Sentencia SP647-2017/43044 de enero 25 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP647-2017

Radicación 43044

Aprobado acta 17

Magistrado Ponente:

Dr. Eyder Patiño Cabrera

Bogotá, D.C., veinticinco de enero de dos mil diecisiete.

Vistos

Resuelve la Corte el recurso de apelación interpuesto por la defensora de la procesada D.B.M.V., jueza XXX del circuito de XXX (Atlántico), en contra de la sentencia del 5 de noviembre de 2013, por medio de la cual la sala penal del tribunal superior del distrito judicial de esa ciudad la condenó como autora responsable del delito de peculado por apropiación en favor de terceros en concurso homogéneo y sucesivo con la misma conducta pero en grado de tentativa.

Hechos y actuación procesal

Fueron consignados en la sentencia de primera instancia en los siguientes términos:

“... D.B.V.M., en calidad de juez XXX del circuito de XXX, dictó sentencias de primera instancia en los radicado XXX (principal) que corresponde al demandante A.H.R.S. y radicado XXX que corresponde al demandante P.F.G.G., decisión en las que condenó a pagar cuantiosas sumas de dinero por conceptos laborales a XXX.

Las sentencias no fueron sometidas al grado de jurisdicción de consulta, u (sic) cuando ello ocurrió el tribunal superior de XXX las revocó en su integridad por no estar ajustadas al derecho al no aplicarles las normas pertinentes aplicables al caso concreto, o no valorarse adecuadamente las pruebas aportadas.

Se sindica a la funcionaria judicial de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, como conducta consumada o en el grado de tentativa según se demuestra la apropiación de dineros del estado (sic) o no...””(1).

Las decisiones judiciales por las que se le acusó en este trámite, referidas a las condenas que en primera instancia emitió en contra de dicho fondo, se resumen de esta forma:

En el proceso laboral con radicación XXX, a instancias de A.H.R.S., se emitió sentencia el 28 de junio de 1994 condenando a XXX por concepto de reajuste de cesantías, prima de antigüedad y de servicios. Con oficio XXX del 19 de julio de 1994 la jueza solicitó a la demandada el pago por $ 11.848.695,66 de acuerdo al mandamiento y el 31 de agosto de 1994 se entregó el título judicial XXX por ese valor.

En el trámite identificado con número XXX de P.F.G.G., el 20 de agosto de 1996 dictó fallo reconociendo 29 días de salarios, reajuste de vacaciones, prima de las mismas, de servicios, de antigüedad, cesantías y pensión de invalidez. Mediante auto del 9 de octubre de 1996 libró mandato por $ 70.828.410,43, sin evidencia de pago, razón por la que se imputó en la modalidad de tentativa.

En la primera de las actuaciones, la fiscalía XXX delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá dispuso investigación previa el 6 de diciembre de 2007(2).

El 12 de junio de 2009 la delegada XXX ante esa misma corporación, ordenó la apertura formal de la instrucción en los radicados XXX, XXX y XXX, así como su conexidad y declaró la prescripción de la acción penal por la conducta de prevaricato(3).

El 11 y 17 de noviembre de 2010 se surtió diligencia de indagatoria(4), el 9 de diciembre siguiente se abstuvo de imponer medida de aseguramiento y declaró la preclusión de los radicados XXX y XXX por las conductas punibles de peculado por apropiación a favor de terceros en la modalidad de tentativa(5), el 20 de septiembre de 2011 fue cerrada la investigación(6) y el 28 de diciembre del mismo año se profirió resolución de acusación contra D.B.M.V., en calidad de juez XXX del circuito de Barranquilla, como probable autora del delito de peculado por apropiación a favor de terceros, en concurso homogéneo y sucesivo con circunstancia de agravación punitiva, según los hechos que se derivan de la decisión que adoptó en el proceso de radicado XXX y peculado por apropiación a favor de terceros en modalidad tentada respecto del radicado conexo XXX.

El 19 de abril de 2012 la fiscalía XXX delegada ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, confirmó la anterior decisión al conocer del recurso de apelación formulado por la defensa(7).

Una vez celebradas las audiencias preparatoria(8) y pública(9), el 5 de noviembre de 2013 el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla dictó sentencia mediante la cual condenó a M.V. por las conductas punibles objeto de la acusación, a la pena de prisión de setenta y seis (76) meses, equivalente a seis (6) años y cuatro (4) meses, multa de ochenta mil pesos ($ 80.000) m/cte. e interdicción de derechos y funciones públicas por cuatro (4) años, al hallarla responsable de los delitos por los que se produjo la acusación.

No concedió la suspensión condicional de la pena, prisión domiciliaria y tampoco reconoció perjuicios.

La sentencia recurrida

El tribunal, luego de resumir los hechos, la acusación y la intervención de los sujetos procesales en audiencia pública, refiere la competencia y los requisitos para dictar sentencia condenatoria, aborda la tipicidad a partir de los cargos imputados y del precepto sancionador atribuido; destaca que está acreditada la calidad de servidora pública de la sindicada, condición bajo la cual expidió las decisiones ilegales en los procesos laborales promovidos contra XXX y, consecuentemente, cometió los delitos constitutivos de peculado por apropiación en favor de terceros de manera consumada y tentada.

Metodológicamente opta por estudiar la configuración del punible de prevaricato por acción, para determinar la incidencia de las acciones de la procesada en el atentado contra la administración pública.

Más adelante detalla cada actuación practicada y las decisiones tomadas por la juez como insumos del reproche, explica que la acusada condenó a la entidad pública a reconocer diferentes conceptos a saber: diferencia salarial, salario de 29 días, reajuste de vacaciones, primas de antigüedad, vacaciones, servicio, así como cesantías, anticipo de jubilación y pensión de jubilación.

Seguidamente cuestiona el valor probatorio asignado a las convenciones colectivas, porque las aportados no cumplen los requisitos del artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, en la medida en que “no se probó que se: (i) hubiere extendido la convención colectiva, (ii) se hubiere depositado ante el Departamento Nacional del Trabajo, y (iii) que ello se hubiere realizado dentro de los 15 días siguientes a su elaboración”. Los acuerdos referidos se allegaron en copia de donde no se advierte su depósito.

En el asunto de A.H.R.S. se proporcionó un cuadernillo de la convención colectiva de trabajo de los terminales marítimos de XXX, XXX, XXX y oficina XXX, para los años de 1989 a 1990. En el de P.F.G.G., copia de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la empresa XXX y los sindicatos de trabajadores de los terminales marítimos de XXX, XXX, XXX y oficina XXX, para los años 1989 a 1990. Los dos documentos registran sello de la división departamental del trabajo y de la seguridad social de XXX, firmados por la secretaria, con lo que resulta evidente que no cumplen los requisitos legales.

En estos asuntos, precisa, la convención colectiva se presentó en copia, con una impresión de la división departamental del trabajo y la seguridad social de XXX, en lugar de la certificación de depósito de la división de reglamentación y registro sindical de la subdirección de relaciones colectivas de trabajo de la dirección nacional, tal como lo exigían para la época de los hechos los decretos 1422 de 1989 y 1741 de 1993.

Por lo anterior, a dichas convenciones no podía darles valor jurídico, ni ser el fundamento para reconocer las prestaciones laborales reclamadas.

Advierte, con lo expuesto, que la sindicada conculcó el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, el 254 del Código de Procedimiento Civil, el Decreto 1422 de 1989 y el 1741 de 1993 y cita en ese sentido la sentencia del 30 de mayo de 1994 de la Sala Laboral y del 23 de septiembre de 2010, de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal.

Señala también que las sentencias del 1º de agosto de 2003 y 14 de julio de 2004 de la sala XXX, del mismo tribunal, consignan un criterio diferente al propuesto por la procesada e incluso la sentencia del 20 de mayo de 1976 ya tenía sentado que, si la convención colectiva de trabajo no se aducía con su texto auténtico y con el acta de depósito dentro del término ante la autoridad laboral o por lo menos la certificación de su depósito oportuno, no se puede dar por probado el documento del acuerdo de voluntades ni menos reconocer derechos ni beneficios derivados del mismo.

En este orden, no se acreditó la autenticidad de la convención, la extensión, ni su depósito oportuno.

Además, las sentencias citadas por la defensa no son aplicables al caso concreto, comoquiera que al ser analizadas cada una de ellas, se evidencia que el supuesto de hecho que contienen es muy diferente a las circunstancias probatorias que rodean las convenciones colectivas de trabajo aportadas por A.H.S.S. y P.F.G.G.

En el acápite siguiente, el tribunal prescinde como factor de crítica en contra de la acusada, la omisión de someter a consulta los fallos laborales, porque el tema no era pacífico para ese momento.

Seguidamente dilucida que la prescripción del delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo no es obstáculo para juzgar los ilícitos de peculado que devienen de su proceder, ejecutados precisamente para darle cumplimiento a las decisiones ilegales, consistentes tanto en las sentencias ya aludidas, como también de los autos de ejecución. Estos últimos emitidos a pesar de no haber transcurrido el término de los 18 meses que exige la disposición 177 del Código Contencioso Administrativo, aplicable al procedimiento laboral en virtud del artículo 145 del CPL.

Con lo que, concluye, no se cumplía ninguno de los presupuestos para ordenar la cancelación de dineros a favor de los demandantes.

En cuanto al tipo objetivo, considera que la actuación adelantada en los procesos laborales ofrece ilustración clara sobre la sustracción del dinero y la participación de la procesada en su consumación.

En el expediente XXX, demandante A.H.R.S., se materializó la apropiación de terceros en razón del auto de mandamiento de pago del 19 de julio de 1994 y la entrega del título bancario XXX conforme al acta del 31 de agosto del mismo año, por un valor de $ 11.848.695,66., facilitado al abogado demandante junto con los oficios XXX y XXX dirigidos al banco XXX, que dispuso su cancelación.

De la conducta imperfecta del radicado XXX, tramitado a nombre de P.F.G.G., la procesada emitió a su favor sentencia el 20 de agosto de 1996, contra de la empresa XXX, mandamiento de pago por la suma de $ 70.828.410,43 y un oficio al tesorero y/o pagador de la entidad informando la decisión de haberse librado mandamiento de pago por el valor de la condena.

Por lo expuesto, colige que en los procesos laborales, hubo efectivamente apropiación en uno y en el otro no sucedió, aun cuando se aprestó todo lo necesario para que se efectuara.

Además, la jueza tenía la potestad de disponibilidad jurídica de los dineros estatales con ocasión al ejercicio de sus funciones al ordenar una condena, en este caso, de manera irregular y a favor de un tercero.

En cuanto a la tipicidad subjetiva sustenta que las decisiones carecen de motivación al amparar derechos sin hacer alusión a las pretensiones y emitir los mandamientos de pago contra el ente estatal antes de los 18 meses que se tiene previsto para su ejecución, de lo que se desprende el dolo en el actuar.

Por último, corrobora los elementos de antijuridicidad y culpabilidad, la responsabilidad penal de la sindicada y las consecuencias jurídicas del delito.

Fundamentos de la impugnación

Dentro del término establecido para el efecto, la representante de la defensa presenta un repetitivo escrito de apelación, en el que luego de reseñar el alcance del recurso, inicia por solicitar la revocatoria de la condena al considerar que las decisiones adoptadas por su representada se ajustan a sus funciones, a las normas sustanciales y procesales vigentes para la época de los hechos y a la convención colectiva de trabajo debida y legalmente aportada con su constancia de depósito.

Empieza con una descripción de la actuación y de los procesos laborales, indica que las pensiones reconocidas en las condenas no superan el monto límite establecido en el artículo 107 de la convención colectiva de trabajo y hace una síntesis del fallo del tribunal.

A continuación dice que la empresa XXX, a pesar de ser notificada, no ejerció su derecho a la defensa técnica durante la actuación del proceso laboral, circunstancia que no es responsabilidad del juzgado sino del ente administrativo.

Sostiene que utilizar el mismo formato para las sentencias no es un delito sino tan solo un estilo propio de los juzgados y el trámite aplicado a los dos procesos necesariamente debía ser el mismo, por corresponder a causas ordinarias laborales cuya tramitación se encuentra reglada en el Código de Procedimiento Laboral. Así mismo, su representada se basó en los principios que rigen la administración de justicia, independencia e imparcialidad, de los cuales hace una exposición.

Afirma que la principal pretensión de las demandas es el descuento de los 29 días de huelga, circunstancia que incide en la liquidación de prestaciones sociales así como en la pensión y que al recaer en el Ministerio del Trabajo la competencia para declarar la ilegalidad del cese de actividades a través de acto administrativo, pero no acreditarse en los procesos, las decisiones acertaron en su inclusión y reconocimiento, como lo ratifican las sentencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Para ello menciona los artículos 353 al 487 del Código Sustantivo del Trabajo.

Refiere que la jurisprudencia del tribunal de Barranquilla se había inclinado a favor de este tipo de pretensiones, para lo cual hace cita de pronunciamientos de ese colegiado, que incluso se aportaron en diligencia de indagatoria y en interrogatorio de parte.

De nuevo retoma el tema de la competencia del Ministerio del Trabajo para declarar como irregular una suspensión de actividades, asevera que la prueba de un paro de labores es libre, pero su declaratoria de ilegalidad solo se puede acreditar mediante copia auténtica de la resolución del ministerio.

Sostiene que al tenor del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, las normas laborales son de orden público, con efectos inmediatos y no retroactivas, razón por la cual leyes y jurisprudencia emitidas con posterioridad a los hechos de un proceso, no pueden ser aplicados; además, no eran del conocimiento de la procesada.

Expresa que el reajuste a la pensión es consecuencia de la rectificación de prestaciones sociales por omisión de factores laborales, que la prima de antigüedad, prevista en la convención colectiva, constituye salario y que al revocarse las decisiones de su defendida se incurrió en un grave error de hecho.

En lo que atañe a la corrección monetaria, manifiesta que según un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, es procedente cuando no hay lugar a la indemnización moratoria y no existe otra forma de compensar los perjuicios por el atraso, lo que exige diligencia y cuidado por el empleador al momento de la liquidación y pago de prestaciones sociales y en caso de saldos insolutos, le corresponde acreditar su buena fe como presupuesto para exonerarse de la mora.

En el siguiente apartado lucubra en extenso para manifestar que las convenciones fueron allegadas a los procesos en copia autentica junto con la constancia de depósito según el sello y firma de la secretaria de la división departamental del trabajo del Atlántico, lo que les da total validez conforme a la jurisprudencia laboral, según la cual no es necesaria prueba solemne para el efecto.

Justifica que el actuar de su representada se ajustó a los estándares legales y pretorianos vigentes, con lo que cuestiona se acuse a los inferiores jerárquicos por su actuar, pero no así a los magistrados del tribunal y de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, que impusieron el derrotero de su interpretación.

Increpa al a quo por considerar un precedente que nada tiene que ver con el presente caso y no atender los argumentos con los que desvirtúa la tesis del tribunal de XXX, referente a la constancia del depósito.

Esgrime que por disposición de los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, los documentos y certificaciones que expiden los funcionarios públicos se presumen auténticos. Por ello, las resoluciones y los certificados de liquidación y salarios aportados en el proceso laboral, no pueden ser cuestionados al haber sido expedidos por funcionarios de la empresa XXX. Así mismo, dice que este asunto no fue cuestionado por la fiscalía, con lo que se viola su derecho de defensa y debido proceso.

Dedica un aparte para explicar el porqué no procedía la consulta; más adelante frente a la aplicación del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, trae en su apoyo una providencia emitida por el tribunal de XXX y otras de constitucionalidad, para concluir que la existencia de normas propias en el compendio adjetivo laboral, excluye la posibilidad de aplicar analógicamente el postulado del derecho administrativo.

Por último, se pronuncia respecto de los elementos estructurales del delito, descarta la presencia de antijuridicidad y culpabilidad, solicita se tenga en cuenta la prueba aportada, que desvirtúa la estructuración de los delitos y que no se probó el dolo, con lo que concluye pidiendo se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se dicte fallo absolutorio en favor de la enjuiciada D.B.M.V.

Consideraciones de la Corte

En atención a que D.B.M.V. ejercía las funciones de jueza XXX del circuito de XXX (Atlántico) para la época de los hechos objeto de la actuación, la Corte es competente para conocer en segunda instancia del fallo emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000.

Se advierte que se acusa a la sindicada de valerse de su condición y funciones para emitir decisiones irregulares, por medio de las cuales XXX fue condenada a pagar sumas de dinero sin fundamento legal; puntualmente, en los procesos laborales con radicados XXX y XXX se benefició a A.H.R.S. y P.F.G.G., respectivamente, pero esas actuaciones fueron revocadas a través del grado jurisdiccional de consulta por el tribunal de XXX, la primera de las cuales logró ejecutarse en claro detrimento del patrimonio estatal.

Dentro de este contexto fáctico la actora, a través de su alegato, conduce su estrategia de defensa a pretender justificar las actuaciones de su representada, alegando que se ajustan a derecho y que no incurrió en ninguno de los delitos que le atribuyen.

Cuestión previa

El delito de peculado por apropiación

La conducta punible aludida está definida en el artículo 133 del Decreto-Ley 100 de 1980, aplicable al presente asunto, en los siguientes términos:

“El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que este tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años...”.

De acuerdo con lo anterior, esta corporación ha dicho que son elementos estructurales de ese tipo penal a) la calidad de servidor público del sujeto activo; b) la potestad, en cabeza de aquel, de la administración, tenencia o custodia de los bienes del Estado o de empresas o instituciones en que este tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de particulares, por razón o con ocasión de sus funciones; y c) el acto de apropiación en favor propio o de un tercero en perjuicio del patrimonio del Estado (CSJ SP, 4 feb. 2015, rad. 39.417, entre otras).

Igualmente, respecto a la consumación del delito, ha afirmado que se hace necesario distinguir aquellos eventos en que la apropiación de los recursos públicos se da por vía de la disponibilidad material que el agente tiene de estos, de las situaciones en que ello ocurre por razón de la disponibilidad jurídica que sobre los bienes detenta el funcionario (CSJ SP9094, 15 jul. 2015, rad. 43839).

En el primero, la conducta se configura al momento en que los recursos son tomados físicamente por el servidor, el segundo consiste en la relación jurídica del agente con los recursos públicos, como cuando los administra o puede, en razón de su cargo, darles una destinación específica.

Ahora bien, cuando la apropiación de los recursos públicos se impulsa por conducto de un pronunciamiento jurisdiccional que reconoce y ordena el pago de prestaciones inexistentes, en criterio de la Corte, se consuma con la expedición misma de la decisión.

En este asunto no es objeto de discusión la calidad de servidora pública que ostentaba D.B.M.V. en la época para la cual profirió las decisiones cuestionadas, con ocasión a sus funciones de juez laboral, circunstancia adecuadamente probada.

Dado lo complejo que resultó la comprensión del libelo, en los términos del artículo 204 del estatuto procedimental, es pertinente señalar que el conocimiento del asunto se restringe al objeto de apelación y a lo inescindiblemente vinculado a esta.

1. Requisitos legales de la convención colectiva de trabajo.

En gran medida los argumentos expuestos por la defensa giran en torno a la legalidad de las convenciones colectivas de trabajo aportadas en los procesos laborales, su valor probatorio y las consecuencias de su reconocimiento en las condenas judiciales. Es así como se centra en insistir, reiterativamente, en que las decisiones de la jueza respetan el ordenamiento jurídico y fueron emitidas de acuerdo a la ley, la jurisprudencia y el acuerdo gremial.

Evidentemente dentro de las consideraciones del fallo, uno de los aspectos cardinales para fundamentar el juicio de responsabilidad corresponde al alcance asignado a las pactos grupales, por estimar que no tenían el poder de sustentar las pretensiones que fueron reconocidas a causa de no satisfacer las exigencias del artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, como quiera que “no se probó que se: (i) hubiere extendido la convención colectiva, (ii) se hubiere depositado ante el Departamento Nacional del Trabajo, y (iii) que ello se hubiere realizado dentro de los 15 días siguientes a su elaboración”.

La razón que llevó al tribunal a descartar la eficacia otorgada a los documentos, fue su aporte en copia con sello de la división departamental del trabajo y de la seguridad social del Atlántico, firmado por la secretaria, de la que no se puede advertir su depósito ante la autoridad competente.

La defensa, expone que es equivocada la anterior interpretación porque el artículo 469 del CST, no restringe la prueba del depósito a un determinado medio de convicción y que con sustento en las disposiciones 252 a 254 CPC, basta con que la constancia de depósito sea emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin que necesariamente sea en la capital del país, como lo ha determinado la jurisprudencia.

Lo cierto es que la Corte encuentra fehaciente que el documento referido no acredita el depósito ni su debida autenticación y le asiste razón al a quo al señalar que las convenciones colectivas deben acreditarse con la certificación de la dirección general de trabajo.

Consecuente con lo anterior, la Sala de Casación Laboral ha reiterado que para contrastar la procedencia de derechos derivados de acuerdos convencionales, debe necesariamente verificarse que se cumplan las exigencias legales presentes en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, que prescribe: “Sin el cumplimento de todos estos requisitos la convención no produce ningún efecto”. Así, en Sentencia CSJ SL, 24 abr. 2013, Rad. 43043, dijo:

“El depósito oportuno de la convención colectiva según lo normado en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo es una exigencia de la ley para su validez, como reiteradamente lo ha señalado la Sala en los siguientes términos: “al ser la convención colectiva de trabajo un acto solemne, la prueba de su existencia está atada a la demostración de que se cumplieron los requisitos legalmente exigidos para que se constituya en un acto jurídico válido, dotado de poder vinculante, razón por la cual, si se le aduce en el litigio del trabajo como fuente de derechos, su acreditación no puede hacerse sino allegando ... el del acto que entrega noticia de su depósito oportuno ante la autoridad administrativa del trabajo” (sents. de mayo 16/2001, rad. 15120 y de dic. 4/2003, rad. 21042)”(10).

El artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo prescribe como presupuestos de efectividad de la convención, que conste por escrito y sea depositada ante el Departamento Nacional de Trabajo dentro de los 15 días siguientes a su suscripción.

Asimismo, la Sala de Casación Laboral mediante línea jurisprudencial en vigor al momento de los hechos, reseñó que “entre los requisitos para que tenga validez jurídica un convenio normativo de condiciones generales de trabajo se cuenta el del depósito oportuno de uno de los ejemplares de la convención colectiva”, “debidamente autenticada y con la constancia de su depósito oportuno” (CSJ SL, 8 mar. 1996, rad. 8.100. CSJ SL, 7 jun. 1995, rad. 7.487). Formalidad que solo podía ser acreditada por la división de reglamentación y registro sindical del entonces denominado Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, puesto que así lo disponía el artículo 35, numeral 8º, del Decreto 2145 de 1992: “expedir certificaciones y fotocopia auténtica de los documentos que reposan en el archivo” (CSJ SP9094, 15 jul. 2015, rad. 43839).

La sola firma secretarial de la territorial no tiene ningún valor demostrativo frente al mandato del canon 469 del CST, sin cuya observancia los acuerdos no producen efecto alguno.

Una vez confirmado que las convenciones colectivas incorporadas no cumplen con los requisitos legales, consecuentemente las pretensiones otorgadas con base en las mismas son claramente irregulares, con lo cual, el reajuste pensional, la rectificación de prestaciones sociales con base en factores salariales, la prima de antigüedad, la corrección monetaria y todo reconocimiento, se erigen injustificados y ratifican el ánimo prevaricador de los fallos laborales, de donde emerge acertado lo decidido por el tribunal.

2. Declaratoria de ilegalidad de la huelga.

La defensa plantea que, de acuerdo con la legislación laboral, la declaración de ilegalidad de una huelga es solemne y la autoridad competente para ello es el Ministerio del Trabajo por medio de un acto administrativo. Por ende, el descuento de los 29 días realizado por XXX a sus trabajadores requería del documento que calificara la naturaleza del cese de actividades, pero al no haber ocurrido así, debía procederse a su reconocimiento junto con los reajustes pertinentes como factor salarial.

En efecto, en el proceso de P.F.G.G., se incluyó como factor de la liquidación valores de sustracciones realizadas por XXX en razón de las circunstancias anotadas.

Esas deducciones no podían ser consideradas para redefinir las prestaciones ya que el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo establece que “el contrato de trabajo se suspende... por licencia o permiso temporal concedido por el empleador”, así como “por huelga declarada...”. Asimismo, el canon 53 ibídem prevé que “durante el período de las suspensiones contempladas en el artículo 51 se interrumpe... la obligación... de pagar los salarios de esos lapsos” y expresamente señala que “estos períodos de suspensión pueden descontarse por el empleador al liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones”.

Amén de lo anterior, las razones que dieron lugar a los descuentos no fueron caprichosas sino que se sustentaron en el ordenamiento y eran determinadas por la ocurrencia de la huelga ilegal, lo que atribuía a los reclamantes la carga de demostrar lo contrario; a la par, si a la juez le emergían dudas sobre esta circunstancia, le correspondía decretar oficiosamente las pruebas que le permitieran esclarecerlas, de acuerdo con el artículo 54 del Código de Procedimiento Laboral, pero de ninguna manera incluir dichos valores en la tasación de las prestaciones reclamadas (CSJ SP9094, 15 jul. 2015, rad. 43839).

Como bien lo ha advertido esta corporación, es equivocado el planteamiento de la apelante al proponer exigencias para acreditar la declaratoria de huelga ilegal, pese a que la legislación laboral no establece ningún requisito probatorio al respecto (CSJ SP2254, 26 feb. 2014, rad. 42556).

Frente a esto, olvida la recurrente que el juez laboral se rige por la libre apreciación probatoria, de acuerdo al contenido del artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral, que consagra:

“Libre formación del convencimiento. El juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio.

En todo caso, en la parte motiva de la sentencia el juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento”.

Como se advierte, no le asiste la razón a la abogada en este punto, con el cual solo pretende anteponer su óptica para respaldar, infructuosamente, el actuar de su representada.

3. Ejecución de las decisiones antes del término de los 18 meses.

La actora justifica la inobservancia del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, que consagra un término de 18 meses para la ejecución de las condenas a entidades públicas y la pronta ejecución de la sentencia, con base en una decisión del tribunal de XXX, y sostiene que la existencia de normas laborales propias excluye la aplicación de esa disposición.

Expone que en el régimen adjetivo laboral son aplicables otras disposiciones solo a falta de cánones especiales, evento en el cual se aplican las normas equivalentes del mismo estatuto y en su defecto las del Código de Procedimiento Civil, plantea un conflicto entre el artículo 2º y 100 del procedimiento del trabajo y el 177 del Contencioso Administrativo, que resuelve con supremacía de la regla especial sobre la general, primando por ello la laboral.

A manera de ilustración, en el proceso laboral impulsado por A.H.R.S., la sentencia se dictó el 28 de junio de 1994 y el mandamiento de pago se libró el 19 de julio siguiente, es decir, veintiún (21) días después. En el incoado por P.F.G.G., la sentencia se emitió el 20 de agosto de 1996 y se libró mandamiento de pago el 9 de octubre del mismo año, esto es, un mes y diecinueve (19) días más tarde. De lo anterior aflora la diligencia en el comportamiento de la funcionaria con el inequívoco propósito de servir a los intereses de los demandantes, sin que la condición del artículo 177 fuera un impedimento para librar los correspondientes mandamientos antes del término instituido para ello, como bien lo subrayo el a quo.

El Código Administrativo, aplicable para la época de los hechos, es categórico al instituir que las condenas contra entidades del Estado solo pueden ejecutarse después de 18 meses de la ejecutoria del fallo, posición que ha sido reiterada por esta Sala (CSJ SP, 6 jul 2011, Rad. 35415 y CSJ SP2254, 26 feb. 2014, rad. 42556), por tanto, no es de recibo el argumento de la defensa. Además, frente al aparente conflicto normativo que expone, en gracia de discusión, la norma administrativa en este caso no sería la general sino precisamente la específica.

En conclusión, pacíficamente se puede afirmar que la fehaciente inobservancia de la ley pone de manifiesto el actuar doloso de la encausada para favorecer a los demandantes en los procesos laborales con una sentencia pecuniaria soportada sobre argumentos ilegales.

4. La consulta de las sentencias.

El cargo relacionado con la exigencia de enviar las sentencias laborales ante el superior jerárquico, para surtir la instancia del grado jurisdiccional de consulta, se torna intrascendente al no ser un argumento vinculado al reproche de responsabilidad penal, sin utilidad en la sentencia recurrida.

Si bien esta circunstancia es referida en la resolución de acusación, no se instituye como un hecho de relevancia en la configuración de los delitos atribuidos.

En estas condiciones, se precisa que el recurso de apelación no tiene como propósito replicar la imputación, sino los argumentos jurídicos y facticos de la sentencia de primera instancia.

Por lo tanto, en consideración a que la consulta no hace parte de los fundamentos de la condena en el fallo, al ser un asunto expresamente descartado por el tribunal, no resulta necesario ahondar en este punto.

5. Los restantes planteamientos.

En su prolongado memorial, la apelante expone un cúmulo repetitivo de ideas y opiniones, en su mayor medida, sin respaldo argumentativo, trascendencia, ni relevancia en los fundamentos de la condena.

5.1. Cuestiona al tribunal por reprochar que los procesos coinciden en formato, fuente y número de letra, además del mismo rigor procesal, frente a lo cual, debe decirse en primer lugar, que el juicio de responsabilidad no se estructuró de ninguna manera en esas afirmaciones, por lo que resulta innecesario expandirse en este asunto, como lo hizo la abogada.

5.2. Alega, en beneficio de su representada, que la empresa XXX no ejerció sus derechos a la defensa técnica, igualmente superfluo, sobre una cuestión no abordada por el fallador, además sin confrontar la realidad probatoria, centrando la discusión en aspectos irrelevantes.

5.3. De la misma forma, los comentarios alusivos al principio de autenticidad respecto de los documentos, y que no se haya investigado a los superiores jerárquicos de la juez, no tienen ninguna utilidad, comoquiera que, al igual que los anteriores, no fueron sustento del reproche de la conducta de su representada.

Como queda expuesto, las anteriores manifestaciones no contrarrestan la responsabilidad por el peculado que se le atribuye a D.B.M.V. conforme se desprende del material probatorio y los razonamientos colegidos por el fallador de primer grado.

6. Conclusión.

En tal orden de ideas, queda demostrado que M.V. dispuso sumas de dinero por conceptos de diferencias salariales y reajustes prestacionales en los dos juicios laborales, a través de pronunciamientos irregulares, para favorecer a terceros, sin ningún fundamento fáctico, probatorio y jurídico.

Por ello, el tribunal superior de XXX las revocó y el a quo encontró, con base en los elementos de convicción —que no fueron replicados por la defensa—, demostrado el proceder doloso y manifiestamente contrario a la ley de la acusada.

Así las cosas, la condena emitida en su contra será objeto de confirmación, en tanto, se ha verificado que en este asunto efectivamente se colman las exigencias que para dictar sentencia condenatoria demanda el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal de 2000.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Confirmar el fallo impugnado.

2. Contra esta providencia, no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Eugenio Fernández Carlier—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Gustavo Enrique Malo Fernández—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Folios 41 y 42 del cuaderno original 2.

2 Folio 14 al 16 cuaderno original 1.

3 Folio 209 al 217 ibídem.

4 Folios 260 al 309 ibídem.

5 Folios 1 al 29 cuaderno original 2.

6 Folio 105 ibídem.

7 Folios 4 al 23 cuaderno segunda instancia fiscalía delegada ante la CSJ.

8 Folios 38 al 46 cuaderno del tribunal 1.

9 Folios 143 al 151 cuaderno del tribunal 1 y folios 1 al 36 del 2.

10 Precedentes que han sido considerados por la Corte en casos similares, como en la decisión CSJ, 12 nov. 2014, Rad. 44713, entre otras.