Sentencia SP663-2017 de enero 25 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP663-2017

Radicación: 49402

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

(Aprobado acta 17)

Bogotá, D.C., veinticinco de enero de dos mil diecisiete.

(Legis considera conveniente que los datos de (partes, terceros o intervinientes, etc.) sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

EXTRACTOS: «Del recurso de apelación

1. Intervención del recurrente.

El representante de la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial presentó recurso de apelación frente a la sentencia antes descrita y la sustentó en los siguientes términos:

1.1. Señaló que en cuanto a la afirmación del a quo en lo relativo a la falta de demostración de los perjuicios reclamados, bastan las pruebas obrantes en el proceso penal, haciendo parte éstas del incidente de reparación integral así como la sentencia condenatoria proferida en primera instancia y confirmada posteriormente por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, providencias en las que se advierte la afectación al buen nombre de la Rama Judicial con el proceder de los funcionarios judiciales que en contravía de sus deberes institucionales abusan de su cargo y constriñen a un tercero a entregar dinero u otras dádivas en virtud del mismo.

1.2. Posterior a exponer los fundamentos de derecho que sustentan el pago de perjuicios morales en una persona jurídica y su finalidad, resaltó la factibilidad que en el presente caso se reconozcan estos perjuicios, por cuanto el condenado vulneró el buen nombre de la Rama Judicial, contribuyendo a la pérdida de la credibilidad en las instituciones del Estado.

Arguyó que en el proceso penal es facultativo del juez señalar el monto de la indemnización, citando para el efecto el artículo 97 de la Ley 599 de 2000 según el cual el fallador puede establecer como monto indemnizatorio hasta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

1.3. Para la acreditación del daño, citó un proveído de esta corporación en el que, según su percepción, se señala la forma bajo la cual deben certificarse los perjuicios reclamados, para concluir que “no era necesario allegar nuevamente el acervo probatorio (indagatoria, versiones, testimonios, prueba documental) que sirvieron de base para estructura (sic) las sentencia de condena”, por cuanto es suficiente las que declararon la responsabilidad de S.M.

1.4. Con base en lo anterior, solicitó revocar la sentencia de 10 de noviembre de 2016 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca y en su lugar condenar a R.A.S.M. al pago de perjuicios causados por la vulneración de los derechos al buen nombre de la Rama Judicial.

2. Intervención de los no recurrentes.

2.1. La defensa afirmó que el apoderado de víctima pretende desconocer la carga legal que le obliga a acreditar el daño concreto y su demostración al pretender que estos aspectos se sustenten en las pruebas practicadas en el proceso penal, circunstancia que consideró como desconocedora de la naturaleza del incidente de reparación integral.

Precisó que si bien el artículo 97 del Código Penal faculta al juez para fijar como monto indemnizatorio el equivalente de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tal prerrogativa no admite la presunción de los perjuicios o se convierte en una facultad caprichosa para condenar el pago de los daños causados con el punible.

Finalmente adujo que la sentencia de primer grado no se sustentó en la incapacidad de la persona jurídica de ser titular del derecho al buen nombre, sino en la falta de prueba del valor solicitado como reparación de perjuicios, el cual no halló mérito en los medios de prueba o en argumentos que lo justificaran, delegando esta función en la administración de justicia.

2.2. Por su parte, el Ministerio Público solicitó confirmar la decisión recurrida, argumentando que la afectación al buen nombre y reputación de la Rama Judicial no merece discusión alguna frente a la conducta por la que fuera condenado S.M., denotando así la existencia del perjuicio.

No obstante, advirtió que la existencia del daño puede demostrarse con el fallo ejecutoriado que declara la responsabilidad penal, empero no sucede lo mismo con la cuantía, la que en este asunto no fue probada dado que el apoderado de la Rama Judicial “se limitó a expresar su pretensión indemnizatoria” sin apoyarla en medio alguno que demostrara por qué el condenado debía pagar la suma de dinero propuesta.

Consideraciones

1. Competencia.

El artículo 32 numeral 3º del Código de Procedimiento Penal, —Ley 906 de 2004—, asigna a la Corte la competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la decisión impugnada, como quiera que la misma fue proferida en primera instancia por el Tribunal Superior de XXX.

2. El delito no solo se constituye como una conducta típica, antijurídica y culpable que merece la imposición de una sanción por parte del Estado ante la trasgresión del ordenamiento jurídico; sino que también se instituye como fuente de obligaciones según se ha establecido en los artículos 1494 y 2541 del Código Civil, disposiciones igualmente acogidas por el artículo 94 de la Ley 599 de 2000.

Regulado en los artículos 102 y siguientes de la Ley 906 de 2004, el incidente de reparación integral permite a la víctima, entendida ésta como toda persona, natural o jurídica, que ha sufrido un daño como consecuencia del punible(1), reclamar ante los jueces una vez la sentencia condenatoria ha adquirido firmeza, la reparación de los perjuicios causados como consecuencia del delito, es decir que por este mecanismo se pretende el pago del daño causado por el ilícito a cargo del declarado penalmente responsable.

La Sala se ha pronunciado acerca del incidente de reparación, en el sentido de señalar que:

«Se trata, entonces, de un mecanismo procesal independiente y posterior al trámite penal propiamente dicho, pues el mismo ya no busca obtener esa declaración de responsabilidad penal, sino la indemnización pecuniaria fruto de la responsabilidad civil derivada del daño causado con el delito —reparación en sentido lato— y cualesquiera otras expresiones encaminadas a obtener la satisfacción de los derechos a la verdad y a la justicia, todo lo cual está cobijado por la responsabilidad civil, como ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional:

“(…) si bien la indemnización derivada de la lesión de derechos pecuniarios es de suma trascendencia, también lo es aquella que deriva de la lesión de derechos no pecuniarios, la cual también está cobijada por la responsabilidad civil. Es decir, la reparación integral del daño expresa ambas facetas, ampliamente reconocidas por nuestro ordenamiento constitucional(2)”».

La reparación del daño, entonces, parte del supuesto que la fuente de obligación se encuentra acreditada al existir sentencia condenatoria que declara la responsabilidad penal del procesado lo cual faculta a la víctima para iniciar el trámite incidental en pro de encontrar satisfechas sus pretensiones indemnizatorias, es así como este mecanismo ya no encuentra su eje gravitacional en el compromiso penal de la persona sino en su responsabilidad civil como producto de la conducta delictiva.

Ahora la reparación integral a la víctima, además de abarcar los derechos a la verdad y la justicia incluye así mismo la reparación, la cual, tomada en su perspectiva económica, contiene la retribución de los perjuicios materiales y morales.

Mientras los perjuicios materiales se definen como todo detrimento patrimonial de la víctima, el daño moral es una afectación espiritual o inmaterial de la persona, la cual es susceptible de ser valorada económicamente, siendo estos últimos clasificados en subjetivos —el dolor, sufrimiento, tristeza, miedo, angustia producto del daño en la psiquis de la víctima— y objetivados, esto es las repercusiones económicas que tales sentimientos pueden ocasionar en la persona(3).

Independiente de la clasificación del daño ocasionado, indiscutible es que en el trámite incidental estos deben ser además de ciertos, probados por la parte interesada en tanto solo a aquélla le corresponde acreditar el valor de los perjuicios ocasionados, refiriendo la Corte en pretérita oportunidad en SP, 9 de julio de 2014, radicación 43933:

«La Sala se ha referido a las diferentes especies de perjuicio que genera la conducta punible y los requisitos que deben concurrir para su reconocimiento. En reciente decisión del 29 de mayo de 2013, radicación 40160, precisó lo siguiente:

“De lo anteriormente expuesto, se puede concluir:

a) El delito produce la obligación de reparar los perjuicios causados, los que pueden ser del orden material e inmaterial.

b) Los daños que sean susceptibles de cuantificación económica (materiales y morales objetivados) deben probarse en el proceso y su cuantía dependerá de lo acreditado (fallo del C.E., Secc. Tercera, Subsección A, mar. 9/2011, rad. 17175)”.

“En otras palabras, para obtener indemnización por el perjuicio material y por los perjuicios morales objetivados se debe demostrar: a) su existencia y b) su cuantía; de esta manera se diferencian de los de carácter moral subjetivado, donde solo basta acreditar la existencia del daño, luego de lo cual, el juez, por atribución legal, fijará el valor de la indemnización en tanto que la afectación del fuero interno de las víctimas o perjudicados impide la valoración pericial por inmiscuir sentimientos tales como tristeza, dolor o aflicción”».

Si bien el delito constituye per se la obligación del condenado a reparar los daños que han sido causados con ocasión de su conducta en tanto fuente de obligación civil, no basta con alegar el daño y cuantificar los perjuicios sino que se debe acreditar y sustentar la valoración económica que la víctima ha adjudicado a aquellos, esto es, demostrar la real existencia de la afectación y la proporcionalidad que debe existir en la reparación económica.

3. Los derechos fundamentales a la honra y buen nombre, establecidos en los artículos 15 y 21 de la Carta Política, respectivamente, toda vez que en estos se soporta la dignidad humana, precepto indispensable, base del Estado social y democrático de derecho y derechos, a la luz de lo establecido en el artículo 1º ibídem.

La honra, atributo esencial e inherente a la persona, es un bien jurídico personalísimo referido a la reputación, al criterio que los demás tienen frente a la persona, derecho que debe ser garantizado y protegido en aras de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y a sí mismos, conllevando ello una adecuada valoración de las personas en la sociedad(4).

Contrario sensu, el buen nombre ya no se refiere al valor interior de la persona frente a los demás miembros de la sociedad, sino que se encuentra referido a un concepto extrínseco, al concepto que los demás tienen respecto al titular del derecho(5).

Estos dos derechos, equidistantes entre sí, no cuentan con igual aplicación toda vez que el primero de los señalados es un derecho personalísimo siendo predicable únicamente de los seres humanos, es decir de la persona natural, mientras que del buen nombre son, así mismo, titulares las personas jurídicas.

Reiterada ha sido la jurisprudencia constitucional en el sentido de establecer que las personas jurídicas son titulares de algunos derechos fundamentales que le son esenciales a su naturaleza social y en atención a los derechos de que se trate; de aquí que se encuentren legitimadas para perseguir la salvaguarda de preceptos como la igualdad, el debido proceso, libre asociación, buen nombre, entre otros, quedando aquellos derechos, como la honra, la vida, la prohibición de tratos crueles e inhumanos, la salud, entre tantos otros, relegados únicamente a la persona humana al tratarse de derechos inherentes a éstos y que solo pueden ser ejercidos bajo su titularidad(6).

No existe duda por tanto que las personas jurídicas son titulares de algunos derechos fundamentales que se encuentran íntimamente relacionados con su naturaleza, siendo pertinente destacar lo afirmado por la H. Corte Constitucional en Sentencia T-317 de 2013, en cuanto a la aplicabilidad de estos derechos en lo referente a personas jurídicas de derecho público, por cuanto:

«En la Sentencia SU-182 de 1998(7), al realizar un extenso análisis de la titularidad de derechos de las personas jurídicas de derecho público, esta corporación señaló que dentro de la gama de aquellos garantizados en un Estado social de derecho a este tipo de sujetos hay algunos de naturaleza fundamental, “en cuanto estrechamente ligados a su existencia misma, a su actividad, al núcleo de las garantías que el orden jurídico les ofrece y, por supuesto, al ejercicio de derechos de las personas naturales afectadas de manera transitiva cuando son vulnerados o desconocidos los de aquellos entes en que tienen interés directo o indirecto(8)”, por ende susceptibles de ser amparados por vía de tutela.

Así, señaló la sentencia en cita: “La jurisprudencia constitucional ha reconocido que pueden ser titulares, de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, a la libertad de asociación, a la inviolabilidad de los documentos y papeles privados, al acceso a la administración de justicia, al derecho a la información, al habeas data y al derecho al buen nombre, entre otros(9), que son susceptibles de ser protegidos en cabeza de una persona jurídica, a condición de que en la relación jurídica concreta que origina la tutela tengan la condición de titulares de esos derechos”(10)»

La garantía del derecho al buen nombre de las personas jurídicas públicas entraña una mayor significancia social al no tratarse únicamente del “good will” como una estrategia de mercadeo, con las consecuentes repercusiones económicas que ello implica, sino que la percepción que de la entidad estatal tengan los integrantes de la sociedad depende la institucionalidad misma, al ser el Estado el garante de los derechos, principios y valores de alta estima social, por lo cual el ciudadano guarda un sentimiento de confianza frente a las instituciones por medio de las cuales el Estado busca materializar los mínimos básicos para mantener un orden justo que garantice el desarrollo integral a cada uno de los asociados.

Es en este sentido cuando la actividad de los órganos estatales requiere de un mayor compromiso en aras de concretar los principios de confianza en el ciudadano así como de evitar que la buena imagen de una persona jurídica pública se vea afectada por la actuación bien sea de un servidor público o de un particular.

4. En el sub examine, mediante el incidente de reparación integral promovido por el representante de víctimas —Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura—, éste pretendió el pago de perjuicios morales objetivados ante la afectación al derecho a la honra y buen nombre de la Fiscalía General de la Nación con el actuar del entonces fiscal R.A.S.M. propio del punible de concusión.

Sea lo primero precisar que la afectación al derecho a la honra alegada por el demandante no se apoya en supuesto normativo o jurisprudencial alguno por cuanto, según lo ya expuesto, es éste un principio que se predica únicamente de las personas naturales al tratarse de un derecho personalísimo e inherente a ésta, no predicable de personas jurídicas, por lo que no le asiste razón alguna al demandante para solicitar indemnización de perjuicios por tal concepto al no estar soportado el daño en fundamento alguno, siendo descartada de plano la pretensión en cuanto a éste derecho se refiere.

El punible de concusión tiene por bien jurídicamente tutelado la administración pública, de aquí que la actuación dolosa desplegada por el servidor público trae consigo una afectación a la institucionalidad y por tanto una imagen negativa de la entidad frente a la sociedad en general, materializándose en un grado de desconfianza frente a las funciones y fines esenciales del Estado, esto es se presenta una afectación al buen nombre de la persona jurídica de derecho público.

Es así como el daño al buen nombre de quien se constituyó en víctima se encuentra acreditada con la sentencia condenatoria en firme que fuera emitida contra S.M., no obstante no puede afirmarse lo propio respecto al monto pedido como indemnización por el daño causado.

Si bien en principio la sentencia condenatoria sustenta la causación del daño producto del punible, configurándose así la fuente de obligación civil, no puede por este solo hecho pretenderse la indemnización de perjuicios bajo una apreciación meramente subjetiva, ausente de todo sustento probatorio, en tanto aquella debe estar soportada en una verdadera afectación, trascendiendo de una alegación enunciativa a un plano probatorio que demuestre la proporcionalidad entre el daño y la reparación.

Se trata entonces, de realizar una nueva labor probatoria, disímil a la realizada en el trámite procesal, esto si en cuenta se tiene que i) el incidente de reparación es un mecanismo accesorio al proceso penal, es decir posterior a la sentencia condenatoria, ii) no se busca declarar la responsabilidad penal del procesado sino la civil, por lo que los medios probatorios deben dirigirse a demostrar supuestos de hechos concretos que cuantifican un daño y no que definen a la responsabilidad de la conducta, y iii) se rige por las disposiciones de la normatividad civil en lo no regulado por la Ley 906 de 2004.

Así pues, falto de todo acierto resulta lo expuesto por el representante de víctimas en el sentido de afirmar que las pruebas incorporadas en juicio oral y las cuales sustentaron la sentencia condenatoria, aportan igual conocimiento respecto al monto pretendido como perjuicios morales objetivados por la afectación al buen nombre de la Rama Judicial.

Probar los perjuicios causados es una obligación del apoderado del Consejo Superior de la Judicatura, como incidentante, aportar todos los medios de conocimiento en el transcurso del trámite que le permitan al cognoscente advertir la efectiva afectación al derecho constitucional alegado y su valoración económica, proporcional y como consecuencia del daño ocasionado por el punible, sin que sea admisible una ponderación caprichosa del perjuicio moral objetivado, sin la observancia de medio alguno que permita adjudicar el valor peticionado al perjuicio causado.

El artículo 97 de la Ley 599 de 2000, señala que el juez, podrá establecer como indemnización una suma de hasta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin embargo esta disposición no está falta de contenido en tanto es esta una facultad potestativa del cognoscente, es decir que no se trata de un mandato de obligatorio cumplimiento sino que está supeditada a la actividad probatoria de quien promueve el incidente.

En reciente pronunciamiento, esta corporación, estableció de acuerdo con el precitado artículo que para ejercer la facultad otorgada al juez, debe el interesado probar los supuestos del monto de los perjuicios morales, siendo imposible su reconocimiento y liquidación ante la ausencia de tal sustento probatorio, esto por cuanto el fallador se encuentra limitado a la naturaleza de la conducta y a la magnitud del daño moral causado (CSJ SP mar. 25/2015, rad. 42600).

Aunado a lo anterior, en cuenta debe tenerse lo expresado por la Corte en el sentido de establecer que las personas jurídicas no son susceptibles del perjuicio moral toda vez que los sentimientos internos que éste representa no se configuran en aquellas al ser una ficción legal, a menos claro está que se haya causado una disminución en su capacidad productiva o que peligre su existencia. (CSJ SP, jul. 9/2014, rad. 43933), circunstancias que no se advierten en el presente asunto en tanto en nada se demostró la afectación a las funciones de la Rama Judicial así como tampoco el riesgo que la conducta punible del condenado supone para la existencia de esta rama del poder público.

Carente de todo sustento, resulta entonces la pretensión indemnizatoria de la víctima, brillando por su ausencia los elementos de pruebas que permitan evidenciar que el valor económico aducido como perjuicios morales objetivados equivale al daño efectivamente causado, siendo así una valoración caprichosa sin apoyo demostrativo alguno, pretendiendo que el juez colegiado o esta Corte realice conjeturas respecto al monto correspondiente a los perjuicios alegados, basados únicamente en la sentencia condenatoria, desconociendo así la naturaleza del incidente de reparación integral y la facultad discrecional del juez para fijar el valor de los perjuicios según lo probado en el trámite incidental.

Resta señalar que, en la sustentación del recurso el apelante hace mención a una providencia de esta corporación, la cual versa, según su consideración, acerca de la demostración del perjuicio apoyado únicamente con las pruebas aportadas al proceso penal; no obstante de la precaria exposición no se advierte a cual fallo hace referencia o los argumentos que permiten allegar a la conclusión aducida, más aún cuando el aparte transcrito contraviene la pacífica jurisprudencia de la Corte en lo referente a la comprobación de los perjuicios morales en titularidad de las personas jurídicas.

Así, frente a la ausencia de probanza alguna que demostrara el valor de los perjuicios morales alegados, la decisión no puede ser otra que no condenar al pago de la suma pretendida por la víctima, en tanto no se trata de una condena arbitraria sino que la misma debe atender a lo probado en la actuación.

Por todo lo anterior, la Sala confirmará la decisión confutada al encontrarla ajustada al ordenamiento jurídico.

En razón y mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el proveído de 10 de noviembre de 2016 proferida por una Sala Penal del Tribunal Superior de XXX mediante la cual no condenó a R.A.S.M. al pago de perjuicios.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase.»

1 Artículo 132 del Código de Procedimiento Penal.

2 CSJ SP, 13 de abril de 2011, radicación 34145; CSJ SP, 4 de mayo de 2016, radicación 36784.

3 CSJ, SP, 9 de julio de 2014, radicación 43933.

4 Corte Constitucional. Sentencia T-412-1994, C-392 de 2002.

5 Ibídem.

6 Corte Constitucional. Sentencia T-412 de 1992, T-275 de 1995, C-392 de 2000, T-094 de 2000, T-317 de 2013.

7 En la Sentencia SU-182 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, se revisaron los fallos proferidos a raíz de una acción de tutela promovida por las Empresas Municipales de Cali, Empresas Publicas de Pereira, Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá, Empresas Públicas de Medellín, Empresas Públicas de Bucaramanga y Edatel S.A., contra la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, la Corte realizó un completo desarrollo sobre los alcances de la legitimación por activa de las personas jurídicas de derecho público para actuar en tutela.

8 Ibíd.

9 Sentencias T-441 de 1992; SU-182 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo.

10 Sentencia C-267 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.