Sentencia SP6558-2016 de mayo de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP6558-2016

Radicación: 47032

Aprobado Acta 153

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

Bogotá, D.C., dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.

(Legis considera conveniente que los datos de (partes, terceros o intervinientes, etc.) sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. En este asunto, en el que se condenó como coautores del delito de secuestro extorsivo agravado, siendo víctima un menor de edad, a A.P.L., L.M.C.O. y R.L.D.D., se pretende por vía de la acción de revisión la inaplicación del incremento punitivo de que trata el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, dado el criterio jurídico que la Corte adoptó a partir de la decisión del 27 de febrero de 2013, en la Radicación 33.254.

2. Se dijo desde entonces y con carácter modificatorio de la posición que hasta el momento imperaba, que en los supuestos en los cuales el procesado se allanara a los cargos imputados o acordara sobre los mismos con la Fiscalía, no procedía el aumento de sanción que de manera general se previó en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, cuando a pesar de tales eventos no pudiera recibir ningún beneficio punitivo compensatorio por disposición expresa de la ley, como ocurre con lo estipulado en el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006, según el cual no resulta viable rebaja punitiva derivada de la terminación anticipada del proceso cuando se tratare de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo y extorsión, o en la veda prevista en el artículo 199.7 de la Ley 1098 de 2006 bajo cuyos términos no es admisible disminución de sanción con base en negociaciones y preacuerdos entre Fiscalía e imputado o acusado cuando el delito de secuestro, entre otros, sea cometido, en niño, niña o adolescente.

Se sostuvo así en la referida decisión:

Por consiguiente, a la luz de la argumentación aquí desarrollada, fuerza concluir que habiendo decaído la justificación del aumento de penas del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, en relación con los delitos incluidos en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 —para los que no proceden rebajas de pena por allanamiento o preacuerdo—, tal incremento punitivo, además de resultar injusto y contrario a la dignidad humana, queda carente de fundamentación, conculcándose de esta manera la garantía de proporcionalidad de la pena…

Así mismo, en ejercicio de su función de unificación de la jurisprudencia, la Sala advierte que, en lo sucesivo, una hermenéutica constitucional apunta a afirmar que los aumentos de pena previstos en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 son inaplicables frente a los delitos reseñados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006. No sin antes advertir que tal determinación de ninguna manera comporta una discriminación injustificada, en relación con los acusados por otros delitos que sí admiten rebajas de pena por allanamiento y preacuerdo, como quiera que, en eventos de condenas precedidas del juicio oral, la mayor intensidad punitiva no sería el producto de una distinción arbitraria en el momento de la tipificación legal, ajustada por la Corte, sino el resultado de haber sido vencido el procesado en el juicio, sin haber optado por el acogimiento a los incentivos procesales ofrecidos por el legislador; mientras que, frente a sentencias condenatorias por aceptación de cargos, la menor punibilidad, precisamente, sería la consecuencia de haberse acudido a ese margen de negociación, actualmente inaccesible a los delitos referidos en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006.

3. Tal criterio, a modo complementario y como ya se anunció, también deviene aplicable a los casos en los que se procede por el delito de secuestro, entre otros, cometido contra niños, niñas o adolescentes y el procesado se allana a cargos o preacuerda con la fiscalía, sin recibir descuentos o beneficios, en virtud de la prohibición contenida en el artículo 199.7 del Código de la Infancia y la Adolescencia, tal como la Corte lo ha precisado en algunas decisiones como la CSJ SP5197-2014, abril 30 de 2014, radicación 41157; CSJ SP10994-2014, agosto 20 de 2014, radicación 43624; y CSJ SP17082-2015, diciembre 10 de 2015, radicación 45610.

Indicó la Sala en la primera de las citadas:

“Así las cosas, el criterio que ha venido desarrollando la Corte desde la casación 33254 de 27 de febrero de 2013, resulta también aplicable en asuntos en los que se trate de delitos de secuestro y homicidio doloso contra niños, niñas y adolescentes y el acusado preacuerda con la Fiscalía General de la Nación o se allana a los cargos y sin que reciba ninguna compensación por acudir a alguna de estas formas de terminación anticipada del proceso; no así en los casos de lesiones personales dolosas, y todos aquellos delitos que conforman el capítulo de las conductas contra la libertad, integridad y formación sexuales, toda vez que en los mismos la pena no se incrementa con motivo del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, sino por razones de política criminal que buscan una mejor protección de dicho bien jurídico cuando su titular es menor de edad”.

4. En este evento precisamente A.P.L., L.M.C.O. y R.L.D.D. fueron condenados por el delito de secuestro extorsivo agravado cuya víctima fue un menor de edad, lo que determinó que la pena aplicada fuera la consagrada en el artículo 170 de la Ley 599 de 2000, con el aumento previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, esto es 448 a 600 meses de prisión y pena pecuniaria de 6.666,66 a 75.000 salarios mínimos mensuales legales.

Y aunque los procesados se allanaron a cargos en la audiencia preparatoria, no recibieron rebaja punitiva alguna derivada de esa actitud dadas las prohibiciones establecidas en los artículos 26 de la Ley 1121 de 2006 y 199.7 de la Ley 1098 de 2006, tal como se aprecia en las consideraciones efectuadas por el a quo.

5. En estas condiciones, por tanto, es patente que el criterio acogido por la Sala en los precedentes de 27 de febrero de 2013 y 30 de abril de 2014, antes reseñados, favorece al accionante, toda vez que reconoce que cuando no se conceden descuentos punitivos en virtud de las citadas prohibiciones, de un lado, no procede de otro, el incremento general de penas previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, pues si tal incremento lo que procura es brindar a la Fiscalía un mayor campo de acción para lograr allanamientos o preacuerdos y ofrecer una disminución de la sanción, cuando tal beneficio no es procedente, como lo dijo la Corte, decae la justificación del aumento de la penalidad, luego en ese orden ha de concluirse concurrentes los supuestos fácticos de la causal invocada para de ese modo remover los efectos de la cosa juzgada que permitan ajustar la sentencia objeto de la acción a la nueva línea jurisprudencial.

6. Se redosificará entonces la sanción impuesta tomando como sustento la prevista en el original artículo 170 de la Ley 599 de 2000, sin el incremento de la Ley 890 de 2004, es decir prisión de 28 a 40 años, o lo que es igual, de 336 a 480 meses y pena pecuniaria de 5.000 a 50.000 salarios mínimos mensuales legales, lo cual genera un primer cuarto de movilidad de 336 a 372 meses y multa de 5.000 a 16.250 salarios; cuartos medios de 372 a 444 meses y multa de 16.250 a 38.750 salarios y un último de 444 a 480 meses y 38.750 a 50.000 salarios de multa.

Los juzgadores de instancia, al tasar la pena, se ubicaron en el límite inferior de los cuartos medios, que ahora sin el incremento de la Ley 890 corresponde a prisión de 372 meses, pero en cuanto a la multa lo hicieron en el límite mínimo del primer cuarto, que equivale en la nueva dosificación a 5.000 salarios mínimos mensuales legales; luego, dado ese ejercicio de tasación sobre el cual no se efectuará modificación alguna, la pena principal que se impondrá será de 372 meses de prisión y multa por valor igual a 5.000 salarios mínimos mensuales legales, a la cual accederá, como se determinó en las instancias, la de inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por lapso de veinte (20) años.

7. Ahora bien, dispone el artículo 198 de la Ley 906 de 2004 que salvo que se trate de las causales de revisión previstas en los numerales 4º y 5º del artículo 192, los efectos del fallo rescindente se extenderán a los no accionantes, por eso los generados en esta sentencia de revisión se aplicarán por igual a los procesados L.M.C.O. y R.L.D.D. quienes no ejercieron la acción pero se encuentran en la misma situación fáctica y jurídica que el demandante.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar fundada la causal invocada como sustento de la demanda de revisión formulada por el sentenciado A.P.L.

2. Dejar sin efectos la dosificación punitiva contenida en la sentencia objeto de esta acción.

3. Sustituir las penas principales señaladas en el mencionado fallo y en consecuencia imponer a A.P.L., L.M.C.O. y R.L.D.D., prisión de trescientos setenta y dos (372) meses y multa equivalente a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

4. Enterar de esta decisión a las mismas autoridades a las que se comunicó el fallo objeto de revisión, así como al Juzgado o Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad encargados de ejecutar la pena impuesta a A.P.L., L.M.C.O. y R.L.D.D.

Contra esta sentencia no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

Salvamento de voto

El suscrito Magistrado, con el habitual respeto que tengo por las decisiones de los compañeros de Sala, procedo a consignar las razones del disentimiento que me llevan a salvar el voto en el fallo proferido en el proceso de la referencia.

La Sala mayoritaria decidió declarar fundada la causal de revisión invocada por el defensor del condenado, para disminuir la pena impuesta, a pesar de que la víctima fue un menor de edad, pues habiéndose acogido a la terminación anticipada del proceso, se incrementó la sanción con base en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, la que en sentir de la corporación es inaplicable porque:

“debido a la prohibición de beneficios penales de la Ley 1098 de 2006, pierde su justificación el incremento punitivo del artículo 14 de la Ley 890 de 2004”.

La necesidad de imponer sanciones severas a los que cometan delitos contra los niños y niñas o adolescentes no es un criterio de política criminal exclusivo de la Ley 1098 de 2006, también ese juicio de valor está presente en la Ley 599 de 2000 en todas las disposiciones en los que la edad es un factor de recriminación para tipificar la conducta y establecer agravantes punitivos en los ilícitos sexuales.

Y ello es así porque una de las fuentes en la que se sustenta dicha legislación está en los artículos 44 y 45 de la Carta Política, normas estas también vigentes y aplicables para cuando se aprobó el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

Ese mayor rigor de la legislación interna en la represión de las conductas que victimizan a los niños y niñas, y la prevalencia de sus derechos, también encuentra respaldo en las obligaciones adquiridas por el Estado Colombiano en instrumentos internacionales ratificados como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos del Niño, la Declaración de Ginebra y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, entre otros, en los que el Estado se comprometió primordialmente a proteger y cuidar de modo especial a los niños y niñas dada su falta de madurez física y mental.

Así, con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada en el orden interno a través de la Ley 12 de 1991, los Estados parte se obligaron a tomar todas las medidas apropiadas para asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarias para su bienestar, adoptar las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos, atendiéndose al interés superior del niño(1), y para protegerlos de toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, medidas que deberán consagrar procedimientos eficaces en la investigación o intervención judicial.

Y una de esas medidas que adoptó el Legislador para cumplir con este compromiso internacional fue la emisión de la Ley 1098 de 2006, por medio de la cuales expidió el Código de la Infancia y Adolescencia, como expresamente se indicó en la exposición de motivos al referir la necesidad de actualizar la legislación interna al derecho internacional, especialmente a la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, “cambio político que demanda la nueva estructura legal, es imperativo atender los compromisos internacionales que el Estado colombiano ha adquirido con la adhesión a los tratados, convenciones y pactos, documentos de política y de doctrina internacional sobre derechos humanos de la niñez, cuerpo normativo que es de obligatorio acatamiento, que integra el paradigma de la protección integral y que debe ser incorporado en la legislación nacional”.

El incremento de penas establecido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a decir del ponente en el primer debate de esa normatividad surtido en el Senado, está ligado “con la adopción de un sistema de rebajas de penas”, juicio de valor válido para la Ley 1121 de 2006 pero no en cuanto a la Ley 1098 de ese año, porque esta incorpora en su regulación de manera parcial uno de los criterios establecidos en el ordenamiento jurídico y específicamente de la Ley 906 de 2004, la mayor severidad en la sanción, cuando también son vinculantes otros elementos de juicio como los que derivan del espíritu de los artículos 44 y 45 de la Carta Política, la legislación internacional, la política criminal, la materia regulada y los propósitos perseguidos, supuestos estos que son los que le dan el mayor y mejor peso para sustentar el aumento de la prisión y la exclusión de beneficios a los delitos de los que son víctimas los menores de edad.

Al interpretar esa disposición la Sala Penal de la Corte en la sentencia del 27 de febrero del 2013 (rad. 33.254) apoyada en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 y el principio de proporcionalidad concluyó que <<tal incremento punitivo, además de resultar injusto y contrario a la dignidad humana, queda carente de fundamentación>>, si los beneficios y rebajas de pena se prohibían para los que se allanaran o preacordaran la responsabilidad penal.

Las anteriores premisas son indicativas que el legislador en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 no tuvo en cuenta como fundamento únicamente la relación incremento (L. 890) y beneficio (L. 1121), sino otros criterios, los que son distintos a los considerados para sustentar la sanción y la exclusión de beneficios en aquella ley y en relación con los del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006.

La Corte Constitucional en la Sentencia C-738 de 2008, que examinó varios artículos del Código de la Infancia y Adolescencia, entre ellos el 199-7, advirtió cómo la finalidad de esta legislación, además de desarrollar el mandato constitucional del artículo 44, también lo hacía respecto de los convenios internacionales integrados al bloque de constitucionalidad, para proteger integralmente a los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de sus derechos y libertades, reconociéndose a ellos un interés superior y la prevalencia de sus derechos, advertidos también en el artículo 5º de la misma codificación, destacando que:

“(…) en el panorama jurídico colombiano los niños merecen un trato especialmente protector, que debe reflejarse en todos los aspectos de la legislación, cuando quiera que el Estado identifique puntos de posible vulnerabilidad. Esta necesidad de considerar, en todos los aspectos de la realidad jurídica, que el derecho del menor tiene prevalencia sobre los demás, se conoce como el principio de interés superior del menor y constituye principio de interpretación de las normas y decisiones de autoridades que pueden afectar los intereses del niño. La Convención sobre los Derechos del Niño —Ley 12 de 1991— indica en su artículo 3º:

“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

También fue intención manifiesta del Legislador al expedir la Ley 1098 de 2006, posterior a la Ley 890 de 2004, además de aumentar las penas de algunos delitos en los que haya víctima menor de edad, “(…) negar los beneficios jurídicos establecidos en la ley penal, salvo los de orden constitucional, para quienes cometan delitos contra los niños y las niñas(2) como en efecto lo dispuso en el artículo 199, con el que se pretende, legítimamente, responder con mayor firmeza a la perpetración de delitos de tanta gravedad como el secuestro(3), homicidio(4) y lesiones dolosas, y los atentados contra la libertad, integridad y formación sexual(5), frente a los cuales la sociedad reclamaba una respuesta proporcional y justa, haciendo real la prevalencia de los derechos de los menores reconocida constitucionalmente.

De modo que el propósito del constituyente derivado fue clara al establecer la regla que niega la concesión de rebajas de pena por preacuerdos o allanamientos en esas especies criminales, pese a la existencia previa del artículo 14 de la Ley 890 de 2004 que ordenó un incremento punitivo para todos los tipos penales.

Y en cuanto a la Ley 1126 de 2006, en la Sentencia C-073 de 2010 se dijo:

“está conformada por 28 artículos, a lo largo de los cuales se introducen reformas al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; a la Ley 526 de 1999, mediante la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero; al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal.

Como se puede apreciar, se trata de un texto normativo encaminado a prevenir, investigar y sancionar los delitos de terrorismo, secuestro y extorsión, en sus diversas modalidades, mediante la adopción de un conjunto de medidas, de diversa naturaleza (preventivas, represivas, económicas, etc.) encaminadas todas ellas a combatir estos delitos que causan un elevado impacto social”.

El incremento de penas establecido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, como se expuso en los debates ante el Senado de la República, encuentra relación directa con la adopción de un sistema de rebaja de penas considerable, juicio de valor válido para la Ley 1121 de 2006 pero no en cuanto a la Ley 1098 del mismo año como quiera que incorpora en su regulación de manera parcial uno de los criterios establecidos en el ordenamiento jurídico y específicamente de la Ley 906 de 2004, cuando también son vinculantes otros como los que derivan del espíritu de los artículos 44 y 45 de la Carta Política, la legislación internacional, la política criminal, la materia regulada y los propósitos perseguidos, supuestos que dan el mayor y mejor peso para respaldar el aumento punitivo y la exclusión de beneficios a los delitos señalados en el artículo 199 del Código de la Infancia y Adolescencia de los que son víctimas los menores de edad, y no la imposición preferente del principio de proporcionalidad de la pena como se indicó en CSJ SP, febrero 27 de 2013, radicación 33254.

La anterior argumentación demuestra que las razones para excluir los beneficios por allanamiento o preacuerdos en la Ley 1098 de 2006 son muy diferentes a los del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006.

Finalmente, la confrontación de las prohibiciones de los artículos 26 de la Ley 1121 de 2006 y 199-7 de la Ley 1098 del mismo año, las razones de política criminal y el objeto específico de cada una de ellas, no permite identificar sus previsiones y consecuencias, como ya se ha expresado, su situación de hecho no es la misma, por lo que no resulta acertado aplicar un mismo juicio interpretativo para extender a ésta las consecuencias de aquella.

En efecto, la finalidad de la Ley 1098 ibídem, como ya se expuso, fue desarrollar el mandato constitucional de los artículos 44 y 45, y de los tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad que le imponen al Estado el deber de proteger integralmente a los niños, niñas y adolescentes, reconociéndose la prevalencia de sus derechos y el interés superior de los mismos.

Mientras que la Ley 1121 ídem, se orientó a introducir reformas al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, a la Ley 526 de 1999, al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal, para prevenir, investigar y sancionar delitos como terrorismo, secuestro y extorsión, específicamente para combatir las fuentes de financiación de actividades terroristas, como lo destacó la Corte Constitucional en la Sentencia C-073 de 2010.

La lectura y análisis no pueden reducirse a los factores incremento y prohibición de beneficios, debe extenderse a la materia regulada, a los compromisos internacionales adquiridos en cada caso, el fin perseguido y la voluntad del legislador desde el punto de vista legal y constitucional, lo que hace diferentes a los mecanismos establecidos en dichos estatutos jurídicos (L. 1121 y 1098 ídem).

Por tanto, en la sentencia en la que salvo el voto no debió identificarse el problema jurídico de política criminal y alcances de la exclusión de beneficios de la Ley 1121 de 2006 con la de la 1098 de ese año y por ende no podía declararse fundada la causal de revisión invocada para excluir el incremento punitivo del artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

Eugenio Fernández Carlier

Fecha ut supra 

1 Cfr. Artículos 2º, 3º y 4º de la Convención.

2 Cfr. Gaceta del Congreso 551 de 23 de agosto de 2005.

3 En la exposición de motivos se indicó que en Colombia se secuestra en promedio un niño por día. La cifra reportada en el año 2000 fue de 330 niños secuestrados y en el año 2011 303.

4 4.015 es el promedio de muertes violentas de niños y niñas en Colombia informadas en la exposición de motivos.

5 Cada 40 minutos es violado un menor de edad en Colombia. 21.000 casos de violencia sexual en perjuicio de niños y niñas reportó como denunciados la Fiscalía General de la Nación.