Sentencia SP6219-2015/42.991 de mayo 20 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 42.991

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Acta 175

Bogotá D.C., veinte de mayo de dos mil quince

EXTRACTOS: «Consideraciones

El defensor de Omerly Mayuza Prada, demanda la revisión de la sentencia dictada por la corporación, que casó oficiosamente la condenatoria proferida por el Tribunal Superior de Cundinamarca que a su vez, confirmó y modificó (para agravar las penas) el fallo condenatorio proferido el 11 de mayo de 2009 por el Juzgado Penal Municipal de Fusagasugá (Cundinamarca).

Así, la censura propuesta por el apoderado judicial de Mayuza Prada se encamina a que se inaplique, en el caso particular de su asistido, quien itera, fue condenado por el delito de extorsión agravada en la modalidad de tentativa, el incremento punitivo de que trata el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, con base en la postura que la Corte adoptó a partir de la decisión CSJ SP, 27 de febrero de 2013, Rad. 33.254.

Así, en la citada providencia, dijo esta corporación que en los supuestos en los cuales el procesado se allane a cargos o acuerde con la Fiscalía, pero se estuviese ante las prohibiciones del artículo 26 de la Ley 1121 del 2006, no hay lugar a aplicar el incremento contenido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

Esa tesis, parte de la base de que la norma del 2006 prohíbe conceder cualquier tipo de prebendas cuando, como en este caso, se trate del delito de extorsión agravada en su modalidad tentada, razón por la cual es desacertado aplicar el aumento allí señalado, si de lo que se trata es de propiciar una justicia premial.

En la providencia señalada, a modo de conclusión, la Corte afirmó:

“Por consiguiente, a la luz de la argumentación aquí desarrollada, fuerza concluir que habiendo decaído la justificación del aumento de penas del art. 14 de la Ley 890 de 2004, en relación con los delitos incluidos en el art. 26 de la Ley 1121 de 2006 —para los que no proceden rebajas de pena por allanamiento o preacuerdo—, tal incremento punitivo, además de resultar injusto y contrario a la dignidad humana, queda carente de fundamentación, conculcándose de esta manera la garantía de proporcionalidad de la pena (…).

Así mismo, en ejercicio de su función de unificación de la jurisprudencia, la Sala advierte que, en lo sucesivo, una hermenéutica constitucional apunta a afirmar que los aumentos de pena previstos en el art. 14 de la Ley 890 de 2004 son inaplicables frente a los delitos reseñados en el art. 26 de la Ley 1121 de 2006. No sin antes advertir que tal determinación de ninguna manera comporta una discriminación injustificada, en relación con los acusados por otros delitos que sí admiten rebajas de pena por allanamiento y preacuerdo, como quiera que, en eventos de condenas precedidas del juicio oral, la mayor intensidad punitiva no sería el producto de una distinción arbitraria en el momento de la tipificación legal, ajustada por la Corte, sino el resultado de haber sido vencido el procesado en el juicio, sin haber optado por el acogimiento a los incentivos procesales ofrecidos por el legislador; mientras que, frente a sentencias condenatorias por aceptación de cargos, la menor punibilidad, precisamente, sería la consecuencia de haberse acudido a ese margen de negociación, actualmente inaccesible a los delitos referidos en el art. 26 de la Ley 1121 de 2006” (Resaltado fuera de texto).

La anterior postura fue reiterada por la Corte en Sentencia CSJ SP, 19 de junio de 2013, Rad. 39.719 así:

“Durante las alegaciones orales, de consuno la fiscalía y la representación del Ministerio Público, pidieron se aplicase de oficio, en favor del procesado, la más reciente jurisprudencia de la Sala, consignada en el radicado 33254 del 27 de febrero de 2013.

La decisión en comento, cabe recordar, a partir de la aplicación del principio de proporcionalidad y la verificación del querer del legislador al expedir la Ley 890 de 2004, concluyó que a los delitos a los cuales cobija la prohibición de rebajas o beneficios del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, entre ellos la conducta punible de extorsión, no les es aplicable el incremento generalizado de pena establecido en el artículo 14 de la primera normatividad citada.

Empero, de lo expuesto por la Corte hacen los representantes de la fiscalía y la procuraduría una equivocada lectura, pues, no deriva de allí que la eliminación del incremento opere general e indiscriminada para esos delitos reseñados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, sin que importen las vicisitudes procesales del caso concreto.

Todo lo contrario, en la jurisprudencia objeto de análisis, dentro al apartado final del tópico referido al tema en cuestión, la Corte advirtió: (…)

Claramente el apartado trascrito contiene una restricción al concepto de inaplicación del aumento de penas establecido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, pues, precisamente para que el principio de igualdad respecto de personas a quienes se condena por la vía ordinaria en delitos diferentes, no sea vulnerado, establece como premisa básica que el no incremento solo opera cuando el procesado se acoge a los mandamientos de justicia premial que contienen las figuras del allanamiento a cargos y preacuerdos.

Vale decir, en los casos en los cuales la persona vinculada por delitos contemplados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, no hace manifiesta su intención de acogerse a la terminación anticipada del proceso, vía allanamiento o preacuerdo, y ello no se materializa en la consecuente definición anticipada del asunto, la pena aplicable debe consultar también el incremento dispuesto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

Pues, de no ocurrir así quedaría huérfana de soporte la tesis que gobierna la jurisprudencia examinada, que tiene como objeto central de definición la imposibilidad de incrementar penas de Ley 890, a quienes no acceden a la justicia premial.

Cuando el asunto discurre por el camino ordinario del juicio oral, ya se hace necesario igualar a todas las personas de conformidad con lo establecido por el artículo 14 de la tantas veces citada Ley 890 de 2004, no solo porque aquí en nada incide la justicia premial, sino porque de no hacerse así se establece una desigualdad gratuita e injustificada a favor de quienes, precisamente, cometen delitos graves que el legislador estimó necesitados de más draconiano trato.

Por lo demás, si se dejara de lado la necesaria acotación del criterio establecido por la Corte, ningún sentido tendría la exhortación que en la decisión jurisprudencial objeto de examen, se hace para que el legislador en lugar de limitar las posibilidades de terminar los asuntos rápidamente a través de los mecanismos de justicia premial, las flexibilice a efectos de hacer funcional y eficaz el sistema, so pena de su colapso.

Apenas natural surge que si la posibilidad del no incremento de pena en los delitos objeto de prohibición de beneficios, resulta consecuencia de acceder a alguno de los institutos de justicia premial, ello servirá de acicate para que así suceda y se eviten los efectos dañosos de la congestión judicial.

En consecuencia, la Corte reafirma que por inescapables razones de igualdad y funcionalidad del sistema, la prohibición del incremento de penas general dispuesto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, respecto de los delitos enlistados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, únicamente remite a aquellos casos en los cuales la persona se allanó a cargos o llegó a un acuerdo con la fiscalía y en atención a ello se terminó anticipadamente el proceso”.

De esta manera, los lineamientos plasmados en el cambio jurisprudencial que invoca el demandante, se cumplen en el evento considerado, pues cabe recordar que en la diligencia de formulación de imputación, Omerly Mayuza Prada se allanó al cargo que le endilgó la fiscalía.

Además, al realizar la labor de dosificación punitiva —tanto los jueces de instancia como esta Colegiatura en sede de casación—, aplicaron el aumento del artículo 14 de la Ley 890 del 2004, pero le negó la rebaja del artículo 351 de la Ley 906, porque así lo consagró el apartado 26 de la Ley 1121 del 2006(15).

Entonces, se impone declarar fundada la causal contenida en el numeral 7º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004 en lo que a este tópico respecta y de contera, dar cabida a la postura adoptada por la Corte a partir de la decisión CSJ SP, 27 de febrero de 2013, Rad. 33.254, lo cual comporta una redosificación de la pena por cumplir, descartando de ella el aumento del artículo 14 de la Ley 890 del 2004, con respeto a los criterios de los jueces de instancia.

En tratándose del caso particular, en sede de segunda instancia, el Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante providencia del 27 de agosto de 2009 confirmó y modificó (para agravar las penas) el fallo condenatorio proferido el 11 de mayo de 2009 por el Juzgado Penal Municipal de Fusagasugá. Al respecto, la citada Colegiatura declaró que la conducta desplegada por Mayuza Prada se adecuó al tipo de extorsión agravada en grado de tentativa —no extorsión simple como en principio lo consideró el a quo—, y en esa medida incrementó la condena impuesta a 163 meses de prisión, interdicción de derechos y funciones públicas por igual término, y multa en cuantía de 2000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Empero, en sede de casación, al advertirse un error en el proceso de dosimetría punitiva realizado por el ad quem, esta corporación casó oficiosamente la denotada sentencia, para en su lugar imponer a Omerly Mayuza Prada la pena de 138 meses y 18 días de prisión, y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la sanción intramural.

Así, para lo que nos ocupa, la Corte aplicó el artículo 244 del Código Penal que, sin el agravante de la Ley 890, señala prisión de 12 a 16 años y multa de 600 a 1200 SMMLV Además, contempló la circunstancia de agravación que le endilgó la Fiscalía, contenida en el numeral 3º del artículo 245, que fija la multa de 3.000 a 6.000 salarios y dispone que la prisión se aumente hasta en una tercera parte, proporción que, hecho el cálculo según el artículo 60.2 penal, deja los topes de 12 a 21,33 años (o 144 y 256 meses).

En aplicación del dispositivo amplificador del tipo de la tentativa, previsto en el artículo 27 del Código Penal(16), los límites quedan de 6 a 16 años de prisión (o 72 y 192 meses) y 1.500 a 4.500 salarios de multa.

Establecidos los extremos mínimo y máximo de movilidad entre 6 y 16 años, que equivalen a 72 y 192 meses, respectivamente, se determina el ámbito punitivo en 120 meses (192-72) y se divide en cuartos, para un resultado de 30 meses, que a su vez equivalen a 2 años y 6 meses. Entonces:

6 años a 16 años

72 meses a 192 meses

Cuartos
Primero:
30 meses
Segundo:
30 meses
Tercero:
30 meses
Cuarto:
30 meses
72 meses a 102 meses102 meses 1 día a 132 meses132 meses 1 día a 162 meses162 meses 1 día a 192 meses
1.500 a 2.250 SMLMV2.251 a 3.000 SMMLV3.001 a 3.750 SMMLV3.751 a 4.500 SMMLV

La Corte se ubicó en el cuarto mínimo, que en este caso va de 6 a 8 años y 6 meses de prisión (72 a 102 meses) y de 1.500 a 2.250 SMMLV de multa, no obstante, respetando el aumento aplicado al cuarto mínimo por los jueces de instancias, consideró que el guarismo mínimo «en razón a la ponderación de los aspectos contemplados en el inciso 3 del citado artículo 61(17) “debía aumentarse en «cuarenta y dos (42) meses y dieciocho (18) días de prisión, para un total de ciento treinta y ocho (138) meses y dieciocho (18) días de prisión”(18).

Trasladados esos lineamientos al ámbito que se impone aplicar, se tiene que la pena mínima del primer cuarto de movilidad debe incrementarse —respetando la misma proporción anterior—, en 26 meses y 18 días, lo cual arroja una sanción definitiva de prisión de 98 meses y 18 días. Ahora, en cuanto a la pena de multa, dado que esta se fijó en el guarismo mínimo del primer cuarto de movilidad, debe establecerse en 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2009(19).

Por lo anterior, se declararán sin valor, parcialmente, las sentencias del 11 de mayo y 27 de agosto de 2009, y del 9 de junio de 2010, dictadas por el Juzgado Penal Municipal de Fusagasugá, el Tribunal Superior de Cundinamarca y la Sala de Casación Penal de esta corporación, exclusivamente para dejar las penas principales en 8 años, 2 meses y 18 días de prisión (98 meses 18 días) y multa de 1.500 SMMLV para el año 2009, sanciones que debe cumplir Omerly Mayuza Prada, como coautor responsable del delito de extorsión agravada en la modalidad de tentativa por el que fue condenado.

En el mismo monto que la privativa de la libertad, quedará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

2. No se pronunciará la Sala sobre la libertad del condenado, como quiera que, al tenor de lo informado por el Juez 4º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva (Huila), mediante oficio Nº 909 del 8 de mayo de 2015, se evidencia que el “sentenciado se encuentra privado de su libertad descontando pena por cuenta de esta causa en el EPC de Neiva Huila, desde el 17 de abril de 2009, de manera continua e ininterrumpida; así mismo, se le ha redimido pena en un total de 1 año, 7 meses y 7 días”, información de la cual no se colige que a la fecha de este pronunciamiento, Mayuza Prada haya descontado la totalidad de la pena privativa de la libertad aquí redosificada(20).

Se ordenará, por secretaría de la Sala, i) oficiar al Juzgado Penal Municipal de Fusagasugá, para que libre a las autoridades correspondientes, las comunicaciones a que haya lugar; y ii) remitir copia de esta determinación al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, para lo de su cargo.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. DECLARAR FUNDADA la causal 7ª de revisión invocada por el defensor de Omerly Mayuza Prada, en lo que respecta a la inaplicación del incremento punitivo del artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

2. DEJAR SIN VALOR, parcialmente, las sentencias del 11 de mayo y 27 de agosto de 2009, y del 9 de junio de 2010, dictadas por el Juzgado Penal Municipal de Fusagasugá, el Tribunal Superior de Cundinamarca y la Sala de Casación Penal de esta corporación, exclusivamente para dejar las penas principales en 8 años, 2 meses y 18 días de prisión (98 meses 18 días) y multa de 1.500 SMMLV para el año 2009, sanciones que debe cumplir Omerly Mayuza Prada, como coautor responsable del delito de extorsión agravada en la modalidad de tentativa por el que fue condenado. En el mismo monto que la privativa de la libertad, quedará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

3. En todo lo demás, los fallos permanecen vigentes.

4. Ordénese, por secretaría de la Sala, i) oficiar al Juzgado Penal Municipal de Fusagasugá, para que libre a las autoridades correspondientes, las comunicaciones a que haya lugar; y ii) remitir copia de esta determinación al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, para lo de su cargo.

Contra esta decisión no procede ningún recurso».

15 “ART. 26.—Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz”.

16 El que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y esta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada.

17 “ART. 61.—Fundamentos para la individualización de la pena. (…) Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá determinarse la pena, el sentenciador la impondrá ponderando los siguientes aspectos: la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto”.

18 Carpeta original. Folio 266. Sentencia de Casación. CSJ SP, 9 de junio de 2010. Rad. 33.164.

19 Año de ocurrencia de los hechos.

20 Cuaderno Corte. Folio.148.