Sentencia SP7583-2015/45315 de junio 17 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 45315

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Aprobado Acta 212

Bogotá, D.C., diecisiete de junio de dos mil quince.

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La Corte es competente para desatar el recurso de apelación de acuerdo con lo previsto en el artículo 75-3 de la Ley 600 de 2000, en tanto la decisión objeto de alzada fue emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta.

2. Dado que la procesada cuestiona la concesión del recurso de apelación interpuesto por la parte civil, resulta imperativo dilucidar tal aspecto preliminarmente:

Aduce la sindicada que el recurso interpuesto por la apoderada de la parte civil contra la sentencia absolutoria es extemporáneo, dado que la secretaría del tribunal habría prolongado indebidamente los términos de notificación; luego de realizar los cómputos temporales dentro de los cuales debió notificarse personalmente y por edicto la sentencia, concluye que el recurso presentado es extemporáneo en su interposición y en su sustentación.

Conforme lo deja en claro el Tribunal Superior en decisiones del 1º de octubre de 2014 (f. 264) y 15 de diciembre del mismo año (f. 278), la sindicada A.C., parte de supuestos equivocados, particularmente, al considerar que la secretaría libró citaciones para que concurriese a notificarse de la sentencia la apoderada de la parte civil. En efecto, con el propósito de notificar la sentencia, la Secretaría libra citaciones a todos los sujetos procesales (f. 142 y s.s.), excepto a la apoderada de la parte civil, a quien ni siquiera se le había notificado el auto admisorio de la demanda de parte civil, que databa del 20 de junio de 2014 (f. 23 C. de parte civil). De igual manera se constata que, casi simultáneamente, la secretaría del tribunal libró comunicaciones citando a la abogada de la parte civil con el propósito de notificarle la providencia admisoria de la demanda, no obstante, las remitió a una dirección que había sido rectificada por la representante de la parte civil desde el 23 de agosto de 2013 (f. 22 C. parte civil). Finalmente, a través de despacho comisorio, el 21 de agosto de 2014 (f. 225 vto), se logra la notificación personal de la apoderada de la parte civil.

Dado que el despacho comisorio tan solo fue devuelto por el comisionado el 29 de agosto (f. 229), el edicto, notificando a quienes restaba por enterar de la sentencia, se hizo el día 1º de septiembre (f. 230).

Se establece de la actuación secretarial que se cumplió con las obligatorias notificaciones personales (art. 178 Ley 600 de 2000), para el caso, al fiscal y al ministerio público (ver folios 141 vto y 152). De la misma forma, personalmente fue notificada la procesada A.R. (f. 141 vto.), aunque respecto de la misma no era preciso la notificación personal, por no encontrarse privada de la libertad.

Como ya se advirtió, la apoderada de la parte civil, fue notificada personalmente; y, por cuanto no compareció cuando fue citado, entiéndese notificado por edicto el abogado defensor, quien debe ser notificado como cualquier otro sujeto procesal, como lo ordena la ley. Carece de sentido el argumento de la procesada según el cual no era menester notificar a su defensor dado que ella ya se había notificado, por cuanto procesado y defensor integran una unidad. La proposición de este argumento solo se explica en el afán de la sindicada de demostrar la atemporalidad de la sustentación del recurso presentado por la parte civil, en tanto, no mediando en este caso, por no ser necesaria la notificación por edicto al defensor, la sustentación del recurso resultaría extemporánea.

Así las cosas, es claro que, a pesar del tiempo que va de la expedición de la sentencia absolutoria (27 de junio de 2014) a la notificación personal a la apoderada de la parte civil, el recurso interpuesto al momento de la notificación (21 de agosto 2014), no comporta una extensión deliberada por parte de la secretaría del tribunal de los términos procesales para realizar las notificaciones, sino que se debió a las explicadas razones que lo llevaron a desconocer que la abogada de la parte civil había reportado oportunamente el cambio de dirección, a la cual nunca se le remitieron las citaciones de ley.

De otra parte, como se desprende de lo expuesto, resulta válida la notificación personal a la apoderada de la parte civil, como también lo es la notificación por edicto de la sentencia proferida, dado que un sujeto procesal no había comparecido a notificarse personalmente cuando fue citado para tales efectos como ya se ha indicado.

Todo lo anterior permite concluir no solo la validez de los actos de notificación de la sentencia, sino la oportuna presentación y sustentación del recurso de apelación contra el fallo interpuesto por la apoderada de la parte civil.

3. No obstante que desde el 30 de noviembre de 2009, se decretó la preclusión de la investigación, por prescripción de la acción penal, en relación con el delito de prevaricato, la discusión procesal sigue girando en torno al mismo punto, de manera que más allá del ejercicio de la extinguida acción penal derivada del prevaricato, comporta determinar si, la conducta de la exjuez Tercera Laboral del Circuito de Santa Marta doctora A.E.A.C., fue manifiestamente contraria a derecho, al disponer mediante sentencia del 9 de mayo de 1997, el reintegro del extrabajador de Puertos de Colombia T.I.S. y ordenar el pago de salarios no devengados, desde cuando se produjo su despido, por cuanto este es un aspecto que resulta inescindiblemente vinculado a la materialidad del delito de peculado por apropiación a favor de terceros.

Más concretamente, dado que I.S., demandó al Fondo Pasivo Social de Puertos de Colombia, Foncolpuertos, al considerar que había sido injustamente despedido, por cuanto para la fecha en que le terminan el contrato de trabajo (31 de diciembre de 1993), estaba amparado por fuero sindical al ser presidente del Sindicato de Trabajadores del puerto de Santa Marta y era preciso la obtención de un permiso judicial para poder despedirlo; el asunto a decidir se traduce en determinar si al acceder a las pretensiones del demandante y ordenar su reintegro y el pago de salarios se incurrió en el delito de peculado por apropiación en favor de terceros.

Como ya se reseñó, para el tribunal a quo, la procesada A.C., no expidió una decisión manifiestamente contraria a derecho al acoger las reclamaciones laborales del extrabajador I.S., y disponer su reintegro y el pago de los salarios no percibidos. Sostiene el Tribunal que el estado de la cuestión acerca de si era necesario para el empleador, para el caso, Foncolpuertos, acudir previamente al juez laboral para solicitar la autorización previa al despido del empleado amparado con fuero sindical, no era pacífica y la sindicada actuó apoyada en jurisprudencia tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Superior de Santa Marta, en las que se había considerado que era necesario acudir al Juez Laboral para levantar el fuero sindical antes de hacer efectivo el despido.

Para la apelante apoderada de la parte civil, la decisión de la exjuez Tercera Laboral del Circuito de Santa Marta es errada, a pesar de encontrarse entre dos vertientes distintas. Sostiene que la Ley 1º de 1991 y su Decreto Reglamentario 35, amén de las convenciones colectivas vigentes, habían establecido que la liquidación de la empresa Puertos de Colombia era una justa causa para la terminación del contrato laboral, de manera que no era preciso que se le exigiese a Foncolpuertos, que acudiese al Juez Laboral para que calificase una justa causa que de antemano la ley había hecho y que, como quiera que el Juez no tenía otra alternativa que autorizar el despido, todo se reducía a una pérdida de tiempo. De esta forma, argumenta, no era necesario imponer al Estado la carga de adelantar el proceso de autorización para el despido, cuyo resultado era por completo previsible.

4. Es preciso señalar que el prevaricato deviene de una decisión que es manifiestamente contraria a derecho, y por manifiesto se entiende lo que es abierto, ostensible, evidente, o como lo ha calificado la Corte en anteriores oportunidades, aquello que es grosero.

Desde esa perspectiva, no puede predicarse la configuración del prevaricato cuando se trata de simples errores valorativos, que dimanan de la escogencia de una u otra tesis predominantes. Y, esto es justamente lo que entiende la apoderada recurrente, cuando indica que la juez procesada se decidió por una de las tesis que le indicaban el camino a seguir. Dicho de otra manera, si la procesada se encontraba en la disyuntiva referida, esto es, optar por una de dos tesis vigentes y razonables, mal puede entenderse que prevarica cuando escoge una de ellas, sin consideración a quien favoreciese.

Tampoco surge el prevaricato cuando la decisión está amparada en criterios autorizados, en precedentes judiciales o en la propia jurisprudencia, o la decisión es el resultado de la aplicación de una determinada y razonable hermenéutica.

En el presente caso, se observa que ante la demanda presentada por el extrabajador I.S., la juez, luego de constatar que efectivamente se encontraba amparado por el fuero sindical, por ejercer un cargo directivo en el sindicato del puerto de Santa Marta, debía determinar si el despido debió producirse mediando la previa autorización del juez laboral o bastaba con aducir la liquidación de la empresa para dar por terminado el contrato.

El análisis que se impone hacer sobre el comportamiento de la procesada, no conlleva a la suplantación del juez laboral, sobre todo cuando la decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta en sentido contrario decidió que en el caso de I.S. no resultaba imperativo acudir al juez laboral, para reclamar la autorización para dar por terminado el contrato de trabajo. Se trata en el caso de la especie, de establecer las condiciones que llevaron a la procesada a adoptar la decisión que fuera denunciada como prevaricadora y el contexto en que la misma se produce y de allí concluir si es manifiestamente contraria a derecho y si es el resultado de un comportamiento doloso, esto es, encaminado indeclinablemente a contradecir la norma legal.

No basta con señalar que la Resolución 1127 de 1993, con apoyo en el artículo 20 de la Convención colectiva de la oficina de Bogotá establecía que la liquidación de la empresa es una justa causa de terminación del contrato laboral, como lo argumenta la apelante (f. 233). En primer lugar cabe destacar que se trata de una norma de carácter particular, que como allí mismo se destaca pareciera estar destinada a regir la relación con los trabajadores de Bogotá, dado que existían vigentes para 1993, varias convenciones colectivas suscritas con trabajadores de las distintas ciudades portuarias. De otro lado, la norma referida se limita a reiterar un mandato legal, según el cual, la liquidación o cierre de la empresa es una causa de terminación del contrato (art. 61-E del CST art. 5º Ley 50 de 1990). En el mismo sentido el artículo 24 del Decreto 35 de 1993.

Contrariamente a lo argumentado por la apelante, es claro que si todo se reducía a la escogencia de la norma aplicable entre dos aparentemente contradictorias, el operador estaba llamado a inclinarse por aquella favorable al trabajador en virtud del principio pro operario que rige la materia laboral, en detrimento de la que pudiese beneficiar al empleador.

La liquidación o el cierre de una empresa, si bien está determinada como una causa justa de terminación del contrato, no excluía la necesidad de acudir al juez laboral para solicitar la autorización de despido, cuando de trabajadores aforados se tratase. Refiriéndose al tema, justamente para el caso Foncolpuertos la Corte Constitucional sostuvo:

“En efecto, esta corporación ha sostenido reiteradamente, a propósito del fuero sindical, que éste es un privilegio, o una garantía propia del ámbito de las relaciones colectivas de trabajo, cuyo propósito es proteger a algunos trabajadores sindicalizados. Sin embargo, la jurisprudencia de esta Corte, y aún la doctrina sobre la materia, tanto nacional como extranjera, han considerado siempre, que el fuero sindical, como un mecanismo constitucional de protección de los derechos de asociación y de libertad sindical merece plena protección y garantía por parte de los operadores jurídicos. Debe recordar la Corte, que los artículos 406 y 407 del Código Sustantivo del Trabajo, determinan el marco de protección y el conjunto de los trabajadores amparados por el fuero sindical (...)

En este orden de ideas, el despido de trabajadores amparados con el fuero sindical, solo procede mediante la acción de levantamiento del fuero que el empleador debe promover siempre ante el juez laboral, a través de un proceso especial, e invocando justa causa para ello, las cuales, conforme al orden jurídico vigente, son las mismas que originan la terminación del contrato de trabajo, o la liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento y la suspensión total o parcial de actividades por parte del patrono durante más de 120 día “(3).

Más recientemente, retomando toda la jurisprudencia anterior en ese mismo sentido, declaró la Corte Constitucional:

4.5. Sin embargo, la garantía foral no es absoluta, y está sujeta a restricciones, como en los procesos de reestructuración de las entidades públicas, aspecto ampliamente estudiado por la jurisprudencia constitucional, la cual ha reconocido que las limitaciones a los derechos sindicales que sean consecuencia de procesos de esta naturaleza, deben ser razonables y proporcionados. En todo caso se requerirá autorización previa del juez laboral(4) En la Sentencia T-203 de 2004, se reconstruye la línea jurisprudencial en esta materia en los siguientes términos,

“El interrogante que se plantea entonces consiste en determinar si en los casos de supresión de cargos públicos, debido a la ejecución de un proceso de reestructuración de pasivos, la entidad pública debe o no acudir previamente ante el juez laboral con el propósito de que sea levantado el fuero sindical, es decir, para que sea un funcionario judicial quien decida si tuvo o no ocurrencia una justa causa. La Sala de Revisión, siguiendo la jurisprudencia sentada por la Corte, considera que la respuesta es afirmativa, por las razones que pasan a explicarse.

Con posterioridad a la expedición de la Ley 362 de 1997, no existe duda alguna sobre la necesidad de la autorización judicial para afectar el fuero sindical de los empleados públicos. Más recientemente, en Sentencia T-731 de 2001, con ponencia del Magistrado Rodrigo Escobar Gil, esta corporación consideró lo siguiente:

Al respecto es necesario resaltar que la ley en ningún momento establece que el permiso judicial previo para despedir trabajadores aforados no se aplique a los casos de reestructuración de entidades administrativas. Por el contrario, la garantía del fuero sindical, expresamente reconocida en el artículo 39 de la Constitución, así como el derecho de asociación sindical son aplicables también a los servidores públicos. Al respecto, la Corte se pronunció, mediante la Sentencia C-593 de 1993 (M.P. Carlos Gaviria Díaz ), en la cual declaró inexequible el artículo 409 del Código Sustantivo del Trabajo, en la medida en que dicha disposición restringía el fuero sindical para quienes fueran empleados públicos. En dicha oportunidad, la Corte puso de presente la necesidad de un desarrollo legislativo que regulara lo referente al fuero sindical de esta categoría de trabajadores” (Resaltado fuera de texto).

En posteriores fallos, la Corte ha mantenido esas mismas consideraciones, razón por la cual, en la actualidad, existe una clara línea jurisprudencial en la materia”(5).

Lo anterior pone en evidencia el estado de la cuestión, como lo destaca la nota cuatro, de manera que, si la Corte Constitucional había reconocido la necesidad de acudir al Juez Laboral, para que calificase el despido de trabajadores amparados con fuero sindical, en procesos de liquidación o reestructuración de empresas, no puede entenderse como desatinada y manifiestamente contraria a derecho la sentencia de la Juez Tercera Laboral de Santa Marta en el caso del extrabajador de Puertos de Colombia, I.S.

5. En relación con la orden de reintegro del extrabajador demandante emitida en la sentencia cuestionada, considerando la liquidación de la empresa Puertos de Colombia, dicha orden conllevaba un imposible jurídico, sin embargo, el Decreto 35 de 1992, en su artículo 22, disponía que, dada la liquidación de la empresa, las sentencias judiciales que ordenasen reintegros se entenderían cumplidas con al pago de la indemnización correspondiente.

6. Conforme anteriormente se advirtió, contrario a la crítica de la abogada apelante, no se trata de proferir una absolución en relación con el delito de prevaricato, de lo que se trata, tal como correctamente lo hiciera el tribunal a quo, es de determinar la legalidad o ilegalidad de la orden mediante la cual se ordena el reintegro y, a partir de esa constatación concluir si ese mandato conlleva a la ilegal disposición de los dineros públicos, que es lo que determina la materialización del peculado.

A pesar de la crítica, esto es aceptado por la impugnante cuando destaca que el peculado se habría cometido mediante la expedición de una “providencia amañada”.

Dado que el delito de peculado por apropiación en favor de terceros, demanda en este caso la constatación de una culpabilidad dolosa, resulta imperativo el estudio de aquellos comportamientos externos que pueden conllevar a la demostración de ese dolo, de allí la necesidad del análisis del contenido de la decisión o decisiones a través de las cuales se ordenó el pago de dineros, o la necesidad de considerar actuaciones anteriores y posteriores de la procesada, como lo hizo el tribunal al valorar que la doctora A.C., figuraba como denunciante de actos de corrupción cometidos en desarrollo del proceso de liquidación de Puertos de Colombia, o en establecer que la juez sindicada no tuvo injerencia alguna en el procedimiento de cómputo de la suma que finalmente ordena pagar Foncolpuertos al extrabajador, y que, si la funcionaria judicial señaló el salario base de la liquidación, este correspondía al mismo que la demandada le certificara al Juzgado Tercero Laboral.

Así las cosas, conforme se ha concluido, si la orden de pago de salarios y de reintegro del extrabajador demandante, no era contraria al ordenamiento legal, sino que la misma era razonable, no obstante que haya sido revocada por el superior jerárquico, mal podría concluirse que la procesada dispuso dolosamente, en favor de terceros, de los caudales públicos.

7. Dos aspectos trascendentes en la conclusión de absolución, que aunque no fueron materia de apelación por parte de la apoderada de la parte civil, es pertinente traer a colación, son los relacionados con la no tramitación inicial (durante dos años) del grado jurisdiccional de consulta y con la imposición de condena a pagar agencias en derecho, los cuales fueron correctamente decididos por el tribunal a quo, al concluir que de las decisiones judiciales relacionadas con tales aspectos no derivaba ilegalidad alguna, en tanto en uno u otro caso, como ya lo ha expuesto esta Sala en sentencia del 10 de agosto de 2010 rad. 34175:

“(…) para los años 1997 y 1998 no era unánime la posición doctrinal y jurisprudencial sobre tales aspectos, por cuanto la naturaleza jurídica de establecimiento público otorgada por el Decreto Ley 36 de 1992 al Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, no encajaba en el tenor literal del artículo 69 del Código Procesal Laboral, situación que generó variadas interpretaciones. En efecto, el canon legal preveía: ‘Además de estos recursos existirá un grado jurisdiccional denominado de consulta. (…) También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la Nación, al departamento o al municipio’

Solo con la emisión de la Sentencia 12158 de octubre 19 de 1999 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se unificaron criterios en el sentido de que el grado jurisdiccional de consulta, no obstante su carácter de establecimiento público, debía ser concedido a favor de Foncolpuertos(6),

(…)

Como quiera que para la época en que el doctor M.E.H.B. profirió las sentencias cuestionadas no había unidad de criterio entre los diferentes operadores judiciales sobre la procedencia o no del grado jurisdiccional de consulta, no puede calificarse por este aspecto la decisión de manifiestamente contraria a la ley. Si bien la postura jurídica que pregonaba la improcedencia de la consulta para Foncolpuertos a la postre resultó contraria a los parámetros que vía jurisprudencial fijó la Sala Laboral de la Corte, tal claridad surgió con posterioridad a la emisión de las providencias censuradas. En el mismo sentido, solo hasta el 1º de diciembre de 1999 la Corte Constitucional en sentencia de tutela SU 962, sentó postura, reafirmando la procedencia de la consulta para Foncolpuertos.

No se pierda de vista que las conductas de los funcionarios investigados bajo el cargo de prevaricato deben ser examinadas ex ante, esto es, atendiendo las circunstancias temporales dentro de las cuales se emitió la decisión censurada. En otras palabras, el juzgador debe ubicarse en la época en que se dictó la sentencia tachada de manifiestamente ilegal, en este caso en los años 1997 y 1998, para establecer cuáles eran las reglas jurídicas aplicables al caso, y la doctrina y jurisprudencia vigentes para ese momento.

En este orden de ideas, la omisión del doctor H. B. de surtir el grado jurisdiccional de consulta del artículo 69 del Código Procesal Laboral en favor de Foncolpuertos, no se aprecia manifiestamente ilegal, así como tampoco la de condenar en costas a la parte demandada, pues, se repite, para los años 1997 y 1998, no había unanimidad entre los operadores judiciales del área laboral sobre la forma de proceder en tales aspectos(7).

Recuérdese que la contradicción entre la determinación adoptada por el procesado y la ley debe ser ostensible, pues si la norma otorga la posibilidad de más de una interpretación, y no existe precedente jurisprudencial del Máximo Tribunal de la jurisdicción, no es posible pregonar la configuración de comportamiento prevaricador. En este sentido, la Sala ha manifestado lo siguiente(8):

“La tipificación legislativa del delito de prevaricato está referida a la emisión de una providencia manifiestamente contraria a la ley, circunstancia esta que constituye -ha dicho la jurisprudencia- la manifestación dolosa de la conducta en cuanto se es consciente de tal condición y se quiere su realización, afirmando, así mismo, que semejante contradicción debe surgir evidente, sin mayores elucubraciones.

“Por contraste, todas aquellas providencias respecto de las cuales quepa discusión sobre su contrariedad con la ley quedan excluidas del reproche penal, independientemente de que un juicio posterior demuestre la equivocación de sus asertos, pues —como también ha sido jurisprudencia reiterada— el juicio de prevaricato no es de acierto sino de legalidad. A ello debe agregarse como principio axiológico cuando se trata de providencias judiciales, que el análisis de su presunto contenido prevaricador debe hacerse necesariamente sobre el problema jurídico identificado por el funcionario judicial y no sobre el que identifique a posteriori su acusador o su juzgador, según sea el caso (..)”.

En relación a la condena en costas que dentro de los procesos ordinarios laborales Nos. 8070 y 8174, emitió el doctor H. B., el 5 de agosto y el 2 de diciembre de 1997, respectivamente, la Sala encuentra cómo también existía indeterminación, en tanto el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por principio de integración, establecía:

“En ningún caso la Nación, los departamentos, los distritos especiales y los municipios podrán ser condenados a pagar agencias en derecho ni reembolso de impuesto de timbre.”

Al igual que con la consulta, la exención estaba prevista para la nación y las entidades del orden territorial, más no así para los establecimientos públicos, de manera que era factible que surgieran interpretaciones jurídicas diversas sobre el punto, entre ellas la efectuada por la acusada en el sentido de que Foncolpuertos no estaba excluida de la obligación de sufragar las costas procesales cuando la sentencia le fuera adversa.

Aún más, la Corte Constitucional en Sentencia C-539 de 1999 declaró inexequible el inciso transcrito del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, por considerarlo carente de legitimidad al conculcar el principio de igualdad, razón por la cual, desde esa fecha, es posible condenar en costas a las entidades públicas del orden nacional o territorial.

Así las cosas, no habiéndose encontrado fundamento legal y probatorio alguno en las argumentaciones de la recurrente, se impone la confirmación del fallo impugnado.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

CONFIRMAR en su integridad la sentencia objeto de apelación.

Contra esta decisión no procede recurso.

Notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».

3 T- 555 de 2000.

4 T-1108 de 2005, T-323 de 2005, T-330 de 2005, T-203 de 2004, T-29 de 2004, T-1061 de 2001, T-1189 de 2001, T-1134 de 2001, T-731 de 2001. Es importante aclarar en este punto, que algunas sentencias anteriores se apartaron de la línea según la cual incluso en procesos de reestructuración se requería la autorización judicial previa para despedir a trabajadores aforados, en este sentido ver C-262 de 1995, T-512 de 2002, T-29 de 2004 y T-731 de 2001. Pero una línea más reciente en esta materia, reconoce que si bien el fuero sindical no puede obstaculizar los procesos de reestructuración y de cambio en las entidades, tampoco se puede con ocasión de los mismos actuar de manera irrazonable y arbitraria desconociendo los derechos de los trabajadores y de sus sindicatos.

5 T-220 de 2012.

6 En el mismo sentido, las sentencias de la Sala Laboral de la Corte del 5 de diciembre de 2001, Rad. 17222 y del 25 de enero de 2002, rad. 17216.

7 Sobre el particular, la Sala se ha pronunciado en idéntico sentido dentro de las providencias del 25 de octubre de 2006, Rad. 25290 y julio 15 de 2008, Rad. 29837.

8 Cfr. Sentencia noviembre 24 de 2004, Rad. 16955.