Sentencia SP684-2018 de marzo 14 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

José Luis Barceló Camacho

SP684-2018

Rad.: 47099

(Acta Nº 90)

Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil dieciocho (2018).

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

EXTRACTOS: «LA DEMANDA DE CASACIÓN

El defensor de V. C., al amparo de la causal primera, cuerpo segundo, del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, interpuso el recurso extraordinario para postular un cargo único en contra del fallo de segunda instancia, en el que denuncia la falta de aplicación del artículo 7º de esa normatividad y la aplicación indebida del artículo 453 del Código Penal, como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de la prueba.

Señala que la declaratoria de responsabilidad tratándose de su prohijado, se soportó en indicios provenientes de estos hechos indicadores: i) la compraventa fraudulenta del lote propiedad de M. L. F. P., el 1º de noviembre de 2000, por conducto de la firma I. y C. E. E., representada legalmente por J. Á. G., ii) su negociación el 27 de marzo de 2001, entre P. A. E. P., representante de la sociedad para esa fecha y V. C., que iii) el 27 de abril de 2001, lo vendió a L. A. C. S. por $ 18.000.000, monto por el cual lo compró.

Para el tribunal tales sucesos arrojan -sin agotarse el juicio argumentativo propio de la fase de inferencia lógica, en los términos consignados por el magistrado que salvó voto- que los acusados conformaron un consorcio criminal encaminado a la defraudación patrimonial. Empero, al calificar el sentenciador que «no es lógico» que V. C. hubiese negociado el fundo por la misma cantidad que pagó un mes antes, incurre en falso raciocinio al «construir una regla de la experiencia inexistente con la cual llega a una conclusión equivocada», ya que, sostiene, con esa premisa desconoce «un hecho cotidiano que es propio de las dinámicas que gobiernan el tráfico jurídico y comercial de una sociedad como la nuestra», por lo que pregonar que hay ilicitud «siempre o casi siempre que se vende un bien sin obtener ganancia» o «siempre o casi siempre que se vende [...] al poco tiempo de haberlo adquirido», sin someterse esos silogismos a una labor de contraste, no supera la enunciación de situaciones apenas hipotéticas.

El mismo yerro ocurrió, dice, con relación al indicio que se denominó de «oportunidad para delinquir», edificado a partir de la comprobación atinente a que V. C. acompañó al último adquirente, L. A. C. S., a visitar el lote y porque llevó a cabo actuaciones para que se decidiera a comprarlo, previo a que él suscribiera escritura pública; pues ello bien pudo obedecer a la eventual existencia para ese instante de un contrato promesa de compraventa a su favor, con miras a futuras negociaciones.

Además, desvirtúa cualquier carácter ilegal de la transacción que el acusado brindara sus datos en las escrituras traslaticias de dominio, al igual que su firma y huella, una vez cotejó la información obrante en el folio de matrícula inmobiliaria y que no daba lugar a colegir irregularidades, toda vez que «la experiencia enseña que frente a conductas ilícitas [...] los estafadores ocultan su identidad o buscan no ser identificados, eso es lo que sucede en la mayoría de los casos, lo que permite construir otra regla de la experiencia pasada por alto por las instancias: “siempre o casi siempre que un individuo participa de un delito grave, busca evitar ser reconocido”».

Ahora, el «indicio de huida» endilgado por su presunta desaparición con posterioridad a la venta a C. S. (aspecto no contemplado en la sentencia de primer grado y sorpresivo porque no fue mencionado por la Fiscalía), se fundamentó en un falso juicio de identidad. Lo anterior, debido a que aquel, en declaración juramentada, refirió textualmente que luego de la firma de la escritura V. C. y O. R. —conocido suyo y quien los relacionó— permanecían en inmediaciones del barrio Valladolid, entonces, asegura, se dedujo un indicio inexistente al no apreciarse esa dicción en su real contenido objetivo.

Estima que se está ante vicios trascendentes, como quiera que de no concurrir se hubiese avizorado la presencia de duda tratándose de la responsabilidad penal de su asistido, al no vislumbrarse «vínculo criminal entre él y los socios o el representante legal de la C. E. E. Ltda., sociedad de fachada que sirvió para concretar la defraudación» y si la incertidumbre se declaró para P. A. E. P., opina, similar decisión tenía que adoptarse en su caso. Por tanto, pide casar el fallo condenatorio y «se emita sentencia de reemplazo que absuelva a mi defendido».

(...).

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

En este asunto, los motivos por los cuales se pide casar la providencia atacada no se acompasan con las constancias procesales ni con la naturaleza de las infracciones evocadas, razones por las que la Sala desestimará la demanda. Véase:

1. El tribunal, al contrario de lo que señala el libelo, sí llevó a cabo un análisis suasorio con el que evidenció el entorno en el que se suscitaron diversas compraventas que recayeron en el predio ubicado en la transversal XXX Nº XXX de Bogotá, propiedad de M. L. F. P., avizorando mediante la reconstrucción de actos específicos, una sucesión de negociaciones orientada a despojarla fraudulentamente del mismo. Dicha labor, en la que se contextualizaron los acontecimientos previos, concomitantes y posteriores de cada una de esas transacciones, le da sentido a las máximas de la experiencia consignadas de manera implícita en el fallo y que condujeron a visualizar el compromiso penal de V. C.

Ese ejercicio intelectivo, aunque hubiese hecho cita errática de la lógica,(12) compendia pautas inscritas a una realidad social puntual, con criterios de universalidad y verificabilidad, que les confieren validez como presupuestos del comportamiento humano no a nivel ideal y abstracto, sino racional, asociados al caso concreto. Desde esa perspectiva, es que debe cotejarse el estudio de los indicios efectuado por el ad quem:

«Dentro de la actuación quedó demostrado que el procesado hacía parte de la banda criminal que operaba así: (i) los socios de la empresa criminal crearon una empresa fachada; en este caso C. E. E.; (ii) buscaban predios que tuvieran apariencia de estar abandonados o se presentaran como descuidados; (iii) obtenían el certificado de libertad y tradición del predio seleccionado. 

(iv) Entre ellos mismos escogían uno que se hiciera pasar por el propietario del predio y hacían el negocio de compraventa, el delincuente que suplantaba al verdadero propietario vendía la propiedad a la empresa constructora; (v) celebrada la compraventa, la escritura era registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

(vi) Posteriormente la empresa creada con el fin criminal, le vendía a otro integrante de la empresa criminal el predio, venta que también era registrada en la oficina pertinente; (vii) finalmente este supuesto comprador vendía a un tercero de buena fe el bien y de esta manera la empresa obtenía el pago que se constituía en el provecho ilícito que buscaban desde el principio de la operación. 

[...] Respecto de la responsabilidad del procesado se debe tener en cuenta que (i) él compró el bien a la C. E. E. por $ 18.000.000 y lo vendió por esa misma cantidad, habiendo tenido el bien durante solo un mes. 

Al representarse mentalmente los hechos como ocurren en la realidad, se concluye que no es lógico que una persona adquiera la propiedad de un bien inmueble y lo venda por el mismo precio que lo adquirió, pues lo lógico es que en virtud de la valorización y otros fenómenos busque venderlo por un precio superior al adquirido, pero en este caso el procesado adquirió el bien y se deshizo de él pasado un mes, al cabo de lo cual lo vendió por el mismo valor, sin obtener ninguna ganancia [...]».(13) 

Al acudir al expediente, se encuentra que estos asertos cuentan con pleno respaldo pues consta cómo el lote en cuestión fue adquirido por la señora F. P. el 16 de diciembre de 1964 y el 1º de noviembre de 2000, aparece vendiéndolo por $ 10.000.000 a I. y C. E. E.(14)

Con relación a esta compraventa, se demostró en la actuación que resultó espuria, la mencionada nunca suscribió escritura pública(15) (aspecto que no discute el recurrente) y llama la atención que dicha sociedad se constituyó ese mismo año (15 de junio), desplegando un acto de comercio que, en principio, era ajeno a su objeto social principal.(16)

Esta sociedad estaba integrada, al tenor de la escritura pública 2189 de la Notaría 12 de Bogotá,(17) por J. Á. G. (quien en la compraventa fungió como su representante legal) y por J. E. S. B., cuya firma en ese instrumento público, indicó el CTI a través de informe del 15 de mayo de 2010, «no se identifica con ninguna de las impresiones dactilares» obrantes en la documentación que aparece con su nombre en la Registraduría, «es decir, corresponden a distintas personas».(18)

Entonces, lo anotó el tribunal, lo destacó la delegada y lo reconoce el libelista, la sociedad en comento era una empresa de fachada, únicamente creada en el papel con datos mendaces,(19) confeccionada para que ejecutara una operación ficticia con respecto a un inmueble que en la práctica no estaba sujeto a posesión material por parte de su propietaria, la que solo supo de la suplantación cuando le comunicaron que se estaba construyendo sobre él.

También se acreditó en la foliatura que P. A. E. P., ciudadano que el 16 de noviembre de 2000 asumió la representación legal de I. y C. E. E.,(20) vendió el fundo a A. V. C. con escritura pública del 27 de marzo de 2001, por $ 18.000.000.(21) Frente a esta negociación, aquel, la única persona a la que se le hizo efectiva la orden de captura librada para que compareciera a la actuación, manifestó:

«yo trabajaba aquí en San Victorino, ya llevaba como siete años ahí, distinguí un señor que le hiciera un viaje, yo hacía acarreos, un viaje al Terminal, entonces de ahí para allá siguió utilizando mis servicios del trabajo, yo le trabajé muchísimos años, unos seis o siete años le trabajé a él, yo le llevaba la mercancía al Terminal, desde San Victorino al Terminal, él me brindaba mucha confianza, él se llama P. R., él me decía que le reclamara la mercancía y un día yo le dije a mi me toca firmar, pero yo no sé, entonces él me dijo que él me enseñaba para yo recibir la mercancía, él me enseñaba hasta que yo aprendí hacer la firma que siempre he hecho, ya después de mucho tiempo, como siempre la costumbre él me dijo que lo llevara al Terminal, él llegaba por la mañana y me decía que no me comprometiera a tales horas, yo me acuerdo que ese día, lo que nunca sucedía en la vida, él llegó como a las siete de la mañana a San Victorino y me dijo Pablito necesito que me lleve al Terminal, entonces más o menos a las ocho o nueve de la mañana estoy aquí con las cajas y bueno nos fuimos, cargamos, se me hizo raro que eran como cinco o seis cajas, pudiéndose ir en taxi, pero como era de confianza yo me fui con él, entonces llegamos al Terminal descargamos las cajas y él siempre me pagaba, pero ese día me dijo que lo esperara que me necesitaba para otro favor [...] me dijo Pablito necesito que me haga un favor, yo voy a comprar un lote y necesito que me sirva de testigo, entonces yo le dije que yo tenía un viaje, él me dijo que era ahí pasando la Avenida de la Esperanza y yo prendí el carro y di la vuelta y pasamos el puente de la Boyacá con Avenida La Esperanza y llegamos ahí [...] entramos a una notaría y un muchacho joven se saludaron de abrazo y dijo ahí traigo al muchacho para que me sirva de testigo, entonces yo le dije que no sabía firmar y él me dijo que así como me había enseñado para recibir la mercancía y así fue como hice. Yo como no sé leer, él me dijo firme ahí y la huella, no se demoró mucho por ahí dos minutos, él se quedó ahí y yo me fui para el trabajo, de ahí nunca más volví a ver a ese señor, se me hizo raro porque era buena gente y en los diciembres me regalaba un pantalón, una camisa, era muy buen cliente. Nunca lo volví a ver en mi trabajo, como era normal, llegaba gente y se desaparecía [...] me dijeron que era testigo y que don P. R. iba a comprar un lote, eso es lo que sé [...] yo no sé firmar, ni leer, le dije a él, al muchacho que nos recibió allá en la notaría, él me dijo firme como don Pedro le enseñó a firmar, yo después que supe de este problema a los años fui a hacerle el reclamo a ese muchacho, pero esa notaría no existía, él me engañó [...] entre los dos me hicieron ese daño».(22)

Así las cosas, es palmario que un convenio ilícito propició la sucesión de compraventas apócrifas respecto de un mismo predio en un lapso inferior a los seis meses. En el evento en cita, al parecer, hizo incurrir en error a la persona que sin ninguna contraprestación lo vendió a A. V. C., para que rubricara el título traslaticio de dominio de forma aparente pero con efectos jurídicos, cuando se allegó para su registro.

2. La defensa alega que el procesado al suscribir esta escritura pública no incurrió en irregularidad alguna, ya que al confrontar el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente se advierte que celebró el negocio jurídico con quien allí aparecía como propietario y señala: «¿existe otro medio para que un ciudadano del común pueda determinar quién es el verdadero propietario de un bien inmueble en Colombia? La respuesta es ninguno, el titular del derecho de dominio de un inmueble es quien aparece en el registro de instrumentos públicos».

Sin embargo, ese aserto no se ofrece consistente. No solo el supuesto vendedor no recibió ningún dinero, sino que, además, al constatar ese documento aparece como anotación 2, una hipoteca constituida por los dueños iniciales antes de que la señora M. L. F. P. lo adquiriera (anotación 3).(23) Es decir, el lote estaba afectado por una garantía real que al margen de la fecha en que fue otorgada (1º de abril de 1964), permanecía vigente en el certificado de tradición, situación divergente con el contenido de la escritura pública con la que V. C. obtuvo el derecho de dominio, donde se consignó que «la sociedad vendedora declara que el inmueble que vende está libre de demandas civiles, embargo judicial, de hipotecas, contrato de anticresis, arrendamiento por escritura pública, pleito pendiente [...]».(24) Disonancia de la que tenía que haberse dado por enterado, si hizo una atenta revisión del registro, como lo dice la defensa, con independencia de la eventual prescripción de la obligación garantizada con el gravamen porque tal instituto no opera de oficio y de ahí que figurara vigente para aquel momento.

Esta circunstancia, en la dinámica de un contrato de compraventa no podía considerarse irrelevante pero aun así no fue impedimento para su celebración, lo cual se explica, según se anotó, en el carácter aparente de las múltiples negociaciones que se venían dando sobre el predio en un corto lapso de tiempo, tradiciones encaminadas a disimular su carácter espurio luego del 1º de noviembre de 2000.

En esa secuencia, se insiste, es que debe entenderse el análisis indiciario agotado por el ad quem y que no obedece a meras sospechas, al soportarse en los elementos de convicción aportados a la actuación:

«Otro indicio del delito tuvo como hecho indicador que O. R., conocido en común del procesado y con L. C., los presentó ofreciéndole aquel a éste el lote, aprovechando la confianza que C. tenía con Rodríguez, con quien habían sido compañeros de trabajo. 

En su testimonio del 15 de abril de 2009, L. C. dijo “...me presentó a A. V., entonces fuimos a verlo en el carro de V., O., un testigo que yo llevé [...] fuimos y miramos el lote, estaba enmontañado un lote sin puertas, sin alumbrado, sin nada, yo le dije a A. que yo no compraba eso porque eso era mucho trabajo yo ponerme a sacar esa tierra, entonces pasó el mes de enero, de febrero, ya lo limpiaron y me llamaron O. y A. y fuimos a verlo de nuevo, ya estaba cercado con un portón de lámina...” (Subrayas nuestras). 

Si la C. E. E. le vendió al procesado el 27 de marzo de 2001, esto significa que mientras el procesado le ofrecía a L. C. el lote, el mismo aún estaba en cabeza de la Constructora, teniendo en cuenta, además, que la compra del inmueble por el procesado a esa firma se hizo solo un mes antes de que se la vendiera a L. C., ocurrida el 27 de abril de 2001 [...]. 

[...] En este caso los hechos indicadores están debidamente construidos desde el punto de vista probatorio, y el hecho indicado no solo es que se transfirió la propiedad del bien de la víctima, como también que este fue vendido a un tercero de buena fe, sino que la intervención activa del procesado en los hechos criminales que determinaron ese resultado se acredita más allá de toda duda, pues era necesario para perfeccionar el delito».(25) 

Por consiguiente, si bien el recurrente individualiza al postular el falso raciocinio las conclusiones del juzgador, el modo en que éste examinó los hechos indicadores hacia determinados juicios valorativos y la hipotética regla de la experiencia conculcada en esa apreciación, como la llamada a aplicar; dejó de lado que ese proceso intelectivo no podía abordarse de manera parcializada, es decir, cotejando premisas de forma singular, inconexa, aislada de los medios de conocimiento allegados al trámite. En este caso, el estudio global reseñado en precedencia fue el que permitió avizorar a los falladores la responsabilidad de V. C.

Al respecto, vale la pena traer a colación el razonamiento del a quo sobre el particular en su decisión que constituye una unidad jurídica inescindible con el proveído del tribunal, en todo aquello que no se contradigan:

«[...] utilizando como fachada la sociedad I. y C. E. E. Ltda., con escritura pública Nº 4356 del 1º de noviembre de 2000, aportada al investigativo por la víctima, consta que J. Á. G., en calidad de gerente adquirió el lote identificado con matrícula inmobiliaria Nº 50S-40031852, de propiedad de la señora M. L. F. P., para lo cual se valió de una tercera persona que compareció [...] haciéndose pasar por la dueña del inmueble, quien presentó una cédula falsa y elevaron a escritura pública dicha transacción fraudulenta [...]. 

[...] Frente a la responsabilidad de A. V. C. se dirá, que con el fin de continuar con el acto delictual, designaron como representante legal de I. E. E. Ltda., a P. A. E. P., persona que compareció ante el Notario 58 del Círculo de Bogotá cuatro meses después, esto es, el 27 de marzo de 2001, y vende el lote a V. C., mediante escritura pública Nº XXX del 27 de marzo de 2001. 

[...] Es con base en esta forma fraudulenta, en la que finalmente los llamados a juicio se apropian del (sic) bien mueble (lote) y el 27 de abril de 2001, es decir, un mes (sic) de supuestamente adquirir[lo], V. C. logra llegar a un acuerdo con el señor L. A. C. S. vendiendo[lo] en la suma de dieciocho millones de pesos ($ 18.000.000), tal como consta en el citado instrumento notarial. Comprador que presuntamente de buena fe, adquirió el lote y edificó un jardín infantil [...] 

[...] Esta última actuación, es el resultado de la cadena delictiva entre J. Á. G. y A. V. C., que con su actuar contrario a derecho, mediante actos fraudulentos hicieron incurrir a los notarios 12 y 53 del Círculo de Bogotá y al Registrador de Instrumentos Públicos en error [...] crearon una cadena criminal con el único fin de apropiarse del lote tantas veces mencionado y para ello utilizaron la empresa jurídica de razón social “I. y C. E. E. Ltda.”, cambiando de manera rápida de representación legal y/o gerente, para dar apariencia de legalidad a sus actos».(26) 

3. El libelista se enfoca en criticar a esa corporación al deducir la responsabilidad de su prohijado por cuenta de la venta del predio un mes después de su compra y por el mismo precio, haciendo suyas las consideraciones del magistrado disidente con la condena en cuanto a que «la venta de bienes que fueron adquiridos incluso el día anterior es un hecho cotidiano que es propio de las dinámicas que gobiernan el tráfico jurídico [...] es bastante común y frecuente que los firmantes de una escritura acudan por separado a suscribirla, lo que, de hecho, parece que aquí sucedió [...]» y que «al parecer el lote de la discordia le fue ofrecido al señor C. S. entre enero y febrero de 2001, es decir, poco antes de que V. lo adquiriera. Aparte de que, stricto sensu, la venta de cosa ajena no es punible, bien pudo haber sucedido que el procesado ofreciera a un buen postor un bien que ya había negociado y estaba a punto de comprar».(27)

No obstante, tal criterio minoritario además de no ser vinculante, es insuficiente para demostrar per se un error trascendente en el fallo, ya que ese tipo de apreciaciones si bien podrían tener validez dentro de una mecánica contractual lícita, no se compadecen con el escenario concreto en el cual se suscitaron las negociaciones examinadas con antelación.

Por eso, resulta inane atribuir vicios en la sentencia por haber construido máximas de la experiencia acusadas de inexistentes, al depurar la jurisprudencia con apoyo en la doctrina que estas no están preestablecidas al obedecer a cualquier ámbito imaginable de la vida de la naturaleza y del hombre, «valga decir surgen en, por y para la praxis social colectiva y vano sería el esfuerzo por querer encerrar en categorías a efectos clasificatorios, todos los ámbitos vitales de las que proceden [...] o querer describirlas y determinar en número y contenido para puntos concretos» (CSJ SP, 28 Oct. 2009, rad. 31263).

En esa línea de pensamiento, que V. C. hubiese rubricado con sus datos las escrituras públicas con las que adquirió y vendió el lote de marras es insuficiente para infirmar el juicio de reproche en su contra, toda vez que las máximas de la experiencia referidas en la demanda a partir de ese silogismo también carecen de asidero, contrastadas con los sucesos específicos auscultados en el sub examine. Es más, dentro de la tónica argumentativa propuesta en la censura, le restaría fuerza persuasiva a lo que sería este contraindicio el hecho de que A. V. C. figure con múltiples anotaciones y antecedentes penales por delitos afines al que es materia de análisis.(28)

Entonces, bajo esa óptica, el que consignara sus datos en las escrituras públicas en comento no desdibuja su responsabilidad y la premisa atinente a que «siempre o casi siempre que un individuo participa de un delito grave, busca evitar ser reconocido», cae en el vacío, al verificarse que ese reconocimiento le fue indiferente para lesionar como lo hizo en distintas ocasiones, el patrimonio económico de terceros.

4. Nótese, cómo la prueba indiciaria provino de varios hechos indicadores que dentro del método acometido en la demanda se estudian por separado con miras a sustentar la conclusión a la que allí se aspira. En contrapartida, se han retomado ciertos pormenores enarbolados por el tribunal para erigir las máximas de la experiencia con las que fundó la condena (aun cuando con ese cometido de manera impropia hubiese aludido a la lógica) y así, en esa secuencia, aparece que las formuladas en la censura resultan genéricas, subjetivas e impertinentes al no evidenciar insostenible las reflexiones brindadas acerca de la convergencia y concordancia de la prueba indirecta. Acerca del particular, ha dicho la Sala:

«Cuando el fallador estructura la argumentación que le sirve de soporte a la condena a partir de máximas de la experiencia, el reproche en casación puede orientarse a cuestionar: (i) errores de hecho o de derecho en la determinación de los hechos indicadores, (ii) la falta de universalidad de los enunciados generales y abstractos utilizados como máximas de la experiencia, entre otros. 

Si el fallo se estructura sobre la idea de datos que por su convergencia y concordancia permiten alcanzar el nivel de conocimiento exigido para la condena, la censura puede orientarse en sentidos como los siguientes: (i) errores de hecho o de derecho en la determinación de los “hechos indicadores”; (ii) falta de convergencia y/o concordancia de los mismos; (iii) la posibilidad de estructurar, a partir de esos datos (o en asocio con otros, que estén debidamente probados) hipótesis alternativas a la de la acusación, verdaderamente plausibles y que, por tanto, puedan generar duda razonable, entre otros.  

Frente a este último tipo de argumentos, no puede tenerse como sustentación adecuada del recurso de casación una disertación que: (i) analice aisladamente los datos a partir de los cuales se hace la inferencia, con el propósito de demostrar la inexistencia de una máxima de la experiencia que garantice el paso de cada dato (mirado de forma insular) a la conclusión; (ii) tergiverse los datos a partir de los cuales se hizo la inferencia; (iii) analice en su conjunto los datos, pero suprima uno o varios, principalmente cuando se dejan por fuera los que más fuerza le imprimen a la conclusión; (iv) incluya datos que no fueron demostrados; entre otros». (CSJ SP 16564, 16 oct. 2016, Rad. 37175, reiterada en CSJ SP 282-2017, resaltado original en el texto).

En consecuencia, el escrutinio de la actuación procesal permite constatar que el discurso de la demanda de casación no supera lo sugestivo, al abstraerse de las aristas esbozadas por los juzgadores. En esa medida, no tiene cabida para acreditar un error en la sentencia proponer, tratándose de la postulación del falso raciocinio, máximas de la experiencia incompatibles con los presupuestos fácticos sopesados por la judicatura. Por contera, el asidero de las críticas elevadas en el libelo solo tendría vigencia dentro de un análisis indiciario fragmentario, el cual aquí se ofrece ineficaz para denotar la presencia de incertidumbre.

5. En lo concerniente a la denuncia por falso juicio de identidad, la demostración de esta infracción «supone evidenciar que el fallador al aprehender materialmente la prueba desfigura la literalidad de sus enunciados, es decir, que falsea lo dicho por el medio de persuasión y le atribuye un contenido distinto a partir del cual se configura el defecto de apreciación así definido» (CSJ AP 6382-2014).

Entonces, para advertir la comisión de esta clase de vicio resultaba indispensable enseñar que los asertos de L. A. C. S. se distorsionaron al otorgarle el juzgador un alcance que no podía derivarse de la estricta objetividad de su relato. Empero, en este asunto, el recurrente edifica el yerro desde la presentación parcial de aquella dicción en la que éste, si bien mencionó el acápite transcrito en la censura, fue claro al manifestar que no volvió a saber de V. C. En efecto:

«Yo conocí a O. R. en el trabajo que yo tenía que era una aglutinadora de plástico en la calle XXX con carrera XXX, porque yo le di trabajo, en enero de 2001 cuando se acabó el trabajo me dijo que estaban vendiendo un lote en el barrio Las delicias, entonces me presentó a A. V., entonces fuimos a verlo en el carro de V. [...] yo le dije a A. que yo no compraba eso, porque eso era mucho trabajo yo ponerme a sacar esa tierra, entonces pasó el mes de enero, de febrero, ya lo limpiaron y me llamaron O. y A. y fuimos a verlo de nuevo, ya estaba cercado con un portón de lámina [...] con su chapa, sus llaves, toda esa cosa, me comentaron que sacaron 25 volquetadas de tierra. Como ya estaba limpio entramos en negocio por un valor de 18 millones de pesos, le dije que sacara el certificado de libertad para darme cuenta de que era de propiedad de él, ahí en el expediente aparece la copia de la escritura con su certificado de libertad. Quedamos en hacer la escritura un sábado, a la hora de firmar se le dio 10 millones en plata en efectivo [...] y que los otros 8 millones se los dábamos a las 7 de la noche en la casa de mi hija. El señor V. fue por la otra plata con un señor que no le sé el nombre [...] después de eso por ahí de paso volví a verlos a V. y a O. R. por ahí en la carrera XXX F (sic) en número 8-84 que vivían en el tercer piso barrio Valladolid, después de ahí se desaparecieron y no los he vuelto a ver. A O. R. me comentaron que él es el que busca los lotes vacíos para venderlos y mantiene en la carrera XXX con XXX en Fontibón, ahí en el parque hacia el occidente hay unas oficinas de unos abogados y ahí mantienen haciendo negocios chimbos según me comentaron, que unos abogados se prestan para eso. Pasaron dos años y medio y el lote desocupado, yo iba permanentemente a arrancarle la maleza, entonces solicité la licencia de construcción ante la Curaduría de Bogotá y empecé a construir porque ya tenía lo de ley, ya habían pasado tres años y nadie había dicho esto es mío. A principios, en febrero de 2004, fue cuando apareció el abogado y la tal señora L., pero eso ya estaba construido dos pisos, ya estaban listos para poner el colegio, pasaron tres meses y entonces fui a sacar el certificado de libertad y ya aparecía interrumpidas las escrituras que habían corrido, o sea la de El Espino, la de A. y la mía quedaron anuladas, resultó L., entonces yo instauré mi demanda de reclamación porque me sentí estafado y me siento estafado por esta gente».(29)

Sobre el particular, señaló el tribunal:

«Hubo indicio de huida, pues como quedó visto, el procesado después de celebrado el negocio desapareció de donde era ubicado ordinariamente y una vez L. C. fue a buscarlo, luego de enterarse de lo sucedido pero antes de judicializar el caso, no lo encontró, como tampoco él contestó sus teléfonos en los que antes contestaba».(30)

Así las cosas, no confluye una alteración material de esta declaración en grado tal que desdibuje la conclusión obtenida de su análisis. Ahora, pese a que el testigo nunca afirmó que intentó fallidamente después de la negociación la comunicación telefónica con V. C., la adición termina siendo irrelevante, al igual que el acápite pretermitido y traído a colación insularmente en el libelo, en virtud a que de modo diáfano el deponente reportó, se insiste, que dejó de saber de él y de O. R.

Esa circunstancia, asociada con los demás elementos cognoscitivos obrantes en el plenario, resultó concordante con el iter criminis que culminó con la inscripción anómala de varios negocios jurídicos ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en los términos acogidos de manera mayoritaria por el sentenciador de segundo grado.

6. De otro lado, es un argumento simplista referir que como se advirtió incertidumbre tratándose de la responsabilidad de P. A. E. P., idéntica percepción debía aplicarse con respecto a V. C., pues su situación no resulta afín. Recuérdese que aquel relató que por engaños y a causa del analfabetismo plasmó su firma en la escritura pública con la que de forma ficticia vendió el pluricitado inmueble, aseveración que validó el a quo al verificar que en su documento de identidad aparece «manifiesta no saber firmar».(31)

Tampoco puede equipararse su proceder con el del último adquirente, L. A. C. S., al sugerirse que la buena fe con la que éste intervino en las negociaciones es la misma que mostró el implicado, debido a que la injerencia de aquel en las negociaciones materia de investigación y juzgamiento no pudo esclarecerse con precisión y si la acción penal se extinguió a su favor, lo fue por causa de su fallecimiento.(32)

Por último, también es desacertado predicar irregularidades por el hecho de que el tribunal acudió para motivar su providencia a variables no tenidas en cuenta explícitamente por la Fiscalía ni por la primera instancia, en tanto en el sistema procesal consagrado en la Ley 600 de 2000, la competencia del juez de segundo grado al resolver la apelación se extiende «a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la apelación» (art. 204), labor de constatación oficiosa que debe ser asumida por ese funcionario, individual o colegiado, para la protección de derechos y garantías fundamentales y la realización de los fines esenciales de la justicia material en el caso concreto (cfr. CSJ SP 740-2015). Y en el sub examine, es fehaciente la unidad temática de los aspectos discutidos en su momento por el impugnante, relacionados con la responsabilidad penal de V. C., y los presupuestos argumentativos empleados por el ad quem para ratificar la certeza a la que se arribó sobre el particular.

7. Recapitulando, el cargo único de la demanda en lugar de sujetarse a una exposición consistente con las modalidades de infracción planteadas, se diluye en un alegato de libre confección que retoma sin éxito la propuesta defensiva propuesta en el transcurso de las instancias, la cual fue analizada y despachada desfavorablemente por la judicatura, sin que se evidencien yerros trascedentes en esa postura una vez confrontados los medios de conocimiento aportados a la foliatura, los que se encargan de respaldar las reflexiones contenidas en los proveídos atacados.

Por ende, según se anunció y acogiendo el concepto de la Procuraduría Delegada, la demanda será desestimada.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

NO CASAR la sentencia recurrida por el defensor de A. V. C.

Contra esta decisión no procede ningún recurso

Cópiese, comuníquese y cúmplase

Magistrados: Luis A. Hernández Barbosa, Presidente—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando León Bolaños Palacios—Fernando Alberto Castro Caballero—Eugenio Fernández Carlier—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria».

12 Las reglas de la lógica se relacionan con aquellos principios que gobiernan el entendimiento humano, sea cual fuere el objeto al que se aplica tal actividad constituyéndose en reglas directoras del conocimiento (tercero excluido, no contradicción, razón suficiente, etc.) y se diferencian de las máximas de la experiencia, porque estas concitan generalizaciones a partir del cumplimiento estable e histórico de ciertas conductas similares, que no funcionan por sí solas, sino como enlaces del razonamiento (cfr. CSJ AP 2074-2016).

13 Cfr. Fl. 7 y ss., sentencia segunda instancia / fl. 9, cdno. tribunal.

14 Cfr. Fl. 90 c.o instrucción 1.

15 De acuerdo con el informe remitido por el DAS el 3 de mayo de 2004, al confrontar las impresiones dactilares obrantes en la tarjeta de preparación de la cédula de ciudadanía expedida a M. L. F. P. con la visible en la escritura pública 4356 del 1º de noviembre de 2000, se determinó que no eran uniprocedentes (cfr. fl. 94 ibídem). Aspecto ratificado por el CTI el 18 de noviembre siguiente, al señalar que la firma allí plasmada no coincidía con las muestras manuscriturales que le fueron tomadas (fl. 166 ídem).

16 «Compra y venta de toda clase de artículos de ferretería y sus derivados y todo lo relacionado con la construcción, importación y exportar toda clase de materiales e insumos que se relacionan o que tengan que ver (sic) ferretería y construcción» (cfr. certificado de representación y existencia proferido por la Cámara de Comercio de Bogotá fl. 121, íd.).

17 Cfr. Fl. 275 íd.

18 Cfr. Fl. 4 c.o instrucción 2.

19 Con informe fechado 27 de mayo de 2004, un investigador del CTI reportó que al trasladarse a la dirección que obraba como domicilio de dicha firma, «me informan que hace tres años este local está desocupado» (fl. 120 c.o instrucción 1).

20 Cfr. Fl. 110 ibídem.

21 Cfr. Fl. 102 c.o ídem 1.

22 Cfr. Fl. 147 y s.s c.o juicio 1.

23 Cfr. Fl. 109 c.o instrucción 1. De hecho, en la escritura pública 5624 del 16 de diciembre de 1964, aparece que la señora F. P. «se subroga en todas y cada una de las obligaciones contraídas por sus vendedores [...] haciéndose cargo de pagar el saldo hipotecario que grava el inmueble que aquí adquiere» (cfr. fl. 19 c.o ibídem).

24 Cfr. anverso Fl. 103 ídem.

25 Cfr. Fl. 7 y ss., sentencia segunda instancia / fl. 9, cdno. tribunal.

26 Cfr. Fl. 14 y ss., sentencia primera instancia / fl. 203 y ss., c.o juicio 2.

27 Cfr. Fl. 15 y ss., cdno. tribunal.

28 La DIJIN reportó el 7 de mayo de 2014, respecto de A. V. C., que el Juzgado 52 Penal del Circuito de Bogotá lo condenó el 28 de agosto de 2007 a 24 meses de prisión por el delito de falsedad material en documento público y el Juzgado 15 Penal del Circuito de la misma ciudad, el 24 de julio de 2008, lo condenó a 38 meses de prisión por el delito de estafa agravada y falsedad material en documento público. Prontuario similar, aparece con relación a J. Á. G. (cfr. fl. 133 y ss., c.o juicio 2).

29 Cfr. Fl. 241 y ss., c.o instrucción 1, resaltado de la Sala.

30 Cfr. Fl. 8 sentencia segunda instancia / fl. 10, cdno. tribunal.

31 «Así las cosas, es cierto y no se probó lo contrario dentro del proceso, que este acusado no sabe leer ni escribir. De ahí que no pudo haberse enterado del texto que estaba firmando aquella vez, cuando presumió ir a firmar un contrato de compraventa en calidad de testigo a un conocido que le solicitó el favor» (cfr. fl. 21 sentencia primera instancia / fl. 210 c.o juicio 2).

32 Así aparece en la preclusión proferida por la Fiscalía 167 Seccional, el 10 de abril de 2014 (Cfr. Fl. 44 y ss., c.o 2 instrucción, continuación).