Sentencia SP723/2015 de febrero 4 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrada Ponente

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

SP723-2015

Radicación: 42.300

Acta: 32

Bogotá D.C., cuatro de febrero de dos mil quince.

Extractos: «Consideraciones.

1. El defensor de Ricardo Miguel Tovar Collazos, demanda la revisión de la sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, que confirmó la condenatoria proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de esa ciudad.

Son dos las censuras propuestas contra la decisión, ambas al amparo de la causal contenida en el numeral 7º de la Ley 906 de 2004, como se pasa a explicar:

1.1. La primera, se encamina a que se le conceda la rebaja de la pena por reparación integral a Tovar Collazos, como así lo avala el artículo 269 del Código Penal para quienes indemnicen los perjuicios ocasionados a la víctima en los delitos contra el patrimonio económico, contenidos en el título VII ejusdem y como quiera que fue condenado por el delito de extorsión en la modalidad de tentativa, contenido en ese acápite.

Para ello, el defensor trajo a colación las decisiones CSJ SP, 29 de junio de 2008, Rad. 29.788; CSJ SP, 1º de julio de 2009, Rad. 30.800; y CSJ STP, 10 de agosto de 2010, para decir que allí varió la Sala de Casación Penal su postura, en el entendido de que «se trata de un derecho que le asiste al imputado o acusado, de reparar los daños y perjuicios que se generaron con ocasión de la comisión de un delito y así obtener con ella la rebaja correspondiente de pena».

Establece la citada disposición, que el juez debe disminuir la pena a imponer frente a los delitos contenidos en el título VII en comento, en un monto que va de la mitad a las tres cuartas partes, siempre y cuando el responsable restituya el objeto material del delito e indemnice los perjuicios ocasionados al ofendido.

1.1.1. Para el caso, el 14 de diciembre de 2010, el defensor de Tovar Collazos presentó un recibo de consignación hecha en la cuenta de depósitos judiciales en favor de la víctima por valor de ciento veintiún mil pesos ($121.000), con el respectivo avalúo hecho por un perito auxiliar de la justicia, afirmando que con esa suma se reparaban el daño emergente y el lucro cesante ocasionados con la conducta, por lo que pidió al Juez, aplicar a su prohijado la rebaja de pena de que trata el artículo 269 del Código Penal(5).

A tal solicitud accedió el a quo, tras argumentar, con sustento en jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que dicha rebaja «se trata de un derecho no consagrado dentro de las prohibiciones del artículo 26, Ley 1121 de 2006», razón por la cual redujo la pena de 96 meses de prisión en las tres cuartas partes y la dejó en 24 meses. Misma situación que sucedió con la sanción de multa, que de 2.000 salarios mínimos, pasó a 500 smmlv.

La Fiscalía interpuso el recurso de apelación contra la sentencia, estimando que debía imponerse no la máxima proporción de que trata el artículo 269, sino la mínima, es decir, la mitad, en razón a que la indemnización consignada por el condenado, no correspondía realmente al daño sufrido por la ofendida.

El Tribunal Superior de Neiva hizo eco de las pretensiones del ente acusador y por tal razón, luego de observar que no habían sido reparados los perjuicios morales ocasionados a la víctima y la indemnización había sido tardía, modificó la rebaja punitiva para reconocerla en la mitad.

Por ello, modificó la condena impuesta para dejarla en cuarenta y ocho (48) meses de prisión y multa de 1.000 salarios mínimos.

1.1.2. Ahora bien, invoca el demandante las decisiones CSJ SP, 29 de junio de 2008, Rad. 29.788; CSJ SP, 1º de julio de 2009, Rad. 30.800; y CSJ STP, 10 de agosto de 2010, como sustento de la causal invocada en lo que respecta al reconocimiento de la rebaja de pena por reparación integral del artículo 269 del Código Penal.

Pero dos yerros cometió en la sustentación de la causal por este aspecto. El primero, se funda en que las decisiones que trae a colación, son anteriores a la ejecutoria de la decisión condenatoria dictada contra su prohijado (en firme el 14 de marzo de 2011), por lo que no podría hablarse en el caso de un cambio jurisprudencial favorable hecho por la Corte, frente al criterio jurídico que sustentó la decisión condenatoria.

El segundo, se centra en que contrario al dicho del defensor, los funcionarios de conocimiento sí le reconocieron a Ricardo Miguel Tovar Collazos, la rebaja por indemnización integral de que trata el artículo 269 del Código Penal, como se explicó en el acápite antecedente.

Por lo tanto, frente a este planteamiento es imperioso declarar infundada la causal de revisión propuesta.

1.2. La segunda censura está encaminada a inaplicar el incremento punitivo de que trata el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 al caso, con base en la postura que la Corte adoptó a partir de la decisión CSJ SP, 27 de febrero de 2013, Rad. 33.254.

1.2.1. Dijo esta Corporación en la citada providencia, que en los supuestos en los cuales el procesado se allane a cargos o acuerde con la Fiscalía, pero se estuviese ante las prohibiciones del artículo 26 de la Ley 1121 del 2006, no hay lugar a aplicar el incremento contenido en el artículo 14 de la Ley 890.

Esa tesis, parte de la base de que la norma del 2006 prohíbe conceder cualquier tipo de prebendas cuando, como en este caso, se trate del delito de extorsión, razón por la cual es desacertado aplicar el aumento allí señalado, si de lo que se trata es de propiciar una justicia premial.

En la providencia señalada, a modo de conclusión, la Corte afirmó:

Por consiguiente, a la luz de la argumentación aquí desarrollada, fuerza concluir que habiendo decaído la justificación del aumento de penas del art. 14 de la Ley 890 de 2004, en relación con los delitos incluidos en el art. 26 de la Ley 1121 de 2006 —para los que no proceden rebajas de pena por allanamiento o preacuerdo—, tal incremento punitivo, además de resultar injusto y contrario a la dignidad humana, queda carente de fundamentación, conculcándose de esta manera la garantía de proporcionalidad de la pena…

Así mismo, en ejercicio de su función de unificación de la jurisprudencia, la Sala advierte que, en lo sucesivo, una hermenéutica constitucional apunta a afirmar que los aumentos de pena previstos en el art. 14 de la Ley 890 de 2004 son inaplicables frente a los delitos reseñados en el art. 26 de la Ley 1121 de 2006. No sin antes advertir que tal determinación de ninguna manera comporta una discriminación injustificada, en relación con los acusados por otros delitos que sí admiten rebajas de pena por allanamiento y preacuerdo, como quiera que, en eventos de condenas precedidas del juicio oral, la mayor intensidad punitiva no sería el producto de una distinción arbitraria en el momento de la tipificación legal, ajustada por la Corte, sino el resultado de haber sido vencido el procesado en el juicio, sin haber optado por el acogimiento a los incentivos procesales ofrecidos por el legislador; mientras que, frente a sentencias condenatorias por aceptación de cargos, la menor punibilidad, precisamente, sería la consecuencia de haberse acudido a ese margen de negociación, actualmente inaccesible a los delitos referidos en el art. 26 de la Ley 1121 de 2006 (Resaltado fuera de texto).

La anterior postura fue reiterada por la Corte en Sentencia CSJ SP, 19 de junio de 2013, Rad. 39.719 así:

Durante las alegaciones orales, de consuno la Fiscalía y la representación del Ministerio Público, pidieron se aplicase de oficio, en favor del procesado, la más reciente jurisprudencia de la Sala, consignada en el radicado 33254 del 27 de febrero de 2013.

La decisión en comento, cabe recordar, a partir de la aplicación del principio de proporcionalidad y la verificación del querer del legislador al expedir la Ley 890 de 2004, concluyó que a los delitos a los cuales cobija la prohibición de rebajas o beneficios del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, entre ellos la conducta punible de extorsión, no les es aplicable el incremento generalizado de pena establecido en el artículo 14 de la primera normatividad citada.

Empero, de lo expuesto por la Corte hacen los representantes de la Fiscalía y la Procuraduría una equivocada lectura, pues, no deriva de allí que la eliminación del incremento opere general e indiscriminada para esos delitos reseñados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, sin que importen las vicisitudes procesales del caso concreto.

Todo lo contrario, en la jurisprudencia objeto de análisis, dentro al apartado final del tópico referido al tema en cuestión, la Corte advirtió:…

Claramente el apartado trascrito contiene una restricción al concepto de inaplicación del aumento de penas establecido en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, pues, precisamente para que el principio de igualdad respecto de personas a quienes se condena por la vía ordinaria en delitos diferentes, no sea vulnerado, establece como premisa básica que el no incremento sólo opera cuando el procesado se acoge a los mandamientos de justicia premial que contienen las figuras del allanamiento a cargos y preacuerdos.

Vale decir, en los casos en los cuales la persona vinculada por delitos contemplados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, no hace manifiesta su intención de acogerse a la terminación anticipada del proceso, vía allanamiento o preacuerdo, y ello no se materializa en la consecuente definición anticipada del asunto, la pena aplicable debe consultar también el incremento dispuesto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

Pues, de no ocurrir así quedaría huérfana de soporte la tesis que gobierna la jurisprudencia examinada, que tiene como objeto central de definición la imposibilidad de incrementar penas de Ley 890, a quienes no acceden a la justicia premial.

Cuando el asunto discurre por el camino ordinario del juicio oral, ya se hace necesario igualar a todas las personas de conformidad con lo establecido por el artículo 14 de la tantas veces citada Ley 890 de 2004, no sólo porque aquí en nada incide la justicia premial, sino porque de no hacerse así se establece una desigualdad gratuita e injustificada a favor de quienes, precisamente, cometen delitos graves que el legislador estimó necesitados de más draconiano trato.

Por lo demás, si se dejara de lado la necesaria acotación del criterio establecido por la Corte, ningún sentido tendría la exhortación que en la decisión jurisprudencial objeto de examen, se hace para que el legislador en lugar de limitar las posibilidades de terminar los asuntos rápidamente a través de los mecanismos de justicia premial, las flexibilice a efectos de hacer funcional y eficaz el sistema, so pena de su colapso.

Apenas natural surge que si la posibilidad del no incremento de pena en los delitos objeto de prohibición de beneficios, resulta consecuencia de acceder a alguno de los institutos de justicia premial, ello servirá de acicate para que así suceda y se eviten los efectos dañosos de la congestión judicial.

En consecuencia, la Corte reafirma que por inescapables razones de igualdad y funcionalidad del sistema, la prohibición del incremento de penas general dispuesto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, respecto de los delitos enlistados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, únicamente remite a aquellos casos en los cuales la persona se allanó a cargos o llegó a un acuerdo con la Fiscalía y en atención a ello se terminó anticipadamente el proceso».

1.2.2. Los lineamientos plasmados en el cambio jurisprudencial que invoca el demandante, se cumplen en el evento considerado, pues cabe recordar que Ricardo Miguel Tovar Collazos, debidamente asesorado por su defensor, celebró un preacuerdo con la Fiscalía para admitir su responsabilidad por el delito de extorsión agravada en la modalidad de tentativa.

Ahora bien, la pena a imponer fue uno de los aspectos considerados en el preacuerdo y se observa, que al llevar a cabo la labor de dosificación punitiva, el ente acusador aplicó al delito de extorsión, el aumento contemplado en el artículo 14 de la Ley 890 del 2004, pero le negó a Tovar Collazos «rebajas de ninguna clase por prohibición del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006»(6) (7).

Entonces, se impone declarar fundada la causal contenida en el numeral 7º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004 en lo que a este tópico respecta y de contera, dar cabida a la postura adoptada por la Corte a partir de la decisión CSJ SP, 27 de febrero de 2013, Rad. 33.254, lo cual comporta una redosificación de la pena por cumplir, descartando de ella el aumento del artículo 14 de la Ley 890 del 2004, con respeto a los criterios pactados en el preacuerdo y avalados por los jueces de instancia.

La Fiscalía aplicó el artículo 244 del Código Penal que, sin el agravante de la Ley 890, señala prisión de 12 a 16 años y multa de 600 a 1200 smmlv Además, contempló la circunstancia de agravación contenida en el numeral 3º del artículo 245, que fija la multa de 3.000 a 6.000 salarios y dispone que la prisión se aumente hasta en una tercera parte, proporción que, hecho el cálculo según el artículo 60.2 penal, deja los topes de 12 a 21,33 años (o 144 y 256 meses).

En aplicación del dispositivo amplificador del tipo de la tentativa, previsto en el artículo 27 del Código Penal(8), los límites quedan de 6 a 16 años de prisión (o 72 y 192 meses) y 1.500 a 4.500 salarios de multa.

Establecidos los extremos mínimo y máximo de movilidad entre 6 y 16 años, que equivalen a 72 y 192 meses, respectivamente, se determinó el ámbito punitivo en 120 meses (192-72) y se dividió en cuartos, para un resultado de 30 meses, que a su vez equivalen a 2 años y 6 meses. Entonces:

6 añosa16 años

72 mesesa 192 meses

CUARTOS
Primero:
30 meses
Segundo:
30 meses
Tercero:
30 meses
Cuarto:
30 meses
72 meses a 102 meses102 meses 1 día a 132 meses 132 meses 1 día a 162 meses162 meses 1 día a 192 meses
1.500 a 2.250 smlmv2.251 a 3.000 smlmv3.001 a 3.750 smlmv3.751 a 4.500 smlmv

La Fiscalía solicitó al juzgador «que se imponga el mínimo de la pena que indica el tipo penal en este caso; pena que se fija de la que se determina de la pena mínima indicada, previa consideración de las circunstancias de menor punibilidad».

A ello accedió el juez de conocimiento, quien determinó que la pena pactada «se ajustó a la legalidad», razón por la cual la fijó en el tope mínimo del cuarto inferior(9).

Trasladados esos lineamientos al ámbito que se impone aplicar, se tiene que la pena final sería de 6 años (72 meses) y multa de 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2010.

Empero, como derivado del recurso de apelación formulado por la Fiscalía, el ad quem le disminuyó el reconocimiento de la rebaja de pena contenida en el artículo 269 del Código Penal(10) a la mitad, es preciso reajustar la tasación anteriormente descrita, en esa misma cuantía, respetando los argumentos contenidos en la sentencia de segundo grado, que llevaron al Tribunal a modificar la de primera instancia en ese monto.

Por lo anterior, se declararán sin valor, parcialmente, las Sentencias del 15 de diciembre de 2010 y del 4 de marzo de 2011, proferidas por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Neiva y la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, exclusivamente para dejar las penas principales de prisión, en 3 años (36 meses) y la de multa en 750 smmlv para el año 2010, sanciones que debe cumplir Ricardo Miguel Tovar Collazos, como coautor responsable del delito de extorsión agravada en la modalidad de tentativa por el que fue condenado.

En el mismo monto que la privativa de la libertad, quedará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

2. No se pronunciará la Sala sobre la libertad del condenado, como quiera que, verificado el sistema de información de la Rama Judicial, se evidencia que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, mediante auto del 7 de febrero de 2014, la decretó, en razón del cumplimiento de la pena impuesta por cuenta de este proceso(11).

Se ordenará, por secretaría de la Sala, i) oficiar al Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Neiva, para que libre a las autoridades correspondientes, las comunicaciones a que haya lugar; y ii) remitir copia de esta determinación a los Juzgados Primero y Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, para lo de su cargo, respecto de la sanción penal que en la actualidad purga Tovar Collazos.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. Declarar Fundada la causal 7ª de revisión invocada por el defensor de Ricardo Miguel Tovar Collazos, en lo que respecta a la inaplicación del incremento punitivo del artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

2. Dejar Sin Valor, Parcialmente, las Sentencias del 15 de diciembre de 2010 y del 4 de marzo de 2011, proferidas por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Neiva y la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, exclusivamente para dejar las penas principales de prisión, en 3 años (36 meses) y la de multa en 750 smmlv para el año 2010, sanciones que debe cumplir Ricardo Miguel Tovar Collazos, como coautor responsable del delito de extorsión agravada en la modalidad de tentativa por el que fue condenado. En el mismo monto que la privativa de la libertad, quedará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

3. Declarar Infundada la causal 7ª de revisión invocada por el defensor del condenado, en lo que respecta a la rebaja de pena de que trata el artículo 269 del Código Penal, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

4. En todo lo demás, los fallos permanecen vigentes.

5. Ordénese, por secretaría de la Sala, i) oficiar al Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Neiva, para que libre a las autoridades correspondientes, las comunicaciones a que haya lugar; y ii) remitir copia de esta determinación a los Juzgados Primero y Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, para lo de su cargo, respecto de la sanción penal que en la actualidad purga Tovar Collazos.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase.»

1. Las sentencias de primera y segunda instancia se dictaron el 15 de diciembre de 2010 y el 4 de marzo de 2011, respectivamente.

2. Folios 26 a 30 de la carpeta original 1.

3. Folio 42 del cuaderno de la Corte.

4. Folio 102 del cuaderno de la Corte.

5. Folios 84 a 87 del cuaderno original 1.

6. Artículo 26. Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz.

7. Ver folios 27 a 32 del cuaderno original 1.

8. El que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada.

9. Folio 92 ídem.

10. Artículo 269. Reparación. El juez disminuirá las penas señaladas en los capítulos anteriores de la mitad a las tres cuartas partes, si antes de dictarse sentencia de primera o única instancia, el responsable restituyere el objeto material del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado.

11. Folio 107 y ss. del cuaderno de la Corte.

ACLARACIÓN DE VOTO

Con el respeto debido hacia las opiniones y el criterio ajenos, procedo a consignar las razones que me llevaron a aclarar el voto en relación con la decisión adoptada por la Corte dentro de este proceso.

Debo previamente precisar, como ya lo hice en pasada oportunidad(1), que estuve de acuerdo con la parte resolutiva de la providencia que motiva esta aclaración, porque allí se materializa una decisión proferida por la Corte que, a términos del numeral 7º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, constituye jurisprudencia favorable para el sentenciado, por cuya virtud en este instante resulta de obligatoria aplicación en sede de revisión.

Sin embargo, como no compartí en su momento el criterio mayoritario, según así lo expresé en aquella ocasión, he considerado necesario suscribir con aclaración de voto la decisión que ahora adopta la Sala para dejar constancia de mi desacuerdo con las razones que motivaron el aludido cambio jurisprudencial.

Pues bien, según la Sala mayoritaria, resulta improcedente el incremento generalizado de penas consagrado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 para las conductas enlistadas en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 con el fin de permitir un margen de maniobra a la Fiscalía en procura de conseguir fallos anticipados por vía de los acuerdos y allanamientos, porque con tal aumento se violaría el principio de proporcionalidad de la sanción(2).

Al respecto, debo manifestar que si bien corresponde a los funcionarios judiciales interpretar la legislación y no limitarse a ser únicamente la “boca de la ley” mediante el escueto proceso de subsunción derivado del “silogismo de la justicia”, en el cual la premisa mayor era el texto legal, la premisa menor el caso y de allí se extraía, sin más, la consecuencia, como en su momento lo postuló Cesare Beccaría, uno de los adalides del Estado de derecho, también considero ineludible recordar que en virtud del artículo 230 de la Carta Política, los jueces estamos sometidos al imperio de la ley, y en virtud de ello, no resulta viable que invocando el principio de proporcionalidad de la pena, se desborden los precisos lineamientos dispuestos por el legislador en punto de la imposición de las sanciones, pues ello no solamente comporta desorden e inclusive arbitrariedad, sino que rompe con el principio de seguridad jurídica, amén del principio de legalidad tan caro a los sistemas jurídicos democráticos de derecho.

Olvida la Sala mayoritaria que el principio de proporcionalidad de la pena se encuentra limitado por los precisos baremos dispuestos en la ley, dentro de los cuales se encuentra el ámbito de movilidad punitiva del sentenciador, pues de no haber sido tal el querer del legislador, habría señalado que la tasación de la pena fuera establecida prudencialmente por el juzgador conforme a ciertos criterios, sin establecer mínimos y máximos.

Tan cierto será lo anterior, que fue con la Ley 599 de 2000 que el legislador delimitó aún más el ámbito de discrecionalidad de los jueces en la cuantificación de las penas, al incorporar el sistema de cuartos, circunstancia a partir de la cual puede colegirse que, contrario a la tesis mayoritaria, se ha pretendido conseguir la interdicción de la arbitrariedad, en procura de honrar el principio de legalidad.

Para una mejor comprensión de mi desacuerdo con la referida decisión, me permito rememorar que:

1. Mediante la Ley 906 del 31 de agosto de 2004 se implementó el sistema penal acusatorio, vigente gradualmente a partir del 1º de enero de 2005.

2. El 7 de julio de la misma anualidad se sancionó la Ley 890 a través de la cual, fundamentalmente, se incrementaron las sanciones establecidas en la Ley 599 de 2000, con el propósito de otorgar un margen de maniobra a la Fiscalía General de la Nación en la negociación de las penas en procura de conseguir acuerdos y allanamientos con los procesados, según se constata sin dificultad en las exposiciones y debates que en el Congreso de la República se libraron sobre tal normatividad, como sigue:

i) “Atendiendo los fundamentos del sistema acusatorio, que prevé mecanismos de negociación y preacuerdos, en claro beneficio para la administración de justicia y los acusados, se modifican las penas…”(3) (subrayas fuera de texto).

ii) “La razón que sustenta tales incrementos (de las penas establecidas en la Ley 599 de 2000, se aclara) está ligada con la adopción de un sistema de rebaja de penas, materia regulada en el Código de Procedimiento Penal, que surge como resultado de la implementación de mecanismos de ‘colaboración’ con la justicia que permitan el desarrollo eficaz de las investigaciones en contra de grupos de delincuencia organizada y, al mismo tiempo, aseguren la imposición de sanciones proporcionales a la naturaleza de los delitos que se castigan”(4) (subrayas fuera de texto).

iii) “El primer grupo de normas (aquellas relativas a la dosificación de la pena, se aclara), está ligado a las disposiciones del estatuto procesal penal (Ley 906 de 2004, se precisa) de rebaja de penas y colaboración con la justicia, que le permitan un adecuado margen de maniobra a la Fiscalía, de modo que las sanciones que finalmente se impongan guarden proporción con la gravedad de los hechos, y a la articulación de las normas sustantivas con la nueva estructura del proceso penal(5) (subrayas fuera de texto).

iv) “Teniendo en cuenta que se hace necesario ajustar las disposiciones del Código Penal a los requerimientos que implica la adopción y puesta en marcha del sistema acusatorio, solicitamos a la Plenaria de la Cámara de Representantes dar segundo debate al proyecto de Ley número 251 de 2004 Cámara, 01 de 2003 Senado”(6) (subrayas fuera de texto).

v) “El actual proyecto de ley, insisto hasta la saciedad, únicamente tiene una justificación y una explicación: permitir poner en funcionamiento el Código de Procedimiento Penal, que se convertirá en ley de la república y que fue expedido por esta Corporación”(7) (subrayas fuera de texto).

vi) “Lo que hay que modificar son algunos artículos del Código, en razón a que como entra a operar el sistema acusatorio será necesario aumentar algunas penas para que haya margen de negociación, porque de lo contrario la sociedad se vería burlada con base en las rebajas que pueda hacer el fiscal”(8).

De modo que el objetivo perseguido por el legislador con la implementación de la Ley 890 de 2004 no riñe con el del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 porque, conforme atrás se explicó, éste consistió en excluir a los condenados por delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, de cualquier rebaja de pena o subrogado penal, por tanto, no resulta atinado aducir que en aras de preservar el principio de proporcionalidad de la pena, sea viable asumir que al negarse las rebajas de pena por sentencias anticipadas derivadas de acuerdos o allanamientos, no es procedente el incremento punitivo dispuesto en la Ley 890 de 2004 para los condenados, entre otros, por el delito de extorsión.

3. De otro lado, he de hacer hincapié que mi punto de vista disidente frente a esta posición también se robustece con las razones de política criminal y de protección de los derechos de las víctimas que llevaron a consagrar la prohibición del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006.

En efecto, al consultar la exposición de motivos que llevaron al legislador a introducir dicho precepto, se logra establecer que su finalidad no fue otra a la de responder con dureza punitiva a la comisión de tales punibles, sin permitir, se reitera, las rebajas de penas o el otorgamiento de subrogados.

Esto último como respuesta necesaria y proporcional del legislador al clamor de una sociedad inerme que ve cómo se han incrementado desorbitadamente estas modalidades delictivas, a cargo, generalmente, de estructuradas organizaciones que han encontrado en la extorsión una fuente inagotable de ingresos, sacando provecho del temor y el estado de indefensión del ciudadano ante el abandono de un Estado que, en la realidad, no logra garantizar su seguridad.

Es por eso que a través de la jurisprudencia no se puede descocer el propósito exteriorizado del constituyente derivado de erradicar o, por lo menos, atemperar esa realidad criminal, mediante el instrumento legítimo que hace parte de su libertad de configuración legislativa en materia penal, de negar todo beneficio o subrogado a quienes sean condenados por tales delincuencias, sin que ello pueda aparejar, desde luego, la imposibilidad de aplicar el incremento de penas contemplado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 a quienes se encuentren en la hipótesis regulada en el precitado artículo 26, pues de procederse en sentido contrario haría ello nugatoria la pretensión perseguida por ese precepto de dispensar un mayor tratamiento punitivo a tales personas.

Dejo de la anterior forma plasmadas las razones que me llevaron a suscribir la decisión de la Sala con aclaración de voto.

Con la mayor atención,

María del Rosario González Muñoz

Magistrada

Fecha ut supra. 

1. Aclaración presentada a la Sentencia del 16 de diciembre de 2014 (Rad. 42301).

2. Cfr. Sentencia de 26 de febrero de 2013, Rad. 33254.

3. Exposición de motivos del Proyecto de ley por el cual se modifica la Ley 599 de 2000.

4. Ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 01 de 2003 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Senado.

5. Informe de ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 251 de 2004 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Cámara de Representantes.

6. Informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley 251 de 2004 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Cámara de Representantes.

7. Intervención del Vicefiscal General de la Nación en el segundo debate al Proyecto de Ley 251 de 2004 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Cámara de Representantes.

8. Discusión en segundo debate del Proyecto de Ley 251 de 2004 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Cámara de Representantes.