Sentencia SP6056-2015/44916 de mayo 20 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP6056-2015

Rad.: 44916

Magistrada Ponente

Dra. María Del Rosario González Muñoz

Aprobado Acta Nº 175

Vistos

Bogotá, D. C., veinte mayo de dos mil quince.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala es competente para resolver la alzada de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, pues la acción penal es ejercida contra un ex juez, juzgado en primera instancia por el Tribunal Superior de Quibdó, por actos realizados con ocasión del cargo y las funciones desempeñadas.

La labor de la Corte se contraerá a examinar los aspectos sobre los cuales se expresa inconformidad, incluyendo los temas inescindiblemente vinculados al objeto de la censura. Así, en primer orden se analizarán las características del prevaricato por acción y enseguida se revisará el caso concreto.

i) Del prevaricato por acción

La Sala ha decantado que el delito de prevaricato por acción precisa de una resolución, dictamen o concepto – en este caso, auto – ostensiblemente contrarios a la legislación, es decir, que su contenido torna notorio, sin mayor dificultad, la ausencia de fundamento fáctico y jurídico, y su contradicción con la normatividad, rompiendo abruptamente la sujeción que en virtud del “imperio de la ley” del artículo 230 de la Carta Política deben los funcionarios judiciales al texto de la misma.

Tal ocurre, por ejemplo, cuando las decisiones se sustraen sin argumento alguno al texto de preceptos legales claros y precisos, o cuando los planteamientos invocados para ello no resultan de manera razonable atendibles en el ámbito jurídico, verbi gratia, por responder a una palmaria motivación sofística grotescamente ajena a los medios de convicción o por tratarse de una interpretación contraria al nítido texto legal.

Con un tal proceder debe advertirse la arbitrariedad y capricho del servidor público que adopta la decisión, en cuanto producto de su intención de contrariar el ordenamiento jurídico, sin que, desde luego, puedan tildarse de prevaricadoras las providencias por el único hecho de exponer un criterio diverso o novedoso y, de manera especial, cuando abordan temáticas complejas o se trata de la aplicación de preceptos ambiguos, susceptibles de análisis y opiniones disímiles.

Es también necesario indicar que respecto de la apreciación de las pruebas no es suficiente con la posibilidad de hallar otra lectura de ellas, en cuanto es menester que la considerada como prevaricadora resulte contundentemente ajena a las reglas de la sana crítica al momento de ponderar los medios probatorios, de manera que denote capricho y arbitrariedad de quien así procede.

ii) Del caso concreto

La determinación respecto de la cual el Tribunal encuentra configurado el delito de prevaricato por acción es la orden de embargo de las cuentas del departamento del Chocó contenida en los autos del 9 de agosto, 11 de septiembre y 10 de diciembre de 2007 por cuanto F... A... M... C..., en proveído del 14 de diciembre de 2006, había declarado probada la excepción de ilegitimidad del título ejecutivo frente a esa entidad, motivo por el cual no podía ser objeto de medidas cautelares.

La defensa, material y técnica, considera que no se profirió decisión manifiestamente contraria a la ley porque sí era posible embargar los recursos del Departamento por ser la parte demandada, dada la carencia de personalidad jurídica de la Asamblea. Así mismo, porque el ente territorial era responsable del pago de las acreencias laborales ejecutadas en razón a la unidad de caja existente entre las dos entidades y porque había asumido el pago del pasivo de la Diputación, según lo reconoció en el Decreto 0575 de 2009.

Con independencia de la tesis que se adopte en torno a la capacidad jurídica de las Asambleas Departamentales para ser parte en los procesos(10), el reproche al doctor F... A... M... C... se funda en que a pesar de declarar probada la excepción de ilegitimidad del título frente al Departamento del Chocó, ordenó en su contra medidas cautelares.

En auto del 14 de diciembre de 2006 el procesado señaló:

“Las personas de carácter público tienen una creación legal con fundamento en el artículo 80 de la Ley 153 de 1887, y de otra parte, el Art. 633 del C. Civil, define persona jurídica, como una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. No hay que olvidar lo rituado por el Art. 100 del CPL, concordante con el Art. 488 del C. de P. Civil, los cuales exigen que el título base provenga directamente del deudor, situación que aquí no se presenta con relación al Departamento del Chocó, toda vez que las resoluciones esgrimidas como título de recaudo ejecutivo provienen directamente, (sic) La Asamblea Departamental del Chocó donde reconoce unas acreencias laborales a uno de sus exfuncionarios y aquella goza de autonomía en su manejo. (…)

Lo que nos lleva a concluir con mediana claridad que la Asamblea Departamental podrá comprometer el presupuesto que el Departamento le asigne, más no los recursos propios del Departamento. Resulta ilógico pues que el presupuesto y los intereses del Departamento, puedan ser comprometidos por la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, toda vez que cuando se habla de autonomía presupuestal necesariamente se hace referencia a la libertad para manejar el que se le ha asignado. Y ello lo ha dejado en claro el Honorable Tribunal Superior en varios pronunciamientos como el emitido en interlocutorio 016 del radicado Nro. 2005-00315. Consideraciones que llevan a declarar probada esta excepción planteada.

Para esta instancia los argumentos traídos tiene razón de ser, habida cuenta que quien debe reconocer la deuda es el deudor, para este caso la Asamblea Departamental, por tanto, no deben provenir de otra entidad; como ya se dijo antes, por lo tanto se declara probada la excepción planteada”(11) (subrayas fuera del texto original).

Siendo ello así, tal como lo determinó el Tribunal a quo, F... A... M... C... contrarió de forma manifiesta no sólo su propia determinación sino el contenido del artículo 513 del Código de Procedimiento Civil, acorde con el cual “Desde que se presente la demanda ejecutiva podrá el demandante pedir el embargo y secuestro de bienes del demandado”.

Ello porque a partir del proveído 14 de diciembre de 2006 el Departamento del Chocó fue desvinculado como demandado al punto que se levantaron las medidas cautelares inicialmente decretadas, decisión frente a la cual la parte demandante no presentó ningún recurso.

Entonces, no podía el juez M... C... disponer el embargo de los bienes y recursos del ente territorial porque desconocía su propia orden así como el contenido del artículo 513 que autoriza la imposición de cautelas exclusivamente frente a quien ostenta la condición de demandado.

No se olvide que las funciones de dirección del proceso le imponen al juez examinar las actuaciones a su cargo para determinar si una petición de parte es procedente o no. En consecuencia, la somera revisión del expediente le permitía establecer que con antelación había desvinculado al Departamento de la actuación, razón por la cual no ostentaba la calidad de demandado y no podía ser sujeto de medidas cautelares so pena de infringir la ley civil y conculcar los derechos del ente territorial.

En ese contexto, resulta desacertada la afirmación defensiva según la cual la Colegiatura de primera instancia no señaló la ley infringida por el procesado, pues en el folio 25 del fallo consignó que los embargos decretados contravinieron el contenido del canon 513 por cuanto ese precepto autoriza el embargo y secuestro de los bienes del demandado, calidad no ostentada por el departamento del Chocó cuando se adoptó la determinación censurada.

Dicen los impugnantes que las cuentas del Departamento podían ser objeto de embargo porque era la entidad demandada ante la carencia de personería jurídica de la Asamblea Departamental. No obstante, esa postura envuelve la falacia de confundir dos situaciones diversas.

En efecto, inicialmente el ente territorial tuvo una doble condición, como demandado y como representante de la Asamblea Departamental. Por ello no se cuestionan las medidas cautelares adoptadas inicialmente. Sin embargo, a partir del 14 de diciembre de 2006 el Departamento fue desvinculado de la actuación y si bien permaneció en el proceso lo hizo exclusivamente para representar a la Asamblea Departamental, entidad que había expedido los títulos ejecutivos cobrados en el proceso.

En ese orden, resulta desacertado confundir dos calidades jurídicas diferentes para justificar la imposición de medidas cautelares, improcedentes por disposición legal, frente a quien no ostentaba la condición de demandado y sólo acudía al proceso en representación legal de la asamblea.

Acorde con el artículo 16 del Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto), el principio de unidad de caja consiste en que “Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación”, es decir, que la totalidad de los recursos públicos deben ingresar sin previa destinación a un fondo común desde donde se asignan a la financiación del gasto público, con lo cual se procura que todos los ingresos y gastos del Estado respondan a un presupuesto único.

Con apoyo en ese concepto la defensa pretende demostrar que la entidad obligada al pago de las acreencias laborales ejecutadas en el proceso dirigido por el doctor M... C... era el Departamento del Chocó por cuanto el dinero para el funcionamiento de la Asamblea Departamental era trasferido por esa entidad.

Sin embargo, esta tesis aplica el concepto de unidad de caja a una situación no regulada o considera en él, pues esa noción refiere que todas las rentas y recursos de capital de la Nación deben destinarse al pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General, sin relacionarse con el manejo de transferencias de recursos entre entidades públicas.

Tampoco elimina la autonomía presupuestal y administrativa asignada en el artículo 299 Superior a la Asamblea Departamental, en virtud de la cual es soberana para comprometer sus recursos, adquirir obligaciones y, consecuentemente, para responder por ellas con cargo a los dineros asignados, situación explicada claramente por el procesado en el auto del 14 de diciembre de 2006 mediante el cual declaró probada la excepción de ilegitimidad del título respecto del ente territorial.

El razonamiento de la defensa comporta aceptar la posibilidad de embargar los recursos de la Nación por una deuda adquirida por una Asamblea Departamental porque los recursos asignados al Departamento, encargado de suministrar el presupuesto a la Diputación, provienen en gran medida de las transferencias nacionales. Esa forma de pensar contraviene los principios de autonomía presupuestal y administrativa que rige a las entidades territoriales y a los entes descentralizados del Estado.

Consecuente con lo anterior, la sentencia sí consideró el tema de la unidad de caja mencionado por los testigos J... B... G... y Y... R..., razón que impide aceptar el argumento defensivo según el cual el Tribunal omitió valorar esas concretas pruebas, pues plasmó su contenido en la sentencia, sólo que no acogió la tesis propugnada en esas atestaciones.

Igualmente aducen los impugnantes que eran embargables los recursos del Departamento del Chocó porque esa entidad había asumido el pago de los pasivos de la Asamblea, situación reconocida en el Decreto Departamental 0575 de 2009, por manera que la Colegiatura a quo erró en la interpretación del contenido de esa normativa porque desde el inicio de la restructuración de pasivos en el año 2001 el ente territorial se hizo cargo de las deudas de la Diputación.

Con todo, esa tesis omite considerar que procesalmente no era posible decretar el embargo porque el Departamento del Chocó no estaba vinculado como demandado en el momento en que se solicitaron y decretaron las cautelas.

El Decreto Departamental 0575 del 11 de agosto de 2009 establece que a partir de esa fecha el departamento del Chocó asume exclusivamente sus obligaciones en virtud de la terminación del acuerdo de reestructuración de pasivos. De igual forma señala que “durante la vigencia del acuerdo de reestructuración de pasivos, el Departamento del Chocó, asumió las deudas de sus entidades descentralizadas y de la Honorable Asamblea del Chocó”(12).

Con todo, esa afirmación se refiere a los compromisos de la Asamblea incluidos en el acuerdo de reestructuración de pagos, dentro de los cuales no se encuentran las acreencias laborales ejecutadas porque si así hubiese sido no habrían podido someterse a cobro judicial porque el efecto principal de la figura regulada en la Ley 550 de 1999 es la suspensión del cobro judicial de las obligaciones.

En tal sentido la Corte Constitucional en Sentencia C-1185 de 2000 señaló:

“Ante esta situación, se consideró que los instrumentos ordinarios del derecho concursal concebidos para afrontar estados de insolvencia o iliquidez en circunstancias de normalidad económica, resultaban ahora inapropiados para lograr la reactivación de las empresas, consideradas constitucionalmente como base del desarrollo, por lo cual la Ley 550 de 1999 busca dotar a deudores y acreedores de nuevos “incentivos y mecanismos que sean adecuados para la negociación, diseño y ejecución conjunta de programas que les permitan a las empresas privadas colombianas normalizar su actividad productiva y, al mismo tiempo, atender sus compromisos financieros.

A esos efectos, la ley busca desjudicializar la solución de los conflictos que se han producido a raíz de las crisis empresariales referidas. Por ello, alternativamente al proceso jurisdiccional de concordato, cuya competencia por regla general se asigna a la Superintendencia de Sociedades de conformidad con la Ley 222 de 1995, se prevé un nuevo mecanismo de solución para dichas crisis empresariales, que permita evitar su liquidación, cual es el denominado “acuerdo de reestructuración”, que viene a ser un convenio entre los acreedores de la empresa y “que es una convención colectiva vinculante para el empresario y todos los acreedores”, cuando es adoptado dentro de los parámetros de la nueva ley”. Así, se busca acudir a un mecanismo extrajudicial y de naturaleza contractual, que permita a la empresa salir de su situación y continuar con su importante misión productiva, considerada como de interés general” (Subrayas fuera de texto).

Precisamente este fue el argumento central por el cual la Colegiatura a quo absolvió al procesado del cargo de prevaricato por acción referido a la expedición del mandamiento de pago, pues coligió que la obligación ejecutada no era de las incluidas en el acuerdo de reestructuración por haber sido reconocida con posterioridad al inicio del mismo.

En ese orden, no resulta atinada la argumentación de la defensa porque el citado Decreto Departamental no reconoce, como lo pregonan los impugnantes, que todas las acreencias laborales de la Asamblea estaban a cargo del departamento.

Subsidiariamente el defensor señala que M... C... no actuó con dolo sino guiado por la creencia de que su decisión se ajustaba a derecho, circunstancia por la cual se concreta el error de tipo que impone su absolución.

Respecto de la causal de ausencia de responsabilidad penal prevista en el numeral 10 del artículo 32 de la Ley 599 de 2000, esta corporación ha determinado el alcance de la citada disposición, así:

“Los tipos penales describen conductas bien sean de acción o de omisión. Adecuar un comportamiento humano a un tipo penal necesariamente implica demostrar que el sujeto actuó con dolo, con culpa o preterintención, según sea el caso, pues “Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”.

El ámbito subjetivo de los tipos penales como el prevaricato por acción está constituido por el dolo, lo que comporta probar que el agente conocía los elementos que caracterizan objetivamente la infracción penal -elemento cognitivo- y quería su realización -elemento volitivo-.

El error que recae sobre el aspecto objetivo de la tipicidad, esto es, sobre alguno de sus componentes excluye el dolo porque afecta el aspecto cognitivo del mismo, incidiendo así en la responsabilidad.

En el error de tipo no obstante que el autor obra voluntariamente, ignora que su comportamiento se adecua a un tipo penal.

Este tipo de error puede ser vencible o invencible.

Es vencible cuando se advierte que le era viable al autor superar la situación, por ello en este caso si bien la figura excluye el dolo el sujeto debe responder por la conducta a título de culpa, siempre y cuando el legislador la hubiera previsto como tal.

Para que el error pueda expulsar totalmente la responsabilidad es indispensable que sea invencible. En este caso desaparece el dolo y la imprudencia pues se trata de una situación que le era insuperable al autor conforme la situación concreta en la que actuó.

De conformidad con el artículo 32-10 de la Ley 599 de 2000, cuando el autor desconoce alguno de los elementos objetivos que integran el hecho delictivo se instala en el error de tipo que constituye una causal de ausencia de responsabilidad.

De lo dicho por el legislador se percibe también que el error es vencible cuando proviene de la imprudencia, del descuido o de la incuria del sujeto que generó su producción, convirtiéndose así la conducta dolosa en culposa, punible siempre y cuando la ley contemple esta modalidad”. (CSJ AP 12/12/07 Rad. No. 28681).

Pues bien, la decisión de F... A... M... C... de ordenar medidas cautelares contra una entidad que no tenía la connotación de parte, refleja capricho y arbitrariedad porque estando obligado a acatar la ley contrarió ostensiblemente su contenido en perjuicio del Departamento del Chocó que se vio compelido a pagar deudas que no había adquirido, reconocido o asumido en virtud de un compromiso específico, en cuantía de $1.141.399.555,45.

La simple revisión del expediente, obligatoria cuando se resuelve una petición de parte, le permitía establecer la improcedencia de la cautela solicitada. Por ello, carece de fundamento la crítica defensiva al Tribunal por no considerar que los jueces “no son computadoras”, pues precisamente para eso están los expedientes, los audios y actas de audiencias a partir de los cuales los funcionarios pueden rememorar lo sucedido en cada caso sometido a su consideración.

De otra parte, ninguna complejidad comportaba la solicitud impetrada en contra del ente territorial, pues los principios generales del derecho, así como la normatividad procesal en materia de embargos y secuestros señalaban la improcedencia de los embargos postulados.

Además, la trayectoria laboral del funcionario en el sector judicial por más de 5 años como Juez Laboral del Circuito indica que no se trataba de un neófito en la materia sino de un servidor con amplio conocimiento del ordenamiento laboral y procesal que no ignoraba la existencia del artículo 513 del estatuto adjetivo civil ni su correcta interpretación ni la decisión que previamente había adoptado al interior del proceso ejecutivo examinado.

En ese orden, el aducido error de tipo no se configura en tanto F... A... M... C..., dada su preparación jurídica y experiencia específica como juez laboral, unida a la ausencia de complejidad del tema abordado, sabía que emitir medidas cautelares contra una entidad que no estaba vinculada como parte demandada en el proceso contrariaba ostensiblemente el ordenamiento jurídico. No obstante ese conocimiento, ordenó en forma reiterada las cautelas sin otorgar justificación sobre el desconocimiento de su propia decisión y del contenido del artículo 513 del Código de Procedimiento Civil.

Como los impugnantes no otorgan argumentos sólidos que desvirtúen las razones suministradas por el Tribunal Superior de Quibdó para condenar al doctor F... A... M... C..., se impone confirmar el fallo impugnado.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del 16 de septiembre de 2014 proferida por la Sala Única del Tribunal Superior de Quibdó, conforme con lo expuesto.

2. Informar que contra esta providencia no procede recurso alguno.

Comuníquese y devuélvase al Tribunal de origen».

10 Para el año 2006 existían diversas posturas sobre la posibilidad de las asambleas departamentales de acudir directamente a los procesos. Así por ejemplo, la Sala Única del Tribunal de Quibdó consideraba que la Asamblea debía acudir a los procesos representada por la Gobernación. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia T-657 del 10 de agosto de 2006 concluyó que “Además, la Asamblea Departamental contaba con la capacidad para ser parte del proceso, y por lo tanto resultaba improcedente la revocatoria del mandamiento de pago.
En este sentido, podemos observar que la Asamblea contaba con dos capacidades autónomas que han sido otorgadas por La Ley:
La primera de ellas, la capacidad para celebrar contratos otorgada por el artículo 110 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, como el de prestación de servicios, considerado como estatal.
En segundo lugar, en virtud del parágrafo 1 del artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, la Asamblea se encuentra facultada para ser parte en los procesos que se presenten con ocasión de la celebración y ejecución de los contratos estatales por ella suscritos, a través del funcionario de mayor jerarquía, esto es el Presidente de la Asamblea”.

11 Cfr. Folios 143 y 144 anexo No. 1.

12 Cfr. Folios 173 y 174 cuaderno original No. 2.