Sentencia SP6092-2015/44138 de mayo 20 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad. 44138

Aprobado Acta 175

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

(Legis, considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Bogotá D.C., veinte de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Se considera

La Sala inadmitirá la demanda de casación que se estudia por no reunir los requerimientos mínimos de orden formal exigidos para su estudio de fondo, ni satisfacer los presupuestos básicos de idoneidad sustancial necesarios para la realización de los fines del recurso.

La Corte tiene dicho que la demanda de casación no es un escrito de fundamentación libre, a través del cual pueda cuestionarse el fallo por cualquier motivo o de cualquier forma, sino de crítica reglada o vinculada, que exige el concurso de unos requisitos mínimos de orden formal y sustancial, de carácter general y específico, que la misma normatividad establece, o la lógica de la causal impone, sin cuyo concurso no es posible su admisión a trámite.

Los requerimientos de carácter general se encuentran relacionados en el artículo 212 de la Ley 600 de 2000 y son comunes a todas las demandas. Lo específicos, son los que deben acompañar la fundamentación de cada ataque en particular, según la causal y el error que se denuncie, atendiendo a su estructura lógica, de cuya concreción y desarrollo se ocupan la teoría casacional y la jurisprudencia de la Corte.

De los requisitos previstos en el artículo 212, el casacionista incumple el del numeral 4º, que exige que la sustentación de los cargos, cuando son varios, se haga en forma separada, pues sus alegaciones, como se dejó visto en la síntesis de la demanda y se verá más adelante, se orientan a discutir temas de diferente índole, algunos de ellos excluyentes, que por su naturaleza exigían desarrollos separados.

En cuanto a los específicos, no cumple ninguno, pues cuando se plantea en casación un error de raciocinio, no basta afirmar que los juzgadores desconocieron las reglas de la sana crítica, sino que es necesario identificar la prueba o la inferencia lógica en cuya valoración o construcción se presentó el error, indicar cuál principio lógico, cuál máxima de experiencia o cuál postulado científico los juzgadores desconocieron, precisar por qué fue desatendido, y acreditar su trascendencia, para que la censura sea formal y sustancialmente completa.

Esta labor demostrativa no es, sin embargo, la que sigue el casacionista, pues más allá del enunciado del cargo, donde acusa a los juzgadores incurrir en un error de raciocinio, ninguna labor realiza con el fin de demostrar que en la valoración de las pruebas se haya presentado algún desacierto por desconocimiento de principios lógicos, máximas de experiencia o postulados científicos, ni mucho menos, que por razón de ellos la decisión de condena sea equivocada.

En su lugar, se distrae en ataques de todo tipo, de naturaleza y contenido totalmente ajenos al planteado, sin ningún rigor lógico jurídico, pues plantea, a la vez, que el procesado es ajeno a los hechos, que no existe certeza sobre su participación en ellos, que su conducta es atípica, que actúo sin dolo, que los juzgadores erraron en la calificación jurídica de la conducta, que se violaron los derechos defensa y el debido proceso, y que se desconoció el principio de investigación integral, entre otros temas.

Esta forma de alegar es aceptable en las instancias, donde la sustentación de los recursos es libre, pero no en casación, por atentar contra los principios de concreción y claridad que deben presidir la fundamentación de los cargos, al igual que contra los de autonomía y no contradicción, que exigen no entremezclar ataques de naturaleza distinta en una misma censura, ni presentar argumentos excluyentes, o que recíprocamente se nieguen, al interior de ella.

Sumado a esto no se advierte que la valoración que los juzgadores hicieron de los testimonios de CANN, HSV y LBGS, que sirvieron de sustento a la decisión de condena, contradiga las reglas de la sana crítica, pues está demostrado que el procesado hacía parte del frente XXV de las FARC para la época en que ocurrieron los hechos que se juzgan (segundo semestre de 2006), que este frente actuaba activamente en la zona donde éstos se presentaron, y que para entonces se hallaba en libertad. Y las exculpación que presenta en el sentido de que se hallaba alejado de toda actividad por razones de salud, debido a varias heridas recibidas, carece por completo de sustento probatorio.

Decisión

Visto, entonces, que la demanda estudiada no cumple las condiciones mínimas de orden formal ni sustancial exigidas para su estudio de fondo, se la inadmitirá a trámite, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000, y se ordenará devolver al proceso a la oficina de origen, no advirtiendo motivos distintos de las que se exponen a continuación, que requieran de la Sala un pronunciamiento oficioso.

Otras decisiones

1. Casación oficiosa

El fallo de primera instancia, al individualizar e identificar al procesado recurrente, lo hizo en los siguientes términos: GHG, identificado con la cédula de ciudadanía XXX de Bogotá, alias “XXX” “XXX”, nacido el XXX de XXX de XXX en Manizales Caldas, edad XXX años, hijo de GH y MPG, unión libre con JAP, con quien tiene tres hijos, escolaridad sexto bachillerato, estatura 1.73, color de piel trigueña. Y a continuación reprodujo la descripción que de sus características físicas se realizó en la indagatoria.

De estos datos, los correspondientes a la cédula de ciudadanía, la fecha y lugar de nacimiento, la edad y el nombre de sus padres, no corresponden al implicado, pues éste, de acuerdo con la información aportada al proceso(1) y lo afirmado en su indagatoria(2), responde al nombre de YHG, indocumentado, hijo de JAHR (fallecido) y MCG, natural de Dolores (Tolima), nacido el 27 de marzo de 1981 según consta en el registro civil de nacimiento allegado a la actuación,(3) bachiller, en unión libre con YAP, conocido también con los alias de “XXX”, “XXX”, “XXX” y “XXX”, y los nombres de JEG y EGG.

Estas inconsistencias en la determinación de los datos de filiación del procesado se presentaron porque el juez de la causa solicitó a la registraduría la tarjetas alfabéticas y/ (sic) decadactilares de todos los procesados, y le fue enviada la de GHG, hijo de GH y MPG, natural de Manizales, nacido el 25 de marzo de 1973, identificado con la cédula de ciudadanía XXX de Bogotá, expedida el 9 de agosto de 1991, es decir, cuando el aquí procesado tenía 10 años, información que el juez de conocimiento tomó como perteneciente a éste sin ningún proceso de confrontación.

El tribunal, al desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primer grado, analizó la equivocación referida, y dispuso, en la parte resolutiva, “corregir la individualización de GHG, quien no se puede tener como plenamente identificado sino individualizado, de acuerdo con la reseña de la parte motiva”, pero no indicó, concreta y claramente, en qué consistía la corrección, razón por la cual la Sala considera necesario casar parcialmente el fallo para hacer la precisión respectiva.

2. Prescripción

Advierte también la Sala que la acción penal por el delito de rebelión, por el cual fueron condenados EFDM, AFIO y BACM, prescribió el 12 de mayo de 2014, después de que el tribunal dictara la sentencia de segundo grado.(4)

El delito de rebelión tiene adscrita pena de prisión de seis (6) a nueve (9) años(5). Esto significa que al término de prescripción cuando no media acusación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 83 y 86 del Código Penal, es de nueve (9) años, y cuando ha sido dictada, de cinco (5) años, contados a partir de su ejecutoria.

La resolución de acusación adquirió firmeza el 12 de mayo de 2009, cuando fue confirmada por la Fiscalía Sexta Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué. Contabilizados desde entonces los cinco (5) años, se establece que se cumplieron el 12 de mayo de 2014, hallándose el proceso en el tribunal, en traslado para la presentación de la demanda de casación.

Se declarará, en consecuencia, la prescripción de la acción penal por el delito de rebelión y se ordenará cesar todo procedimiento contra los procesados EFDM, AFIO y BACM por razón del mismo.

Como EFDM y AFIO se encuentran condenados únicamente por el ilícito que se declara prescrito, no se hace necesario ajustar penas. En relación con BACM se descontará el incremento que se le hizo por razón del mismo, que corresponde a un año en la pena privativa de la libertad y 20 S.M.L.M.V. en la pena de multa.

Aplicado este descuento a la pena privativa de la libertad impuesta, que fue de 14 años y 6 meses de prisión, se obtienen trece (13) años y seis (6) meses, que será la pena privativa de la libertad que debe purgar el procesado. En relación con la multa, el incremento fue de 20 S.M.L.M.V. sobre 2000 S.M.L.M.V., pero como se advierte que el juez incurrió en un error al totalizar estos montos, toda vez que terminó condenando a 2050 S.M.L.M.V., y no a 2020, como correspondía, se aplicará el descuento sobre 2020, para un total de 2000 salarios.

En el mismo término de la pena privativa de la libertad se tasa la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas para el procesado BACM.

En mérito de lo expuesto, La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. INADMITIR la demanda de casación presentada por el defensor de GHG.

2.Casar de oficio, parcialmente, el fallo impugnado, para hacer precisión en el sentido de que el nombre y datos de filiación correctos del procesado son YHG, hijo de JAHR y MCG, natural de Dolores (Tolima), nacido el 27 de marzo de 1981, bachiller, en unión libre con YAP, de las características físicas consignadas en la indagatoria, conocido también con los alias de “XXX”, “XXX”, “XXX” y “XXX”, y los nombres de JEG y EGG.

3. Declarar la prescripción de la acción penal por el delito de rebelión y disponer la cesación de todo procedimiento en contra de EFDM, AFIO y BACM, por razón de este delito.

4. Fijar en trece (13) años y seis (6) meses de prisión y en multa de 2000 S.M.L.M.V. las penas principales que debe purgar el procesado BACM por los delitos de extorsión agravada tentada y terrorismo, por los cuales queda condenado. En el mismo término de la pena privativa de la libertad se fija la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

En lo demás el fallo no sufre modificaciones.

Contra esta decisión no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase».

1 Informe 81 de abril 1º de 2008 (folios 273-275/1) Informe de captura (fls.33-35/4), registro civil de nacimiento (folios 36/4) y entrevista de María del Carmen González (fls.37 y 38/4).

2 Folios 50-53 ídem.

3 En la indagatoria el procesado dijo haber nacido el 27 de marzo de 1982.

4 La sentencia de segunda instancia fue dictada el 7 de marzo de 2014.

5 Artículo 467 del Código Penal.