Sentencia SP6064-2016/47212 de mayo 11 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 47.212

Magistrado Ponente:

Dr. Eyder Patiño Cabrera

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros sean reemplazados por las iniciales de los nombres y apellidos y/o por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

(Aprobado acta Nº 147)

Bogotá, D. C., once de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones.

1. En el auto AP1929-2016, la Corte había anunciado que cumplido con el rito de la insistencia, se ocuparía de verificar si la acción penal por el delito de lesiones personales culposas se encontraba prescrita.

Sin embargo, se advierte que, la Sala incurrió en una irregularidad sustancial, concretamente, en la descrita en el artículo 457 de la Ley 906 de 2004, por cuanto vulneró el derecho al debido proceso, al dejar de aplicar los artículos 29 de la Constitución Política, 83, 84 y 86 del Código Penal y 6º y 292 del Estatuto Adjetivo Penal y elaborar el examen de admisibilidad de la demanda de casación presentada por el representante de la víctima, cuando, lo correcto, una vez se percató del decaimiento de la facultad sancionadora del aparato judicial, era declarar, inmediatamente, la preclusión de la actuación por prescripción de la acción penal.

En efecto, como la defensa no acudió en casación para reclamar la extinción de la acción penal por el acaecimiento de dicho fenómeno, y la demanda fue presentada por quien agencia los intereses del presunto afectado, a esta corporación le correspondía, sin más consideraciones, analizar la ocurrencia del fenómeno prescriptivo y declararlo así en su decisión, si a ello había lugar.

En ese orden, como la Corte no prescindió del juicio de admisibilidad del aludido libelo y, en cambio, por Auto AP1929-2016 lo inadmitió y ordenó que agotado el trámite de insistencia retornara al despacho del magistrado ponente para pronunciarse sobre el probable fenecimiento del referido lapso de prescripción, incurrió en el referido motivo invalidante de la actuación, por lo cual, se dispondrá anular dicha providencia, a efecto, de declarar la prescripción de la acción penal conforme a las razones que enseguida se exhibirán.

2. En los asuntos regidos por la Ley 906 del 2004, el periodo inicial de prescripción, esto es, previo a que se formule la imputación, equivale al máximo previsto para el tipo penal, sin que pueda ser inferior a 5 años, ni superior a 20.

Esto significa, de conformidad con el artículo 86 del Código Penal, modificado por el artículo 6º de la Ley 890 del 2004, que dicho lapso se interrumpe con la mencionada formulación de imputación y, a partir de ese instante procesal, empieza a correr uno nuevo «por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal. En este evento no podrá ser inferior a tres (3) años», al tenor de lo descrito en el canon 292 de la Ley 906 del 2004.

Es así que, desde la imputación corre otro intervalo que no puede ser inferior a 3 años ni superior a los 10 años, espacio de tiempo que se suspende con la emisión de la sentencia de segunda instancia, «el cual comenzará a correr de nuevo sin que pueda ser superior a cinco (5) años».

3. Descendiendo al caso de la especie, se tiene que la acusación en contra de J. E. O. O. se produjo por el delito de lesiones personales culposas, conforme a los artículos 111, 112.2, 113.2.3, 114.2, 117 y 120 del Código Penal.

Esta conducta, particularmente, la de perturbación funcional del miembro superior de carácter permanente, en la modalidad culposa, siendo la más severa punitivamente hablando entre el catálogo de las infracciones penales endilgadas al procesado, tiene prevista una sanción de 9.6 a 36 meses de prisión(14); por lo tanto, el término prescriptivo contabilizado entre la formulación de imputación y el fallo de segundo grado para el referido injusto es de tres (3) años, que corresponde al mínimo prescriptivo, de acuerdo con el artículo 292 de la Ley 906 de 2004.

En este asunto, objetivamente, se observa que la imputación por el aludido reato se produjo el 14 de febrero de 2012(15), lo que significa que el Estado podía proferir sentencia de segundo nivel máximo hasta el 13 de febrero de 2015.

No obstante, dicha providencia se dictó el 25 de septiembre del último año mencionado(16), cuando ya había fenecido, con suficiencia, el término mínimo de prescripción.

Siendo ello así, es claro que agotado el período prescriptivo, el ad quem estaba impedido para emitir pronunciamiento alguno dentro de la actuación respecto del delito de lesiones personales culposas, salvo aquel que declarara dicho fenómeno.

4. En ese orden de ideas, se casará oficiosamente el fallo impugnado a efecto de declarar la nulidad de la actuación a partir del 14 de febrero de 2015, fecha en que se consolidó la prescripción de la acción penal, decisión que, por supuesto, abarca la sentencia de segunda instancia y el Auto AP1929-2016 del 6 de abril del año en curso, por cuyo medio la Corte inadmitió la demanda de casación presentada por el representante de la víctima.

En consecuencia, se precluirá la actuación a favor del procesado y se dispondrá que el juez de primer nivel adopte las medidas inherentes a lo aquí resuelto.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. Casar oficiosamente la sentencia impugnada a fin de anular lo actuado a partir del 14 de febrero de 2015, determinación que, comprende el fallo del 25 de septiembre de 2015 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca y el Auto AP1929-2016 del 6 de abril del año en curso, por cuyo medio la Corte inadmitió la demanda de casación presentada por el representante de la víctima.

2. Declarar la extinción por prescripción de la acción penal derivada del delito de lesiones personales culposas por el que fue procesado J. E. O. O. y, por consiguiente, decretar a su favor la preclusión de la actuación.

3. El juzgado de primera instancia procederá a cancelar las órdenes de captura, las cauciones que hubieren sido prestadas y las medidas cautelares sobre bienes que se encuentren vigentes. Además, de ser el caso, informará lo aquí resuelto a las mismas autoridades a las que se les comunicó la acusación y las sentencias de primera y segunda instancias.

Notifíquese y cúmplase».

14 En efecto, se tiene que de acuerdo con el artículo 114 inciso 2º de la Ley 599 de 2000, con el incremento punitivo autorizado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, la perturbación funcional de un miembro, de carácter permanente, en su modalidad dolosa, tiene prevista una pena de 48 a 144 meses de prisión, quantum que se ve degradado por la imputación en grado culposo –de 4/5 a 3/4 partes- a un monto de 9.6 a 36 meses.

15 Cfr. folios 27-28 de la carpeta 1.

16 Cfr. folio 14-24 del cuaderno del Tribunal.