Sentencia SP6588-2016/47747 de mayo 18 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP6588-2016

Rad.: 47.747

Magistrado Ponente:

Dr. Eyder Patiño Cabrera

(Aprobado Acta Nº 153)

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D. C., dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. De conformidad con el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal del 2000, la Sala inadmitirá la demanda, porque no reúne las exigencias mínimas previstas en el canon 212 del mismo Estatuto, como pasa a explicarse.

En orden a socavar la doble presunción de acierto y legalidad que recae sobre el fallo de segundo grado, el recurso extraordinario de casación debe ser elaborado por quien demuestre tener interés jurídico para impugnar, respetando las formalidades técnico jurídicas previstas en la ley y la jurisprudencia, según se trate de cada una de las causales establecidas en el precepto 207 de la Ley 600 de 2000.

En ese sentido, el libelo debe ser íntegro en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en la pretensión, de tal suerte que ha de soportarse en los principios que lo rigen, en especial, los de claridad, precisión, fundamentación, prioridad, no contradicción, corrección material y autonomía, sin que sea viable argumentar a la manera de un alegato de instancia. La proposición de las censuras exige escoger adecuadamente la causal y el sentido de la violación y, concretar el disenso en términos de trascendencia.

Ahora, cuando lo alegado es la prescripción de la acción penal antes del fallo de segundo grado, al casacionista le corresponde postular el dislate a través de la causal tercera del artículo 207 de la Ley 600 de 2000 y demostrar que el decaimiento de la facultad sancionadora del aparato judicial, se produjo porque no se aplicaron los artículos 29 de la Constitución Política, 83, 84 y 86 del Código Penal y 6º del Estatuto Adjetivo Penal.

2. En el caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que, si bien el censor encausó su crítica por la ruta indicada, vulneró el principio de corrección material, habida cuenta que la premisa que le sirve para pregonar la prescripción de la acción penal respecto del delito de actos sexuales con menor de catorce años, en concurso homogéneo, no es consistente en la medida que adujo que la fecha de los hechos, a partir de la cual debe contabilizarse el término prescriptivo durante la fase de la instrucción, corresponde a la del día señalado en el encabezado de la denuncia penal que el padre de la víctima formuló contra el acusado, esto es, el 15 de junio de 2005, siendo que, las pruebas recaudadas en el proceso, particularmente, el testimonio de la niña ofendida, le permitió a la Fiscalía y a las instancias establecer que las conductas libidinosas del enjuiciado se desplegaron mientras ella tenía entre 9 y 10 años de edad.

Entonces, si la pequeña nació el 17 de febrero de 1996, es claro que los comportamientos delictivos se desarrollaron entre el 17 de febrero de 2005 y el 17 de febrero de 2007 y no, exclusivamente, el 15 de junio de 2005, como lo sostuvo el libelista.

Como es obvio, si el dato que sustenta la hipótesis en que se fundó el defensor no es certero, tampoco es viable conferirle a su asistido la consecuencia jurídica a la que aspira, esto es, a la declaración de la prescripción de la acción penal en relación con todos los punibles que concursan de forma homogénea, la cual estima acaecida el 15 de diciembre de 2012, pues, es evidente que, para cuando se dictó la resolución de acusación (2 de mayo de 2013) y cobró ejecutoria (20 del mismo mes y año) aún subsistía la acción penal en torno a la mayoría de los comportamientos endilgados, como adelante se reflexionará.

Lo dicho es suficiente para inadmitir la demanda.

3. No obstante lo anterior, la Sala constata que dicho fenómeno sí se configuró, por lo menos en parte –aunque de manera sustancialmente distinta a la sugerida por el censor–, en cuanto concierne a los punibles ejecutados en concurso homogéneo en el interregno transcurrido entre el 17 de febrero de 2005 y el 20 de noviembre del mismo año, por lo que así deberá reconocerlo la Corte, de manera oficiosa, realizando, a su turno, la correspondiente readecuación punitiva.

3.1. En efecto, según lo prevén los artículos 83 y 86 del Código Penal, la acción penal prescribe en el mismo término que el máximo punitivo establecido para cada delito y como mínimo en cinco (5) años durante la instrucción, salvo que se haya calificado el mérito del sumario con resolución de acusación, pues a partir del momento en que esta cobra ejecutoria, se interrumpe el término prescriptivo y corre otro, por la mitad del inicial, el cual en todo caso, tampoco puede ser inferior a cinco (5) años.

3.2. Descendiendo al caso de la especie, se tiene que la acusación en contra de C... A... G... V... se produjo por el delito de actos sexuales con menor de catorce años, agravado, en concurso homogéneo, en los términos de los artículos 209 y 211.2 de la Ley 599 de 2000, adecuación típica que fue acogida por las instancias.

A fin de determinar si el Estado perdió la capacidad de ejercer el poder punitivo respecto de las conductas punibles endilgadas al procesado se impone verificar el quantum de pena previsto por el legislador para dicho ilícito.

Así, se tiene que para el tiempo de los hechos, la disposición que estaba en vigor era el artículo 209 de la Ley 599 de 2000(23), que sancionaba al sujeto activo con pena de prisión de tres (3) a cinco (5) años, quantum que incrementado en una tercera parte a la mitad, conforme al canon 211.2 ejusdem y en concordancia con el precepto 60.4 ibídem, arroja un monto punitivo de cuatro (4) años a siete (7) años y seis (6) meses, cantidad ésta última que constituye el término prescriptivo para el referido injusto, en la etapa de la instrucción.

En este asunto, se reitera, los hechos ocurrieron, entre el 17 de febrero de 2005 y el mismo día y mes de 2007, lo que significa, tratándose de conductas de ejecución instantánea, que las acaecidas entre la fecha inicialmente mencionada y el 20 de noviembre de igual año prescribieron porque transcurrió más de siete (7) años y seis (6) meses desde el momento en que ellas sucedieron hasta que cobró ejecutoria el pliego de cargos (20 de mayo de 2013); en cambio, respecto de las posteriores, es decir, las sucedidas desde el 21 de noviembre de 2005 hasta el 17 de febrero de 2007, es palmario que la acción penal no se extinguió pues, la decisión por cuyo medio se interrumpió la prescripción quedó en firme antes de que feneciera el lapso de prescripción atrás señalado.

En efecto, agotado el período prescriptivo en cuanto concierne a los injustos desarrollados entre el 17 de febrero de 2005 y el 20 de noviembre de esa calenda, ni la fiscalía ni los juzgadores estaban habilitados para emitir pronunciamiento alguno dentro de la actuación, salvo el que declarara la correspondiente extinción de la acción penal por prescripción frente a los punibles ejecutados en ese específico período.

En cambio, tanto el ente acusador como los falladores en las dos instancias de decisión, respectivamente, dictaron la resolución de acusación y sendos fallos condenatorios, sin percatarse de que carecían de toda autorización legal para proceder en ese sentido en relación con algunos de los comportamientos delictivos investigados.

En suma, comoquiera que las sentencias de primera y segunda instancias fueron proferidas cuando, por lo menos en parte, el Estado había perdido competencia para continuar ejerciendo la acción penal frente a los delitos ejecutados en el concreto lapso atrás señalado, e incurrieron en una irregularidad sustancial que socava las bases de la investigación y el juzgamiento y las garantías inmanentes al proceso debido, emerge clara la necesidad de casar oficiosamente el fallo impugnado y disponer la nulidad parcial de la actuación, como consecuencia de la declaración de extinción por prescripción de la acción penal respecto de las conductas ejecutadas entre el 17 de febrero de 2005 y el 20 de noviembre de ese año, cesar procedimiento por esos mismos comportamientos en favor del enjuiciado y redosificar las penas impuestas.

3.3. Con tal propósito, debe recordarse que por el delito base de actos sexuales con menor de catorce años, tras referirse a la gravedad de la conducta y al daño causado con la misma a la pequeña, el a quo se alejó un poco del mínimo para tasar un monto de 50 meses de prisión, cantidad a la que le agregó 3 meses más por razón de los punibles que concursaban homogéneamente, para un valor total de 53 meses, decisión confirmada en segunda instancia.

Si ha de admitirse que por lo menos una de las conductas lesivas de la libertad, integridad y formación sexuales de la niña no prescribió, la redosificación se debe hacer en torno a los punibles concursantes.

Para ello, a falta de cualquier información que permita conocer cuántos fueron los comportamientos delictivos de la índole juzgada y el tiempo en que cada uno de ellos ocurrió, se asumirá que dentro de un período de 24 meses –tiempo durante el cual la niña fue sucesivamente objeto de los tocamientos indebidos–, el descuento por los ocurridos en un lapso de 9 meses y 3 días (9.1 meses) –entre el 17 de febrero de 2005 y el 20 de noviembre de igual año–, que se encuentran prescritos, equivale al 37.91%(24) de los 3 meses de prisión impuestos con ocasión de los delitos que concursaron de manera homogénea, lo cual le reporta al encausado una aminoración punitiva de 1.13 meses(25), que restados a los aludidos 3 meses arroja una suma de 1.86(26), para un gran total de 51.86 (50 + 1.86) meses o, lo que es lo mismo, cincuenta y un (51) meses y veinticinco (25) días de prisión.

3.4. Dicho reconocimiento extintivo de la acción penal también debe verse reflejado en la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

No obstante, para ello, antes se impone corregir el yerro en que incurrió el juez de conocimiento al vulnerar el principio de legalidad de la pena y tasar dicha sanción en seis (6) años, o sea, en 72 meses, cuando el máximo posible –con la pena de prisión tasada para ese momento–, habría sido de 70.66 meses, producto de incrementar el monto de la sanción privativa de la libertad fijada en 53 meses –antes de la redosificación– en una tercera parte, a voces del inciso 3º del artículo 52 del Código Penal, o sea, en 17.66 meses.

Ahora, a la par de dicha incorrección, también se observa que, el a quo no expresó las razones que lo llevaron a dejar de imponer un tiempo igual al de la pena a la que accedería sino uno incluso superior a la tercera parte autorizada por la norma recién mencionada, cuestión que, con suficiencia, vulnera la obligación legal, consagrada en el canon 59 ejusdem, de fundamentar explícitamente los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena.

En ese orden, como el referido incremento punitivo no aparece de manera alguna justificado en los fallos de instancia, la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas se determinará en la misma cantidad que la de prisión, es decir, en 51 meses y 25 días.

3.5. Del mismo modo, la Sala observa que, si bien la víctima no se constituyó en parte civil dentro del proceso, el juzgador de primera instancia le reconoció a ella doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales, suma esta que deberá verse proporcionalmente menguada a ciento noventa y cinco punto sesenta y nueve (195.69) s.m.l.m.v.(27), atendiendo la nueva cantidad de pena de prisión, derivada de la referida declaración de prescripción.

4. Por último, más allá de las anomalías detectadas oficiosamente por la Corte, la Sala no observa flagrantes violaciones de derechos fundamentales, causales de nulidad, ni motivos que conduzcan a la necesidad de un pronunciamiento profundo frente al expediente en razón de las finalidades de la casación.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

RESUELVE:

1. Inadmitir la demanda de casación presentada por el defensor de C... A... G... V... contra la sentencia proferida el 7 de septiembre de 2015 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali.

2. Casar oficiosa y parcialmente la sentencia impugnada y, en consecuencia, declarar la nulidad parcial de lo actuado y la extinción por prescripción de la acción penal derivada del delito de actos sexuales con menor de catorce años, en concurso homogéneo, por el que fue procesado C… A… G… V…, exclusivamente respecto de las conductas ejecutadas entre el 17 de febrero de 2005 y el 20 de noviembre del mismo año. Por consiguiente, decretar en su favor la cesación de procedimiento frente a dichos punibles.

3. En consecuencia, fijar las penas imponibles a C... A... G... V... en cincuenta y un (51) meses y veinticinco (25) días de prisión y de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones y públicas y los perjuicios morales en ciento noventa y cinco punto sesenta y nueve (195.69) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4. En lo demás, la sentencia impugnada permanece incólume.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

23 Sin las modificaciones introducidas por los artículos 33 de la Ley 679 de 2001 y 5º de la Ley 1236 de 2008, en tanto prevén sanciones punitivas más gravosas.

24 La operación aritmética es la siguiente: 9.1 meses x 100% ÷ 24 meses = 37.91%.

25 La operación aritmética es del siguiente tenor: 3 meses x 37.91% ÷ 100% = 1.13 meses.

26 La resta es como sigue: 3 meses (–) 1.13 meses = 1.86 meses.

27 La operación matemática es la que sigue: 200 s.m.l.m.v. x 51.86 meses ÷ 53 meses = 195.69 s.m.l.m.v.