Sentencia SP693-2018/43421 de marzo 14 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP693-2018

Rad.: 43421

Magistrados Ponentes:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa

Aprobado Acta Nº 90

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política

Bogotá, D. C., catorce de marzo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Con arreglo a lo normado en los artículos 235-4 de la Carta Política y su parágrafo y 75-6 del Código de Procedimiento Penal de 2000, la Sala es competente para conocer de este juicio, pues a J... A... P... R... se le acusa de formar alianzas con el Bloque Centauros de las Autodefensas para obtener su apoyo en las elecciones regionales llevadas a cabo el 25 de octubre de 2003, y una vez posesionado en el alto cargo, lo puso a disposición del grupo paramilitar, logrando con ello la promoción y fomento del grupo armado al margen de la ley.

Ha señalado la Corte que cuando la imputación consiste en recibir apoyo de un grupo armado ilegal para conseguir un cargo de representación popular, mediando un acuerdo entre el político y la organización paramilitar, se configura una alianza “muy particular de cooptación del Estado que tiene por finalidad el empleo de la función pública al servicio de la causa paramilitar, una muy singular manera de promover la acción del grupo ilegal”(70).

De suerte, que si P... R... utilizó la función pública para promover al grupo paramilitar en la zona del Guaviare, aprovechando su condición de dirigente político, al adquirir compromisos con la organización, los cuales cumplió como gobernador, es claro que la conducta atribuida al acusado guarda relación con su cargo y, pese a no cumplir actualmente esas funciones, el fuero constitucional se prorroga debido a la evidente conexión funcional.

2. De conformidad con lo previsto en el inciso 2º del artículo 232 de la Ley 600 de 2000, no se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado.

En consecuencia, corresponde a la Sala determinar si con fundamento en los medios probatorios allegados al proceso se pueden acreditar, en grado de certeza, las categorías de la conducta punible, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, y la consecuente responsabilidad del acusado.

3. Del delito de concierto para delinquir.

La Fiscalía acusó a J... A... P... R... como coautor del delito de concierto para delinquir agravado, conforme lo previsto en el artículo 340 incisos 2º y 3º del Código Penal, con la modificación consagrada en la Ley 733 de 2002, así:

Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años.

Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000) hasta veinte mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir. (Subrayas fuera de texto).

Ha indicado la Corte que el artículo en mención integra varios tipos de carácter autónomo “referidos bien al acuerdo para la comisión de delitos indeterminados –inciso primero–, o dirigidos a la promoción, financiamiento o conformación de grupos al margen de la ley, o para armarlos –inciso 2º–, destacando en la parte final de la disposición el mayor grado de injusto para quienes efectivamente ejecutan, y no sólo acuerdan, cualquiera de las conductas últimamente indicadas –inciso 3º–(71).

En ese sentido, el artículo en estudio determina diferentes formas de ataque al bien jurídico de la seguridad pública, así en el inciso 2º se está ante un tipo de peligro, pues el acuerdo de voluntades se edifica para promover, organizar, financiar o armar grupos al margen de la ley. Al paso que inciso 3º ibídem lesiona efectivamente el bien jurídico, pues se sanciona la conducta de armar, financiar o promover tales grupos.

Ha señalado esta corporación que cabe un mayor desvalor de la conducta y un juicio de exigibilidad personal y social más drástico “para quien organiza, fomenta, promueve, arma o financia el concierto para delinquir, que para quien solo lo acuerda, el cual traduce la celebración de consensos ilegales con grupos armados al margen de la ley que coparon por la fuerza territorios y espacios sociales, y que requerían de alianzas estratégicas con fuerzas políticas para consolidar su dominio y expansión”(72).

Corolario de ello, atendiendo a la teleología de la conducta “es claro que quien arma, financia, organiza o promueve grupos al margen de la ley previamente acuerda la ejecución de ese tipo de finalidades, lo cual significa que la modalidad progresiva de ataque al bien jurídico permite afirmar que su efectiva ejecución asume el desvalor de los pasos secuenciales que le dan origen y sentido a la conducta; y, por otra parte, que allí donde no se logran consolidar de modo efectivo la promoción, organización o financiación, de todas maneras el injusto persiste porque mediante la anticipación de la barrera de protección de bienes jurídicos, basta el acuerdo para tener por satisfecho el injusto”(73).

Así, en el desarrollo legislativo se previó al interior del mismo artículo la descripción de conductas secuenciales y progresivas, con incidencia en el tratamiento punitivo, el cual corresponde al principio de proporcionalidad.

Para el caso del entonces gobernador J... A... P... R..., la Fiscalía lo acusó conforme lo previsto en los incisos 2º y 3º del mentado artículo 340 del Código Penal. Sin embargo, como quiera que la acusación fáctica denota que el comportamiento del procesado traspasó el umbral de los simples acuerdos para la promoción de grupos armados al margen de la ley, reflejándose en actos concretos de fomento, la Corte emprenderá el estudio de la conducta de cara al inciso 3º de dicho artículo.

Valga resaltar que con ello, no se quebranta la congruencia como manifestación esencial del debido proceso, pues el núcleo fáctico endilgado en la acusación se mantiene invariable –dimensión fáctica– y, no se agrava la situación del procesado –dimensión jurídica–, por el contrario resulta necesaria hacer la delimitación jurídica, de cara a la lesión del bien jurídico.

Conviene precisar que aunque el inciso 2º del artículo 340 fue modificado por la Ley 1121 de 2006, esta última disposición no resulta aplicable al caso en estudio, dado que al tratarse el concierto para delinquir de un delito de ejecución permanente, la ley aplicable es la que se encuentra vigente para el momento en que se perpetúa el último acto del recorrido criminal “dado que mientras el sujeto activo persiste en la realización de la conducta, ésta se adecúa sucesivamente a cuantas codificaciones hayan sido expedidas durante su ejecución”(74).

En el presente evento, el lapso de comisión de la conducta data del mes de octubre de 2003, cuando J... A... P... R... desarrolló la campaña electoral para aspirar a la gobernación del Guaviare (art. 340 inciso 2º C.P.) y se extendió hasta el 11 de abril de 2006, fecha en la que se desmovilizaron los frentes Héroes del Llano y Guaviare del bloque Centauros(75), cuando el acusado era gobernador en ejercicio y ejecutó los compromisos pactados en su candidatura (art. 340 inciso 3º íbidem). Así, si el límite temporal de la conducta puede identificarse el 11 de abril de 2006, corresponde aplicar la modificación legislativa introducida por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002, pues, la Ley 1121 de 2006 entró en vigencia a partir del 30 de diciembre de ese año, la que en todo caso, resulta más gravosa por la mayor consecuencia punitiva para el delito investigado.

3.1. Del tipo objetivo.

El punible de concierto para delinquir consiste en el acuerdo para ejecutar cualquier delito, lo cual presupone pluralidad de sujetos activos, la indeterminación de los ilícitos y la permanencia en el tiempo. Al respecto, la Sala en CSJ SP 24 jul. 2013, Rad. 31.244, ha definido los elementos de este delito, así:

[P]ara que se verifique una ilícita asociación es necesario que:

i) Varias personas se reúnan o intervengan desde el punto de vista fenomenológico. Por dicha razón resulta viable sostener que se trata de un punible de carácter plurisujetivo (sic) (por la arista activa).

ii) Que exista un compromiso, acuerdo, arreglo, trato o convenio; o una alianza, componenda o connivencia, contentiva de distintas voluntades, que, con propensión de permanencia, busque consolidar un designio compartido que no es otro distinto que la comisión de infracciones penales, en términos generales, o propósitos específicos, como los indicados en el segundo aparte del artículo 340 del Código Penal.

En ese sentido, este punible presupone la existencia de una organización, así:

[S]e ofrece oportuno mencionar que la Sala ha señalado que dicha conducta punible “presupone la existencia de una organización, así ésta sea rudimentaria conformada por un grupo de personas que previamente se han puesto de acuerdo o han convenido en llevar a cabo un número plural de delitos y de éste modo lesionar o poner en peligro indistintamente el bien jurídico bajo circunstancias no necesariamente singularizables, bien concurriendo cada uno de los plurales agentes a realizar de manera integral o simultánea el comportamiento reprimido por la ley –coautoría propia– o mediante una división de trabajo con un control compartido del hecho o con su codominio, de manera que cada coautor al brindar un aporte objetivo a la ejecución del delito realiza la voluntad colectiva(76)

Según el carácter de la acción, se trata de un tipo penal de conducta alternativa y progresiva, pues contempla diversas formas de ejecución del delito; tal como se indicó en líneas precedentes.

Se trata de un delito de carácter autónomo y conducta permanente, cuya consumación se predica de la simple pertenencia a la organización y existe mientras perdure el pacto, de suerte que:

La pertenencia a la organización define la tipicidad de la conducta. Basta probar que la persona pertenece o perteneció a la agrupación criminal para que la acción delictiva pueda serle imputada, sin que importe, para estos concretos fines, si su incorporación se realizó a partir de la creación de la sociedad criminal, o desde un momento posterior, ni el rol que haya desempeñado o podido desempeñar en el cumplimiento de sus designios criminales(77).

En cuanto a la lesión del bien jurídico, acorde con lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 340 del Código Penal, ha sostenido la Sala que:

Quien arma, financia, organiza o promueve grupos al margen de la ley, se ha concertado de manera previa para la ulterior concreción de dichos propósitos.

Lo anterior permite afirmar que conforme a la modalidad escalonada de embate al bien jurídico (mediante la puesta en peligro o la lesión efectiva), la ejecución contiene el juicio de reproche inherente a los pasos secuenciales que le dan origen y sentido al comportamiento.(78)

3.1.2 Constatación de la concurrencia de los elementos del tipo objetivo.

La Fiscalía enrostró a J... A... P... R... el cargo de concierto para delinquir agravado, por la promoción del Bloque Centauros de las Autodefensas en el departamento del Guaviare, con la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el artículo 58-9 íbidem, al considerar que el procesado se concertó con miembros de ese bloque, recibiendo su apoyo ilegal en la campaña que adelantó para las elecciones realizadas en octubre de 2003. Pues por orden de “A. Don Mario” recibió aporte económico para el desarrollo de su campaña y, con la anuencia de M... A..., las unidades urbanas del Bloque Centauros le prestaron seguridad al aforado para desarrollar la actividad proselitista y promocionaron su nombre ante el electorado.

En contraprestación a ese apoyo, J... A... P... R... se comprometió a electrificar la zona del Trincho, donde el Bloque Centauros desarrollaría un proyecto productivo de palma africana, además, se obligó a informar de los contratos celebrados por la gobernación para que las Autodefensas cobraran un porcentaje a los contratistas.

Así, con el apoyo otorgado por el Bloque Centauros de las Autodefensas, J... A... P... R... fue electo Gobernado del Guaviare para el periodo 2004-2007 y, a cambio de ese apoyo, aprovechando la posición distinguida, derivada de su dirigencia política cumplió los acuerdos pactados con ese grupo ilegal, pues realizó labores tendientes a cumplir con el proyecto de electrificación.

Con miras a determinar la materialidad de la conducta endilgada y la responsabilidad del acusado, la Corte en primer lugar se referirá a la presencia de grupos paramilitares en la zona del Guaviare y su injerencia en la zona, para luego esclarecer si existió un convenio entre esa organización y el acusado.

3.1.2.1 De la incursión y permanencia de los grupos paramilitares en el departamento del Guaviare.

De acuerdo con lo indicado por M... de J... P... “A. Pirata”, M... de J... R... P... “A. Julián” y D... R... H... “A. Don Mario” y lo documentado en el informe denominado “Génesis y georreferenciación de las ACCU”(79), en la década de los 80´s las Autodefensas de Vistahermosa, comandadas por H... de J... P... y M... de J... P..., incursionaron en los Llanos Orientales.

Da cuenta el documento que para el año 1997 ya hacían presencia 4 grupos de Autodefensas Campesinas: El Dorado comandadas por E… R… y E… L…, San Martín al mando de M... de J... P... “A. Omar”, “Don Jorge” o “Pirata”, Carranceros o de Puerto López lideradas por J... B... L... “A. Guillermo Torres” y Buitragueños o del Casanarelideradas por H... J... B... “A. Tripas”.

Señala que a partir de la incursión del grupo Los Urabeños en la zona se presentó un proceso de absorción de las Autodefensas Campesinas hasta 1997 cuando se establecieron en San Martín y, en 1998 cuando J... E... P... C... “A. Eduardo 400” comandaba militarmente la estructura surgió el Bloque Centauros, designando como segundo comandante militar a M... de J... P... “A. Pirata”. Entre 1999 y 2000 se consolidaron los frentes Meta, Guaviare y Paratebueno –denominados posteriormente P... P... G...–.

Indica que por orden de los hermanos C… G…, en el primer trimestre del año 2002, J… M... A... R… “A. Arcángel” asumió la comandancia militar del Bloque seguido por M... de J... P... “A. Pirata”, la parte financiera y administrativa correspondió a D... R... H... “A. Don Mario”, y el ala política era liderada por T... P... C... “A. El Profe”.

Informa que de 1998 hasta 2004, el Bloque Centauros dividió su estructura militar en siete frentes, así: i) Héroes de San Fernando, ii) P... P... G..., iii) Guaviare, el cual delinquía en el municipio de San José de Guaviare y Mapiripán - Meta, al mando de P… O… C… “A. Cuchillo”, iv) Meta, v) H… T…, vi) Ariari, vii) Capital y vii) Sumapaz. También contó con estructuras especiales o urbanas “estableci[das] en Villavicencio como un comando dedicado a los homicidios selectivos, liderado en principio por J... E... O... R... (a) “Carracas” y posteriormente por M... R... J... (a) “Wilson”“(80).

Precisa que con la muerte de M... A..., el 19 de septiembre de 2004 se dio la ruptura de la estructura del Bloque Centauros, emergiendo dos nuevos bloques:

i) Héroes del Llano y del Guaviare: se organizó bajo el mando de M... de J... P... “A. Don Jorge o Pirata” y de P... O... C... “A. Cuchillo”, ubicándose en Mapiripán, Granada, Fuente de Oro, Puerto Lleras, Acacías, Cubarral, Guamal, San Juan de Arama, Lejanías, Mesetas, Vista Hermosa, El Dorado y El Castillo, todos municipios del Meta y San José del Guaviare.

ii) Remanente del Centauros: liderado por D… A… Ú… “A. Mauricio y Otoniel”, operaron en los municipios de Restrepo y Barranca de Upía del Meta, en Cundinamarca en Paratebueno y Medina y en San Luis de Gaceno - Boyacá.

Esta documentación histórica contenida en la de Georreferenciación, es confirmada con el informe de investigador de campo de 8 de febrero de 2010, contentivo de la orden de batalla de grupos de Autodefensas que operaban en el año 2000 y 2001 en los departamentos de Casanare, Guaviare, Meta y Cundinamarca(81).

De otra parte, la Fiscalía 5 UNJYP(82) certificó que el remanente del Bloque Centauros se desmovilizó en la finca El Corinto corregimiento de Tilodirán, municipio de Yopal - Casanare el 3 de septiembre de 2005, mientras que los Bloques Héroes de los Llanos y del Guaviare se desmovilizaron el 11 de abril de 2006 en el corregimiento de Casibare, municipio de Puerto Lleras- Meta, siendo Comandante de este último E... C... H... “A. Richard”.

3.1.2.2 De la estructura del Frente Guaviare adscrito al Bloque Centauros.

Conforme se indicó en informe de investigador de campo –FPJ11– de 27 de noviembre de 2009(83), el frente se organizó así:

P… O… G… C… “A. Cuchillo”

Primer cabecilla

Segundos cabecillas:

E... C... H... “A. Richard, Jhony o Carlos”

J… A… L… A… “A. Lucas”: máximo cabecilla de las finanzas del frente.

G… G… C…

J… G… G… C…

H… G… C…

Da cuenta el informe que el grupo contaba con 1.600 hombres estables y permanentes, recibiendo apoyo de otros Frentes que operaban en diferentes zonas del país para para cometer acciones terroristas y hacer presencia en perímetros urbanos para ejercer control.

Resaltaron los investigadores que el modus operandi del grupo se caracterizaba por:

• Instalación de retenes y retención ilegal de vehículos donde la presencia de la fuerza pública es escaza.

• Homicidios colectivos (llamados masacres por ajusticiamiento).

• Distribución de volantes alusivos a su organización

• Acción psicológica mediante la elaboración de grafitis en los diferentes municipios.

• Cuotas obligadas a comerciantes, ganaderos y transportadores de víveres y combustibles, principalmente los que se dirigen a las zonas de distensión.

• Reclutamiento de personal (principalmente reservistas).

• Seguimiento a personas que residen en la zona de despeje.

• Pagos de altas sumas de dinero que se ofrecen como recompensas por cabecillas subversivos.(84)

Dio cuenta también el informe del abundante material de intendencia con el cual contaba el grupo, conformado por uniformes de uso privativo de la fuerza pública, morrales de campaña, un complejo sistema de transporte fluvial y terrestre.

Aunado a lo anterior, debe señalarse que ninguno de los sujetos procesales planteó alguna controversia en lo relativo a la existencia de las Autodefensas Unidas de Colombia y su presencia en el Guaviare, así como de sus fines delictivos y modus operandi, incluso esta Sala en oportunidad precedente se refirió a la existencia de esta organización y su influencia en este departamento en CSJ SP 19 ene. 2011, Rad. 33.260.

3.2 De la relación entre J... A... P... R... y el Bloque Centauros.

Como quiera que se estableció la presencia del Bloque Centauros en el Guaviare para los años 2004 a 2006, corresponde a la Sala determinar si J... A... P... R... en su condición de político y aspirante a la Gobernación de ese departamento se concertó con esa organización en aras de consolidar su candidatura y una vez posesionado como primer mandatario departamental puso a disposición la función pública para cumplir los pactos antes celebrados y con ello fomentar y promover los intereses de la organización paramilitar.

Sobre el vínculo existente entre el entonces candidato J… A… P… con el Bloque Centauros, D... R... H... y M... de J... P... se pronunciaron al interior del proceso de Justicia y Paz, del cual participaron y, que dio lugar al inicio de la presente radicación.

De una parte, el entonces postulado D... R... H... “A. Don Mario”, señaló el 2 de marzo de 2010 en versión libre rendida ante la Fiscalía 5º de la UNJYP(85), que la organización paramilitar estaba tradicionalmente relacionada con la clase política del Guaviare, en especial con el Gobernador N… E…, quien al ser suspendido dejó encargado a J... A... P... R..., con quien se mantuvo la alianza.

Explicó que como J... A... heredó la maquinaria política de N... E..., el Bloque lo apoyó en la campaña que lo llevó a ser gobernador del departamento del Guaviare y, por intermedio de la parte administrativa y militar de la organización se requirió a los líderes comunales para que votaran por ese candidato.

A cambio de ese apoyo, P... R... permitió que las autodefensas, por intermedio de una ONG, continuaran obteniendo provecho del 5% de los contratos celebrados por la administración departamental. Además, destacó el ex paramilitar que en reunión sostenida con el procesado, éste se comprometió a electrificar la zona del Melón hasta orillas del río Guaviare, donde el Bloque tenía previsto desarrollar un proyecto de cultivo de palma africana.

Resaltó la buena amistad forjada con P... R..., al punto que al salir de la zona, éste fue a visitarlo a Necoclí-Antioquia.

De otra parte, en declaración rendida el 25 de julio de 2011 dentro de la presente actuación, D... R... H... “A. Don Mario”(86) precisó que ingresó el 15 de febrero de 2002 a las Autodefensas y se desempeñó como administrativo y financiero del Bloque Centauros hasta el 16 de junio de 2004, cuando se retiró hacia el Urabá a la espera de la desmovilización con el Bloque Elmer Cárdenas.

Indicó que como administrativo y financiero del Bloque se encargaba de recoger las finanzas para realizar los pagos correspondientes a salud, bonificaciones, alimentación y gastos de intendencia, explicando que el dinero se recaudaba: cobrando impuesto a los cocaleros, a los ganaderos el 2% de las cabezas de ganado, a los agricultores $20.000 por hectárea cultivada, $2.000 por bulto de cemento que se moviera por las carreteras, $5.000 por caja de cerveza transportada, y a los contratistas de obras públicas el 5% del valor contratado.

Manifestó que mientras desempeñó esa función, la mayor parte del tiempo permaneció en la vereda La Meseta del municipio del Dorado - Meta.

Sobre la relación sostenida con J... A... P... R... precisó que la primera reunión se llevó a cabo en el último semestre del año 2003, en el sitio denominado El Trincho, desplazándose con posterioridad a El Melón, donde la organización tenía previsto desarrollar un proyecto de palma africana, por lo que le solicitó su apoyo para electrificar la zona y, una vez inspeccionado el lugar, P... R... manifestó su compromiso de llevar energía hasta la orilla del río, explicando que el otro lado pertenecía al departamento del Meta. Señaló a E… C… “A. Richard” como testigo del encuentro, pues le estaba prestando seguridad ese día, igualmente, asistieron P… O… G… “A. Cuchillo” y una mujer acompañante de P... R...

De igual forma, se refirió al compromiso asumido por P... R... de continuar informando a la organización sobre la contratación suscrita por el departamento, con miras a favorecer las arcas del Bloque.

También reiteró el apoyo brindado por el Bloque a J... A... P… consistente, de una parte, en promover su nombre en las áreas de influencia, lo cual contó con el beneplácito de A… y, de otra, se le brindó seguridad por medio de Ó... H... G... “A. Bryan”, “A. Carranza”, “Sangre de yuca”, “Chulo” y “Cabo Murillo”.

Aunado a ello, reveló el aporte monetario de $200.000.000 efectuado a la campaña, explicando que para ello “di la orden al comandante (sic) administrativo de frente que cuando tuviera la plata diera los doscientos millones, días después fui a mirar esos informes de que le entregaron los doscientos millones”(87).

Sobre la buena amistad que los unía, el ex comandante no sólo se refirió a las visitas que P... R... le hizo en Necoclí - Antioquia, sino del regalo que él le dio al procesado, consistente en un caballo “moro peseteado” al que el receptor llamó Benjamín, y lo utilizó para cabalgar en San José del Guaviare.

En una tercera salida procesal, el 7 de abril de 2015, en desarrollo de la audiencia de juicio, D... R... H... reiteró la forma como conoció a J... A... P... R..., explicando que ello tuvo lugar cuando éste fue designado para reemplazar a N... E..., quien fue inhabilitado y, dada la cercanía de N... E... con la casa Castaño y en especial con V… C…, su sucesor continuó recibiendo el apoyo de la organización.

Sobre el primer encuentro sostenido con P... R... en El Melón, se mantuvo en señalar que tuvo lugar por la necesidad de contar con su apoyo para electrificar la zona donde se adelantaría el proyecto de cultivo de palma, sin embargo, el dirigente político sólo asumió el compromiso hasta la orilla del río Guaviare, por ser esa su jurisdicción.

Igualmente, D… R… reafirmó el compromiso adquirido por J... A..., de informar sobre los contratos suscritos por la administración, y de la mediación de la ONG liderada por el ingeniero C… para obtener dividendos de la contratación del departamento.

Frente a las obligaciones adquiridas por la organización paramilitar, aclaró R… H… que aunque no toda la comunidad del Guaviare era simpatizante de los paramilitares, pues había territorio de influencia guerrillera, en las zonas donde ejercían dominio, mantenían un verdadero control, por lo que si un candidato deseaba adelantar campaña en ese territorio debía acudir al comandante del Frente para obtener el aval y, con ello, la organización orientaba a los pobladores para votar por ese candidato, como ocurrió en el caso de P... R...

Sobre el apoyo económico dado a P... R..., el declarante detalló que conoció de una reunión celebrada entre el acusado y A…, quien se comprometió a apoyarlo en la campaña con $500.000.000, correspondientes a $200.000.000 de la caja del Frente Meta liderado por “A. Chente” y $300.000.000 de los recursos del Frente Guaviare, administrados por “A. Lucas”. Explicó que como comandante financiero conoció del cumplimiento de ese compromiso por los informes rendidos por los frentes.

Insistió el excomandante, en los lazos de amistad forjados con el acusado, por lo cual reiteró haberle regalado un caballo “moro peseteado”, a quien el gobernador nombró Benjamín, nombre con el que el ex paramilitar se identificó inicialmente en la zona del Guaviare.

Además, precisó que las reuniones llevadas a cabo en Necoclí, tuvieron lugar en la vereda Lechugal.

A partir del análisis conjunto de cada uno de las declaraciones rendidas por D... R... H..., encuentra la Sala que por su coherencia, detalles suministrados y la invariabilidad en los aspectos sustanciales del relato, resultan creíbles los señalamientos por él efectuados, en tanto demuestran la ocurrencia de los hechos, la materialidad de la conducta endilgada al procesado y su culpabilidad.

Contrario a lo estimado por la defensa y la Representante del Ministerio Público, advierte la Corte que R… H… es un testigo directo, partícipe de la comisión de los punibles, por lo tanto, tiene conocimiento inmediato de todos sus detalles, además, es claro, coherente, lógico, describe minuciosamente las circunstancias de modo tiempo y lugar que rodearon la concertación celebrada con el acusado y, su relato exhibe uniformidad en todas sus partes esenciales, señala nombres y ocupaciones de los miembros de la organización criminal, las funciones desempeñadas por cada uno de ellos, las particularidades del desarrollo de las reuniones, los temas tratados y los compromisos asumidos por cada uno de los extremos de la concertación.

Aunado a ello, el relato de R… H… fue corroborado por otros medios de convicción, en cuanto a los aspectos relevantes de la comisión de la conducta delictiva, los cuáles se valoran a continuación:

3.2.1 De la reunión celebrada en El Trincho entre el entonces candidato J... A... P... R... y A. Don Mario: 

Afirmó R... H... “A. Don Mario” que desde el periodo de gobierno de N... E... C… se forjó una alianza con los grupos paramilitares, en virtud de la cual se promovió la permanencia de la organización en la zona. En ese contexto “A. Don Mario” señaló haber conocido a J... A... P... R...

1. En aras de confirmar tal acusación, resulta pertinente hacer alusión a la sentencia CSJ SP 19, ene. 2011, Rad. 33260 proferida en contra de Ó... de J... L... C..., Gobernador del departamento del Guaviare para el periodo 2008-2011, donde se estableció la connivencia del Bloque Centauros con la clase política del Guaviare, desde el año 2000 indicado en el acápite de hechos probados:

Para mediados del año 2000, el comandante de las AUC V… C… incursionó en la región de los Llanos Orientales con el propósito de resolver algunos conflictos que se generaron a raíz de las actividades de los grupos de autodefensas de esa zona del país, entre otros, la delimitación de zonas para el accionar de los diversos frentes, motivo por el cual lo hizo en compañía de varios comandantes paramilitares tales como E... P... C..., alias ‘400’; J… I… R…, alias ‘Monoleche’, É… V… alias ‘HH’, E... P... R..., alias ‘Guevoepisca’ o ‘Alfonso’, y otros importantes líderes de esa agrupación armada ilegal, quienes se hospedaron en el municipio de Paratebueno en la finca denominada “Vendaval” de propiedad de N... E..., a donde acudieron líderes de la región, entre otros, Ó... de J... L... C..., primo del anfitrión principal y quien igualmente poseía una finca allí mismo denominada “San Lorenzo”.

3. Posteriormente, en el año 2001, en los departamentos del Guaviare, Meta, Casanare y Cundinamarca, ya hacían presencia entonces las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con los bloques “Centauros”, “Héroes del Llano” y “Héroes del Guaviare”, este último comandado por P... O... G... C..., alias ‘Cuchillo’ o ‘Didier’, que dependían de V... C..., uno de los máximos líderes de las Autodefensas (…)

Estas circunstancias confirman lo señalado por “A. Don Mario”, y valida aspectos probados en esta actuación, así:

i) N... de J... E... C... fue elegido Gobernador del Guaviare para el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2003(88); periodo en el que “A. Don Mario” se desempeñó como comandante financiero del Bloque Centauros.(89)

ii) En declaración rendida en la presente actuación, N... de J... E... C... aceptó ser primo de Ó... de J... L... C... y propietario de la finca denominada El Vendaval, por lo que para la Sala no cabe duda que se trata de la misma persona que albergó en su propiedad a los comandantes paramilitares y a líderes de la región, según se indicó en la aludida sentencia y lo reseñó “A. Don Mario”.

iii) M... de J... P... en declaración rendida el 20 de junio de 2011 destacó su asistencia en compañía de “Mauricio” a la finca de N... E...(90), confirmando aún más los vínculos entre la clase política del Guaviare y el Bloque Centauros, tal como lo informó “A. Don Mario”.

En ese sentido y, sin entrar a realizar una valoración sobre el comportamiento o la responsabilidad penal de N... de J...(91), para la Sala resulta plausible la conclusión a la cual arribó D... R... H..., al identificarlo como persona cercana a la organización paramilitar, pues en su propiedad se celebró una importante reunión para estructurar el actuar del Bloque Centauros.

iv) Teniendo en cuenta que D... R... H... manifestó haber conocido a J... A... P... R... por ser el sucesor y heredero de la maquinaria política del gobernador E..., debe indicarse que tanto el acusado(92) como E... C...(93) informaron de su militancia en el Partido Conservador y, de la participación de éste último en el gabinete del entonces gobernador N..., donde se desempeñó como Secretario Privado por aproximadamente dos años, hasta cuando se retiró para promover su campaña a la Gobernación para el periodo 2004-2007, por el mismo partido.

De suerte que, para la Sala no resulta desatinado que R... H... considerara a P... R... como sucesor natural de E... C..., no sólo por su militancia en el mismo partido político, sino por las funciones que como Secretario Privado desempeñó en su gobierno, seguido de su aspiración para ocupar el cargo de Gobernador, lo cual se materializó al ser electo como primer mandatario departamental desde el 1º de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2007(94), es decir, inmediatamente después del gobierno de E... C...

Ahora, pese a que “A. Don Mario” indicó haber entablado relaciones con P... R... cuando éste reemplazó a N... E..., al ser inhabilitado, esto es en mayo de 2003, cuando el acusado ya no hacía parte del gobierno departamental(95), para la Sala tal inconsistencia no demerita el dicho del ex paramilitar R... H..., pues lo cierto es que la situación de la suspensión en contra de N... de J... efectivamente se presentó por un periodo de 3 meses, como consecuencia de la decisión adoptada el 6 de mayo de 2003 por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal y, mediante Decreto 1524 de 6 de junio de 2003, emanado del Ministerio del Interior y de Justicia fue encargado para reemplazarlo J... F... G... U...(96).

Así las cosas, establecido que P... R... sí asumió la gobernación del Guaviare en el periodo constitucional inmediatamente después al de N... E... C..., que los dos militaban en el mismo partido político y que el acusado integró el gabinete departamental en el periodo de aquél; para la Sala tales circunstancias permiten confirmar el dicho del excomandante R... H..., lo que confluye para otorgarle credibilidad.

2. Ahora bien, sobre el primer encuentro sostenido por R... H... con P... R..., el primero señaló que se efectuó en El Trincho, con la presencia de “A. Cuchillo”, una mujer acompañante del acusado y E... C... H... “A Richard”, quien le prestó seguridad. Fijó la ocurrencia del encuentro en el segundo semestre de 2003, advirtiendo como tema de discusión la colaboración que el acusado brindaría a la organización en la electrificación de la zona donde llevarían a cabo un proyecto productivo de palma africana, razón por la cual se trasladaron hasta El Melón.

Frente a este encuentro en particular, contrario a lo reclamado por la defensa y la representante del Ministerio Público, para la Sala se encuentra demostrada su ocurrencia, con base en lo dicho por “A. Don Mario”, dada las siguientes razones:

i) R... H... fijó el primer encuentro en el segundo semestre de 2003, cuando P... R... adelantaba su candidatura a la gobernación del Guaviare y, efectivamente, según consta en el consolidado departamental de las elecciones para gobernador, los comicios en los que participó P... R... como aspirante a la gobernación, se llevaron a cabo el día 26 de octubre de 2003(97), esto es, que tal como lo señaló “A. Don Mario”, el encuentro se gestó con el interés de pactar un acuerdo recíproco, para impulsar la campaña del entonces candidato.

ii) Precisó el ex comandante R... H... que la reunión se celebró en El Trincho con posterior traslado a la zona del Melón. Aspecto de especial importancia si se tiene en cuenta que según lo señalaron uniformemente todos los ex miembros de la organización paramilitar, ésta era área de innegable influencia del Bloque Centauros, incluso, M... de J... R... P... “A. Julián”, escolta de A…, identificó ese sitio como aquél donde M... A... y “A. Don Mario” acostumbraban a citar a los políticos y líderes de los Llanos Orientales(98), circunstancia que concurre para darle credibilidad al dicho del ex comandante financiero del Bloque Centauros.

iii) Aun cuando El Trincho no pertenece al departamento del Guaviare, explicó el contratista C... H... B... A..., que conocía El Trincho porque realizó “obras en el municipio de Puerto Concordia, por ser pegado a San José del Guaviare (…,…) y el Melón sé que queda en esa región”(99).

De suerte que, contrario a lo indicado por P... R..., no se trataba de una zona distante, en la cual tuviese dificultad para asistir o desplazarse desde la cabecera municipal de San José del Guaviare.

iv) Indicó “A. Don Mario”, que el motivo de la reunión fue el de forjar la alianza entre la organización que comandaba con P... R..., quien daría continuidad a los pactos suscritos con N... E..., dentro de los cuales estaba el de electrificar la zona del Melón, donde el Bloque Centauros desarrollaría un proyecto productivo de cultivo de palma.

Confirmando la existencia de ese proyecto, concurre la declaración de M... de J... R... P... “A. Julián” quien explicó que efectivamente se trataba de un cultivo de palma africana que el Bloque Centauros programaba ponerlo a disposición de los ex combatientes una vez se desmovilizaran. En el mismo sentido, M... de J... P... resaltó que en el año 2003 acudió con “A. Don Mario” al sector del Trincho donde se proyectaba la construcción de un plan en beneficio de la comunidad(100).

Esto es, que el tema que concitó la atención de la aludida reunión sí existió y representaba un aspecto de vital desarrollo para la comandancia paramilitar, en tanto el Bloque Centauros se encontraba ad portas de la desmovilización y acorde con las políticas de reintegración, tales proyectos productivos se constituían en una prioridad(101), de suerte que si el interés de “A. Don Mario” como comandante financiero era forjar un programa que le representara beneficios económicos en marco de la Ley de Justicia y Paz, para la Sala resulta evidente que éste contactara a líderes políticos como el acusado, concertara ayudas recíprocas, impulsándolo políticamente y con ello garantizaba el efectivo desarrollo de su plan.

Ahora, aun cuando la representante del Ministerio Público, la defensa y el mismo J... A... P... R... en su indagatoria, llamaron la atención sobre la inexistencia de obras de electrificación en El Trincho, corresponde a la Sala indicar que el acusado sí cumplió con el pacto celebrado con el Bloque Centauros, pues en el informe de gestión y obras relevantes presentado por ENERGUAVIARE S.A.-E.S.P. y, que fuera allegado al proceso por el acusado en la indagatoria, se aprecia en el acápite denominado expansión rural de energía, el desarrollo de estudios de viabilidad técnica de interconexión para:

Estudios topográficos proyecto de interconexión eléctrica San José del Guaviare – el Capricho.

Estudios topográficos proyecto de interconexión eléctrica San José del Guaviare- Mapiripán Meta, por la vía agua bonita, trocha ganadera, Puerto Nare. Año 2004.

Estudios topográficos veredas Aguabonita, La Leona, Laguna negra, para expansión del servicio eléctrico rural. (subrayas fuera de texto)(102)

Es decir, a pesar de no llevarse a cabo el proceso de electrificación en El Trincho, por cuanto la zona pertenecía al departamento del Meta, como lo indicó el acusado, lo cierto es que una vez P... R... tomó posesión del cargo el 1º de enero de 2004(103), dispuso ese mismo año el desarrollo de estudios de viabilidad para realizar obras de interconexión eléctrica en el límite del Guaviare con el departamento del Meta; actividad que a juicio de la Corte coincide con el compromiso que indicó “A. Don Mario” había asumido el entonces candidato en esa primera reunión.

Pertinente resulta indicar que el referido proyecto de interconexión eléctrica coincide con el territorio donde se desarrollaría el proyecto productivo de palma africana, pues según indicó “A. Don Mario”, El Trincho es un corregimiento del Meta, cerca de Puerto Concordia(104), municipio, que según lo resaltó el ingeniero C... H... B... A..., queda “pegado a San José del Guaviare”(105), así mismo lo refirió O... H... G... G..., precisando que “el Trincho, (…) queda ubicado en límites del Guaviare y el Meta”(106) y señaló E... C... H... que el Frente operaba en límites del Meta y Guaviare, esto es, en la Jungla, la Cooperativa, Mapiripán, el Anzuelo, el Siare, Concordia, Puerto Melón y Pueblo Seco, en el primer departamento, mientras que en Guaviare lo hacían en toda la jurisdicción de la Trocha Ganadera, Macu, el Resbalón, Morropelao, Puerto Llama, Pueblo Arrecho, entre otros(107). Es decir, que el estudio topográfico de interconexión eléctrica adelantado por ENERGUAVIARE se desarrolló en el área de operaciones del Frente comandado por “A. Don Mario”

Debe decirse que aun cuando la representante del Ministerio Público le restó credibilidad al dicho de “A. Don Mario” aduciendo que E... C... H... “A. Richard” negó haber asistido a la mentada reunión, tal como lo había expresado el primero, encuentra la Sala un panorama diferente, pues C... H... en declaración rendida el 29 de agosto de 2011 expuso “la seguridad que yo presté a Don Mario fue cuando se estuvo haciendo el proyecto de palma (…, …) eso fue como en marzo o abril del año 2004 y Don Mario se va como en junio o julio del mismo año”(108) y, en declaración rendida en juicio precisó que el aludido proyecto de palma se organizó en Caño Melón, finca El Secreto, a principios del año 2004, donde se sembraron entre 90 a 100 hectáreas de palma(109). Área que de acuerdo con lo expresado por C... H... B... A... queda ubicado en la misma región del Trincho(110)

Esto es que, “A. Richard” aceptó haberle prestado seguridad a R... H... en marco del proyecto de cultivo de palma, tema que precisamente fue objeto de la reunión celebrada entre el comandante financiero del Bloque y el entonces candidato P... R..., de suerte que con este testimonio, para la Sala resulta probada la existencia de un proyecto productivo de palma desarrollado en la zona limítrofe de los departamentos de Meta y Guaviare, la presencia de “A. Richard” en la zona donde se desarrolló y en especial el acompañamiento que le prestaba a “A. Don Mario” en marco del proyecto productivo, circunstancias que concurren para soportar los señalamientos realizados por este último.

3.2.2 De la seguridad prestada por el Bloque Centauros a la campaña de P... R... y el adoctrinamiento a la población. 

Afirmó R... H... que en desarrolló del concierto pactado entre el Bloque Centauros y P... R..., el entonces candidato recibió seguridad para el desarrollo de su campaña, prestando ese servicio Ó... H... G..., “A. Carranza”, “A. Sangre de yuca”, “A. Chulo” y “A. Cabo Murillo”; además, con miras a garantizar el triunfo del acusado en las elecciones, la ciudadanía fue conminada para votar en su favor.

Como soporte de ello, concurren a la actuación los siguientes aspectos que para la Sala son confirmatorios del acuerdo ilegal:

i) Ó... H... G... G… “A. Bryan”, rindió declaración el 29 de agosto de 2011(111) indicando que el 5 de febrero de 2001 ingresó al Bloque Héroes de Guaviare, al mando de “A. Cuchillo”, como patrullero cerca de un año y medio, luego se desempeñó como escolta de “A. Fuego Verde” –tercer mando militar– por 8 meses y finalmente ascendió a segundo comandante urbano hasta el 29 de abril de 2005, cuando lo capturaron.

Al ser indagado sobre la relación existente entre políticos del Guaviare y las Autodefensas manifestó desconocer esa alianza, afirmando no haber asistido preparado a la diligencia para contestar sobre ese aspecto.

Identificó a J... A... P... R... como Gobernador del Guaviare, precisando no haberlo escuchado dentro de la organización y negó recordar una orden emanada por “A. Don Mario” para prestarle seguridad al dirigente político, más cuando sólo tuvo contacto con ese comandante una sola vez para solucionar un asunto referente a un fusil.

Explicó, “nosotros nos dedicábamos a la parte militar, ya las reuniones con políticos, alcaldes o con lo que fuera sí se manejaba, lo hacían directamente ellos, de pronto lo hacían los grandes jefes, pero yo nunca vi una reunión con políticos”(112) indicando que en todo caso, mientras estuvo al mando en la Libertad - Guaviare, esto es, desde agosto de 2003 hasta el 15 de febrero de 2005 se realizaba proselitismo político sin ninguna restricción y nunca “me dijeron escolte a alguna persona o algo así parecido, ni tuve ninguna orden para interferir en alguna campaña”(113)

El 10 de enero de 2013(114) Ó... H... G... señaló haberse desempeñado como segundo comandante de las urbanas de la Libertad, bajo el mando de “A. Carranza”, reiterando no haber recibido orden de prestarle seguridad a ningún funcionario público o miembro de la fuerza pública. Sin embargo, el 7 de mayo de 2013(115) en una nueva declaración, Ó... H... G... se retractó e informó que J... A... P... R... hizo campaña en la Libertad, contando con la colaboración del Bloque, pues por orden de “A. Cuchillo”, a finales de 2003 o principios de 2004 fue recibido en la Momposina y se le prestó seguridad hasta la Libertad mientras habló con la comunidad, y nuevamente lo escoltaron de retorno a la Momposina. Además, señaló haber adoctrinado a la comunidad para votar por J... A...

Explicó que la variación en su versión obedeció al temor generado por posibles retaliaciones en su contra o de su familia, pues:

[E]n los sitios en los cuales he estado recluido siempre llegan presiones de la gente que está en la calle todavía delinquiendo y, aun razones que ellos mandan por intermediarios, intimidando a los que estamos versionando (…, …) En este proceso lo que ha ocurrido es que enviaron un señor el cual tuvo la oportunidad de hablar con J... A... Q... G... el cual habló con él y le preguntó que cuántos muchachos habíamos estado en la Libertad el día que bajó J... P..., el cual el señor que no sé su nombre, le dijo a J... A... que qué necesitábamos, yo no sé qué habló concretamente. Yo recibí una llamada en una sim card que yo tenía, no sé quién la haría, lo cierto es que me dijeron que siguiera sapiando que me estaban esperando para lamberme la carraca. Entonces todas esas cosas eran las que en un momento me detuvieron para decir lo que estoy diciendo en este momento.(116)

A partir de esta explicación, en declaración rendida en juicio sostuvo que “A. Carranza” les ordenó a los urbanos “concientizar” a la comunidad de la Libertad para votar por P... R... y brindarle seguridad a la caravana que hizo presencia en el lugar, por lo que con 4 personas más se dirigió a la Momposina recibió a los carros en los que según le informaron, se encontraba J... A... P... R..., lo acompañaron a la Libertad donde el candidato realizó un discurso y lo escoltaron de regreso a la Momposina.

Evidenciada la variación en las declaraciones de este testigo, la defensa y la representante del Ministerio Público alegaron serias inconsistencias que impiden otorgarle credibilidad, no obstante, advierte la Sala que las retractaciones de un postulado a la ley de justicia y paz deben ser examinadas con detalle, pues no puede desconocerse la gravedad de los hechos investigados y la pugna de intereses existentes en procesos de esta naturaleza, pues como lo ha entendido esta corporación:

[T]iene total sentido que en atención a la gran cantidad de información relacionada con incesante y permanente criminalidad, cuando las agencias del Estado integrantes del sistema penal que tienen la obligación de llevar a cabo actividades de investigación conforme a la dialéctica impuesta por las pautas procesales, incluyendo la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el marco de su competencia privativa y concentrada de investigación y juzgamiento de aforados constitucionales, de manera inicial, los testigos miembros de grupos armados ilegales se muestren inseguros o dubitativos en relación con circunstancias particulares y, con posterioridad, tras interiorizar, recordar e incluso documentar situaciones de interés para la justicia, resulten ser más precisos y detallados. Esta es la pauta general, porque puede ocurrir, tal como se verificó en el evento que ahora ocupa la atención de la Corte, que en salidas procesales posteriores los testigos se retracten de afirmaciones, negaciones o señalamientos iniciales. Por ello, es preciso indicar, de entrada, que la escueta retractación de un declarante de cargo no conduce, irreflexiva y automáticamente, a descartar o desvirtuar sus aseveraciones inaugurales, en la medida en que la credibilidad del testimonio no se encuentra limitada a la información suministrada en la última salida procesal. En este escenario, la necesidad de estimación conjunta de las condiciones del testigo, de su coherencia narrativa –valor intrínseco– y de la correspondencia entre su dicho y los restantes elementos de convencimiento –valía extrínseca–, s e acentúa de manera evidente.(117)

Corolario de ello, a partir de un trabajo analítico de comparación entre las diferentes salidas procesales de G... G..., encuentra la Sala que:

a) El declarante afirmó haber guardado silencio en sus primeras declaraciones, dadas las amenazas que existían en su contra, admitiendo también haber contactado al acusado vía telefónica.

Explicó que estando en prisión un hombre le entregó el número de contacto de P... R..., por lo que se comunicó con él manifestándole que “Don Mario había echado por delante lo de la campaña de él y por qué motivo él subió a la Gobernación, le dije que me mandara un abogado para ver cómo íbamos a hacer con ese proceso y que tuviera conocimiento de que a mí me iban a llamar por ese proceso”(118). Justificó la llamada por cuanto “quise afirmarle al señor J... P... que no había sido yo el primero que lo había nombrado, por medio de un abogado porque una persona particular para entrar allá toca apuntarla en un visitor, mientras que un abogado lo único que se hace es pedir un permiso para que el abogado entre, con ese fin lo hice, porque al yo decirle lo que estaba pasando las cosas iban a ser diferentes para que él tomara alguna represalia contra mí o dijera que era yo el que lo había echado por delante”(119).

Para la Sala, esta revelación, analizada bajo las reglas de la sana crítica resulta creíble, en primer lugar porque al haber aceptado el contactar al acusado, G... G... se expuso a ser sancionado disciplinaria y penalmente, pues él mismo resaltó haber llamado de una sim card que tenía en su poder, circunstancia que a todas luces constituye una prohibición con implicaciones en la calificación de buena conducta, lo que incidiría en el reconocimiento de redenciones de pena y la obtención de beneficios administrativos y sobre todo podría tener repercusiones en el proceso de justicia y paz pues al exponerse a una investigación por un presunto hecho de extorsión, podría ser expulsado, con las nefastas consecuencias que ello acarrearía.

De otra parte, no puede desatenderse que la declaración dada el 7 de mayo de 2013 tuvo lugar por solicitud efectuada por el mismo declarante, tal como se dejó constancia en la diligencia, aspecto a resaltar si se tiene en cuenta que allí fue donde reconoció su falta administrativa y varió su versión, sin llegar a exceder sus acusaciones en contra de P... R..., pues si de lo que se trataba era de involucrarlo como un medio de retaliación o de presión, fácil le resultaba confirmar en todo el dicho de “A. Don Mario”, sin embargo, al ser indagado sobre las diferentes reuniones a las que ese comandante se refirió en sus declaraciones, de manera clara expresó que no le constaban.

Así las cosas, advierte la Sala que la declaración inicial de Ó... H... G... G… obedeció a una afectación psicológica, motivada por el temor que le generaba el ser víctima de retaliaciones en su contra o de su familia, pues la visita de un desconocido a su lugar de reclusión, claramente incide en la tranquilidad de un postulado, tal como lo confirmó J... A... Q... G..., quien también presenció esa visita inesperada.

Ahora, que el declarante haya decidido variar su dicho, para ahora confirmar las acusaciones esbozadas por “A. Don Mario”, advirtiendo que interiorizó su rol en la ley de Justicia y Paz y superó los temores que padecía con antelación, no genera ninguna clase de suspicacia, más cuando como se verá en líneas posteriores, su última declaración resulta razonada y soportada en otros medios probatorios.

b) Un análisis detallado de las versiones rendidas por G... G..., permiten a la Sala establecer que la primera de ellas era contraria a la realidad, pues al señalar en declaraciones del 29 de agosto de 2011 y 10 de enero de 2013 que para las campañas regionales del año 2003, el Bloque Centauros no tuvo relación con políticos del Guaviare y nunca se presionó a la comunidad para votar por un determinado candidato, claramente trataba de ocultar los vínculos del acusado con ese grupo paramilitar, pues personas como C... H... B... A..., ciudadano del común y contratista de la zona expresó que “se sabía a la luz pública que los candidatos o los gobernadores estaban amenazados por uno u otro grupo, se decía que x político o candidato no podía ir a x lado, porque entonces lo cogían, era vox populi”(120).

En igual forma lo hizo E... L... C..., candidato a la Alcaldía de Guaviare para las elecciones del año 2003, al señalar que en esa época hacían presencia grupos ilegales y en su contra particularmente se generaron algunas intimidaciones por parte de las autodefensas, pues lo citaron a una reunión, por lo cual tuvo que bajar la intensidad de la campaña y solicitar el acompañamiento de la SIJIN(121). Explicó que a todos los candidatos los obligaban a ir al Trincho “para plantear lo que se iba a hacer en el proceso electoral y el que no fuera se convertía en objetivo militar”(122).

Así también lo señaló R... N... M..., amiga y colaboradora de la campaña de P... R... en el año 2003, al precisar que no era posible realizar proselitismo de manera libre en el Guaviare, pues había zonas guerrilleras y otras paramilitares y “los candidatos se movían de acuerdo a las visitas que cuadraran los líderes”(123)

Por su parte, J... E... R... B..., también candidato para la Gobernación del Guaviare en las elecciones del año 2003 resaltó que aun cuando no tuvo inconvenientes con grupos armados al margen de la ley, esas elecciones se caracterizaron por las dificultades de orden público especialmente referidas al tema de los paramilitares.

En la misma línea se expresó el Teniente Coronel H... H... B... G..., entonces Comandante de la Policía de la jurisdicción del Guaviare desde finales del año 2003 a enero de 2005, al destacar la presencia en ese territorio de las Autodefensas, lideradas por “A. Cuchillo”, advirtiendo que para las elecciones de 2003 la situación de orden público era delicada por lo que dispuso de un personal para prestar seguridad en las concentraciones políticas desarrolladas en la parte urbana, pues en la zona rural contaban con el apoyo del Ejército.

Además J... A... Q... G... expresó que para nadie era un secreto la relación existente entre políticos del Guaviare y los paramilitares y, M... de J... R... P..., quien fungió como escolta de M... A... expuso que en la zona de injerencia del Bloque Centauros no se podía hacer campaña de manera libre “si uno se daba cuenta que X o Y candidato tenían vínculos con grupos guerrilleros o era muy conocido por manejos corruptos, a esas personas si no se les dejaba hacer proselitismo, pero en condiciones normales cualquier persona podía hacer campaña política en las zonas donde nosotros hacíamos presencia”(124).

De suerte que para la Sala es clara la injerencia que tuvo el Bloque Centauros, en las contiendas electorales del año 2003, por lo cual una versión contraria a esa realidad, como la inicialmente expuesta por G... G... resulta no creíble.

Sea del caso indicar que a diferencia de lo estimado por la representante del Ministerio Público, el análisis conjunto de las pruebas denota la injerencia directa que tuvo el Bloque Centauros, en el Guaviare, en los comicios del año 2003, pues incluso cuando “A. Richard” señaló haber recibido orden de “A. Cuchillo” de no interferir en el desarrollo de las contiendas electorales, lo cierto es que ello ocurrió para la elección de Alcalde en Puerto Concordia, situación particular que no puede replicarse en todo el área de influencia del Frente Guaviare o del Bloque Centauros, en tanto ese declarante explicó en juicio que “cuando hubieron unas elecciones de la Alcaldía y dentraron (sic) diferentes alcaldes de Puerto Concordia, gente que iba a hacer campaña y Cuchillo lo que dijo fue que gane el que el pueblo elija, nosotros no nos metamos en eso (…, …) eso fue por parte de la Alcaldía, yo de la Gobernación no tuve conocimiento”(125).

Admitir, como lo predica la Procuradora delegada, la nula intromisión del Bloque Centauros en las elecciones regionales del Guaviare en el año 2003, implica desconocer los señalamientos efectuados por integrantes del mismo Bloque e incluso población civil que se vio afectada por estos hechos. Además, como es de público conocimiento, el operar tradicional e histórico de los grupos armados al margen de la ley en Colombia permiten afirmar sin dubitación que estos grupos no sólo se limitaban al desarrollo de operaciones militares sino que su influencia aparejaba la intromisión en la vida política, económica y social de las regiones, en tanto que con ello perpetuaban su permanencia.

c) Como se indicó en precedencia, la versión dada por G... G... el 7 de mayo de 2013 –donde tuvo lugar la retractación- no es insular, pues J... A... Q... G... compañero del primero en las “urbanas” también destacó haber prestado seguridad a la campaña de P... R... en la Libertad - Guaviare.

Sobre este hecho, en declaración rendida el 10 de enero de 2013, Q... G... “A. Paisano”(126) precisó que el 3 de abril de 2003 inició labores en el Frente Guaviare bajo el comando de “A. Cuchillo”, donde se desempeñó como escolta de “A. Richard” por mes y medio, pasando a órdenes de “A. Camastron” como patrullero, luego fue enviado a la Libertad hasta enero de 2004 aproximadamente, con el Comandante “A. Carranza”, quien lideraba las urbanas de la Libertad junto a “A. Chulo”. Explicó que existían otras urbanas como la de Puerto Concordia encargada a “A. Richard”, San José donde hacia presencia “A Ramoncito”, El Retorno de “A, Paisa Chirrete”, en Calamar “A. El Flaco Alfonso” con “A. Sangre de yuca” y mencionó a otros Comandante urbanos como “A. Caracho”, y “A. Cabo Murillo”.

Explicó que mientras estuvo en la Libertad, “A. Carranza” lo envió con otros muchachos a prestar seguridad por unos puntos en la Momposina, en una casa donde vendían vinos y por los lados de la Libertad hacia El Retorno, esto es, alertando que no hiciera presencia la guerrilla, por lo que se desplazaban en moto por toda la carretera y, en esa oportunidad observó “a un señor haciendo, campaña para unas elecciones, no sé si iban dos o tres carros lo que yo entendía era que el señor era para un cargo que iba a subir o algo así”(127), aclarando que quienes participaron en la caravana llevaban una camisa de un solo color y que la reunión se efectuó con la comunidad en inmediaciones del polideportivo, explicó que nunca se reunió con el candidato y sólo conoció que se trataba de P... R... por información suministrada por “A. Sangre de yuca” y lo confirmó cuando “A. Don Mario” se refirió al político en versión libre llevada a cabo en la Fiscalía 30 de la UNJYP donde han coincidido.

Dicho que mantuvo incólume en lo esencial en sus siguientes salidas procesales, tanto el 7 de mayo de 2013(128) como en audiencia de juicio.

Pertinente sea indicar que aunque la ampliación de la declaración rendida el 7 de mayo de 2013 fue solicitada por él junto con G... G..., no se advierte que entre ellos haya existido un pacto tendiente a perjudicar al acusado, pues lo cierto es que desde su exposición inicial en versiones libres rendidas en justicia y paz narró el hecho relacionado con el acompañamiento a una caravana política. Además, en la ampliación de declaración, Q... G... se refirió a la misma caravana que escoltó, adicionando únicamente que mataron unas vacas para ofrecerles comida a los asistentes a la reunión política y reafirmó la presencia de G... G... “A. Bryan” en esa misión, circunstancia que en nada difiere de lo dicho el 10 de enero de 2013 cuando al ser indagado por el conocimiento que tenía de “A. Bryan” afirmó “yo lo distingo porque él trabajó conmigo en la Libertad, yo estuve con él hasta el día que le digo yo que estuvimos en una reunión éramos patrulleros”(129).

Conforme con ello, aprecia la Sala que si de perjudicar a P… R… se trataba, le bastaba haber hecho suyas de forma integral las declaraciones de “A. Don Mario”, sin embargo, en esa misma ampliación de declaración del 7 de mayo de 2013 fue claro en indicar que no estuvo presente en la reunión política y que conoció el nombre de J... A... por señalamiento que le hicieron con posterioridad.

Reitera la Sala que aun cuando J... A... Q... G... y Ó... H... G... G..., señalaron haber sido objeto de presión por una persona enviada por P... R..., ello no evidencia que sus últimas declaraciones vertidas se traduzcan en un acto vindicativo en contra del acusado, pues se insiste, su señalamientos han sido concretos, uniformes y analizados a la luz de la sana crítica, los que valga decirlo, se aprecian razonables y acordes con la realidad política y social que atravesaba el Guaviare en el año 2003 y que fueron confirmada por otros declarantes.

ii) “A. Don Mario” aseguró que el compromiso de prestar seguridad a P... R... también fue ejecutado por E... O... M... R... “A. Cabo”, lo cual fue respaldado por J... A... Q... G... y Ó... H... G... G..., sin embargo, “A. Cabo” negó haber tenido participación en ese hecho, razón por la cual la defensa y la delegada de la Procuraduría demeritan la credibilidad de “A. Don Mario”, “A. Bryan” y “A. Paisano” en este señalamiento.

Al respecto, encuentra la Sala que analizada en forma conjunta las declaraciones rendidas por E... O... M... R... “A. Cabo” es clara su tendencia a la mendacidad, pues en esta actuación fue escuchado en dos oportunidades, la primera de ellas el 30 de agosto de 2011 ante la Fiscalía(130), donde señaló haber ingresado a las autodefensas en 1999 desarrollando siempre funciones de “estafeta” con “A. Pipe” y su señora, haciéndole mandados y favores personales, negando el cumplimiento de cualquier otra función, empero, en el desarrollo del juicio afirmó haber pertenecido al Frente Guaviare como enlace de los urbanos con las milicias de San José y El Retorno, sin haber tenido contacto con P... R... al que sólo conoció por ser figura pública.

Esto es, rindió declaraciones totalmente disímiles, ya que ni siquiera coincidió en dar cuenta de las funciones que cumplía al interior de la organización paramilitar, razón por la cual no se le puede otorgar credibilidad cuando niega haber tenido relación alguna con el acusado. Por el contrario, concurre para reafirmar el señalamiento de R... H... el que “A. Cabo Murillo” aceptara haberse desempeñado como enlace de las urbanas en el Frente Guaviare, reafirmando lo dicho por A... Q... y G... G...

iii) La defensa y la delegada de la Procuraduría rechazaron los señalamientos efectuados por “A. Don Mario” al advertir que M… de J… R… P… “A. Julián” y E... C... H... “A. Richard” negaron cualquier vínculo o compromiso existente entre el Bloque Centauros y el acusado.

Empero, desconoce que M… de J… R… P… “A. Julián” explicó haberse vinculado con el Bloque Centauros a finales del año 2001, cumpliendo la función de escolta de M... A... hasta 2002 cuando fue nombrado segundo comandante del Frente Alto Ariare, ascendiendo a primer comandante, en donde permaneció hasta el 20 de octubre de 2004 cuando salió trasladado al Frente Guaviare, retirándose de la organización el 22 de diciembre del mismo año.

Afirmó el declarante haber estado enterado de los vínculos entre políticos del Meta y Guaviare con el Bloque Centauros y de reuniones sostenidas entre M... A... y D... R... H... con algunos de ellos, sin dar mayor detalle al respecto.

Además de explicar que el Frente Alto Ariari operó en El Castillo, El Dorado, parte de Cubaral y Lejanías, todos municipios pertenecientes al Meta, por lo que resaltó el poco conocimiento que tenía sobre las operaciones del Bloque en el Guaviare pues su presencia allí fue efímera. Razón por la cual, estima la Sala, mal puede afirmarse que lo declarado por este testigo demerita el dicho de D... R... H..., pues en nada lo contradice, en tanto sólo indicó no tener conocimiento de las relaciones de P... R... con el Frente Guaviare o con el Bloque Centauros, no por su inexistencia sino porque él no operó en ese departamento, ni cumplió funciones relacionadas con la clase política de los Llanos Orientales.

Respecto de E... C... H... “A. Richard”, quien se desempeñó como segundo comandante militar del Frente Guaviare, contrario a lo indicado por la delegada de la Procuraduría, no encuentra la Sala que haya entrado en controversia con “A. Don Mario”, como se precisó en líneas anteriores, ni mucho menos con lo informado por “A. Bryan” o “A. Paisano”, pues éste reconoció a J… A… y a Ó… H… como patrulleros pertenecientes a la urbana, dirigida directamente por “A. Cuchillo”, de suerte que a pesar de ser el segundo comandante militar del Frente Guaviare, la orden de escoltar la caravana política de P... R... en la Libertad no necesariamente debía provenir de él.

Aunado a ello, no puede perderse de vista que “A. Richard” manifestó no haber tenido contacto frecuente con M... A... o D... R... H..., pues éstos permanecieron en la zona de San Martín - Meta, mientras él asumió la comandancia militar del Guaviare y en especial de las urbanas de Puerto Concordia - Meta, de suerte que nada impedía que éstos tuvieran contacto o asumieran compromisos con P... R... y por contera ordenaran por conducto de “A. Cuchillo” la seguridad a la mentada reunión política.

Así las cosas, para la Sala existen suficientes medios de prueba que confirman la existencia del acuerdo por medio del cual D... R... H..., en representación del Bloque Centauros se comprometió en brindarle seguridad a las actividades proselitistas del entonces candidato J... A... P... R..., garantizando con ello su triunfo electoral, con miras a consolidar un gobierno departamental promotor de los intereses paramilitares en el Guaviare.

3.2.3 Del aporte económico otorgado por el Bloque Centauros a P... R... 

Dentro de los compromisos asumidos por el Bloque Centauros con P... R..., explicó D... R... H... que también se tradujo en apoyo económico, así, señaló en declaración rendida el 25 de julio de 2011 que “me comprometí a ayudarle con doscientos millones de pesos para la campaña, yo manejaba en todos los frentes un Comandante Administrativo por frente, entonces yo le di la orden al Comandante Administrativo del frente que cuando tuviera plata diera los doscientos millones de pesos, días después fui a mirar esos informes de que le entregaron esos doscientos millones”(131).

En declaración en juicio precisó que “lo vi pasar a reunirse con M... A... y Lucas que era el Comandante Financiero y Administrativo del Frente Guaviare, lo vi pasar a reunirse con Arroyave a una finca 130, de esa reunión me pasaron el informe que Miguel se había comprometido a apoyarle la campaña y darle un dinero, fueron $500.000.000 que salieron $200.000.000 de la caja De “A. Chente” y $300.000.000 por la caja de “A. Lucas”(132), explicando que éstos eran comandantes administrativos y financieros de los Frentes Meta y Guaviare, respectivamente y, que pudo verificar la entrega de ese dinero por los informes que éstos rindieron.

Al respecto, la delegada de la Procuraduría demerita el señalamiento efectuado por “A. Don Mario” al considerar que fue vacilante al indicar la cifra entregada como apoyo a la campaña, pues inicialmente la fijó en $200.000.000 para luego delimitarla en $500.000.000, aunado a ello, cuestionó que otros miembros del Bloque manifestaron desconocer tal situación.

Sobre este particular, estima la Sala que contrario a las alegaciones de la delegada del Ministerio Público, no resulta una circunstancia determinante la dubitación que haya presentado “A. Don Mario” en la estimación del aporte monetario, pues si bien es cierto existe una considerable diferencia de $300.000.000 en la cifra indicada, ello, no genera suspicacia si se tiene en cuenta que como comandante financiero y administrativo del Bloque, éste manejaba una gran contabilidad, lo que razonablemente le puede representar confusión en los datos. Además, como el mismo “A. Don Mario” lo explicó en juicio, tuvo que refrescar su memoria y revisar para confirmar los datos.

Por el contrario confirma el dicho de R... H..., lo manifestado por “A. Julián”, escolta de A…, quien destacó que su protegido acostumbraba a reunirse con políticos y dirigentes del área de influencia del Bloque en las fincas el Santuario, la 120, la 130 y el Congo, y precisamente la finca la 120 fue uno de los lugares indicados por el primero como el que albergó la reunión del jefe del Bloque con el acusado.

Además, no puede perderse de vista que personas como M... de J... P... y E… C… fueron precisos en indicar que “A. Lucas” era el Comandante financiero del Frente Guaviare, incluso el último de ellos señaló que “A. Don Mario” “se lo pasaba en el Meta, fueron contadas las veces que él bajó al Frente de nosotros, siempre daba las órdenes por radio, por celular porque el Meta a donde nosotros estábamos era bastante lejos, sí iban pero esporádicamente, él se entendía era con Lucas directamente y L… siempre le rendía informes de las finanzas que recogía en esta zona”(133), es decir confirman la relación de sujeción existente entre R... H... y “A. Lucas” en el manejo de las finanzas.

Si bien M... de J... P... “A. Jorge Pirata”, comandante militar del Bloque Centauros desde 1998 a septiembre de 2004, negó conocer del aporte financiero efectuado a la campaña de P... R..., entiende la Sala que ello obedece a que como él mismo lo explicó, su labor era dirigir las tropas, administrar y suministrar los gastos del Bloque relacionados con el material de intendencia y coordinar los movimientos contrainsurgente.

Aun cuando ningún declarante señaló haber conocido del traslado de los fondos del Bloque Centauros al entonces candidato P... R... y que personas como R... N... M... y M... E... N... amigos, colaboradores y aportantes en la campaña política afirmaron no haber visto manejos irregulares en ella, precisando incluso que la financiación de la campaña derivó del apoyo económico de los amigos, quienes además aportaron con su trabajo en brigadas de salud, ello no se encuentra reflejado en el informe de ingresos y gastos de la campaña reportada por P... R... al Consejo Nacional Electoral, aspecto que sin lugar a dudas permite a la Sala establecer que tal documento no refleja la realidad financiera de la campaña.

Así, se tiene que en el mencionado informe(134) se señaló un total de ingresos de la campaña por $124.000.000, distribuidos en: $38.500.000 por recursos propios y $85.500.000 por contribuciones y donaciones de familiares y/o particulares, sin reportar créditos, rendimientos de inversiones o ayudas en especie.

Según informó J... E... R... B...(135) y E... L... C...(136) contendores políticos del acusado en los comicios del año 2003, P... R... hizo gala de una abrumadora maquinaria política, lo que le permitió realizar jornadas en todo el departamento, contando con gran personal y logística, elementos que según informan las reglas de la experiencia son onerosos y no habrían podido costearse con un ingreso de $124.000.000 como lo declaró el acusado ante el Consejo Nacional Electoral, razón por la cual cobra valor la acusación elevada por “A. Don Mario”, en cuanto afirma que existió un apoyo económico a la campaña, con lo cual aseguraría que el candidato que promovería los intereses de la organización paramilitar lograría posicionarse en el cargo de gobernador.

Respalda esta afirmación la declaración rendida por el comandante militar “A. Jorge Pirata” quien aseguró conocer(137) de los encuentros sostenidos por el acusado, en su calidad de gobernador, con M... A... y con J… A… L… “A. Lucas”, pues en declaración rendida el 20 de junio de 2011(138) advirtió haber visto en dos oportunidades a un Gobernador al que llamaban “el médico” reunido con M... A... en Casibare aproximadamente en julio de 2004 y una segunda vez, el 18 de septiembre de 2004 en el sitio El Copelón de San Martín - Meta con J… A… L... “A. Lucas” jefe de finanzas del Frente Guaviare, el cual operaba en San José del Guaviare, Puerto Concordia y en Mapiripán - Meta.

Sobre ese primer encuentro, el mismo acusado en su indagatoria aseguró haber sido citado por M... A..., a través de líderes comunitarios, sin embargo no asistió y acudió ante el Vicepresidente Francisco Santos y el Procurador Edgardo Maya para denunciar tal hecho, sin embargo, mediante oficio OFI11-00109007/JMSC20000(139) la primera de las dependencias negó haber adelantado alguna gestión u obtenido una denuncia en ese sentido, circunstancia que claramente demerita el dicho del encartado.

Ahora, en lo que atañe a la segunda reunión, la cual se efectuó el 18 de septiembre de 2014, fecha que “A. Jorge Pirata” manifestó recordar porque al día siguiente fallecieron M... A... y “A. Lucas”, tuvo lugar en el Copelón - San Martín en el departamento del Meta.

Sobre ella, explicó “A. Jorge Pirata” que estuvo presente porque ese día ofrecieron un almuerzo al que arribó el entonces gobernador P... R..., a quien notó preocupado. Aclaró en juicio(140) que “A. Lucas” citó al mandatario para llegar a un acuerdo sobre unos contratos, informando que al arribar el Gobernador se saludaron y permanecieron cerca de 10 minutos, al cabo de los cuales se retiró, permaneciendo el citado con “A. Lucas”, quien explicó que el acusado estaba renuente a colaborar con la organización paramilitar.

Conforme con ello, para la Sala estas dos reuniones confirman que entre el Bloque Centauros y J... A... P... R... existió un acuerdo económico, en desarrollo del cual la organización realizó un aporte financiero para el desarrollo de la campaña electoral en el año 2003 y una vez electo el acusado como Gobernador del Guaviare, la organización paramilitar hizo efectivo el pacto y para ello lo requirieron en las señaladas oportunidades; demostrativo de ello, fue el llamado realizado por “A. Lucas” en la reunión del 18 de septiembre de 2004, cuyo eje temático fue un llamado de atención “sobre unos contratos”, los que permitieron el fortalecimiento económico del Bloque Centauros, tal como se indicará a continuación.

Ahora, aunque “A. Jorge Pirata” manifestó que “A. Lucas” le había señalado el descontento expresado por el gobernador P... R... y la “negativa en colaborar” con el Bloque Centauros, para la Sala no resulta creíble que simplemente se dejara pasar esa actitud pasiva del Gobernador una vez muertos A… y “A. Lucas”, pues sus sucesores inmediatamente habrían adoptado medidas de control y represión en tanto se trataba de garantizar las finanzas y sostenimiento de la organización, más cuando el mismo P... R... en su indagatoria indicó que en julio del mismo año se tuvo conocimiento de la muerte causada a un Alcalde que rehusó reunirse con la organización paramilitar, todo lo cual lleva a colegir que las mentadas reuniones sí existieron y que J... A... P… sí cumplió con lo pactado, pues dado el modus operandi de la organización, la retaliación por parte del grupo paramilitar no se habría hecho esperar.

3.2.4.De la intervención del Bloque Centauros en la contratación del Guaviare: 

Advirtió D... R... H... que otro de los compromisos adquiridos por el entonces candidato J... A... P... R... fue el de informar sobre la contratación suscrita por el departamento del Guaviare, con miras a beneficiar económicamente al grupo paramilitar, manteniendo la práctica heredada de la gobernación anterior.

Explicó “A. Don Mario” que para esa labor, la organización contaba con el apoyo de un contratista llamado Carlos, además de una ONG con la cual la gobernación contrataba.

Esta afirmación, también la encuentra soportada probatoriamente la Corte, pues si bien N... E... C... y J... A... P... R... negaron el desarrollo de esa práctica, lo cierto es que al ser interrogado el primero -dentro de la radicación 12798-(141), destacó el conocimiento de un contratista de nombre C… B…, al que llamaban “arquitecto”, quien manejó una ONG en el Guaviare y fue contratista de su administración, al indicar “con esa ONG creo que sí le dimos contratos, no pasaron de 30 millones de pesos”(142).

Aunado a ello, M... de J... P... resaltó como práctica empleada por D... R... H... y “A. Lucas” –financiero del Frente Guaviare–, el cobro de un impuesto a todas las obras contratadas en Meta, Casanare y Guaviare, pues de no cumplirse con ese pago, decomisaban las maquinarias, se frenaban las obras e incluso recordó el declarante que por disposición de M... A... le dio muerte a un contratista que no quiso “colaborar”.

En igual sentido, O… O… O… B…, comandante del Frente P... P... G... del Bloque Centauros, indicó que a los contratistas se les exigía el pago del 3% al 5% del contrato suscrito con las alcaldías o las gobernaciones, práctica replicada por todos los comandantes de Frente pertenecientes al Bloque Centauros, pues de allí derivaban parte de sus ingresos.

Y como lo indicó Ó... H... G... G..., para cumplir esta labor, el Frente Guaviare disponía de un grupo llamado los financieros, al mando de “A. Lucas” quienes “cobraban un impuesto de guerra para poder mantener el bloque”(143).

De otra parte, C... H... B... A..., zootecnista y representante legal de la empresa Proyecto de Ingeniería Ambiental y Agropecuaria, Asesores Consultores Ltda, manifestó haber contratado con la Gobernación de Guaviare durante el periodo de P... R... y aunque negó haber puesto su compañía al servicio de los paramilitares sí se refirió a la difícil situación de orden público de la época y a la presión ejercida por la guerrilla y los paramilitares sobre los contratistas, soportando extorsiones. Explicó que las autodefensas operaba en el Meta y en el Guaviare, tanto en la zona urbana como rural pidiendo dinero “trataban de insinuarle a uno que si no pagaba o cuadraba se ponía difícil la situación”(144).

Bajo este panorama encuentra la Corte que tal como lo señaló R... H..., era una práctica generalizada del Bloque Centauros, desde sus diferentes Frentes, extorsionar a los contratistas en la zona donde ejercía influencia y aun cuando C... B... negó haber sido presionado por el entonces gobernador P... R... para entregar parte de sus ganancias a la organización paramilitar, lo cierto es que aquél denunció haber sido víctima de extorsión por parte de ese grupo armado en el periodo de gobierno del acusado, circunstancia que permite otorgarle credibilidad al dicho de “A. Don Mario”, en tanto advirtió que el compromiso asumido por P... R... fue el de informar sobre la existencia de la contratación en todo el departamento.

Corolario de ello, para la Sala, a diferencia de lo estimado por la Representante del Ministerio Público y la defensa, el análisis conjunto de los medios de prueba revela el acuerdo al que llegó el acusado con “A. Don Mario” para favorecer las finanzas del Bloque Centauros, además que en desarrollo de su gobierno permitió la práctica de esas extorsiones, promoviendo y fomentando con ello al grupo paramilitar.

3.2.5 De los vínculos de amistad entre P... R... y R... H... 

Señaló “A. Don Mario” que la relación con J... A... P... R... trascendió a la amistad y en razón de ello le obsequió un caballo “moro peseteado” al que llamó Benjamín y que se reunieron en Necoclí - Antioquia, una vez éste se retiró de la comandancia financiera del Bloque.

Sobre este aspecto, le asiste razón a la defensa, al considerar que no existen otros medios de prueba que soporten el dicho de “A. Don Mario”, pues ni se allegó documento que acreditara la propiedad del acusado sobre un equino con esas características, ni los pasajes o constancia del desplazamiento de P... R... hacia Necoclí, sin embargo, para la Sala existen elementos que analizados en conjunto permiten otorgar credibilidad al dicho del ex paramilitar.

Así por ejemplo, R... N... M..., amiga personal del acusado, afirmó que su amigo disfrutaba de las cabalgatas y que en varias ocasiones habían participado juntos, es decir, no resulta extraño que “A. Don Mario” conociendo del gusto de P... R... por los caballos le haya obsequiado un semoviente, en las condiciones indicadas.

Además, N... E... C..., afirmó dentro del Radicado 12798-01 que “allá en esa época cuando estuve en la gobernación, en un consejo de seguridad, se hablaba de un finquero Benjamín que tenía finca entre San José y el Retorno y en ese consejo apareció siendo Don Mario que está preso, era un hombre normal, pero en ese consejo Benjamín apareció siendo Don Mario(145)“, esto es, reafirma el apelativo con el que fue conocido en la región el ex paramilitar y con el que bautizaría al caballo obsequiado al acusado.

3.3 Así las cosas, contrario a lo indicado por la delegada de la Procuraduría y la defensa, para la Sala es claro que el dicho de D... R... H... no fue contradictorio, por el contrario, sus declaraciones se mantuvieron inalterables en lo esencial, esto es, el apoyo económico y financiero otorgado por el Bloque Centauros a P... R..., así como los compromisos asumidos por éste en contraprestación y, que se vieron reflejados en la iniciativa de electrificación de la zona del Melón y el suministro de información de la contratación departamental.

Aunado a ello, la valoración conjunta de los elementos de convicción de cara a las reglas de la sana crítica, en oposición al criterio del Ministerio Público y de la defensa técnica, transmite a la Sala la demostración de la ocurrencia de los hechos constitutivos de la conducta punible endilgada al acusado, pues efectivamente evidencia que éste en su condición de político y posteriormente como Gobernador del Guaviare se reunió en varias oportunidades con comandantes paramilitares para cumplir con unos compromisos recíprocos asumidos desde la campaña electoral, que en últimas permitieron al grupo paramilitar mantenerse vigentes en la vida pública, social y económica del Guaviare.

Las declaraciones de D... R... H... son verosímiles para la Sala, no solo por provenir de un testigo directo que percibió los hechos, se trataba del comandante financiero del Bloque Centauros que dominaba la región, sino además, porque sus relatos fueron coherentes, lógicos, hilvanados, detallados y concordantes.

En efecto, como se ha visto, coincide en lo fundamental, con lo dicho por “A. Pirata” y fue complementado por “A. Bryan” y “A. Paisano” en los detalles de la alianza existente entre el procesado y esa organización criminal para contribuir con su elección y recibir a cambio la promoción de la organización, cumpliendo el acusado los pactos una vez posesionado como Gobernador.

Con amplitud explica cómo fue el apoyo directo que le dieron a P... R... para salir electo Gobernador del Guaviare, específicamente en logística y en lo político pidiendo a la comunidad sufragar por él, prestando seguridad a las correrías políticas y financiado económicamente la actividad, para que en su lugar P... R..., como retribución y en cumplimiento de lo concertado, adelantara una administración aliada al grupo, realizando obras que beneficiaran a la organización, y contribuyendo a la estabilidad financiera de la misma, por intermedio de la contratación.

3.2. Del tipo subjetivo.

El delito de concierto para delinquir es de carácter doloso, en cuanto el legislador no tipificó la modalidad culposa.

A voces del artículo 22 del C.P. el dolo directo se presenta cuando el agente conoce los hechos constitutivos de una infracción penal y quiere su realización. La parte intelectiva del dolo exige que el sujeto agente comprenda la conducta típica –en sus elementos, circunstancias de ejecución y resultados–, mientras que en el aspecto volitivo se debe demostrar el querer libre de realización de la conducta por parte del agente.

En ese sentido, advierte la Sala, conforme a las pruebas obrantes, que el procesado actuó con dolo, es decir, conocía que concertarse con un grupo paramilitar para lograr el apoyo electoral –logística y económicamente– consistía en una infracción penal, así como también concertar una contraprestación por ese apoyo y con ello querer y propiciar el afianzamiento del grupo en la zona.

Conforme lo evidencia el material probatorio, una vez P... R... logró posicionarse como Gobernador del Guaviare dio cumplimiento al pacto celebrado con el Bloque Centauros, asumiendo el compromiso de electrificación de la zona del Melón y, según petición elevada por los paramilitares, contribuyó informando de la contratación celebrada por el departamento, con lo cual colaboró con las arcas del grupo que le prestó ayuda logística y económica en el desarrollo de su campaña.

Aunque el acusado en su ampliación de indagatoria se esforzó por demostrar que en su contra se erigió una treta para vincularlo con los grupos paramilitares y que el propósito de las declaraciones de “A. Don Mario” estaban dirigidas a desprestigiarlo como político y frenar su campaña a la reelección como primer mandatario local del Guaviare, para la Sala ninguno de esos propósitos logró demostrarse y por el contrario no se advierte en el dicho de éste excomandante financiero ni de ningún otro testigo un ánimo vindicativo en su contra.

Además, si el acusado pretendió reforzar tales señalamientos de las presuntas intimidaciones telefónicas de las que fue objeto por parte de “A. Bryan”, ello no revela un plan conspirativo en contra del acusado, tal como se indicó en líneas anteriores, como tampoco lo es la denuncia elevada por P... R..., en cuanto fue víctima de un atentado en contra de su vida cuando desarrollaba su campaña política para ser reelegido Gobernador del Guaviare en el año 2011, pues de una parte, ningún elemento vincula a “A. Don Mario” con esos hechos, más cuando para la época había asumido su compromiso con la Ley de Justicia y Paz y, de otra parte, los medios de prueba arrimados a la actuación(146) permiten inferir que los autores de esos hechos fueron grupos guerrilleros, enemigos declarados y tradicionales de los grupos paramilitares y sus colaboradores.

Corolario de ello, queda demostrada la configuración del tipo subjetivo del delito de concierto para delinquir agravado con las circunstancias de mayor punibilidad por el cual se juzga a J... A... P... R...

4. De la antijuridicidad.

La conducta endilgada al procesado además de típica es antijurídica, toda vez que lesionó efectivamente y de manera grave el bien jurídico de la seguridad pública, al poner al servicio de la causa paramilitar la función pública, pues como lo ha indicado esta corporación, en estos eventos “el aporte del político a la causa paramilitar cuando coloca la función pública a su servicio debe mirarse no tanto en la creación de disfunciones institucionales –que, claro, le agregan mayor gravedad al injusto–, sino en la medida que con esa contribución se incrementa el riesgo contra la seguridad pública al incentivar la acción del grupo ilegal”(147).

De acuerdo con lo expresado, cuando se trata de juzgar acuerdos ilegales entre altos representantes de las instituciones y grupos armados al margen de la ley, la Sala ha sintetizado esa alianza como una manera de cooptación del Estado que tiene por finalidad el empleo de la función pública al servicio de la causa paramilitar, promoviendo de esta forma la acción del grupo ilegal.

En esta forma, P... R... instrumentalizó la función pública para favorecer la causa ilegal del Bloque Centauros y con ello lesionó de manera efectiva la seguridad pública, poniendo a disposición de esa organización la administración departamental y los destinos políticos, económicos y sociales del departamento del Guaviare.

5. De la culpabilidad.

Conforme a lo obrante en la actuación, no se puso en entredicho que J... A... P... R..., al concertar de manera ilegal con el Bloque Centauros se encontrara en uso de sus plenas capacidades cognitivas, por ende, debe ser tenido como persona imputable.

Adicional a ello, se evidenció que pese a conocer que estaba actualizando los elementos del tipo penal y con ello procediendo antijurídicamente, celebró pactos con la organización paramilitar, perpetuando su existencia en la zona del Guaviare, sin que concurriera causal eximente de responsabilidad.

Además, a través del comportamiento asumido por P... R... se vulneró, sin razón atendible alguna, el bien jurídico de la seguridad de la colectividad, y encontrándose el acusado en posibilidad real y material de obrar en consonancia con el marco jurídico optó por ejecutar la conducta criminal, con conciencia plena.

Acreditados los requisitos contenidos en el artículo 232 de la Ley 600 de 2000 y acogiendo la solicitud de condena de la Fiscalía, la Sala declarará a J... A... P... R... responsable penalmente del delito de concierto para delinquir agravado conforme lo prevé el artículo 340 inciso 3º del Código Penal, bajo la circunstancia de mayor punibilidad de que trata el artículo 58-9 íbidem.

Previo a determinar las consecuencias jurídicas de las conductas punibles, preciso sea indicar que aun cuando la Fiscalía acusó a J... A... P... R... como coautor del delito de concierto para delinquir agravado, lo cierto es que la participación en este delito sólo admite la autoría, tal como lo ha indicado esta corporación al señalar:

[E]l concierto para delinquir es de aquellos tipos penales llamados de doble acción o plurisubjetivos, debido al número de personas que requiere para su configuración, más de una, quienes responden a título de autores por el sólo hecho de asociarse de manera permanente para cometer delitos indeterminados(148).

De allí que la Sala le otorgará el tratamiento de autor a J... A... P... R..., sin que con ello se agrave su situación jurídica, en tanto que el artículo 29 del Código Penal prevé la misma consecuencia punitiva para el autor y el coautor.

6. Determinación de las consecuencias jurídicas de las conductas punibles.

Siendo la conducta ejecutada por el acusado típica, antijurídica y culpable se prevé como consecuencia una sanción punitiva, la que se establecerá conforme los criterios de dosificación establecidos por el legislador.

El artículo 340 inciso 3º del Código Penal, modificado por la Ley 733 de 2002 precisa:

Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años.

Cuando el concierto sea para cometer delitos de (...), o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000) hasta veinte mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financie n el concierto para delinquir.

Por su parte, la circunstancia de mayor punibilidad endilgada al acusado, se encuentra prevista en el artículo 58 numeral 9º ibídem, de la siguiente manera:

Son circunstancias de mayor punibilidad, siempre que no hayan sido previstas de otra manera:

9. La posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio.

Circunstancia de agravación que le fue enrostrada a J... A... P... R..., dada la posición distinguida que ostentaba el procesado en el departamento de Guaviare, derivada de su cargo, pues no puede desconocerse que como él mismo lo manifestó, había laborado en esa región como médico en el Hospital, así mismo desarrolló un importante trabajo político en las filas del Partido Conservador, lo que le valió su nombramiento como Secretario de Gobierno en el periodo de mandato de N... E... C...

Con el propósito de cuantificar la sanción a imponer al condenado, es preciso tener en cuenta que el inciso 3º del artículo 340 de la Ley 599 de 2000, modificado por la Ley 733 de 2002, prevé que “la pena privativa de la libertad” prevista en el inciso 2º –vale decir– de 6 a 12 años de prisión, se aumentará “en la mitad” para quien financie o promueva el concierto.

Así, aplicando la regla prevista en el numeral 1º del artículo 60 del Código Penal, conforme a la cual si “la pena se aumenta en una proporción determinada, ésta se aplicará al mínimo y al máximo de la infracción básica”, el primer límite se aumenta a en tres (3 ) años y , el segundo, en seis (6 ) años. En consecuencia, la pena privativa a de la libertad a imponer oscilaría entre nueve (9) y dieciocho (18) años de prisión.

En lo que atañe a los extremos de la pena de multa, es preciso tener en cuenta lo previsto en el inciso 2º del artículo 40 del Código Penal, modificado por la Ley 733 de 2002, es decir de dos mil (2.000 ) a veinte mil (20.000 ) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ello en tanto el inciso 3º ibidem sólo prevé el aumento de la pena de prisión(149), no de las penas de otra naturaleza.

De la pena privativa de la libertad 

El ámbito de punibilidad está conformado por un primer cuarto comprendido entre 108 a 135 meses de prisión, dos cuartos que van de 135 meses y un día a 189 meses de prisión y un cuarto último que va desde 189 meses y un día a 216 meses de prisión.

Conforme lo prevé el artículo 61 inciso 2º del C.P., toda vez que la Fiscalía enrostró al acusado la circunstancias de mayor punibilidad consagrada en el artículo 58-9, esto es que el acusado ocupe una posición distinguida en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio, la Sala se moverá dentro del primer cuarto medio, esto es, 135 meses y un día a 162 meses de prisión.

Preciso sea indicar que para la Sala tal circunstancia agravante se encuentra acreditada, pues P... R... aprovechó la condición de dirigente político y posteriormente como gobernador para promocionar la organización paramilitar en el departamento de Guaviare, pues según lo señalaron R… N…, M… N… y el mismo procesado, P... R... era reconocido en el departamento del Guaviare por su actividad médica y en especial por el acompañamiento político que desarrolló en el periodo de gobierno de N... E... C... como Secretario de Gobierno, circunstancia que le permitió ser reconocido en la región como un dirigente activo e influyente.

Atendiendo el texto del inciso 3º del artículo 61 ibídem, resulta incontrovertible la gravedad de la conducta agotada por el procesado, en tanto que el acusado traicionó la confianza depositada en él como servidor público y representante de la ciudadanía del Guaviare, interfiriendo en el normal desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana con el concurso de un grupo al margen de la ley, anteponiendo sus propósitos personales, ante los fines del Estado Social y Democrático de Derecho.

El daño real creado, pues con su comportamiento J... A... P... R... burló los mecanismos de participación democrática y con ello la voluntad libre y soberana del pueblo para designar sus representantes y las políticas de ejecución económica, social, cultural del departamento, en tanto no pudieron libremente escoger el plan de Gobierno que a juicio de los electores lograra solucionar sus necesidades. Además, ya como Gobernador, la agenda departamental se ciñó a los designios de la organización paramilitar y no a las necesidades del departamento y sus pobladores, lesionando gravemente la seguridad pública, pues no puede olvidarse que en el escalonamiento de la afectación del bien jurídico, la conducta ejecutada por el acusado genera el mayor reproche por cuanto consolida una efectiva vulneración del bien jurídico protegido por el legislador.

Y la intensidad del dolo con el que actuó el acusado, pues desconociendo las funciones que como servidor público y representante del departamento le eran imperativas acoger, produjo una real afectación del bien jurídico de la seguridad pública.

Atendiendo estas circunstancias, la Sala impondrá una pena de 148 meses de prisión.

De la pena de multa. 

Para la imposición de la pena de multa, debe tenerse en cuenta que según lo ha considerado esta corporación “no se fija a través del sistema de cuartos punitivos, tal como el que la ley ha fijado para individualizar la sanción privativa de la libertad, sino conforme los criterios que consagra el artículo 39-3 del Código Penal” (150), además, tomando en consideración los criterios del artículo 39-3 Ibídem, encuentra la Corte que la multa “como pena principal que es, está condicionada por factores diversos a la de prisión, entre los cuales ha de ponderarse con mayor énfasis “… la situación económica del condenado deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares”, por resultar criterio indicativo de la real posibilidad de los procesados de cancelar la que les sea impuesta.”(151).

En esas condiciones, preciso sea indicar que de acuerdo a lo referido por el procesado en la indagatoria(152), para esa época contaba con una estación de gasolina que le reportaba una ganancia de cinco millones de pesos, era propietario de dos bienes inmuebles, un vehículo modelo 2010 y hacía parte de una sociedad de hecho conformada con su hijo, respondiendo por una deuda de cien millones de pesos, la que adquirió en 2009, todo lo cual permite a la Sala deducir el patrimonio con que actualmente cuenta el acusado, sin embargo, también debe tener en cuenta, que como lo anunció el defensor en el desarrollo del juicio, su asistido fue amparado con exilio en el Estados Unidos, de donde se colige la mengua e indisponibilidad que del patrimonio pueda tener el acusado, razón por la cual se le impondrá multa de 2.000 s.m.l.m.v para el año 2006, última fecha de ocurrencia de los hechos, lo que arroja un total de $ 816.000.000(153).

Finalmente, al tenor de lo establecido en el artículo 52 del Código Penal, la Sala impondrá al acusado la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena privativa de la libertad impuesta.

La necesidad de las penas impuestas se hace ostensible a propósito de sus finalidades, de prevención general y especial, reinserción social, protección y justa retribución, previstas en el artículo 4º del Código Penal.

7. De los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad:

7.1. Suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

No hay lugar a la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta al acusado J... A... P... R..., por cuanto no se cumple con el requisito objetivo de que trata el artículo 63 del Código Penal, que sólo autoriza la concesión del subrogado frente a la imposición de penas no superiores a 3 años, además porque a pesar de la modificación introducida por el artículo 29 de la Ley 1709 de 2014, que permite su concesión frente a penas que no excedan de cuatro (4) años de prisión, es claro que en este evento también supera dicho quantum punitivo y, el delito por el que se procede se encuentra excluido de los beneficios y subrogados penales en el artículo 68A de la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 32 de la citada Ley 1709 de 2014, lo que excusa a la Sala de hacer el análisis del factor subjetivo.

7.2. De la prisión domiciliaria. 

En relación con dicha figura jurídica, prevista en el artículo 38 de la Ley 599 de 2000 como un mecanismo sustitutivo de la prisión en establecimiento carcelario, debe la Sala señalar que tampoco hay lugar a su concesión desde la perspectiva de la normatividad vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos, ni luego de su adición bajo las disposiciones de la Ley 1709 de 2014.

No obstante que el artículo 23 de la citada Ley 1709 de 2014 adicionó el 38B al texto original del artículo 38 de la Ley 599 de 2000, que limitaba la concesión del citado beneficio a los delitos cuya sanción mínima fuera de cinco (5) años o menos, haciéndola extensiva a los punibles cuya pena mínima sea de ocho (8) años o menos, tampoco se cumpliría en el presente evento el requisito objetivo, en tanto la pena mínimo prevista para el concierto para delinquir agravado, conforme el inciso 3º del artículo 340 del Código Punitivo es de nueve (9) años de prisión y, en todo caso este delito también fue excluido de dicho beneficio por su propia naturaleza en los artículos 28 y 32 de la aludida Ley 1709 de 2014, a través de los cuales adicionó los artículos 38G y 68A a la Ley 599 de 2000, respectivamente, lo que en definitiva impide la posibilidad legal de otorgar al condenado el sustituto de la prisión domiciliaria.

8. De las consecuencias civiles derivadas del delito.

De acuerdo a lo previsto en el artículo 56 de la Ley 600 de 2000, en todo proceso penal en que se haya demostrado la existencia de perjuicios provenientes del hecho investigado, el juez procederá a liquidarlos de acuerdo con lo probado en la actuación y condenará al responsable. Adicionalmente, se pronunciará sobre las expensas, las costas judiciales y las agencias en derecho, si a ello hubiere lugar.

En este caso no hubo constitución de parte civil y los hechos por los cuales se emite condena no se demostró que hubieran causado perjuicios materiales a la administración, ni tienen la virtud de disminuir la capacidad productiva o laboral del departamento de Guaviare o poner en peligro su existencia.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 392-1 del Código de Procedimiento Civil, sería necesario condenar al procesado al pago de las costas incluidas las agencias en derecho a favor de la parte civil constituida en el proceso y a los gastos que debió asumir para que su derecho lograra reconocimiento judicial; empero, como ésta no se constituyó no habrá lugar a ello.

Por medio de la Secretaría de la Sala, expídanse las copias de que tratan los artículos 469 y 472 del Código de Procedimiento Penal, aplicado.

Líbrese la correspondiente orden de captura para asegurar el cumplimiento de la pena de prisión impuesta al incriminado, toda vez que el mismo no se encuentra privado de la libertad actualmente.

Finalmente, se ordena declarar que la vigilancia de la ejecución de las penas aquí impuestas corresponde al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad del lugar en donde se determine purgará la pena el procesado.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

1. CONDENAR a J... A... P... R... de condiciones civiles y personales referidas en esta determinación, ex Gobernador de Guaviare, como autor responsable del delito de concierto para delinquir agravado con circunstancias de mayor punibilidad (artículos 58-9 y 340 inciso 3º del Código Penal), por el cual fue acusado; en consecuencia se imponen las penas principales de 148 meses de prisión y multa de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2006 -$ 816.000.000- y como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas conforme lo prevé el artículo 52 íbidem, con base en las consideraciones plasmadas en precedencia.

2. No emitir condena a J... A... P... R..., por concepto de indemnización de perjuicios.

3. DECLARAR que NO es procedente la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la sustitución de la pena privativa de la libertad por la Prisión domiciliaria

Por lo cual se ordena librar la correspondiente orden de captura para hacer efectivo el cumplimiento de la condena.

4. En firme esta providencia, REMITIR la actuación al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad - Reparto, para lo de su cargo.

5. REMITIR por Secretaría las copias del fallo a las autoridades que alude el artículo 472 del Código de Procedimiento Penal.

6. Contra esta sentencia no procede recurso alguno.

7. Contra esta decisión no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase».

Salvamento parcial de voto

De manera respetuosa, me permito exponer las razones que me determinaron a salvar parcialmente el voto respecto de la decisión adoptada por la Sala en el proceso de la referencia, en lo que atañe a la postura mayoritaria de inaplicar el Acto Legislativo 01 del 18 de enero de 2018 en lo relativo a resolver este asunto por la vía de la primera instancia y negar, además, la apelación contra la sentencia condenatoria proferida, garantías a las cuales tiene derecho el doctor J... A... P... R...

1. Actuación de la Sala.

Culminado el juzgamiento contra el doctor P... R... por el delito acusado de concierto para delinquir agravado, éste resultó condenado después de que fuese promulgado el Acto Legislativo 01 del 18 de enero de 2018.

2. Vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018.

El 18 de enero de 2018, fue promulgado el Acto Legislativo 01 de 2018, con lo cual entró a regir en el ordenamiento jurídico colombiano, pues esa es la única condición que se establece para su vigencia en el artículo 4º ibídem, así como en los textos constitucionales y el código civil que regulan el trámite, aprobación, vigencia y aplicabilidad de los actos legislativos.

3. Contenido del Acto Legislativo 01 de 2018.

El Acto Legislativo 01 de 2018 modificó los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política e implementó, por esa vía, la doble instancia en los procesos que, hasta ese momento, tramitaba esta corporación en única instancia contra los congresistas y otros aforados constitucionales. Adicionalmente, consagró –para aforados como para no aforados– la denominada garantía de doble conformidad judicial, consistente en la posibilidad de impugnar la primera sentencia de condena.

Para el cumplimiento de ese fin, la reforma constitucional creó dos Salas Especiales al interior de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, esto es, la de instrucción y la de juzgamiento.

A la Sala de Instrucción le corresponde investigar a los aforados, entre ellos, los congresistas y ex congresistas, estos últimos, por delitos cometidos en desarrollo o con ocasión de sus funciones.

A la Sala de Juzgamiento le compete juzgar en primera instancia a los aforados constitucionales.

El acto legislativo estableció la apelación contra las sentencias proferidas por la Sala Especial de Primera Instancia y, además, la posibilidad de impugnar otras decisiones judiciales, en este último caso, con la reserva de hacerse “conforme lo señale la ley”.

Por su parte, el artículo 2º del Acto Legislativo desarrolló el artículo 186 de la Constitución Política, que establece la competencia privativa de la Corte Suprema de Justicia para investigar y detener a los Congresistas, en estas condiciones, incorporó en el artículo 234 Superior que en las investigaciones adelantadas contra aforados constitucionales deben estar garantizadas la separación de las funciones de instrucción y juzgamiento, la doble instancia de la sentencia y el derecho a la impugnación de la primera condena.

Sobre los Congresistas, en particular, el artículo 3º –que modificó el 235 de la Carta–, asignó a la Corte Suprema de Justicia las funciones de investigar y juzgar a los miembros del Congreso y resolver a través de la Sala de Casación Penal, los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones dictadas por la Sala Especial de Primera Instancia.

4. Constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2018.

Los aforados constitucionales son no solamente los juicios contra los congresistas, el Presidente de la República y los Magistrados de las Altas Cortes, también lo son los funcionarios a los que se refiere el artículo 13 del Acto Legislativo 01 de 2018 que modificó el artículo 235 de la C.P.

La doble instancia también procede contra los aforados legales cuya investigación y acusación está radicada en única instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018, supuesto éste que corresponde al caso del presente proceso seguido contra el doctor J... A... P... R...

4.1. De acuerdo con el artículo 4º de la Carta Política, “la Constitución es norma de normas”. De ahí que, por lo tanto, “en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.

Para garantizar la supremacía constitucional y la indemnidad de la jerarquía normativa así consagrada, el texto Superior atribuyó a la Corte Constitucional “la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”, labor para cuyo cumplimiento le confirió, entre otras, las siguientes funciones:

1. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, sólo por vicios de procedimiento en su formación.

(…)

4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.

(…)

8. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, y de los proyectos de leyes estatutarias, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.

Del tenor de los citados preceptos normativos se desprende que, en principio, el control concentrado de constitucionalidad que ejerce el aludido tribunal respecto de actos reformatorios de la constitución – entre ellos, los Actos Legislativos - está circunscrito a la verificación de los requisitos de procedimiento de creación normativa previstos en la Carta para ello, mientras que, en relación con las leyes, la labor de contrastación comprende tanto aquellos requisitos procedimentales, como la evaluación del contenido material de la norma y su conformidad con el texto constitucional.

Ahora bien, la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional ha sostenido que el control de los actos reformatorios de la constitución, y en particular de los actos legislativos, no sólo comporta la revisión de las exigencias procedimentales en sentido estricto –debates, publicidad, quórum, entre otras–, sino también la verificación de las normas de competencia para reformar la Constitución, pues éstas hacen parte integrante de aquéllas.

El Congreso de la República, conforme lo prevé el artículo 374 de la Carta, está facultado para reformar la Constitución Política –a través de actos legislativos–, pero no para sustituirla, esto es, para cambiarla por una radicalmente distinta(154), porque esa competencia corresponde con exclusividad al constituyente primario. En ese entendido, si un determinado Acto Legislativo, en lo sustancial, no conlleva una simple reforma sino un verdadero relevo del texto constitucional, habrá de concluirse que el Congreso ha excedido su competencia y ese acto, por consecuencia, debe ser retirado del ordenamiento jurídico(155).

De acuerdo con ese desarrollo jurisprudencial, entonces, la revisión de un Acto Legislativo debe agotar, si éste ha de tenerse por ajustado a la Carta, i) la comprobación de haber cumplido con los requisitos procedimentales pertinentes, y ii) la de haberse proferido con apego a la competencia atribuida por el texto constitucional al Congreso. Para este último control, resulta indispensable verificar el contenido del acto reformatorio, pues sólo así es posible discernir si comportó una sustitución del texto Superior(156), y, en particular, establecer cuál es el eje definitorio de la Constitución que ha resultado subrogado(157).

4.2. Entiendo que el control difuso de constitucionalidad –la excepción de inconstitucionalidad– no fue contemplado por el constituyente respecto de actos legislativos(158) y, por lo mismo, que corresponde a la Corte Constitucional, con exclusividad, la valoración sobre la posible sustitución de la constitución que pueda derivarse de la promulgación de un acto legislativo.

Sin perjuicio de ello, las consideraciones consignadas en precedencia adquieren relevancia de cara al criterio mayoritario del que me aparto, pues, preliminarmente, estimo necesario hacer claridad en cuanto a que, al entender del suscrito magistrado, no existen razones objetivas para inferir que el Acto Legislativo 01 de 2018 pueda derruir uno o más de los elementos de identidad sustancial de la Carta Política.

El constituyente primario, al aprobar la Carta Política de Colombia, estableció en el artículo 186:

De los delitos que cometan los congresistas, conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de flagrante delito, deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación.

Es indiscutible que la voluntad del constituyente primario en cuanto a la estructura del Estado para administrar justicia en relación con los Congresistas, fue acogida, respetada y acatada por el Acto Legislativo 01 de 2018, el que dejó la competencia de los procesos penales contra los Representantes a la Cámara y Senadores, en la Sala de Casación Penal, sólo que, para respetar garantías fundamentales, para ajustar el ordenamiento jurídico a los estándares de justicia internacional y a la Sentencia C-792 de 2014, creó una Sala de Instrucción y una Sala de Juzgamiento.

Sobre los supuestos anteriores, no es ajustado al contenido del Acto Legislativo ibídem, afirmar que éste creó una nueva estructura judicial para el país, en estricto sentido, lo que hizo fue desarrollar el mandato contenido en el original artículo 186 de la Carta Política y la Sentencia C-792 de 2014, así como de todos los textos superiores que consagran las garantías penales y los pronunciamientos de la justicia internacional que imponen a los estados la consagración y respeto por tales principios - garantías en los procesos penales.

Adicionalmente a lo dicho, agréguese que el aludido acto legislativo reconoció, en los procesos criminales adelantados contra Senadores y Representantes a la Cámara, así como los demás aforados constitucionales y legales juzgados antes por la Corte en única instancia, las garantías de separación de las funciones de instrucción y juzgamiento, doble instancia de la sentencia e impugnación de la primera condena(159), y reconoció también la garantía de la doble conformidad de la primera condena respecto de aforados y personas sin fuero(160), supuestos que no fueron discrecionalidad del legislador, sino imposiciones de estándares de justicia internacional y de decisiones de la Corte Constitucional colombiana, como la contenida en la Sentencia C-792 de 2014.

De lo expuesto se advierte, de una parte, que la mencionada reforma constitucional mantuvo en la Corte Suprema de Justicia la facultad de investigar y juzgar a los miembros del Congreso y de los demás aforados constitucionales, con lo cual no se produjo una variación sustancial, sino simplemente instrumental o procedimental, ni se contravino la lógica subyacente a la institución foral; de otra, que dicho acto legislativo simplemente otorgó a los Congresistas investigados garantías procesales fundamentales ya existentes para no aforados, y reconoció universalmente una más –la doble conformidad de la primera condena– lo cual simplemente refleja el acatamiento a mandatos de justicia internacional(161) y el fallo C-792 de 2014, decisión que dada su naturaleza, por Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1994) es de obligatorio acatamiento por todas las autoridades nacionales.

Lo dicho en el párrafo anterior es aplicable en idénticas condiciones para los aforados legales de juzgamiento atribuido a la Sala de Casación Penal (ayer en única y hoy en primera instancia).

Desde esa óptica, entonces, es la opinión del suscrito magistrado, el Acto Legislativo 01 de 2018 lejos de suscitar cuestionamientos sobre posibles vicios de competencia en su promulgación que pongan en entredicho su conformidad con la Carta Política, implicó no una sustitución sino un desarrollo para materializar garantías constitucionales reconocidas por la legislación que integra el bloque de constitucionalidad, que ponen al Estado colombiano como ejemplo de una justicia que no se hace de cualquier manera, sino concediendo derechos y garantías de doble instancia no solamente a algunos ciudadanos sino a todos con igual trato jurídico.

Desde luego, estas afirmaciones sólo tienen admisibilidad y aplicación, a partir de la promulgación del Acto Legislativo 01 de 2018, no respecto de situaciones jurídicas en procesos consolidados antes del 18 de enero de ese año, dado que en el ordenamiento jurídico interno de rango constitucional, no estaban autorizadas la doble instancia y la doble conformidad, la primera para los aforados constitucionales y algunos aforados legales, y el segundo mecanismo para todos los colombianos.

5. Aplicabilidad del Acto Legislativo 01 de 2018.

El artículo 4º del Acto Legislativo 01 de 2018 reza:

El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

El precepto indica que la reforma constitucional está en vigor y, por ende, debe ser aplicado, pero para definir el alcance de esta última afirmación es menester establecer cuáles son las disposiciones que resultan contrarias al Acto Legislativo 01 de 2018.

El artículo 4º del acto legislativo en mención, establece una derogatoria tácita –deroga todas las disposiciones que le sean contrarias–, pues no indica específicamente los textos que pierden vigencia.

En los casos de derogatoria tácita, se debe proceder como lo disponen los artículos 71 y 72 del Código Civil y el tercero de la Ley 153 de 1887, en consonancia con lo indicado en el artículo 9º de esta última, pues en estos eventos es la regla de interpretación judicial la que permite determinar la vigencia temporal de un contenido normativo, para superar el tránsito de legislación. Así lo tiene dicho la Corte Constitucional, en Sentencia C-353 de 2015:

No obstante, cuando la derogatoria es tácita, ya sea por la expedición de una norma posterior que es contraria a la anterior o por la entrada en vigor de una regulación integral sobre la misma materia, es necesario, vía interpretativa determinar si ha operado este fenómeno. En tal caso, si la norma en juicio continúa prestando efectos jurídicos es imperativo realizar el análisis correspondiente, pues la denominada carencia actual de objeto o substracción de materia no siempre debe conducir a una decisión inhibitoria, pues en el evento en que la norma cuestionada haya perdido su vigencia formal, es probable que, desde el punto de vista material, la misma siga produciendo efectos jurídicos o, lo que es igual, continúe proyectándose ultractivamente.

En aplicación de los criterios expuestos, considero que el Acto Legislativo 01 de 2018 tiene consagraciones de garantías de naturaleza constitucional y por ende, de aplicación inmediata, y otras regulaciones cuya exigibilidad se sometió a reserva legal y por tanto hay que atenerse a lo que la legislación existente determine o a falta de ésta, por la regulación que a futuro se haga en ley posterior.

Son de orden superior y, por lo tanto, de aplicación inmediata para situaciones consolidadas con posterioridad al 18 de enero de 2018, dado que se derogan las normas que le sean contrarias, sin posibilidad de subsistir estas últimas, las garantías relacionadas con la separación de las funciones de investigación y juzgamiento, sujeta a las reglas del fallo C-353 de 2015, que luego se explica, el derecho de los aforados constitucionales y legales de juzgamiento por la Sala Penal de la Corte a una doble instancia a través de la apelación de la sentencia que se profiera y la doble conformidad judicial de la primera sentencia condenatoria.

Son de reserva legal y, por lo tanto, su aplicación depende de la forma como esté regulada la materia en la ley actualmente vigente o la que se profiera a futuro, asuntos como el rito del proceso para instruir o juzgar, incidentes procesales, impedimentos, recusaciones, notificaciones, practica de pruebas o la impugnación de decisiones distintas de la sentencia (artículo 2º del artículo 235 de la Carta Política), entre otros.

Los aforados constitucionales y los aforados legales de juzgamiento por la Sala Penal de la Corte, por regla general, se investigan y juzgan por el procedimiento previsto en la Ley 906 de 2004, a excepción de los Congresistas y los funcionarios sometidos a la competencia de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, quienes son investigados y juzgados por el trámite de la Ley 600 de 2000, tal y como se dispuso en el artículo 533 de la Ley 906 ibídem.

El trámite de la apelación de las sentencias tiene regulación expresa en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004, los cuales deben ser aplicados frente a las situaciones reguladas por el Acto Legislativo 01 de 2018. El mandato constitucional creó la apelación de los fallos proferidos contra aforados constitucionales, no sólo en el artículo 2º del Acto Legislativo 01 de 2018, al prever la “doble instancia de la sentencia”, sino también en el inciso 3º del artículo 1º ibídem, al precisar que “contra las sentencias que profiera la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia procederá el recurso de apelación” y, además, allí mismo se indicó la autoridad que debía resolver, al estatuir que “su conocimiento corresponderá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”.

Obsérvese cómo está creado el recurso de apelación contra la decisión de categoría de sentencia, su procedimiento está regulado en las leyes 906 de 2004 y 600 de 2000, y definida la Sala que debe resolver el asunto existe jurídicamente, la de Segunda Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Ello significa que, al obrar la Sala actual en primera instancia y proferir el fallo, se debe admitir la procedencia de la impugnación por vía de apelación y las personas que deben fungir como magistrados de segunda instancia, por corresponder a las mismas que profieren el fallo en primera instancia (institución), han de ser sustituidos por conjueces, que en su condición obran como sala de segunda instancia.

Ahora bien, huelga aclarar, los conjueces, conforme a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y los Estatutos Procesales Penales, es una institución que opera no solamente para situaciones de impedimento, sino también por la afectación del quórum de los magistrados para decidir por cualquier motivo (enfermedad, muerte, no posesión del que deba fungir como titular).

Este ejemplo ilustra la razón de mi postura, en una acción de revisión, cuando un magistrado del tribunal es nombrado magistrado de la Sala de Casación Penal y le corresponde un asunto que falló en primera instancia en el Tribunal de origen y los demás Magistrados de la Corte no pueden resolver porque profirieron el fallo de casación en ese asunto, lo resuelven los conjueces. La Sala existe jurídicamente, sus miembros están impedidos o los magistrados no pueden fungir. La Corte ha designado conjueces en esos casos y así se ha resuelto el caso, sin que nadie cuestione la juridicidad del procedimiento. O me pregunto, cómo se integró el quorum para cuando ocurrió la toma del Palacio de Justicia por el M-19.

La apelación de la sentencia no está de manera diferente sometida a reserva legal futura, porque mientras no se legisle sobre la materia se debe aplicar lo dispuesto en las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004. Lo propio ocurre con la regulación de la apelación contra autos, está reglada expresamente en dicho estatuto y no se establece recurso de apelación para las providencias interlocutorias en los procesos de competencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, régimen que se aplicaría, como se dijo, mientras una disposición no determine lo contrario.

En Acto Legislativo 01 de 2018 se crearon las Salas de Primera y Segunda Instancia y la de Instrucción, y sus competencias fueron expresamente reguladas. Jurídicamente las Salas Especiales existen, pero materialmente operan a través de la actual Sala de Casación mientras se proveen los cargos correspondientes en propiedad.

El procedimiento sugerido es el que se ha aplicado cuando se crea una competencia para un juez de denominación y categoría diferente a los que venían conociendo de un trámite (asuntos del Juzgado Penal del Circuito que pasaron a conocimiento de Jueces Penales del Circuito Especializados cuando fueron creados).

La facultad jurisprudencial a la que alude la Sentencia C-353 de 2015 ya citada, permite interpretar el artículo 234 de la Carta Política, modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 01 de 2018, en su inciso sexto, en el sentido que está prohibida la asignación de asuntos a las Salas Especiales de los que correspondan a la Sala de Casación Penal, pero no la interpretación de la regla contraria. En otras palabras, la prohibición es para el traslado de competencias de la Sala de Casación Penal a las Salas Especiales, no lo inverso, por lo cual la Sala actual sí puede cumplir funciones propias de las Salas Especiales, desde luego, mientras se posesionen sus magistrados. Esta es la regla jurisprudencial que en este momento aplica con criterio mayoritario la Sala de Casación Penal, porque admite que mantiene la competencia para investigar, instruir y juzgar.

Lo dicho, significa que mientras se posesionan los magistrados de las Salas Especiales, la Sala de Casación Penal actual, en virtud de lo ordenado en el Acto Legislativo 01 de 2018 y por la interpretación dada al artículo 2º, los Magistrados actuales asumen los procesos en el estado en que se encuentren para cumplir la función a que alude el A.L. 01 de 2018, esto es, si el proceso está en preliminares o investigación, la Sala fungirá como Sala de Instrucción; si el expediente está en trámite de Juzgamiento, lo hará como Sala de Primera Instancia; y si está conociendo en segunda instancia, lo hará en esta condición y acatando el trámite y las particularidades procesales que surjan de lo regulado por el acto legislativo y el código procesal aplicable.

Debido a la imposibilidad de que las Salas Especiales creadas por el Acto Legislativo 01 de 2018 apliquen sus normas, debe hacerlo temporalmente y mientras ellas son constituidas, la Sala de Casación Penal y las Salas de Instrucción y Juzgamiento que operan actualmente, cuyas normas se deben aplicar ya que fueron instituidas, igual que el acto legislativo, con el fin de separar las funciones de instrucción y juzgamiento, en procura de que los magistrados partícipes en esas etapas no resultaran afectados por sus preconceptos, tutelando de esa manera con mayor eficacia el principio de independencia e imparcialidad.

Ciertamente, el Acto Legislativo 01 de 2018 fue expedido por el Congreso de la República en relación con los procesos seguidos por esta Sala en única instancia contra los congresistas, atendiendo lo decidido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-545 de 28 de mayo de 2008, para poner a tono nuestra legislación con los avances internacionales sobre el principio de independencia e imparcialidad de los jueces, en particular evitar el posible apego a los preconceptos de los magistrados que participen en las distintas etapas del proceso, sin que ello signifique que el modelo vigente hasta ese momento vulnerara el principio de la doble instancia y los derechos de defensa y debido proceso, pues esa corporación siempre avaló su constitucionalidad. La Corte Constitucional declaró exequible el rito de única instancia con la Sentencia C-934 de 2006, lo que implica su armonía con el bloque de constitucionalidad, y la reiteró a través de la SU-198 de 2013.

Acatando los designios de la Corte Constitucional en la Sentencia C-545 de mayo 28 de 2008, ya mencionada, y con miras separar las funciones de instrucción y juzgamiento, armonizando el concepto de juez independiente e imparcial con su evolución a nivel internacional, a fin de evitar ahora en el funcionario judicial la posible inclinación hacia sus preconceptos, fue que la Corte mediante el Acuerdo 01 de 19 de febrero de 2009, modificó el reglamento interno y creó las Salas de Instrucción integradas cada una por tres magistrados y las de Juzgamiento conformadas por los 6 restantes, para que quienes intervinieran en el sumario no lo hicieran en la causa, todo ello respecto a los delitos cometidos a partir del 29 de mayo de ese año (2008) en adelante, teniendo en cuenta la fecha de la sentencia de constitucionalidad, los ejecutados antes de esa fecha continuarían, como en efecto sucedió, siendo adelantados por la Sala de Casación Penal en sus dos fases de instrucción y de juzgamiento.

La siguiente es la argumentación de la Corte para proferir el mencionado Acuerdo:

“1. Que de acuerdo con lo dispuesto en la Sentencia C-545 de mayo 28 de 2008, la Corte Constitucional al tiempo que declaró exequible el artículo 533 de la Ley 906/04 en cuanto señala que la investigación y juzgamiento de los miembros del Congreso siguen radicados en cabeza de la Corte Suprema de Justicia y bajo el procedimiento de la Ley 600/00, ordenó que respecto de los delitos atribuidos a los mencionados servidores y cometidos a partir del 29 de mayo de 2008 debía separarse las reseñadas funciones de instrucción y juzgamiento.

2. Que del texto de la mencionada sentencia se desprende con claridad que la comentada separación ha de expresarse a través de una ley que debe expedir el Congreso de la República.

3. Del mismo modo, que en el mencionado pronunciamiento se estableció que en el interregno la Corte Suprema en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales organizar la división del trabajo al interior de la misma corporación con miras a garantizar la prestación continua del servicio de administración de justicia.

4. Que dentro de las competencias constitucionales de la Corte está la de darse su propio reglamento, conforme con el artículo 235-6.

5. Que se hace necesario organizar la escisión de tales funciones procesales bajo el entendido de la urgencia de tramitar las actuaciones originadas en delitos que cometidos a partir del 29 de mayo de 2008 se atribuyan a congresistas.

6. Que, además, de conformidad con el artículo 48 de la Ley 153 de 1887 el juez no puede rehusarse a juzgar pretextando silencio u oscuridad o insuficiencia de la ley”.

Significa lo anterior, que el principio de independencia e imparcialidad de acuerdo con los nuevos conceptos señalados por la Corte Constitucional, viene siendo materializado con el diseño de la Sala desde la reforma del reglamento interno, y persistirá con la continuación de los trámites por las actuales Salas de Instrucción y de Juzgamiento mientras son implementadas las nuevas, toda vez que los magistrados que integran la primera no participarán en la segunda evitando el apego a sus preconceptos, ya que en realidad el cambio sustancial acuñado por el Acto Legislativo 01 del corriente año respecto a las únicas atañe a la creación de la segunda instancia, facultad que entregó a esta Sala de Casación Penal.

Es evidente, entonces, que la misma razón que generó la creación de las Salas de Instrucción y Juzgamiento con el Acuerdo 01 de 2009 que modificó el reglamento de esta corporación, fue la que condujo al legislador a crear las nuevas de Instrucción y de Primera Instancia, siendo procedente la continuación de su funcionamiento y la prolongación de los efectos jurídicos del aludido Acuerdo aludido, en tanto éstas sean constituidas.

En los procesos cuya instrucción y juicio hayan sido adelantados por la Sala de Casación Penal en pleno, debido a que los hechos ocurrieron antes del 29 de mayo de 2008, deben seguir siendo conocidos por ella, sin que esta situación ponga en riesgo el principio de la doble instancia, ni los derechos de defensa y debido proceso ya que estando en vigencia las nuevas normas superiores, los recursos contra las decisiones y los fallos de las Salas de Juzgamiento deben ser conocidos por la misma Sala de Casación Penal compuesta por magistrados que no hayan intervenido antes y por los conjueces que resulten necesarios, preservando el principio de imparcialidad e independencia (en los términos vistos).

Y, como ya se vio, los proceso por hechos ocurridos antes de 31 de mayo de 2008, se reitera, tanto la instrucción como el juzgamiento venían siendo tramitados por la Sala de Casación en Pleno, acatando los mandatos constitucionales y legales, amén de la sentencia referida que así lo dispuso, con base en la cual se modificó el Reglamento Interno de la Corte, para aplicarla.

En cuanto a las segundas instancias de las decisiones adoptadas por las Salas de Juzgamiento actuales mientras son integradas las de Instrucción y de Primera Instancia, serán conocidas igualmente por la Sala de Casación Penal, conformada por los magistrados que no haya participado en dichas investigaciones y/o por conjueces.

La continuación del trámite de los procesos por la Sala de Casación Penal y las Salas de Instrucción y Juzgamiento actuales mientras entran a operar las nuevas Salas Especiales no viola garantía ni derecho fundamental alguno, por contraste se asegura una pronta y cumplida justica, los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, y a los de los procesados de acceso a la administración de justicia de manera rápida y eficaz, y a lograr que se les defina su situación jurídica en un término razonable, los cuales estarían en riesgo con la parálisis indefinida de los procesos.

El Acto Legislativo 01 de 2018, en consonancia con el artículo 9º de la Ley 153 de 1887, de manera perentoria elimina la vigencia de los textos de las leyes 906 de 2004 y 600 de 2000 que admitían los procedimientos penales y las sentencias penales de única instancia, así como la exclusión de la apelación del fallo y de la doble conformidad de la primera condena. Por tanto, quedan vigentes las disposiciones que regulan los procesos de primera instancia y segunda instancia, con apelación de la sentencia que se profiera y la impugnación especial (doble conformidad judicial).

La interpretación que se hace del Acto Legislativo 01 de 2018 para atribuirle el alcance de conllevar la suspensión de las investigaciones que actualmente adelanta la Corte durante el tiempo que tome la implementación de las Salas Especiales no es admisible, porque resultaría violatoria de las garantías fundamentales de los procesados –entre ellas, el acceso a la administración de justicia y el derecho a obtener una resolución célere de sus respectivos casos–, y desconocería que, conforme lo tiene discernido la Corte Constitucional, la administración de justicia es un derecho público esencial que debe prestarse de manera continua e ininterrumpida(162), por lo que esa interpretación comprometería el interés general. Reafirma todo lo anterior el artículo 48 de la Ley 153 de 1887, al establecer que “los jueces o magistrados que rehusaren juzgar pretextando silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, incurrirán en responsabilidad por denegación de justicia”.

6. Conclusión.

En síntesis, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia debe continuar conociendo de las investigaciones y juzgamientos penales contra aforados constitucionales y aforados legales de juzgamiento de la Sala Penal de la Corte, dándoles un trámite de primera instancia y admitiendo el recurso de apelación contra la sentencia proferida, así como también acatando el trámite de la impugnación por doble conformidad judicial contra la primera condena. Esa es la justicia que se debe administrar para todos los colombianos a partir del Acto Legislativo 01 de 2018, el que hizo regulaciones en las que están comprometidas garantías fundamentales, el interés público, el respeto por los fallos de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

No puede permitirse la inseguridad y el caos jurídico, menos los señalamientos de justicia que se puedan endilgar a las decisiones que pongan fin a los procesos penales por no tramitarse la apelación contra las sentencias.

Por eso, me parece que mi propuesta es la menos traumática frente a las otras posturas presentadas en la Sala y que no comparto y que corresponderían a que, i) la Corte no debe proferir sentencia en los procesos contra aforados constitucionales porque no tiene competencia para hacerlo, o ii) como opina la mayoría de la Sala, que debe actuar y fallar en única instancia, sin atender el Acto Legislativo 01 de 2018, mientras se posesionan los magistrados de las Salas Especiales.

Ha de señalarse que mientras no se cumpla con la garantía de la doble instancia, la sentencia proferida en este asunto no adquiere firmeza jurídica con todas las consecuencias que de ello se deriva.

Cordialmente,

Eugenio Fernández Carlier 

Fecha ut supra 

Salvamento de voto

Con el debido respeto hacia la decisión mayoritaria, salvo mi voto en este asunto porque la Sala de Casación Penal no ha debido proferir sentencia, toda vez que, al hacerlo, se vulnera el derecho a la doble instancia y a la impugnación de la primera condena, según lo dejé consignado en el salvamento de voto a la SP379-2018, Radicado 50472, cuyos argumentos procedo a transcribir:

1. La doble instancia tiene una relación íntima con el debido proceso y, obviamente, con el derecho de defensa, en cuanto permite dar mayor eficacia al derecho de acceso a la administración de justicia y al ejercicio de la contradicción.

2. El estándar internacional exige disgregar los funcionarios que investigan de aquellos que juzgan, a la vez que contempla la garantía de impugnar la primera condena (artículos 8.2 h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Bajo ese orden, lo que se pretende asegurar es que toda persona, que ha sido condenada, tenga la oportunidad de que su proceso sea revisado por una autoridad superior.

3. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido consistente en sostener que el propósito de la impugnación del fallo es proteger el derecho de defensa y asegurar que la sentencia adversa pueda ser repasada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía. Bajo ese orden, ha considerado que lo esencial es permitir un nuevo análisis de todos los aspectos –normativos, fácticos y probatorios– alegados por el recurrente y que puedan tener repercusión en la decisión.

En torno al canon 8.2 h de la Convención, ha indicado

99. La Corte ha sostenido que el artículo 8.2.h de la convención se refiere a un recurso ordinario accesible y eficaz(163). Ello supone que debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada(164). La eficacia del recurso implica que debe procurar resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido(165). Asimismo, el recurso debe ser accesible, esto es, que no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho(166). En ese sentido, la Corte estima que las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.

100. Debe entenderse que, independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los Estados Partes y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia condenatoria, para que éste sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección de una condena errónea. Ello requiere que pueda analizar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria.

4. La Corte Constitucional, en aplicación de cánones convencionales y en observancia de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ocupó sobre el derecho a la impugnación y a la garantía de la doble instancia, y determinó que son estándares constitucionales autónomos y categorías conceptuales distintas e independientes que, en algunos casos, pueden coincidir, como ocurre

... en la hipótesis específica en la que, (i) en el contexto de un juicio penal, (ii) el juez de primera instancia (iii) dicta un fallo condenatorio. En este supuesto fáctico, el ejercicio del derecho a la impugnación activa la segunda instancia, y se convierte, entonces, en la vía procesal que materializa el imperativo de la doble instancia judicial, y a la inversa, con la previsión de juicios con dos instancias se permite y se asegura el ejercicio del derecho a la impugnación. (Cfr. CC C-792/14).

En la sentencia transcrita, el alto tribunal exhortó al Congreso de la República para que, en el término de un año contado a partir de la notificación de la determinación, regulara integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias, y previó que, de no expedirse la regulación por parte del órgano de representación popular, se entendería que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena.

Transcurrido el plazo, el Congreso de la República no legisló, y tampoco la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia pudo asegurar tales garantías. La regla prescrita por la Corte Constitucional era absolutamente imposible de ser verificada por la corporación, no solo por su naturaleza, órgano de cierre, que, por su organización legal y reglamentaria, carece de superior sino por la ausencia de ley.

5. Solo hasta enero del año en curso, el Congreso de la República expidió el Acto Legislativo 01 de 2018, por conducto del cual implementó el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria. Así, respecto de los delitos que cometan los congresistas, creó, al interior de la Sala de Casación Penal, la Sala Especial de Instrucción, encargada de investigar y acusar, y la Sala Especial de Primera Instancia.

En el artículo 1º, incisos 4º y 5º, consagró:

Contra las sentencias que profiera la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia procederá el recurso de apelación. Su conocimiento corresponderá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La primera condena podrá ser impugnada.

Más adelante, en el canon 3º, que modificó el 235 de la Carta, señaló:

6. Resolver, a través de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones proferidas por la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

7. Resolver, a través de una Sala integrada por tres magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y que no hayan participado en la decisión, conforme lo determine la ley, la solicitud de doble conformidad judicial de la primera condena, proferida por los restantes magistrados de dicha Sala en los asuntos a que se refieren los numerales 1º, 3º, 4º, 5º y 6º del presente artículo, o de las fallos que en esas condiciones profieran los tribunales superiores o militares.

6. Así las cosas, con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2018 el panorama jurídico cambió diametralmente. La doble instancia y la doble conformidad deben ser garantizadas y la Corte Suprema de Justicia, como órgano máximo de la jurisdicción ordinaria, está impelida a asegurar su observancia en aras de demostrar su probidad y rectitud.

7. Por consiguiente, resulta indiscutible que la garantía de la doble instancia contra toda sentencia que profiera la Sala Especial de Primera Instancia y el derecho fundamental a la impugnación de la primera condena, son, no solo reconocidos actualmente por la Constitución Política, sino de aplicación inmediata, como surge del contenido del precepto 4º, según el cual: “El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias”, y su publicación en el Diario Oficial tuvo lugar el 18 de enero del año en curso.

La promulgación, según el precepto 52.2 del Código de Régimen Político y Municipal, es el acto de “insertar la ley en el periódico oficial, y se entiende consumada en la fecha del número que termine la inserción”.

8. Dado que –lo ha recalcado la Corte Constitucional entre otras, en CC C-757/01– las normas constitucionales son de aplicación inmediata y no requieren “reiteración de su contenido en normas de otra jerarquía para garantizar su efectividad (C.P., art. 4º)”, esas disposiciones del Acto Legislativo ya se encuentran vigentes y, por ende, resulta imposible excluir la doble instancia, como lo hizo la Sala en el fallo del cual me aparto.

9. La afirmación antedicha encuentra pleno respaldo en la Ley 153 de 1887, que en el artículo 9º establece: “[l]a Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente. Toda disposición legal anterior a la Constitución y que sea claramente contraria a su letra o a su espíritu, se desechará como insubsistente”. Así mismo, se soporta en los preceptos 40 y 43, que instituyen reglas a aplicar cuando se advierta incongruencia en las leyes, exista oposición entre ley anterior y ley posterior, o frente el tránsito legal de derecho antiguo al nuevo. Su tenor es el siguiente:

Artículo 40. [Modificado por el art. 624, Ley 1564 de 2012]. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.

Artículo 43. La ley preexistente prefiere a la ley ex post facto en materia penal. Nadie podrá ser juzgado o penado sino por ley que haya sido promulgada antes del hecho que da lugar al juicio. Esta regla solo se refiere a las leyes que definen y castigan los delitos, pero no a aquellas que establecen los tribunales y determinan el procedimiento, las cuales se aplicarán con arreglo al artículo 40.

10. Ahora bien, el acto reformatorio de la Constitución no previó disposiciones transitorias en punto de su implementación y en la actualidad no se ha proferido la ley en virtud de la cual se establezca la logística para poner en marcha la Sala Especial de Instrucción y la Sala Especial de Primera Instancia, como así se reconoce en la sentencia de la cual me aparto. No obstante, a pesar de que tal funcionamiento operativo es imprescindible para garantizar la plena eficacia de la administración de justicia como fin y deber del Estado y que la persona contra la que se procede penalmente tiene derecho a que su actuación se adelante en forma pronta y oportuna, también lo es que ello no puede materializarse atropellando sus derechos constitucionales y legales, máxime cuando en la fecha el Acto Legislativo está rigiendo.

11. A mi juicio, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia puede continuar adelantando las actuaciones que están en curso, pero, de ninguna manera, dictar sentencia condenatoria.

12. En cuanto a lo primero, soy del criterio que en los procesos que actualmente adelanta la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en única instancia y que se encuentran en etapa preliminar, instructiva y de juzgamiento –en los que no ha finalizado la audiencia pública–, puede proseguirse con la actuación que corresponda a fin de respetar el debido proceso como derecho fundamental, en tanto, no hacerlo, implicaría paralizar la justicia, máxime cuando, según lo prevé el artículo 48 de la Ley 153 de 1887 “[l]os jueces o magistrados que rehusaren juzgar pretextando silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, incurrirán en responsabilidad por denegación de justicia”.

Debo aclarar que, aunque la disposición trascrita prescribe la obligación de juzgar y podría entenderse implícita la de dictar sentencia, considero que –esta es la razón esencial de mi voto disidente– adoptar fallo viola la Constitución, habida cuenta la imposibilidad de garantizar la doble instancia y el derecho a impugnar la primera condena, que hoy se encuentran consagrados en la Carta.

13. El Juez natural, para proferir sentencia, es, conforme al Acto Legislativo, uno distinto a la Sala de Casación Penal, la cual solo conoce en segunda instancia, no en primera, pues, para el efecto, se instituyó la Sala Especial de Primera Instancia.

14. Las normas procedimentales, según jurisprudencia de la Corte Constitucional, se deben leer a la luz del principio de instrumentalidad de las formas (artículo 228 de la Carta Política), es decir, que “su respeto es predicable en cuanto cumple un fin”. (Cfr. CC A017/06). Por ende, la sentencia que ha dictado la Sala de Casación Penal conlleva el incumplimiento del fin para el cual fue concebido el Acto Legislativo 01 de 2018.

15. Así que para respetar la garantía de la doble instancia y el derecho fundamental de impugnación de la condena, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha debido abstenerse de proferir sentencia condenatoria, para no incurrir en una extralimitación en el ejercicio de sus funciones (artículo 6º de la Constitución Política), así la misma sea anticipada, como ocurre en esta ocasión.

Lo anterior porque esa providencia, pese a ser, en principio, compartida en su sentido condenatorio por el procesado, puede ser objeto de controversia en aspectos relacionados con la dosificación punitiva, los subrogados penales y los mecanismos sustitutivos de la pena. Se le estaría cercenando al sentenciado la posibilidad de alegar inconformidad y enseñar, eventualmente, alguna falencia en la labor judicial.

16. Conforme a los razonamientos que preceden, ninguna observación haré respecto del fondo del asunto abordado en la sentencia.

Idénticas razones son las que me llevan a apartarme de la posición mayoritaria de la Sala, por lo cual, en esta ocasión, tampoco formularé observaciones de fondo a la sentencia.

Fecha ut supra. 

Eyder Patiño Cabrera 

70 CSJ SP mar. 16 de 2016, Rad. 36046,

71 Cfr. CSJ SP 14 de mayo de 2007, Rad. 26.942.

72 CSJ SP 14 AG. 2013, Rad. 37915.

73 CSJ AP7133-2016.

74 CSJ sp2230-2016.

75 Debe tenerse como fecha de comisión del último acto, según lo ha estimado la Sala, entre otras decisiones CSJ SP6005-2017.

76 CSJ SP. 27 feb. 2012. Rad. 37363.

77 CSJ SP Rad. 37152 de 27 de jun. de 2012.

78 CSJ SP 6019-2017.

79 Contenido en solicitud de audiencia preliminar para formulación de cargos –Subproceso de justicia y paz. Diligencia de inspección judicial Rad. 12826-12. Folios 2-21 C. Anexo 4.

80 Folio 19, C Anexo 4. Actuación Fiscalía.

81 Op. Cite 20.

82 Of. 1557 UNJYP D-5. 24 de diciembre de 2012. Folio 211-214, C. 3 Actuación Fiscalía.

83 Folios 260 a 286, C 1 Anexo, incorporado mediante inspección judicial efectuada al Radicado 12798 seguido por la Fiscalía 1º Delegada ante la Corte.

84 Folio 272, C.1 Anexo.

85 Folio 1-6 C 1 Actuación Fiscalía. CD 1 versión libre.

86 Folios 265 a 277. C 1 Actuación Fiscalía.

87 Folio 265 a 277, C1 Actuación Fiscalía.

88 Folio 53, C 1 Actuación Fiscalía.

89 Ingresó a las Autodefensas el 15 de febrero de 2002 hasta el 16 de junio de 2004. Op. Cite 24.

90 Folio 166, C1 Actuación Fiscalía.

91 En contra de N… de J… E… C… se adelantó investigación con radicado 12798 en la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia.

92 Indagatoria rendida el 5 de septiembre de 2011. Folio 69 , C.2 Actuación Fiscalía.

93 Folio 181, C1 Actuación Fiscalía.

94 Folio 54 C 1 Actuación Fiscalía.

95 Consta en la hoja de vida su desempeño como Secretario de Gobierno desde 2 de enero de 2001 hasta 30 de septiembre de 2002. Folio 57, C. 1 Actuación Fiscalía.

96 Folios 104 y 105, C1 Actuación Fiscalía.

97 Folio 83, C.O.1.

98 Folio 172 C.1 Actuación Fiscalía.

99 Folio 31 C. 4 Actuación Fiscalía.

100 Folio 167, C.1 Actuación Fiscalía.

101 “[E]n 2006, el programa de reintegración fue reformado y asumido por la entonces creada ACR (Alta Consejería para la Reintegración), con base en rectificaciones que incluyeron el reconocimiento de perfiles para brindar servicios especializados, acompañamiento sicosocial generalizado, énfasis regional y sistematización de información y procedimientos. La ACR instaló Centros de Servicios en diferentes lugares del país para atender las concentraciones regionales de la población desmovilizada. (…) Concluidos los niveles educativos de primaria o de ciclo básico o bachillerato, continúan la ruta de reintegración económica hacia la vinculación laboral o en un plan de negocio o proyecto productivo, con respaldo financiero oficial”. Tomado de Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUC. Capítulo I. P.79. Centro Nacional de Memoria Histórica. https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/desmovilizacionDesarmeReintegracion/desmovilizacion-y-reintegracion-paramilitar.pdf

102 Folio 117, C.2 Actuación Fiscalía.

103 Acta 001 de 2004. Folio 67, C.1 Actuación de la Fiscalía.

104 Folio 269 C.1 Actuación Fiscalía.

105 Folio 31 C.4 Actuación Fiscalía.

106 Folios 12 C.2 Actuación Fiscalía.

107 Folio 23 C.2 Actuación Fiscalía.

108 Folio 27, C.2 Actuación Fiscalía.

109 Rec. 1.00.08 Sesión 24 de marzo de 2015. CD 4.

110 Folio 32 C.4 Actuación Fiscalía.

111 Folios 11 a 20, C. 2 Actuación de la Fiscalía.

112 Folio 15, C. 2 Actuación Fiscalía.

113 Folio 17, C. 2 Actuación Fiscalía.

114 Folios 272 a 280, C.3 Actuación Fiscalía.

115 Folios 153 a 159, C.4 Actuación Fiscalía.

116 Folio 156 C 4 Actuación Fiscalía.

117 CSJ SP6019-2017.

118 Folio 154, C. 4 Actuación Fiscalía.

119 Folio 158, C.4 Actuación Fiscalía.

120 Folio 29 C 4 Actuación Fiscalía.

121 Rec. 5.14 Cd 5 audiencia de juicio 6 de abril de 2015.

122 Rec. 9.16 Cd 5 audiencia de juicio 6 de abril de 2015.

123 Folio 87, C.3 Actuación Fiscalía.

124 Folio 173 C1 Actuación Fiscalía.

125 Rec. 54.46 Audiencia de juicio 24 de marzo de 2015.

126 Folio 259-270, C. 3 Actuación de la Fiscalía.

127 Folio 264, C.3 Actuación Fiscalía.

128 Folios 160 a 165, C.4 Actuación Fiscalía.

129 Folio 265, C.3 Actuación Fiscalía.

130 Declaración rendida el 30 de agosto de 2011, folios 36 a 45, C.2 Actuación Fiscalía.

131 Folio 271, C1 Actuación Fiscalía.

132 Rec. 8.57 cd 9 audiencia de juicio sesión 1.

133 Folio 25, C2 Actuacion Fiscalía

134 Folio 203 a , C 2 Actuación Fiscalía

135 Rec. 36.02 Audiencia de juicio.

136 Rec. 20.59 Audiencia de juicio sesión 6 de abril de 2015.

137 Rec. 1.13.43 Audio 1 cd1 versión libre 2 de marzo de 2010.

138 Folio 162 a 168, C1 Actuación Fiscalía.

139 Folio 197 C.2 Actuación Fiscalía.

140 Cd 5. Sesión juicio 6 de abril de 2015.

141 Actuación incorporada a la presente actuación por medio de inspección judicial.

142 Folio 79 C 1 anexo.

143 Folio 19 C 2, Actuación Fiscalía.

144 Folio 29 C.4 Actuación Fiscalía.

145 Op cite 18. Inspección judicial realizada al radicado 12798-01.

146 Folios 209 a 269, C. 2 Actuación Fiscalía.

147 CSJ SP, 21 Feb 2011, Rad. 27918.

148 CSJ SP 24 oct. 2012, Rad. 35116.

149 Esta interpretación fue acogida y desarrollada en CSJ SP 23 feb. 2010, Rad. 2805 y CSJ SP6019-2017.

150 CSJ SP 8 jul. 2009.

151 CSJ SP 27 en. 2010, Rad. 29753.

152 A folio 68 del C.2 Actuación de la Fiscalía.

153 Teniendo en cuenta que el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2006 correspondía a $408.000. Decreto 4686 de 21 de diciembre de 2005.

154 Sentencia C-1200 de 2003.

155 Sentencia C-551 de 2003.

156 Sentencia C-427 de 2008.

157 Sentencia C-332 de 2017.

158 Tal como se desprende del tenor del artículo 4 Superior, según el cual “en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.

159 Artículo 2º.

160 Artículo 3º.

161 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 5º; Corte Interamericana de Derechos Humanos, 23 nov. 2012, caso Mohamed versus Argentina.

162 Sentencia T-1222 de 2004.

163 [cita inserta en el texto trascrito] Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párrs. 161, 164, 165 y 167, y Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas, párrs. 88, 89 y 90.

164 [cita inserta en el texto trascrito] Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 158 y Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 88.

165 [cita inserta en el texto trascrito] Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 161 y Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 90.

166 [cita inserta en el texto trascrito] Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 164 y Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 90.