente a algunos hallazgos de la fase probatoria del juzgamiento.

6.1.1. J.M.A.G., alias “XXX”, quien ingresó al bloque XXX en el año 2000 y no meses después de las elecciones del 2002, como lo sostuvo erradamente el acusado en su intervención de clausura, informó, en ampliación de declaración del 9 de agosto de 2011, que antes de las elecciones de la segunda de tales anualidades (2002), vio congregado a P.M.M.A. con “XXX” en una “choza” ubicada en el alto XXX, que se saludaron como amigos, de abrazo, tal como su jefe recibía a todos los políticos y ganaderos; que la persona que llevó al ahora Representante a la Cámara a dicho lugar fue M.S.A.R., alias “XXX” o “XXX”; que el propósito de dicho encuentro era solicitar apoyo electoral; y que luego de la reunión se le dio la instrucción de registrar las 150 cédulas de personas muertas en beneficio del acusado(88).

Evóquese que “XXX” indicó que “XXX”, el segundo de “el XXX”, tuvo conocimiento de los vínculos con políticos.

Es claro que el interés de M.A. en reunirse con “XXX” procedía de su presencia demostrada en el tercer renglón de la lista al Senado de la República de ese año (2002) por el movimiento XXX, encabezada por V.B.S.(89), condenado justamente por concertarse para promover grupos paramilitares(90).

Póngase de presente que en todos los corregimientos de XXX, la lista al Senado aludida obtuvo la votación más alta con un total de 430 votos entre 19 opciones. Por lo demás, la segunda alternativa obtuvo tan solo 4 votos(91) y los lugares donde se consiguieron gran número de sufragios tuvieron una marcada y demostrada influencia paramilitar, es el caso del alto XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX y XXX.

Adicionalmente, recuérdese que “XXX” también señaló que V.B.S. solicitó apoyo electoral a “XXX” para el movimiento político referido, el cual, en últimas, perdió su personería jurídica a partir del 20 de julio de 2006(92), por no inscribir listas de candidatos al Congreso de la República para el período constitucional 2006-2010, en las elecciones realizadas el 12 de marzo de la primera de tales anualidades. Eso es justamente lo que se desprende de la Resolución 1057 del 13 de julio de 2006 expedida por el Consejo Nacional Electoral(93).

Imperioso se ofrece señalar que la asamblea de constitución de XXX, que se realizó el 18 de diciembre de 1998, contó con la asistencia de personas que luego serían condenadas por concertarse con grupos paramilitares como M.S.N.M. y R.E.M.A.(94).

Además, destáquese que M.S.A.R., alias “XXX” o “XXX”, jefe y enlace político del frente XXX y hermano de G.A.A.R., alias “el XXX”, “XXX” o “XXX”, aspiró al concejo de XXX en el año 2003 por dicho movimiento político, lo mismo que XXX, el hermano del procesado; y que A.F. se registró como candidato al concejo de XXX, bajo presión de “XXX” y de manera fraudulenta, precisamente por el mismo grupo.

Ya en el año 2006, cuando B.S. aspiró a ser reelegido Senador de la República por el movimiento XXX, obtuvo tan solo 163 votos en 10 municipios del departamento de XXX. Ello en atención a que en dicha oportunidad no fue acompañado en su pretensión por el acusado, en la medida en que este, respaldado por el partido XXX, intentaba ocupar una curul en la Cámara de Representantes. En líneas siguientes la Sala precisará de qué forma lo logró.

Por ahora, señálese que las circunstancias puestas de presente, en el contexto analizado, distan mucho de constituir simples coincidencias y, por el contrario, evidencian que XXX fue un grupo político de coyuntura que coincidió de manera absoluta con las ambiciones políticas paramilitares.

Por lo que viene de concretarse encuentra sentido que M.A., a manera de estrategia defensiva, pretenda tomar distancia y mostrarse totalmente ajeno o extraño a B.S. y a XXX. Recuérdese que en sus alegaciones conclusivas señaló que en el año 2002 no fue candidato al Senado, que no apareció en publicidad alguna, que los planteamientos y responsabilidades eran del excongresista referido y no de él, y que en el 2003 ingresó al Senado por un mes.

Además, tal como ya se reseñó en el acápite correspondiente, fue enérgico en señalar que para el 2002 no obtuvo el apoyo de las autodefensas y que existe una “mala interpretación” de los hechos en tanto para dicha anualidad no fue elegido popularmente y nadie votó por él.

Al respecto, dígase que la toma de postura del acusado frente a tales temas se opone al esquema criminal que se viene precisando con fundamento en el conjunto probatorio y no en simples sofisterías.

Por otro lado, ante la contundencia de los hallazgos y, en especial, la evidencia en torno a que XXX fue, en realidad, un grupo político de coyuntura que coincidió de manera absoluta con las ambiciones políticas paramilitares, intrascendente resulta que no exista ningún registro referido a que los 150 votos de XXX, mencionados en la investigación, beneficiaran a B.S. y que este simplemente sacó 12 sufragios en XXX. Tales reparos constituyen llanos distractores.

Por lo demás, lo que “XXX” indicó, bajo el apremio del juramento, fue que el día de las elecciones del año 2002 permaneció en el corregimiento de XXX, jurisdicción de XXX, vestido de camuflado y con doce paramilitares “enfusilados”, verificando que se cumpliera la instrucción relacionada con las cédulas, pero no que todas las cédulas hubieran sido empleadas electoralmente en dicho lugar. Adicionalmente, lo cierto es que la lista al Senado de la República de XXX obtuvo en dicha anualidad, en el municipio referido, la nada despreciable cantidad de 3.372 sufragios de los 5.395 del departamento de XXX, es decir, el 62,50% del total de votos.

Ahora bien, en la referida oportunidad (ampliación de declaración del 9 de agosto de 2011), “XXX” agregó que volvió a ver a M.A. conversando con “XXX” en otras dos ocasiones, la primera en el 2003 en XXX y, la segunda, en abril o mayo de 2004 en el alto XXX(95).

Acierta el procurador delegado al sostener que A.G., alias “XXX”, en declaración del 19 de abril de 2010, indicó que no conocía a M.A. y que lo había oído mentar; que en una segunda oportunidad, el testigo refirió que el acusado, a quien describió físicamente, llegó con “M.A. (sic)”; y que, finalmente, en la fase probatoria del juicio, manifestó que lo vio dos veces con “XXX”.

Resáltese que durante la sesión de audiencia de juzgamiento del 20 de julio de 2016, “XXX” intentó desvanecer el claro y espontáneo —no inducido ni provocado— señalamiento criminal que concretó respecto de M.A. en la primera ampliación de declaración, indicando no solo lo que resalta el agente del Ministerio Público, es decir, que lo vio en dos ocasiones reunido con “XXX” y no en tres, sino también, y es lo más trascedente, que las 150 cédulas de personas fallecidas no las utilizó en beneficio electoral del acusado.

Ello evidencia una verdadera contradicción sobre un aspecto esencial y relevante que, de entrada, apreciando su testimonio como unidad, destruye la credibilidad de su intervención en el juicio. Por lo demás, dicha postura encuentra una clara motivación y explicación extrínseca, que, por cierto, se hace extensiva a otros declarantes de cargo, y que será analizada más adelante.

Al respecto, destáquese que durante la audiencia de juzgamiento uno de los magistrados le llamó la atención a “XXX” por evasivo e impreciso.

A continuación, teniendo en cuenta la argumentación del defensor del acusado frente al tema de las 150 cédulas (uno de los cinco ejes temáticos de sus alegaciones conclusivas), la Sala precisa lo que sigue:

i) Restarle total credibilidad al testimonio de “XXX” en tanto en la primera ampliación agregó aspectos que no refirió en la oportunidad inicial o aclaró otros que no habían quedado precisados en debida forma, tal como lo hace el defensor, conlleva a establecer una pauta de valoración probatoria, contraria a las máximas de la experiencia y, por ende, inadmisible e inaceptable, conforme a la cual un declarante solo será creíble en su salida procesal inaugural. En esa misma línea de análisis las intervenciones posteriores jamás serán verosímiles.

Tal propuesta de análisis desconoce que la remembranza de eventos, trascendentes o no,

(...) no es igual en todas las personas, y es probable que algunas requieran del transcurso del tiempo para decantar y esclarecer detalles relevantes, que antes no refirieron, o que solo aparecen lúcidos o corroborados tras cruzar información con otros intervinientes o conocedores del suceso(96).

De esta manera, pierde toda repercusión, de cara a la concreción de credibilidad del testimonio de “XXX”, que este no mencionara a M.A. en la declaración inicial, en tanto sí lo hizo en las ampliaciones, incluyendo la que tuvo lugar durante la fase probatoria del juicio con las particularidades revisadas en precedencia. Ello sí alcanza relevancia valorativa.

ii) Cierto es que “XXX” indicó inicialmente que las 150 cédulas fueron utilizadas con fines electorales en el año 2003(97) y, luego, en el año anterior (2002); pero también lo es que no fueron afirmaciones excluyentes, discordantes o contrapuestas, en tanto en la primera ampliación de testimonio del 9 de agosto de 2011, aclaró que el día de los comicios de la segunda de tales anualidades (2002), concretamente, en el corregimiento de XXX, jurisdicción de XXX, permaneció vestido de camuflado y con doce paramilitares “enfusilados”, verificando que se cumpliera la instrucción relacionada con las cédulas, y que estas, luego de ser utilizadas en la segunda ocasión (2003), las enterró.

En últimas, “XXX” sostuvo en la primera ampliación de testimonio que los documentos de identificación de víctimas paramilitares se utilizaron en los dos comicios.

iii) Indica el defensor que dichos documentos de identificación se hubieran podido buscar, en tanto, en un ámbito de carga dinámica, quien hace la argumentación debe probarla; y que dicho asunto ameritaba un “desgaste” probatorio “mayor”.

Al respecto, simplemente se precisará que las afirmaciones y argumentaciones de la Corte respecto de dicho tema contaban con pleno respaldo probatorio y, que si lo que pretendía el defensor era hallar las cédulas enterradas, ha debido proponer dicha gestión investigativa a la Sala para que esta, teniendo en cuenta su proposición, especificara su procedencia consultando los criterios de pertinencia, conducencia, utilidad y racionalidad.

Ello nunca se hizo simple y llanamente porque ni el acusado ni su defensor especificaron la postulación correspondiente. Y,

iv) La situación relacionada con la utilización electoral de los documentos de identificación de personas muertas fue validado por L.E.S.B., alias “el XXX” u “XXX”, comandante de “XXX”. De esta manera, no existe duda frente a dicho aspecto.

6.1.2. Por otro lado, en sesión de versión libre del 6 de mayo de 2009, J.J.H.S., alias “XXX”, informó que el Representante a la Cámara P.M.M.A., junto con el hermano de este, G. e H.A.A.M., a quienes reconoció en sendas fotografías, eran algunos de los políticos que se reunían frecuentemente con “XXX” y que el tema era “obsesionante” para los visitantes.

Es claro que el reconocimiento fotográfico referido se enmarcó en el trámite especial de justicia y paz y, por ende, no es valorado formalmente como prueba conforme a lo previsto en el artículo 304 de la Ley 600 de 2000. Sin embargo, si le suministra contundencia los señalamientos efectuados por “XXX”, no solo en ese particular proceso, con exigencias especiales, sino también en este.

Imperioso se ofrece señalar que el reconocimiento fotográfico no estructura una prueba autónoma o independiente, sino que constituye una unidad probatoria con el testimonio rendido por quien intervino en él, de ahí que la contingente inobservancia de las específicas exigencias del artículo referido (304) no afecta la declaración y, mucho menos, el proceso, en tanto el testimonio se valora como tal. Ello simplemente para darle claridad teórica al asunto, en tanto, en este caso, lo que ocurrió fue que “XXX”, en su condición de postulado y en el marco de una sesión de versión libre, reconoció al acusado en una fotografía.

Además, en sus alegaciones finales, tanto el acusado como su defensor han insistido en que “XXX” negó que hubiera participado en un reconocimiento fotográfico. Tal aseveración categórica desconoce la realidad probatoria, en tanto lo que indicó el testigo en sesión de audiencia de juzgamiento del 14 de junio de 2016 es que no recordaba dicha actividad, sin descartarla de manera tajante o categórica como lo hacen los sujetos procesales referidos.

Adicionalmente, lo cierto e indiscutible es que en sesión de versión libre del 6 de mayo de 2009(98) se refirió al acusado como “uno de los más fuertes amigos de alias ‘XXX’”. Añadió que, dada la cantidad, no podría precisar cuántas veces vio reunido a M.A. con dicho comandante. Y, finalmente, lo reconoció sin dubitación alguna en una fotografía(99).

De manera que las constancias del reconocimiento especial permiten superar en la actuación la vacilación del declarante frente al punto y, por ende, la contraevidente postura del acusado y su defensor.

Luego, en diligencia de ampliación de declaración del 10 de febrero de 2012, “XXX” reiteró que entre diciembre 2002 y junio o julio de 2003 M.A. se reunió en muchas ocasiones con “XXX” en la finca “XXX” y en otros lugares en los que este permanecía y que el mencionado llegaba acompañado de “N.G.S.” y de “G.M., propietario de la clínica XXX” de XXX(100).

Reveló que muchas personas se reunían con “XXX” presionadas, que ese no fue el caso de M.A. quien dejaba entrever “satisfacción y agrado” por encontrarse con el comandante referido(101), que “N.G.” era conocido como “XXX” o “XXX”(102), que a finales de 2004 o principios de 2005, el acusado concurrió a la finca “XXX”, de propiedad de J.M.M., en compañía de M.S.A.R., alias “XXX” o “XXX”, a solicitarle a “XXX” el “aval” para hacer campaña; que luego, aquel (“XXX”), como jefe político, le puso a este “a la orden” la “credencial” del procesado(103); y que el segundo de tales comandantes (“XXX”) debería reconocer ante la justicia dichas situaciones.

Además, recuérdese que el propio “XXX” refirió que durante su actividad paramilitar las relaciones con “XXX” fueron excelentes y que ahora tienen diferencias por hablar y por “soltar todo”, precisando que ello no implicaba decir mentiras sino absolutamente toda la verdad(104).

Adicionó que no ha sido intimidado o amenazado ni ha recibido dádivas para declarar en contra del excongresista M.A.(105).

En el juicio, específicamente, en sesión de fecha 14 de junio de 2016, “XXX” reiteró los señalamientos que efectuó de manera precedente, mostrándose muy seguro de sus aseveraciones a través de afirmaciones tales como que le hubiera gustado estar en la Corte frente a frente con el acusado —doliéndose de que su declaración se hubiera realizado mediante videoconferencia desde el centro carcelario de XXX—, que “entre el cielo y la tierra no hay nada oculto”, que “la verdad es una sola y siempre prevalece y prevalece para siempre”, que su idea es “decir la verdad” y cumplirle a unas víctimas a las que le hicieron daño; que el acusado sabe que iba “allá” a hablar con “XXX”; y que aquel puede negárselo a todo el mundo pero sabe en su corazón que no es así. Además, exhortó a M.A. para que reconociera sus errores.

En general, si la intención de “XXX” fuera la de perjudicar judicialmente al acusado, a todo trance, habría especificado, falazmente, la naturaleza del aporte de este al grupo paramilitar comandado por “XXX” y señalado, falsamente, que recibió instrucciones de prestarle apoyo electoral y, simple y llanamente no lo hizo a pesar de haber sido interrogado sobre tales particulares.

Así, la Corte considera que “XXX” es un testigo de cargo idóneo y franco, el cual ha sido descalificado por otros declarantes, especialmente por “XXX”, quien, en el estrado, hizo gala de procacidad e irrespeto frente a la majestad de la justicia señalando, ante una pregunta de la Corte, que la pistola le impedía evocar y que en diligencia de ampliación de testimonio que se llevó a cabo en la ciudad de XXX el 14 de marzo de 2014, dijo no recordar las declaraciones precedentes del 4 de febrero de 2009 y 20 de abril de 2010 en la medida en que estaba amenazado desde el año 2006 y no tenía escolta ni carro blindado, tal como ya se reseñó.

Aunque el allanamiento llevado a cabo al apartamento de XXX(106) —relacionado con el acusado— permitió patentizar, entre muchas circunstancias y situaciones trascendentes para el proceso, que “XXX”, a través de una de sus compañeras permanentes de nombre L.S., recibió dos pagos de M.A. en cuantía de $ 1.000.000 y $ 500.000, los días 31 de marzo y 5 de junio de 2009, vale decir, luego de la apertura de la investigación previa que se verificó el 25 de noviembre de 2008(107), el testigo se mantuvo en el señalamiento de forma consistente, es decir, no permitió que lo alinearan ni que solventaran un encubridor silencio.

En efecto, en tal diligencia fue posible hallar dos comprobantes de consignación del banco XXX a nombre de la ciudadana mencionada por los valores referidos. Y, en el de $ 1.000.000 figura “G.M.”, hermano del acusado, como la persona que consigna y en el anverso se lee: “J.J.H.S. alias XXX o XXX”.

Razón le asiste al procurador cuando señala que con el lugar de hallazgo es posible colegir la participación del acusado en la consignación para una de las exmujeres de un testigo, pero no cuando precisa que dicha situación no concuerda con el tiempo de investigación, en tanto, se repite, las consignaciones se efectuaron los días 31 de marzo y 5 de junio de 2009, vale decir, luego de la apertura de la investigación previa que se verificó el 25 de noviembre de 2008. De esta manera, para las dos primeras fechas ya M.A. se encontraba sub judice.

Además, tales documentos fueron puestos de presente al testigo J.J.H.S. en audiencia pública frente a lo cual señaló que con total honestidad se refirió a tres compañeras sentimentales, entre ellas a L.S.; que para la época de las consignaciones no era postulado a la ley de justicia y paz; y que quien consignó el dinero fue “O.M.”, amigo “íntimo”, personal del acusado y representante de I.V. y de “P.” Z., ofreciéndoselo como regalo de M.A.

Además, en los allanamientos se halló un papel con la información personal de la compañera del testigo, vale decir, nombre y apellido, número de cédula (XXX), posible municipio de ubicación (XXX) y abonados celulares de contacto (XXX y XXX).

Destáquese que en esta única instancia, la Sala dispuso labores de control o monitoreo telemático y que como resultado de dicha actividad investigativa se logró establecer, entre otras muchas cosas apreciables para el proceso, que H.S. fue asediado por personas allegadas al acusado con el propósito de que se retractara de sus señalamientos. En dicho contexto se habló de la entrega de dinero para lograr dicho propósito.

Así es, en una llamada del 21 de mayo de 2014 a las 03:07:33 p.m. (XXX del consecutivo XXX), G. le dice a su hermano P.M. —acusado— que abordó a una persona para que hablara con “XXX” y aquel, a su turno, le manifestó que por el pago no se preocupara, que “si hay que regalarle algo se le da” y que no importa si la retractación se verifica en justicia y paz(108).

Resáltese que con el propósito frustrado de enmascarar o cifrar las menciones a H.S., este es referenciado en otras conversaciones como “XXX” o “XXX”. Sin embargo, resulta bastante obvio que tales alusiones corresponden a “XXX”.

Al respecto, recuérdese que el procurador delegado subrayó en sus alegaciones conclusivas que en una de las grabaciones del consecutivo 4 se hace referencia al “XXX” y que este es una “XXX”. De esta manera, relacionó a H.S. con dicha mención.

Aunque el tema de los resultados de las labores de control o monitoreo telemático será retomado más adelante por la Sala dada su importancia manifiesta, dígase, por ahora, que teniendo en cuenta que en sesión de audiencia de juzgamiento del 20 de agosto de 2015 L.D.A.D., amigo entrañable o muy cercano del acusado, encargado de recoger para este dineros producto de la contratación relacionada con la infraestructura vial —construcción o mantenimiento, mejoramiento, adecuación, etc.— en el departamento de XXX y de contactar testigos para manipular sus dichos mediante el ofrecimiento de dinero, de manera absolutamente desfachatada pero amparado por la reserva constitucional de no autoincriminación, al ponérsele de presente cuatro conversaciones(109), señaló que no tenía nada que manifestar, que no quería dar ninguna explicación y que no reconocía ninguna voz, incluyendo la suya ni la del acusado, se dispuso, a manera de prueba sobreviniente, llevar a cabo un análisis espectrográfico en relación con los registros de audio correspondientes que hacen parte integrante de la actuación y que se relacionan con las labores de control o monitoreo telemático dispuestas(110). Ello con el propósito esencial de determinar la identidad de los interlocutores mediante los diversos métodos de análisis acústico del habla.

Luego, las exigencias particulares de la prueba técnica fueron especificadas a través de auto del 24 de agosto de 2015(111).

Por ello se rindieron los informes técnicos correspondientes, contentivos del análisis comparativo de identificación de hablantes, en cuyo marco se determinó que las voces motivo de estudio que intervienen en las muestras dubitadas presentan “relación de correspondencia” (subrayas del texto original) con las voces emitidas por L.D.A.D., L.E.A.G., esposa del acusado y, este(112). Es decir, las persistentes evasivas de A.D. se quedaron sin piso y, por ende, fueron descartadas de manera certera.

A propósito de lo informado por “XXX”, desde la investigación se logró establecer que “G.M., propietario de la clínica XXX” de XXX, es el profesional de la salud G.F.M.G., subgerente de la sociedad XXX del XXX limitada, quien se puede localizar en el sitio referido en el que funcionan la referida persona jurídica, así como XXX y unidad XXX limitada, y XXX(113).

Además, se determinó que el procesado, como Representante a la Cámara, figura como autor de los proyectos de ley XXX y XXX, por cuyo medio se reglamentan las especialidades médicas de hematología, oncología clínica, hematología pediátrica, oncología pediátrica y radioterapia oncológica y que la sociedad XXX limitada fue aportante de la campaña al Congreso de la República de M.A. en el año 2010(114).

De esta manera, se acredita el vínculo entre el galeno M.G. y M.A. y se dota de coherencia y sentido lo informado por “XXX”.

Además, es preciso destacar que durante el juicio, “XXX” indicó que le cobró a M.G. y a otra persona, $ 200.000.000 de “XXX” y que “N.G.” era su enlace para no “dar la cara” y permanecía con él. Así, surgen comprometimientos de las personas que acompañaban al acusado a reuniones con personal paramilitar.

6.1.3. Por otro lado, en declaración rendida el 21 de junio de 2011, J.P.H.H., alias “XXX”, refirió que vio a M.A. reunido con “XXX” en dos ocasiones, la primera, en XXX hacia la mitad del año 2003 (junio) y, la segunda, en el alto XXX, a comienzos del año siguiente (2004)(115).

Agregó que el contacto para los encuentros referidos fue M.S.A.R., que los hermanos P. y G. (quien también estuvo presente en las dos ocasiones), eran conocidos como “XXX”, que el acusado era un hombre cachetón, de 1,60 o 1,70 de estatura, fileño y con pelo(116); y que hacia los meses de septiembre, octubre o noviembre de 2005, cuando se desempeñaba como jefe de seguridad de “XXX”, arribó a XXX una camioneta XXX, línea XXX, de color champagne y vidrios oscuros, la cual, tras permanecer 10 minutos en el sitio, se retiró y, luego, su jefe comentó que estaba hablando con “los XXX”(117).

Ya se mencionó que H.H., durante la fase probatoria del juicio, trató, infructuosamente, de desconocer, condicionar o restarle contundencia demostrativa a lo que, de manera absolutamente espontánea, señaló con antelación.

En efecto, en sesión del 20 de junio de 2016 reiteró que vio a M.A. reunido con “XXX”, pero que desconocía si dicho ciudadano había asistido obligado (coaccionado).

Sin embargo, la razón de ser de dicho condicionamiento fue determinada en la actuación. Además, si el acusado hubiera obrado de la manera como insinúa el testigo, la intervención del intermediario M.S.A.R. estaría de más y resultaría inoportuna. Simple y llanamente habría sido conducido, pero eso, conforme a lo que indica la prueba, no fue lo que ocurrió.

6.1.4. Por otro lado, el 11 de noviembre de 2011, L.E.S.B., alias “el XXX” u “XXX”, relató que en el primer semestre del año 2003 se percató de un encuentro de “XXX” con M.A. en la finca “XXX”(118) y que este era “alto y de color blanco”(119).

6.1.5. J.D.C.P., alias “XXX”, “el XXX” o “XXX”, narró que antes del 25 de junio del año 2005, fecha en la que asesinó a H.T., presenció un encuentro entre “XXX”, “XXX”, M.S.A.R. y P.M.M.A. en la finca “XXX”, ubicada cerca al alto XXX; que no conoció el objeto de la reunión, y que por la publicidad política supo que se trataba del acusado a quien identificó como un hombre gordo y de barba(120).

Recuérdese que el acusado reconoció en la indagatoria haber tenido barba, pese a tenerla rasurada para la diligencia.

Además, en varios documentos que hacen parte integrante del expediente aparecen fotografías del procesado en las que fue registrado y fijado con barba(121).

Es preciso señalar que durante la investigación, “XXX” trató, de manera ineficaz, de restarle contundencia al claro y espontáneo señalamiento que había efectuado de manera inicial, a través de una explicación consistente en que quien le dijo que el hombre gordo era M.A. había sido “XXX”, cuando, en una primera oportunidad refirió que vio al procesado y luego lo reconoció en publicidad política.

En relación con “XXX”, necesario se ofrece destacar que a través de informe de policía judicial del 26 de marzo de 2014, se consignó que una persona que se identificó con dicho remoquete con una investigadora de la Corte,

(...) manifestó que tanto él como su compañero alias XXX (J.A.T.M. CC XXX), tiene información que puede servir para la investigación que se adelanta en contra del señor M.A. (negrita del texto original)(122).

Por ello, la Sala decretó la ampliación de su testimonio(123) y, en dicha oportunidad, en la que trató, de forma infructuosa, confusa y reforzada, de restarle contundencia al claro y espontáneo señalamiento que había efectuado de manera inicial respecto de M.A., tal como ya se reseñó, manifestó que no había realizado ninguna llamada en ese sentido, verificándose así una extraña circunstancia vinculada con una supuesta suplantación. Tal suceso también se verificó en relación con J.A.U.A.

6.1.6. Además, O.E.D.C., alias “XXX”, sobrino de A.C.D.M.(124), quien fungió como directora seccional de fiscalías y fue señalada por H.R.A.S. como aliada del paramilitarismo que patrocinó su accionar, en entrevista rendida el 31 de octubre de 2012, indicó que entre los políticos que vio “subir al alto XXX y al corregimiento de XXX” a entrevistarse con “XXX”, estaba el acusado(125).

Con posterioridad, en declaración rendida bajo la gravedad del juramento el 3 de abril de la presente anualidad y al ser interrogado por dicho señalamiento, “XXX” señaló que no lo vio directamente y que quien le informó que se trataba de M.A. había sido “XXX”(126) persona que, según dicen, está muerta.

De manera específica, “XXX” indicó, en un aparte inicial de la declaración, que “XXX” le manifestó que le parecía que un carro que llegó era el del procesado, luego, que a él le había llamado la atención el vehículo y con posterioridad que ello le había ocurrido era al mencionado sujeto.

Así, entre la entrevista y la declaración juramentada existe una variación significativa y sustancial. O vio al procesado reunido con “XXX” o no lo observó. En últimas, las dos percepciones se aprecian incompatibles y, definitivamente, la que se percibe sincera y espontánea es la primera, la cual, pese a constituir simple criterio orientador de la investigación, conforme a lo normado en el artículo 314 de la Ley 600 de 2000, es la que resulta confirmada con elementos de prueba. En contraste, la que se desprende del testimonio no es compatible con el conjunto probatorio.

Resáltese que en la declaración juramentada, al ser confrontado con lo que refirió en la entrevista, señaló que dijo “una cosa que de pronto no era así”, que se “equivocó” en ese “pedacito” y que se aceleró en dar la información. Así, queda en evidencia el esfuerzo retórico por desfigurar el señalamiento inicial.

Nótese que en los intentos frustrados por desvanecer el señalamiento efectuado respecto del procesado existe una constante o una variable común consistente en acomodar a personas muertas como fuente del conocimiento. En efecto, “XXX” ubica a J.J.M.F., alias “XXX”, comandante urbano de XXX y “XXX” a “XXX”.

Además, el segundo declarante referido, es decir, “XXX” solo recuerda las identidades de los hombres de la seguridad de “XXX” que están muertos y, de manera muy conveniente, desconoce los nombres o “chapas” de los demás.

Desde la acusación, la Corte precisó que resulta indiscutible que, en atención a las cláusulas normativas que se ocupan de su actividad bajo la sistemática procesal que se deriva de la Ley 600 de 2000, la policía judicial se encuentra facultada o autorizada para adelantar labores previas de verificación antes de la judicialización de las actuaciones por la comisión de un comportamiento punible, iniciar investigación previa por iniciativa propia en los casos de flagrancia o cuando por motivos de fuerza mayor acreditada no pueda hacerlo el fiscal, y actuar por comisión del regente de la instrucción o del juicio.

Además, conforme a lo previsto en el artículo 314, ibídem, las exposiciones o entrevistas realizadas por la policía judicial, a quienes puedan tener conocimiento de la comisión del delito, carecen de valor probatorio porque no son testimonios ni indicios, sino simples criterios orientadores de la investigación. Esa es precisamente la regla general(127).

Pertinente se ofrece recordar que al declarar la exequibilidad del artículo 50 de la Ley 504 de 1999, que agregaba un inciso final al artículo 313 del Decreto 2700 de 1991, cuyo texto era idéntico al de la norma que viene de citarse y, por tanto, de absoluta pertinencia analítica en este asunto, la Corte Constitucional puso de presente que:

El legislador ha descartado el valor probatorio de dichos informes sobre la base de conveniencias políticas, que él libremente ha apreciado, como podrían ser la unilateralidad de estos, y la de evitar que los funcionarios que deban juzgar se atengan exclusivamente a estos y no produzcan otras pruebas en el proceso, en aras de la búsqueda de la verdad real, con desconocimiento de los derechos de los sindicados. Por ello la Corte, en ejercicio del control constitucional, no se encuentra en condiciones de cuestionar dichas consideraciones políticas, pues ello corresponde a la competencia y libertad del legislador para diseñar la norma jurídica procesal.

Sin embargo, lo anterior no obsta para que el funcionario judicial competente pueda, a partir de dichos informes, producir dentro del proceso la prueba que se requiera para establecer la realidad y veracidad de los hechos que son relevantes en este, la cual naturalmente puede ser controvertida por el sindicado. Pero se anota que lo que dicho funcionario puede valorar es la prueba producida regularmente en el proceso, más no los mencionados informes(128).

En este punto, la Sala se detiene para concretar un oportuno cuestionamiento:

¿Qué ocurrirá entonces en aquellos eventos en los que la persona que rinde entrevista, bajo la sistemática procesal que se desprende de la Ley 600 de 2000, posteriormente declara bajo la gravedad del juramento y queda al descubierto una variación significativa y sustancial entre lo que manifestó, de manera inicial, y lo que reveló en la segunda oportunidad?

Los fines superiores de la investigación, enfocados en el inquebrantable propósito de descubrir la verdad y sobre ella aplicar el derecho, así como la axiomática pretensión de evitar la estructuración de fenómenos de impunidad judicial, más costosos para una democracia constitucional que los de tipo fáctico, indican que el funcionario judicial debe contar con la opción real de cotejar los contenidos de la entrevista y de la declaración para especificar cuál es el que se ajusta a la exactitud, en atención a la coherencia intrínseca y extrínseca y, así, brindarle valor probatorio a la exposición libre cuando sale airosa de dicho ejercicio analítico.

Tal práctica, dado su sustento, no puede entrañar vulneración de garantías fundamentales para el sujeto pasivo del procedimiento.

Distinto sería el escenario y la respuesta cuando el entrevistado jamás concurre a rendir declaración. En tal evento, la exposición libre no podría ser empleada en la forma que viene de especificarse.

Dicho ajuste hermenéutico, se aproxima bastante a la solución prevista frente al tema en la sistemática acusatoria inherente a la Ley 906 de 2004, al establecer que las entrevistas y demás actos afines de investigación, además de servir como instrumento para refrescar la memoria del testigo (art. 392. lit. d 392, ib.), cuando debido al transcurso del tiempo hay algún aspecto de la facticidad que no recuerda cómo lo apreció en su momento, o impugnar su credibilidad cuando se observan contradicciones entre lo que dice en el juicio oral y lo que dijo con antelación (arts. 347, 393,b, 403.4 y 440, ejusdem), son susceptibles de ponderación o apreciación en sus contenidos, siempre que el derecho de defensa en sus componentes de confrontación y contradicción se mantenga intacto en el juicio oral, de manera que las partes e intervinientes cuenten con la posibilidad y oportunidad de formularle al testigo el contrainterrogatorio que estimen pertinente(129).

6.1.7. Retomando el hilo conductor de este acápite, todo lo que viene de destacarse —los fallidos intentos por desvanecer los señalamientos y las supuestas suplantaciones—, podría estar relacionado con la información que sirvió de fundamento para que la Sala, mediante providencia reservada del 1º de septiembre de 2014 (la cual se puso en conocimiento de los sujetos procesales una vez agotado el procedimiento correspondiente), dispusiera el allanamiento y registro simultáneo y coordinado de tres lugares, es decir, la llamada que se recibió de

(...) una voz masculina con acento costeño que no se quiso identificar y lo único que manifestó era que “el señor P.M. está moviendo mucha plata en las cárceles, pagando testigos a través de su familia y amigos, dinero que él lleva a su casa, como también a su sitio de reclusión, para luego enviar emisarios a repartirlo”(130).

Aquí, es preciso recordar que la Sala, tras estimar que se había recaudado la prueba necesaria para calificar, mediante auto del 1º de septiembre de 2014, dispuso el cierre de la instrucción.

Al mismo tiempo, con fundamento en lo manifestado por una investigadora del CTI destacada ante esta corporación en el informe XXX del mismo día (sep. 1º) y conforme a lo normado de manera específica en el artículo 294 del estatuto procesal penal aplicable al presente asunto, vale decir, la Ley 600 de 2000, profirió un auto reservado por cuyo medio dispuso el allanamiento y registro coordinado y simultáneo de los tres lugares, el cual (junto con el informe aludido y un oficio de trámite relacionado), en atención a lo previsto en el artículo 293, ibídem, se agregó al expediente y se puso en conocimiento de los sujetos procesales el 8 de septiembre siguiente, es decir, una vez efectuados los procedimientos cuando ya no resultaba viable que se interfiera en el desarrollo de los mismos.

En este punto la Corte se detiene para reiterar un pertinente interrogante, concretado desde la acusación:

¿Cuál es la lectura inicial de las situaciones planteadas?

Al margen de los resultados de las diligencias referidas, en el expediente ya se contaba con la prueba necesaria para calificar el mérito del sumario y la Sala, consciente de dicha realidad y sin limitante diversa a su propia convicción razonable estructurada en el análisis del conjunto probatorio, decidió clausurar el sumario.

Sin embargo, ello no era óbice para que las diligencias referidas se practicaran luego de proferido el auto de cierre de investigación en la medida en que, bajo la tesis del acto procesal relevante, fueron decretadas el mismo día. Concluyentemente, otra, contraria, sería la apreciación, si se hubieran dispuesto en providencia de fecha posterior.

En el presente evento, el acto procesal relevante es la providencia de decreto de allanamiento y registro coordinado y simultáneo de los tres sitios y no el momento de aducción o incorporación de los elementos de convicción derivados de tales procedimientos.

Es preciso evocar nuevamente que la labor de investigación criminal, inclusive la asignada a la Sala, se desarrolla por fuera de los estrados y se constituye en un trabajo de campo, compatible con la actividad policial, que se sitúa sobre tesis probables y dinámicas, en permanente búsqueda de validación, donde no se precisa anticipadamente cuál de las alternativas es la correcta, ni es posible especificar, sin margen de error, qué es lo que se logrará(131).

De esta manera, no resulta viable afianzar la investigación a precisos y escrupulosos protocolos como si se tratara de una carta rígida de instrucciones, vinculadas a patrones de comportamiento, constantes y frecuentes.

Así las cosas, se reitera, los allanamientos y registros practicados fueron una decisión legítima, en la medida en que tanto su orden como su ejecución siguieron los cauces constitucionales y legales y se situaron en un contexto de falta de alternativa, necesidad e idoneidad para cumplir los fines superiores de la investigación, enfocados en el inquebrantable propósito de descubrir la verdad y sobre ella aplicar el derecho.

La Sala, al margen de su convicción razonable en torno a la prueba necesaria para calificar el mérito del sumario, definitivamente, no podía hacer caso omiso de la información reportada por el CTI. Todo lo contrario, justamente para cumplir con los fines superiores de la investigación, imperioso se ofrecía proceder con el decreto y práctica de los allanamientos y registros.

Ahora bien, cosa distinta es la apreciación y valoración de los resultados de las diligencias referidas, frente a los cuales, con la finalidad de garantizar a plenitud los derechos de defensa y contradicción, se corrió nuevamente el traslado de ocho días previsto en el inciso segundo del artículo 393 de la Ley 600 de 2000, para efecto que los intervinientes presentaran los planteamientos relacionados con el sentido de la calificación del mérito de la instrucción.

Si no se hubiera procedido de esa manera, no resultaría viable apreciarlas desde la calificación.

Además, el defensor, en sus alegaciones previas a la acusación, valoró y ponderó la eficacia o potencialidad demostrativa de las pruebas obtenidas en los allanamientos. Y, lo propio efectuó en su intervención conclusiva en la audiencia de juzgamiento.

Por último, es preciso señalar que el juez, en virtud de lo previsto en el artículo 232 de la Ley 600 de 2000, tiene el deber de analizar todas las pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación.

6.1.8. Más aún, los resultados de las labores de control o monitoreo telemático validaron que la sustentación de la coartada defensiva del acusado M.A. entrañó un presunto interés o ánimo defraudatorio, el cual, eventualmente, pudo haber comprometido la eficaz y recta administración de justicia.

6.1.9. Pero lo más trascendente de este acápite es que son varios los testigos que ubican al exsenador de la República y exrepresentante a la Cámara por el departamento de XXX P.M.M.A. en diversas reuniones con paramilitares situados en posición de dominio o de mando. Más aún, algunos de ellos dieron cuenta de los propósitos políticos de los encuentros.

Desde la providencia de definición de situación jurídica, luego en la acusación y, ahora, en el acápite de esta sentencia referido a las reglas transversales de apreciación del conjunto probatorio, la Sala indicó que el hecho que los señalamientos provengan de personas que, de una u otra manera, han incurrido en conductas delictivas, no descarta, per se, su credibilidad pues, como se sabe, la valoración de la prueba testimonial debe soportarla el funcionario judicial en múltiples variables, como son la ausencia del interés en mentir del declarante, sus condiciones subjetivas, intención en la comparecencia procesal, coherencia de su discurso y sobre todo la correspondencia con datos objetivos comprobables, amén de sopesar aspectos relacionados con la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido que intervino para la apreciación, las circunstancias espaciales, modales y temporales en que se observó, la personalidad del declarante, la forma de expresión y lenguaje empleados en la narración y demás singularidades que permitan dar crédito a la misma.

Aspectos todos ellos evaluados a favor de quienes efectúan las imputaciones conocidas en contra del acusado M.A., tal como lo hace el representante del Ministerio Público, emergiendo de esta manera que la intervención paramilitar en la vida política del departamento de XXX, particularmente de los municipios de XXX y XXX, no es producto de una maniobra de poder aislada, inconexa o desarticulada, sino consecuencia del acuerdo bilateral entre el señalado dirigente político y el frente XXX, acoplado al bloque XXX, que corresponde a una voluntad ilegal consensuada para propiciar el tránsito del paramilitarismo hacia otras formas igualmente efectivas de dominio y control sobre la población civil y la institucionalidad del Estado.

Así las cosas, se demostró que el acusado se reunió con “XXX”, comandante del frente XXX, cuando aquel ocupaba el tercer renglón de la lista al Senado de la República del movimiento XXX, luego en el año 2003, coincidiendo temporalmente con la aspiración al concejo de XXX de su hermano G. por el mismo grupo político, también en el año 2004 y, ya en la siguiente anualidad (2005), con “XXX”, quien reemplazó al abatido H.R. en la dirección de la estructura armada ilegal, solicitándole el “aval” para hacer campaña a la Cámara de Representantes en el 2006.

Tal relación analítica de señalamientos y hechos objetivos resulta indicativa de la concatenación o progresión en la plataforma política y electoral de P.M.M.A., en orden a conservar la finalidad de la presunta asociación ilícita.

6.2. Objeto de la ilícita asociación para los cabecillas del frente XXX.

Si el propósito de la acreditada concertación criminal para el excongresista P.M.M.A. era obtener apoyo político y electoral para la lista al Senado de la República del año 2002, en la que se ubicó en el tercer renglón y, para él, de manera directa, como aspirante a la Cámara de Representantes por el partido XXX, la finalidad esencial perseguida con la implementación de dicho esquema delincuencial por los cabecillas sucedáneos del frente XXX, al interior del cual, hasta los finados salieron a votar por la lista de XXX al Senado, fue el respaldo financiero para el aparato organizado de poder aludido. Eso es justamente lo que se deriva del conjunto probatorio.

6.2.1. “XXX” informó que el comandante “XXX” comentó que el flujo de dinero en la organización dependía de las relaciones con los políticos.

6.2.2. De manera más precisa, E.A.R.P., alias “XXX” o “XXX”, como se sabe, encargado del “trabajo social” y de recaudar los fondos para el sostenimiento del grupo comandado por “XXX”, el cual se encontraba integrado al frente XXX, recordó, bajo el apremio del juramento, que con el propósito de “afianzar la socialización” de la actividad paramilitar con la población civil intentó montar una emisora comunitaria, que para poder comprar los equipos de radio que vendía un pastor cristiano necesitaba $ 7.000.000, y que para obtener el dinero fue citado a una oficina ubicada en la ciudad de XXX, concretamente cerca al colegio XXX y a un lugar conocido como las “XXX”, lugar en el que fue atendido por P.M.M.A. quien le dijo que L.D.A.D. le entregaría el dinero.

Nótese que el excongresista M.A. informó en su indagatoria que su entrañable amigo A.D. arrendó una oficina, de propiedad de R.C., que se encontraba situada justamente en el sitio referido.

Adicionalmente, el propio A.D. reconoció que arrendó dicho inmueble, situado justamente en el lugar referido por “XXX”, al lado de una oficina de propiedad de E.P., papá de C.A.P.C.(132).

R.P. añadió que dicho ciudadano (A.D.) le entregó los $ 7.000.000 que provenían de un contrato de una vía en el municipio de XXX, que para “legalizar” el desembolso debió firmar un recibo provisional de caja por concepto de “transporte de material de relleno”, que cuando se entrevistó con M.A., quien describió como un hombre de 40 años, con barba y bigote, grueso, trigeño y de 1,74 metros de altura, le dijo que era la persona que venía por los recursos para “XXX”, y que finalmente dicho cabecilla se quedó con el dinero bajo el pretexto que los necesitaba para el sostenimiento del grupo(133).

6.2.3. En sus alegaciones conclusivas, el agente del Ministerio Público consideró que el interrogador “sembró” en el declarante R.P. la idea de los contratos de la alcaldía de XXX, es decir, lo indujo y que, por dicha razón, el testimonio estaba viciado. Así, estimó que dicha prueba se perdió en tal aspecto.

Por ello, resulta imperioso que se especifique con absoluta claridad lo que realmente ocurrió en la diligencia de declaración rendida el 31 de mayo de 2010 por “XXX”.

Al respecto, lo primero que debe decirse es que la mención de M.A. por parte del testigo surgió de forma absolutamente espontánea cuando se le indagó si por razón de su desempeño como paramilitar tuvo algún contacto con él, a lo que contestó afirmativamente(134).

A continuación, se refirió al tema de la obra aludida, referenciando a “XXX” como la persona con quien, en últimas, se entendió para obtener los $ 7.000.000. Indicó que cuando le contó a “XXX” que había procedido de esa manera este le dijo que “esa gente ya había arreglado directamente con XXX” y que ya “habían hecho los aportes”. Sin embargo, insistió en el requerimiento en tanto operaban en la zona y debían contribuir.

Luego, relató el primer encuentro con M.A., quien fue la persona que autorizó la entrega del dinero por parte de A.D.

Con posterioridad, mencionó que “XXX” se interesó en apoyar política y económicamente a J.N.A.F. con el propósito que fuera reelegido al concejo de XXX(135) y, por ello, le pidió que se entrevistara con M.A. quien le dijo que no lo respaldaría porque el mencionado candidato lo había “trampeado”.

Refirió que en esa misma oportunidad, el acusado le comentó que en el pasado había apoyado a muchos concejales, incluyendo a A.F., así como al alcalde H.R.A.S. y que si “XXX” insistía en el tema hablaría con “XXX”. Añadió que incluso M.A. le mostró las letras que le habían firmado las personas a las que patrocinó.

Después, dijo que el acusado le contó que A.S. se había comprometido con él y le había incumplido y que no le dio ninguna participación dentro de los “manejos de la alcaldía”.

Por lo anterior, el funcionario comisionado exhortó al testigo para que explicara si el tema de los manejos se podía asociar con la contratación(136), ante lo cual el declarante señaló que eso había sido lo que le dijo el acusado, sin afirmar o aseverar lo que se le preguntó ni agregar absolutamente nada.

Al retomar el tema de la recepción del dinero y de la suscripción del recibo provisional de caja para legalizar el desembolso(137), el funcionario comisionado requirió al declarante para que indicara si ello había ocurrido en el marco del contrato referido, lo cual fue validado por “XXX”.

De esta manera, contrario a lo que sostiene el Ministerio Público, no es cierto que el interrogador “sembró” en el declarante R.P. la idea de los contratos de la alcaldía de XXX, vale decir, lo indujo, en tanto, es claro que la mención de un contrato de una vía en el municipio referido surgió de manera desprevenida. Además, los metódicos requerimientos del funcionario comisionado se presentaron para darle claridad, ilación y secuencia al trascendente relato del testigo.

Por lo demás, existe un hecho cierto e indiscutible y es la sincera evocación del acusado como la persona que, en últimas, autorizó la entrega de los $ 7.000.000 al paramilitar mencionado.

Así las cosas, dicho testimonio no está viciado ni se pierde en ningún aspecto.

6.2.4. Como era de esperarse, en tanto esa fue justamente la constante, durante la fase probatoria del juicio, “XXX”, trató, vanamente, de desvanecer la clara y desprevenida sindicación que realizó de manera previa refiriendo que el acusado no tuvo nada que ver con el apoyo a la emisora comunitaria y, por ende, con la entrega de los $ 7.000.000(138). Ello fue resaltado por M.A. en sus alegaciones finales.

En efecto, en sesión de audiencia de juzgamiento del 21 de junio de 2016, “XXX” desligó al acusado de la entrega del dinero señalando, de manera verdaderamente cínica e inverosímil, que mediante una presunción mezcló los dos episodios relacionados con M.A. que fueron referenciados en líneas pretéritas, es decir, la contribución financiera a la eventual emisora paramilitar y la solicitud de apoyo político y económico para J.N.A.F.

Así, indicó que fue a hablar con M.A. sobre el tema referido (apoyo político y económico para J.N.A.F.) el día en el que A.D. le entregó el dinero.

Dicha justificación no resulta atendible en la medida en que se opone al esquema delincuencial que aquí se reveló y, además, se acompasa con la malograda sustentación de la coartada defensiva del acusado.

Además, lo cierto es que en la ampliación de declaración, “XXX” no pudo desconocer que fue a hablar con el acusado por órdenes expresas de “XXX”.

6.2.5. Ahora bien, mediante inspección realizada en la alcaldía de XXX, se demostró que dicho municipio implementó el convenio interadministrativo XXX con el fondo XXX, del cual se derivó el convenio de la misma índole XXX de 2002 con la administradora XXX, por valor de $ 1.025.598.240, para el mejoramiento de la vía que de dicha municipalidad conduce a XXX (K0+XXX - K17+XXX)(139).

Y, que el ingeniero asistente técnico por parte de la cooperativa fue precisamente L.D.A.D.

Además, se

(...) evidenciaron sendos pagos al señor L.B. por concepto de alquiler de maquinaria buldócer utilizada en el tramo contratado en el convenio XXX, amén de que este convenio contenía dentro de su ejecución la explanación, corte y afirmado; estos pagos presentan como característica que no aparecen autorizados ni la resolución de pago ni el comprobante de egreso, por el ordenador del gasto.

Con tales hallazgos objetivos cobra sentido y consistencia la forma seleccionada para “legalizar” la canalización de los $ 7.000.000 del convenio al que se refirió “XXX” hacia la causa paramilitar.

6.2.6. Adicionalmente, recuérdese que en la declaración inicial “XXX” o “XXX”, manifestó que cuando fue a hablar con el acusado, por órdenes expresas de “XXX”, para que aquel patrocinara política y económicamente a A.F. con el propósito que fuera reelegido al concejo de XXX, el acusado le comentó que en el pasado había apoyado a muchos concejales, incluyendo al citado y al alcalde A.S. Añadió que incluso M.A. le mostró las letras que le habían firmado las personas a las que favoreció.

Aparece entonces el excongresista M.A. referenciado como financiador de campañas al concejo y a la alcaldía en municipios del departamento de XXX, particularmente en XXX, en el año 2003, señalamiento que se acopla lógicamente al esquema delincuencial que se viene revelando.

Señálese que un comandante de un grupo armado ilegal de autodefensa le remite al procesado a la persona que funge como “gestor” social y financiero, para que apoye económicamente al candidato al concejo afín a la causa paramilitar, lo cual, en últimas, no se concreta, por el incumplimiento de compromisos pasados asumidos por este, pero no porque el acusado resultara ajeno o extraño a la realidad ilícita que se viene investigando. Todo lo contrario, las situaciones expuestas y las que faltan por reseñar y analizar evidencian una afinidad absoluta.

Además, el acusado le refirió a “XXX” que si “XXX” insistía con el tema de A.F. hablaría con “XXX”.

Recuérdese que en la declaración inicial “XXX” indicó que el alcalde de XXX A.S. se comprometió a entregar $ 5.000.000 mensuales a la estructura paramilitar comandada por R.L.R., alias “XXX”, y que el testigo es la persona que aparece como beneficiaria de varios pagos de dicha municipalidad, precisamente bajo la administración del citado (A.S.), financiado políticamente por el acusado y por, justamente, desarrollar “trabajo social”, luego de vincularse al grupo paramilitar referido para “socializar” el ilegal quehacer.

Es preciso señalar que si bien A.S. negó de manera categórica que el procesado lo hubiera financiado, las revelaciones de esta investigación conducen a apuntalar la posición contraria, tal como más adelante se concretará.

6.2.7. Adicionalmente, A.A.B.M. identificó a L.D.A.D. como un ingeniero amigo del procesado y como contratista en XXX de “una vía”, así como en XXX(140). Y, N.M.M. también reconoció la amistad entre ellos. Con tales circunstancias se refuerza la credibilidad del testimonio inicial de “XXX” o “XXX”.

6.2.8. En este punto, conveniente se ofrece resaltar varias situaciones concatenadas y acreditadas, algunas de ellas ya resaltadas, las cuales, lejos de ser simples coincidencias o casualidades, vienen a dotar de significación y contundencia el señalamiento criminal que se concretó respecto de M.A. Estas son:

i) Mediante resolución XXX del 13 de enero de 1999, el director general del fondo XXX, nombró al procesado como subdirector general código XXX, grado XXX, de la subdirección de planeación(141).

En dicha entidad, vinculada al Ministerio de Agricultura, fue encargado de la subdirección de operaciones y de la dirección general (del 15 de diciembre de 2000 al 22 de enero de 2001).

Y, a través de resolución XXX del 10 de septiembre de 2001 se aceptó su renuncia irrevocable al cargo.

ii) V.B.S. informó, en declaración, que postuló y ayudó a M.A. para el cargo en el XXX.

iii) En el año 2002, M.A. se ubicó en el tercer renglón de la lista al Senado de la República por el movimiento XXX, encabezada por V.B.S.(142), condenado justamente por concertarse para promover grupos paramilitares(143).

iv) “XXX” señaló que V.B.S. solicitó apoyo electoral a “XXX” para el movimiento político referido, el cual, en últimas, perdió su personería jurídica a partir del 20 de julio de 2006(144), por no inscribir listas de candidatos al Congreso de la República para el período constitucional 2006-2010, en las elecciones realizadas el 12 de marzo de la primera de tales anualidades. Eso es justamente lo que se desprende de la resolución XXX del 13 de julio de 2006 expedida por el Consejo Nacional Electoral(145).

v) La asamblea de constitución de XXX, que se realizó el 18 de diciembre de 1998, contó con la asistencia de personas que luego serían condenadas por concertarse con grupos paramilitares como M.S.N.M. y R.E.M.A.(146).

vi) M.S.A.R., alias “XXX” o “XXX”, jefe y enlace político del frente XXX y hermano de G.A.A.R., alias “XXX”, “XXX” o “XXX”, aspiró al concejo de XXX en el año 2003 por dicho movimiento político, lo mismo que G., el hermano del procesado; y A.F. se registró como candidato al concejo de XXX, bajo presión de “XXX” y de manera fraudulenta, precisamente por el mismo grupo.

vii) Existe una actuación disciplinaria respecto de V.B.S. y M.A. como Senador de la República y subdirector del XXX, respectivamente, por situaciones relacionadas con la inversión de recursos del fondo XXX en varios municipios.

Y, se halló una investigación de la misma índole contra el procesado y el director del XXX por irregularidades contractuales(147).

viii) M.A., como funcionario del DRI, interactuó en mesas técnicas con A.V.A., directora jurídica de la administradora pública XXX. Así lo puso de presente dicha ciudadana en su testimonio.

ix) L.D.A.D. fue el ingeniero asistente técnico por parte de la cooperativa referida en el convenio interadministrativo XXX de 2002.

x) Durante la fase probatoria del juicio, A.D. reconoció que sí tuvo manejo de dinero en el convenio interadministrativo XXX de 2002, canceló obreros y maquinaria e hizo los pagos en la oficina referida por “XXX” y que en dicha obra se requirió material de relleno proveniente de canteras. Ello a pesar de negar vehementemente que no entregó los $ 7.000.000.

Así, no le asiste razón al defensor cuando señala que no hay certeza de que el ciudadano mencionado (A.D.) “manejara” el contrato de donde salió el dinero.

xi) A.D. es hijo de G.E.A.D., aportante a la campaña al Congreso de la República de M.A. en el año 2010.

xii) A.A.B.M. identificó a L.D.A.D. como un ingeniero amigo del procesado y como contratista en XXX de “una vía”, así como en XXX(148).

El primo del procesado N.M.M. también reconoció la amistad.

xiii) A.D., bajo la gravedad del juramento, negó el vínculo de amistad con M.A. indicando que simplemente lo conocía como persona y como Representante a la Cámara y no como amigo, “como cualquiera”. Y, precisó que no ha tenido con él relaciones cercanas o “íntimas”, ni vínculos de negocios ni ha desarrollado actividades productivas de manera conjunta(149).

xiv) En su testimonio inicial, A.D. manifestó ser soltero. No obstante, por labores de vecindario y al cruzar direcciones, se estableció que es compañero sentimental de E.C.B.

La dirección de A.D. que figura en el directorio telefónico de la ciudad de XXX del año 2008 (página XXX), es decir, carrera XXX - XXX, barrio XXX, coincide con la que reporta C.B. en el RUT, quien, además, fue aportante a la campaña al Congreso de la República de M.A. en el año 2010.

xv) A.D. ha sido contratista de obras civiles en el departamento de XXX y en la ciudad de XXX(150) y figura como ingeniero civil en el consorcio XXX junto con L.A.G.R., interventor del convenio interadministrativo XXX de 2002.

xvi) El exconcejal de XXX J.N.A.F. informó que junto con el “señor XXX” denunció ante la Contraloría General de la República que las autodefensas se estaban apropiando del dinero y del cemento del convenio interadministrativo XXX de 2002 y que, por ello, mataron a dicho ciudadano y él tuvo que desplazarse a XXX(151).

xvii) A.D. se desempeñó como director seccional del Instituto Nacional de Vías, Invías.

xviii) El creíble, consistente y coherente testigo “XXX” reiteró que entre diciembre 2002 y junio o julio de 2003 M.A. se reunió en muchas ocasiones con “XXX” en la finca “XXX” y en otros lugares en los que este permanecía y que el mencionado llegaba acompañado de “N.G.S.”(152).

Reveló que “N.G.” era conocido como “XXX” o “XXX”.

Se acreditó que “N.G.” era L.F.G.S., quien falleció violentamente el 9 de enero de 2009 tras ser atacado por sicarios en la ciudad de XXX. Además, se precisó que el día del homicidio el occiso tenía cuatro celulares, entre ellos el XXX que estaba a nombre de L.D.A.D.(153). Eso fue precisamente lo que informó —en entrevista rendida en el proceso adelantado por dicho suceso— la esposa de la víctima E.M.L.A.

Además, es preciso destacar que durante el juicio, “XXX” indicó que “N.G.” era su enlace para no “dar la cara” y que permanecía con él.

xix) Las labores de control o monitoreo telemático llevadas a cabo en esta única instancia permitieron develar que L.D.A.D. estuvo encargado de recoger para el acusado caudales producto de la contratación relacionada con la infraestructura vial —construcción o mantenimiento, mejoramiento, adecuación, etc.— en el departamento de XXX y de contactar testigos para manipular sus dichos mediante el ofrecimiento de dinero.

xx) M.J.O.R. aparece registrado como aportante a la campaña al Congreso de la República de M.A. en el año 2010, como coordinador XXX de la Cámara de Representantes y como delegado de XXX en un acta de determinación del impacto ambiental en la vereda XXX del convenio interadministrativo XXX(154).

xxi) Fue encontrado un poder amplio y suficiente otorgado por el acusado a C.A.P.C., exalcalde de XXX, para desarrollar ante el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, el proyecto denominado “XXX”.

xxii) L.A.G.R., interventor del convenio interadministrativo XXX de 2002, manifestó que el acusado le pidió que apoyara políticamente a P.C. y a su hermano G.

xxiii) N.M.M., primo del procesado, se desempeñó como gerente de la empresa social del Estado hospital XXX, durante la administración de P.C. Y,

xxiv) En los allanamientos simultáneos y coordinados practicados a tres lugares relacionados con el procesado, incluyendo el sitio en el que permanecía cumpliendo la detención preventiva, se encontraron documentos referidos a negocios y contratos de diferentes municipios como XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, en los que se referencian a A.D. (como “L”, “L.A.” o “LAD”), Invías, el hospital XXX, así como participaciones, pagos, saldos y se registran

(...) porcentajes y relación exacta de costos de los mismos y sus respectivas asignaciones presupuestales. Se hallan un sinnúmero de títulos valores entre ellos, cheques y unos pagarés en blanco pero a nombre de personas, que consultadas las bases de datos, se encuentra que pertenecen a la nómina de algunas alcaldías y han ejercido la política (alcaldesa, secretaria de gobierno, inspector de policía, etc.) incluso del departamento de XXX, más exactamente del municipio de XXX (O.J.L.).

El tema del hospital XXX ESE, dada su relevancia valorativa y al ser uno de los cinco ejes temáticos de las alegaciones finales de la defensa, será objeto de profundización en líneas siguientes, por el momento, dígase que en la medida en que “XXX” informó que M.A. le mostró las letras que le habían firmado las personas a las que había patrocinado, es de destacar el hallazgo en el dormitorio del procesado en la sede del grupo de carabineros XXX de XXX, ubicada en la avenida XXX Nº XXX de XXX, de tres pagarés firmados en blanco, con sendas cartas de instrucciones y fotocopias de cédulas de otorgantes, entre ellos G.B.P. y M.C.H.M., quien se desempeñó como alcaldesa encargada de XXX.

Durante el juicio, los ciudadanos mencionados trataron de explicar su figuración en tales documentos indicando que para reemplazar al suspendido alcalde de XXX W.R.R., capturado por concertarse con grupos paramilitares, se configuró con ellos una terna y que para presentar la hoja de vida en XXX (en el partido XXX), M.T. les prestó $ 3.000.000.

Además, señalaron que L.E.A.G., esposa del acusado, tuvo algún tipo de participación en dicho tema. Mientras que B.P. indicó que antes de prestarle la plata T. llamó a A.G. y que ella autorizó el desembolso; H.M., por su parte, precisó que los recomendó para la terna referida.

Es preciso resaltar que M.T. aparece referenciado en la prueba de vigilancia telefónica como un amigo “leal” al acusado.

Adicionalmente, pese a que la diligencia se realizó a través de videoconferencia desde la ciudad de XXX, B.P. se patentizó bastante impreciso, inseguro y errático frente a los interrogantes formulados por la Sala y, que cuando se refirió al tema de la terna, entró en una evidente crisis nerviosa que, a la postre, lo condujo a señalar que lo estaban “confundiendo” y a preguntar con evidente desespero: ¿Por qué razón estaba rindiendo testimonio ante la Corte? Finalmente, el declarante fue asistido por un paramédico y ante el resultado de la toma de presión arterial (140/100) el testimonio fue suspendido.

Aparte de la figuración de la esposa de M.A., debe destacarse que la suma recibida por los declarantes, a título de préstamo, es verdaderamente excesiva, si se tiene en cuenta que estaba destinada a sufragar unos gastos para radicar una hoja de vida en XXX. Así, el motivo real de figuración de tales ciudadanos en los documentos referidos no fue precisado. Y, ello es intrascendente en esta única instancia, en tanto, dicha situación no es objeto de prueba o thema probandum aquí sino un tema accesorio o complementario que se vincula con el núcleo del señalamiento.

Al respecto, el defensor manifestó en sus alegaciones conclusivas que el tema de los pagarés era investigado ante una compulsa de copias. Ello es desacertado en la medida en que dicho asunto, en efecto, fue averiguado, pero ante una notitia criminis independiente que, en la Corte, dio origen al radicado XXX.

De esta manera, las circunstancias concatenadas y acreditadas, insiste la Sala, lejos de constituir simples coincidencias o “casualidades del destino”, vienen a dotar de significación y contundencia la imputación que se efectuó respecto de M.A.

6.2.9. Definitivamente, la demostrada vinculación del acusado a la financiación de campañas a los concejos y a las alcaldías municipales, principalmente en XXX, para obtener beneficios burocráticos y económicos, es un tema accesorio que se vincula con el núcleo del señalamiento, en la medida en que allí está la fuente de recursos que le permitió observar el compromiso que asumió al interior del acuerdo ilícito.

No se pierda de vista que en el proceso existen específicas trazas relacionadas con la procedencia de los fondos con los cuales el hoy excongresista M.A. financiaba candidatos y, lo que ahora resulta reprobable en la órbita del derecho penal, el paramilitarismo en el departamento de XXX.

Por lo demás, tal como sostuvo la Sala en el auto por cuyo medio declaró que conservaba competencia para continuar conociendo la instrucción que adelantó respecto del hoy excongresista de la República P.M.M.A., luego del vencimiento de su período constitucional —reiterado en la acusación y, ahora, en esta providencia—, lo que viene de concluirse conduciría a predicar una influencia directa e indirecta, sostenida y permanentemente, en las administraciones municipales que, sin lugar a equívocos, adopta el aspecto de corrupción sistemática, dejando a la vista ánimos de poder y riqueza, divorciados de cualquier asomo de altruismo, compromiso institucional, sentido de pertenencia y vocación de servicio oficial.

Conocido es, de manera pública, que en el ejercicio de la política, en algunos eventos, constituye práctica común, y no por ello legal y legítima, la “apropiación” de las instituciones del Estado, bajo el ropaje de lo que en ese medio denominan “acuerdos políticos”, lo cual, sin eufemismos y distractores retóricos, no es otra cosa que la entrega material de esos organismos para su despojo, cediendo el poder de decisión y su burocracia a cambio de apoyos electorales, seguido de un torbellino de irregularidades que parten del tráfico de influencias, pasan por la cesión de la contratación y, en ocasiones, llegan hasta el desmantelamiento y devastación total.

Adicionalmente, es hecho de dominio común que, en algunos casos, desde colectividades partidistas, se ejerce el poder sobre las instituciones oficiales y, así, cooptada su burocracia, se colocan en función o al servicio de intereses muy particulares, ya económicos, ora político-electorales, con las mayores atribuciones, como si no fueran entidades del patrimonio estatal sino propias, donde se manosea, se “quita” y se “pone”, al vaivén de intereses ajenos, la misión institucional.

Todo lo dicho se concreta en administraciones politizadas, divorciadas de su afán misional, orientadas a proveer réditos políticos y económicos a quienes las rigen, bajo el ejercicio sistemático de tráfico de influencias, corrupción de sufragantes, participación en política, celebración indebida de contratos y las demás tipologías delictivas que, a ese propósito, determinen las oportunidades.

En el presente evento, el testimonio que V.B.S. —reconocido mentor del acusado— rindió en la ciudad de XXX el 21 de marzo de 2014 está atestado de referencias crudas y cínicas a tales prácticas. Nadie llega a un cargo público porque sea muy inteligente, por ello, la premisa que se configura consiste en que la recomendación política se cambia por el apoyo electoral, es decir, para acceder al servicio público, el delito de tráfico de influencias, por encima de los méritos, es lo determinante. Si alguien desea ser nombrado o mantenerse en el cargo, a esa perversa práctica de corrupción, del delito, de la mal llamada política, tenía que ingresar y someterse, no solo empeñando su libertad de elección y su conciencia sino integrando comités, juntas, convites o correrías políticas, e inclusive subsidiando las campañas a través de aportes económicos, rifas o bonos, tolerando y permaneciendo en silencio, fiel a “la causa”.

Tales apreciaciones no conllevan, de modo alguno, a asumir y precisar que la práctica política-electoral resulte per se corrupta y, por ende ilícita e ilegítima. En realidad, solo lo será aquella que presente y exalte los componentes que vienen de referirse.

6.2.10. Cambiando de óptica, en un principio, “XXX” asoció temporalmente la entrega de $ 1.500.000.000 procedentes de la política a R.L.C., por parte del jefe financiero “XXX”(155), quien “hablaba mucho”. En torno a dicho particular, precisó que la primera reunión que presenció entre “XXX” y los hermanos M. (P. y G.) tuvo lugar hacia la mitad del año 2003, concretamente en el mes de junio y que la millonaria suma llegó a la organización en marzo o abril del año siguiente(156).

Adicionalmente, “XXX” declaró que P.M.M.A. estructuró un “pacto” con las autodefensas al interior del cual, perdiera o ganara en lo electoral, debía “colaborarles” con dinero, en un porcentaje que no conoció(157).

Por ello resulta viable enlazar desde el punto de vista analítico la entrega de la cuantiosa suma de dinero con el cumplimiento del “pacto” ilícito por parte del investigado.

No se pierda de vista que “XXX”, “XXX” y “XXX”, señalaron que L.C. resultó involucrado en una operación de lavado de activos en beneficio de H.R. y del jefe financiero de la estructura paramilitar tantas veces referida conocido como “XXX”. En similar sentido declararon U.A., “XXX” y “XXX”. Además, el primero referido añadió que al ciudadano mencionado (L.C.) le faltó postularse como paramilitar.

Reálcese que L.C. fue capturado en flagrancia por “el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego” (negrita del texto original) y que, en la diligencia de declaración, se mostró como un testigo no apto para declarar ante una repentina y conveniente falla de memoria, la cual, dicho sea de paso, no se compadece con la conclusión de la junta regional de calificación de invalidez del XXX consistente en “Cirrosis hepática alcohólica, acompañado (sic) de varias esofagitis con sangrados recurrentes encefalopatía + alteraciones de función hepática”.

Sin embargo, ante la posición asumida por el testigo, el funcionario comisionado estimó que no era procedente realizar la declaración al tratarse de un testigo aparentemente inhábil que no recordó ni sus generales de ley.

6.2.11. Ahora bien, “XXX” reseñó que las reuniones entre “XXX” y los hermanos M. fueron de “gran vitalidad, de apoyo”(158), que aquellos llevaban dinero a su comandante producto de “contrataciones”, que en alguna ocasión, con la mujer de H.S., ayudó a contar aproximadamente $ 65.000.000 que había entregado G. y que no se enteró que el procesado hubiera transferido dinero a “XXX”(159).

Aunque resulta indiscutible que la responsabilidad penal es individual y no familiar o colectiva, la forma como, al parecer, se configuró el acuerdo ilícito en este caso permite vincular al acusado con la entrega de ese dinero. No se pierda de vista que existen pruebas que ubican a P. y a G., juntos, en reuniones con personal paramilitar.

6.2.12. También se acreditó, desde la investigación previa, que la empresa social del Estado hospital XXX, regentada por el primo del procesado N.M.M., quien, durante la alcaldía de C.A.P.C. (representante del acusado para desarrollar ante el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, el proyecto denominado “XXX”), fue nombrado mediante resolución XXX del 19 de enero de 2005 y tomó posesión del cargo en esa misma fecha (acta XXX), contrató con la empresa XXX en nueve ocasiones entre el 11 de mayo de 2005 y el 12 de diciembre de 2007(160).

Por ello, se efectuó seguimiento a los recursos girados por el hospital a la firma referida, los cuales fueron consignados en las cuentas XXX (corriente) y XXX (de ahorros)(161).

Y, se determinó, entre otras situaciones, que a cargo de la cuenta corriente aludida del banco XXX fueron girados siete cheques a nombre de H.M.A., hermano del acusado. La siguiente es la relación de los desembolsos:

FechaCuantía
21 de junio de 2006$ 9.000.000
24 de junio de 2006$ 7.000.000
5 de julio de 2006$ 9.400.000
18 de agosto de 2006$ 4.450.000
19 de octubre de 2006$ 8.500.000
1 de noviembre de 2006$ 4.000.000
6 de diciembre de 2006$ 8.000.000

Se tiene entonces que un consanguíneo del acusado recibió $ 50.350.000 entre el 21 de junio de 2006 y el 6 de diciembre de ese mismo año. Las microfilmaciones de los cheques hacen parte integrante del expediente.

Dichos hallazgos objetivos, considerados de manera aislada, no tendrían la virtualidad de comprometer la posición personal del acusado, de no ser porque durante la investigación se logró determinar que H.M.A., subcontratado por XXX para cumplir los compromisos contractuales asumidos para con la empresa social del Estado hospital XXX, es socio capitalista de la compañía XXX compañía Ltda., de la cual también hacen parte, en esa misma condición, F. y F. M. A., hijos de P.M.M.A.(162).

Además, se tiene que la actual propietaria de la firma XXX es I.G.C.O., antes cuñada de H.M.A. y, ahora, esposa, tal como lo señaló el acusado en su indagatoria.

Por otro lado, en las diligencias de allanamiento y registro se hallaron varios documentos que, dada su estrecha conexión con el señalamiento que se concretó en relación con el acusado, llaman la atención de la Corte, entre ellos, una agenda en la que aparecen relacionados, como asuntos pendientes, empleados o contratistas (con sus datos personales, vale decir, dirección, número telefónico de contacto, etc.) y cargos (médico, almacenista, promotor, etc.) del hospital XXX, sigla “XXX”, vinculándolos (a manera de cuotas) con su primo N.M.M., como “XXX”, su hermano G.M.A., como “XXX” y su esposa L.E.A.G., como “XXX”. Además, se señala si deben mantenerse vinculados o no.

Lo que viene de precisarse, contrario a lo que ha sostenido el acusado de manera reiterada, confirma su injerencia burocrática en los asuntos de la empresa social del Estado mencionada, pues no de otra manera se explican los registros, a manera de ayuda de memoria, y el hallazgo de la agenda que los contiene en su residencia en XXX.

Adicionalmente, recuérdese que G.C. refirió(163) que el ciudadano N.M.M., como se sabe primo hermano del acusado, quien se desempeñó como gerente del hospital XXX ESE, durante su administración, prestó asistencia en salud y logística a la estructura paramilitar que dirigió y determinó la canalización de recursos financieros procedentes de la contratación hacia esta, obteniendo un nada despreciable beneficio de índole económico por tal gestión.

Por lo demás, el mencionado G.C. precisó, bajo la gravedad del juramento, que se desplazaba en la camioneta Nissan XXX de la gerencia del hospital para evitar los controles de las autoridades, que M.M. prácticamente “era un trabajador” suyo y, de manera verdaderamente reveladora y descriptiva, que al mencionado “únicamente le faltaba la pistola en la cintura”.

Resáltese que a G.C. no se le cree cuando, de manera categórica, niega haberse relacionado con M.A., al resultar contraevidente. A contrario sensu, resulta verosímil respecto de las relaciones con M.M., al ser un tema acreditado con suficiencia (confirmado con otros medios de prueba).

Así, discrepante con lo que sostiene el defensor en sus alegaciones finales, el acuerdo de “XXX” con N.M.M. no solo compromete a este sino, también, a su cliente, en la medida en que, se demostró en el proceso, los asuntos del hospital referido verdaderamente captaron la atención, así como la actividad del acusado. Dicha conclusión no se desvirtúa con el hecho consistente en que no hubiera sido viable probar que M.A. tuvo participación o injerencia en el nombramiento de su primo como gerente, en tanto, concretada la designación, sobrevino el desarrollo del entramado de ilegalidad.

Surgieron así otros vestigios relacionados con la procedencia de los fondos, con los cuales el excongresista M.A. financiaba candidatos y, lo que ahora resulta desvalorado, el paramilitarismo en el departamento de XXX.

6.2.13. Con todo lo precisado en este acápite se resuelven los precisos interrogantes formulados por el acusado en su intervención final:

i) ¿Con qué recursos públicos financió a los paramilitares?

Con los destinados de manera lícita a la salud y a la infraestructura vial de, por lo menos, un municipio perteneciente al departamento de XXX (XXX).

ii) ¿Para qué le resultó útil a las autodefensas?

Para desviar ilegalmente hacia las autodefensas tales recursos.

6.3. Elucidación de la figuración de M.S.A.R., alias “XXX” o “XXX”, jefe político y social del frente XXX y de otros temas relacionados.

6.3.1. En entrevista realizada por funcionarios del CTI el jueves 11 de diciembre de 2008, documentada en un archivo de audio, M.S.A.R. señaló, de manera espontánea y desprevenida, que “en varias oportunidades” vio reunido a M.A. con “XXX” en el alto XXX, que aquel hacía parte del grupo político de V.B.S.(164) y que cuando llegaba la “época decembrina” su comandante (“XXX”) le manifestaba que acudiera al acusado para que los ayudara con los regalos.

Al ser interrogado respecto de la existencia de amenazas en contra del acusado por parte de paramilitares manifestó, de forma reveladora, que no cree “que a un amigo tengan que amenazarlo”, que eso era “ridículo”, que si bien M.A. no tenía una afinidad “al cien” con “XXX”, sí la tenía con “XXX”(165), y que este le manifestó que el procesado “era amigo”.

Al ser citado a declarar, concretamente, el 28 de enero de 2009, indicó que no vio a M.A. en los sitios en los que permanecía “XXX” y que no tuvo conocimiento de la existencia de reuniones entre el acusado y su jefe (“XXX”) ni entre aquel y “XXX”.

Luego, en ampliación de testimonio del 8 de julio de 2009, evidenciando una desfachatez infinita, desconoció que la entrevista hubiera sido grabada. Además, señaló que si ello ocurrió no lo advirtió y, para rematar, negó categóricamente que “XXX” se reuniera con el acusado y recordó que M.A. era “enemigo” de las autodefensas y fue “retenido, por no decir secuestrado”, por estas, cuatro días antes de las elecciones del año “2000”(166).

Con posterioridad, mediante oficio XXX del 11 de mayo de 2011, un investigador de la sección de análisis criminal del CTI incorporó al expediente un video, entregado por una fuente humana anónima en la ciudad de XXX, en el que aparece una persona que se “identifica como M.S.A.(sic) R., C.C. XXX de XXX, quien dice haber pertenecido a las autodefensas desde el año 2000 con el alias de XXX y fue comandante político del frente XXX”(167).

En dicho video, “XXX” o “XXX”, volvió a manifestar, tal como lo hizo en la entrevista documentada en archivo de audio, que vio al acusado reunido con “XXX”.

Por ello, el 21 de junio de 2011, nuevamente fue escuchado en declaración con el propósito de ser confrontado con el tenor de tales registros (entrevista y video). En dicha oportunidad, tras reconocer su voz, su imagen y los contenidos correspondientes, explicó que(168):

i) Concretó tales señalamientos en la entrevista por “odio” en contra de M.A., al haberle cerrado las puertas en la política cuando aspiró al concejo de XXX. Y,

ii) El video fue grabado en la cárcel de XXX, concretamente en la celda de A.A.C., quien aprovechándose de su calamitosa situación personal le prometió pagarle $ 3.000.000 que jamás le entregó.

Agregó que A.C. estaba constituyendo prueba en contra de la familia O. y a su favor en el proceso por delitos de lesa humanidad, que leyó un libreto manuscrito por el propio interesado, que el acusado fue objetivo militar de las autodefensas y que incluso se dio la orden de “ajusticiarlo”.

Así, luego de suministrar dichas justificaciones, el grado de procacidad de su proceder procesal se incrementó al señalar que perteneció a las autodefensas pero que no es un “bandido” ni un delincuente y que no se vende “al mejor postor”.

Es preciso señalar que se encuentra acreditado que “XXX” o “XXX” aspiró al concejo de XXX en el año 2003 por el movimiento XXX, relacionado justamente con el acusado, obteniendo 735 votos. Así, no es cierto que M.A. le hubiera cerrado las puertas en la política cuando aspiró a dicha corporación.

Por lo demás, las explicaciones del testigo no solamente se aprecian aisladas desde el punto de vista probatorio, vale decir, carentes de respaldo, sino además, opuestas a todo lo que se viene revelando.

A contrario sensu, son los señalamientos concretados los que se vinculan con el conjunto probatorio, indicativos de la cercanía de M.A. con “XXX” y que este fue un amigo y no un enemigo de las autodefensas como lo quiere hacer ver “XXX” o “XXX”, varios declarantes, la defensa y el mismo acusado.

Adicionalmente, las explicaciones de “XXX” o “XXX” contienen reseñas absurdas e inadmisibles, desde el punto de vista lógico y jurídico, tales como afirmar que un video en el que se mencionan a varias personas como aliados de los paramilitares puede constituir prueba de descargo para A.C. en el proceso por delitos de lesa humanidad.

Por lo demás, A.C. negó, de manera categórica y bajo la gravedad del juramento, la situación suministrada a manera de excusa por “XXX”(169).

Y, para completar el cuadro relacionado con “XXX”, al expediente fue incorporado un disco contentivo del registro de una entrevista radial concedida por él, con posterioridad a la última ampliación de declaración, en la que manifiesta que todo lo que dijo en el video referido corresponde a la verdad, esta es los “comprometimientos que tienen muchos políticos de XXX” con “XXX”(170).

A dicha entrevista radial se refirió el testigo A.C. quien aclaró que fue rendida ante C.Q.R. de XXX estéreo de XXX.

Toda la dinámica descrita evidencia un presunto interés o ánimo defraudatorio de “XXX”, cuya motivación real fue develada, tal como se precisará a continuación, el cual, eventualmente, podría comprometer la eficaz y recta administración de justicia y, además, entraría a sustentar una coartada defensiva.

No debe pasar desapercibida la coincidencia en el lenguaje empleado por “XXX” y el utilizado por el acusado en su indagatoria al señalar que antes de las elecciones del 2002 fue retenido por un “comando” de autodefensas y conducido a un sitio conocido como “XXX”, con la cabeza tapada con un pasamontañas y con el propósito de ser ajusticiado.

Resáltese que “XXX” dijo que ello ocurrió cuatro días antes de las elecciones del año “2000” y el excongresista M.A. que en el 2002, tal como quedó reseñado. Así, no existe coincidencia temporal entre tales afirmaciones.

Por lo demás, lo que sí existe es un elemento valorativo que compromete la certidumbre de lo sostenido por el acusado en su indagatoria cuando se refirió de manera escueta al episodio mencionado, señalando que fue retenido por un “comando” de autodefensas y conducido a un sitio conocido como “XXX”, con la cabeza tapada con un pasamontañas.

En estricto rigor lógico resulta indiscutible que si tenía la cabeza tapada con un pasamontañas no tenía forma de saber que lo condujeron a “XXX”. Dicha inconsistencia narrativa fue reconocida por el acusado en su indagatoria.

Por todo lo que viene de ponerse de presente, de una vez se precisa que la Sala desestimará el poder suasorio de lo informado por “XXX” en las declaraciones reseñadas.

6.3.2. Por si lo anterior no resultara suficiente, resáltese nuevamente que en esta única instancia, la Sala dispuso labores de control o monitoreo telemático y que como resultado de dicha actividad investigativa se logró establecer, entre otras muchas cosas relevantes para el trámite, que “XXX”, así como G.A.A.R., alias “XXX”, “XXX” o “XXX” (sin ser los únicos), se alinearon a la estrategia defensiva del acusado a cambio de la recepción de dinero. De esta manera, el primero de tales ciudadanos (“XXX”) fue incluido en una especie de nómina.

En efecto, en una llamada del 15 de mayo de 2014 a las 03:04:32 p.m. (XXX-0327931 del consecutivo 4), vale decir, en plena instrucción, G. le cuenta a su hermano P.M. (acusado) que una persona estaba reclamando por un incumplimiento en la entrega de “mazorcas”, en tanto no se las habían dado completas, que eran veinte y le dieron trece a él y dos al hermano. Luego, este manifiesta su extrañeza frente a tal situación preguntando que si ¿“no lo habíamos arreglado ya”?(171).

Con posterioridad, en una llamada del 15 de mayo de 2014 a las 05:44:01 p.m. (XXX-0365469 del consecutivo 4), los mismos interlocutores hablan de la forma cómo le llegarían a los testigos. Señalan que a “XXX” (J.D.C.P.) ya lo abordó K. (otro hermano del acusado), que eso está “más que hablado” y que tenían un mes para “dejar las cosas organizadas”. A continuación, P.M. le dice a G. que a “XXX” siempre lo “hemos ayudado” con “trece mazorcas” y “dos” más a otra persona vinculada de alguna forma con dicho confeso paramilitar y que ellos deben saber que si “no salgo de aquí” (problema judicial y lugar de reclusión) no puede seguir ayudando(172).

Resáltese que con el propósito frustrado de enmascarar o cifrar las menciones de los millones de pesos ofrecidos y entregados, estos fueron referenciados como “mazorcas”. No obstante, resulta bastante obvia la correspondencia de tales alusiones.

Al respecto, recuérdese que el procurador delegado subrayó, en sus alegaciones conclusivas, que las “mazorcas” incompletas se relacionaban con dinero.

Además, señálese que durante la investigación, “XXX” trató, de manera ineficaz, de restarle contundencia al claro y espontáneo señalamiento que había efectuado de manera inicial, a través de una explicación consistente en que quien le dijo que el hombre gordo era M.A. había sido “XXX”, cuando, en una primera oportunidad refirió que vio al procesado y luego lo reconoció en publicidad política. La razón de ser de la significativa y trascendente variación aparece revelada en la segunda de tales llamadas y en otra, posterior, del 22 de mayo de 2014 a las 09:17:26 a.m. (XXX-0777045 del consecutivo 4), en la que conversan el acusado y L.D.A.D. acerca de la recolección de dineros producto de la contratación y de abordar testigos. De manera particular, en dicha ocasión se dijo que “XXX” ya estaba “tocado” y coordinado por K.

Nótese que la ampliación de declaración de C.P. se llevó a cabo el 12 de junio de 2014, vale decir, cuando ya había sido “tocado”.

Además, en la llamada del 20 de mayo de 2014 a las 12:10:03 p.m. (XXX-0425237 del consecutivo 4), P.M. (acusado) se comunica con su hermano K. para hablar de las gestiones relacionadas con el abordaje de testigos. Indican que C. y O. debían encargarse de coordinar dicho asunto y que a aquel le estaban pagando justamente para eso. Luego, el acusado sugiere que es mejor que el intermediario sea de ellos (paramilitar) y, en dicho contexto menciona expresamente a “M.”(173).

Imperioso se ofrece precisar que C. es C.M., abogado de XXX amigo del acusado y O. es O.C.S., sobrino de un exalcalde de dicha ciudad y defensor del pueblo del XXX.

Adicionalmente, se acreditó que el sábado 14 de marzo de 2009, vale decir, luego de la apertura de la investigación previa que se verificó el 25 de noviembre de 2008, “M.” visitó a J.M.A.G., alias “XXX” (interno con TD XXX, recluido en el pabellón XXX), en el centro penitenciario y carcelario de mediana y alta seguridad de XXX(174).

6.3.3. Ahora bien, como es apenas natural y predecible, la endeble, cuestionable y contraevidente posición defensiva asumida por el procesado y que fue respaldada, en la forma referida, por “XXX”, también resultó patrocinada por G.A.A.R., alias “XXX”, “XXX” o “XXX”, hermano del citado testigo, quien, lejos de lograr su propósito, la termina de extinguir desde el punto de vista demostrativo.

Recuérdese que M.A. señaló que fue retenido por un “comando” de autodefensas en la puerta de su casa, cuando salía a hacer proselitismo político y, luego, conducido a un sitio conocido como “XXX”, con la cabeza tapada con un pasamontañas(175).

A su turno, “XXX”, “XXX” o “XXX”, informó que el 1º de marzo de 2002 participó en el secuestro del procesado, por orden de “XXX”, el cual se verificó en un retén ilegal ubicado en una “trocha”, concretamente, entre XXX y el alto XXX. Agregó que dicho suceso también lo reconoció en la fiscalía cincuenta y ocho de la unidad nacional para la justicia y la paz en versión conjunta(176).

Como se puede advertir sin ningún tipo de dificultad analítica, la coartada defensiva no coincide demostrativamente ni en el lugar de la retención.

Además, “XXX” informó que el supuesto secuestro del procesado se verificó por el cargo que tenía de Representante a la Cámara y, recuérdese que el procesado alcanzó dicha dignidad cuatro años después, es decir, en el año 2006.

Por otro lado, M.A. informó que la retención se dio por respaldar electoralmente a un candidato que no era del XXX, vale decir, V.B.S. y evóquese que “XXX” señaló que el referido ciudadano solicitó apoyo electoral a “XXX” para el movimiento político referido y que en todos los corregimientos de XXX, la lista al Senado por el XXX obtuvo la votación más alta con un total de 430 sufragios entre 19 opciones. Por lo demás, la segunda alternativa obtuvo tan solo 4 votos(177) y los lugares donde se consiguieron gran número de sufragios tuvieron una marcada y demostrada influencia paramilitar, es el caso del alto XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX y XXX.

No se pierda de vista que “XXX”, “XXX” o “XXX”, hermano de “XXX”, también aparece referenciado como beneficiario de pagos provenientes del acusado (por interpuestas personas).

6.3.4. Por otro lado, L.E.S.B., alias “XXX” u “XXX”, señaló, bajo la gravedad del juramento, que un día antes de las elecciones del año 2002 el acusado llegó donde “XXX”, que se enteró que fue retenido y que cree que lo liberaron en el transcurso de dichos comicios(178).

Así, surge otra versión procesal, bien distinta, relacionada con el supuesto secuestro. En esta ocasión, se asegura que el procesado arribó al sitio donde permanecía “XXX”, fue retenido y luego liberado en el transcurso del día.

Por lo demás, el mismo testigo afirmó que en el año 2003 vio a M.A. reunido con el mismo cabecilla.

6.3.5. Recuérdese que M.A., de manera reiterada, se rebajó el perfil para el 2002 señalando que era “un aparecido” en la política. Sin embargo, coetáneamente, arguyó el referido secuestro.

Lo anterior simplemente resulta incoherente e incomprensible en la medida en que si para dicha anualidad, según su propio dicho, resultaba insignificante o intrascendente en la política ¿cuál el propósito de su secuestro por parte de los paramilitares durante unos comicios nacionales? Conforme a dicha comprensión, tal operativo constituiría una salida en falso de “XXX” y, por ende, no tendría ningún sentido.

6.3.6. Durante la etapa probatoria del juicio, L.F.R.M., alias “XXX”, “XXX” o “XXX”, precisó que el acusado se reunió con “XXX”, bajo coacción. Al respecto, detalló que a mediados de 2002 se organizó un operativo con dicho propósito en el que participaron las urbanas de XXX y XXX llevándolo a XXX y que hicieron que se comprometiera bajo amenaza para que XXX “XXX” XXX, en su condición de gerente del hospital XXX, llevara a cabo una brigada de salud en XXX, en la medida en que el comandante referido recalcaba y enfatizaba el trabajo social.

Cuenta entonces la actuación con otro relato del alegado secuestro, en esta ocasión se dice que dicho episodio ya no tuvo un móvil político sino social que se vinculaba con la eventual realización de una brigada de salud por parte del hospital XXX.

Es preciso señalar que pierde todo sentido que se procediera de esa manera para, simplemente, contactar (por interpuesta persona) a un individuo como XXX “XXX” XXX que, se demostró en la praxis judicial, fue benefactor del paramilitarismo en el departamento de XXX.

Además, en estricto rigor lógico, de cara a la consecución del supuesto fin pretendido por los paramilitares, resultaba más eficaz que se hubiera conducido, bajo coacción, a quien podía realizar la gestión, es decir, XXX “XXX” XXX y no al acusado, quien, según dicha presentación del alegado secuestro, fungió como simple intermediario y no tenía ninguna suerte de capacidad decisoria frente al asunto referido.

Resáltese que en el juicio, “XXX” indicó que varios postulados estaban defendiendo al acusado y que un cabecilla que se encontraba en XXX le manifestó que se uniera a él con dicho propósito.

Agregó que, en el proceso de justicia y paz, cuando una persona afirma la realidad y se sostiene, los involucrados lo tocan y, si no acepta, consiguen otro postulado para que falsamente lo desmienta. Precisó que tiene los nombres de las personas que, aparecen como testigos, y le pidieron ayuda para el acusado concretando ofrecimientos.

Con dicho preludio, “XXX” mencionó a O.E.D.C., alias “XXX”; L.E.S.B., alias “XXX” u “XXX”; J.M.A.G., alias “XXX”; R.A.P.R., alias “XXX”; y a, precisamente, L.F.R.M., quien, informó, tenía que rendir testimonio en la Corte el 31 de mayo, suspendiendo la diligencia para alcanzar a hablar con él.

Teniendo en cuenta que la declaración de “XXX” durante la fase probatoria del juicio se llevó a cabo a través de videoconferencia desde XXX, la Sala le ordenó al asesor jurídico del sitio de reclusión en el que se encontraba el testigo describir las anotaciones de una agenda que este tenía en su poder.

Así, se certificó que en la agenda personal de H.S. aparecían las siguientes anotaciones:

El día 4 de abril del año 2016 establezco comunicación con el señor F.R.M. a través del número telefónico por la aplicación Whatsapp XXX del antes mencionado y mi número XXX, todo esto fue hasta el día 18 de abril del mismo año. Luego el 19 de abril se comunica conmigo de otro número de celular XXX por la aplicación Whatsapp, hasta el día 21 de abril del mismo año.

El 23 de abril del año en curso aparece nuevamente el señor F.R.M. con un nuevo número de celular XXX a las 8:36 a.m. y me deja el número de su abogada XXX, y siguió comunicándose por la aplicación de Whatsapp hasta el 23 de mayo del presente año(179).

Destáquese nuevamente que, en efecto y acorde con lo señalado por “XXX”, R.M. se encontraba privado de la libertad en XXX y, lo que resulta más revelador, dilató la iniciación de su testimonio pretextando que debía contar con la asistencia de su representante judicial(180).

Así, con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Sala en esta causa, concretamente, lograr la comparecencia de “XXX” a rendir ampliación de declaración en la fase probatoria del juicio, y en atención a lo manifestado por el testigo y por la profesional del derecho que lo representó judicialmente, en el sentido que la diligencia programada precisamente para el día 31 de mayo de 2016 no se llevaría a cabo, “debido a la imposibilidad que tiene mi abogado defensor de asistir a dicha audiencia” y que no compareció a tal ritualidad porque “no llegamos a concretar lo de mis honorarios”, respectivamente; mediante auto del 3 de junio de 2016 se dispuso requerir al director del centro de reclusión en el que el citado ciudadano permanece privado de su libertad para que, de manera urgente, se le solicitara precisar la identidad de su nuevo apoderado.

Y, en el evento que el interno no atendiera el requerimiento o no hubiere designado representante judicial, su intervención procesal en este juicio, de carácter obligatorio, se llevaría a cabo con la presencia de un profesional del derecho adscrito a la Defensoría del Pueblo(181). En ese sentido se proveyó y, finalmente, se llevó a cabo la declaración en las condiciones reseñadas.

La concluyente e indiscutible coincidencia entre lo informado por “XXX” y lo que ocurrió en el proceso permite evidenciar que R.M. se articuló al desarrollo de la estrategia defensiva del acusado y actuó como su emisario para lograr que uno de los testigos de cargo se retractara de los señalamientos, sin conseguirlo. De esta manera, viable es concluir que su testimonio no ofrece ningún tipo de circunspección y, por ende, no es creíble. Resulta claro que “XXX”, mediante su intervención en la actuación y su actividad extrajudicial, se empeñó en favorecer al acusado, sin lograrlo.

6.3.7. Además, R.A.P.R., alias “XXX”, durante el juicio, dijo que supo del secuestro, aclarando que no podía confirmarlo ni infirmarlo.

Aparte de la vacilación, que le resta contundencia demostrativa en su dicho, lo más relevante de cara al análisis de su testimonio es que “XXX” registró a “XXX” como una de las personas que, aparecen como declarantes, y le pidieron ayuda para M.A. concretando ofrecimientos, tal como ya se precisó.

6.3.8. De esta manera, resulta indiscutible que el invocado secuestro, en realidad, no existió y, por ello, la falaz situación jamás fue judicializada.

Con todo lo precisado, queda sin sustento el argumento del defensor conforme al cual las autodefensas sentían animadversión para con su cliente. Se demostró que este jamás fue “secuestrado”, ni “retenido”, ni llevado a la fuerza ante ningún cabecilla paramilitar.

6.4. ¿Fue el excongresista P.M.M.A. declarado objetivo militar por las autodefensas?

6.4.1. Por el manejo que le dio el acusado a su estrategia defensiva, se introdujo al proceso otra coartada, conexa a la anterior, es decir, con el descartado secuestro, consistente en que M.A. fue objetivo militar de los paramilitares.

6.4.2. Pues bien, la exhaustiva inspección realizada al batallón de artillería XXX, “XXX”, del Ejército Nacional, con sede en XXX, no permitió ubicar ningún requerimiento, “alertas tempranas” ni, en general, cualquier otro tipo de documentación, relacionada con la situación de seguridad de los integrantes de las familias M.A. o M.A. desde el año 2000 al 2010, aunque sí se encontró información relacionada con otras familias(182).

Simplemente con ello se descartaría tal excusa, sin embargo, la participación procesal de “XXX” y “XXX” tendiente a apoyarla, dadas las valoraciones que se hicieron de tales testigos, termina por generar el efecto contrario, es decir, la extingue o anula desde el punto de vista demostrativo.

En efecto, sobre el particular “XXX”, estribando la tesis del secuestro en su intervención durante el juicio, indicó que M.A. y su familia fueron amenazados con un atentado.

En atención a que el testigo referido, tal como ya se mencionó, mediante su intervención en la actuación y su actividad extrajudicial, se empeñó en favorecer al acusado, sin lograrlo, tal afirmación no tiene credibilidad para la Sala.

Y, “XXX”, en el juicio, indicó que ad portas de la desmovilización, “XXX” le dio la orden de matar al acusado, a quien ubicó como un Congresista y, teniendo en cuenta que ya no estaban “para calenturas”, intercedió por él mismo (acusado) sin cuestionar la orden. Añadió que tomó la decisión de visitar a su comandante (“XXX”) en XXX, entre julio o septiembre de 2005, teniendo en cuenta las dificultades que había tenido “XXX” por ultimar el 10 de abril de ese año a un diputado o a un aspirante a una asamblea departamental(183).

Es preciso señalar que para la época referida (año 2005) M.A. no se desempeñaba como Congresista. Tal calidad la detentó durante un mes —Senador de la República—, entre el 1º y el 30 de septiembre de 2003 y, luego de las elecciones de marzo de 2006 —Representante a la Cámara elegido por la circunscripción electoral del departamento de XXX—. Tal imprecisión compromete la coherencia intrínseca del dicho de “XXX”.

6.4.3. Ahora bien, en el apartamento de XXX en el que se realizó uno de los tres procedimientos de allanamiento y registro, se hallaron dos elementos que vienen a confirmar la absoluta afinidad y sincronía de M.A. con “XXX”, así como la cercanía y contacto de aquel con “XXX” y, en un hecho inesperado desde el punto de vista judicial, la existencia y particularidades del acuerdo ilícito. No en vano “XXX” indicó, en entrevista, que si bien el excongresista no tenía una afinidad “al cien” con “XXX”, sí la tenía con “XXX”(184), y que este le manifestó que el procesado “era amigo”.

En este caso, algunas de las particularidades del acuerdo criminal, resaltadas en líneas anteriores, se desprenden expresamente de un escrito.

Además, tales elementos, revisados de manera aislada y relacionada, descartan de forma concluyente que M.A. hubiera sido objetivo militar de los paramilitares en XXX. El efecto demostrativo es opuesto, validan o confirman que el acusado hizo parte de una alianza ilícita, constituyendo una trascendente pieza en el proyecto económico y político del frente XXX, grupo armado ilegal integrado al bloque XXX, liderado por R.T.P., alias “XXX”.

Se trata de dos cartas escritas en computador cuyos textos son los siguientes:

Hola Senador

Cordial saludo

El único emisario que puedo tener en XXX sería el comando XXX responsable de la zona por lo tanto mi único representante.

Mal haría yo en estarle enviando a Usted Honorable Senador mensajes, sobre todo pidiéndole apoyos a candidaturas sin haber tenido una relación cercana y sin sentir que de algo le hemos ayudado a sus intereses políticos como para creer que nos podría ayudar.

Al conocer de su amistad con el comando XXX, le pedí el favor que lo invitara a dialogar para escuchar sus puntos de vista eso sí que lo hiciera usted solo y no en compañía de mi primo A. por quien siento un gran cariño pero no debió asistir a esa reunión, menos en estos momentos cuando no recibimos sino injurias y bofetadas de su hermano C. quien al sentir cerca la derrota no encuentra argumentos para su programa de gobierno diferentes a los de denigrar no solo de los que no lo acompañan sino de la organización que represento y que en algún momento él pensó que estaría a disposición de sus intereses personales, ya que a él jamás le ha importado el pueblo porque solo hasta ahora que está en campaña es que ha podido venir a conocer barrios que antes no lo hacía pues siempre se creyó que el pueblo le tenía que rendir pleitesías a él por haber visto de la cuna que vino.

Me hubiera gustado que hubieras podido intercambiar conceptos con XXX para ver qué tanto nos distanciamos o qué tanto nos podría llevar a seguir caminando juntos y luchar por este XXX que tanto queremos y con el que todos tenemos una deuda social que Yo y XXX empezamos a pagarla trayéndoles algo de paz y usted tendrá que seguirle aportando obras de beneficio que lleven a sus pobladores a vivir como seres humanos es decir con condiciones dignas de vida.

Esa Honorable Senador ha sido la única ves (sic) que le mandé a usted una invitación, pero fue a conversar no a imponerle nada, las imposiciones solo las utilizo con los bandidos y usted no hace parte de ese gremio, al amigo se le invita a conversar y tratar de encontrar puntos de entendimiento que nos permita caminar por el mismo camino, si esto no se puede que cada quien siga el camino que considera sin perder la amistad pero de igual manera sin que nos lleve a favorecer a quien favorece a quien nos ataca.

Creo y comparto contigo que muchos entre ellos aspirantes pueden verte sin fuerza política, y deben pensar que tu apoyo es innecesario. Pero acompañando al perdedor no tendrás espacios propicios para que tus amigos te representen como grupo y empieces a mostrar que eres una opción diferente, que quiere demostrar una forma nueva de hacer política, no esperes que un candidato que sea contradictor de C. te hable un lenguaje diferente pues no desde ahora sino desde la lotificación de XXX muchos te ven como de él, así muchas veces te hubieran injuriado como ladrón por las supuestas negociaciones que allí se realizaron en compañía.

Yo respeto tus puntos de vista, estoy seguro que los que menos se van a perpetuar a un futuro gobierno municipal serán los O. quienes sé que te fallaron en compromisos adquiridos para la campaña del Congreso, pero tú conociéndolos bien como haces eso con ellos de antemano debías de saber que no te iban a cumplir pues así es que se han caracterizado siempre.

Considero que usted está por encima de eso y hay derrotas que nos enseñan a triunfar y todos las hemos sufrido y de seguro las seguiremos sufriendo, lo importante es aprender de ellas, yo sé que no compartes el lenguaje del programa de campaña de C. como no lo comparten la mayoría de XXX (sic), ese lenguaje solo cola (sic) en los resentidos, desadaptados y en los ignorantes que no alcanzan a comprender sino promesas que jamás le serán cumplidas.

Por lo pronto lo importante es seguir pensando en cómo le aportamos al desarrollo de nuestro departamento y a que XXX vuelva a encausar (sic) su ruta que nos caracterizó en una época y que nos dio esperanza en un mejor mañana.

Usted Senador sabrá cuál es su ruta y con qué amigos quisiera recorrerla, yo estoy seguro que por el camino que estamos transitando y con los amigos que acompañamos y nos acompañan es el indicado. Espero que triunfe en referendo (sic) por el bien de Colombia y que ganen los mejores por el bien del XXX y de XXX.

Saludos.

XXX (negrilla de la Sala para llamar la atención).

Y:

Hola XXX

Cordial Saludo

Excúsame la demora pero he tenido problemas con el medio y hasta hoy le pude responder a tu hermano.

Tengo confianza en que saldrás elegido y podrás hacer mucho por las gentes de las veredas que han sido las más olvidadas por el gobierno, al igual que lo (sic) residentes de los barrios marginados para los que no ha existido esa mano amiga que tanto necesitan.

De antemano les agradezco la ayuda para con el frente XXX y para con su comandante XXX, nunca los he visto como extraños, solamente los he querido sentir más amigos no solo en lo afectivo sino también en el acompañamiento en los momentos que debemos definir quién defiende los intereses de las personas que decimos defender o representar y que podamos coincidir como amigos en identificar quienes son. Sé que son un aporte fundamental a la causa y el tiempo nos llevará a afianzar aún más los lazos de amistad.

No tienes que pedir disculpas pero para una próxima ves (sic) conmigo siempre se podrá hablar por mucha diferencia que exista en nuestras posiciones, eso enriquece el debate y nutre el conocimiento, bienvenidas las discusiones si el objetivo de quienes participan de ellas tienen el mismo fin. Nunca espero que todos piensen como yo menos que solo se haga lo que yo quiera, no vuelvas a temerme por no compartir algunos pensamientos que yo pueda tener.

XXX espero que el Referendo (sic) sea un triunfo para el país y que se elijan los mejores candidatos por el bien del XXX y e (sic) XXX.

Gracias por estar a mi lado. Te deseo éxitos Honorable Concejal.

Saludos

XXX (Negrilla de la Sala para llamar la atención).

Al respecto, es preciso señalar lo siguiente:

i) P.M.M.A. se ubicó en el tercer renglón de la lista al Senado de la República del año 2002 por XXX y se desempeñó como Senador entre el 1º y el 30 de septiembre de 2003.

ii) Su hermano G. ha sido elegido concejal de XXX de forma ininterrumpida desde el 2003. En dicha anualidad aspiró por el movimiento político referido (XXX).

iii) Existen pruebas que ubican a P.M. y a G., juntos, en reuniones con personal paramilitar.

iv) Es un hecho notorio que el 25 de octubre de 2003 se llevó a cabo en Colombia un referéndum constitucional promovido por el entonces presidente de la República A.U.V.

v) Fue encontrado un poder amplio y suficiente otorgado por el acusado a C.A.P.C., exalcalde de XXX, para desarrollar el proyecto “XXX”. Y,

vi) L.A.G.R., interventor del convenio interadministrativo XXX de 2002, manifestó que el acusado le pidió que apoyara políticamente a P.C. y a su hermano G.

Lo transcrito, enlazado desde el punto de vista deductivo con lo que viene de resaltarse, permite concluir que dichas misivas fueron dirigidas por “XXX” a P.M.M.A. y a su hermano G., respectivamente, en el año 2003, antes del 25 de octubre de 2003 y de las elecciones locales y regionales.

Adicionalmente, resulta suficientemente ilustrativo y absolutamente coincidente con el conjunto probatorio. Por lo demás, es indiscutible que la simple tenencia de unos elementos de tales características resulta, per se, altamente comprometedor e incriminatorio.

Por otro lado, es necesario destacar que las misivas referidas revelan, de manera inequívoca, lo siguiente:

i) El acusado tuvo una relación de amistad con D.H.R., alias “XXX”, comandante del frente XXX.

ii) Dicho vínculo fue reconocido en el año 2003 por el superior de “XXX”, vale decir, R.T.P., alias “XXX”, cabecilla del bloque XXX.

iii) “XXX” no sintió ningún tipo de animadversión con el acusado.

iv) El acusado aportó financieramente a campañas políticas en el departamento de XXX.

v) El acusado aportó a “la causa” mediante la financiación del frente XXX. Y,

vi) El acusado rendía informes de gestión o de actividad al máximo cabecilla del bloque XXX.

6.4.4. Necesario se ofrece señalar que el coronel de la Policía Nacional N.C.A., jefe de la seccional de inteligencia del XXX entre los años 2005 y 2007, indicó que, en política y para “subir”, constituye modus operandi común los autoatentados y autoamenazas.

6.4.5. Así las cosas, resulta indiscutible que la respuesta al interrogante planteado, a manera de título en el presente acápite, no puede ser sino negativa. Se demostró con suficiencia que el excongresista P.M.M.A. no fue declarado objetivo militar por las autodefensas.

6.5. Otras circunstancias relevantes relacionadas con el análisis de responsabilidad del acusado.

6.5.1. La escrupulosa revisión del conjunto probatorio, en realidad, no permite verificar la existencia de ningún tipo de artimaña o treta tendiente a afectar judicial y políticamente al excongresista P.M.M.A.

Al respecto, la única referencia concreta y específica con la que se cuenta se extrae de la posición del acusado —revelada en su interrogatorio en el juicio—, conforme a la cual el presente proceso se vincula o se encuentra relacionado con una supuesta estrategia política, orquestada por el Representante a la Cámara por el departamento de XXX A.A.C.B. (quien, por cierto, lo visitó en la estación de policía de XXX-E 26(185)) y que logró implicar, mediante la instrumentalización, a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Ello viene a explicar que en su intervención conclusiva señalara que L.D., alias “XXX”, quien ha sido confundido con “XXX”, se aprendió “los libretos” y, al finalizar su intervención, evocara la intricada idea plasmada por el autor cristiano A.W.T. en su libro “XXX”, quien, según el acusado, describe la tendencia a preocuparse “por los frutos y se ignora la raíz de la cual brotó”.

Acerca de tal denuesto, es preciso señalar que cuestionar la autoridad judicial de la Corte, atribuyéndole, veladamente, sin soporte demostrativo alguno y mediante un juicio éticamente incorrecto, una presunta manipulación de testigos o el infame o depravado carácter arbitrario e inquisitivo para afectar la carrera política del acusado o para producir estadísticas o falsos positivos a su costa y exaltando la posición de un político regional que también fue investigado por la Sala, no configura, en medida alguna, argumento válido para discrepar de la valoración probatoria, contradecir la prueba de cargo o demeritar las decisiones judiciales adversas a sus intereses, en tanto que tal postura no responde a una estrategia razonable ni cuando menos probable desde la égida procesal. La única manera de discutir tales aspectos, es demostrando las falencias o desatinos en que se haya podido incurrir durante la investigación y el juicio, gestión que, en este evento, no se solventó.

Por lo demás, las labores de control y monitoreo telemático llevadas a cabo entre noviembre de 2013 y octubre del año siguiente (2014), evidenciaron que el acusado, antes de atribuirle tal figuración a C.B., se la arrogó a varios “clanes” del departamento de XXX, vale decir, a “los XXX”, “los XXX”, en asocio con “XXX”, y a “los XXX”.

Dichas entelequias encuentran dilucidación en la particular visión de M.A. respecto de las dinámicas judiciales, precisada en la actuación, conforme a la cual todo se puede “arreglar” u “organizar”.

No se pierda de vista que en las alegaciones finales, el acusado resaltó que en el pasado fue abordado, en distintas ocasiones, por investigadores de la Corte y por el exmagistrado auxiliar I.V.G., quienes le solicitaron que fuera testigo de la Sala y que ello no ocurrió en tanto no tenía ningún conocimiento particular de los hechos que entonces se averiguaban.

Y, en el interrogatorio durante el juicio, reconoció que “la gente” que lo acompañó en su trabajo político suministró información a la Corte para investigar, en un principio, los vínculos con grupos armados ilegales paramilitares en XXX.

Al contrastar tales aseveraciones, es claro para la Sala que el acusado se resiste a reconocer que fue fuente humana de la Corte en los temas referidos y, que por dicha participación, conjeturó, de manera absolutamente infundada, que los señalamientos que existían en su contra no tendrían ningún tipo de relevancia o trascendencia judicial. Por ello le produjo tanta extrañeza y sorpresa la apertura de instrucción, la consecuente captura para indagatoria y el desarrollo procesal sucesivo.

En realidad, pierde sentido que manifieste que él no fue informante de la Corte, pero que “la gente” que lo acompañó en su trabajo político sí. Se trata de un paralogismo colmado de intereses defensivos y contrario al establecimiento de la verdad.

6.5.2. Lo que sí se acreditó con suficiencia, es que varios de los testigos de cargo trataron, infructuosamente, de desvanecer los señalamientos que concretaron de manera inicial o de restarles contundencia demostrativa mediante distractores retóricos y tergiversaciones. Ese fue precisamente el caso de J.M.A.G., alias “XXX”; J.P.H.H., alias “XXX”, “XXX” o “XXX”; L.E.S.B., alias “XXX” u “XXX”; J.D.C.P., alias “XXX”, “XXX” o “XXX” y E.A.R.P., alias “XXX”.

Si la segunda salida procesal de los testigos referidos no resiste ser contrastada con los restantes elementos integrantes del conjunto probatorio, como en efecto ocurre, ello permite evidenciar la intención deliberada y falaz de los declarantes de deformar la exactitud y, por ende, de presentar una realidad simulada en la que, contrario a lo que sostuvieron de manera inicial y bajo la gravedad del juramento, no se percataron de las relaciones ilícitas del acusado.

A contrario sensu, las salidas procesales iniciales se armonizan deductivamente con el conjunto probatorio restante y con el entorno inherente al complejo entramado de criminalidad objeto de análisis.

6.5.3. Habiéndose especificado, desde el punto de vista valorativo, cuál de las salidas procesales resulta atendible, necesario resulta detallar el motivo del arrepentimiento.

La actividad investigativa desarrollada con posterioridad a la providencia de definición de situación jurídica evidenció que la sustentación de la coartada defensiva de M.A. entrañó un presunto interés o ánimo defraudatorio, el cual pudo haber comprometido la eficaz y recta administración de justicia.

6.5.3.1. Así es, las labores de control y monitoreo telemático llevadas a cabo en esta actuación evidenciaron que el acusado M.A., aun encontrándose privado de su libertad y contando con la ayuda de un buen número de personas allegadas a él en lo personal, en lo político y en lo económico, al parecer, incurrió en ilicitudes de muy variada índole, pretendiendo, entre otras cosas y para lo que resulta relevante en este análisis, gestionar y manejar su proceso judicial por fuera de los estrados judiciales, tal como ya se precisó.

De esta manera, al parecer, arregló testigos, manejó (incluso en cajas de cartón), escondió u ocultó significativas o importantes sumas de dinero en efectivo de dudosa procedencia; intrigó (por interpuesta persona y ante la viceprocuradora) el cambio del procurador delegado para que se alegara en su favor antes de la calificación del mérito del sumario; acudió a la Presidencia de la República intentando la remoción del comisionado de la Corte; espió, asedió, hostigó e intentó aproximarse a dicho funcionario; asechó a las investigadoras de la Sala; direccionó una inspección judicial que se llevó a cabo en la contraloría departamental del XXX; dispuso que O.C.S., defensor del pueblo del XXX, coordinara el abordaje de declarantes; manejó la configuración de una terna de la que se designaría el reemplazo de un alcalde de un municipio del departamento referido (XXX) capturado por vínculos con paramilitares; cobró comisiones de contratos públicos, acudiendo incluso a la intimidación; y se ausentó de su lugar especial de reclusión.

Además, el acusado evidenció un inusitado y perspicaz interés en conocer los movimientos personales y funcionales del funcionario comisionado, así como sus relaciones particulares, trayectoria profesional y académica, configuración ética y moral y reacciones frente a los resultados de la actividad probatoria e investigativa.

Más aún, se determinó que el sujeto pasivo del procedimiento y las personas allegadas a él, algunas de ellas reconocidas en el ámbito delincuencial o vinculadas de algún modo con dicho escenario, describían físicamente al funcionario comisionado y detallaban la forma como vestía cuando se desplazaba en comisión para practicar pruebas, además, emplearon apelativos como “XXX” y “XXX” para referirse a él y, para rematar, manifestaron, con evidente desespero, que es preciso hacer “la vuelta” y poner a trabajar “el equipo” en XXX en momentos en que se encontraba cumpliendo los mandatos de la Sala fuera de la capital de la República.

Y, se patentizó que el acusado consideró, de forma desatinada, que el comisionado albergó un sombrío interés personal en perjudicarlo desde el punto de vista judicial, solo por el hecho de haber practicado las pruebas que sustentaron las providencias de la Corte.

Por otro lado, las diligencias de allanamiento y registro permitieron comprobar que se fijaron fotográficamente grandes cantidades de dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera y, luego, se conservaron tales elementos (fotografías)(186).

No debe pasarse por alto que el trámite judicial que se adelantó por el deceso de F.S.L., alias “XXX”, definitivamente, “no fue posible ubicarlo” y que, de forma verdaderamente extraña, el día en el que se pretendió inspeccionar en la fiscalía seccional de XXX, “en la mañana justamente de ese día lo había estado solicitando un señor que dijo ser familiar de la víctima”(187).

Adicionalmente, no “se encontró el proceso” que debió iniciarse respecto de H.R.A.S., A.J.A.M. y G.A., por la expedición de copias dispuesta en este radicado el 11 de junio de 2010(188), “siendo esta información actualizada al mes de abril de 2014 y habiendo realizado una búsqueda exhaustiva en la fiscalía seccional de XXX incluso en la oficina de archivo de la misma”(189).

En estas condiciones, es claro que frente a M.A., la privación de la libertad, de manera cautelar (intramural), no resultó suficiente para proteger a la comunidad de la comisión de nuevos delitos, vale decir, no impidió la continuidad de su actividad criminal.

Concretamente y para lo que resulta de interés en este acápite, en las llamadas grabadas se hacen menciones explícitas al abordaje de los testigos referidos y, a otros más, así como a la entrega de “mazorcas” o millones de pesos a los mismos.

Adicionalmente, con los propósitos malogrados de enmascarar las referencias a los declarantes, se emplearon términos como el “que sale de noche”, el “que aulla” (quienes recibieron 40 millones de pesos, cada uno, para que hablaran “del XXX”), “XXX” o “XXX”; y “XXX”. Es claro que tales menciones corresponden a “XXX”, J.A.T.M., alias “XXX”; “XXX” y “XXX”, respectivamente.

6.5.3.2. Respecto al tema de la validez de la prueba de vigilancia telefónica, la Corte indicó que se encuentra sujeta “a la demostración de su autenticidad”(190), es decir, a la identificación de los interlocutores en las conversaciones.

Así las cosas, se trata de un elemento de convicción de producción compleja que requiere la captación magnetofónica de las voces con previa autorización judicial y, además, la identificación de los titulares de las mismas, salvo que aquel contra quien se opongan, “no manifieste su inconformidad con los hechos o las cosas que expresan, antes de la finalización de la audiencia pública”, tal como lo prevé el artículo 262 de la Ley 600 de 2000 que establece el reconocimiento tácito de los documentos. Eso fue justamente lo que ocurrió en este caso en el que el acusado, en el transcurso del interrogatorio que rindió en el juicio, suministró explicaciones equívocas respecto de varias grabaciones.

Adicionalmente, imperioso se ofrece recordar que teniendo en cuenta que L.D.A.D., al ponérsele de presente durante el juzgamiento cuatro conversaciones, señaló, a cobijo del derecho de no autoincriminación, que no tenía nada que manifestar, que no quería dar ninguna explicación y que no reconocía ninguna voz, incluyendo la suya ni la del acusado, se dispuso, a manera de prueba sobreviniente, llevar a cabo un análisis espectrográfico en relación con los registros de audio correspondientes que hacen parte integrante de la actuación y que se relacionan con las labores de control o monitoreo telemático dispuestas. Ello con el propósito esencial de determinar la identidad de los interlocutores mediante los diversos métodos de análisis acústico del habla.

Así, se rindieron los informes técnicos correspondientes, tal como ya se indicó, contentivos del análisis comparativo de identificación de hablantes, en cuyo marco se determinó que las voces motivo de estudio que intervienen en las muestras dubitadas presentan “relación de correspondencia” (subrayas del texto original) con las voces emitidas por L.D.A.D., L.E.A.G., esposa del acusado y, este(191). Es decir, las persistentes evasivas de A.D. se quedaron sin piso y, por ende, fueron descartadas de manera certera.

De esta manera, la autenticidad de dicha prueba, de producción compleja y de carácter documental, no ofrece reparo alguno para la Corte.

6.5.3.3. Por otro lado, evóquese que en el juicio, “XXX” indicó que varios postulados estaban defendiendo al acusado y que un comandante que se encontraba en XXX le manifestó que se uniera a él con dicho propósito.

Agregó que, en el proceso de justicia y paz, cuando una persona afirma la realidad y se sostiene, los involucrados lo tocan y, si no acepta, consiguen otro postulado para que falsamente lo desmienta. Precisó que tiene los nombres de las personas que, aparecen como testigos, y le pidieron ayuda para el acusado concretando ofrecimientos.

Con dicha introducción, “XXX” mencionó a “XXX”, “XXX”, “XXX”, R.A.P.R., alias “XXX”; y a L.F.R.M., alias “XXX”. Ello ya fue especificado.

Además, “XXX” refirió que un familiar de M.A. contactó a un pastor de la “Iglesia XXX”, “XXX”, amigo de la infancia, llamado S.O., para que ayudara al acusado a cambio de $ 150.000.000.

Al respecto, es preciso señalar que el “pastor” aparece referenciado en una llamada como una de las personas abordadas por K., como se sabe, hermano del acusado. En esa conversación, se refirió que “XXX”, es decir, “XXX” mandaba a decir que ellos (refiriéndose al acusado) sabían lo que habían hecho(192). Con dicho hallazgo objetivo se sigue dotando de contundencia y validez demostrativa lo afirmado por el testigo H.S.

6.5.3.4. En los apartados anteriores no se mencionó al declarante L.D., alias “XXX”, “XXX”, “XXX”, “XXX” o “XXX”, por una elemental consideración: pese a que no se pone en duda su desempeño como autodefensa, su presencia en el departamento de XXX en las fechas a las que asocia el conocimiento que dijo tener sobre vínculos del excongresista M.A. con cabecillas paramilitares no fue objeto de acreditación.

Así las cosas, ante la duda razonable que genera dicha específica situación, la Sala opta por descartarlo como elemento probatorio demostrativo de la responsabilidad penal del excongresista mencionado.

Sin embargo, al haber sido nombrado por todos los sujetos procesales en sus alegaciones finales, no puede la Sala dejar de referirse a que en la declaración rendida por el testigo el día 25 de junio de 2015, en el radicado XXX, trasladada por la Sala a esta única instancia mediante auto del 23 de julio de 2015 y, a la postre, aceptada como prueba sobreviniente en la primera sesión del juicio, “XXX” informó que encontrándose privado de la libertad en un patio de justicia y paz fue abordado por, justamente, “XXX”, “XXX” y “XXX”, quienes han sido llamados por la Corte Suprema de Justicia, para que no fuera a hablar del tema; que el acusado le dio dinero a dichos sujetos y que estaría dispuesto a efectuarles tal señalamiento “en la cara”; y que a él mismo le ofrecieron plata.

Lo que viene de precisarse fue reiterado por “XXX” durante la fase probatoria del juicio. Además, en dicho escenario indicó que “XXX” también le dijo que le ayudara al acusado, que a los favorecidos les llegaba mucho dinero, que “XXX” tenía una tina en la celda y que hasta el director de la cárcel “XXX” de XXX se involucró en tal maniobra.

Lo informado en el sentido reseñado por “XXX” coincide con lo que se viene revelando. Así las cosas, cuenta con total credibilidad.

6.5.3.5. Inclusive, de uno de los pagos referidos se dejó una especie de asiento contable en una libreta hallada en los allanamientos en la que se consignó que de los $ 100.000.000 que habían “salen: $ 10.000.000 K. (bandido)”.

Recuérdese que son múltiples las referencias a K. como intermediario del acusado para abordar testigos con el propósito tantas veces referido.

6.5.3.6. Y, por si todo lo especificado no resultara suficiente, se demostró que R.C.B., quien se desempeñó como coordinador del grupo de investigadores del CTI destacados ante la Corte, aparece registrado como visitante en la bitácora de la sede del grupo de XXX y guías XXX de la policía metropolitana de XXX, ubicada en la avenida XXX número XXX de XXX, cuando el acusado permaneció en dicho lugar(193) y, además, referenciado como beneficiario (como XXX “XXX”) de una consignación por $ 2.000.000 que fue hallada en una de las tres diligencias de allanamiento y registro.

Debe señalarse que dicha consignación se efectuó el 11 de septiembre de 2009, es decir, con posterioridad a la apertura de investigación previa (que ocurrió el 25 de noviembre de 2008).

Además, la gravedad de tales hallazgos no se desdibuja con el hecho que C.B. no se hubiera demorado visitando al acusado, en tanto, lo relevante es que se interesó y averiguó por su situación.

De esta manera, lo que viene de resaltarse podría estar relacionado con la actividad de M.A. tendiente a gestionar y manejar su proceso judicial al margen de los estrados judiciales infiltrando el cuerpo de investigadores de la Corte, tal como, al parecer, intentó hacerlo con el funcionario comisionado.

6.5.4. Retomando el tema de los testigos que, por el motivo señalado, intentaron desvanecer los señalamientos que concretaron de manera inicial o de restarles contundencia demostrativa mediante distractores retóricos y tergiversaciones, es preciso indicar que sus dichos acomodados nada aportan para desvanecer el señalamiento criminal y, en consecuencia, lo único que obtuvieron, desde el punto de vista demostrativo, fue evidenciar un intento ansioso y fallido de distorsión de la indicación.

En últimas, lo que deja en evidencia una de las aristas de la estrategia defensiva del acusado es que se pretendió la variación del contexto probatorio que lo comprometía en el delito de concierto para delinquir, agravado por financiar la ilícita asociación, sin conseguirlo.

6.5.5. De otro lugar, no resulta plausible que como sustento de la teoría sobre la inconsistencia de la prueba de cargo, ora para plantear indirectamente el in dubio pro reo, el acusado hubiera señalado que un exmagistrado auxiliar no encontró “mérito” en las denuncias que se presentaron en su contra, puesto que dicha aseveración carece de fundamento y base fáctica para enervar las decisiones que, bajo estrictos parámetros de legalidad, ha venido tomando la Sala, las que ahora ratifica en sede de esta sentencia, al determinarse por la Corte, a la que le corresponde, con exclusividad, valorar la trascendencia del conjunto probatorio, el compromiso penal del acusado en los hechos que aquí fueron objeto de investigación.

6.5.6. Para ir sintetizando, la actividad probatoria cumplida durante la actuación, permitió consolidar el reproche penal en contra de M.A., en los distintos momentos, para deducir los persistentes vínculos con estructuras armadas ilegales, incluso cuando ya se había desmovilizado el frente XXX (30 de octubre de 2005), aprovechando la relación preexistente con integrantes del bloque XXX que continuaron delinquiendo en el departamento de XXX.

Imperioso resulta especificar que en atención a lo previsto en las resoluciones XXX y XXX de 2006 de la oficina alto comisionado para la paz, el bloque XXX se desmovilizó formalmente el 8 y el 10 de marzo de 2006 en el corregimiento de XXX, municipio de XXX, departamento de XXX y en el caserío XXX, ubicado en la vereda XXX, municipio de XXX, del mismo departamento, con 2.215 y 2.545 hombres, respectivamente, contando con la representación, en ambas oportunidades, de “XXX”.

Sin embargo, el confeso comandante paramilitar señaló que en su discurso de desmovilización hizo

(...) una afirmación que de pronto la puede llevar a interpretar lo que fue el fenómeno en los estados de autodefensa, diciendo que era una lástima que el legislativo hubiera sido inferior a las necesidades de paz, reconciliación y desarrollo que necesitaba el pueblo colombiano, formando una ley que no invitaba a ese escenario, por eso ese escenario jurídico había dejado por fuera de la desmovilización a poblaciones enteras en muchas regiones del país, que consideraban que esa ley no favorecía a la desmovilización total de los estados de autodefensa y era una lástima que solo se estuvieran desmovilizando las estructuras armadas, parte de las milicias y una parte demasiado pequeña de ese acumulado solidario de comunidad. La desmovilización directamente por los que pasaron por el esquema de desmovilización concertado por el gobierno, fueron tengo entendido del orden de los cuatro mil algo, repito, conformado por estructuras militares, milicia, estructuras sociales, estructuras políticas y por aquellos acumulados solidarios comunitarios que quisieron desmovilizarse.

Para la Sala, lo que pretende dar a entender el cabecilla paramilitar es que la desmovilización del bloque que comandó no comprendió todas las personas que hicieron parte de dicha estructura ilegal.

Es más, aunque los integrantes del componente militar se hubieran incorporado a dicho trámite formal, este solo comprometió una pequeña proporción del bloque.

Así, viable resulta concluir que el accionar delincuencial del bloque referido no concluyó con el acto formal aludido.

Ello quiere decir que las acreditadas relaciones del excongresista P.M.M.A. con integrantes del frente XXX, estructura armada ilegal acoplada al bloque XXX, son las que le permiten predicar un estado antijurídico (desde el punto de vista formal y material), hasta épocas coincidentes con el proceso electoral del año 2006 (mar. 12).

De manera que no le asiste razón al defensor cuando sostiene que no es lógico prolongar los acuerdos luego de la desmovilización y que si de esa forma se procede se tendría que hablar de un concurso de delitos. Ello es contrario a la evidencia y, adicionalmente, nunca se reconoció ni se dio por hecho que el aparato criminal referido se extinguió materialmente con tal acto formal.

6.5.7. Adicionalmente, el juicio de reproche que se concretó en este caso tiene un componente especial, en la medida en que no se está hablando de un ciudadano del común, a quien se le censura la connivencia con tales organizaciones armadas, sino de uno especial y privilegiado, que, empoderado por la sociedad, aceptó las reglas de los violentos, pactó con ellos y terminó sellando una alianza punible que comprometió su independencia y legitimidad congresual, así como los recursos destinados a la satisfacción de las necesidades básicas de una colectividad.

Esa última circunstancia, consistente en la desviación ilegal hacia el paramilitarismo de recursos destinados de manera lícita a la salud y a la infraestructura vial del departamento de XXX, es precisamente la que permite que, además, se le atribuya la circunstancia de mayor punibilidad descrita en el numeral 1º, del artículo 58 de la Ley 599 de 2000. Y,

6.5.8. Lo que viene de precisarse, dada su sólida demostración, no se desvanece con los hechos consistentes en que varios testigos consideren que M.A. es una persona transparente y totalmente desvinculada de prácticas ilegales en el ejercicio personal y político.

Que varios ciudadanos que interactuaron en lo personal, así como en el terreno político con el acusado, señalen que no se percataron de los vínculos que aquí fueron reprochados, no significa que estos no se verificaran.

Además, aunque varias personas relacionadas con las autodefensas coinciden en que no conocieron las relaciones ilícitas de M.A., otros individuos, absolutamente comprometidos con la realidad criminal paramilitar, cuyos testimonios ya fueron analizados con suficiencia, si lo ubicaron en dicho contexto.

6.6. Conclusiones.

Todo lo que viene de considerarse conduce a precisar que para los comicios nacionales al Congreso de la República del año 2002 y los siguientes del 2006, P.M.M.A., con el propósito de desempeñarse como Senador, dada su acreditada presencia en el tercer renglón de la lista al Senado de la primera de tales anualidades por el movimiento XXX —XXX—, encabezada por V.B.S., y alcanzar una curul en la Cámara de Representantes, respectivamente, se incorporó al proyecto financiero y político del frente XXX(194), grupo armado ilegal integrado al bloque XXX, liderado por R.T.P., alias “XXX”, al punto que bajo dicho esquema criminal configuró “una sociedad electoral y de corrupción comercial clientelista”, tal como se indicó en la notitia criminal.

También fue posible validar que fallecido D.H.R., alias “XXX”, cabecilla de la primera de tales estructuras delincuenciales, a finales del año 2004, los vínculos ilícitos que, por un lado, al parecer, determinaron en el 2003 la elección de G.M.A., hermano del imputado, al concejo de XXX y, de otra parte, comprometieron el patrimonio de la empresa social del Estado hospital XXX con sede en esa ciudad, continuaron con A.E.G.C., alias “XXX”. La categórica negación de dicho delincuente fue descartada por la Sala al resultar contraevidente.

De esta forma, las pruebas, legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación permiten sostener, con certeza y, por ende, más allá de toda duda, que el excongresista M.A. es responsable penalmente de financiar (no promover) de manera efectiva el concierto para delinquir, ejecutando el comportamiento punible comprometiendo recursos destinados a la satisfacción de las necesidades básicas de una colectividad. Esa es justamente la consecuencia de desviar ilegalmente hacia las autodefensas recursos destinados de manera lícita a la salud y a la infraestructura vial de un municipio perteneciente al departamento de XXX (XXX). Tal es la conducta que se le enrostró y por la que fue juzgado.

Además, conforme quedó acreditado en esta sentencia, el excongresista M.A., de manera consciente, voluntaria y conociendo las consecuencias de su comportamiento, se concertó con la finalidad de financiar el grupo armado al margen de la ley tantas veces citado y lo hizo.

En este evento, el juicio de reproche no se estructuró por haber conversado con un cabecilla paramilitar bajo coacción. Tal opción fue descartada concluyentemente.

Se enfatiza en que a través del comportamiento referido se vulneró, sin razón atendible alguna, el bien jurídico de la seguridad de la colectividad, y que encontrándose el acusado en posibilidad real y material de obrar en consonancia con el marco jurídico optó por ejecutar la conducta criminal, se repite, con conciencia plena.

De manera que el comportamiento que se le atribuyó al excongresista M.A. resultaría ser no solo injusto y típico, en toda su dimensión (objetiva y subjetiva), sino también culpable.

Así las cosas, se acoge, parcialmente, la solicitud conclusiva concretada por el representante de la Procuraduría General de la Nación, en tanto M.A. es condenado por el delito de concierto para delinquir por financiar la ilícita asociación y no por “promover” con su presencia y “prestancia” el paramilitarismo.

Al no existir modificación alguna en la calificación jurídica, la Sala no se referirá a la ausencia de variación del núcleo central de los hechos endilgados en el llamamiento a juicio (dimensión fáctica de la congruencia). Ello, simple y llanamente resulta improcedente.

Por último, no se patrocinan las solicitudes finales precisadas por el acusado ni por su defensor principal.

Puntualidades y determinaciones derivadas de la condena

1. Calificación jurídica definitiva.

Se proferirá fallo de condena respecto de P.M.M.A. como autor responsable del delito de concierto para delinquir, agravado por financiar la ilícita asociación, concurriendo la circunstancia de mayor punibilidad consistente en ejecutar el comportamiento sobre recursos destinados a la satisfacción de las necesidades básicas de una colectividad.

La conducta referida se encuentra consagrada en el libro 2º, título XII, capítulo primero, artículo 340, inciso 3º del Código Penal (L. 599/2000), modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002, bajo la siguiente descripción comportamental:

ART. 340.—Concierto para delinquir. Modificado L. 733/2002. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años.

Cuando el concierto sea para cometer delitos de (...), o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000) hasta veinte mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir (negrilla por fuera del texto original).

A su turno, la circunstancia de mayor punibilidad referida encuentra consagración en el libro 1º, título IV, capítulo II, artículo 58, numeral 1º del mismo estatuto, de la siguiente manera:

ART. 58.—Circunstancias de mayor punibilidad. Son circunstancias de mayor punibilidad, siempre que no hayan sido previstas de otra manera:

1. Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad (negrilla por fuera del texto original).

2. Dosificación punitiva.

Con el propósito de cuantificar la sanción a imponer al condenado, es preciso tener en cuenta que el inciso 3º del artículo 340 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002, norma aplicable a la posición jurídica del acusado M.A., prevé que “la pena privativa de la libertad” prevista en el inciso 2º, vale decir, de seis (6) a doce (12) años de prisión, se aumentará “en la mitad” para quien financie el concierto.

Así, aplicando la regla prevista en el numeral 1º del artículo 60 del Código Penal —referida a los parámetros para la determinación de los mínimos y máximos aplicables—, conforme a la cual si “la pena se aumenta (...) en una proporción determinada, esta se aplicará al mínimo y al máximo de la infracción básica”, el primer límite se aumenta en tres (3) años y, el segundo, en seis (6) años. En consecuencia, la pena privativa de la libertad a imponer oscilaría entre nueve (9) y dieciocho (18) años de prisión (6+3 y 12+6).

En lo que respecta a los extremos de la pena pecuniaria acompañante, es preciso tener en cuenta lo previsto en el inciso 2º del artículo 340 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002, es decir, de dos mil (2.000) hasta veinte mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ello en tanto el inciso 3º ibídem solo prevé el aumento de “la pena privativa de la libertad”.

De esta manera se procedió en la sentencia condenatoria proferida respecto del excongresista A.A.G.R.(195).

Ahora bien, con el propósito de especificar la sanción penal a imponer al acusado, deben tenerse en cuenta los parámetros señalados en el artículo 61 del Código Penal relacionado con la naturaleza y gravedad de la conducta, como categorías que expresan la antijuridicidad del comportamiento y la dimensión del injusto; la intensidad del dolo; la necesidad de la pena; y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto; factores necesarios en orden a brindar una respuesta proporcional a la agresión causada.

Además, consultando la misma cláusula legal, teniendo en cuenta que en la resolución de acusación se dedujo la circunstancia de mayor punibilidad contemplada en el numeral 1º del artículo 58 de la Ley 599 de 2000, consistente en ejecutar el comportamiento punible comprometiendo recursos destinados a la satisfacción de las necesidades básicas de una colectividad, y que a favor del mencionado concurre la causal de menor punibilidad prevista en el numeral 1º del artículo 55, relacionada con la carencia de antecedentes penales, la pena a imponer oscilará entre los parámetros de los ciento treinta y cinco (135) meses, un (1) día a los ciento ochenta y ocho (188) meses de prisión, que corresponden a los límites de los cuartos medios punitivos(196).

La Sala, ubicándose en el ámbito de movilidad referido y consultando la norma que viene de mencionarse (art. 61), estima que la pena a imponer será de ciento sesenta y un (161) meses de prisión, monto que se compadece con la gravedad del comportamiento en concreto, no solo por su expresión objetiva, sino también por la intensidad del dolo que se manifiesta en el hecho consistente en concertarse, de manera consciente y voluntaria, para financiar un grupo armado que operó en la ilegalidad y, por ende, al margen de la institucionalidad que el acusado representó.

En este punto, no se pierda de vista el daño generado con el comportamiento desplegado por el acusado M.A., quien, defraudando el voto de confianza colectivo y, en consecuencia, la dignidad de su cargo de Senador y Representante a la Cámara por la circunscripción electoral del departamento de XXX, optó por financiar un grupo paramilitar aportando a “la causa”.

Además, resulta incuestionable que la trascendencia y la connotación de la conducta descrita, así como la repercusión nacional e internacional de la misma, han generado un impacto desestabilizador al interior de las instituciones legítimamente constituidas, especialmente, en los departamentos y en el Congreso de la República. Por lo demás, tales factores se concretan en el desprestigio del sistema democrático nacional.

Por otro lado, es preciso señalar que el proceder al que se ha hecho referencia no solo lesionó de manera efectiva el bien jurídico tutelado, cual es, la seguridad de la comunidad, sino también, se puede sostener, contribuyó con el acrecentamiento del estado de violencia generalizado en el que se encuentra incursa la sociedad colombiana y, por ende, al rezago general de tipo estructural en el que continúa sumido el conglomerado local, regional y nacional.

Finalmente, para la Corte, es indiscutible que el hecho consistente en que una persona, con gran influencia en los asuntos locales y regionales, cruzara comunicaciones con el comandante del bloque XXX, rindiéndole informes de gestión o de actividad, comportó un indiscutible reconocimiento de “legitimidad” del “estado de facto” paramilitar y configuró el envío de un distorsionado mensaje al resto de la colectividad.

Además, el acusado, configurando un complejo entramado criminal, fue absolutamente indolente y desconsiderado con las necesidades básicas de la sociedad que lo eligió prefiriendo canalizar a la “causa” paramilitar los recursos públicos que debían satisfacerlas.

El cuadro es verdaderamente nefasto, un representante de la fidedigna institucionalidad del Estado exaltando, ennobleciendo y financiando una realidad delincuencial. Resáltese que no es equivalente, al no tener un impacto social siquiera cercano, que dicho ejercicio lo hubiera desplegado un ciudadano del común o un funcionario público con sus propios recursos.

Todo lo que viene de referirse implica un mayor reproche y determina la imposición, en el ámbito de la discrecionalidad racional, de la pena privativa de la libertad referida.

En razón de dichas circunstancias y para preservar la igualdad punitiva, la multa que se impondrá al excongresista M.A. corresponderá a once mil (11.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Finalmente, al tenor de lo establecido en el artículo 52 del Código Penal, la Sala impondrá al acusado P.M.M.A., la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas prevista en el artículo 44 ibídem, en lo que atañe a la facultad de elegir y ser elegido y para ejercer cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las entidades oficiales, por un tiempo igual al de la pena privativa de la libertad impuesta.

Lo anterior, sin perjuicio de la inhabilidad intemporal o vitalicia de que trata el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política, modificado por los actos legislativos 01 de 2004 e inciso 4º del 01 de 2009(197), respectivamente, que le impiden inscribirse como candidato a cargos de elección popular, ser elegido, ser designado servidor público y contratar con el Estado, directamente o por interpuesta persona, la cual opera de pleno derecho para quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por “delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales”, entre otros(198).

Esa debe ser la respuesta del Estado consultando la necesidad de pena a propósito de sus finalidades, de prevención general y especial, reinserción social, protección y justa retribución.

3. Condena de ejecución condicional.

No hay lugar a la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta al acusado P.M.M.A., en primer lugar, porque no se cumple con el requisito objetivo de que trata el artículo 63 del Código Penal, que solo autoriza la concesión del subrogado frente a la imposición de penas no superiores a tres (3) años y, en segundo lugar, porque a pesar de la modificación introducida por el artículo 29 de la Ley 1709 de 2014, que permite su concesión frente a penas que no excedan de cuatro (4) años de prisión, es claro que en este evento también supera dicho quantum punitivo y, además, el delito por el que se procedió se encuentra excluido de los beneficios y subrogados penales en el artículo 68A de la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 32 de la citada Ley 1709 de 2014, lo que exime a la Sala de efectuar el análisis del factor subjetivo.

4. Prisión domiciliaria.

En relación con dicha figura jurídica, prevista en el artículo 38 de la Ley 599 de 2000 como mecanismo sustitutivo de la prisión en establecimiento carcelario, debe la Sala señalar que tampoco hay lugar a su concesión desde la perspectiva de la normatividad vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos, ni luego de su adición bajo las disposiciones de la Ley 1709 de 2014.

En efecto, el artículo 23 de la citada Ley 1709 de 2014, adicionó el 38B al texto original del artículo 38 de la Ley 599 de 2000, que limitaba la concesión del citado beneficio a los delitos cuya sanción mínima fuera de cinco (5) años o menos, haciéndola extensiva a los punibles cuya pena mínima sea de ocho (8) años o menos. Ello, prima facie impediría su aplicación al punible de concierto para delinquir agravado previsto en el inciso 3º del artículo 340, ibídem, que tiene señalada una pena mínima de nueve (9) años de prisión.

Además, dicha tipología delictiva fue excluida de dicho beneficio, per se o por su propia naturaleza, en los artículos 28 y 32 de la aludida Ley 1709 de 2014, a través de los cuales adicionó los artículos 38G y 68A a la Ley 599 de 2000, respectivamente, lo que, en definitiva, impide la posibilidad legal de otorgar al condenado M.A. el sustituto de la prisión domiciliaria.

5. Indemnización de perjuicios.

No procede la condena por daños materiales y morales derivados del hecho punible, en la medida que no se demostró la causación concreta de los mismos en desmedro de persona alguna determinada.

6. Otras decisiones.

6.1. Al no cumplirse con la totalidad de los factores que el legislador contempló para la condena de ejecución condicional y la prisión domiciliaria, habrá de continuar el procesado P.M.M.A. purgando pena en el establecimiento carcelario que disponga la agencia competente, vale decir, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

6.2. Sin embargo, al condenado se le abonará, como parte cumplida de su pena, el tiempo que lleva detenido en razón de este proceso, es decir, desde el 23 de enero de 2014.

6.3. La Sala reiteró, en diversos acápites de esta providencia, que la actividad investigativa desarrollada con posterioridad a la definición de situación jurídica evidenció que la sustentación de la coartada defensiva de M.A. entrañó un presunto interés o ánimo defraudatorio, el cual pudo haber comprometido la eficaz y recta administración de justicia.

Así es, las labores de control y monitoreo telemático llevadas a cabo en esta actuación evidenciaron que el acusado, aun encontrándose privado de su libertad y contando con la ayuda de un buen número de personas allegadas a él en lo personal, en lo político y en lo económico, al parecer, incurrió en ilicitudes de muy variada índole, pretendiendo, entre otras cosas y para lo que resultó relevante en este análisis, gestionar y manejar su proceso judicial por fuera de los estrados judiciales, tal como ya se precisó.

De esta manera, al parecer, arregló testigos, manejó (incluso en cajas de cartón), escondió u ocultó significativas o importantes sumas de dinero en efectivo de dudosa procedencia; intrigó (por interpuesta persona y ante la viceprocuradora) el cambio del procurador delegado para que se alegara en su favor antes de la calificación del mérito del sumario; acudió a la Presidencia de la República intentando la remoción del comisionado de la Corte; espió, asedió, hostigó e intentó aproximarse a dicho funcionario; asechó a las investigadoras de la Sala; direccionó una inspección judicial que se llevó a cabo en la contraloría departamental del XXX; dispuso que O.C.S., defensor del pueblo del XXX, coordinara el abordaje de declarantes; manejó la configuración de una terna de la que se designaría el reemplazo de un alcalde de un municipio del departamento referido (XXX) capturado por vínculos con paramilitares; cobró comisiones de contratos públicos, acudiendo incluso a la intimidación; y se ausentó de su lugar especial de reclusión.

Además, las diligencias de allanamiento y registro permitieron comprobar que se fijaron fotográficamente grandes cantidades de dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera y, luego, se conservaron tales elementos (fotografías)(199).

Y, en los allanamientos simultáneos y coordinados practicados a tres lugares relacionados con el acusado, incluyendo el sitio en el que permaneció en detención preventiva, en dos de ellos se halló una nada despreciable cantidad de dinero en efectivo, vale decir, 206.740.000 y divisas extranjeras (dólares, euros y nuevo shéquel)(200).

Por lo anterior, se dispone expedir copias del informe de las labores de control y monitoreo telemático(201), de los 12 discos anexos al mismo y, finalmente, de esta providencia, todo con destino a la dirección nacional de fiscalías, con el propósito que, en el escenario natural, se determine si dichos comportamientos y hallazgos tienen alguna relevancia para el derecho penal y, en caso afirmativo, quiénes serían los llamados a responder por ellos.

Se aclara que la única situación en relación con la cual la Sala dispuso expedir copias en un momento procesal anterior (penales y disciplinarias) se relaciona con las presuntas salidas del acusado de la estación de policía de XXX-E 26(202).

Además, se reitera que ante una notitia criminis independiente, el tema de los pagarés fue averiguado por la Sala en el radicado XXX.

6.4. Dada la decisión de expedición de copias, no resulta viable devolver ninguno de los elementos incautados en la medida en que su aprehensión obedeció a un hallazgo imprevisto, dado en contexto, que pone en entredicho la legalidad de su origen, en lo que tiene que ver con el dinero, y la presunta relación de los demás con las hipótesis delictivas que deberán ser investigadas en el escenario natural.

Tal determinación, no se relaciona con la naturaleza de los bienes sino, en observancia de lo previsto en el artículo 64 de la Ley 600 de 2000, con sus contornos conocidos, enfocados en sus probables usos y orígenes.

En últimas, los elementos incautados constituyen pruebas para un proceso penal y, además, sobre algunos de ellos, se teje mácula por ser objeto o instrumento de un delito, en punto que eventualmente podrían ser afectados de comiso o de extinción de dominio.

De esta manera, la autoridad judicial que le corresponda adelantar el trámite penal correspondiente podrá solicitar los elementos de su interés, en el momento que considere.

6.5. En un apartado anterior, la Corte concluyó que aquí se acreditó con suficiencia que varios de los testigos de cargo trataron, infructuosamente, de desvanecer los señalamientos que concretaron de manera inicial o de restarles contundencia demostrativa mediante distractores retóricos y tergiversaciones. Ese fue precisamente el caso de J.M.A.G., alias “XXX”; J.P.H.H., alias “XXX”, “XXX” o “XXX”; L.E.S.B., alias “XXX” u “XXX”; J.D.C.P., alias “XXX”, “XXX” o “XXX” y E.A.R.P., alias “XXX”.

Teniendo en cuenta que la posición asumida por los testigos mencionados comporta falta de contribución con la verdad, la posibilidad de configuración de una infracción penal y hasta un trato descomedido con la justicia, dada su condición de postulados, se dispone expedir sendas copias de todas las declaraciones rendidas por los citados durante la actuación(203) (actas y archivos de audio y video), así como de esta providencia, con destino a la dirección nacional de fiscalías y a la unidad especializada de justicia transicional, con el propósito que, en el escenario natural, se determine si los ciudadanos referidos incurrieron en algún comportamiento relevante para el derecho penal y, en atención a lo previsto en el artículo 5º de la Ley 1592 del 3 de diciembre de 2012, por cuyo medio se agregó el artículo 11A a la Ley 975 de 2005, se estudie la posibilidad de exclusión de los declarantes del listado de postulados y, por ende, de los beneficios derivados del segundo de tales cuerpos normativos a través de la terminación del proceso penal especial de justicia y paz, respetivamente.

6.6. Lo propio se ordena teniendo en cuenta el contenido de las intervenciones procesales de los postulados O.E.D.C., alias “XXX”, G.A.A.R., alias “XXX”, “XXX” o “XXX”; y R.A.P.R., alias “XXX”.

6.7. En atención al contenido de la intervención procesal de los testigos L.F.R.M., alias “XXX”, A.E.G.C., alias “XXX” y L.D.A.D., la Sala expedirá copias de todas las declaraciones rendidas por los citados durante la actuación(204) (actas y archivos de audio y video), así como de esta providencia, con destino a la dirección nacional de fiscalías, con el propósito que se determine si la postura de los ciudadanos mencionados tiene trascendencia para el derecho penal.

6.8. Dada la figuración procesal de M.S.A.R., alias “XXX” o “XXX”, la Sala expedirá copias de la entrevista realizada por funcionarios del CTI el jueves 11 de diciembre de 2008, documentada en un archivo de audio; del informe remisorio de rigor; de las declaraciones del 28 de enero, 8 de julio de 2009 y 21 de junio de 2011 (actas y archivos de audio); del oficio XXX del 11 de mayo de 2011(205); del video anexo; del disco contentivo del registro de una entrevista radial concedida por el confeso paramilitar; del documento por cuyo medio se incorporó dicho elemento al expediente; así como de esta providencia, todo con destino a la dirección nacional de fiscalías, con el propósito que se determine si la postura del ciudadano mencionado tiene alguna relevancia para el derecho penal.

6.9. En atención a las referencias existentes respecto de A.C.D.M., H.E.M.D., conocido como “XXX” o “XXX”, G.F.M.G. y G.M.A., hermano del acusado, la Sala expedirá copia de esta providencia, con destino a la dirección nacional de fiscalías, con el propósito que se determine si dichos ciudadanos incurrieron en algún comportamiento trascendente para el derecho penal.

6.10. Teniendo en cuenta que el trámite judicial que se adelantó por el deceso de F.S.L., alias “XXX”, definitivamente, “no fue posible ubicarlo” y que, de forma verdaderamente extraña, el día en el que se pretendió inspeccionar en la fiscalía seccional de XXX, “en la mañana justamente de ese día lo había estado solicitando un señor que dijo ser familiar de la víctima”(206), se dispone expedir sendas copias del informe de policía judicial XXX del 15 de mayo de 2014(207) y de esta providencia, con destino a la dirección nacional de fiscalías y a la Procuraduría General de la Nación, con el propósito que, en los escenarios naturales, se determine si dicha situación tiene relevancia para el derecho penal y disciplinario, respectivamente.

6.11. Dado que no “se encontró el proceso” que debió iniciarse respecto de H.R.A.S., A.J.A.M. y G.A., por la expedición de copias dispuesta en este radicado el 11 de junio de 2010(208), “siendo esta información actualizada al mes de abril de 2014 y habiendo realizado una búsqueda exhaustiva en la fiscalía seccional de XXX incluso en la oficina de archivo de la misma”(209), se ordena expedir sendas copias del auto reseñado (jun. 11/2010), del oficio remisorio de rigor(210), del informe de policía judicial XXX del 24 de febrero de 2015(211) y de esta providencia, con destino a la dirección nacional de fiscalías y a la Procuraduría General de la Nación, con el propósito que, en los escenarios naturales, se determine si dicha situación tiene relevancia para el derecho penal y disciplinario, respectivamente. Y,

6.12. La Sala ha sostenido que la Ley 906 de 2004, asigna a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad la competencia para conocer de la fase de ejecución del fallo, cuando se trate de condenados que gozan de fuero constitucional y que, la segunda instancia corresponde al respectivo juez de conocimiento. Se dispondrá entonces remitir el proceso al reparto de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad correspondientes.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Negar la nulidad planteada de manera implícita por la defensa técnica, conforme a las consideraciones antecedentes.

2. Declarar penalmente responsable a P.M.M.A., de condiciones personales y civiles consignadas en esta providencia, en calidad de autor del delito de concierto para delinquir, agravado por financiar la ilícita asociación, de que trata el artículo 340, inciso 3º, de la Ley 599 de 2000, concurriendo la circunstancia de mayor punibilidad consistente en ejecutar el comportamiento sobre recursos destinados a la satisfacción de las necesidades básicas de una colectividad, en atención a lo previsto en el numeral 1º del artículo 58 del mismo estatuto.

3. Condenar a P.M.M.A., a la pena de ciento sesenta y un (161) meses de prisión y multa —acompañante— de once mil (11.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para el momento de la comisión del hecho, a favor del tesoro nacional.

4. Imponer al condenado la pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al señalado para la pena privativa de la libertad.

Ello, sin perjuicio de la inhabilidad intemporal o vitalicia de que trata el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política, modificado por los actos legislativos 01 de 2004 e inciso 4º del 01 de 2009(212), respectivamente, que le impiden inscribirse como candidato a cargos de elección popular, ser elegido, ser designado servidor público y contratar con el Estado, directamente o por interpuesta persona, la cual opera de pleno derecho para quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por “delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales”, entre otros(213).

5. Precisar que la condena de ejecución condicional no resulta procedente.

6. Especificar que la prisión domiciliaria se ofrece improcedente.

7. Declarar que no hay lugar a condena al pago de daños y perjuicios.

8. Abonar, como parte cumplida de la sanción corporal, el tiempo que P.M.M.A. lleva detenido en razón de este proceso, esto es, desde el 23 de enero de 2014.

9. Expedir las copias a las que se hizo referencia en el acápite “Otras decisiones” (negrilla del texto original).

10. Mantener la restricción al derecho a la propiedad de los bienes incautados hasta tanto la autoridad judicial que le corresponda adelantar el trámite penal originado en la expedición de copias correspondiente adopte las determinaciones de rigor. Y,

11. Ejecutoriada la presente decisión se le dará la publicidad que la ley establece (L. 600/2000, art. 472) y se remitirá la actuación al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad de reparto que corresponda, para lo de su cargo.

Contra esta sentencia no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Folios 1 a 114 del cuaderno original 10.

2 Folios 189 a 217, ibídem.

3 Se desmovilizó formalmente el 30 de octubre de 2005.

4 Folio 9 del cuaderno original número 2.

5 Folios 223 y siguientes del cuaderno original número 5.

6 En el expediente obran dos certificaciones contentivas de lapsos diversos y excluyentes, la primera, requerida de manera oficiosa, visible a folio 73 del cuaderno original 5, indicativa de tres meses de servicio y, la segunda, aportada por el defensor, obrante en el folio 104 del cuaderno original 7, en la que se precisa uno. Los dos documentos se sustentan en la Resolución 36 del 1 de septiembre de 2003, por cuyo medio se le concedió licencia no remunerada al primer renglón de la lista, por el término de tres meses, y se le comunicó al procesado para que tomara posesión del cargo, “durante el término que dure la licencia del titular”. De esta manera, por resultar de utilidad e interés para la entonces instrucción, mediante auto del 5 de agosto de 2014 se solicitó a los funcionarios del cuerpo técnico de investigación destacados ante la comisión de apoyo investigativo de la Sala, que, previa revisión de los archivos de la secretaría general del Senado de la República y de las gacetas del Congreso, determinaran el tiempo efectivo de desempeño de M.A. como Senador. De esta manera, se efectuó la precisión correspondiente mediante informe de policía judicial número XXX del 24 de febrero de 2015 y sus anexos (fls. 225 y ss., cdno. original 11).

7 Folios 1 a 3 del cuaderno original 1.

8 El 26 de octubre de ese año.

9 Folios 13 a 15 del cuaderno original 1.

10 Folios 115 a 117, ibídem.

11 Folios 242 a 244 del cuaderno original 2.

12 Folios 42 y 43 del cuaderno original 5.

13 Folios 75 y siguientes, ibídem.

14 El 24 de enero de 2014.

15 Folios 158 a 217 del cuaderno original 5.

16 Folios 120 a 145 del cuaderno original 7.

17 Folios 234 y 235 del cuaderno original 8.

18 Folios 80 y 81 del cuaderno original 9.

19 Folios 1 a 114 del cuaderno original 10.

20 Folios 189 a 217, ibídem.

21 Folio 55 a 57 del cuaderno original 11.

22 Venció el 6 de noviembre de 2014 a las 5:00 p.m.

23 Audiencias preparatoria y de juzgamiento.

24 Sesión del 27 de junio de 2016.

25 Sesión del 30 de junio de 2016.

26 Folios 221 a 240 del cuaderno original 15.

27 En atención a lo previsto en el artículo 403 de la Ley 600 de 2000, entiéndase interrogatorio al acusado como acto procesal de iniciación de la audiencia de juzgamiento.

28 CSJ AP, 14 feb. 2002, rad. 18457; CSJ SP, 14 sep. 2011, rad. 33688; CSJ SP, 8 nov. 2011, rad. 34495; y SP3339-2016, 16 mar. 2016, rad. 44288.

29 CSJ AP, 14 mayo 2007, rad. 26942.

30 Como modalidad asociativa de delincuencia que ante el contundente y acelerado efecto de deslegitimación, debilitamiento y desestabilización del Estado que entraña, impone que este adelante las barreras colectivas de protección, lo que en el ámbito de la criminalización primaria se refleja en la configuración de una tipología de peligro abstracto.

31 SP10998-2015, 19 ago. 2015, rad. 30685.

32 Folio 233 del cuaderno original 8.

33 Folios 26 y 27 del cuaderno original 9.

34 Folios 108 y siguientes, 170 y siguientes y 200 y siguientes, ibídem.

35 CSJ SP, 29 ago. 2002, rad. 10863.

36 CSJ SP, 17 ago. 2010, rad. 26585.

37 CSJ P, 15 jun. 1999, rad. 10547.

38 CSJ SP, 15 dic. 1999, rad. 11429; CSJ SP, 16 jul. 2001, rad. 14223; CSJ SP, 7 nov. 2002, rad. 10585; CSJ SP, 4 abr. 2003, rad. 14636; CSJ SP, 11 dic. 2003, rad. 17005; CSJ SP, 17 mar. 2004, rad. 21581; CSJ SP, 23 ago. 2006, rad. 22240; CSJ SP, 2 jul. 2008, rad. 27964; CSJ SP, 16 dic. 2008, rad. 30186; y CSJ SP, 11 mar. 2009, rad. 21703; entre otras.

39 CSJ SP, 3 dic. 2009, rad. 32672.

40 CSJ SP, 11 abr. 2012, rad. 28436.

41 Folios 220 del cuaderno original 11 y anexos correspondientes.

42 39:10.

43 Folio 41 del cuaderno original 7.

44 11:00.

45 30:00.

46 El 21 de junio de 2010 en XXX.

47 6:54.

48 Folios 13 y siguientes del cuaderno anexo original 10.

49 CSJ SP. 20 mayo 2003, rad. 16636.

50 En declaración rendida en el radicado XXX y trasladada a la presente actuación (visible a fls. 1 a 42, cdno. original 6).

51 Folios 17 (envés) y 18 del cuaderno original 6.

52 Folio 148 y 149 del cuaderno original 15.

53 Disco compacto correspondiente que fue trasladado de la única instancia XXX.

54 Folios 13 y siguientes del cuaderno anexo original 10.

55 13:39 y siguientes. Primer archivo de video. Sesión del 14 de junio de 2016.

56 09:20 y siguientes.

57 16:00.

58 15:00.

59 Folios 223 del cuaderno original 3 y 1:55 del archivo de audio correspondiente.

60 Folios 54 y siguientes del cuaderno anexo original 9.

61 03:48.

62 El 20 de abril de 2010 en XXX.

63 28:20.

64 32:26.

65 Folios 156 y 157 del cuaderno original 2.

66 Folio 229 del cuaderno original 2.

67 11:07.

68 11:40.

69 Folios 228 a 230 del cuaderno original 2.

70 Folios 146 y siguientes, ibídem y disco compacto correspondiente.

71 24:10.

72 31:45.

73 38:28.

74 Folios 164 y siguientes del cuaderno original 4.

75 Folios 225 y siguientes del cuaderno original 3.

76 Folios 262 y siguientes del cuaderno original 4 y disco compacto correspondiente.

77 10:08.

78 19:45.

79 25:58 de la declaración rendida el 2 de abril de 2009.

80 32:00 y siguientes. Segundo archivo de video. Sesión del 14 de junio de 2016.

81 35:00 de la primera ampliación de declaración.

82 30:33.

83 Folios 70 y 71 del cuaderno original 6.

84 Folios 67 a 69, ibídem.

85 Folios 65 a 75 del cuaderno original 11.

86 Folios 120 y 121 del cuaderno original 5.

87 CSJ SP, 14 dic. 2009, rad. 27941.

88 08:20.

89 Folio 9 del cuaderno original 2.

90 Folios 223 y siguientes del cuaderno original 5.

91 Folios 10 y siguientes del cuaderno original 2.

92 Folios 71 y siguientes del cuaderno original 3.

93 Folios 140 y siguientes del cuaderno original 5.

94 Folios 39 y siguientes del cuaderno original 3.

95 17:35.

96 CSJ SP, 19 mar. 2014, rad. 38793.

97 En una entrevista, reseñada en el informe XXX del 29 de octubre de 2010, que sirvió de simple criterio orientador de la investigación y que, a la postre, resultó confirmada con elementos probatorios.

98 Folios 146 y siguientes del cuaderno original 2 y disco compacto correspondiente.

99 03:43:53. Tercer archivo de video.

100 06:16.

101 10:30.

102 13:00.

103 18:00.

104 35:00.

105 26:50.

106 Objetivo tres.

107 Folios 13 a 15 del cuaderno original 1.

108 Informe XXXFGN-CTI-SCT-SO del 14 de octubre de 2014 y disco correspondiente al consecutivo número 4.

109 XXX-0308265 (consecutivo 3), XXX-0777045 y XXX-1352434 (consecutivo 4); y XXX-0295853 (consecutivo 10).

110 01:20:50. Primera sesión de video.

111 Folio 297 y siguientes del cuaderno original 13.

112 Folio 93 y siguientes del cuaderno original 15 y anexos correspondientes.

113 Folios 30 y siguientes del cuaderno original 7.

114 Folios 238 y siguientes del cuaderno original 8 y cuadernos anexos originales 12 al 16.

115 15:25.

116 21.19.

117 36:41.

118 36:03.

119 41:50.

120 14:00.

121 Folios 78, 79 y 82 del cuaderno original 9.

122 Folios 192 y 193 del cuaderno original 6.

123 Folios 209 a 211, ibídem.

124 D.C. reconoció el parentesco durante la fase probatoria del juicio.

125 Folios 70 y 71 del cuaderno original 6.

126 14:00.

127 CSJ SP, 7 nov. 2012, rad. 37394.

128 CC C-392/00, traída en cita en CC C-1315/00.

129 Cfr. entre otras, CSJ. AP 11 dic. 2013, rad. 40239; CSJ AP 28 ag. 2013, rad. 41764; CSJ. AP. 28 sep. 2011, rad. 34235; CSJ. SP. 21 oct. 2009, rad. 31001; CSJ. SP 9 nov. 2006, rad. 25738.

130 Folios 34 a 36 del cuaderno original 9.

131 CSJ AP, 12 may. 2010, rad. 32462.

132 15:00.

133 16:20.

134 16:08.

135 24:10.

136 28:37.

137 35:00.

138 42:00. Primera sesión de video.

139 Folios 29, 30 y 31 del cuaderno original 4 y 5 y siguientes del cuaderno anexo original 9.

140 45:00.

141 Folios 171 y siguientes del cuaderno original 7 y 74 y siguientes del cuaderno original 8.

142 Folio 9 del cuaderno original 2.

143 Folios 223 y siguientes del cuaderno original 5.

144 Folios 71 y siguientes del cuaderno original 3.

145 Folios 140 y siguientes del cuaderno original 5.

146 Folios 39 y siguientes del cuaderno original 3.

147 Confrontar anexos del informe de policía judicial XXX del 21 de agosto de 2014.

148 45:00.

149 3:32.

150 Folios 30 y siguientes del cuaderno original 7.

151 26:10.

152 06:16.

153 Folios 42 y siguientes del cuaderno original 7 y cuadernos anexos originales 10 y 11.

154 Folios 238 y siguientes del cuaderno original 8 y 159 del cuaderno anexo original 13.

155 Refiriéndose a aquel (L.C.) como el “cajero de JF” y a este (JF) como el “patrón de los financieros”.

156 26:00.

157 15:25.

158 22:15.

159 29:00.

160 Cuadernos anexos originales 2 y 3.

161 Folios 63 y siguientes del cuaderno original 4.

162 Folios 100 y siguientes, ibídem.

163 El 20 de abril de 2010 en XXX.

164 06:06.

165 11:42.

166 02:58 y siguientes.

167 Folio 152 del cuaderno original 4.

168 Segundo archivo de audio de la declaración.

169 52:44.

170 04:40, 12:15 y 13:30.

171 Informe XXX-FGN-CTI-SCT-SO del 14 de octubre de 2014 y disco correspondiente al consecutivo 4.

172 Ibídem.

173 Ibídem.

174 Folio 129 del cuaderno original 12 y anexos correspondientes.

175 53:27.

176 13:20.

177 Folios 10 y siguientes del cuaderno original 2.

178 32:52.

179 Folio 172 del cuaderno original 15.

180 Folios 125 y 127, ibídem.

181 Folios 131 y 132, ibídem.

182 Folios 219 del cuaderno original 11.

183 42:34.

184 11:42.

185 Folio 138 del cuaderno original 12 y anexos correspondientes.

186 Folios 150 y 151 del cuaderno original 13.

187 Folio 41 del cuaderno original 7.

188 Folios 251 a 253 del cuaderno original 3.

189 Folio 213 del cuaderno original 11.

190 CSJ SP, 27 mar. 2003, rad. 17247.

191 Folio 93 y siguientes del cuaderno original 15 y anexos correspondientes.

192 XXX-1503777 de las 11:09:16 a.m. del 27 de mayo de 2014.

193 Folio 140 del cuaderno original 12 y anexo correspondiente.

194 Se desmovilizó formalmente el 30 de octubre de 2005.

195 CSJ SP, 23 feb. 2010, rad. 32805.

196 El rango general punitivo se divide en cuartos: Primer cuarto: Prisión entre 108 y 135 meses. Multa de 2.000 a 6.500 smlmv. Segundo cuarto: Prisión entre 135 meses, 1 día y 161 meses. Multa de 6.500 a 11.000 smlmv. Tercer cuarto: Entre 161 meses, 1 día y 188 meses. Multa de 11.000 a 15.500 smlmv. Y, último cuarto: Entre 188 meses, 1 día y 216 meses. Multa de 15.000 a 20.000 smlmv.

197 Prevista también en el estatuto anticorrupción —L. 1474/2011, art. 1º—.

198 CSJ SP, 19 jun. 2013, rad. 36.511 y CC C-630/2012.

199 Folios 150 y 151 del cuaderno original 13.

200 Folios 69 a 79 y 89 a 231 del cuaderno original 9.

201 Folios 1 a 54 del cuaderno original número 11.

202 Auto del 28 de octubre de 2014, visible a folios 65 a 75 del cuaderno original 11.

203 Investigación previa, instrucción y fase probatoria del juzgamiento, según corresponda.

204 Investigación previa, instrucción y fase probatoria del juzgamiento, según corresponda.

205 Folio 152 del cuaderno original 4.

206 Folio 41 del cuaderno original 7.

207 Folio 30 a 50 del cuaderno, ibídem.

208 Folios 251 a 253 del cuaderno original 3.

209 Folio 213 del cuaderno original 11.

210 Folio 256 del cuaderno original 3.

211 Folios 205 a 224 del cuaderno original 11.

212 Prevista también en el estatuto anticorrupción —L. 1474/2011, art. 1º—.

213 CSJ SP, 19 jun. 2013, rad. 36.511 y CC C-630/2012.