Sentencia SP7591-2015/44.710 de junio 17 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 44.710

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Aprobado mediante Acta 212

Bogotá, D.C, diecisiete de junio de dos mil quince

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Según el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, la Corte es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la sentencia condenatoria proferida por el Tribunal Superior de Antioquia.

Dicho ello y en virtud del principio de prioridad, la Sala abordará en primer lugar el análisis de los cargos atinentes a la legalidad del fallo confutado y de algunas de las pruebas en las que se fundamenta; posteriormente, de ser necesario, examinará las alegaciones relacionadas con el acierto de la sentencia impugnada.

No obstante, a efectos de estudiar las censuras, se hace necesario en primer lugar determinar, a partir de las pruebas practicadas en juicio, cuál es la calificación jurídica correcta de la conducta imputada a la sentenciada.

En relación con la calificación jurídica de la conducta.

1. La Fiscalía atribuyó a la entonces Fiscal 124 Seccional de Apartadó la comisión del delito de peculado por apropiación.

En criterio de la acusadora y según se consigna en el correspondiente escrito, “su ánimo se exteriorizó en la apropiación del bien”, tal y como se comprobó en curso de la diligencia de registro personal que se llevó a cabo, pues al momento de su realización “se pudo observar que tenía en su poder uno de los celulares”. Así, entonces, la enjuiciada decidió “apoderarse” de uno de ellos.

En contravía de dichas apreciaciones, el tribunal a quo, aunque encontró demostrada la ocurrencia de los hechos, concluyó que los mismos se adecúan a la descripción típica del peculado por uso.

Estas fueron las consideraciones de la corporación:

“(…) del análisis probatorio no emerge clara la estructuración de dicha conducta (…) el comportamiento ilícito atribuido a la acusada, encaja es en lo preceptuado en el artículo 398 ibídem —peculado por uso— que se configura cuando el servidor público indebidamente usa o permite que otro use bienes del Estado.

(…) de mejor manera lo que puede sostenerse es que esas mismas circunstancias resultan ser idóneas para arropar la intención del uso indebido del celular por parte de la procesada, más cuando siempre se la observó utilizando ese elemento en su oficina y cuando fue precisamente allí donde fue sorprendida usándolo el día siete (7) de junio de 2007 por la Policía Judicial” (fs. 323 y 323 vto).

2. El tribunal, se advierte, no desplegó un esfuerzo argumentativo suficiente para llegar a dicha conclusión y, concretamente, para sustentar las razones por las cuales, en su criterio, los hechos probados en juicio no permiten afirmar de la procesada el propósito de apropiarse del equipo, sino únicamente el de usarlo.

En efecto, no fueron examinadas las circunstancias en que el teléfono fue recuperado, no se explicó de qué forma las condiciones de su utilización permiten inferir o suponer si quiera la intención de devolverlo, ni se realizó un análisis de los testimonios de cargo sobre este particular aspecto.

3. Las pruebas practicadas en juicio permiten concluir, en contravía de las consideraciones del a quo, que la acusada no solo usó uno de los aparatos previamente incautados, sino que en realidad se apropió del mismo, pues ejerció sobre ese bien actos de disposición que solo se entienden en razón del ánimo de señora y dueña que tenía sobre la cosa.

En dicho análisis ha de tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 669 del Código Civil, “el dominio que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella”.

De acuerdo con lo anterior, se tiene discernido que los atributos de la propiedad son tres, esto es, “(i) el ius utendi, que consiste en la facultad que le asiste al propietario de servirse de la cosa y de aprovecharse de los servicios que pueda rendir; (ii) el ius fruendi o fructus, que es la posibilidad del dueño de recoger todos los productos que acceden o se derivan de su explotación; y (iii) el derecho de disposición, consistente en el reconocimiento de todas aquellas facultades jurídicas que se pueden realizar por el propietario y que se traducen en actos de disposición o enajenación sobre la titularidad del bien”(1).

Los medios cognoscitivos acopiados demuestran que la procesada no solo se sirvió de la cosa para aprovechar sus servicios —lo cual se limitaría, entre otros actos y a modo de ejemplo, a hacer algunas llamadas con el teléfono o tomar fotografías—, sino que se arrogó atribuciones dispositivas típicas del propietario, que llegaron al punto de someter el aparato a alteraciones físicas para habilitar su utilización.

Varios testigos, algunos de ellos incluso escuchados a instancias de la defensa, dieron cuenta de que R.B. tomó para sí el teléfono y lo utilizó de manera continua e ininterrumpida, incluso en espacios ajenos al de su oficina.

Así lo dijeron N.A.M. y M.O.C.J., quienes compartían con la incriminada en espacios ajenos al laboral y atestaron que observaron a la incriminada portando consigo y usando el celular en múltiples oportunidades (CD 4, récord 36:10; récord 1:17:20 y siguientes).

Lo que es más, la nombrada XXX de manera expresa admitió que la incriminada se “lo prestaba para llamar” (CD 4, récord 1:17:10); liberalidad comprensible de quien se considera propietario de la cosa, pero extraña a quien se sabe ajeno a ella.

De otra parte, se conoció por el testimonio de Y.M.Z., trabajadora de la empresa Latincom, que los teléfonos fueron adquiridos por S.B. con las bandas cerradas, pero además, que una vez se percataron del fraude, “esas líneas fueron desactivadas” (CD 2, tercer corte, récord 18:40 y siguientes).

De lo anterior se sigue que, a efectos de poder utilizar el equipo para hacer llamadas, la acusada debió hacerlo modificar físicamente; situación que de hecho admitió R.B., quien dijo haber pagado $ 40.000 para ese fin (CD 5, récord 33:40).

El ánimo de apropiación de la encartada respecto del aparato se constata en mayor medida a partir del testimonio del intendente H.H.M.A., quien atestó que aquélla, en alguna oportunidad, acudió a él porque su celular, que el deponente identificó como un Motorola V3 Black, “estaba fallando” y le preguntó entonces “si sabía de alguien que lo pudiera arreglar” (CD 4, récord 10:10).

Es más, la propia enjuiciada, al pretender justificar la tenencia del teléfono arguyendo la supuesta compra que del mismo celebró con N.J.C.R., admitió el ánimo de propietaria sobre la cosa (CD 5, tercer corte, récord 31:40), lo que, por demás, coincide con la percepción que tuvieron las personas que mantuvieron contacto laboral o de otro tipo con ella, quienes al ser cuestionados sobre qué tipo de celular tenía aquélla para la época de los hechos, replicaron sin hesitación que un Motorola V3 Black (CD 1, cuarto corte, récord 29:50; CD 4, récord 8:50).

Ello significa que la manera en que la imputada dio uso al aparato se identificó con la del propietario, al punto que los terceros que se relacionaban con ella en distintos ámbitos así lo entendieron.

Adicionalmente, no se cuenta con ninguna prueba que permita inferir o suponer si quiera que la sentenciada tuvo la intención de regresar el celular en algún momento a su contenedor original, esto es, que se sabía simple usadora del mismo, tanto así, que cuando las cajas fueron incautadas permanecían desocupadas (CD 3, récord 34:00).

En síntesis, se advierte que L.M.R.B. no solo utilizó el equipo, sino que ejerció sobre aquél actos de dominio, a partir de los cuales es posible concluir que se apropió del bien, o lo que es igual, que la conducta que se le atribuye no habría perfeccionado el delito de peculado por uso, sino el de peculado por apropiación.

Desde esa perspectiva, entonces, la Sala examinará las censuras elevadas por los recurrentes, aclarando desde ya que la eventual corrección del yerro atinente a la calificación jurídica de la conducta, en tanto la sentenciada concurre al control de segunda instancia en condición de apelante única, no podrá significar en todo caso la agravación de su situación jurídica, como se precisará más adelante.

La legalidad del fallo recurrido.

1. El defensor de R.B. sostiene que en el presente asunto no fue demostrada la fecha exacta de ocurrencia de los hechos, pero además, que del resultado del debate probatorio es posible entender que acaecieron el 4 de noviembre de 2006, fecha para la cual no había sido implementado en el Distrito Judicial de Antioquia el sistema penal acusatorio.

A partir de lo anterior y, aunque no lo manifiesta expresamente, insinúa que la actuación debe ser invalidada, pues el delito objeto de juzgamiento es de ejecución instantánea y, en tal virtud, el trámite debió adelantarse de conformidad con las previsiones de la Ley 600 de 2000.

Ninguna razón asiste en ello al recurrente, pues aunque la testigo C.R. ciertamente aludió a un evento, aparentemente ocurrido en los primeros días de noviembre de 2006, en el que R.B., luego de recibir los celulares incautados, los manipuló y tomó un par de fotografías con ellos (CD 1, primer corte, récord 1:00:40), esa conducta concreta no tiene nada que ver con la comisión del delito que le fue imputado.

Por el contrario, en el escrito de acusación —en el que no se hace siquiera referencia a esa situación— se señala como fecha posible de consumación del ilícito el 14 de enero de 2007, fecha en la cual la nombrada C.R. se percató de que los aparatos no estaban en sus respectivos contenedores (f. 5).

Aunque la prueba practicada en juicio no permite establecer con certeza la fecha exacta en que se consumó el delito objeto de juzgamiento, sí lleva a sostener que ello ocurrió en todo caso con posterioridad al 1º de enero de 2007, esto es, cuando el sistema penal acusatorio ya había adquirido vigencia en el Distrito Judicial de Antioquia.

Ciertamente, la Asistente C.R. dijo que observó que la sentenciada tenía un teléfono de iguales características a las de aquéllos incautados “desde el mes de enero” de 2007 (CD 1, segundo corte, récord 1:00:40).

A lo anterior se suma que el intendente H.H.M.A. atestó que fue contactado por R.B. en ese mismo año para que le ayudara a reparar el teléfono Motorola V3 Black que para entonces usaba (CD 4, rpecord 17:00), lo cual ubica temporalmente la apropiación del aparato en ese año, no en el anterior, pues según se demostró, lo que requería la nombrada no era reparar una falla en el celular, sino la apertura de las bandas para habilitar su utilización.

Ello se sigue de lo dicho por M.A., quien adujo que refirió a la sentenciada para dichos efectos al “patrullero C.”, al tiempo que la propia acusada indicó en juicio que fue este quien le prestó ayuda en la intervención del equipo para dicho propósito (CD 5, tercer corte, récord 34:00).

Si el teléfono estaba bloqueado y requería de dicho procedimiento para poder ser utilizado, es posible colegir que la incriminada acudió al intendente tan pronto se hizo lo tomó para sí, es decir, cuando ya corría el año 2007.

Ello lleva a afirmar que la consumación del ilícito ocurrió en vigencia de la Ley 906 de 2004, por lo mismo, que no le asiste razón al peticionario al reclamar la invalidación de la actuación.

2. El principio de congruencia, lo tiene dicho la Corte, guarda intrínseca relación con los derechos y garantías fundamentales del procesado, concretamente con el debido proceso y la defensa, en tanto su consagración propende porque a aquél no se le condene por hechos o delitos extraños a los cargos formulados y respecto de los cuales no ha tenido oportunidad de ejercer la contradicción(2).

En efecto, el artículo 448 de la Ley 906 de 2004 prevé que “el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena”.

En ese orden y, en principio, el juzgador no está legalmente facultado para proferir condena por un delito distinto de aquel por el cual se acusó al enjuiciado, como tampoco por una conducta delictiva por la cual, aunque sea objeto de la acusación, la Fiscalía no haya pedido de manera expresa la condena.

Pero esa regla no es absoluta y admite excepciones. La Sala tiene precisado que “la acusación es un acto dúctil que permite incluso, sin causar infracción al debido proceso, condenar por “delitos” distintos al formulado”, en concreto, cuando “(i) la nueva imputación corresponda a una conducta del mismo género (ii) se trate de un delito de menor entidad, y (iii), la tipicidad novedosa respete el núcleo fáctico de la acusación”(3).

Aun cuando la corporación discernió inicialmente que la posibilidad que tiene el sentenciador de condenar por un delito distinto al acusado estaba condicionada a que la Fiscalía así lo solicitara, dicho criterio, como acertadamente lo coligió el a quo y lo expresó la Fiscalía en la intervención como no recurrente, fue revisado con posterioridad, de modo que actualmente no constituye condición necesaria para la variación de la calificación jurídica de la conducta(4).

Aplicadas las consideraciones precedentes al caso en examen, se advierte que no asiste razón a los recurrentes al afirmar vulnerado el principio de congruencia, pues aunque el tribunal a quo profirió condena contra R.B. por un delito distinto al que le fue atribuido por la Fiscalía en la acusación, ello se hizo con entera satisfacción de los requisitos exigidos para dicho efecto.

Ciertamente, la conducta punible de peculado por uso corresponde a una especie delictiva del mismo género del peculado por apropiación, pues tutelan idéntico bien jurídico y comparten elementos estructurales similares.

Además, las consecuencias punitivas atribuidas a la primera son considerablemente más favorables que las vinculadas con el segundo y, entonces, no cabe duda de que se trata de un delito de menor entidad.

Adicionalmente, la variación de calificación jurídica censurada en esta sede no comportó la modificación de la imputación fáctica contenida en la acusación, atinente a la conducta de la enjuiciada respecto de los teléfonos celulares que fueron puestos a su disposición luego de ser incautados en el curso de la investigación radicada 2739, que se seguía contra S.B.

Desde luego, la Sala admite con los recurrentes que los verbos rectores que actualizan los delitos de peculado por apropiación y por uso —apropiarse y usar indebidamente, según el caso— son diferentes y tienen connotaciones, tanto objetivas como subjetivas, diversas.

Ello, sin embargo, responde a una controversia propia de la calificación jurídica de los hechos y no significa que en el presente asunto se haya soslayado el sustrato fáctico consignado en la acusación, que sirve como marco para el juzgamiento.

Ciertamente, tanto la acusación como la sentencia recurrida tienen como fundamento idéntica situación de hecho, en concreto, que R.B. tomó para sí uno de los celulares incautados, que había sido puesto a su disposición en condición de titular de la Fiscalía 124 Seccional de Apartadó.

Cosa distinta es que, mientras en criterio de la acusadora esa conducta actualizó la descripción típica del delito de peculado por apropiación, el tribunal a quo estimó acreditados los elementos estructurales de la conducta punible de peculado por uso.

En síntesis, la Sala concluye que en el presente asunto no resultó quebrantado el principio de congruencia y, por lo mismo, los reproches que en ese sentido elevan los opugnadores deberán ser desestimados.

3. La adecuada motivación de las providencias judiciales, además de un deber legal de los funcionarios establecido en el artículo 55 de la Ley 270 de 1996, “es una garantía que integra el debido proceso”, pues solo a partir de la exposición clara de los argumentos de orden fáctico, jurídico y probatorio que les dan sustento “es posible la contradicción, que es propia del derecho de defensa y se ejerce a través de los recursos previstos en la ley”(5).

En ese orden, la Sala tiene precisado que las sentencias absolutamente carentes de motivación o sustentadas de manera ambigua, incomprensible o contradictoria, pueden dar lugar a su invalidación(6), precisamente, porque por esa vía pueden resultar menoscabados los derechos al debido proceso y la defensa.

Ninguno de esos presupuestos, sin embargo, se configuró en el presente asunto, en el que las consideraciones consignadas en la sentencia recurrida, además de claras y coherentes, permiten comprender inequívocamente los razonamientos, tanto jurídicos como probatorios, que la sustentan.

Ciertamente, aunque el tribunal no refirió de manera absolutamente individualizada el mérito suasorio que atribuyó a cada una de las pruebas de descargo, sí expuso que no le merecieron credibilidad y expuso que no resulta “nada convincente” (f. 322) la versión de los hechos presentada en juicio por la propia R.B.; conclusión a la que llegó el a quo, no de manera desarticulada ni aislada, sino luego de valorar de manera detallada las pruebas de cargo y la forma en que todas ellas concurren a sustentar la teoría del caso de la Fiscalía.

En efecto, la corporación consignó, entre otras, las siguientes apreciaciones:

“Contrario a lo que opina el señor defensor, el testimonio de la señora C.R. está revestido de todas las características de orden objetivo y subjetivo que lo hacen digno de entero crédito, sin que pueda decirse que los motivos de discordia que se mencionan en relación con la investigada constituyan una sólida razón para concluir que la anime el propósito malvado de distorsionar la verdad de lo ocurrido, haciendo temerarias e injustificadas acusaciones a una persona inocente (...).

(…)

(…) es claro pues que las pruebas debatidas en el juicio, contrario al criterio del profesional de la defensa, sí demuestran inequívocamente el actuar doloso de la acriminada, dirigido al uso indebido del bien objeto del proceso (…) de ahí que no resulte nada convincente la posición de la doctora L.M. cuando decide negar que conocía tales elementos y menos aún, cuando es ella misma quien sostiene que el 8 de noviembre de 2006 le recibió declaración al administrador del almacén donde vendieron los celulares y que por fuera de la diligencia el señor le solicitó la entrega de los mismos (…)

(…) cómo entender que la incriminada (…) pudiera recibir de una persona que la insultaba, la maltrataba y de quien desconfiaba en grado sumo, un celular que precisamente ella —la asistente— tenía destinado para su hija (…)

Igualmente, resulta inentendible (…) que en el momento del registro personal la procesada permanezca impasible frente a la incautación del celular (…)”

Sin dificultad se observa, entonces, que el juzgador de primera instancia sí exteriorizó los razonamientos de orden probatorio que determinaron el sentido de la decisión recurrida.

Tanto es así, que la acusada y su apoderado judicial, en la sustentación de los recursos que ahora concitan la atención de la Sala, consignaron alegaciones dirigidas, precisamente, a controvertir la valoración que de las pruebas de la defensa hizo el tribunal; ejercicio dialéctico que no sería posible si, como lo sostiene la apelante, la Corporación no hubiese exteriorizado en la sentencia la apreciación de las mismas.

Tampoco desde esta perspectiva, en síntesis, es posible acceder al pedido de anulación impetrado.

4. Resulta incomprensible la censura presentada por L.M.R. en el sentido de que la Fiscalía incurrió en una “indebida acumulación de pretensiones”, no solo porque dicha institución, propia del procedimiento civil, resulta del todo ajena al contexto del enjuiciamiento criminal, sino también porque se soporta en una premisa falsa, esto es, que la Fiscalía tenía duda “respecto a si se trataba de delito doloso o culposo” y, por lo mismo, estaba compelida a pedir la absolución.

Ciertamente, la Fiscalía Delegada, en el curso de las alegaciones conclusivas, de ninguna manera exteriorizó duda sobre la responsabilidad de la acusada, como tampoco sobre el delito que, en su criterio, cometió aquélla, en concreto, de peculado por apropiación, desde luego, cometido con dolo.

En esa oportunidad, manifestó que “en gracia de discusión (…) si se llegara (…) a aceptar (…) esa tesis defensiva consistente en que la doctora L.M. (…) aceptó como negociación como prestamo y venta un celular de parte de N.C., también esa conducta (…) le es imputable a título de culpa…porque ella tenía el deber jurídico de protección de esos bienes” (CD 5, cuarto corte, récord 38:00 y siguientes).

No obstante, señaló también que admitir esa tesis resultaría irrazonable y, por tal razón, el pedido de condena se limitó a la conducta punible por el delito objeto de acusación (CD 5, cuarto corte, récord 55:00).

De todas maneras, la Sala ha sostenido que “si la Fiscalía ostenta la titularidad de la acción penal y es la ‘dueña’ de la acusación, la que jurídicamente puede ir estructurando en las diversas fases del juicio, no se observa obstáculo alguno para que, sin modificar el núcleo básico de la imputación fáctica, en los alegatos finales pueda elevar ante el juez una petición principal y otra subsidiaria, como que desde la valoración de los elementos probatorios allegados al juicio puede concluir en la demostración de una tesis, pero simultáneamente puede entender que las pruebas admiten una segunda evaluación y, por ende, que postule esta de modo subsidiario”(7) (negrilla fuera del texto).

En consecuencia, ninguna irregularidad implicaría que el pedido de condena principal lo hubiera sido por el delito doloso y que de manera subsidiaria se hubiese reclamado la condena por el imprudente.

Así las cosas, descartada la configuración de defectos sustantivos determinantes de la invalidación de la actuación, la Sala examinará a continuación las censuras atinentes al acierto de la sentencia cuya revocatoria se pretende.

La exclusión de las pruebas reclamada por R.B.

La acusada sostiene que debe excluirse todo lo atinente al testimonio de E.R.R., pues esta realizó un procedimiento investigativo para el que no estaba judicialmente autorizada y vulneró así los derechos fundamentales.

Consecuente con ello, pide que se excluya también el resultado de la diligencia de registro personal llevada a cabo por la investigadora A.P., pues aunque esta si fue legalizada previamente ante un Juez de Control de Garantías, los motivos fundados que dieron lugar a esa actividad se soportan, precisamente, en la adelantada por R.R.

Sea lo primero señalar que si bien el escenario ordinario legalmente previsto para reclamar la exclusión, rechazo e inadmisión de los medios de prueba es la audiencia preparatoria, tal como se consigna en el artículo 359 de la Ley 906 de 2004, esta Sala ha admitido la posibilidad de elevar una pretensión de tal naturaleza con posterioridad, concretamente, en el curso del juicio, caso en el cual la solicitud se resuelve “al momento de adoptar el fallo”(8).

Y debe ser así, pues es posible que en trámite de la vista pública, esto es, en el decurso de la práctica de la prueba, se conozca a través de un testigo información que se ignoraba en momentos procesales previos, concretamente, en la audiencia preparatoria, en razón de la cual las partes e intervinientes pueden considerar la ilegalidad de un determinado medio de conocimiento.

Solo entonces, luego de conocido el contenido de la prueba, de practicada esta, lo cual ocurre en el juicio, es posible establecer con plenitud si en el proceso de recolección y producción de la misma fueron respetados los procedimientos legales y los derechos y garantías de las partes, por ende, si la misma está afectada por algún vicio de ilegalidad o ilicitud que pueda determinar su exclusión.

Así las cosas, la impugnación presentada en este ámbito no merece ningún reparo formal.

No obstante, la Sala no accederá a lo solicitado por la apelante, básicamente porque la censura que eleva en este punto parte de un razonamiento equivocado, en concreto, que lo realizado por R.R. fue una actividad investigativa que, por lo mismo, estaba condicionada en su legalidad a los requisitos establecidos en los artículos 213 y siguientes, en los términos precisados en los distintos fallos de constitucionalidad que han estudiado su exequibilidad.

En efecto, la testigo N.J.C.R. declaró que luego de percatarse de que las cajas contenedoras de los celulares incautados estaban vacías, observó que su jefe, R.B., “llegó con un V3 negro similar a los que estaban como evidencia” (CD 1, segundo corte, récord 1:00:40).

Relató que para confirmar o descartar la sospecha de que la ahora acusada había tomado para sí los aparatos, ella misma y la coordinadora de la unidad, C.I.S.A., le pidieron el favor a E.R.R., quien para entonces se desempeñaba como coordinadora del C.T.I. de Apartadó, que hiciera la verificación correspondiente.

Esta, entonces, ingresó a la oficina de R.B., que también era la oficina de C.R., y en un momento en que la primera estaba ausente fotografió un celular que estaba sobre su escritorio y las cajas contenedoras de los teléfonos incautados, a partir de lo cual, dijo, concluyó que los números de identificación IMEI coincidían (CD 1, cuarto corte, récord 9:30).

Efectuada dicha constatación, S.A. presentó la denuncia penal ante la Dirección Seccional de Fiscalías (CD 1, segundo corte, récord 9:40).

Se advierte, entonces, que la actuación adelantada por R.R. no fue una diligencia investigativa oficial, como tampoco entonces un allanamiento al lugar de trabajo que estuviera supeditado en su legalidad a la autorización impartida por un juez o a la orden emitida por un fiscal.

Por el contrario, se trató de una actividad llevada a cabo por la nombrada en condición de particular, no de funcionaria de un cuerpo de investigación, en un lugar al que accedió con autorización de quien tenía la posibilidad de permitirlo, pues se llevó a cabo en la oficina que C.R. compartía con la enjuiciada.

Esa constatación tuvo como propósito exclusivo verificar, en un grado mínimo de probabilidad, la posible comisión de una conducta ilícita, desde luego, de cara a la posible presentación de una denuncia, con las responsabilidades que ello acarrea, de modo que no se trató de un acto de investigación sometido al debido proceso probatorio.

Recuérdese que, como lo tiene discernido la Sala, “un acto de investigación dentro del sistema de la Ley 906 de 2004 es todo aquel que (i) sea realizado por la Fiscalía, la defensa e incluso la víctima, (ii) tenga como fin obtener o recaudar evidencia y (iii) esté sujeto al control, ya sea previo o posterior, del juez de garantías”(9).

La comprobación realizada por R.R., se insiste, no tuvo como objeto el de recaudar ni acopiar elementos de prueba o evidencias con el fin de someterlos al control de legalidad ante el juez de control de garantías e incorporarlos posteriormente como prueba en la vista pública, sino el de llegar a un grado mínimo de certeza sobre la posible comisión de una conducta punible a efectos de que se justificara presentar la noticia criminal correspondiente.

Tanto es así, que la Fiscalía convocó a juicio a la investigadora A.P., quien, ella sí, llevó a cabo una diligencia de registro personal, ordenada por el Fiscal encargado de la investigación seguida contra R.B. y legalizada ante funcionario judicial competente, con el propósito de declarar sobre el resultado de dicho acto investigativo.

Que R. R. haya concurrido al juicio para atestar, entre otros, sobre los hechos que percibió de manera personal y directa cuando ingresó a la oficina de R.B. y C.R., no convierte su actuación en un acto de investigación sometido al debido proceso, pues a través de su declaración no se allegó, ni se pretendió hacerlo, ninguna evidencia o elemento material de prueba de cargo, sino ilustrar al despacho sobre circunstancias de hecho de las que tuvo conocimiento personal y directo.

Así las cosas, como no se evidencia ninguna irregularidad probatoria en el caso que se examina, la solicitud de exclusión impetrada por la procesada respecto del testimonio de R. R. será desestimada.

Igual suerte ha de correr la solicitud de exclusión de registro personal impetrada por R.B., pues esa actividad investigativa, según fue demostrado por la Fiscalía, se practicó con estricto cumplimiento de lo previsto en el artículo 248 de la Ley 906 de 2004 y pleno respeto de las garantías de la incriminada.

Ciertamente, se acreditó que para dicho efecto fue obtenida la autorización previa del funcionario competente, concretamente, el Juez 3º Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Apartadó (f. 257).

Se conoció, de igual modo, que la diligencia fue llevada a cabo por persona del mismo sexo de la registrada, esto es, la investigadora F.M.A.P., sin que del relato de lo ocurrido vertido en juicio por la propia encartada sea posible inferir o suponer la conculcación de sus derechos o el desconocimiento de las garantías (CD 5, tercer corte, récord 1:14:20).

En consecuencia, tampoco este medio de conocimiento será excluido del acervo probatorio.

El conocimiento para condenar.

1. Al tenor del artículo 381 de la Ley 906 de 2004, el fallo de condena solo procede ante la prueba, más allá de toda duda, sobre la materialidad del delito investigado y la responsabilidad de la persona enjuiciada en su comisión.

A efectos de verificar la satisfacción de esos requisitos en el presente asunto, la Sala debe partir por precisar que el delito de peculado por apropiación, por el cual fue acusada L.M.R.B., está definido en el artículo 397 de la Ley 599 de 2000, en los siguientes términos:

“El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que este tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) meses a doscientos setenta (270) meses de prisión (…)”.

La configuración de la conducta punible, como se sigue de su estructura básica, requiere i) que un servidor público; ii) se apropie, en provecho propio o ajeno, de; iii) bienes del Estado o de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones.

2. Ninguna controversia ofrece la condición de servidora pública que tenía R.B. para el momento de los hechos, concretamente, porque para entonces se desempeñaba como Fiscal 124 Seccional de Apartadó.

Ello fue objeto de estipulación entre la Fiscalía y la defensa (f. 105) y, en todo caso, fue admitido por la propia procesada en la vista pública (CD 5, tercer corte, a partir del récord 11:20).

3. Tampoco cabe duda de que la enjuiciada tenía a su cargo la administración y custodia de los elementos materiales de prueba recaudados en curso de las investigaciones a su cargo y puestos a su disposición en tal virtud, no solo porque así se desprende de lo dispuesto en el artículo 250, numeral 3º, de la Carta Política, sino también porque fue demostrado en juicio que las evidencias acopiadas eran almacenadas directamente en su despacho.

Así lo atestaron de manera conteste, sin que ello hubiera sido objeto de debate por las partes, C.I.S.A., N.J.C.R. y D.A.L.C., por quienes se conoció que en la Fiscalía Seccional de Apartadó, para la fecha de los hechos, cada uno de los delegados se encargaba del almacenamiento, administración y custodia de las evidencias recolectadas en las indagaciones e investigaciones a su cargo (CD 1, segundo corte, récord 14:20; récord 53:20; tercer corte, récord 14:00).

4. Corresponde a la Sala, entonces, establecer si a partir de las pruebas practicadas en juicio es posible afirmar, en el grado de conocimiento reivindicado en el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, que la acusada se apropió un teléfono celular que había sido puesto a su disposición en condición de Fiscal 124 Seccional de Apartadó o si, por el contrario y como lo alegan los recurrentes, la Fiscalía no logró acreditar suficientemente esa situación.

En ese cometido, constituye punto obligado de partida lo dicho en la vista pública por C.R., asistente de ese despacho, quien relató que entre octubre y noviembre de 2006, fue repartido a la Fiscalía 124 Seccional una investigación en la que había como evidencia dos teléfonos celulares.

Esos aparatos habían sido adquiridos fraudulentamente por M.A.S.B., quien se hizo pasar para tal efecto por J.D.J.R., y una vez los compró, los envió por correo a Medellín.

Una vez fueron recuperados, lo cual se logró porque el propio S.B. pidió a la empresa transportadora su devolución, fueron entregados a la Fiscalía encargada de la investigación.

Que esa actuación correspondió al despacho del que era titular la ahora acusada es algo que fue demostrado, además, mediante la copia del libro radicador en el que, según lo atestó D.A.L.C., quien se desempeñó como Coordinadora de las Fiscalías Seccionales de Apartadó, se consignaban manualmente las asignaciones (CD 1, tercer corte, récord 9:10).

En ese documento se observa que la investigación radicada 2739, seguida contra M.A.S.B., fue repartida el 30 de octubre de 2006 a la Fiscalía 124 Seccional, como también que para ese momento los únicos elementos incautados fueron “documentos” (f. 178).

Dicha actuación, según consta en la prueba documental allegada a las diligencias, se inició con ocasión de la captura del nombrado S.B. en detentación de documentos de identidad falsos, que algún tiempo atrás había utilizado para adquirir fraudulentamente dos líneas de telefonía celular y dos aparatos de última tecnología —Motorola V3 Black— de la empresa Latincom Comunicaciones Apartadó, para lo cual se hizo pasar por J.D.J.R. (fs. 201 y siguientes).

Una vez los teléfonos fueron recuperados en atención a la solicitud elevada por el propio S.B. (f. 223), fueron puestos a disposición de la Fiscalía 124 Seccional, concretamente, el 2 de noviembre de 2006; hecho sobre el cual atestó C.R. (CD 1, segundo corte, récord 53:20) y que aparece afianzado en la constancia secretarial de esa fecha, en la que se consigna que “siendo las 11:20 A.M. recibe este despacho una caja en vuelta (sic) en una bolsa negra, sellada con cinta adhesiva, la cual contiene en su interior, dos cajitas de cartón gránate (sic) y contiene celular marca Motorla, V3 Black número xxx (…)y en la otra caja de las mismas características y marca del anterior, número xxx” (f. 224).

En igual sentido, el intendente de la Policía Nacional H.H.M.A., quien se desempeñaba para la época de los hechos como Jefe de la Unidad de Investigaciones del C.T.I. de Apartadó, dijo recordar la incautación de los teléfonos y su posterior entrega “a la Fiscalía” (CD 4, récord 6:30 y siguientes).

A partir de los testimonios y pruebas documentales reseñadas, en tanto se ofrecen contestes, coherentes, articuladas y desprovistas de motivo de sospecha, la Sala concluye que se encuentra demostrado que R.B., en condición de Fiscal 124 Seccional de Apartadó, recibió para su administración y custodia dos teléfonos celulares marca Motorola, modelo V3 Black, que habían sido incautados en una investigación asignada a su despacho.

Los apelantes aseveran, en contravía de la afirmación precedente, que la Fiscalía no acreditó la existencia de los aparatos cuyo uso indebido se atribuye a la enjuiciada, lo que se constata al verificarse que aquélla, según lo atestó, nunca vio la caja contentiva de los aparatos en el anaquel donde se almacenaba la evidencia y, además, en la constancia secretarial de 2 de noviembre de 2006 no aparece su firma, aunque C.R. dijo que estaba presente cuando se suscribió.

Esa tesis, como acertadamente lo consideró el a quo, contraviene frontalmente el acervo probatorio y, por lo mismo, resulta inaceptable.

En efecto, C.R. atestó que R.B. estaba presente en el despacho en el momento en que el patrullero J.L.B. puso a disposición del despacho los aparatos incautados (CD 1, segundo corte, récord 53:20); información que coincide parcialmente con la aportada en la vista pública por la procesada, quien manifestó que regresó al despacho, luego de una incapacidad médica, en esa misma fecha, aunque en horas de la tarde.

Pero incluso de admitirse en gracia de discusión que la acusada no estaba allí cuando los celulares fueron puestos a disposición de la Fiscalía 124 Seccional, el conocimiento que tenía aquélla sobre esa situación se desprende con claridad de la declaración rendida el 8 de noviembre de 2006 por R.A.O.S., director comercial de Latincom, que fue recibida personalmente por aquélla, en la que de manera expresa fue discutida la situación de los teléfonos (fs. 229 y siguientes).

Adicionalmente, aunque la encartada aseveró en juicio que la constancia de entrega de los celulares no estaba incorporada en el expediente cuando ella lo estudió, lo cierto es que ese documento tiene la foliatura original de la Fiscalía y obra a continuación de documentos suscritos personalmente por aquélla (fs. 39 y 47), de modo que tampoco esa alegación resulta atendible.

5. La Fiscalía demostró igualmente que la procesada tomó para sí uno de los teléfonos incautados, del que se apropió en provecho propio.

La declarante C.R. atestó que en los primeros días de enero de 2007, fecha para la cual la enjuiciada estaba ausente del lugar de trabajo, realizó una búsqueda entre las evidencias almacenadas en la oficina que compartía con aquélla y accidentalmente tumbó del estante las cajas contentivas de los celulares. En razón de ello, se percató de que estaban desocupadas.

Agregó que “el lunes o martes”, cuando la encartada se reincorporó a las funciones del cargo, “llegó con un V3 negro similar a los que estaban como evidencia” (CD 1, segundo corte, récord 1:00:40).

Ese celular, según se pudo verificar en razón de la diligencia de registro personal que llevó a cabo la investigadora F.M. A.P. y que fue autorizada por un Juez con Función de Control de Garantías (f. 257), era uno de aquéllos que fue incautado y puesto a disposición de la Fiscalía 124 Seccional en la indagación 2739, seguida contra S.B.

En efecto, A.P., de quien no se observa parcialidad o interés alguno en perjudicar a R.B., atestó en la vista pública que en desarrollo de esa actividad investigativa ingresó a la oficina de la acusada, quien en ese momento se comunicaba con un teléfono celular modelo V3, que entregó entonces a la investigadora.

Esta, continuó, tomó el aparato y contrastó el número de IMEI con los que aparecían en la orden emitida por la Fiscalía encargada de la investigación, “y era el mismo” (CD 3, récord 15:00), en lo específico, según se lee en ese documento, 359402000179080 (CD 3, récord 30:10).

Agregó que ese número de identificación, correspondiente al del teléfono que fue hallado en poder de R.B., coincide con el que aparece en una de las cajas que contenían los aparatos incautados (CD 3, récord 30:30).

En esa diligencia fueron incautadas, además del teléfono, las dos cajas contentivas de los aparatos (fs. 260 y siguientes).

Ese testimonio no es el único que concurre a soportar la tesis de la Fiscalía, pues también E.R.R. narró que, por solicitud de N.J.C.R. y C.I.S.A., esta última coordinadora de la Unidad de Fiscalías Seccionales de Apartadó, ingresó un día a la oficina que R.B. compartía con la primera nombrada y pudo constatar que el IMEI del celular que reposaba sobre el escritorio de aquélla coincidía con uno de los que aparecían en las cajas contentivas de los aparatos incautados (CD 1, cuarto corte, récord 9:30).

Estas declaraciones, contrariamente a la comprensión de quienes recurren, no constituyen pruebas de referencia, sino testimonios directos vertidos en juicio por quienes de manera personal y directa aprehendieron los hechos que allí narraron. Cosa distinta es que no haya sido incorporado como evidencia al acervo probatorio el teléfono hallado en detentación de la enjuiciada, lo que nada tiene que ver con la ciencia del dicho de A.P. y R.R.

Que no hayan sido allegadas a la carpeta las evidencias físicas aludidas por las deponentes no comporta un ataque a la credibilidad de su dicho, pues el órgano de prueba es, en sí mismo, el testigo, y el medio de prueba, su testimonio; mismo que fue practicado en la vista pública, de manera oral y sometida a inmediación y contradicción, esto es, con la plena satisfacción de las exigencias previstas en el artículo 16 de la Ley 906 de 2004.

En igual sentido, se cuenta con el testimonio de Y.M.Z., empleada de la empresa Latincom, quien evocó que S.B. adquirió dos teléfonos de manera fraudulenta, haciéndose pasar por J.D.J.R., y aportó los documentos en los que se constata que una de las máquinas se identifica con el IMEI 359402000179xxx, correspondiente a la línea xxx (CD 2, tercer corte, récord 14:30; f. 246).

La Sala no pierde de vista que, como lo aducen los apelantes, en los documentos aportados por la testigo se consigna que el otro teléfono adquirido por S.B. estaba vinculado con la línea xxx (f. 245), mientras que en la constancia secretarial que da cuenta de la puesta a disposición de esas evidencias se alude a la línea xxx (f. 224).

Ello, sin embargo, no enerva de ninguna manera la credibilidad de lo dicho por los testigos, ni la convicción en punto a la materialidad del delito objeto de juzgamiento, básicamente porque la condena contra R.B. se profirió exclusivamente por la utilización indebida del teléfono celular asociado a la línea xxx, de modo que dicha inconsistencia resulta a todas luces irrelevante.

Finalmente, se cuenta con la certificación de datos de las líneas celulares, elaborada por la empresa Comcel S.A. e introducida en juicio a través del testigo C.E.M.P., en la que se observa que la línea celular xxx fue adquirida por J.D.J.R., esto es, a quien S.B. suplantó para adquirir los teléfonos que fueron puestos a disposición de R.B. (CD 1, cuarto corte, récord 46:00; f. 126).

Así las cosas, las pruebas de cargo practicadas en la vista pública convergen de manera conteste y coherente a demostrar que la acusada se apropió de uno de los celulares que le había sido entregado para ser administrado y custodiado como elemento de prueba en una investigación penal; como lo declararon varios testigos (CD 1, segundo corte, récord 1:00:40; cuarto corte, récord 17:20; récord 29:50; CD 4, récord 8:50), lo tomó para sí, lo usó y dispuso de él como si de un bien suyo se tratara, tanto así que, de hecho, estaba haciendo una llamada en el momento en que la investigadora A.P. concurrió a su despacho para llevar a cabo la diligencia de registro personal ordenada por la Fiscalía.

Los mismos testigos de descargo N.A.M. y M.O.C.J., además de la propia R.B., dieron cuenta de la utilización permanente que esta última hizo del teléfono incautado para fines personales, del modo en que ejerció sobre el mismo actos inherentes a la propiedad (CD 4, récord 31:40; récord 1:17:00; CD 5, tercer corte, récord 1:20:20).

Desde luego, mediante dichas declaraciones la defensa pretendió demostrar que ese celular le había sido entregado a la enjuiciada por su asistente C.R., primero en préstamo y después en venta, con el propósito de tenderle una celada e incriminarla falazmente por la comisión de hechos a los cuales es en realidad ajena; ardid que habría estado determinado por las pésimas relaciones laborales existentes entre una y otra, así como por el propósito de obtener venganza por la queja disciplinaria que R.B. presentó contra la segunda.

Esa tesis, sin embargo, no se desprende de la valoración objetiva y conjunta de los medios de prueba acopiados, que por el contrario la desmienten.

Ciertamente, los testigos que concurrieron al juicio a instancias de la Fiscalía que conocieron personalmente el trato existente entre la procesada y C.R., en concreto, C.I.S.A. y D.A.L.C., controvirtieron esa aseveración, pues aunque sostuvieron que entre una y otra hubo algunas desavenencias originadas en situaciones laborales, no les atribuyeron la magnitud referida por R.B. (CD 1, segundo corte, récord 16:00; tercer corte, récord 11:20).

La propia C.R. admitió haber tenido inconvenientes con la procesada, pero los describió como “lo normal” en una relación de trabajo (CD 1, segundo corte, récord 47:40) y ciertamente, de su testimonio no se desprende ningún tipo de animadversión en contra de aquélla que sustente la tesis defensiva.

De otra parte, la defensa demostró la existencia de la queja disciplinaria presentada por R.B. contra C.R. (f. 274), pero se desconoce la fecha en que ello ocurrió.

De la documentación allegada por el apoderado judicial de la acusada, incorporada a través del investigador privado M.A.O.C., puede colegirse que fue elevada en los primeros meses del año 2007 —esto, toda vez que fue remitida a la Oficina de Control Interno el 31 de agosto de esa anualidad—, lo que ubicaría temporalmente la denuncia en un momento posterior al inicio de la investigación penal seguida contra la ahora sentenciada.

En ese orden, mal podría tenerse dicha queja como razón para que C.R. incriminara mendazmente a R.B. por la comisión del delito objeto de actual juzgamiento.

La defensa también aportó copia del escrito dirigido por la procesada, el 20 de septiembre de 2006, a D.A.L.C., para entonces Coordinadora de la Unidad de Fiscalías Seccionales de Apartadó, mediante el cual puso en su conocimiento una serie de irregularidades atribuidas a C.R.; queja que tampoco permite afirmar de aquélla el protervo propósito de incriminarla por un delito que no cometió.

De una parte, porque fue la propia R.B. quien atestó que los supuestos comportamientos vindicativos de C.R. se originaron cuando tuvo conocimiento de la queja disciplinaria elevada ante la Procuraduría General de la Nación (CD 5, tercer corte, récord 20:30).

De otra, porque también fue la acusada quien de manera expresa atestó que L.C. “nunca se pronunció” sobre las irregularidades que le fueron informadas (CD 5, tercer corte, récord 20:10), de modo que no se entiende por qué razón ello habría de suscitar en C.R. las retaliaciones que le atribuye.

Como si fuera poco, el testimonio rendido por R.B. contraviene las pruebas documentales aportadas por su mismo defensor, pues aunque aquélla aseveró en juicio que C.R. llevó a cabo actos rayanos en lo delictivo —como ocultar carpetas de procesos pendientes de definición de la situación jurídica del procesado, entre otros (Cd 5, tercer corte, récord 20:30)—, lo cierto es que los comportamientos que le atribuyó en la queja presentada ante L.C. aluden a errores en que habría incurrido en el ejercicio de sus funciones (fs. 280 a 282).

El contenido de ese escrito ratifica lo dicho por C.R. en el sentido de que los inconvenientes que tuvo con R.B. no superaron las desavenencias propias del entorno laboral y, por lo mismo, enerva la credibilidad de la tesis defensiva según la cual la denuncia presentada en contra de aquélla es producto de una maquinación para incriminarla falazmente.

Igualmente inverosímil aparece la afirmación según la cual la enjuiciada tuvo consigo y utilizó el teléfono incautado porque C.R. se lo prestó, primero, y se lo vendió, después.

La procesada R.B. atestó que a principios de 2006, el celular de su propiedad —un Motorola V3 Black— se averió y, por lo tanto, su asistente le ofreció en prestamo un aparato de idéntica marca y modelo, que había adquirido para regalarle a su hija.

Declaró también que un tiempo después acordaron que la primera compraría el teléfono, por el cual pactaron un precio de $ 150.000, que no fue pagado por la compradora directamente a la C.R., sino a R.J.V., con quien esta tenía una deuda por la compra de unos libros.

Esa versión de lo ocurrido fue ratificada por la vendedora de textos jurídicos R.V. —incluso con aporte de la factura de compra de mismos (f. 271)—, por N.A.M.—taxista que dijo haber presenciado el momento en que C.R. le entregó a R.B. el aparato (CD 4, récord 30:40 y siguientes)— y por M.O.C.J., quien se desempeñaba como ama de casa de aquélla en Apartadó.

A pesar de la coincidencia de los testigos de descargo sobre el particular, sus declaraciones carecen de credibilidad, pues no se entiende que si C.R. tenía una relación hostil con la procesada, al punto de llegar a insultarla y esconder los expedientes de las investigaciones a su cargo, aquélla hubiera aceptado el ofrecimiento de préstamo del celular, máxime que se trataba de un equipo de gama alta que, según se demostró, podría costar entre $ 700.000 y $ 800.000 (f. 230).

Además, aunque quienes declararon a instancias de la defensa dijeron recordar, con alto nivel de detalle, las circunstancias que rodearon la supuesta entrega que C.R. hizo del equipo a R.B., llama la atención la incapacidad para evocar, por ejemplo, el piso en el que trabajaba la acusada, a donde todos afirmaron haber ido en plurales ocasiones.

Por tal razón, la Sala ordenará la compulsación de copias de la presente actuación con destino a la Fiscalía General de la Nación, a efectos de que se investigue si se infringió la ley penal por parte de quienes concurrieron al juicio como testigos de descargo.

En suma, la versión de los hechos presentada por los testigos de la defensa, por medio de la cual se pretendió vincular a C.R. con un supuesto complot para perjudicar a R.B., no solo carece de sustento probatorio serio, sino que contraviene las pruebas de cargo, que permiten forjar el conocimiento más allá de toda duda sobre la materialidad del delito de peculado por uso y la responsabilidad de la acusada en su comisión.

6. Probado está, en síntesis, que la acusada se apropió de uno de los teléfonos celulares que habían sido incautados y puestos a su disposición como evidencia, en calidad de Fiscal 124 Seccional de Apartadó.

La calificación jurídica correcta de la conducta investigada fue entonces la señalada por la Fiscalía en la acusación y en el pedido de condena, y no la que el tribunal a quo derivó de la prueba practicada en juicio.

La procesada está revestida de la condición de apelante única y, por lo tanto, goza de la garantía de la prohibición de reforma en peor, que de acuerdo con el criterio de la Sala, prevalece sobre el principio de legalidad(10).

En consecuencia, a efectos de corregir el yerro de la primera instancia, se modificará la sentencia de primera instancia en el sentido de condenar a L.M.R.B. como autora del delito de peculado por apropiación, pero se mantendrá, en todo lo restante, incluida la pena y la concesión del subrogado, el fallo recurrido.

Esa solución, que ha sido la adoptada por la Sala en asuntos similares al que ahora se examina(11), consulta la verdad material y real de los hechos, así como la realización de la justicia como propósito del proceso penal, sin quebrantar o desconocer las garantías de la procesada, concretamente, a que, en condición de única apelante, no se agrave su situación jurídica por el Juzgador de segunda instancia, incluso si la pena que se le impuso no corresponde a la del delito efectivamente cometido.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NEGAR la nulidad del fallo de primera instancia, reclamada por los recurrentes.

2. NEGAR la exclusión de los medios de prueba solicitada por la sentenciada L.M.R.B.

3. CONFIRMAR la decisión de fecha y origen indicados, objeto de impugnación, con la MODIFICACIÓN en el sentido de condenar a L.M.R.B. como autora del delito de peculado por apropiación, dejando incólumes las demás determinaciones.

4. ORDENAR que por la Secretaría de la Sala, se compulsen copias de la actuación con destino a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su cargo, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.

5. Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y Cúmplase».

1 Corte Constitucional, sentencia C – 133 de 2009.

2 Cfr. CSJ AP, 25 mar 2015, rad. 45.491.

3 CSJ AP, 28 may. 2014, rad. 42.357.

4 En ese sentido, CSJ SP, 16 mar. 2011, rad. 32.685. De igual modo, CSJ AP, 18 dic. 2013, rad. 40.675.

5 CSJ SP, 25 mar 2015, rad. 42.600.

6 Entre muchas otras, CSJ AP, 9 oct. 2013, rad. 42.194.

7 CSJ SP, 27 feb. 2013, rad. 40.022.

8 CSJ AP, 30 nov. 2011, rad. 37.298.

9 CSJ SP, 5 ago. 2014, rad. 41.591.

10 Entre otras, CSJ SP, 9 jul. 2014, rad. 40.692.

11 CSJ SP, 5 mar. 2014, rad. 41.778.