Sentencia SP7360 de mayo 24 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente

Dr. Eyder Patiño Cabrera

SP7360-2017

Radicación 46897

Acta 171

Bogotá, D. C., veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

En atención a que Diego Alberto Chavarro Ortiz ejercía las funciones de Juez Tercero Penal Municipal para Adolescentes con funciones de Control de Garantías de Barranquilla, para la época de los hechos objeto de la actuación, la Corte es competente para conocer, en segunda instancia, del fallo emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-3 de la Ley 906 de 2004.

Se advierte que, se acusa al sindicado de ordenar la libertad de una persona mediante el mecanismo judicial de hábeas corpus, en desconocimiento de la competencia del juez ordinario y las normas adjetivas alusivas a la procedencia del amparo.

Dentro de este contexto fáctico, el impugnante, a través de su memorial, conduce su estrategia de defensa a pretender la revocatoria del fallo por no encontrar acreditado en el juicio el elemento subjetivo, considerar que la acción constitucional era procedente y debido a la existencia de diversos criterios de interpretación de la disposición aplicable.

Cuestión previa 

El delito de prevaricato por acción 

En el escrito de acusación se atribuye al procesado la conducta punible definida en el precepto 413 de la Ley 599 de 2000, modificado por la 890 de 2004, en los siguientes términos:

El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

En lo que respecta a la estructuración del tipo del delito de prevaricato por acción, reiteradamente(3), se han precisado los siguientes presupuestos:

De acuerdo con esta descripción constituyen supuestos para la estructuración del tipo objetivo la concurrencia de un sujeto activo calificado, es decir, tener la calidad servidor público; como sujeto pasivo el Estado y la Sociedad; el bien jurídico que este delito viola o pone en peligro es la administración pública en su especifica versión de exigir el respeto de la autoridad a la ley y el Derecho; la conducta consiste en conceptuar, proferir el dictamen o la resolución ilegal; y, como elemento normativo, además de los anteriores, la expresión “manifiestamente contrario a la Ley”.

Cuando se imputa el delito de prevaricato a un servidor judicial porque se cuestiona la interpretación que da a una norma, la jurisprudencia de la Sala ha reiterado, que dicha conducta prohibida se realiza, desde su aspecto objetivo, cuando se presenta un ostensible distanciamiento entre la decisión adoptada por el servidor público y las normas de derecho llamadas a gobernar la solución del asunto sometido a su conocimiento.

También ha señalado la Sala que al incluir el legislador en la referida descripción un elemento normativo que califica la conducta, el juicio de tipicidad correspondiente no se limita a la simple y llana constatación objetiva entre lo que la ley manda o prohíbe y lo que con base en ella se decidió, sino que involucra una labor más compleja, en tanto supone efectuar un juicio de valor a partir del cual ha de establecerse si la ilegalidad denunciada resiste el calificativo de ostensible por lo cual, como es apenas natural, quedan excluidas de esta tipicidad aquellas decisiones que puedan ofrecerse discutibles en sus fundamentos pero en todo caso razonadas, como también las que por versar sobre preceptos legales complejos, oscuros o ambiguos, admiten diversas posibilidades interpretativas por manera que no se revelan como manifiestamente contrarias a la ley.

El delito de prevaricato sólo admite la modalidad dolosa en los términos del artículo 22 de la Ley 599 de 2000 y se presenta cuando el servidor público profiere de manera voluntaria una resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrarios a la ley, y además, es consciente de que con su comportamiento vulnera el bien jurídico de la administración pública.

Tiene dicho la Sala que a la hora de hacer el examen del aspecto subjetivo de la conducta prevaricadora se ha de observar que su concurrencia puede inferirse a partir de la mayor o menor dificultad interpretativa de la ley inaplicada o tergiversada, así como de la mayor o menor divergencia de criterios doctrinales y jurisprudenciales sobre su sentido o alcance, elementos de juicio que no obstante su importancia, no son los únicos que han de auscultarse, imponiéndose avanzar en cada caso hacia la reconstrucción del derecho verdaderamente conocido y aplicado por el servidor judicial en su desempeño como tal, así como en el contexto en que la decisión se produce, mediante una evaluación ex ante de su conducta.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es el referido a las simples diferencias de criterios respecto de un determinado punto de derecho, especialmente frente a materias que por su enorme complejidad o por su misma ambigüedad admiten diversas interpretaciones u opiniones, situaciones en las que no se puede considerar la decisión judicial como propia del prevaricato, pues no puede ignorarse que en el universo jurídico suelen ser comunes las discrepancias aún en temas que aparentemente no ofrecerían dificultad alguna en su resolución.

De acuerdo con lo anterior, esta Corporación ha dicho que son elementos de la descripción típica de la conducta (i) que el autor ostente la calidad de servidor público, (ii) que, en ejercicio de sus funciones, profiera resolución, dictamen o concepto, contrario a la ley de manera manifiesta y que se obre dolosamente.

En este contexto, corresponde a la Sala determinar, de cara a las probanzas del plenario y a las exigencias típicas de la conducta que viene endilgada, si se acredita o no su existencia, dentro del marco de censura propuesto por el recurrente.

Previamente, se debe señalar que la competencia para decidir la apelación se extenderá a los asuntos objeto de impugnación y a aquellos que resulten inescindiblemente vinculados a éstos.

Del caso en concreto 

Se tacha de prevaricadora la decisión del 12 de enero de 2012, dentro del trámite constitucional de hábeas corpus 2012-007, mediante la cual Diego Alberto Chavarro Ortiz dispuso la libertad de Joaquín Elías Palma Padilla, quien era procesado por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, porte y tráfico de estupefacientes agravado, falsedad en documento público y porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas armadas, en el radicado 1300160011292010-05601.

Los hechos que dieron origen a ese asunto fueron referidos por el tribunal así:

Cuenta la carpeta, que se adelantaba por parte de la Fiscalía Especializada de Cartagena – Bolívar, una investigación contra una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes desde diferentes ciudades del país con destino a San Andrés Islas, a partir de la cual fueron capturados diecisiete (17) personas, entre los que se encontraba el ex funcionario de la Policía Nacional Joaquín Elías Palma Padilla, quien impetró acción de Hábeas Corpus del día Diez (10) de enero de 2012, correspondiéndole la misma por reparto al Dr. Diego Chavarro Ortiz, en su condición de juez tercero (3) penal municipal para adolescentes con funciones de control de garantías de esa ciudad, quien mediante providencia calendada Doce (12) de Enero de la misma anualidad, resolvió favorablemente la acción constitucional, toda vez que a su juicio existió prolongación ilícita de la libertad al encontrarse vencidos los términos del numeral quince (sic) (5) del artículo 317 del C.P.P., disponiendo la libertad inmediata e incondicional del detenido, materializándose esta ese mismo día, en horas de la tarde.

En su orden, no se discute, en esta instancia, la condición de juez por parte del acusado, acreditada debidamente en el proceso, de acuerdo con las exigencias del tipo penal.

Ahora, respecto al segundo requisito, en atención a que el imputado accedió a la pretensión de libertad mediante hábeas corpus, bajo el argumento de su prolongación irregular, incumbe a la Sala el escrutinio de ese actuar, en orden a determinar si se erige o no como manifiestamente contrario a la ley.

De acuerdo con lo anterior, esta Corporación ha dicho que la resolución, dictamen o concepto, debe ser opuesto a la norma de forma palmaria, de manera que, aún con algún tipo de razonamiento, asigna conclusiones contrarias a lo que exponen las pruebas o la normatividad que rige el asunto, al punto que el reconocimiento resulta arbitrario y caprichoso al provenir de una deliberada y mal intencionada voluntad del servidor público por contravenir el ordenamiento jurídico. (CSJ SP, 19 mar. 2014, rad. 41357).

Es así como no tienen cabida las simples diferencias de criterio respecto de una determinada cuestión en derecho, especialmente en materias que por su complejidad o ambigüedad, admiten diversas interpretaciones u opiniones, porque no es posible ignorar que suelen ser comunes las discrepancias, aún en temas que aparentemente no ofrecen dificultad. (CSJ SP, 19 mar. 2014, rad. 41357).

Ahora bien, el artículo 30 de la Constitución Política dispone que «Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el hábeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas.»

A su turno, la Ley 1095 de 2006, reglamentó el ejercicio de este derecho fundamental, estableciendo en el artículo 1º que es una acción, entendida como un instrumento de protección específico de la libertad personal en los casos expresamente señalados en la disposición en cita, es decir, i) cuando la persona es privada de ese derecho con infracción de las garantías constitucionales o legales, o ii) cuando la restricción se prolonga ilegalmente.

Es necesario precisar que, la Corte ha insistido en la improcedencia del amparo para sustraer la discusión del trámite ordinario, cuando exista un mecanismo adjetivo dispuesto para resolver ese tipo de controversias. Por lo tanto, a partir del momento en que se impone la medida de aseguramiento, todas las peticiones que tengan relación con la libertad del inculpado, deben elevarse al interior del proceso penal y no a través del mecanismo constitucional, pues ésta, no está llamada a sustituir el curso de la acción punitiva.

Igualmente, frente a lo expuesto por al a quo, se aclara que, pese a que esta garantía no necesariamente es residual y subsidiaria, es improcedente su trámite en los siguientes eventos: (i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad; (ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación a través de los cuales deben impugnarse las decisiones que interfieren ese derecho fundamental; (iii) desplazar al funcionario judicial competente; y (iv) obtener una opinión diversa –a manera de instancia adicional- de la autoridad competente para resolverla(4).

Sin embargo, conviene subrayar que ello es así, excepto cuando, como lo ha reiterado la Sala, la decisión judicial que interfiere en el derecho a la libertad personal pueda catalogarse como una vía de hecho.(5)

En el caso bajo estudio, sobre Joaquín Palma Padilla, pesaba medida de aseguramiento, desde el 11 de junio de 2011, emitida por autoridad competente y, de acuerdo a la forma procesal, por tanto, frente a la hipótesis de una eventual prolongación injustificada de la libertad, debía ventilarse esa circunstancia a través de una audiencia preliminar. Empero, no se acreditó, en esta causa, que se hubiera realizado solicitud en ese sentido ante el juez de control de garantías, al tenor de los artículos 153 y 154 numeral 8 de la Ley 906 de 2004, factor que opera en detrimento de los intereses del acusado, en contraposición a lo planteado por el impugnante.

Con lo que resulta pertinente puntualizar que, lo expuesto por el fiscal, en la presentación de la teoría del caso, concerniente a un posible «intento» de diligencia con ese propósito, no deja de ser una mera aseveración ausente de soporte probatorio, sin que pueda originarse de la misma la configuración de una vía de hecho que habilitara el análisis excepcional de la solicitud de protección constitucional.

Continuando con el escrutinio de la actuación, se tiene que luego de su admisión, al resolver el amparo, Diego Alberto Chavarro Ortiz, cita en su apoyo el canon 317 de la Ley 906 de 2004, modificado por la Ley 1453 de 2011 y afirma que «desde la fecha de presentación del escrito de acusación, esto es 19 de Julio de 2011», han transcurrido «aproximadamente 141 días», de donde concluye procedente el medio de control, por hallar superados los 120 días de los que trata el canon en referencia.

Con relación a lo expuesto, el Tribunal sostiene que, la norma aludida era la aplicable al caso, pero, reprocha que iniciara a contabilizar el término desde la presentación del escrito de acusación y que no lo duplicara como lo señalaba el «parágrafo segundo» de la misma disposición. Al respecto indicó:

Pese a lo anterior, el Dr. Diego Chavarro Ortiz, no expone ningún argumento frente al tema, y sin hacer precisiones al respecto, ni controvertir mínimamente lo que le era recalcado por el empleado del juzgado de conocimiento, en abierta contradicción a la norma contabiliza los ciento veinte (120) días, desde la presentación del escrito de acusación, es decir, desde el diecinueve (19) de julio de 2011, tampoco trae a colación apoyo jurisprudencial o legal que le diera sustento o fuerza a su tesis, y no se avizora en el auto del doce (12) de enero de 2012, como (sic)se llega a la conclusión de haber transcurrido los ciento cuarenta y un (141) días que allí se consignan, como razón de ser de la Libertad provista, con los respectivos descuentos que corrían en contra de la Bancada Defensiva (…).

Ahora bien, si se aceptará (sic) que el ex funcionario público erró al indicar el cálculo de los días que señala la norma a partir del escrito de acusación, con ocasión a las diversas modificaciones sufrida por el artículo 317 del C.P.P, el dolo del prevaricato enrostrado por la Fiscalía se mostraría inclusive más palpable al omitir duplicar los ciento veinte (120) días, a doscientos cuarenta (240) por tratarse de un asunto de la Justicia Especializada, y al ser Diecisiete (17) los procesados, disposición contenida en (sic) parágrafo primero del artículo 317 del C.P.P., modificado por el artículo treinta y ocho (38) de la Ley 1474 de 2011(...)

Según se observa, el cumplimiento del requisito del «abierto distanciamiento de la ley», es cifrado por el tribunal con sustento en que (i) si bien la iniciación del término para efectos de solicitar la libertad por su vencimiento, a la que hace referencia el numeral 5º del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, sufrió diversas modificaciones, la Ley 1453 de 2011, vigente para el momento de los hechos, expresamente indicaba que correspondía a la formulación de acusación en audiencia y, por otra parte, (ii) en omitir duplicar los 120 días del «parágrafo segundo» ejusdem.

En su orden, el punto en cuestión, es claro, no reside en la privación de la libertad sino en su prolongación ilegal, cuya contabilización, a la luz del canon 317 de la Ley 906 de 2004, modificado por el 61 de la Ley 1453 del 24 de junio de 2011, iniciaba “a partir de la fecha de la formulación de acusación”.

Al respecto, en el cuerpo de la determinación indagada se consignó, en sus fundamentos, lo siguiente:

Analizado el asunto sometido a este estudio Constitucional, observa esta agencia que el accionante invoca este procedimiento constitucional solicitando el amparo a su derecho a la libertad, teniendo en cuenta que presentado escrito de acusación en fecha 19 de Julio de 2011, siendo realizada audiencia de formulación de acusación en fecha 31 de Agosto de 2011, sin que a la fecha de la presentación de esta acción constitucional se hubiere realizado audiencia preparatoria al peticionario Palma Padilla no se cumplió con lo preceptuado en los art. 317 de la ley (sic) 906 de 2004, Modificado (sic) ley (sic) 1142 de 2001, Modificado por la ley (sic) 1453 de 2011 art. 61.

(...).

acude además esta agencia judicial que en aplicación de la ley (sic) 1453 de 2011 la cual modifica en No 5 del artículo 317 de la ley (sic) 906 de 2004, para que pueda entenderse procedente la libertad provisional por vencimiento de términos deben contabilizarse los 120 días ininterrumpidos señalados por la ley (sic) 1453 de 2011 y que el termino par (sic) dicho vencimiento empieza a correr a partir de la audiencia de formulación de acusación, en estos términos descorre el traslado de la presente acción. (Subrayado de la Sala)

En apoyo de la exposición, además, hace cita textual del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, con la modificación de la Ley 1453 de 2011.

Acorde con lo señalado, la decisión inicia con la referencia del marco normativo efectivamente llamado a resolver el asunto, pero luego, en el apartado de cierre indica: «Encuentra esta agencia judicial que en cuanto a la contabilización del término cuyo vencimiento daría lugar a la libertad provisional del peticionario Palma Padilla debe tenerse en cuenta desde la fecha de presentación del escrito de acusación, esto es 19 de Julio de 2011 (…)».

Es así como la conclusión a la que arribó el acusado no guarda correspondencia con las premisas de sus motivaciones, pues no obstante hacer mención de la norma llamada a gobernar la materia y, expresamente, señalar que el plazo iniciaba con la formulación, termina por imponer el criterio de la interposición de la misma, en desconocimiento del mandato legal e incluso de las propias premisas expuestas en el cuerpo de la determinación.

Por su parte, en lo pertinente a la ausencia de aplicación del canon 317 del Código de Procedimiento Penal, alusivo al aumento del referido plazo, se precisa que el mismo fue objeto de modificación por el artículo 61 de la Ley 1453 del 14 de junio de 2011, el cual introdujo un parágrafo segundo “duplicando el término para los procesos de conocimiento de los jueces penales de circuito especializado” y por el precepto 38 de la 1474 del 12 de julio del mismo año, en el que se condensó en el parágrafo 1º, la misma situación de aumento, junto con las conductas contra la administración pública, el patrimonio económico sobre bienes del estado y cuando sean 3 o más los imputados o los delitos investigados.

Es decir que, en estricto sentido, la duplicación de los 120 días, fue incrustado en el cuerpo del postulado 317 ibídem, el 14 de junio de 2011, sin que sea de recibo, por tanto, su desconocimiento, máxime, su expresa referencia en el cuerpo del auto interlocutorio.

Así, lo cierto es que de la sola lectura de la norma aplicable, diáfano se imponía el mandato de la contabilización respecto del momento de la sustentación oral, así como de su aumento en razón a la especialidad y el número de procesados, con lo cual, es válido deducir que, la ilegalidad denunciada admite el calificativo de ostensible.

Así las cosas, es evidente que Diego Alberto Chavarro Ortiz incurrió en un yerro, flagrante por demás, acerca de la procedencia e interpretación del hábeas corpus resuelto el 12 de enero de 2012, sin que sea necesario extenderse en mayores consideraciones para concluir que la decisión emitida es manifiestamente contraria a la ley.

Ahora bien, además de lo anterior, para la configuración del comportamiento resulta indispensable que el sujeto activo, de forma consciente y voluntaria, profiera la determinación en claro detrimento del orden jurídico, lo que se traduce en que únicamente admite la modalidad dolosa.

Frente a esto, como lo ha asegurado la corporación, esa circunstancia puede valorarse a partir de la mayor o menor complejidad interpretativa de la norma inobservada y la diversidad de criterios doctrinales y/o jurisprudenciales sobre su sentido, que aunque no son los únicos, permiten auscultar sobre la intencionalidad de la conducta. (CSJ SP, 3 may. 2017, rad. 44343).

Al respecto, la causal de libertad invocada, efectivamente ha sido objeto de diversas modificaciones, pues, como se recordará, el canon original de la Ley 906 consagraba el cómputo desde la “formulación de la acusación”, norma modificada por el artículo 30 de la Ley 1142 del 28 de junio de 2007, estableciendo como punto de partida “la fecha de la presentación del escrito de acusación”, disposición a su vez modificada por el 61 de la Ley 1453 del 24 de junio de 2011, restableciendo la formula inicial de “a partir de la fecha de la formulación de acusación”. Para posteriormente, con la Ley 1760 de 2015(6), regresar a la regla de “la presentación del escrito de acusación”, esta última posterior a los hechos.

La Sala advierte que, el elemento subjetivo no puede darse por solventado con la simple constatación entre lo que la legislación manda y lo que con base en ella se decidió, como lo concibió el a quo, pues, en el caso en concreto, los hechos dan cuenta de un proceder impróvido y descuidado, en la selección de la regla aplicable con ocasión al tránsito normativo, por confusión o desatención, como en efecto sucedió, respecto a la génesis del plazo liberatorio, que se movió entre el acto de interposición del manuscrito acusatorio y el de sustentación oral, factor que opera en perjuicio de la confirmación del dolo.

Incluso, la última enmienda, introducida por el artículo 4º de la Ley 1760 de 2015, finalmente se inclinó por establecer que dicho término se cuenta desde “la presentación del escrito de acusación”.

Similares fundamentos concurren frente a la vía de hecho como dispositivo que activa la competencia del hábeas corpus, superponiendo la acción constitucional al medio de control ordinario, figura de creación eminentemente de carácter jurisprudencial. Por lo cual, al ser un punto susceptible de estimación, no resulta suficiente la mera admisión del trámite, para, a partir de esa circunstancia, medir el elemento cognoscente.

Ahora, no comparte la Sala el raciocinio del tribunal soportado en el recuento normativo acerca de otras disposiciones que, de antaño, han robustecido el rito ante la justicia especializada, con el argumento de que la especificidad del asunto, debía de alertar al juez, instintivamente, de la circunstancia anotada, pues, lo cierto es que ese criterio no resulta pacífico ni objetivo, en pos del juicio de tipicidad.

Asimismo, el razonamiento elaborado a partir del informe de Abel García Fernández, funcionario del juzgado especializado de conocimiento, emitido dentro del traslado de la petición de libertad, al que el fallo atribuyó dilucidar las dudas en el alcance de las normas aplicables y que fue ignorado por el juez, no se edifica categórico. Esto, en razón a que si bien acertó en el inicio del intervalo, en su sección conclusiva, refiere el término de los 120 días sin el aumento, con lo cual se contrae el fundamento del a quo, ante la falta de sindéresis del reporte.

Tampoco resulta plausible colegir el dolo con estribo en la experiencia en el cargo, pues, recuérdese, que se acusó al procesado de conculcar el orden jurídico manifiesta y dolosamente, aspecto cuya ocurrencia demanda de una innegable constatación del querer y la intencionalidad que gobernó la ejecución de la conducta, por ello esa situación podría servir apenas de apoyo para ese propósito, pero no tiene el poder de acreditar la presencia de este último elemento.

Con todo, sólo escaparía al escrutinio la omisión del deber de “compulsar copias”, luego de reconocido el amparo constitucional, conforme al artículo 9º de la Ley 1095 de 2006, abstención que efectivamente aflige el comportamiento del acusado, pero ciertamente, sin otro elemento de convicción o criterio que contribuya a la constatación de la comisión del punible, hace inadmisible el juicio de responsabilidad.

En suma, considera la Sala que no obra en la foliatura prueba indicativa acerca del querer del investigado dirigido a incumplir con sus deberes oficiales, esto es, no se satisface el tipo subjetivo, razón por la cual la conducta se torna atípica, pues, el dolo en sede de tipicidad reclama la coexistencia de dos factores: el conocimiento de los hechos y la voluntad en su realización, sin que de las probanza expuestas pueda deducirse la configuración de ese elemento, como requisito indispensable para la atribución del comportamiento.

En este orden de ideas, se revocará la decisión proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla el 28 de agosto de 2015, será revocada conforme a las razones aquí expuestas, disponiendo la absolución de Diego Alberto Chavarro Ortiz.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero. Revocar el fallo impugnado, y en su defecto disponer la absolución de Diego Alberto Chavarro Ortiz.

Segundo. Contra esta providencia, no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(1) 8 de noviembre de 2013.

(2) 31 de octubre de 2014, 13 de marzo 19 de junio, 24 y 28 de julio de 2015.

(3) CSJ SP, 25 may. 2005, Rad. 22855, CSJ SP, 23 feb. 2006, Rad. 23901, CSJ SP, 13 jul. 2006, Rad. 25627, CSJ SP, 17 jun. 2009. Rad. 30748, CSJ, 19 mar. 2014, rad. 41357, entre otros.

(49 CSJ AHP, 7 abr 2017, rad. 50092, CSJ AHP, 18 jul. 2016, rad. 48469, CSJ AHP, 20 Ene 2016, Rad. 47378, CSJ AHP, 3 Dic 2015, Rad. 47229, CSJ AHP, 16 Dic 2015, Rad. 47317 y CSJ AHP, 21 Jul 2009, Rad. 32260.

(5) CSJ AP, 9 octubre 2013, rad. 42427; CSJ AP, 22 abril 2013, rad. 41173; CSJ AP, 14 febrero 2013, rad. 40664; CSJ AP, 14 febrero 2013, rad. 40686; CSJ AP, 30 enero 2013, rad. 40574; CSJ AP, 21 noviembre 2012, rad. 40283; CSJ AP, 14 septiembre 2011, rad. 37412; CSJ AP, 08 agosto 2011, rad. 37143 y CSJ AP, 17 mayo 2011, rad. 36486, entre otras.

(69 Cambio normativo a instancias de lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-390 de 2014, en la cual le exigió al Legislador claridad sobre el término de privación de la libertad que debía correr entre el escrito de acusación y el inicio del juicio oral.