Sentencia SP683-2018/51082 de marzo 21 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 51082

Magistrado Ponente:

Dr. Eyder Patiño Cabrera

Acta 98

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D.C., veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.

Motivo de la decisión

Conforme a lo señalado en el Auto CSJ AP8495-2017 y al no haberse presentado insistencia, la Corte examina, oficiosamente, la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que confirmó la dictada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con funciones de conocimiento de esa ciudad y condenó a O.E.C. como autor penalmente responsable del delito de desaparición forzada agravada.

Hechos

Fueron así resumidos por la Corte en oportunidad anterior:

El 7 de septiembre de 2012, a eso de las 3 p.m., la menor J.V.M., de 11 años de edad para la época, salió de su casa ubicada en el barrio Santander de la capital vallecaucana con el propósito de hacer una llamada e ir luego al restaurante cercano denominado “R.G.”, donde laboraba su madre, pero nunca regresó.

Los falladores dieron por probado que ese día la niña se encontró con su tío político, O.E.C., con quien charló un rato en las afueras del aludido establecimiento y, luego de subirse a la camioneta de aquel, se marcharon del sector. Desde ese instante no se volvió a saber de ella, hasta cuando el 18 de septiembre siguiente se hallaron sus restos óseos en un cañaduzal localizado en la vía que de Yumbo conduce a Palmira —dos años después se analizaron esos despojos, por prueba de genética forense, y se corroboró que correspondían a los de la preadolescente—.

Actuación procesal relevante

1. En audiencia preliminar del 1º de marzo de 2013, el Juzgado Veintiséis Penal Municipal con funciones de control de garantías de Cali impartió legalidad a la captura de O.E.C. y a la imputación que le hiciere el Delegado de la Fiscalía General de la Nación por la conducta punible de desaparición forzada agravada, según el numeral 3 del artículo 166 del Código Penal, en calidad de autor, cargo que no aceptó. En seguida, se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión(1).

2. El 28 de junio de ese año se radicó el escrito de acusación(2) y su formulación tuvo lugar el 18 de septiembre posterior ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con funciones de conocimiento del municipio(3).

3. Dicha autoridad, luego de celebrar las audiencias preparatoria(4) y del juicio oral(5), profirió sentencia el 31 de enero de 2017, en la que declaró penalmente responsable a O.E.C. del delito endilgado y lo condenó a las penas principales de 510 meses de prisión y multa equivalente a 3.874.99 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 360 meses. El juez le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria(6).

4. La defensora de confianza apeló la providencia y el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial la confirmó el 9 de mayo de 2017(7).

5. La misma profesional recurrió en casación(8) y presentó el libelo correspondiente(9).

6. La Sala, en Auto CSJ AP8495-2017, inadmitió la demanda pero dispuso que, vencido el término de insistencia, regresara el asunto al despacho del magistrado ponente para verificar la posible violación del principio de legalidad de la pena “accesoria”(10).

Consideraciones

Al no presentarse insistencia, la Corte se centrará en el tema enunciado en el proveído referido, concretamente, en la posible infracción del postulado de legalidad en la imposición de la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

1. El principio de legalidad, consagrado en nuestro ordenamiento interno, en el canon 29 de la Constitución Política y desarrollado en los estatutos sustantivo y procesal penal —artículos 6º de la Ley 599 de 2000 y 6º de la Ley 906 de 2004—, implica, esencialmente, que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez competente y con la plenitud de las formas propias de cada juicio. Conlleva ínsito una serie de garantías, que responden no solo a la necesidad de que el delito y la pena estén claramente definidos en la ley, sino que el juez, al momento de dosificar la sanción correspondiente, atienda los parámetros legales. La jurisprudencia constitucional ha reconocido esos dos ámbitos así:

[…] el principio de la legalidad de la pena incluye necesariamente dos aspectos, a saber: el primero, que la determinación de las penas que correspondan a cada delito en abstracto, necesariamente tienen que ser definidas por la ley, incluyendo las que correspondan a las circunstancias agravantes o atenuantes y aquellas a que puedan hacerse acreedores quienes sean autores o partícipes en cualquier grado, del hecho delictual; el segundo aspecto que incluye el principio de la legalidad de la pena, ya no corresponde al legislador de manera abstracta, general y objetiva, sino al juez que en su aplicación desciende de la norma legal para hacerla actuar en forma concreta, individual y subjetiva, que es lo que se conoce como la dosimetría de la pena. (Cfr. CC-T-673/04).

Por consiguiente, el aludido axioma involucra, para el funcionario judicial, el deber de imponer las penas conforme a los topes señalados para cada una de las conductas punibles, así como atender los límites descritos para las sanciones privativas de otros derechos; y, en su individualización, acatar los criterios que para el efecto ha previsto el legislador —artículos 54 a 62 del Código Penal—.

2. En esta ocasión, el juez de conocimiento —labor ratificada por el tribunal—, en el acápite de la punibilidad, se refirió a la imposición de la sanción de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas como principal, y anunció que los extremos legales oscilaban entre 240 y 360 meses. No obstante, al fijarla, determinó, sin ofrecer argumento alguno, que sería accesoria y por 360 meses, de acuerdo con las previsiones de los artículos 165 y 166 del Código Penal(11).

Tal proceder pone de manifiesto varias falencias:

La primera, que dejó de lado que, tratándose del delito por el que se procedió —desaparición forzada agravada— el legislador previó esa sanción como principal, no accesoria, y que, en ese orden, le correspondía establecer los cuartos y, en perfecta observancia con el trabajo de dosificación hecho para la prisión, ubicarse en el mismo extremo.

En segundo lugar, olvidó que la pena en comento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 del Código Penal, tiene una duración máxima de 20 años.

Si bien en observancia irrestricta del aumento general dispuesto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, el límite superior para el injusto por el que se procedió excede ese quantum, también lo es que, por ser el canon 51 norma especial que no sufrió modificación directa por la referida ley, es de imperativa observancia.

Importa recordar que, tratándose del aludido aumento punitivo, la Sala de Casación Penal, en CSJ SP 14191-2016, Rad. 45594, siguiendo jurisprudencia de la Corte Constitucional CC C-1080/02, sostuvo:

Respecto de la pena de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas, ya se dijo que la juez la tasó inicialmente en 330 meses, en el entendido de que sus extremos iban de 240 a 360 meses, en virtud del incremento ordenado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. Pero como esta pena no puede superar los 20 años,(12) ha de concluirse que su tasación deviene ilegal, en la medida que sobrepasa el límite de 20 años , el cual, para efectos legales, se convierte antitécnicamente en extremo mínimo y máximo (Cfr. Sentencia de la Corte Constitucional C-1080/2002 y CSJ AP, 23 de mayo de 2012, Radicado 38858).

Por manera que la tasación hecha por el a quo resulta ilegal.

3. Ahora bien, aplicando armónicamente lo dispuesto en los preceptos 51, 165 y 166 y atendiendo que, en consecuencia, los extremos mínimo y máximo resultan siendo uno mismo, la sanción a imponer en este caso será de 20 años, como principal.

Ya la Corte ha sostenido que cuando en sede de casación se hace el cambio de accesoria a principal, no se lesiona el principio de no reformatio in pejus (CSJ SP8504-2017, Rad. 44197, CSJ AP5217-2014, Rad. 44388 y CSJ AP 13 nov. 2013, Rad. 42525, entre otras).

4. Con fundamento en lo anterior, se casará oficiosa y parcialmente el fallo de segundo grado para fijar la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas en 20 años, con carácter principal.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Casar oficiosa y parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cali, que declaró penalmente responsable a O.E.C. del delito de desaparición forzada agravada, para fijar la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas como principal en 20 años.

En lo demás, se mantiene incólume.

Segunda. Contra esta decisión no cabe recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Luis Antonio Hernández Barbosa—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Eugenio Fernández Carlier—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Cfr. Acta en fls. 9 a 11, cdno. ppal. 1.

2 Cfr. Fls. 21 a 33, Id.

3 Cfr. Acta en fls. 47 y 48, Id.

4 Noviembre 12 y 13 de 2013 (cfr. fls. 72 a 77 Id.).

5 Inició el 6 de diciembre de 2013 (cfr. fls. 93 y 94) y finalizó el 31 de enero de 2016 (cfr. fl. 275, cdno. ppal. 2).

6 Cfr. Fls. 276 a 332, Id.

7 Cfr. Fls. 391 a 401, Id.

8 Cfr. Fl. 403, Id.

9 Cfr. Fls. 408 a 425, Id.

10 Cfr. Fls. 7 a 19, cdno. de la Corte.

11 Cfr. Página 92 del fallo de primera instancia.

12 [cita inserta en texto transcrito] Artículo 51 inciso primero del código Penal.