Sentencia SP63-2018/46412 de enero 31 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP063-2018

Radicación: 46412

(Aprobado Acta 25)

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa

Bogotá D.C., treinta y uno de enero de dos mil dieciocho.

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

EXTRACTOS: «Las demandas

A nombre de B.M.P.

Consta de tres cargos contra el fallo impugnado, todos ellos por la causal de violación indirecta de la ley sustancial.

En el primero formuló un error de hecho derivado de falso juicio de existencia por omisión por no haberse valorado pruebas de carácter documental, de acuerdo con las cuales su defendido para la época de los hechos estaba vinculado con el Instituto de Tránsito y Transportes de Sogamoso (INTRASOG) mediante contrato de prestación de servicios, cuyas funciones, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, no son públicas.

Según el actor, los documentos dejados de valorar son: (i) los actos administrativos de nombramiento y posesión de E.F.P.N., en el cargo de comandante del Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso, (ii) la resolución por medio de la cual se fijaron las funciones al antes mencionado, (iii) contrato de prestación de servicios celebrado entre la directora del Instituto de Tránsito y Transportes de la citada población y B.M.P., y (iv) manual específico de funciones y competencias laborales de los agentes de tránsito.

En consecuencia, la condición de M.P. es la de interviniente y por tal razón es acreedor del descuento punitivo de una cuarta parte previsto en el Código Penal. Esta situación determina que las conductas imputadas estaban prescritas para cuando se dictó la sentencia de segunda instancia.

En el segundo propuso un error de hecho por falso juicio de identidad originado en la tergiversación de la declaración de C.A.A.Q., pues el tribunal señaló que su defendido desplegó actos de inducción sobre los dueños y familiares de los vehículos inmovilizados, pero, en realidad, de acuerdo con el contenido de este testimonio, ellos solo fueron ejercidos por E.F.P.

De esa manera, la conducta de su representado se circunscribió a recibir dinero, por lo que no se configura el delito de concusión atribuido sino el de cohecho propio, el cual, para el momento de proferir el fallo de segunda instancia, se encontraba prescrito.

En el tercero planteó un yerro de la misma naturaleza por tergiversarse lo afirmado por A.L.R.G., directora del Instituto de Tránsito y Transportes de Sogamoso (INTRASOG), en cuanto cercenó apartes de su dicho conforme a los cuales días después de ocurridos los hechos solicitó del Hospital de Sogamoso copia de los dictámenes de embriaguez practicados a los conductores de los vehículos inmovilizados, los que le fueron entregados posteriormente y le sirvieron de sustento a su denuncia.

Si el tribunal hubiera apreciado en su integridad dicho testimonio habría colegido que tales documentos siempre se conservaron integralmente en el centro hospitalario. En ese orden de ideas, no se verificó su destrucción, supresión u ocultamiento, situación que determina la atipicidad de este comportamiento. Incluso, aún si lo imputable es que se guardaron copias de ellos la acción resulta torpe, inane o inocua, esto es, irrelevante para el derecho penal.

A nombre de J.M.U.R.

Al amparo también de la causal de violación indirecta de la ley sustancial formuló un único cargo contra el fallo por error de hecho derivado de falso juicio de identidad, que condujo a condenar a su asistido como autor cuando se trata de un cómplice.

El yerro se concretó por el cercenamiento del testimonio de A.L.R.G. y los documentos que a través de ella fueron incorporados al juicio oral suscritos por su defendido, de acuerdo con los cuales éste, en su condición de servidor público, no fue quien solicitó a la víctima una utilidad indebida por encontrarse bajo el dominio de su jefe inmediato. Su participación fue accesoria y por ello debe responder como cómplice y no como autor.

A nombre de E.F.P.N.

En el segundo cargo, único admitido, señaló que en la valoración probatoria se incurrió en error de hecho por falso juicio de identidad por tergiversación de los testimonios de A.L.R.G. y C.A.A.Q., pues de su contenido material no se puede extraer prueba acerca de la existencia del delito de concusión bajo la modalidad de inducir ni tampoco de la autoría en el delito concurrente, sino un estado de duda evidente que impone la absolución de su representado.

A nombre de A.N.P.R.

Planteó un único cargo fundamentado, igualmente, en la causal tercera por violación indirecta de la ley sustancial originada en error de hecho por falso juicio de identidad en la apreciación del testimonio de C.A.A.Q. por cercenarse apartes de su contenido, concretamente en cuanto precisó que quienes estuvieron presentes en el lugar de los hechos fueron la esposa de A.J.G.A., el comandante de tránsito F.P. y los agentes B.M.P. y J.M.U.V.

En ninguna de sus salidas procesales el testigo manifestó que P.R. estuvo presente al momento en que se produjeron los hechos constitutivos del delito de concusión; únicamente que dejó uno de los vehículos involucrados en el parqueadero de las instalaciones del tránsito, para de ahí salir y luego volver al sitio después de ocurrida la conducta reprochada.

De esa forma, su representado no tuvo dominio del hecho ni recibió dinero alguno, según se desprende del testimonio tergiversado donde se sindica directamente de la inducción a F.P., por lo que procede su absolución en aplicación del principio in dubio pro reo, razón por la cual se debe casar parcialmente el fallo impugnado y, en su lugar, dictar el “de reemplazo que en derecho corresponde a favor del procesado A.N.P.R. y, redosificar la pena como corresponde”.

Intervenciones de los sujetos procesales en la audiencia de sustentación

1. Defensor de E.F.P.N.

Hizo énfasis en que se hace necesario el pronunciamiento de la Corte, porque las decisiones de los jueces se suelen sustentar en dichos y hechos no contenidos en las pruebas y es así como en este caso, frente a la falsedad, los testigos fundamentales de cargo, A.L.R.G. y C.A.A., no efectuaron alusión alguna desde el punto de vista fáctico, en el sentido de que su defendido o los demás procesados hubieran destruido u ocultado algún documento. La propia R.G. incorporó unos dictámenes médicos legales al juicio, lo que quiere decir que no están ocultos ni destruidos.

En cuanto a la concusión, los testigos afirman que el 25 de noviembre de 2006 se presentó el ingreso y salida de unos vehículos a los patios automotores de Sogamoso por orden del procesado P.N. Nada más dice esa prueba. Por tanto, las conclusiones del tribunal, acerca de que hubo inducción, son falaces e inciertas.

2. Defensor de B.M.P.

Primer cargo.

Insistió en que el tribunal omitió valorar documentos tales como los actos de vinculación de P.N., que le daban la condición de servidor público, contrario a lo ocurrido con M.P., quien fue vinculado mediante un contrato de prestación de servicios, lo cual le otorgaba la calidad de particular.

Dichos documentos demuestran las funciones que cumplía P., el manual de funciones y la orden de prestación de servicios suscrita por M., todo lo cual indica que a éste no se le transfirió ninguna función pública, luego no había lugar a aplicarle el artículo 20 de la Ley 599 de 2000.

En la orden de prestación de servicios consta que a M. se le contrató para ejercer actos propios de agentes de tránsito, y aun cuando se hace allí remisión expresa a la ley, es lo cierto que la 769 de 2002, en sus artículos 2º, 4º y 7º, en armonía con el concepto del Consejo de Estado del 20 de septiembre de 2007 (rad. 1826), determina que a los particulares no se les puede asignar las funciones de agentes de tránsito, lo que, efectivamente, no se hizo con el procesado B.M., quien —en todo caso— no se trataba de un funcionario de hecho.

Según el impugnante, de no haber mediado el error, el acusado sería considerado interviniente, pero al momento de emitirse el fallo de segunda instancia la acción penal, para los dos delitos atribuidos, estaba prescrita. En apoyo de su criterio invocó decisión de la Corte (AP2163, de 6 abr. de 2014, rad. 43336).

Segundo cargo.

La única prueba en contra del procesado corresponde al testimonio de C.A.A.Q., pero el tribunal la distorsionó, pues ella da cuenta de la ocurrencia de un cohecho, no así de una concusión, si se tiene en cuenta que el día de los hechos sucedieron dos situaciones distintas. La primera con referencia al vehículo de marca Kodiak. Frente a ese hecho, el testigo afirmó que M. recibió un dinero del interesado con ese automotor y se lo entregó a P.N., procediendo de esa manera porque aquél le solicitó que intermediara con el propósito de que el automotor no tuviera intervención alguna por parte de éste. El testigo, por tanto, jamás señaló que M. le exigió o lo constriñó o lo indujo. Lo único que dijo es que el propietario le entregó un dinero.

Según el actor, también el cohecho estaba prescrito al momento de emitirse el fallo de segunda instancia.

En relación con el vehículo Mazda, jamás el testigo manifestó que M. hubiese participado de alguna forma en ese hecho, motivo por el cual no se le podía condenar por razón del mismo.

Tercer cargo.

Los documentos supuestamente ocultados, en realidad reposaban en el Hospital Regional de Sogamoso y fueron solicitados por la denunciante e introducidos al juicio oral, pese a lo cual el tribunal condenó por esa conducta, cuando ni siquiera se demostró su materialidad.

3. Defensor de A.N.P.R. y J.M.U.V.

No expuso planteamiento adicional alguno y manifestó que dejaba sustentados los recursos en la forma como quedaron en las demandas.

4. Fiscalía.

Demanda a nombre de B.M.P.

En relación con el primer cargo, consideró que la prueba documental enseña que por razón de la orden de servicios el procesado fue objeto de una vinculación temporal con el Instituto de Tránsito de Sogamoso, en calidad de supernumerario, que es una modalidad de empleado público prevista en el Decreto 1042 de 1978, en cuyo artículo 83, declarado exequible mediante Sentencia C-401 de 2008, se contempló que para suplir las vacancias temporales de los empleados públicos, en caso de licencia o vacaciones, podrá vincularse personal supernumerario.

De la orden de servicios en cuestión se advierte que A.L.B.C., para la época agente de tránsito adscrita al referido Instituto, disfrutaría de vacaciones entre el 20 de noviembre y el 11 de diciembre de 2006 y no se le podía reemplazar con los cargos de la planta, de manera que para garantizar la prestación de tres turnos se requirió la contratación de un supernumerario.

Sobre esta categoría de empleados, la Corte Constitucional se pronunció en las sentencias T-112 de 2009 y C-422 de 2012, reconociendo a dicha forma de vinculación los alcances de la relación laboral y distinguiéndola de los empleados temporales de la administración, haciendo énfasis acerca de los límites de aplicación de esta forma de vinculación, es decir, vacaciones, licencias de los empleados de planta y funciones meramente transitorias.

En este caso, equivocadamente se utilizó la figura de la prestación de servicios a que se refiere la Ley 80 de 1993, en cuyo contexto el demandante interpretó decisiones de esta Sala de Casación, entendiendo que el procesado no cumplía unas funciones propias del Instituto de Tránsito, cuando lo que en realidad contiene ese acto administrativo es la designación temporal para cumplir la función de agente de tránsito, calidad en que, en efecto, intervino el día de los hechos.

La prueba, por tanto, es demostrativa de la condición de servidor público del acusado, lo que le da, a su vez, la calidad de sujeto activo calificado de la conducta de concusión.

Frente al segundo cargo, el delegado de la Fiscalía puso de presente cómo el testigo C.A.Q. manifestó que ingresó y vio salir del parqueadero de tránsito, en la misma fecha y en dos tiempos, los dos vehículos, ubicó a los agentes de tránsito procesados, incluido M., a quien vio conversar con un amigo acerca del camión marca Kodiak, escuchó que éste le pidió al comandante P.N. colaborarle para sacar el camión, a lo cual este último accedió, y observó cuando M. recogió algo y en la sala de juntas le entregó dinero a aquél.

Por lo anterior, el reproche no está llamado a prosperar. Las conclusiones a que arribó el tribunal para dar por demostrada la coautoría del procesado se encuentra respaldada en la valoración del testimonio de A.

Respecto del tercer cargo, es del criterio que para efectos de la tipicidad del delito de falsedad atribuido a los procesados, ninguna repercusión tiene que en las instituciones donde se generaron los documentos se mantenga una copia, porque los dictámenes que sobre embriaguez se entregaban a los agentes de tránsito se utilizarían a través de la autoridad para adelantar el correspondiente proceso administrativo orientado no sólo a la retención de los vehículos sino a la sanción para los conductores infractores. No es admisible, entonces, pretender que es inocuo o atípico ocultar los resultados practicados por un organismo del Estado.

Demanda a nombre de A.N.P.R.

El tribunal dedujo que no era necesario demostrar acuerdo previo en la comisión del delito de concusión, pues el mismo puede surgir de manera coetánea y, además, ser expreso o tácito, como en efecto ocurrió aquí, en donde se demostró que los funcionarios involucrados pidieron dinero a los conductores y a sus allegados a fin de obtener la devolución de los automotores y que no se diera curso a la investigación que se debía adelantar por la posible infracción cometida.

Las pruebas también acreditan que el comandante de tránsito pidió dinero no sólo para quienes lo acompañaban en el parqueadero sino para los agentes que se trasladaron al hospital a efectos de que a los conductores involucrados se les practicara la prueba de alcoholemia, a quienes efectivamente llamaron telefónicamente y con su concurso devolvieron los vehículos y ocultaron los dictámenes médicos, de manera que sí se demostró la coautoría en el delito de concusión.

Demanda a nombre de J.M.U.V.

Las pruebas acopiadas, valoradas en conjunto por el tribunal, llevaron a la certeza sobre la coautoría y responsabilidad de U.V., en cuanto se demostró que los procesados, producto de un acuerdo, coetáneo al desarrollo de los hechos (retención de conductores y vehículos), optaron a cambio de dinero por devolver los automotores y ocultar los dictámenes que demostraban embriaguez.

Demanda a nombre de E.F.P.N.

Las pruebas practicadas, aspecto que no discute el actor, indican que el procesado M.P. le pidió a los conductores ayudarles para que los vehículos salieran y se ocultaran los dictámenes.

Le solicitó a la Corte, en consecuencia, no casar la sentencia impugnada.

5. Ministerio Público.

Sobre el primer cargo de la demanda a nombre de B.M.P., estimó que el contrato de prestación de servicios se celebró para desarrollar una función pública como agente de tránsito en obedecimiento al manual de funciones. Como se trataba de una función pública, conlleva una actividad que debe ser cumplida por el Estado, a través de sus subordinados, quienes son reconocidos como servidores públicos.

Solamente quienes ostentan esa calidad pueden ejercer dicha función, así sea transitoriamente y el origen se encuentra en el contrato laboral. Citó la sentencia de la Corte del 27 de abril de 2005, rad. 19562, para concluir que la censura no tiene vocación de prosperidad.

En relación con el segundo cargo de la misma demanda, el segundo de la presentada a nombre de E.F.P.N. y el único de la instaurada en representación de A.N.P.R., la delegada de la Procuraduría aseguró que el testimonio de C.A.A. no fue tergiversado.

Dicho declarante, quien para el día de los hechos fungía como portero de los patios de tránsito de Sogamoso, afirmó que en esa fecha entraron al mencionado lugar tres vehículos, un camión Kodiak color azul, más tarde una camioneta Mazda negra y, finalmente, a las cinco de la tarde un taxi. Señaló también que transcurrida una media hora llegó un amigo de M. y luego de conversar los dos, éste se dirigió hacia donde estaba el comandante P. y le pidió una colaboración para sacar el camión del amigo, respondiéndole que mirara cómo lo hacía. Es así como le dio una plata a P., quien de inmediato le impartió la orden a A. para que abriera la puerta de modo que pudiera salir el automotor.

Ese procedimiento irregular se presentó también con la camioneta Mazda negra, cuyo conductor fue llevado hasta las instalaciones del hospital para practicarle una prueba de alcoholemia, tras lo cual una señora inquirió a los servidores públicos sobre la manera como podía sacar la camioneta inmovilizada, a lo que P. le contestó que debía pagar la suma de $ 170.000 para la gente del hospital y $ 30.000 para las personas que se encontraban allí. Según el testigo, posteriormente P. le ordenó que si iban a retirar la camioneta no habría ningún problema. Agregó que hacia las 6:30 de la tarde dicho procesado hizo entrega de dinero (no precisó cuánto) a M. y a U., así como al propio A., a quien le dio $ 10.000.

Para la representante de la sociedad, si bien en el comportamiento de M., descrito por el testigo, no se evidencia que haya articulado vocalización que transmitiera una exigencia o coacción para obtener una suma de dinero a manera de contraprestación por la gestión realizada, no puede concluirse que no se lo hicieran saber al conductor por otros medios no verbales.

De ahí que cuando P. acepta ayudarlo con la medicación de M., el conductor infractor hizo entrega de una suma indefinida de dinero, la cual fue recibida por el propio P., lo que denota que era ese bien lo perseguido por los funcionarios públicos, quedando ratificado que producida la entrega del dinero, fue dada la orden de dejar salir el vehículo, conducta que claramente se adecúa en el tipo penal de concusión. En apoyo de su criterio citó la sentencia de la Corte del 8 de septiembre de 2004, rad. 22409.

En concepto de la delegada, tampoco se distorsionó el testimonio de A. ni ningún otro medio de esa naturaleza en el caso de P.R. Si bien el declarante no lo observó en el momento en que recibía el dinero producto de las devoluciones de los vehículos, como tampoco con ocasión del ocultamiento y posterior destrucción de los dictámenes de Medicina Legal, lo cierto es que actuó bajo los parámetros de la coautoría, porque contribuyó con un acto esencial en la producción de los hechos punibles, al haber sido uno de los agentes que inmovilizó y trasladó a los patios de tránsito los vehículos y, posteriormente, llevó a los conductores hasta las instalaciones hospitalarias para que fueran realizadas las pruebas de alcoholemia, de manera que tenía pleno conocimiento de las inmovilizaciones y de los resultados médico legales, así como del procedimiento a seguir, como era la imposición del correspondiente comparendo, lo cual no ocurrió, sin que el procesado manifestara reparo alguno, silencio que muestra que obró de común acuerdo con su jefe y demás compañeros.

Respecto de la demanda a nombre de J.M.U.V., concluyó que éste no actuó a título de cómplice, como lo aduce su defensor, sino de coautoría impropia, pues contribuyó de manera objetiva a la consecución del resultado, con el fin de obtener un beneficio común.

Por lo anterior, no se requería que hubiera entrado en contacto con las víctimas y utilizado las palabras sacramentales que constituyeran una acción, una inducción, una promesa o una solicitud. Su aporte consistió en realizar los operativos que tuvieron como resultado la inmovilización de los vehículos, frente a los cuales no les dio el trámite respectivo y el comandante ordenó la salida de éstos, sin que U.V. indagara o conociera el fundamento de la decisión de su superior.

Su comportamiento no es creíble ni aceptable, pues las actividades de los servidores públicos están regladas, de manera que obedecen a parámetros normativos, así que en el momento en que la expectativa de la disposición se incumple el servidor público obra en forma antijurídica.

El procesado, consciente de que los procedimientos de inmovilización no culminaron correctamente, recibió una suma indeterminada de dinero proveniente de P., resultando así indudable que compartió implícitamente la vulneración del bien jurídico tutelado, al unir su voluntad de forma activa en la realización de los punibles.

Solicitó, de esa manera, no casar la sentencia impugnada.

Consideraciones de la Corte

Como las demandas fueron declaradas ajustadas a derecho desde el punto de vista formal, la Sala tiene la obligación de pronunciarse sobre los temas planteados por los casacionistas en los cargos admitidos, según así lo ha señalado de manera reiterada la jurisprudencia de la Corte.

Es de anotar que en la respuesta que se ofrecerá a cada una de las demandas, la Sala agrupará los cargos con contenido argumentativo similar.

Primer cargo de la demanda presentada a nombre de B.M.P. Violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho derivado de falso juicio de existencia.

Es cierto que el tribunal no apreció los documentos referidos por el demandante. Sin embargo, esa omisión carece de trascendencia, pues tales pruebas no demuestran el supuesto fáctico referido por el defensor.

El hecho de que la directora del Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso —INTRASOG— haya celebrado formalmente un contrato de prestación de servicios con B.M.P., no significa que, por esa sola razón, dejó de adquirir la condición que le otorgaba la naturaleza de las funciones que entró a desempeñar en virtud de esa forma de vinculación.

La verdad es que mediante ese contrato de prestación de servicios la administración de Sogamoso no hizo sino acudir, como bien lo destacó la Fiscalía en la audiencia de sustentación del recurso de casación, a la figura del supernumerario, la cual se encuentra regulada en el Decreto-Ley 1042 de 1978, cuyo artículo 83, inciso primero establece:

“Para suplir las vacancias temporales de los empleados públicos en caso de licencias o vacaciones, podrá vincularse personal supernumerario”.

Es de anotar que el inciso segundo del referido artículo también autorizaba vincular supernumerarios para desarrollar actividades de carácter netamente transitorio, pero esa norma, conforme lo determinó la Corte Constitucional en la Sentencia C-422 de 2012, fue derogada tácitamente por el literal a) del numeral 1º del artículo 21 de la Ley 909 de 2004 para considerar tal situación como una modalidad de empleo de carácter temporal, sujeta entonces a las reglas de esa nueva disposición legal.

Sea como fuere, conforme consta en el citado contrato de prestación de servicios(2), su suscripción —que ocurrió el 15 de noviembre de 2006— la motivó el hecho de que a la señora A.L.B.C., quien se despeñaba como agente de tránsito de INTRASOG, se le autorizó disfrutar de vacaciones durante los días 20 de noviembre al 11 de diciembre del mencionado año. El ingreso de M.P. a la administración pública tenía como propósito, entonces, suplir a la titular del cargo por dicho período.

Como se observa, se trató de uno de los casos en los que la ley autoriza vincular personal supernumerario, esto es, por vacaciones de los empleados públicos de planta.

En la Sentencia C-401 de 2008 la Corte Constitucional dejó claramente establecido que el supernumerario adquiere una “verdadera relación laboral regida por normas de derecho administrativo”, de manera que se diferencia del contrato de prestación de servicios profesionales, “por varios conceptos, especialmente porque en este último, aunque puede haber cierto grado de sujeción, no se involucra el elemento de subordinación de tipo laboral que se halla presente en el primero, y porque la vinculación de personal supernumerario se lleva a cabo mediante resolución, en la cual deberá expresarse el término durante el cual se prestarán los servicios y el salario que se devengará, que se fijará teniendo en cuenta las escalas de remuneración establecidas en la ley”.

Precisamente, por la anterior razón, la citada corporación declaró inexequible la expresión contenida en el inciso quinto del artículo 83 del Decreto 1042 de 2978, en la cual se prohibía reconocer prestaciones sociales al personal supernumerario vinculado por un término no superior a tres meses.

El actor sostiene que, de acuerdo con la Ley 769 de 2002 y con el concepto del Consejo de Estado del 20 de septiembre de 2007, emitido dentro del radicado 1826, la función de agente de tránsito no se le puede asignar a los particulares, y como a M.P. se le contrató en virtud de una orden de prestación de servicios, quiere decir ello que no pudo adquirir la condición de servidor público.

Ciertamente, partiendo de la definición efectuada por el artículo 2º de la Ley 769 de 2002 sobre agente de tránsito, según la cual se considera como tal “todo funcionario o persona civil identificada que está investida de autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal y vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales”, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el concepto antes referido señaló:

“Sobre los “agentes de tránsito”, la definición contenida en el artículo 2º de la Ley 769 del 2002, ya transcrito, no es en sí misma clara cuando integra las expresiones “funcionario o persona civil”; sin embargo, el contexto normativo conformado, en particular, por los primeros siete artículos de la misma Ley 769 del 2002, permite concluir que la expresión “persona civil” hace referencia a los empleados públicos que conforman los cuerpos especializados dependientes de los organismos de tránsito del nivel territorial, por lo que excluye a los particulares”.

Una de las razones esenciales expresadas por el Consejo de Estado para sustentar tal postura tiene que ver, precisamente, con la naturaleza de las funciones que corresponden a la policía de tránsito, referidas no solamente a uno de los derechos fundamentales de las personas individualmente consideradas, como es la libertad de circulación(3), sino a la organización de la vida en comunidad y a los riesgos inherentes a la actividad misma de tránsito peatonal y vehicular, en la cual la seguridad de las personas y las cosas es el bien jurídico protegido y exige actuaciones de autoridad de carácter pedagógico, preventivo y sancionatorio, a las que se agregan, por expresa disposición del Código de Procedimiento Penal, el cumplimiento de funciones de policía judicial(4).

Por lo anterior, en el concepto la Sala de Consulta y Servicio Civil insistió que no “es factible contratar personas naturales como agentes de tránsito, por cuanto éstos deben integrar cuerpos especializados dentro de la Policía Nacional o dependientes de los organismos de tránsito territoriales, caso este último en el cual forman parte de la planta de personal del respectivo organismo. Las expresiones “funcionario” o “persona civil identificada”, con las cuales la ley define a los agentes de tránsito, no incluyen personas particulares”.

Si, por tanto, no resulta dable vincular a particulares para desempeñar funciones propias de los agentes de tránsito, es claro que B.M.P. no podía ingresar a la administración pública de Sogamoso en la condición de particular, como lo pretende el impugnante. Al asumir las labores que le correspondían a A.L.B.C. en su calidad de agente de tránsito de dicha entidad territorial, adquirió la misma condición ostentada por la titular del cargo, esto es, servidor público, según la denominación asignada por el artículo 20 del Código Penal, acorde con el cual para todos los efectos de la ley penal se consideran como tales “los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios”.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Segundo cargo de la demanda presentada a nombre de B.M.P., Único cargo de la instaurada a nombre de J.M.U.R. y de A.N.P.R. y segundo (único admitido) de la allegada a nombre de E.F.P.N. Violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho derivado de falso juicio de identidad.

Según los censores, el yerro recayó sobre los testimonios de C.A.A.Q. y A.L.R.G. y los documentos incorporados por ésta al juicio oral y suscritos por el procesado J.M.U.R.

Los defensores de B.M.P. y A.N.P.R. adujeron que A.Q. no declaró, como lo afirmó el tribunal, que ellos realizaron actos constitutivos de la concusión. El de U.R. argumentó que el testimonio de R.G. y los documentos antes mencionados demuestran que éste no fue quien solicitó a la víctima la utilidad indebida. Y el de E.F.P.N. sostuvo que de las declaraciones, cuya distorsión denuncia, no se puede extraer prueba acerca de la existencia del delito de concusión bajo la modalidad de inducir ni tampoco de la autoría en el delito de falsedad por destrucción, supresión u ocultamiento de documento público.

Ciertamente, el testigo A.Q. no afirmó que M.P. y P.R. realizaron directamente los actos de inducción que llevaron a los propietarios o tenedores de los vehículos inmovilizados a entregar el dinero requerido para autorizar su salida de los patios del Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso. Tampoco la declarante R.G. hizo lo propio respecto de U.R. Esa situación, igualmente, no aparece registrada en los documentos suscritos por éste e introducidos por la citada testigo al juicio oral.

Pero es que el tribunal no les atribuyó tales contenidos a esas pruebas. En realidad, a partir de su valoración integral, concluyó que los acusados actuaron bajo la modalidad de la coautoría impropia, en desarrollo de la cual con división de trabajo y de común acuerdo ejecutaron las conductas punibles de concusión y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público.

La corporación judicial, en efecto, con fundamento en el testimonio de A.Q., reseñó cómo, después de la inmovilización del camión Kodiak, R.P. se desplazó al hospital con su conductor para que le practicaran la prueba de embriaguez y, posteriormente, M.P. habló con P.N., comandante de la Policía de Tránsito de Sogamoso, para que le devolviera el automotor a su propietario, como en efecto ocurrió, a cambio de lo cual éste entregó un dinero. Situación similar, destacó el ad quem, sucedió con la camioneta Mazda y, al final, se repartieron el producto de lo recibido, participando de ello también el agente U.V., como resultado de lo cual los exámenes practicados a los conductores se ocultaron, sin que se les impusieran los comparendos de rigor, según así lo declaró A.L.R.G.

De ahí que el tribunal haya terminado su análisis probatorio, afirmando lo siguiente:

“Esas conductas de los aquí acusados se adecuan de manera perfecta en las descripciones de los tipos penales transcritos, en la concusión porque se trata de servidores públicos que, aprovechando sus cargos y sus funciones, con abuso de aquel y estas, indujeron a los interesados, conductores, familiares o dueños de los vehículos a que les dieran dinero con el objeto de que no se vieran sometidos al comparendo o a la inmovilización de los automotores, al proceso administrativo de tránsito y al pago de las multas correspondientes, y en el de destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, pues ellos, todos con un acuerdo común, para ocultar el otro delito o para poderlo cometer, se guardaron, ocultaron o desaparecieron los dictámenes de embriaguez que les habían sido entregados”(5).

Como lo refirió el delegado de la Fiscalía, la jurisprudencia de la Sala tiene dicho que el acuerdo constitutivo de la coautoría impropia puede ser expreso o tácito y surgir en forma previa a la comisión del delito o concomitante a su ejecución. Sobre el particular, en CSJ SP, 11 de jul. de 2002, rad. 11862, expresó:

“No se puede dejar de recordar que los actuales desarrollos dogmáticos y jurisprudenciales se orientan por reconocer como característica de la denominada coautoría impropia, que cada uno de los sujetos intervinientes en el hecho punible no ejecutan integral y materialmente la conducta definida en el tipo, pero sí lo hacen prestando contribución objetiva a la consecución del resultado común en la que cada cual tiene dominio funcional del hecho con división de trabajo, cumpliendo acuerdo expreso o tácito, y previo o concurrente a la comisión del hecho, sin que para la atribución de responsabilidad resulte indispensable que cada interviniente lleve a cabo o ejecute la totalidad del supuesto fáctico contenido en el tipo o que sólo deba responder por el aporte realizado y desconectado del plan común, pues en tal caso, una teoría de naturaleza objetivo formal, por ende, excesivamente restrictiva, sin duda muy respetuosa del denominado principio de legalidad estricto, no logra explicar la autoría mediata ni la coautoría, como fenómenos expresamente reconocidos en el derecho positivo actual (art. 29 de la Ley 599 de 2000), los cuales a pesar de no haber sido normativamente previstos en la anterior codificación, no pueden dar lugar a entender que no fueron objeto de consideración o que el sistema construyó un concepto de autor distinto del dogmáticamente establecido”.

Un acuerdo tácito y concomitante a los hechos fue el que ocurrió en el presente evento. Ciertamente, a partir del interés de los propietarios o tenedores de obtener la devolución de sus automotores, P.N. optó por inducirlos a entregar una suma de dinero, como condición para obtener ese cometido. Para el caso del camión Kodiak, conforme se infiere del testimonio de A.Q. —especialmente de lo expresado en la entrevista que le dio a la Policía Judicial, introducida al juicio oral a través del mecanismo de impugnación de credibilidad(6)— la exigencia se la hizo saber a través de M.P., quien de esa manera y con el recibo subsiguiente de la referida utilidad, que entregó posteriormente a P.N., se integró a la empresa criminal.

A ella también se sumaron P.R. y U.V., cuyo aporte a la misma consistió en abstenerse de dar a conocer a las autoridades administrativas respectivas el resultado de las pruebas de embriaguez para efectos de imponer las correspondientes multas, a cuya función estaban obligados aquéllos, como quiera que los dos conocieron el asunto relacionado con el Kodiak, mientras el segundo se hizo cargo del atinente al Mazda.

En el caso de ese otro vehículo, como se deduce de la declaración del citado testigo, fue el propio P.N. quien indujo a los interesados a la entrega del dinero.

A cambio de los aportes por ellos prestados, realizados —se insiste— en desarrollo del acuerdo común, P.N., según se desprende del testigo A.Q., entregó a M. y U., después de concretarse la devolución de los rodantes, la parte del dinero que les correspondió por su intervención en la empresa criminal.

Es cierto, el referido declarante dijo no haber visto que le haya hecho entrega también a P.R. de otra porción de ese capital. Sin embargo, no hay duda que éste también se sumó al acuerdo, pues, de una parte, el propio testigo dijo que, en el caso del Mazda, P.N. solicitó el dinero para distribuirlo entre cinco, incluido A.Q., resultando claro que los restantes cuatro correspondían a los aquí procesados, dado que eran quienes tenían relación con los dos vehículos inmovilizados. Y, de la otra, porque sólo así se explica que no haya reportado el procedimiento realizado, incluyendo el resultado de la prueba de embriaguez y, por el contrario, hubiese contribuido a la desaparición de ese documento.

Como, en consecuencia, los procesados actuaron en coautoría impropia, deben responder por la totalidad de las conductas cometidas, incluida la falsedad por destrucción, supresión u ocultamiento de documentos, sin que haya lugar a predicar la realización por parte de M.P. del delito de cohecho propio, como lo sostiene su defensor, ni a afirmar que U.V. obró en condición de cómplice, por cuanto sus comportamientos no pueden apreciarse individualmente sino conectados al plan común que tácitamente acordaron.

Conforme se señaló, a esa empresa criminal se sumó también P.R., de manera que la pretensión de la defensa, orientada a obtener su absolución por aplicación del principio in dubio pro reo, no es de recibo.

Desde luego, tampoco se acogerá la argumentación del defensor de P.N., según la cual de las pruebas allegadas a la actuación no se puede extraer la existencia del delito de concusión bajo la modalidad de inducir ni tampoco de la autoría en el delito de falsedad por destrucción, supresión u ocultamiento de documento público.

Como se dijo, el declarante A.Q. señaló que el antes mencionado procesado accedió a “colaborarle” al propietario del Kodiak para poder sacar el vehículo de los patios. Y, en efecto, M. le transmitió el mensaje a éste, quien le entregó una suma de dinero por su devolución. Aunque el testigo no precisó si eso último obedeció a una exigencia de P.N., es lo cierto que, conforme lo tiene dicho la jurisprudencia de la Corte, en la inducción —que constituye una de las modalidades en que se comete el delito de concusión—, “el beneficio o utilidad se obtiene mediante un acto disimulado de exceso de autoridad, por medio del cual el sujeto pasivo no se siente agredido pero sí intimidado para actuar de la forma requerida por el sujeto activo”.

Y, atendido el contexto en el cual ocurrieron los hechos, es decir, dentro de los patios del Instituto de Tránsito y Transportes de Sogamoso, en cuyo lugar se encontraba inmovilizado el automotor, y que la suerte del mismo dependía en ese momento nada menos que del comandante de tránsito de esa localidad, no puede menos que concluirse que la expresión “colaborarle” llevaba ínsito el requerimiento de una utilidad para lograr su salida de allí y para, consecuentemente, omitir dar traslado a la autoridad respectiva los resultados de la prueba de embriaguez.

En lo que se refiere a la camioneta Mazda, menos discusión existe frente a la configuración de la concusión, pues de acuerdo con el testimonio de A., tan pronto la persona (una dama) interesada en su devolución le preguntó a P.N. cómo hacía para sacarlo de allí, éste le respondió que debía entregarle $ 170.000 para “la gente del hospital” y adicionalmente $ 30.000 para cada uno de los que estaban allí, haciendo así explícita la condición que impuso para proceder en el aludido sentido.

Tampoco prosperan los cargos analizados en este acápite.

Tercer cargo de la demanda presentada a nombre de B.M.P. Violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho derivado de falso juicio de identidad.

En la sentencia el tribunal reseñó la afirmación de la directora de Tránsito y Transporte de Sogamoso, doctora A.L.R.G., según la cual ella solicitó al Hospital Regional de esa población los dictámenes de embriaguez ordenados por los agentes de tránsito el día de los hechos(7). Y también tuvo en consideración que documentos contentivos de tales pruebas se introdujeron al juicio oral a través del testimonio de la aludida dama.

Si lo anterior es así, no se ve en dónde estuvo la distorsión del referido testimonio aducida por el recurrente. Es apenas obvio entender que los resultados de los exámenes de embriaguez incorporados a la actuación corresponden a los que solicitó la funcionaria R.G. al Hospital de Sogamoso, de donde se sigue que en esa institución, ciertamente, se conservaba copia de tales documentos.

Ahora bien, lo anterior no significa que el delito de destrucción, supresión u ocultamiento de documentos públicos no haya tenido material ocurrencia o que la conducta de los procesados, al hacer desaparecer los resultados de los exámenes a ellos entregados es irrelevante, como lo sostiene el defensor de M.P.

Se recuerda que los delitos constitutivos de falsedad tutelan el bien jurídico de la fe pública, entendido como “la credibilidad otorgada a los signos, objetos o instrumentos que constituyen medio de prueba acerca de la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas relevantes” (CSJ SP, 5 de mar. de 2014, rad. 36.337), facilitando así su tráfico jurídico entre los miembros de la comunidad.

Por eso, al margen de que en el Hospital Regional de Sogamoso existiera una copia de las pruebas de embriaguez, es lo cierto que los documentos entregados a los agentes de tránsito, como soporte de los resultados de los exámenes tomados a los conductores de los dos vehículos inmovilizados, estaban destinados a fundamentar la iniciación de los respectivos procedimientos administrativos, cuyo fin se vio truncado con su ocultamiento, comportamiento que afectó la credibilidad depositada por la sociedad en esa clase de documentos y, consecuentemente, el bien jurídico de la fe pública. En sentido similar se pronunció la Corte en SP17456, 16 de dic. de 2015, rad. 46528, en donde señaló:

“Respecto al argumento según el cual, la conducta (no) es antijurídica por cuanto el informe podía ser recuperado en la Estación de Policía, importa destacar que la conducta investigada pertenece al bien jurídico de la fe pública, la cual es entendida como la credibilidad otorgada a los signos, objetos o instrumentos que constituyen medio de prueba acerca de la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas relevantes. Precisamente, con los documentos se acredita algo y facilitan las relaciones entre los asociados, por ello, a algunos se les da una connotación especial (públicos) para garantizar tal crédito.(8)

En el caso concreto, la relevancia del informe de policía no radicaba en su existencia como tal, sino en su presencia en la Fiscalía para efectuar la asignación e iniciar la investigación relacionada con la incautación de un arma de fuego, última, además, de la que no se conoce su destino o ubicación, hechos producto de la pérdida del documento, por lo que es innegable la antijuridicidad material de la conducta”.

Carece de fundamento, por tanto, el argumento del recurrente, según el cual el comportamiento de los procesados es atípico o irrelevante penalmente.

Como este cargo está llamado a correr la misma suerte de los anteriores, la decisión que se impone en el presente caso será la de no casar la sentencia impugnada. Así se pronunciará la Sala.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia impugnada.

Contra esta providencia no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase».

2 Evidencia 16 de la Fiscalía General de la Nación.

3 Artículo 24 de la Constitución Política.

4 Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004. Cfr. Sentencia C-577-06.

5 Página 19 del fallo de segunda instancia.

6 Récord 43:00 del CD contentivo del testimonio de A.Q.

7 Página 16 del fallo de segunda instancia.

8 CSJ SP, 31 de mayo de 2011, rad. 34112.