Sentencia 41108 de junio 18 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Radicación 41108

(Aprobado Acta 189)

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

SP7757-2014

Bogotá, D.C., dieciocho de junio de dos mil catorce

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 75, numeral 3º, de la Ley 600 de 2000, la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver el recurso de apelación propuesto por el abogado defensor contra la sentencia de primer grado, pues la acción penal es ejercida contra un ex juez laboral del circuito, quien fue sentenciado en primera instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó.

De conformidad con lo establecido en el artículo 204 del estatuto procesal penal en mención, la labor de la Sala se concretará a examinar los aspectos sobre los cuales se expresa inconformidad, estudio que puede extenderse a los temas inescindiblemente vinculados al objeto de la censura, según lo autoriza la norma aludida.

2. Respuesta a los argumentos del impugnante.

La Sala iniciará el análisis en lo concerniente a la eventual invalidez de la actuación, toda vez que de llegar a prosperar, haría superflua la resolución de los demás planteamientos.

2.1. Petición de nulidad.

Ha sostenido la corporación en reiteradas oportunidades, y lo recuerda ahora, que la declaración de nulidad constituye un remedio extremo para sanear la estructura del proceso o salvaguardar las garantías fundamentales de los sujetos procesales.

De ésta manera, quien pretenda la anulación de la actuación, además de acreditar con suficiencia la existencia de alguna irregularidad, debe enseñar su carácter sustancial, pues no cualquier defecto puede aducirse para atentar contra la consistencia del proceso.

Ha de demostrarse entonces la relevancia del vicio en el resquebrajamiento del proceso, de tal forma que la única ruta posible para garantizar los derechos esenciales de los intervinientes y restablecer la plenitud de las formas propias del juicio como mecanismo idóneo para obtener la realización de la justicia material, sea la declaración de nulidad.

En esta oportunidad, se invoca la invalidez de lo actuado por la presunta existencia de una irregularidad sustancial que afecta el debido proceso, en atención a haberse ordenado en segunda instancia la nulidad del proceso desde el cierre de la investigación, actuación con la cual, según el apelante, desbordó el funcionario ad quem los marcos de competencia que en sede de apelación le fijaba el ordenamiento jurídico vigente para la época, y eso condujo a que, en detrimento de los intereses de su representado, se emitiera una nueva calificación del mérito probatorio del sumario con resolución de acusación.

En dicho contexto, el examen de la actuación procesal cumplida permite evidenciar que efectivamente, mediante pronunciamiento del 9 de octubre de 2007, el funcionario instructor dispuso el inicio de investigación previa, y posteriormente, el 21 de agosto de 2008, ordenó la apertura formal de investigación penal.

Allegados a la actuación algunos elementos de juicio, el 13 de noviembre de 2008 se ordenó su cierre, luego de lo cual con providencia del 16 de enero de 2009, se calificó el mérito probatorio del sumario con preclusión de la investigación en favor del indiciado Francisco Antonio Mena Castillo.

Con ocasión del recurso de apelación interpuesto por el denunciante, la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal, mediante providencia del 17 de septiembre de 2009, declaró la nulidad de lo actuado.

El 28 de octubre de 2010 se ordenó nuevamente el cierre de la investigación, mientras que el 2 de diciembre siguiente se calificó el mérito probatorio del sumario con resolución de acusación contra el funcionario citado, como presunto responsable del delito de prevaricato por acción.

Ahora bien, examinados los fundamentos vinculados al aspecto en que se apuntala la pretensión de nulidad, es claro que no está llamada a prosperar en esta oportunidad.

Lo anterior por cuanto, según el artículo 393 del citado Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000), los presupuestos de la clausura de la investigación se concretaban a que se hubiere recaudado la prueba necesaria para calificar, o que se encontrara vencido el término de instrucción.

En el asunto examinado, se observa que el Fiscal Once Delegado ante el Tribunal Superior de Quibdó ordenó el cierre del ciclo instructivo el 13 de noviembre de 2008, esto es, cuando apenas habían transcurrido tres (3) meses y ocho (8) días desde el momento en que se dispuso la apertura de formal investigación (ago. 21/2008), lapso durante el cual el ejercicio de su labor se limitó a escuchar en indagatoria al incriminado y a resolver su situación jurídica provisional, mientras que en la etapa de indagación preliminar solamente se allegó copia del correspondiente proceso ejecutivo laboral.

Seguidamente procedió a calificar el mérito probatorio del sumario el 16 de enero de 2009, con preclusión de la investigación a favor del procesado.

Contra ésta determinación la denunciante, Procuradora 41 Judicial II Administrativa, interpuso recurso de apelación pretendiendo su revocatoria.

Su pretensión la basó en un análisis opuesto al realizado por el Fiscal, a través del cual evidenció que el indiciado Mena Castillo omitió darle estricto cumplimiento a las normas procesales que rigen el proceso ejecutivo y libró mandamiento de pago con apoyo en un documento que no reunía los requisitos de título ejecutivo.

Destacó igualmente la recurrente la falta de una investigación integral, en cuanto el instructor se limitó a la práctica de dos pruebas, la indagatoria del sindicado a quien otorgó plena credibilidad sin que se hubiere verificado su dicho, y la obtención de copias del proceso ejecutivo radicado número 2007-00136, pero dejó de lado allegar también el ejecutivo número 2006-00379, que se constituye en antecedente del anterior.

El Fiscal Tercero Delegado ante el Tribunal Superior, al conocer de la apelación, consideró que no era factible pronunciarse de fondo en torno a las pretensiones de la recurrente, en cuanto se evidenciaba la presencia de una irregularidad trascendente constitutiva de violación del debido proceso, de modo que se imponía la declaratoria de nulidad de lo actuado, acorde con lo normado en el artículo 306, numeral 2º, del Código de Procedimiento Penal.

Concluyó el funcionario de segundo grado que los elementos de convicción no ofrecían la certeza necesaria para finiquitar la etapa instructiva, bien con resolución de acusación o con preclusión de la instrucción, en cuanto “…se echa de menos un adecuado esfuerzo investigativo encaminado a verificar o descartar complejas circunstancias con eventual caracterización delictual…”, motivo por el cual decidió declarar la nulidad de la resolución que clausuró la instrucción y la que dispuso la preclusión por “…evidente vulneración del principio de investigación integral previsto en los artículos 249 y 250 de la Carta Política, y desarrollado en los artículos 20 y 234 de la Ley 600 de 2000…”.

Explicó que la irregularidad evidenciada se materializa en un desmedro a los derechos de la víctima al conocimiento de la verdad y a la efectiva realización de la justicia.

Así, el examen de la providencia cuestionada permite concluir como innegable, que los temas propuestos por la apelante para oponerse a la preclusión de la investigación, fueron los considerados por el superior funcional del Fiscal que emitió la preclusión, y aun cuando en la sustentación de su inconformidad dicho sujeto procesal no hizo una petición expresa de nulidad por desconocimiento del debido proceso, la segunda instancia sí podía decretarla, en aplicación de lo previsto en el artículo 204 del estatuto procesal de 2000, que autoriza al Superior Jerárquico a examinar los aspectos sobre los cuales se expresa inconformidad, incluyendo los temas inescindiblemente vinculados al objeto de la censura.

En el asunto examinado quien recurrió en apelación la preclusión de la investigación, sostuvo enfáticamente que en la etapa instructiva no se había investigado de manera objetiva todo lo concerniente al tema objeto de debate, razón por la cual se quejó de la ausencia de una verdadera investigación integral y pidió revocar esa determinación, tras enunciar varias pruebas que en su concepto resultaban importantes que no fueron practicadas, y dejó sentada su apreciación sobre los elementos de juicio recaudados; es decir, el impugnante discrepó del mérito probatorio otorgado por el fiscal de primera instancia y censuró el hecho de que en esa etapa no se hubiese cumplido con la labor de investigar a profundidad las circunstancias que rodearon el suceso.

La segunda instancia, en ejercicio de su deber funcional, analizó los aspectos objeto de alzada y al observar que no se había agotado la etapa instructiva, ni recaudado las pruebas mínimas para calificar con acierto el mérito probatorio del sumario en alguna de las formas previstas en el artículo 393 de la Ley 600 de 2000, esto es, bien con resolución de acusación o con preclusión de la investigación, declaró la nulidad de la actuación por violación al debido proceso.

El funcionario judicial está obligado no sólo a atender las peticiones probatorias de los sujetos procesales, sino también a decretar de oficio la incorporación de los medios de convicción que tengan la capacidad de ofrecerle el conocimiento requerido para obtener claridad sobre el tema sometido a debate, consideraciones ligadas inescindiblemente al deber de buscar la determinación de la verdad real, que se traduce en el acatamiento del principio de investigación integral, consagrado en el artículo 20 de la Ley 600 de 2000.

El desconocimiento de ese principio se erige en motivo de nulidad cuando dentro del proceso penal el funcionario judicial deja de practicar sin motivo razonable las pruebas conducentes, pertinentes y útiles a su objeto que fluyen de la actuación, o porque de manera injustificada rechaza las oportunamente solicitadas.

En tales condiciones, la determinación adoptada en segunda instancia por el Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia fue acertada, pues de conformidad con el mencionado artículo 393 del Estatuto Procesal Penal, el cierre de la investigación era viable ante el recaudo de la prueba necesaria para calificar o vencido el término de instrucción, y ninguna de esas hipótesis concurrían.

En consecuencia, establecido que en la actuación no se ha vulnerado el debido proceso, procede concluir que no hay lugar a declarar de nulidad alegada por el recurrente.

2.1.(sic) Tipicidad de la conducta

De conformidad con lo previsto en el artículo 232, inciso 1º, de la Ley 600 de 2000, toda providencia debe fundarse en pruebas legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación. A su vez, el inciso 2° de la mencionada disposición, establece que no podrá proferirse sentencia condenatoria sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado.

Por su parte, el artículo 9º de la Ley 599 de 2000, dispone que para que la conducta sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y culpable, motivo por el cual al no acreditarse alguno de estos elementos, resulta imposible hablar de la configuración de un delito.

En tales condiciones, un fallo de condena sólo resulta procedente cuando se dan todos los presupuestos que conforman la estructura básica del tipo, esto es tanto los objetivos como los subjetivos.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 413 del Código Penal de 2000, incurre en el delito de prevaricato por acción “…El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley…”.

Estudiados los elementos normativos del mencionado comportamiento punible, se observa que, en primer lugar, se requiere que el autor ostente la calidad de servidor público para el momento de los hechos, exigencia que en esta oportunidad se encuentra plenamente acreditada, toda vez que el doctor Mena Castillose desempeñaba como Juez Laboral del Circuito en la ciudad de Quibdó para el momento de la comisión de la conducta típica que se le atribuye.

Se precisa además que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, lo cual implica el alejamiento palmario entre lo resuelto por el funcionario y lo mandado por la norma positiva en un específico evento, de manera que la contradicción entre lo dispuesto por la ley y lo decidido por el servidor público, se muestre de bulto con la sola comparación de la norma que debía aplicarse.

Tal exigencia permite concluir que no es suficiente con la simple contrariedad entre el acto jurídico y la ley, sino que dicha disparidad debe ser notoria o evidente, de manera tal que surja ostensible, sin necesidad de acudir a complejas interpretaciones y en consecuencia, no todas las decisiones contrarias al ordenamiento jurídico constituyen delito de prevaricato por esa sola condición, sino que es necesario acreditar que la divergencia en cuestión es de tal gravedad y magnitud, que ponga en evidencia el afán de hacer prevalecer el capricho o el interés particular del funcionario en contra de lo previsto en la ley, ya que “…una cosa es equivocarse en la aplicación de la ley y otra muy distinta utilizarla para desconocer su contenido y alcances con propósitos que le son ajenos…”.(1) (CSJ SP. Sent., feb. 6/2008. Rad. 20815).

Ahora bien, en el caso concreto, con el fin de contrastar las razones esgrimidas por el Tribunal Superior en orden a fundamentar la decisión de condena, con los argumentos de oposición expuestos por el apelante y la realidad histórica reconstruida en el proceso, se hace necesario hacer un recuento de las circunstancias que condujeron a la emisión del mandamiento de pago, calificado por la denunciante como ilegal y constitutivo del punible de prevaricato por acción.

Así, se tiene que obran en la actuación una serie de documentos, acorde con los cuales Wiston Leonel Torres Moreno adquiere los derechos litigiosos de unas personas que presuntamente laboraron en el Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó (Dasalud).

El mencionado, tras aducir como título ejecutivo la Resolución Administrativa número 0359 del 24 de febrero de 2006 suscrita por el representante legal del Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó (Dasalud), presentó demanda ejecutiva laboral contra la mencionada entidad, admitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito a cargo del acusado Francisco Antonio Mena Castillo, mediante auto del 29 de agosto de 2006, bajo el radicado 2006-0379.

El 25 de septiembre de 2006 se libró mandamiento de pago por vía ejecutiva por las sumas demandadas.

Mediante escrito del 3 de octubre de 2006, el representante legal del Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó (Dasalud), puso en conocimiento de la Dirección Seccional de Fiscalías que la Resolución Administrativa número 0359 del 24 de febrero de 2006 era falsa.

Instaurada la correspondiente denuncia se inició la investigación de rigor, dentro de la cual el Fiscal del caso declaró que la decisión que se adopte dentro de dicho trámite, “…deberá influir necesariamente dentro del proceso ejecutivo que actualmente adelanta el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Quibdó, bajo el radicado 2006-00379…”, y en consecuencia solicitó al doctor Mena Castillo, que “…si lo estima a bien se sirva decretar la suspensión, por el término legal que corresponda o hasta la ejecutoria de la providencia que ponga fin a esta actuación…”, solicitud despachada desfavorablemente por el Juez Laboral, por improcedente.

Posteriormente, el 30 de noviembre de 2006, el Director General del Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó (Dasalud) y la apoderada judicial de la mencionada entidad, suscribieron con el demandante cesionario en el proceso en cuestión un acuerdo de conciliación consistente en que la parte actora desiste inmediatamente del proceso ejecutivo laboral con la correspondiente solicitud de desembargo de las cuentas bancarias y la entrega de los dineros retenidos por ese concepto a Dasalud, así como el archivo del proceso.

Por su parte, la entidad demandada a través de su Director General y la apoderada judicial, “…se comprometen a sentarse con el demandante a depurar la lista de las personas que le vendieron sus acreencias laborales, los cuales aparecen como cedentes en el proceso…”.

Pactaron igualmente que tal procedimiento se realizará a partir del 17 de enero de 2007 y dicha lista se allegará al juzgado a más tardar el 30 de enero del mismo año “…para preconstituir el título ejecutivo…”.

El mencionado documento fue presentado ante el Juez Primero Laboral del Circuito, Despacho que el 9 de febrero de 2007 aceptó el desistimiento en cuestión, declaró terminado el proceso y levantó las medidas cautelares decretadas.

De otra parte, Wiston Leonel Torres Moreno transfirió a Luz Nereida Torres Moreno los derechos”…que me correspondan o puedan corresponder en el proceso ejecutivo laboral que como cesionario de los señores Adriana Serna Hinestroza y otros, impetre en contra del Departamento Administrativo de Salud ySeguridad Social del Chocó…”.

Posteriormente la abogada Jhonny Emilia Moreno Mena, actuando en representación de Luz del Carmen Torres Moreno, presentó nueva demanda ejecutiva contra la mencionada Entidad, con la finalidad que se librara orden de pago por las sumas correspondientes a diversas prestaciones sociales, acreencias que adujo fueron reconocidas en el Acta de Acuerdo Conciliatorio de fecha 30 de noviembre de 2006, suscrita entre los representantes legales de la entidad demandada y la parte demandante, documento que fue desglosado del proceso ejecutivo radicado número 2006-0379.

Se aportó el escrito denominado listado depurado de los cesionarios, que igualmente fue desglosado del proceso ejecutivo en mención.

El 12 de marzo de 2007 fue admitida la demanda, mientras que el mandamiento ejecutivo que determinó el inicio de la presente investigación, se emitió el 21 de marzo siguiente, providencia donde se adujo que “…al ser analizado por el despacho el título de recaudo reseñado, se concluye que presta el mérito ejecutivo exigido para tal caso en los artículos 100 del C.P.L. y 488 del C.P.C., resultando a cargo del demandado una obligación clara, expresa y actualmente exigible…”.

De acuerdo con el anterior detalle del asunto sometido a estudio, según los planteamientos de la sentencia impugnada y de las razones del disenso, resta por examinar si el mencionado mandamiento de pago se ofrece manifiestamente contrario a la ley, y en caso de respuesta afirmativa, si el doctor Mena Castillo lo emitióclaramente advertido de esa contrariedad, lo cual encuentra comprobación a través del examen de la decisión y las preceptivas contenidas en las disposiciones aplicables al caso.

Así, el artículo 100 del Código de Procedimiento Laboral, inciso primero, establece que “…será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral en firme…”.

A su vez, el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, dispone que “…pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras o exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba frente a él o las que emanen de una sentencia de condena proferida por el Juez o Tribunal de cualquier jurisdicción…”.

En esta oportunidad, el cuestionamiento dirigido en contra del acusado tanto en la providencia calificatoria del mérito probatorio del sumario y en la sentencia de primer grado, se concreta en considerar que no obstante la documentación presentada en calidad de título ejecutivo no reunir los requisitos exigidos para ser calificado así, y menos aun como título ejecutivo complejo, decidió librar mandamiento de pago.

Consideró el instructor en la resolución de acusación, al igual que el Juez colegiado en el fallo impugnado, que en el documento de desistimiento conjunto se estableció que la depuración de la lista de acreencias se haría de común acuerdo entre las partes, exigencia que al momento de presentación de la demanda no se había satisfecho, por cuanto el memorial allegado por Dasalud al proceso 2006-00379 “…era precisamente para depurar la lista de acreencias…”, y en tales condiciones el documento de desistimiento y el listado de cesionarios de las acreencias laborales, no constituyen título ejecutivo complejo alguno, al no contener una obligación expresa, clara y exigible.

En oposición a dicho planteamiento, el defensor del acusado aduce que tal y como se había acordado entre las partes, la entidad demandada (Dasalud), por intermedio de su Director General, envió al Juez Laboral el documento con la lista de acreedores que cedieron sus derechos al abogado demandante, con los conceptos de la obligación y los valores adeudados.

Señala que con fundamento en los documentos allegados precisamente por los propios directivos y la representante legal de la entidad demandada en cumplimiento del acuerdo celebrado, el Juez Mena Castillo libró mandamiento de pago.

Agrega que el argumento del tribunal relativo a que la lista de acreedores enviada por Dasalud no había sido depurada al interior de la entidad y de consuno con el demandante, no corresponde a la realidad, según se desprende de lo declarado por varios testigos, empleados de la entidad demandada, y además si la lista en cuestión fue aumentada o disminuida por los funcionarios con la participación o no del demandante, se trata de un aspecto que no resulta de la incumbencia del funcionario judicial.

Fijados de dicha manera los parámetros sobre los requerimientos normativos exigidos en torno a demostrar la existencia de una conducta constitutiva de prevaricato, estima la Sala que no se encuentra acreditado en autos que la decisión que se cuestiona al procesado simplemente haya obedecido a su arbitrariedad o capricho, de tal manera que hiciera prevalecer su subjetividad en detrimento de la integridad del ordenamiento jurídico y de la administración pública a cuyo nombre actuaba, porque, como lo enseña la Corte:

“…La tipificación legislativa del delito de prevaricato está referida a la emisión de una providencia manifiestamente contraria a la ley, circunstancia esta que constituye -ha dicho la jurisprudencia- la manifestación dolosa de la conducta en cuanto se es consciente de tal condición y se quiere su realización, afirmando, así mismo, que semejante contradicción debe surgir evidente, sin mayores elucubraciones.

“Por contraste, todas aquellas providencias respecto de las cuales quepa discusión sobre su contrariedad con la ley quedan excluidas del reproche penal, independientemente de que un juicio posterior demuestre la equivocación de sus asertos, pues como también ha sido jurisprudencia reiterada el juicio de prevaricato no es de acierto sino de legalidad. A ello debe agregarse como principio axiológico cuando se trata de providencias judiciales, que el análisis de su presunto contenido prevaricador debe hacerse necesariamente sobre el problema jurídico identificado por el funcionario judicial y no sobre el que identifique a posteriori su acusador o su juzgador, según sea el caso (…)”. (CSJ SP Sentencia de Única Instancia. 24 de nov. De 2004. Rad. 16.955).

Pues bien, en torno al aspecto reprochado al acusado, esto es, la efectiva depuración del listado de acreedores se tiene lo siguiente:

Interrogado Víctor Oscar Klinger Braham, ex director de Dasalud sobre ese punto, sostuvo que solicitó al jefe de personal y a la oficina jurídica de la institución que se procediera a la depuración de dicho listado, por cuanto tenía como finalidad reducir el monto del embargo.

Por su parte, Feliciano Mosquera Valencia expresó que “…no me tocó elaborarlo, pero si la oficina jurídica mandó un listado de funcionarios con sus respectivas liquidaciones para que la oficina de talento humano certificara si esas personas habían laborado en la institución y si las liquidaciones estaban correctas…la oficina jurídica mandó el documento ya elaborado…si hicieron dicha depuración fueron ellos haya (sic) en jurídica…”.

Cristian Copete Mosquera sostuvo que “…con el compañero Feliciano Mosquera nos pusimos a la tarea de revisar el listado de personal y realizar la verificación de la información entregada…yo no elaboré dicho documento simplemente se verificó la información que estaba en el plasmada…”.

De igual modo, conviene hacer mención del oficio remitido al juez laboral, por el Director General de Dasalud y su representante legal, cuyo contenido es del siguiente tenor:

“…Ref: Envió de documentos de la depuración del listado de los cesionarios del doctor Wiston Leonel Torres, en el proceso bajo radicación 2006-0379.

(...).

Teniendo en cuenta los lineamientos del acuerdo de fecha 01 de diciembre de 2006, nos permitimos allegar a su despacho el listado para la depuración de la deuda y liquidación de las prestaciones sociales a que hubiere lugar, con cada uno de los cedentes de la doctora Torres Moreno, quien es cesionaria del doctor Wiston Leonel Torres Moreno, según oficio enviado el día 23 de enero de 2007.

Este es con el único objeto de dar cumplimiento a lo pactado en el acuerdo antes mencionado.

Sírvase señor Juez darle el trámite pertinente al presente documento fijando fecha y hora para la audiencia conciliatoria con la presencia del Señor Procurador Regional y Contralor Departamental…”

Al tenor de lo anterior dable resulta afirmar que obran en el proceso elementos de juicio indicativos de que la depuración sí se llevó a cabo, comenzando por el oficio trascrito, toda vez que no de otra manera se explica que se remitiera un listado que ya se encontraba en los archivos del Juzgado, porque hizo parte del inicial proceso ejecutivo radicado con el número 2006-0379.

El último párrafo del oficio remisorio, indica que se encuentran dadas las condiciones, luego de la depuración del listado, para proceder a una conciliación respecto de la deuda reconocida por la entidad. Por el contrario, de no haberse depurado el listado, ningún sentido tiene que la entidad demandada solicite audiencia de conciliación, cuando precisamente fue una actuación de ésta índole la que puso fin al primer proceso ejecutivo, con la finalidad de establecer cuáles eran las reales obligaciones pendientes en cabeza de la demandada.

Ahora bien, para invocar la acción ejecutiva es necesario que exista un título ejecutivo, que es el instrumento por medio del cual se busca hacer efectiva una obligación sobre cuya existencia no hay duda alguna.

El fundamento de toda ejecución lo constituye, entonces, el título que contenga la obligación cuyo cumplimiento se exige, lo cual implica que se pueden ejecutar todas las obligaciones que se ajusten a los preceptos y requisitos generales del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, el cual se dispone:

“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o la que emanen de una sentencia de condena, proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía, aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia…”.

En tales condiciones, las obligaciones ejecutables, según el mencionado artículo 488, requieren de demostración documental en la cual se advierta la satisfacción de las condiciones tanto formales, como de fondo establecidas por el legislador.

Las primeras (las de forma), exigen que se trate de documento o documentos auténticos, que conformen unidad jurídica; que emanen de actos o contratos del deudor o de su causante (títulos contractuales), o de una sentencia de condena proferida por el juez (títulos judiciales) etc. Las segundas condiciones (las de fondo), atañen a que de ese o esos documentos, con alguno de los orígenes indicados, aparezca a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, una obligación clara, expresa y exigible.

De ahí que la base del recaudo ejecutivo lo constituyan todos los documentos necesarios donde pueda deducirse la exigibilidad de la obligación de pago, los cuales representan la columna vertebral del proceso, de donde se sigue que sin su presencia no pueda librarse mandamiento ejecutivo por ser un presupuesto indispensable de la ejecución forzada.

Cuando la obligación es difícilmente depositable en un solo instrumento, pues es tal la complejidad de las prestaciones debidas en esa relación, que se debe acudir a varios documentos que prueben palmaria e inequívocamente la realidad, se está en presencia de un título ejecutivo complejo, debido a que la integración de varios documentos permiten deducir la existencia de una obligación clara, expresa y exigible, esto es, de un título ejecutivo.

En esta oportunidad se aportó como título ejecutivo el acuerdo conciliatorio que dio origen al desistimiento del primer proceso ejecutivo radicado con el número 2006-379, y como complemento del mismo el listado contentivo de la relación discriminada de los acreedores demandantes, documento respecto del cual obran en la actuación algunos elementos de juicio que indican que fue sometido a la depuración acordada entre las partes, motivo por el cual es factible concluir que no es dable hablar de una decisión manifiestamente contraria a la ley, dado que se aportaron una serie de documentos como prueba de la existencia de la obligación pretendida, al punto que en últimas también este trámite ejecutivo culminó por conciliación entre las partes.

Ya lo ha dicho la Corte, como en la referida descripción típica el legislador incluyó un elemento normativo que califica la conducta, el juicio de tipicidad correspondiente no se limita a la simple y llana constatación objetiva entre lo que la ley manda o prohíbe y lo que con base en ella se decidió, sino que involucra una labor más compleja, en tanto supone efectuar un juicio de valor a partir del cual ha de establecerse si la ilegalidad denunciada resiste el calificativo de ostensible, por lo cual, como es apenas natural, quedan excluidas de esta tipicidad aquellas decisiones que puedan ofrecerse discutibles en sus fundamentos pero en todo caso razonadas, como también las que por versar sobre preceptos legales complejos, oscuros o ambiguos, admiten diversas posibilidades interpretativas por manera que no se revelan manifiestamente contrarias a la ley(2).

Por manera que, siendo razonable considerar la existencia de un título ejecutivo que sirviera de base al mandamiento de pago librado, no puede hablarse de una decisión notoria u ostensiblemente opuesta al orden jurídico como la emitida por el Juez acusado, de suerte que la conducta es atípica.

En conclusión, la Sala revocará la condena infligida al funcionario mencionado y en su lugar lo absolverá del cargo de prevaricato que se le atribuyó.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Revocar en su integridad la sentencia impugnada, y en su lugar ABSOLVER al doctor Francisco Antonio Mena Castillo en su condición de Juez Primero Laboral del Circuito de Quibdó para la época de los acontecimientos investigados, del cargo de prevaricato por acción por el cual fue acusado.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, devuélvase al Tribunal de origen y cúmplase».

(1) C. S. de J., Sala de Casación Penal, Sentencia de 06-02-08. Rad. 20815.

(2) C. S. de J., Sala de Casación Penal, Sentencia de 13-07-06. Rad. 25627.