Sentencia SP6029-2017 de mayo 3 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Fernando Alberto Castro Caballero

SP6029-2017

Rad.: 36784

Aprobado acta Nº 124

Bogotá, D.C., tres (03) de mayo de dos mil diecisiete (2017).

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

Atendiendo la solicitud del apoderado de B. M. V., la Sala se referirá en primer lugar y de manera general al objeto del incidente de reparación integral, para luego abordar las cuestiones particulares del caso concreto.

1. En decisión del 10 de mayo de 2016 la Corte hizo una serie de precisiones en torno a la naturaleza del incidente de reparación integral, para precisar el objeto y finalidades del mismo en los siguientes términos:

«declarada la responsabilidad penal, la civil se deduce de aquella por manera que el debate en el incidente de reparación integral se centra en la acreditación del daño y su cuantificación, siendo la labor del juez penal la de declarar la existencia del perjuicio y decidir sobre el monto de la indemnización cuya fuente es el delito. 

El procedimiento incidental que prevé la Ley 906 de 2004 a partir de su artículo 102 debe tener como propósito definir la ocurrencia del daño y su estimación pecuniaria, más no su fuente, por cuanto en la sentencia ya se declaró la comisión del delito y la responsabilidad en cabeza del procesado, quien a su vez ostenta la condición de demandado en el incidente, puesto que la ley sustancial impone al penalmente responsable la obligación de indemnizar. 

(...)  

Es decir ya no puede ser objeto de controversia definir si el penalmente responsable está llamado a indemnizar o no, puesto que tal carga se deriva directamente de la condena penal en su contra por incurrir en el comportamiento delictivo que es fuente de responsabilidad civil extracontractual 

(...) En el proceso penal la finalidad del incidente reparatorio no es la de obtener un declaración en tal sentido, sino simplemente dar por probada la calidad de víctima o perjudicado, el daño y el monto al que asciende su compensación en dinero debate que debe evacuarse en las que contempla el Código de Procedimiento Penal de 2004».

El anterior pronunciamiento, a juicio de la Sala, no ofrece confusión ni da lugar a equívocos en torno al objetivo y finalidades del trámite incidental de reparación integral, puesto que un procedimiento de naturaleza accesoria, que solo puede iniciarse a partir del proferimiento de una condena penal en firme, no puede asimilarse a una acción de responsabilidad civil extracontractual en la que el primer aspecto a probar es la fuente de la obligación, que para casos como el presente, viene a ser el delito, cuya existencia y determinación de responsabilidad ya ha sido declarada en un fallo ejecutoriado.

En tratándose del incidente de reparación integral, es evidente que el demandante queda relevado de probar la fuente de la responsabilidad, es decir, que el demandado cometió un delito y las circunstancias de hecho que lo rodearon, puesto que ese elemento se encuentra acreditado a partir de la sentencia condenatoria en firme en la que ya se ha declarado una realidad fáctica indiscutible, abriéndose paso al incidente con fines resarcitorios.

De allí que en este tipo de incidentes la carga probatoria del demandante se reduzca a demostrar que el delito cometido por el penalmente responsable le ocasionó un daño, su naturaleza y cuantía. En manera alguna, como erradamente lo interpretara el apoderado de M. V., la Corte ha pretendido relevar a quien reclama los perjuicios ante el juez penal, del deber de acreditar la ocurrencia de un daño proveniente del injusto, ninguna afirmación en tal sentido ha hecho la Sala.

Las precisiones realizadas en el citado precedente se hicieron con base en las normas penales que regulan la responsabilidad civil derivada del delito, las que a su turno encuentran soporte en los preceptos civiles que regulan la figura de la responsabilidad civil extracontractual, concretamente el artículo 2341 del Código Civil que señala:

ART. 2341.Responsabilidad extracontractual. El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido. 

Resulta indiscutible que el delito es fuente de obligaciones y, por tanto, genera responsabilidad civil, como también que en el trámite del incidente, el hecho ilícito, fuente del deber de indemnizar, es incuestionable y no debe probarse por estar declarado en la sentencia penal en firme.

En tal medida, no merece aclaración o precisión lo dicho por la Sala en anterior oportunidad, debiéndose reiterar que la discusión propia del incidente de reparación integral se reduce a acreditar el perjuicio, entendido éste, según el diccionario de la real academia de la lengua, como el «demérito o gasto que se ocasiona por acto u omisión de otro y que éste debe indemnizar», su naturaleza —moral o material— y el monto de su compensación en dinero.

Lo dicho para significar que la acreditación del perjuicio lleva intrínseca la demostración de su causa, motivo por el que es desatinado indicar que la Sala relevó a la parte demandante de probar este elemento, como parece entenderlo el abogado de una de las partes demandadas al solicitar precisiones sobre tal aspecto, las cuales resultan innecesarias.

2. Superado lo anterior, la Sala establecerá si el demandante demostró los aspectos mencionados, para lo cual se abordará el examen de acuerdo con el orden de los daños reclamados.

2.1 Es así como frente al perjuicio material, éste fue estimado por el abogado de M. P. en $ 35.000.000 por concepto de daño emergente y 28.446.000 como lucro cesante, a cargo de cada uno de los penalmente responsables, es decir, en últimas, concreta estos montos en $ 70.000.000 y $ 56.892.000, respectivamente.

2.1. El primero de tales rubros —daño emergente— se hace consistir en los gastos de traslado en los que tuvo que incurrir Y. M. P. para viajar junto con su familia, de la ciudad de Barrancabermeja a Bogotá.

Para soportar la existencia de estos gastos, el abogado demandante aportó los testimonios de M. S. M., hija de la reclamante y F. C. T., compañero permanente de ésta.

También aludió como prueba de los perjuicios el «informe pericial». Del contenido del citado documento, la Sala no extrae una estimación del daño emergente, ya que en el mismo solo se hizo estimación del lucro cesante, motivo por el cual este medio de convicción nada aporta a la demostración del primero.

Se tiene entonces que en su declaración F. C. T. señaló que su relación sentimental con Y. M. inició en la ciudad de Bogotá a finales del año 2007, conviviendo en varios barrios de la capital entre ellos, Modelia, El Salitre, Minuto de Dios y La Soledad.

Por su parte, M. S. M., precisó que desde el año 2005 se encuentra radicada junto con su madre y hermanos en la capital del país por decisión personal de Y. M.

Ninguno de los testigos hizo referencia a que debido a la publicación de afiches difamatorios en el Departamento de Santander o la realización de una rueda de prensa organizada por el DAS con la finalidad de afectar su imagen, la familia Salcedo Medina, se viera obligada a trasladarse a la ciudad de Bogotá, incurriendo así en una serie de gastos. Por el contrario, lo que se advierte es que desde mucho antes de que tuvieran ocurrencia los hechos por los que fueron condenados M. P. H. A. y B. M. V., Y. M. y sus hijos ya residían en la ciudad de Bogotá, lugar en el que han permanecido hasta la fecha.

El único que refiere un intempestivo traslado con ocasión de los hechos declarados en la sentencia es el abogado demandante, cuando expuso oralmente esta particular pretensión, la cual como ha quedado visto, se encuentra huérfana de demostración. En conclusión no habrá lugar a proferir condena por el daño emergente solicitado.

2.2 Siguiendo con los perjuicios materiales, el lucro cesante demandando se hace consistir en los ingresos que Y. M. P. dejó de devengar desde el 1º de enero al 30 de julio de 2012. Con el fin de acreditar este particular de daño, el apoderado aportó un «informe pericial» en el que a diferencia de la demanda, se fija como periodo de causación el trascurrido entre el 1º de febrero de 2012 y el 30 de julio de 2013.

El mentado «informe», más que un peritaje, constituye realmente un estimativo del daño realizado por un ingeniero industrial, quien indica que la selección de este interregno corresponde al tiempo en el que Y. M. P. estuvo privada de la libertad por razón de una condena en su contra por el delito de secuestro extorsivo.

En esa medida, es evidente que el hecho presuntamente generador del menoscabo patrimonial, nada tiene que ver con los acontecimientos desplegados por los penalmente responsables en contra de esta ciudadana. Además, la condena por la conducta de secuestro por la que permaneció privada de la libertad durante varios meses, sucedió varios años después del momento en el que se realizaron labores de inteligencia ilegales en su contra, motivo por el cual aquellos acontecimientos no fueron materia de discusión en el proceso penal origen de este trámite incidental, siendo entonces desatinado pretender una reparación cuya fuente difiere por completo del soporte fáctico que dio lugar a la declaratoria de responsabilidad penal de H. A. y M. V.

De todas formas, aun cuando el petente hubiera elegido el periodo de tiempo enunciado en el informe pericial —1º de febrero de 2012 a 30 de julio de 2013—, como aquel en el que se generó el lucro cesante, y lo pretendido, como lo advierte la Corte, fuera derivar del estado de privación de la libertad de Y. M., la cesación de toda actividad productiva, la Sala observa que de acuerdo con el reporte allegado por la autoridad penitenciaria se tiene que ésta fue recluida por primera vez el 30 de abril de 2008 por razón de un proceso adelantado en su contra por la Corte Suprema de Justicia. También que permaneció privada de la libertad hasta el 29 de julio de 2013, debido a varios procesos en su contra adelantados por diferentes autoridades, entre ellas, esta Colegiatura, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga.

El demandante no acredita que por cuenta de los hechos por los que se condenó a los demandados, Y. M. hubiera estado injustamente privada de su libertad y que ello le impidiera ejercer cualquier tipo de actividad productiva.

Por el contrario, lo que se concluye es que el estado de reclusión de M. P. fue legítimo y estuvo justificado por los hechos delictivos de los que dan cuenta las sentencias proferidas en su contra y que se allegaron al incidente, sin que los acontecimientos que estos fallos documentan, tengan alguna relación con los atribuidos a H. A. y M. V. en sentencia de 28 de abril de 2015.

En cuanto a la condena por el delito de secuestro contra Y. M. por la que ésta estuvo varios meses en un centro carcelario, siendo luego absuelta, su hija M. S. sostuvo que ese fallo se soportó en una fotografía tomada por un periodista conocido como «Chucho» por la que el DAS pagó la suma de $ 20.000.000 en la que se hacía ver a su madre como vinculada con un grupo alzado en armas.

Si bien es cierto, la consecución de dicha fotografía fue un hecho debatido en juicio y que se reprochó como parte de las maniobras de inteligencia ilegales desplegadas contra Y. M., la afirmación de la testigo resulta insuficiente para acreditar que tal circunstancia ocasionó que en contra de su progenitora se adelantara un proceso penal por el delito de secuestro y que dicha fotografía fuera la prueba para sustentar un fallo de responsabilidad, como para derivar un perjuicio material a cargo de los aquí demandados.

Lo anterior habida cuenta que se desconoce el contenido del susodicho fallo, ya que no fue aportado como prueba al incidente, además porque no afloró en el juicio penal que se siguió a los demandados, que la referida foto hubiera sido utilizada para adelantar un proceso penal por secuestro o rebelión contra Y. M. El señalamiento de la testigo no ofrece poder demostrativo para acreditar el daño reclamado por estar fundado en la percepción personal que a ésta le ofrece la decisión judicial en la que su madre resultó condenada por un delito de secuestro.

Como ha quedado visto, en la demanda el nexo causal entre el perjuicio material-lucro cesante y el hecho ilícito generador del mismo, se concreta en el estado de privación de la libertad de Y. M., el cual debe precisar la Sala, fue producto de la ejecución de medidas de aseguramiento y sentencias legítimas contra ésta por sucesos completamente aislados a las acciones de las que fue víctima por parte de los demandados y, si bien, una de esas condenas debió ser revocada en segunda instancia, tampoco tal decisión jurisdiccional se vincula con los delitos declarados como cometidos por H. A. y M. V.

Por consiguiente, al igual que ocurrió con el daño emergente, tampoco se proferirá condena por lucro cesante.

Corolario de lo expuesto, las pretensiones indemnizatorias de daños materiales serán negadas por no haberse demostrado la causación de perjuicios de esa naturaleza.

3. Corresponde ahora abordar lo concerniente al perjuicio moral cuya valoración la estimó el demandante, por un lado, en $ 222.522.000 y, por el otro, en 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a cargo de cada uno de los demandados.

La afectación la hace derivar de las maniobras investigativas ilegales y de las actividades de inteligencia encaminadas a desprestigiar a Y. M. P.

3.1 El daño moral comporta el menoscabo a la dimensión afectiva, los sentimientos, el amor en la familia, la parte social, los atentados contra el honor, la reputación, las consideraciones sociales; por lo mismo, no puede establecerse a partir de métodos matemáticos como acontece con los perjuicios materiales. Varios criterios ha desarrollado la jurisprudencia para calcularlos:

«Dada la inasible naturaleza del daño no patrimonial, debe buscarse, “con ayuda del buen sentido (...) y con apoyo en hechos probados que den cuenta de las circunstancias personales de los damnificados reclamantes, una relativa satisfacción para estos últimos proporcionándoles de ordinario una suma de dinero que no deje incólume la agresión, pero que tampoco represente un lucro injustificado que acabe por desvirtuar la función institucional que prestaciones de ese linaje están llamadas a cumplir” (sentencia de 25 de noviembre de 1992, Exp. 3382); consideraciones éstas que aun cuando se expresaron con relación al daño moral, resultan perfectamente aplicables a toda clase de perjuicio extra-patrimonial, incluido el daño a la vida de relación. 

A diferencia de la estimación de los perjuicios patrimoniales, para los que existen en la mayoría de las ocasiones datos objetivos que sirven de apoyo para su cuantificación, el perjuicio extrapatrimonial ha estado y seguirá estando confiado al discreto arbitrio de los funcionarios judiciales, lo que no “equivale a abrirle paso a antojadizas intuiciones pergeñadas a la carrera para sustentar condenas excesivas, sino que a dichos funcionarios les impone el deber de actuar con prudencia, evitando en primer lugar servirse de pautas apriorísticas...”. (Resaltado fuera de texto) 

No pueden, por tanto, fijarse o establecerse parámetros generales que en forma mecánica se apliquen a la valoración de tal clase de perjuicio, pues cada caso concreto ofrece particularidades que deberán ser apreciadas por el juez al momento de hacer la correspondiente tasación»(1).

Igualmente, se ha diferenciado entre el daño moral subjetivo y el objetivado:

Hay en torno al daño moral dos géneros de perjuicios: los que emanan de él en forma concreta, determinada y determinable, que pudieran llamarse perjuicios morales objetivados; y otros que son indeterminados e indeterminables, inasibles y abstractos, perjuicios morales no susceptibles de objetivación. (...) 

La injuria al sentimiento del amor filial o al del honor puede ocasionar perjuicios morales inestimables por su naturaleza, y perjuicios morales objetivados. El hijo de un hombre que muere en un accidente experimenta el dolor o la pena natural a la privación del afecto de su progenitor, pena subjetiva, síquica, no objetivable; pero además puede sufrir, como consecuencia de su estado aflictivo o depresivo, una merma o disminución en sus facultades o aptitudes para el trabajo que reduzcan su esfuerzo y afecten consecuencialmente su patrimonio material. El comerciante que pierde su reputación sufre una pena síquica por la misma causa, daño inestimable pecuniariamente, y puede también recibir un daño moral que se manifiesta objetivamente en los menores rendimientos de su negocio, debidos a su inhibición para el trabajo, que lo hace menos productivo, y en la baja de sus entradas, porque la pérdida del crédito le trastorna el negocio. 

“’ (...) El daño moral objetivado puede fácilmente repararse. Tal cosa ocurre con el perjuicio inferido a una persona en su patrimonio, por la pérdida de su crédito, causada por la difamación; dicho daño es tangible, estimable con relativa facilidad, concretable en cifras numéricas. Pero no puede decir lo propio del daño moral no objetivado'. (G.J. LVI, 672; LXXX, 657; CLII1, 142, entre otras)'.(2)

En lo que respecta al cálculo de los perjuicios de esta naturaleza opera el principio de arbitrio judicium, esto es, que el juez puede tasarlos teniendo en cuenta criterios como la experiencia, la calidad del reclamante y en general las particularidades de cada caso, con la claridad de que tales criterios aplican únicamente en tratándose del daño moral subjetivo. Así lo ha precisado la Sala de Casación Civil en el pronunciamiento que viene de citarse:

Con mayor precisión y distinguiendo los perjuicios morales de los materiales, la jurisprudencia ha dicho que si bien el fallador puede, para determinar la condena por perjuicios morales subjetivados, acudir al arbitrio judicium, tal criterio no puede extenderse y aplicarse a los perjuicios materiales y morales objetivados. (Resaltado fuera de texto) 

Precisamente, la Corte en sentencia de 5 de marzo de 1993, sobre el punto que se viene analizando, afirmó lo siguiente: “Ahora bien, el arbitrio judicium que ha desarrollado la jurisprudencia de esta corporación, si bien se ha fundado en la potestad del juzgador para decidir en equidad la condena por perjuicios morales, de un lado, no lo ha hecho por fuera de las normas positivas sino con fundamento en ellas (art. 2341 del C.C. y 8º L. 153/1887), y, de otro, sólo se ha aplicado a falta de norma legal expresa que precise la fijación cuantitativa. Es decir, se trata de una potestad especial que supone, de una parte, la prueba del daño moral, que, cuando proviene del daño material a la corporeidad humana, va ínsito en este último, y, de otra, la aplicación supletoria de las reglas directas de la equidad con fundamento en las características propias del daño, repercusiones intrínsecas, probabilidad de satisfacciones indirectas, etc. Pero ello no ocurre con el daño material, ni con el daño moral objetivado, que, precisamente por su exteriorización en la vida individual y social, no solamente es posible de apreciarse y establecerse por los medios legales, sino que también puede cuantificarse conforme con las reglas ordinarias. Luego, se repite, es absolutamente improcedente el arbitrio judicial para la determinación libre o limitada del resarcimiento del daño material y el daño moral objetivado. Porque se trata de un asunto que física y jurídicamente necesita de prueba y cuya carga corresponde al actor, sin que pueda el juzgador sustraerse a ella, ni dejarla de aplicar”. (Resaltado propio).

En el presente asunto, la demandante pretende la indemnización del perjuicio moral sin especificar si se trata del daño moral objetivo o subjetivado, pero de la exposición del apoderado de M. P., por demás precaria, logra colegir la Corte que se trata del segundo de estos conceptos al referirse a la afectación interna de la reclamante ocasionada por el desprestigio en su contra.

A esta pretensión se opone la defensa, en cuyo sustento aportó una serie de pruebas documentales encaminadas a probar que para la fecha de los hechos la imagen pública de Y. M. P. ya se encontraba bastante afectada por razón de acontecimientos diferentes a aquellos por los que fueron juzgados y condenados B. M. V. y M. P. H. A.

En concreto, por los hechos que rodearon la aprobación del acto legislativo que dio vía libre a la reelección presidencial inmediata y que motivaron la judicialización de Y. M. P., los cuales fueron ampliamente publicitados en los medios de comunicación que informaron masivamente acerca de la orden de captura librada contra de la exparlamentaria para el mes de abril de 2008, así como de la sentencia condenatoria proferida por esta Corte en el mes de junio de ese año. También el fallo condenatorio de 30 de septiembre de 2010 por el delito de enriquecimiento ilícito que también fue conocido y ampliamente reproducido por la prensa escrita y hablada.

Aquí se trata de establecer si frente a los antecedentes judiciales que reportaba la víctima y que le generaron una imagen pública desfavorable, es posible concluir que las acciones desplegadas por los aquí demandados, las cuales ameritaron su condena penal, ocasionaron efectiva vulneración al buen nombre de la demandante Y. M., y por tanto, tiene derecho a la indemnización de perjuicios por generar en ella sentimientos de angustia y aflicción configuradores de un daño moral subjetivo.

3.3 Para responder este interrogante necesario resulta precisar en primer término, lo que debe entenderse por buen nombre y honra.

Dichas garantías han sido objeto de amplio desarrollo jurisprudencial. Es así que en Sentencia T-466 de 2016 se indicó:

«El derecho al buen nombre está consagrado en el artículo 15 de la Constitución[187], y se refiere a “la buena opinión o fama adquirida por un individuo en razón de la virtud y el mérito, como consecuencia necesaria de las acciones protagonizadas por él”[188], es decir, a la reputación de una persona derivada de la exteriorización de sus conductas[189]. La protección derivada de este derecho se proyecta “frente al detrimento que [se] pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas [...y...] se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo”[190]. Se ha resaltado en la jurisprudencia que el buen nombre “tiene una cercana relación con la dignidad humana, en la medida en que, al referirse a la reputación, protege a la persona contra ataques que restrinjan exclusivamente la proyección de la persona en el ámbito público o colectivo”[191]. (Resaltado fuera de texto).

En cuanto a la esfera de protección de este derecho fundamental, se ha establecido que depende de la conducta del sujeto en su interacción con los demás y de la valoración que fruto de la misma elabore razonablemente la sociedad. Al respecto, ha dicho la jurisprudencia que no es posible reclamar por la afectación del derecho al buen nombre “cuando el comportamiento de la persona misma es el que impide a los asociados ‘considerarla digna o acreedora de un buen concepto o estimación’[192]”[193].»(3) 

Y sobre el derecho a la honra, en el mismo pronunciamiento se dijo:

El derecho a la honra, contemplado en el artículo 21 de la Constitución[194], alude a la consideración que sobre la persona se haga en razón a su condición de ser humano, es decir, por su valor intrínseco. Ha dicho la jurisprudencia que “la honra hace alusión al respeto que la persona merece por su propia condición de tal[195],‘(...) entendiendo por ella, la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana. Es por consiguiente, un derecho que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad’.[196]”[197]. La Corte Constitucional ha establecido que la honra se afecta “tanto por la información errónea, como por las opiniones manifiestamente tendenciosas respecto a la conducta privada de la persona o sobre la persona en sí misma[198](4). (Resaltado fuera de texto).

En Sentencia C-452 de 2016, se estableció que el buen nombre y la honra se encuentran íntimamente relacionados, pero de todas formas se trata de conceptos diferentes:

De acuerdo con esta decisión —C-489 de 2002—, el derecho a la intimidad se corresponde con la protección de interferencia a la vida personal y familiar, en los términos anteriormente explicados y que está especialmente vinculada a “la protección frente a la divulgación no autorizada de los asuntos que conciernen a ese ámbito de privacidad”. En cambio, el buen nombre es comprendido como un concepto esencialmente relacional, referido a la reputación que tiene un individuo frente a los demás, garantía constitucional que resulta afectado cuando se presentan “informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo”. 

(...)  

Por lo tanto, la infracción al derecho al buen nombre se deriva de la difusión de información falsa o inexacta sobre el individuo concernido, la cual “no tiene fundamento en su propia conducta pública y que afectan su renombre e imagen ante la sociedad.”. A su vez, para el caso del derecho a la honra, la afectación se genera en aquellos casos en que se “expresan conceptos u opiniones que generan un daño tangible al sujeto afectado”.  (Resaltado fuera de texto).

3.4 En el asunto que ocupa la atención de la Sala, de acuerdo con lo declarado en la sentencia penal, los hechos de los que se deriva la afectación reclamada tuvieron que ver con el despliegue de labores de inteligencia encaminadas a recolectar información que desprestigiara a Y. M., difundiéndola a la prensa y a través de carteles que la vinculaban con un grupo guerrillero.

Dichas maniobras, a no dudarlo, siempre tuvieron como objetivo afectar la garantía del buen nombre y hacer pública información que cumpliera ese propósito a pesar de que era falsa.

Tal conducta afligió la esfera íntima de la demandante, en tanto que se enteró de la divulgación de la información, según así lo declaró su hija M. S. M., cuando sostuvo que su madre recibió llamadas de conocidos informándole acerca de los afiches en los que se la hacía ver como muy cercana a la guerrilla, además de que su familia se enteró de lo acontecido por los medios de comunicación.

Corresponde indicar que para el momento en el que se produjo el anuncio de la información falsa, ya habían sucedido varios acontecimientos ajenos a los debatidos en el juicio contra los aquí demandados que hacían que la opinión sobre el desempeño y conducta social de Y. M. no fuera la mejor, como lo fue su comprobada responsabilidad en el delito de cohecho por vender su voto de congresista para que se aprobara la reelección presidencial inmediata.

Sin embargo, contar con antecedentes penales por un delito doloso y que ello sea de público conocimiento, no puede hacer nugatorio el derecho al buen nombre, puesto que se trata de un derecho subjetivo de raigambre constitucional, reconocido por instrumentos internacionales de derechos humanos y garantía fundamental de todo individuo, la cual no desaparece porque el Estado, frente a un hecho punible concreto, haya logrado desvirtuar la presunción de inocencia, puesto que ello sería tanto como admitir que a las personas con antecedentes penales se les puede injuriar o difamar sin ninguna consecuencia, privando a estos individuos de un derecho fundamental inherente a la condición humana.

Aun a los ciudadanos en esta situación o cualquier otra similar en la que sea evidente que no gozan de una buena imagen ante su comunidad, se les debe garantizar el derecho al buen nombre y a no ser objeto de falsas imputaciones, hechos difamatorios o reveladores de su intimidad. No obstante, la reparación del daño al buen nombre se verá restringida, puesto que no podrá ser igual al de aquellas personas cuya reputación no tiene tacha alguna.

Es justamente este el escenario en el que se encontraba la aquí demandante, pues aunque aún hoy día es recordada como la parlamentaria que a través de un delito, contribuyó a una importante modificación de la Constitución Política, de todas formas su nombre fue afectado por el organismo de inteligencia atribuyéndole una conducta que era contraria a la realidad como lo era su relación con un grupo insurgente, lo cual dio lugar a un mayor desprestigio al ya adquirido como consecuencia de su propia conducta.

Tal circunstancia, contrario a lo expresado por los demandados, generó en ella sentimientos de angustia y sufrimiento de los que dieron cuenta sus familiares, constituyendo tal afectación interna, el daño moral reclamado. La demostración de este perjuicio no impone la acreditación acerca de cuál era la opinión que el conglomerado tenía de Y. M. con ocasión de las falsas imputaciones, como lo requiere el apoderado de M. V., ya que la aflicción que ello le generó fue acreditada a través del testimonio de su hija y del compañero permanente de aquella.

Tampoco puede acoger la Sala la percepción de los demandados acerca de que la demandante se vino a enterar de la difamación con ocasión de lo ventilado en este juicio penal porque así se consignó en la demanda administrativa presentada por Y. M., y de tal forma concluir que no pudo sufrir ninguna afectación moral. En el libelo radicado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en ningún momento se afirmó que los episodios de los que se deriva el daño moral aquí discutido, no hubieran sido de conocimiento por parte de la afectada cuando sucedieron; lo que allí se indica es que las circunstancias que los rodearon y precedieron afloraron para la parte demandante una vez conoció las pruebas con las que contaba la Fiscalía en contra de H. A. y M. V.

Adicionalmente, en el proceso penal quedó clarificado que esos eventos tuvieron ocurrencia inmediatamente después de abril de 2008 cuando se hizo pública una entrevista que Y. M. había dado años atrás a un medio de comunicación de amplia difusión, en la que expuso los pormenores del proceso subrepticio que precedió la aprobación del acto legislativo que permitió la reelección presidencial y según con lo dicho por sus parientes, la difusión de la información falsa en su contra fue conocida por ella una vez fue publicitada, esto es, en el año 2008.

De acuerdo con lo expuesto, para la Corte la ciudadana Y. M. P. sufrió un daño moral subjetivo el cual será reconocido pero no en las proporciones demandadas, pues no puede pasarse por alto que para el momento en que se concretó el daño, ésta no era reconocida por la comunidad como una persona de conducta intachable; empero, ello no desdice del sufrimiento que le causó saber que en su contra se estaban haciendo públicas falsas imputaciones que la relacionaban con un grupo insurgente.

La forma en que se resarcirá el daño moral subjetivo será a través de una compensación en dinero de cuya determinación se ocupará la Sala posteriormente.

De otra parte, corresponde indicar, en respuesta a un planteamiento del apoderado de M. V., que la causa del perjuicio es atribuible a la conducta delictiva de ambos procesados, toda vez que la recolección de información respecto de Y. M. P. siempre estuvo encaminada a la consecución de datos que afectaran aún más su imagen pública. En la sentencia penal la Corte concluyó que el aquí demandado M. V. fue quien emitió la orden de recolectar ese tipo de información habiéndola recibido en lo que los funcionarios del DAS que testificaron sobre esta circunstancia, denominaron «dossier». Por tal motivo, su comportamiento condujo a la materialización del perjuicio cuando M. P. H., siguiendo la orden que se le había impartido de recopilar información que dañara la reputación de M. P., publicitó algunos datos que resultaron contrarios a la realidad.

Ahora bien, en cuanto a la estimación en dinero del perjuicio cuya fuente es el delito, el artículo 97 del Código Penal otorga al juez la potestad de tasarlos en cuantía no superior a los mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Valga aclarar que esta limitación aplica únicamente frente a los daños morales no susceptibles de cuantificación objetiva, según así lo concluyó la Corte Constitucional al pronunciarse sobre la exequibilidad de dicho precepto, puesto que respecto de los perjuicios que sí pueden calcularse en dinero, el límite para el juez viene determinado por lo que se pruebe en el proceso.

La siguiente fue la regla impuesta en el mentado fallo de constitucionalidad: «el límite de mil salarios mínimos legales mensuales se aplica exclusivamente a la parte de la indemnización de daños morales cuyo valor pecuniario no fue objetivamente determinado en el proceso penal. Este límite se aplicará a la indemnización de dichos daños cuando la fuente de la obligación sea únicamente la conducta punible»(5).

Ahora bien, corresponde señalar que los criterios para la determinación del perjuicio moral subjetivo vienen dados por la naturaleza del daño, las condiciones personales de quien lo ha sufrido y las pautas que ha tenido en cuenta la jurisprudencia en casos análogos, en orden a adoptar decisiones equitativas.

Sobre esto último, oportuno es precisar que la Sala de Casación Civil en CSJ SP 6 mayo 1998 radicado 4972, indicó que no se ha pretendido imponer topes máximos a la compensación de los perjuicios morales subjetivos, sino pautas que faciliten la resolución de los casos concretos. Así lo indicó la corporación:

Acerca de tal aspecto y en vista de la ausencia de un explícito mandato legal al respecto, la Corte con apoyo en la misión unificadora que por ley le corresponde, viene, de tiempo en tiempo y desde algunos años, señalando unos topes máximos de dinero dentro de los cuales es, a juicio de aquella, admisible que el juez ejerza prudente arbitrio al estimar el monto de la competencia por el perjuicio moral.  

(...)  

Ahora bien, los topes que de manera periódica y por vía jurisprudencial ha venido indicando la Corte, no son, en modo alguno de obligatorio acatamiento para los falladores de las instancias, pues, como legalmente consta, los jueces les está vedado proveer por vía de disposición general o reglamentaria (C.C., art. 17). Estos topes, dícese de nuevo, no representan otra cosa que una guía para las jurisdicciones inferiores, máxime cuando son estas las que deben ceñirse a su prudente juicio cuando tasan los perjuicios morales (Cas. 28 febrero 1990) 

(...) como ya se dijo, esa guía, esa pauta, no son más que eso, y jamás han tenido, y no pueden tener por mandato legal de carácter obligatorio.

De acuerdo con lo expuesto, además de los pormenores del caso particular de Y. M., la Sala tendrá en cuenta la valoración que sobre este perjuicio se ha hecho en casos similares en los que se generó una aflicción interna, al verse afectada la garantía del buen nombre. Debe hacerse distinción entre la forma de estimar la vulneración a dicha garantía de aquella encaminada a resarcir el sufrimiento que tal trasgresión genera, puesto que el Consejo de Estado ha indicado que el daño a un derecho fundamental es autónomo, por lo que debe calcularse con independencia de otro tipo de perjuicio.

Al referirse a la liquidación en concreto de un daño de esta naturaleza, esa corporación citó una sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, en la que se establece dicho criterio, a saber, la trasgresión a bienes constitucionalmente protegidos configura un tipo de daño inmaterial autónomo, el cual debe resarcirse preferiblemente a través de medidas de reparación simbólica. Sobre este específico tema indicó la decisión unificadora:

(...) el daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados es un daño inmaterial autónomo que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario y, en tal virtud, las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, tienen efectos expansivos y universales, toda vez que no solamente están destinadas a tener incidencia concreta en la víctima y su núcleo familiar cercano, sino a todos los afectados, y aún inciden más allá de las fronteras del proceso a la sociedad en su conjunto y al Estado. (Resaltado propio)

(...) 

La reparación del referido daño abarca los siguientes aspectos: 

i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial. // ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia. // iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de la lesión como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas “de crianza”, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. // iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado.// v) Es un daño que requiere de un presupuesto de declaración: debe existir una expresa declaración de responsabilidad del Estado por la existencia de un daño a bienes constitucionales y convencionales imputables al mismo, y se deben justificar y especificar las medidas de reparación integral adecuadas y pertinentes al caso, de tal manera que el Estado ejecute el debitum iuris. Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de restablecer la dignidad de las víctimas, reprobar las relevantes violaciones a los derechos humanos y concretar las medidas de garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional. // vi) Es un daño frente al cual se confirme el rol del juez de responsabilidad extracontractual como reparador integral de derechos vulnerados, sin desconocer que las indemnizaciones que tradicionalmente han venido siendo reconocidas impactan directa o indirectamente en los derechos de las víctimas; sin embargo, en tratándose de vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos constitucional y convencionalmente amparados, se impone la necesidad de que el juez acuda a otras medidas, con el fin de reparar plenamente a las víctimas.(6) 

En la decisión del Consejo de Estado que trae la Corte, se distingue entre el daño a la garantía fundamental y el perjuicio moral subjetivo, cada uno de los cuales es indemnizable con total autonomía y, frente al primero, se prefieren medidas simbólicas de reparación. En el caso resuelto en sede de jurisdicción contenciosa administrativa, se impuso respecto del perjuicio al buen nombre un monto de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes ante la imposibilidad de ordenar una medida no pecuniaria al haber desaparecido la entidad que generó el agravio.

En eventos en los que ha resultado afectado el buen nombre de una persona por cuenta de la actuación de las autoridades públicas que han divulgado información incorrecta sobre, por ejemplo, los antecedentes penales de una persona o su compromiso en actuaciones de la misma naturaleza, la sección tercera del Consejo de Estado al resolver las acciones de reparación directa impetradas por los afectados se ha pronunciado en las decisiones que se citan a continuación.

En un caso(7) en el que se ordenó la captura de unas personas para ser escuchadas en indagatoria, lo cual fue publicado por los medios de comunicación locales en los que afirmaba que los capturados eran integrantes de una banda delincuencial, a quienes luego se les precluyó la investigación, consideró el citado órgano corporativo:

Estas declaraciones entregadas a los medios de comunicación por un alto funcionario de inteligencia del Estado evidentemente produjeron para los hermanos (...) sentimientos de angustia y temor, ya que fueron pública e injustamente sometidos a un grave estado de zozobra y desasosiego, como consecuencia de las citadas publicaciones en los medios de comunicación, en las que se los califican de integrantes de una banda de delincuentes, situación que produjo una lesión a sus derechos fundamentales a la honra y el buen nombre. 

En otro asunto(8), también decidido por el Consejo de Estado y por hechos similares, se ordenó como única medida reparatoria una de carácter simbólico a cargo de la Policía Nacional en la que rectificara la información que había difundido a la prensa. En esa misma sentencia se trajo a colación una de unificación de la misma entidad en la que se clasificaron los daños inmateriales así:

En forma más reciente, esta corporación ha sistematizado la tipología de daños inmateriales(9), así: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico), cuando se deriva de una lesión corporal y iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño. 

Por su parte, la Sala de Casación Civil en SC 26 mayo 1996, radicado 5244, en un caso en el que se demandó indemnización por daño al buen nombre debido a una publicación periodística que hacía imputaciones graves a la víctima que resultaron falsas —determinación en un delito de homicidio—, fijó la compensación por el daño a la reputación en cinco millones de pesos, más la rectificación pública, debido a que el demandante gozaba de muy buena opinión de la comunidad de la región en la que residía. Los aspectos analizados por la Corte en esa oportunidad fueron los siguientes:

Por esta razón, estima la Corte que, de un lado, deben tenerse en cuenta, factores como los relativos a las condiciones personales trascendentes en el buen nombre y la honra de la víctima, al alcance y gravedad de la afectación de estos derechos, a la extensión de la difusión y las circunstancias de la información, a las condiciones periodísticas y económicas del medio de comunicación social, al interés de la víctima por la rectificación y a la disposición del medio para hacerlo, etc. Pero del otro, también precisa la Corte la necesidad que, en desarrollo de una correcta aplicación del precitado principio, se seleccionen las formas de resarcimiento que se adecuen a la función compensatoria o paliativa de dicho daño, a fin de lograr en lo posible su justa reparación y evitar un aprovechamiento indebido. 

Por ello, las medidas resarcitorias del mencionado perjuicio pueden ser directas, como la condena a la publicación en forma obligatoria y gratuita, de la rectificación correspondiente con la parte resolutiva de esta sentencia, o indirectas o equivalentes, como la condena al pago de una suma de dinero, o bien unas y otras, según lo requiera la mencionada reparación. 

El Consejo de Estado ha fijado como pauta un tope máximo de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes(10), el cual, al igual que el establecido en pronunciamiento de la Sala de Casación Civil, como ya se indicó, comporta un criterio de orientación, pues en todo caso el monto de la indemnización por daño moral subjetivo depende de la acreditación de la intensidad del perjuicio.

En el presente caso, debe entonces distinguirse el daño generado al buen nombre de Y. M., de aquella afectación a su fuero interno por la angustia y la perturbación del ánimo que le generó la difusión de falsa información sobre su conducta.

Es así que en cuanto al daño moral subjetivo concretado en la aflicción, la angustia y el sufrimiento que le causó a la demandante ver su nombre enlodado por cuenta de la actividad del DAS, éste no fue de la gravedad que refiere su apoderado como para justificar una indemnización que supera los doscientos millones de pesos.

Lo anterior, toda vez que es un hecho cierto que la señora M. P. para la fecha de la divulgación de la información falsa en su contra —año 2008—, ya era ampliamente conocida por la opinión pública como la parlamentaria que en ejercicio de esa función vendió su voto a cambio de prebendas, siendo tal conducta de corrupción aceptada por ella misma ante los medios de comunicación en abril de ese año al hacerse pública una entrevista que había rendido en agosto de 2004, la cual fue masivamente divulgada cuatro años después con el aval de ésta.

Es decir, no puede afirmarse que Y. M. P. fuera reconocida como una ciudadana de conducta ejemplar, sin embargo esa circunstancia no descarta que el acto difamatorio cometido en su contra por los demandados le causó sentimientos aflicción, angustia y hasta depresión, al advertir que su reconocimiento como líder política en la región de la que era oriunda, estaba siendo seriamente afectado al verse vinculada con un grupo guerrillero de negativa influencia para la comunidad de Barrancabermeja.

En ese orden, el perjuicio moral subjetivo lo fija la Sala en el monto de veinte (20) millones de pesos, cuyo pago será asumido en forma solidaria por los demandados de acuerdo con lo previsto en los artículos 96 del Código Penal(11) y 2344 del Código Civil(12).

Ahora bien, teniendo en cuenta que el procesado B. M. V., dejó a disposición de la Corte justamente esa suma de dinero para el pago de los daños en caso de que fuera condenado, como efectivamente aconteció, se dispondrá que los perjuicios aquí reconocidos a favor de Y. M. sean cubiertos por esa suma de dinero, la cual será entregada a ésta o a su defensor previos los trámites secretariales pertinentes.

4. Frente al daño que ha sido denominado por el Consejo de Estado como el perjuicio a un interés constitucionalmente protegido, son las medidas de reparación simbólica las que principalmente restablecen la garantía afectada.

Esta es justamente la última de las pretensiones reparatorias solicitadas por la demandante que su apoderado ha denominado «satisfacción del perjuicio», las cuales se dirigen a que los demandados le ofrezcan excusas públicas y pidan perdón a través de los medios de comunicación.

Es sabido que este tipo de medidas son mayormente implementadas en procesos en los que se debate la responsabilidad del Estado por la acción de sus autoridades contra los ciudadanos, en donde el estamento como persona jurídica debe reconocer públicamente el agravio.

En procesos adelantados por graves violaciones a los derechos humanos, cuyo objeto de debate puede ser la responsabilidad en cabeza del Estado o a cargo de personas naturales, amplio ha sido el desarrollo acerca de los derechos de las víctimas en especial a la reparación, el cual comporta varias dimensiones que se orientan principalmente a mecanismos diferentes al pago de una suma de dinero con el fin garantizar medidas resarcitorias de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción(13), las cuales pueden consistir en la restitución de los derechos de las víctimas, programas de rehabilitación y medidas simbólicas, como disculpas oficiales, monumentos y ceremonias conmemorativas(14).

Así las cosas, es pertinente plantear el interrogante acerca de si en procesos penales en los que se ha establecido la responsabilidad de personas naturales por incurrir en conductas delictivas de cualquier naturaleza, no solo por graves violaciones a los derechos humanos, el juez tiene la facultad de imponerle al penalmente responsable medidas de restablecimiento del derecho de carácter no pecuniario, como por ejemplo mostrar arrepentimiento y ofrecer excusas a la víctima por su comportamiento.

Este tipo de mecanismos encuentran consagración legal, concretamente en las normas que regulan el principio de oportunidad cuando se suspende el procedimiento a prueba, el cual queda condicionado al cumplimiento de varios compromisos que puede imponer el fiscal, entre ellos, el de manifestar públicamente arrepentimiento por el hecho que se le imputa. Así lo señala la norma:

«ART. 326.—Condiciones a cumplir durante el periodo de prueba. Modificado por el artículo 4º de la Ley 312 de 2009. El fiscal fijará el periodo de prueba, el cual no podrá ser superior a tres años, y determinará una o varias de las condiciones que deberán cumplir el imputado o acusado hasta antes de la audiencia de juzgamiento entre las siguientes:  

(...) 

j) La manifestación pública de arrepentimiento por el hecho que se le imputa».

La norma en cita fue objeto de estudio en sede de constitucionalidad, específicamente respecto de las obligaciones relativas a someterse a tratamiento médico o psicológico o de rehabilitación, al considerar en esa oportunidad los demandantes que la imposición de compromisos de tal índole, vulnera el derecho a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Al respecto se pronunció la Corte Constitucional(15) indicando que el principio de oportunidad es una de las formas de justicia restaurativa:

La Corte ha señalado que esta modalidad de ejercicio del principio de oportunidad consiste en “la prerrogativa para el imputado [hoy también para el acusado] de solicitar al fiscal la suspensión de la actuación por un periodo de prueba que no podrá ser superior a tres (3) años, acompañada del ofrecimiento de un plan de reparación integral del daño. Es un espacio para la aplicación de mecanismos de justicia restaurativa, particularmente la mediación, en los eventos en que ésta resulte procedente. La suspensión se otorga supeditada al cumplimiento de unas condiciones previstas en la ley, que impone el fiscal, quien también está facultado para aprobar o modificar el plan de reparación propuesto por el imputado, conforme a los principios de justicia restaurativa establecidos en la ley”.(16) (Resaltado fuera de texto original)

También en la misma decisión se definió lo que debe entenderse por justicia restaurativa y los principios por los que se rige, así:

Por programa de justicia restaurativa entiende todo proceso en el que la víctima y el imputado, acusado o sentenciado participan conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo, con o sin la participación de un facilitador. Entiende por resultado restaurativo el acuerdo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la víctima y del infractor en la comunidad en busca de la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad (art. 518).  

Los procesos de justicia restaurativa se rigen por los principios generales del Código de Procedimiento Penal y particularmente por las siguientes reglas (art. 519): 

1. Consentimiento libre y voluntario de la víctima y el imputado, acusado o sentenciado de someter el conflicto a un proceso restaurativo. Tanto uno como los otros podrán retirar este consentimiento en cualquier momento de la actuación. 

2. Los acuerdos que se alcancen deberán contener obligaciones razonables y proporcionadas con el daño ocasionado con el delito. 

3. La participación del imputado, acusado o sentenciado no se utilizará como prueba de admisión de culpabilidad en los procedimiento jurídicos ulteriores. 

4. El incumplimiento de un acuerdo no deberá utilizarse como fundamento para una condena o para la agravación de la pena. 

5. Los facilitadores deben desempeñar sus funciones de manera imparcial y velarán porque la víctima y el imputado, acusado o sentenciado actúen como mutuo respeto. 

6. La víctima y el imputado, acusado o sentenciado tendrá derecho a consultar a un abogado. 

Sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia citada que imponerle al procesado en trámite de principio de oportunidad, el compromiso de someterse a tratamiento médico, psicológico o de rehabilitación, no vulnera su derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, por cuanto esta garantía no es de carácter absoluto y con mayor razón debe ceder ante ofensas reales a los derechos de otros. Esto fue lo que al respecto indicó esa Corporación:

Por esta razón, la represión legítima de una opción personal debe tener lugar exclusivamente frente a circunstancias que generen violaciones reales a los derechos de los demás y comprometa valores objetivos del ordenamiento jurídico, localizados en la zona de penumbra y siempre que superen criterios de razonabilidad y proporcionalidad.(17) Puede, entonces, colegirse que las restricciones legítimas al libre desarrollo de la personalidad se reducen a aquellas que efectivamente pretendan proteger los derechos ajenos y el orden constitucional.(18) No es por tanto un derecho de carácter absoluto.(19) 

El establecimiento por el fiscal de condiciones a cumplir durante el periodo de prueba por el imputado o acusado hasta antes de la audiencia de juzgamiento, como el participar en programas especiales de tratamiento para superar problemas de dependencia a drogas o bebidas alcohólicas y someterse a un tratamiento médico o psicológico, no desconoce en principio la autonomía personal ni la consecuente dignidad humana al constituir obligaciones que se desprenden de la comisión de una conducta típica, antijurídica y culpable lesiva de los derechos ajenos o del orden jurídico.  

Las condiciones establecidas en los literales b) y d) acusados, al implicar participar en programas especiales de tratamiento para superar problemas de dependencia a drogas o bebidas alcohólicas y sujetarse a tratamientos médicos o psicológicos, tocan indudablemente contenidos esenciales del derecho fundamental a la autonomía personal, pero en la medida que su exigencia obedece a la realización de una conducta punible sobre la cual hay un mínimo de prueba que permite inferir la autoría o participación y su tipicidad, no lo desconoce por cuanto se han transgredido los derechos ajenos o el ordenamiento jurídico, que constituyen límites constitucionalmente establecidos al libre desarrollo de la personalidad en el artículo 16. (Resaltado fuera de texto).

De lo anterior emerge claro que las obligaciones que puede imponer el fiscal en el escenario propio del principio de oportunidad, no implican invasiones injustificadas o ilegítimas de derechos como la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad de quien ha infringido la ley penal y ha causado un agravio a un tercero, puesto que este tipo de medidas se encuentran acordes con las finalidades del proceso penal, entre ellas, «la satisfacción de los intereses de las víctimas (reconocer su sufrimiento, repararle el daño inferido y restaurarla en su dignidad), al restablecimiento de la paz social y a la reincorporación del infractor a la comunidad a fin de restablecer los lazos sociales quebrantados por el delito, replanteando el concepto de castigo retributivo que resulta insuficiente para el restablecimiento de la convivencia social pacífica”.(20)»(21)

En tratándose del incidente de reparación integral se ha dicho que este trámite también constituye un mecanismo de justicia restaurativa(22) en el cual la víctima puede exigir el resarcimiento del derecho afectado no solo a través de imposiciones pecuniarias, sino a partir de actuaciones de parte del penalmente responsable que se encuentran cobijadas por el concepto de reparación integral.

El legislador ha establecido como elementos que integran el concepto de reparación integral, no sólo la indemnización pecuniaria fruto de la responsabilidad civil reconocida como consecuencia del daño causado por el delito, reparación en sentido lato, sino cualesquiera otras expresiones que contengan la verdad y la justicia, así como las actuaciones que de modo razonable reclame la víctima del sujeto penalmente responsable, en cuanto forma de cubrir el perjuicio moral y material que ha sufrido. En este sentido recuerda la Corte que la noción de reparación civil es independiente al proceso en el cual se obtenga (art. 16 de la L. 446/98), razón por la cual los criterios que se apliquen deben ser homogéneos».(23) 

Pero no solo en el escenario de un proceso penal es posible que el juez ordene medidas como la manifestación de arrepentimiento, solicitud de perdón o presentación de excusas. En sede de tutela(24) la Corte Constitucional ordenó a una persona que presentara excusas a través de una red social al haber publicado, por el mismo medio, el incumplimiento de una obligación civil por parte de la tutelante, estimando la Corte que ese tipo de divulgaciones afectaban la intimidad y el buen nombre.

Del recuento jurisprudencial expuesto, es claro que el Estado a través de los jueces puede imponer a los particulares realizar ciertas conductas en orden a reparar el daño que han causado a terceros, sin que ello comporte la trasgresión de garantías fundamentales de los obligados al resarcimiento, o sea una facultad exclusiva en procesos por comportamientos configurativos de graves violaciones a los derechos humanos, o en lo que se debata la responsabilidad del Estado.

En este orden de ideas, no encuentra la Sala que la medida de reparación simbólica que demanda Y. M. en orden a resarcir el perjuicio por el menoscabo a su reputación, implique una ilegítima e injusta afectación a la autonomía o dignidad humana de M. P. H. A. y B. M. V., puesto que es claro que fue su conducta delictiva la generadora del agravio a la demandante, el cual deberá repararse a través de un mecanismo simbólico consistente en hacer una publicación en un diario de amplia circulación en Barrancabermeja, ofreciendo excusas públicas a Y. M. P. por la afectación que con sus conductas penalmente sancionadas le ocasionaron a su buen nombre. El término con el que cuentan para cumplir el mentado compromiso será de tres (3) meses.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. NEGAR las pretensiones de la demanda en lo relativo a los perjuicios materiales. Por tal motivo los demandados M. P. H. A. y B. M. V. no serán condenados a pago alguno por este concepto.

2. CONDENAR a M. P. H. A. y B. M. V. al pago solidario de veinte (20) millones de pesos por concepto de daño moral subjetivo a favor de Y. M. P.

3. Imponer a los demandados como medida de reparación simbólica la obligación de presentar excusas públicas a Y. M. P. por la afectación a su derecho al buen nombre, que le ocasionaron con sus conductas ilegales por las que fueron sancionados penalmente. Para el efecto harán una única publicación en un diario de amplia circulación en la ciudad de Barrancabermeja, dentro del término de tres meses a partir de la notificación de esta sentencia.

4. La secretaria agotará el trámite necesario para que el valor de los perjuicios aquí reconocidos se cancele a favor de Y. M. P. con cargo a la suma de dinero que en pretérita oportunidad consignó uno de los acusados para cubrir este rubro.

Notifíquese y cúmplase,

Magistrados: Eugenio Fernández Carlier—José Francisco Acuña Vizcaya —José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Gustavo E. Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria».

1 CSJ SC, 12 sep. 2016, Rad. 4792, Sentencia 064.

2 Ibíd.

3 «[187] El artículo 15 de la Constitución Política dispone que “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. [...]” (subrayado fuera del texto original)».

«[188] Ver, Sentencia T-411 de 1995». 

«[189] Cfr. sentencias C-442 de 2011 y T-015 de 2015. Ver también, Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Fontevecchia y D´Amico vs Argentina, sentencia del 29 de noviembre de 2001».

«[190] Ver, Sentencia C-489 de 2002». 

«[191] Ver, Sentencia C-442 de 2011». 

«[192] Ver, sentencia SU-056 de 1995». 

«[193] Ver, Sentencia T-260 de 2010». 

4 «[194] El artículo 21 de la Carta dispone que “Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección”».

«[195] Ver, Sentencia T-411 de 1995 reiterada en la Sentencia C-442 de 2011». 

«[196] Ibíd.». 

«[197] Ver, Sentencia T-914 de 2014». 

5 CC SC, 916 de 2002.

6 «Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto del 2014, Rad. 32988, con ponencia de quien proyecta el presente fallo».

7 Sentencia Consejo de Estado, Sección Tercera de 8 julio 2016, Rad. 35663.

8 Sentencia Consejo de Estado, Sección Tercera, 29 de agosto de 2016, Rad. 41810.

9 «Verbigracia en las providencias de la Sección Tercera de 14 de septiembre de 2011, Rad 19.031 y 38.222, ambas con ponencia del Dr. Enrique Gil Botero y recientemente en la sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del 28 de agosto de 2014, Rad. 36460. M.P. Ramiro Pazos Guerrero».

10 Ver entre otras, sentencia Consejo de Estado Sección Tercera, agosto 10 de 2005, Rad. 16205; sentencia 30 de junio de 2011 Rad. 1997-0400.

11 ART. 96.—Obligados a indemnizar. Los daños causados con la infracción deben ser reparados por los penalmente responsables, en forma solidaria, y por los que, conforme a la ley sustancial, están obligados a responder.

12 ART. 2344.—Responsabilidad solidaria. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355.Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso.

13 CC SC 30 oct. 2014, Rad. 795.

14 Ibid. «ONU. Informe presentado por el Secretario General a solicitud del Consejo de Seguridad. “El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos”. Párr. 22».

15 CC SC, 25 jun 2014, Rad. 387.

16 «Sentencia C-979 de 2005».

17 «Sentencias C-309 de 1997, T-124 de 1998, SU-642 de 1998, T-1023 de 2010, T-407 de 2012, T-565 de 2013 y T-789 de 2013».

18 «Sentencia C-435 de 2013».

19 «Ejemplos. En la Sentencia C-309 de 1997 la Corte declaró la exequibilidad del artículo 178 del Decreto 1344 de 1970, que sanciona con multa al conductor de vehículo automotor que incurra en la infracción de no utilizar el cinturón de seguridad.Una vez afirmado que en Colombia las políticas perfeccionistas se encuentra abolidas, estimó en cambio que “las medidas de protección coactiva” a los intereses de la propia persona no son en sí mismas incompatibles con la Constitución, el pluralismo, la autonomía y la dignidad de las personas, puesto que “no se fundan en la imposición coactiva de un modelo de virtud sino que pretenden proteger los propios intereses y convicciones del afectado”. Dichas políticas se justifican porque “en determinados casos es legítimo que terceras personas o el propio Estado puedan tomar ciertas medidas en favor de individuos, como los menores, o los transitoriamente incapaces, incluso contra su voluntad aparente, puesto que se considera que éstos aún no han adquirido la suficiente independencia de criterio, o se encuentran en situaciones temporales de debilidad de voluntad o de incompetencia, que les impiden diseñar autónomamente su propio plan de vida y tener plena conciencia de sus intereses, o actuar consecuentemente en favor de ellos.” En otra decisión, C-718 de 2006, declaró exequible el artículo 149 de la Ley 906 de 2004, el cual establece que durante el desarrollo de las audiencias en el marco del sistema penal acusatorio, los jueces, sin excepción, usen la toga lo cual se estimaba que vulneraba la autonomía personal, la dignidad humana, la diversidad cultural, entre otros. Para este tribunal si bien limita de alguna manera la posibilidad de optar por una determinada indumentaria, no constituye una restricción ilegítima al tener un contenido simbólico que facilita el desarrollo de la audiencia pública y marca una diferencia con el régimen procesal anterior, además de que se ha decidido acceder libremente por los funcionarios judiciales».

20 «Cfr. Sentencia C-979 de 2005».

21 Corte Constitucional SC-25 jun. 2014, Rad. 387.

22 Ibíd. También sentencia C-979 de 2005.

23 Corte Constitucional SC-17 jun. 2009, Rad. 409.

24 Corte Constitucional ST-10 feb. 2016, Rad. 050.