Sentencia SP7816-2016/41427 de junio 8 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP7816-2016

Radicación: 41427

Aprobado acta 172

Magistrado Ponente:

Dr. José Francisco Acuña Vizcaya

Bogotá, D.C., ocho de junio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Se considera:

1. Siguiendo el orden lógico que a la decisión en casación impone el principio de prevalencia de las causales, la Corte analizará de antemano el primer cargo planteado por el defensor de C.A.P.S. al amparo de la causal primera por violación directa de la ley sustancial, pues, de prosperar, ningún sentido tendría adentrarse en el estudio de los reparos propuestos con fundamento en el cuerpo segundo de esta causal, ya que la forma directa de violación a la ley presupone la corrección del juzgador en la apreciación de los medios, lo que no ocurre con la vía indirecta en la que se denuncia es precisamente este tipo de desaciertos.

De este modo, si el motivo de violación directa de la ley aducido en la respectiva demanda no logra prosperidad, automáticamente se abriría la puerta para estudiar la idoneidad sustancial de las censuras postuladas al amparo de la causal primera por violación indirecta de la ley sustancial, derivadas de errores de hecho o de derecho en la apreciación probatoria.

Posteriormente, llegado el caso abordará lo atinente al reparo formulado con apoyo en la causal segunda por el defensor de B.M. quien propone la falta de congruencia fáctica entre la acusación y la sentencia finalmente proferida.

2. Con los anotados presupuestos, procede entonces a responder cada uno de los cargos incluidos en las demandas de casación presentadas en el presente asunto, incluido por supuesto, el concepto de la procuradora delegada, que respalda todas y cada una de las pretensiones de los libelistas.

2.1. A nombre del procesado C.A.P.S.

2.1.1. Primer cargo. (Principal). Causal primera. Violación directa de la ley sustancial.

Como se recuerda en el resumen que se hizo de la demanda, el libelista sostiene que el Tribunal aplicó indebidamente el artículo 323 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8º de la Ley 747 de 2002, que define el delito de lavado de activos, tras argumentar que la conducta realizada por el procesado no se enmarca en los contenidos de la aludida disposición de carácter sustancial debido a la “ausencia del elemento estructural del delito, relativo al propósito de encubrir el origen delictivo de los capitales involucrados en el hecho, ya porque no eran ilícitos, los unos (los suyos propios); ya porque no tenía conocimiento de que lo fueran aquellos que sí derivaban de actividades de narcotráfico (los otros)”.

2.1.1.1. En relación con el tipo penal en comento, la jurisprudencia de esta Corte(19) ha indicado lo siguiente:

I. La evolución legislativa del delito de lavado de activos.

1. Aun cuando con un nomen iuris distinto y sin la especificidad con que hoy en día se le conoce, desde la promulgación del Decreto-Ley 100 de 1980(20), la legislación colombiana se ha venido ocupando del tema relacionado con el provecho económico de aquel que, sin haber participado en una conducta delictiva, encubra u oculte el origen ilícito de los mismos.

“ART. 177.—Receptación. El que sin haber tomado parte en la ejecución de un delito adquiera, posea, convierta o transmita bienes muebles o inmuebles, que tengan su origen mediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a cinco (5) años y multa de cinco (5) quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales, siempre que el hecho no constituya otro delito de mayor gravedad.

Si la conducta se realiza sobre un bien cuyo valor sea superior a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales, la pena privada de la libertad se aumentará de una tercera parte a la mitad”.

2. Empero, el creciente fenómeno de la criminalidad organizada y el poderío económico alcanzado, ha alertado desde hace buen tiempo a la comunidad internacional sobre la necesidad urgente de blindar las economías a través de distintos instrumentos orientados a combatirlos, así como de punir y judicializar a los responsables de estos hechos.

Este ha sido el entendimiento expresado por la Corte Constitucional frente a esta conducta(21):

“Desde la segunda mitad del siglo XX, existe una creciente preocupación por el creciente poderío de las organizaciones criminales y por la insuficiencia de legislaciones nacionales para combatirlas y para proteger a los sistemas financieros y económicos del volumen de recursos generados por su actividad ilícita, así como de las estrategias empleadas por estas organizaciones para esconder el origen ilícito de sus recursos, descrito por las expresiones “lavado de activos”, “lavado de dinero”, “blanqueo de activos” y “blanqueo de dinero”.

3. Tal estado de cosas ha llevado, entre otros, al Estado colombiano a celebrar acuerdos bilaterales de cooperación en materia de lavado de activos, con los Estados Unidos de América (1992), el Paraguay (1997)(22), República Dominicana (1998 y 2004)(23) y Paraguay (1998), tanto para el intercambio de información sobre casos específicos como para el estudio de tipologías y prácticas de lavado de activos.

Por esa misma vía y ante la expedición de la Ley 67 del 23 de agosto de 1993, aprobatoria de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Colombia adquirió el compromiso de “tipificar como delitos penales en su derecho interno” (num. 1º del art. 3º) las conductas de conversión, transferencia, ocultación, etc., de recursos procedentes de dicha actividad delictiva.

Es por ello, que, a través del artículo 31 de la Ley 190 de 1995, se modificó el ya mencionado artículo 177 del Decreto 100 de 1980, con el fin de sancionar a quien fuera de los casos de concurso en el delito y siempre que el hecho no constituyera punible castigado con pena “transporte, administre o adquiera el objeto material o el producto del mismo, o les dé a los bienes provenientes de dicha actividad apariencia de legalidad, o los legalice”, incrementando la pena de la mitad a las tres cuartas partes, cuando, entre otros, “los bienes que constituyen el objeto material o el producto del hecho punible provienen de los delitos de secuestro, extorsión, o de cualquiera de los delitos a que se refiere la Ley 30 de 1986”.

Luego, a través del artículo 9º de la Ley 365 de 1997, “por la cual se establecen normas tendientes a combatir la delincuencia organizada y se dictan otras disposiciones”, refiriéndolo a bienes con “origen mediato o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión o relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas” y precisando los verbos rectores así: “oculte o encubre la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito”, el legislador deslindó el delito de receptación con el de lavado de activos(24).

Luego, el artículo 8º de la Ley 747 de 2002 —que modificó el art. 323 de la L. 599/2000— incluyó los bienes que tengan origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes y trata de personas en los siguientes términos:

‘El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionada con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de dichos actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de seis a quince años y multa de quinientos a cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

‘La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada.

‘El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcialmente, en el extranjero.

‘Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando para la realización de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introdujeren mercancías al territorio nacional.

‘El aumento de pena previsto en el inciso anterior, también se aplicará cuando se introdujeren mercancías de contrabando al territorio nacional’.

Es esta, la evolución legislativa que ha tenido la conducta de lavado de activos, referencia necesaria en aras de dar cabal respuesta a los planteamientos del casacionista.

II. Del elemento normativo del tipo penal de lavado de activos.

1. El delito de lavado de activos, blanqueo de capitales o reciclaje de dinero como también se le denomina, consiste en la operación realizada por el sujeto agente para ocultar dineros de origen ilegal en moneda nacional o extranjera y su posterior vinculación a la economía, haciéndolos aparecer como legítimos.

Cuando el tenedor de los recursos ejecuta esa mera actividad (aparentar la legalidad del activo) y oculta su origen e inclina su actividad al éxito de ese engaño, orienta su conducta a legalizar la tenencia del activo, es claro que incurre en la conducta punible porque su comportamiento se concreta en dar a los bienes provenientes o destinados a esas actividades apariencia de legalidad; es decir, encubre la verdadera naturaleza ilícita del producto.

2. Por virtud de los distintos verbos alternativos que lo acompañan, es un tipo penal paradigma de alternatividad penal. Lo anterior significa, que dicha conducta típica puede ser realizada por cualesquier persona a través de uno de sus verbos rectores relacionados en la norma —adquirir, resguardar, invertir, transportar, transformar, custodiar, administrar— bienes provenientes de los delitos de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, o relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, así como también del tráfico de armas y comportamientos delictivos contra el sistema financiero, la administración pública y los vinculados con el producto de los ilícitos objeto de un concierto para delinquir.

Es de anotar, que estas últimas conductas fueron adicionadas en la nueva normatividad ya que no aparecían descritas en el precepto derogado, como también, las relacionadas con actividades de tráfico de migrantes y trata de personas por el artículo 8º de la Ley 747 de 2002; entonces, darle apariencia de legalidad o legalizar tales bienes, ocultar o encubrir su verdadera naturaleza, origen ubicación o destino, movimiento o derechos sobre los mismos; o realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito se subsume en la conducta investigada.

3. Ahora bien, la jurisprudencia de la Sala ha sentado una línea jurisprudencial pacífica frente al elemento normativo de la conducta objeto de estudio, la que hoy se prohíja, así(25):

“Se insiste: la imputación por lavado de activos es autónoma e independiente de cualquier otra conducta punible y para fundamentar la imputación y la sentencia basta que se acredite la existencia de la conducta punible subyacente a título de mera inferencia por la libertad probatoria que marca el sistema penal colombiano.

iv) La inferencia que hace el fiscal y/o el juez en relación con la actividad ilícita subyacente estructura, con suficiencia, el elemento normativo del tipo (que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de...), para acreditar la existencia de la actividad ilegal que sirve de fuente de la tenencia del activo.

Con esa fundamentación (probatoria o inferida) producto de la apreciación de los elementos materiales probatorios y de la evidencia con la que cuenta el proceso, basta para fundamentar adecuadamente la imputación y la condena(26); la carga de desquiciar la imputación corresponde al procesado en ejercicio legítimo del contradictorio”.

Así las cosas, la imputación por lavado de activos es autónoma e independiente de cualquier otra conducta punible bastando para efectos de la existencia de la conducta punible subyacente, exigiéndose por tanto, una mera inferencia por parte de los juzgadores acerca de su existencia.

2.1.1.2. Para la prosperidad de un reparo de la naturaleza y alcance que, por la vía directa de infracción a la ley, el casacionista en este evento postula, resulta indispensable acreditar que el sentenciador hubiere declarado debidamente demostrado en la actuación que el procesado no realizó a ningún título —sea como autor, coautor, cómplice o interviniente—, la conducta que se le imputa; que pese a haberla realizado, la misma no corresponde a la definición típica que de ella hace el legislador; o que la llevó a cabo al amparo de alguno de los motivos de ausencia de responsabilidad previstos por el legislador; o que de la prueba recaudada subsisten dudas sobre la realización del comportamiento materia de investigación y juzgamiento o en relación con la responsabilidad del acusado, y que pese a estar demostrada una de dichas eventualidades, decidió condenar cuando ha debido absolver.

Nada de esto acredita el demandante en el presente caso. El Tribunal fue expreso en indicar que no solamente el procesado P.S. adquirió y enajenó bienes inmuebles vinculados con el producto de los delitos de tráfico de sustancias estupefacientes y testaferrato, sino que además con pleno conocimiento y conciencia del carácter delictivo del comportamiento, de manera libre y voluntaria lo llevó a cabo con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito.

A fin de denotar la sinrazón de la protesta, comoquiera que el fallo de primer grado fue absolutorio, la Sala estima pertinente traer a colación los precisos términos del pronunciamiento de segunda instancia en el cual, sin dubitación ninguna, se declara no solamente debidamente acreditada la realización del comportamiento materia de la acusación, sino la responsabilidad penal del enjuiciado:

Dijo entre otras cosas el Tribunal:

Contrario a lo que sostiene el a quo, la responsabilidad de los procesados se deriva, sin duda alguna, no solo de indicios graves sino de diversas pruebas arrimadas al proceso.

(...).

Pues bien, analizadas las explicaciones que sobre los hechos juzgados dio el ciudadano B.M., se encuentra que el indicio de mala justificación, al que se hace referencia, se configura aquí si se tiene en cuenta que: a) frente a la adquisición del bien conocido como “XXX” el señor A.B.M. dijo que lo recibió “... como parte de pago al señor C.P., como parte de pago de un lote que le vendí al citado señor en la ciudad de XXX, eso fue en el año 93 o 94...”. No obstante, dentro de la misma diligencia, dijo conocer a su compañero de causa solo desde hace 4 años atrás, es decir, teniendo en cuenta la fecha en que se recibió su versión —año 2006—; b) aunque se contaba con esta declaración inicial, acto seguido, dentro de esa misma diligencia manifestó no conocer al señor C.A.P.S.; c) bajo el precedente anterior, al aquí implicado se le puso de presente la escritura pública XXX del 11 de diciembre de 2003, mediante la cual se realizó una negociación entre él y P.S., frente a lo cual afirmó que “... lo que pasa es que yo en unas épocas yo prestaba dineros a personas que lo necesitaran y por medio de mi asesor el contador público F.A., se hizo esta negociación, yo en ese momento realmente no conocía sino simplemente firmé la escritura...”; d) una vez afirmado lo anterior, en parte posterior y como respuesta a la pregunta sobre la procedencia del bien inmueble por él adquirido, del cual la fiscalía le refirió los nombres de los hermanos R.G. como sus antiguos propietarios, contestó que: “... la verdad es que yo puedo demostrar plenamente cómo adquirí este bien y toda la actividad que he desarrollado en mi vida ha sido una actividad lícita, sin tener que recurrir a otras cosas, si los antiguos propietarios eran los señores que la doctora menciona, yo no lo sabía, y si aparecían en el certificado de tradición, pues uno no los conoce, porque yo hice el negocio directamente con el señor C.P.S. el que está afuera y a él le recibí esa hacienda por el valor que tantas veces hemos hablado de seiscientos veinte millones de pesos...” (ver la diligencia en los fls. 64 a 76, cdno. 2).

De las atestaciones antes transcritas se concluye el ánimo palpable del señor A.B.M. por mostrarse ajeno al conocimiento sobre la procedencia de los bienes que se saben provenían de actividades ilícitas; por ello se acudió a diversas excusas que en criterio de la Sala solo constituyeron una malograda treta en la que, además, se cayó en contradicción, por lo que fue necesario que la fiscalía le pusiera de presente diversos documentos y hasta la presencia del señor C.A.P.S. en aras de no permitir más la ambigüedad como elemento recurrente dentro de la diligencia.

Frente a este específico reparo debe decirse que logró acreditar la fiscalía que los dichos del señor B.M. contradijeron de manera cierta la realidad procesal que mostró no solo que ambos procesados se conocían con anterioridad, sino que de igual forma llevaron actos ciertos e inequívocamente orientados a salvaguardar el origen espurio de los bienes, los cuales fueron adquiridos de empresas —como XXX Ltda., XXX Ltda., la constructora XXX y la ganadería XXX— cuestionadas por su relación con las actividades de reconocidos narcotraficantes, lo que provocó investigaciones varias (ver al respecto los certificados de tradición obrantes en los fls. 142 a 146, cdno. original 8).

Que tal como lo indica el recurrente, resulta errado sostener que a partir de dichas negociaciones se infiera la duda sobre la responsabilidad, pues lo que se evidenció fueron maniobras que implicaron multiplicidad de transacciones sobre un mismo bien y dentro de un mismo grupo de personas que se dedicaron a realizar ventas, hipotecas, y supuestas daciones en pago, queriendo, tal como lo indica el apelante, ocultar la verdadera procedencia de los bienes, por lo que cabe mencionar que “cuando el tenedor de los recursos ejecuta esa mera actividad (aparentar la legalidad del activo) y oculta su origen e inclina su actividad al éxito de ese engaño, orienta su conducta a legalizar la tenencia del activo, es claro que incurre en la conducta punible porque su comportamiento se concreta en dar a los bienes provenientes o destinados a esas actividades apariencia de legalidad; es decir, encubre la verdadera naturaleza ilícita del producto”.

Bajo la lógica de la línea jurisprudencial antes citada, en el presente caso para tipificar el delito de lavado de activos bastaba con la demostración de que el sujeto activo de la conducta ocultó o encubrió “la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes”, incluso, sin necesidad de acreditar con una decisión judicial en firme el delito de donde provenían los recursos ilícitos, en tanto la actividad ilegal subyacente solo requiere de una inferencia lógica que la fundamente, pero que en este caso se encuentra más que probada a través de la sentencia que se emitiera en contra de los socios de “XXX” señores V.W.R.G. y C.H.R.G., reconocidos narcotraficantes y propietarios de la hacienda en mención —sin que esta fuera necesaria como fuente demostrativa, como ya se dijo—.

Es por lo anterior que se puede decir que la justicia cuenta no solo con la certeza de que los bienes —XXX y XXX— sobre los cuales se realizaron las diversas transacciones civiles eran producto de actividades ilícitas, sino que, además, fue precisamente por esa razón que personas como los aquí implicados dispusieron su voluntad en el ocultamiento de ese origen, se reitera, realizando diferentes negocios jurídicos que permitieran limpiar su procedencia ilícita con el transcurso del tiempo.

(...).

Por todo lo anterior resulta cierto, como así lo indica el apelante, que dentro del plenario existía prueba que daba la certeza necesaria sobre la responsabilidad penal de los señores A.B.M. y C.A.P.S.; que por obvias razones ellos pusieron su voluntad en la realización de la conducta y siendo consecuentes con ello realizaron toda clase de transacciones que les permitiera demostrar un justo título respecto de los bienes inmuebles que tantas veces se ha dicho fueron producto de las actividades ilícitas de personas vinculadas con el narcotráfico, pero que, además, la versión que sobre los hechos dieron los procesados no es de recibo para la Sala de Decisión, juez colegiado que ciertamente vio en las explicaciones entregadas a la justicia por parte de los encausados una coartada, se insiste, malograda en tanto nada más con la prueba testimonial arriba referida podía ser derruida.

Dígase, finalmente, que cierto es que en el caso de la especie no había lugar a reconocer una duda que favoreciera los intereses de los implicados, máxime si las pruebas postuladas por la defensa no lograron desvirtuar de manera cierta e inequívoca la acusación hecha por la Fiscalía General de la Nación en su contra y, como así se señala en el recurso, ellas no fueron mencionadas en la sentencia que hoy se revisa (se destaca).

De esta suerte, a la Corte le resulta clara la falta de fundamento en la protesta del recurrente formulada con apoyo en la causal primera por la senda de la violación directa de la ley, pues pierde de vista que esta forma de transgresión implica, como ya fue advertido, acoger los hechos y las pruebas tal cual fueron declarados los unos y ponderadas las otras en sentencia, y esto es precisamente lo que en este caso no observa, de suerte que si su pretensión era cuestionar tales consideraciones del juzgador, para que la protesta tuviera alguna viabilidad no tenía más alternativa que acudir a la vía indirecta y acreditar que el yerro surgió fue en la apreciación de los medios que soportaron la declaración de condena.

Ahora, si se da en considerar la definición típica que el legislador ha hecho con respecto del delito de lavado de activos, así como el alcance que a dicho comportamiento ha dado la jurisprudencia de esta Corte, acorde con las declaraciones fácticas del fallo sin dificultad ninguna se establece, no solo desde el punto de vista objetivo sino también del subjetivo, que la conducta atribuida al procesado P.S. se enmarcó totalmente en el contenido del artículo 323 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8º de la Ley 747 de 2002, pues la aludida disposición exige que el sujeto agente adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie, o administre bienes que tengan origen mediato o inmediato entre otras actividades ilícitas, en el tráfico de estupefacientes, de manera independiente de que el autor de la conducta llegue a acreditar que para llevar a cabo alguna de dichas actividades contaba con recursos suficientes de origen lícito, o que los bienes carecían de anotaciones o de antecedentes en los respectivos registros oficiales, o que respecto de alguno de los involucrados no se ha proferido sentencia de condena por al menos uno de los delitos subyacentes, pues repetidamente ha sido dicho que el lavado de activos es un delito autónomo e independiente de cualquiera otra conducta punible, que corresponde a una actividad a través de la cual se realiza alguno de los múltiples verbos rectores que lo configuran y que se orienta a darle apariencia de legalidad a unos bienes de contenido patrimonial originados directa o indirectamente en alguna de las actividades delictivas allí mencionadas.

Según los términos de la resolución de acusación, cuyos supuestos fácticos no fueron desvirtuados en el juicio, la conducta que se le imputó al procesado P.S. fue la de adquirir y vender bienes inmuebles, producto de las actividades ilícitas del narcotráfico desarrolladas por los señores R. y R.A. alias “XXX”, hoy condenados por delitos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes, cuya propiedad finalmente fue transferida al municipio de XXX con lo cual se perfeccionó el fin perseguido:

Porque es muy clara y sencilla la operación financiera: C.A.P.S. pone a sus consanguíneos a comprar parte de los terrenos que conforman XXX, él hace lo mismo con el resto del terreno, para finalmente entregarlo en parte de pago a la compra de uno de mayor extensión XXX - que negociara con A.B.M., sin tener trascendencia para la conducta por la que se le investiga —lavado de activos— la capacidad económica que ostentara, porque en primer lugar tenía asegurado el pago con la elevada suma de dinero que recibiría del municipio, y en segundo lugar, que es el motivo de la investigación, porque lo que se pretendía era ocultar y transformar ese origen espurio del bien.

Las dos negociaciones tienen algo en común: los terrenos provienen de personas vinculadas con el narcotráfico: XXX se sabe que fue de los R.G. y R.R., personas que han sido condenadas por el delito de narcotráfico. XXX de XXX Ltda. en liquidación y el otro 50% por adjudicación en la liquidación de la sociedad inversiones XXX Ltda. en liquidación, quienes a su vez lo habían adquirido a la constructora XXX cuyos socios F.M.M. y B.Q. están afectados con medida de aseguramiento sin beneficio de libertad provisional en el despacho de la fiscalía 9ª XXX, personas relacionadas con B.M.R. y dineros procedentes del narcotráfico como ya se reseñara.

Entonces, por el lado que se observe, el reparo postulado por el demandante se ofrece inane, en tanto la conducta imputada, cuya realización implícitamente acepta al proponerlo al amparo de la causal primera de casación, cuerpo primero, por violación directa de la ley sustancial, no se orientó a acreditar que el sentenciador consideró el no haberse demostrado en la actuación el propósito de encubrir u ocultar el origen en actividades delictivas de los bienes negociados o que el procesado no tenía conocimiento de que los terrenos adquiridos y posteriormente vendidos, se derivaban de actividades de narcotráfico, sino aspectos que la acusación no comprendió, tales como el origen lícito de los recursos con los cuales compró los terrenos, o que siempre se comportó como señor y dueño sin que pudiera inferirse que los bienes tenían un propietario distinto, lo cual resulta irrelevante frente al supuesto factico del tipo endilgado en la resolución de acusación y la sentencia, y al motivo de casación aducido.

En razón de lo expuesto, el cargo no tiene vocación de prosperidad.

2.1.2. Segundo cargo. (Primero subsidiario). Causal primera. Violación indirecta de la ley sustancial. Error de hecho por falso juicio de existencia por omisión.

Según ha sido visto, el libelista asevera que los juzgadores dejaron de considerar la declaración de A.S.C. “quien fuera el alcalde de XXX en cuyo gobierno esa ciudad adquirió de C.A.P.S., el predio XXX”, con el cual se habría podido concluir que la venta del terreno al municipio fue iniciativa de la alcaldía, que el precio pagado fue determinado por el avalúo que hizo Camacol y que, ni la alcaldía ni el particular, tuvieron la posibilidad de sospechar que el bien provenía de un delito.

En ese mismo sentido sostiene que el Tribunal también dejó de considerar las declaraciones de L.A.L., subsecretaria de XXX de XXX; H.H.A.L., subdirector de finanzas públicas de XXX; M.R.P.S., secretaria de XXX de XXX; E.E.B.R., abogado consultor de derecho inmobiliario, quien realizó el estudio de los títulos de los predios; M.A.M.C., perito avaluador de Camacol, quien fijó el precio por metro cuadrado del terreno y; N.A.T., presidente de Camacol, quien reconoce el dictamen como producido en el seno de la organización.

La Corte advierte que el cargo carece de la más mínima vocación de prosperidad, si se toma en consideración que el hecho relacionado con las circunstancias en que se produjo la negociación del inmueble con el municipio de XXX, no constituyó el aspecto determinante de la resolución de acusación por parte de la fiscalía o de la declaración de condena proferida por el Tribunal de segunda instancia.

Es tanto esto que en la acusación, la fiscalía fue expresa en indicar que:

Lo que sí evidencian estas transacciones, y como se dijera al momento de resolverles la situación jurídica, es que se ejecutaron acciones tendientes a ocultar el verdadero origen del predio vendido al municipio de XXX.

Porque es muy clara y sencilla la operación financiera: C.A.P.S. pone a sus consanguíneos a comprar parte de los terrenos que conforman XXX, él hace lo mismo con el resto del terreno, para finalmente entregarlo en parte de pago a la compra de uno de mayor extensión XXX - que negociara con A.B.M., sin tener trascendencia para la conducta por la que se le investiga —lavado de activos— la capacidad económica que ostentara, porque en primer lugar tenía asegurado el pago con la elevada suma de dinero que recibiría del municipio, y en segundo lugar, que es el motivo de la investigación, porque lo que se pretendía era ocultar y transformar ese origen espurio del bien.

Las dos negociaciones tienen algo en común: los terrenos provienen de personas vinculadas con el narcotráfico: XXX se sabe que fue de los R.G. y R.R., personas que han sido condenadas por el delito de narcotráfico. XXX de inversiones XXX Ltda. en liquidación y el otro 50% por adjudicación en la liquidación de la sociedad inversiones XXX Ltda. en liquidación, quienes a su vez lo habían adquirido a la constructora XXX cuyos socios F.M.M. y B.Q. están afectados con medida de aseguramiento sin beneficio de libertad provisional en el despacho de la fiscalía 9ª XXX, personas relacionadas con B.M.R. y dineros procedentes del narcotráfico como ya se reseñara.

Y, en la sentencia, el Tribunal indicó que:

Bajo la lógica de la línea jurisprudencial antes citada, en el presente caso para tipificar el delito de lavado de activos bastaba con la demostración de que el sujeto activo de la conducta ocultó o encubrió “la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes”, incluso, sin necesidad de acreditar con una decisión judicial en firme el delito de donde provenían los recursos ilícitos, en tanto la actividad ilegal subyacente solo requiere de una inferencia lógica que la fundamente, pero que en este caso se encuentra más que probada a través de la sentencia que se emitiera en contra de los socios de “XXX” señores V.W.R.G. y C.H.R.G., reconocidos narcotraficantes y propietarios de la hacienda en mención —sin que esta fuera necesaria como fuente demostrativa, como ya se dijo—.

Es por lo anterior que se puede decir que la justicia cuenta no solo con la certeza de que los bienes —XXX y XXX— sobre los cuales se realizaron las diversas transacciones civiles eran producto de actividades ilícitas, sino que, además, fue precisamente por esa razón que personas como los aquí implicados dispusieron su voluntad en el ocultamiento de ese origen, se reitera, realizando diferentes negocios jurídicos que permitieran limpiar su procedencia ilícita con el transcurso del tiempo.

De esta suerte, comoquiera que a los enjuiciados no se les procesa por los términos en que se produjo la negociación de los terrenos con el municipio de XXX, sino en razón del origen espurio de los mismos y de los entregados a cambio de aquellos por los acusados, resulta evidente que la protesta elevada por el casacionista cae en el más absoluto vacío, pues independientemente de lo que las pruebas extrañadas pudieran indicar, la inidoneidad de ellas para conmover el sustento de la condena se ofrece manifiesta, máxime si el Tribunal fue expreso en indicar que “no cabe aquí reproche respecto del patrimonio adquirido por uno u otro procesado; la responsabilidad, como así se refiere por parte del apelante, deviene del aprestamiento con el fin único de hacer aparecer como legal un “bien” que por su naturaleza no lo es, como ocurrió en el caso de la hacienda “XXX” y el predio “XXX”, obtenidos ellos con dinero que vino del ejercicio de actividades ilícitas en las que reconocidos narcotraficantes fueron sus gestores”.

Si ello es así, como en efecto lo es, resulta claro que el cargo se ofrece irrelevante, en cuanto deja incólume el sustento fáctico y jurídico de la acusación y la sentencia, pues independientemente de lo que los aludidos medios que el libelista echa de menos pudieran evidenciar, o si la venta de los terrenos a la alcaldía de XXX obedeció a la necesidad de cumplir los programas de vivienda del gobierno municipal y si se cumplieron o no los presupuestos normativos de la contratación administrativa, o si el precio pactado fue acorde con los del mercado inmobiliario para la época, de ninguna manera desvirtúa la tipicidad de la conducta ni la responsabilidad penal por la realización de esta, pues no logra demeritar el hecho cierto de haber ocultado o encubierto el verdadero origen en recursos de procedencia ilícita de los bienes negociados.

Igual sucede con la queja del censor, relativa al falso juicio de existencia por omisión que denuncia respecto de los testimonios de S.G.S., N.R.B., M.V., L.P.U.A. y C.N.C., pues si bien es lo cierto que dichos testimonios no fueron considerados en el fallo proferido por el Tribunal, también lo es que, aun de haberlo sido, la situación jurídica de C.A.P.S. no sería diversa de la declarada por el juzgador de segunda instancia.

No cabe duda que S.G.S. dijo haber negociado con P.S., dueño de la finca “XXX”, la compra y venta de ganado, sin que se hubiese enterado que dicha finca fuera visitada por los anteriores propietarios o que perteneciera a persona distinta de P.S., como en igual sentido fue expuesto por el veterinario N.R.B.; el señor M.V., administrador de la finca, incluso bajo el dominio de la familia R.; L.P.U. y C.N.C., quienes además dijeron que conocieron que la finca era de propiedad de C.C. quien se la vendió a C.P., sin que supieran que alguno de ellos se dedicaba a actividades relacionadas con el narcotráfico.

No obstante, la Corte observa que ninguno de dichos testimonios logra demeritar el hecho cierto e indiscutible declarado por el Tribunal, en el sentido que los predios materia de las negociaciones pertenecieron a sociedades comerciales de propiedad de sujetos dedicados al tráfico de sustancias estupefacientes por cuyas actividades fueron objeto de condena, y que C.A.P.S., junto con A.B.M., llevaron a cabo “actos ciertos e inequívocamente orientados a salvaguardar el origen espurio de los bienes, los cuales fueron adquiridos de empresas —como inversiones XXX Ltda., inversiones XXX Ltda., la constructora XXX y la ganadería XXX—, cuestionadas por su relación con las actividades de reconocidos narcotraficantes, lo que provocó investigaciones varias...”, pues lo que la investigación puso en evidencia fue que los procesados realizaron “maniobras que implicaron multiplicidad de transacciones sobre un mismo bien y dentro de un mismo grupo de personas que se dedicaron a realizar ventas, hipotecas y supuestas daciones en pago, queriendo, tal como lo indica el apelante, ocultar la verdadera procedencia de los bienes”, sin que resulte relevante para la definición de responsabilidad de los acusados por la realización de la conducta definida como lavado de activos, el establecer la legalidad o no del patrimonio origen de los recursos con los cuales los procesados adquirieron los referidos bienes, la licitud o no de las actividades que llevan a cabo o si los verdaderos titulares del derecho de dominio de los terrenos eran otras personas involucradas en delitos de tráfico de estupefacientes, toda vez que los motivos de la condena no son ni testaferrato ni tráfico de sustancias estupefacientes, como pareciera ser el entendimiento del recurrente, sino por ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes, entre otras conductas que aparecen incluidas en la definición típica del delito de lavado de activos.

El cargo, en consecuencia, no prospera.

2.1.3. Tercer cargo. (Segundo subsidiario). Causal primera. Violación indirecta de la ley sustancial. Error de hecho por falso juicio de identidad.

Considera este libelista que el Tribunal distorsionó la indagatoria de A.B.M. en torno a la época en que dijo haber conocido a C.P., a partir de lo cual estructuró el indicio de mala justificación.

A fin de establecer si le asiste o no razón al demandante en la postulación del reparo, la Corte estima pertinente traer a colación el aparte de la indagatoria rendida por este sindicado, y las conclusiones respecto de dicho medio a las cuales arribó el sentenciador de alzada:

El sindicado B.M. dijo en la indagatoria(27) rendida el 7 de junio de 2006:

Yo compré la finca XXX, la recibí como parte de pago al señor C.P., como parte de pago de un lote que le vendí al citado señor en la ciudad de XXX, eso fue en el año 93 o 94, la finca queda cerquita de XXX, prácticamente en las calles de XXX, XXX, la negociación fue por seiscientos millones de pesos. Preguntado: Qué otro tipo de negocios ha hecho usted con los dueños o socios de ganadería XXX. Contestó: Yo solamente conozco al señor C.P. y por él hice esta negociación. Preguntado: Puede ampliarnos información al señor C.P. a que usted se refiere? Contestó: Lo conozco hace unos cuatro años, como un hombre de negocios y un joyero de mucho prestigio, tiene un almacén de joyas que se llama XXX en XXX y sé que hace muchos negocios. Preguntado: Cuando se refiere usted al señor C.P. será el mismo C.L.P. Contestó: No yo conozco a C.P. Preguntado: Conoce usted al señor C.A.P.S.? Contestó: No, yo conozco a C.P. Preguntado: Su cédula de ciudadanía es (...). Contestó: Sí es mi cédula expedida en XXX. Preguntado: Por favor díganos todo lo que sepa y le conste en relación con la escritura XXX del 17 de marzo de 2005 de la notaría séptima de XXX, que se le va a poner de presente en donde aparece como vendedor C.H.L.P. y como comprador A.B.M. Contestó: Yo le compré estos predios al señor C.P. los 4 lotes que comprenden la hacienda XXX y que los tomé como parte de pago de un lote que le vendí en el mismo tiempo en el año 94 o 95 que él me dio como parte de pago de mi lote. Preguntado: Aclárenos por favor de manera detallada la negociación porque usted está manifestando una dación en pago y aquí en la escritura que se le pone de presente es de una compraventa, igualmente aclare la fecha de la negociación toda vez que aquí se está poniendo de presente la negociación que obra en la escritura de fecha 17 de marzo de 2005, es decir el año pasado. Contestó: Yo le recibí esa finca que es un conjunto de fincas por la suma de seiscientos veinte millones de pesos, esto equivalía al diez por ciento del lote que le vendí, que valía un total de seis mil doscientos millones de pesos, dineros restantes que él me pagó en cheques y fueron consignados a mis cuentas. Preguntado: Detalle por favor la referida negociación que hizo con el señor L.P., por la cantidad de seis mil doscientos millones de pesos en cuanto al objeto y condiciones, igualmente la fecha de negociación. Contestó: El lote situado en XXX de 64 hectáreas se le vendió a él por la citada suma, él me pagó con la finca XXX constituida por cuatro predios por la suma de seiscientos veinte millones de pesos, que equivale al diez por ciento de la negociación, el resto que fue la suma de cinco mil seiscientos millones de pesos, fueron pagados en cheque una parte y en efectivo otra, más o menos el efectivo de mil ochocientos millones de pesos y los cheques fueron consignados en mis cuentas, esa negociación yo la hice en el año 94. Preguntado: Posee usted en su poder los documentos en donde consta la negociación a que usted se refiere en la respuesta anterior. En caso positivo para que los aporte al despacho. Contestó: Sí los tengo, tengo todos los soportes y con mucho gusto los aportaré, los haré llegar a través de mi apoderado. Preguntado: Aparte de la anterior negociación ha realizado otros negocios con el señor L.P. Contestó: No, con él no he hecho sino este solo negocio. Me parece si mal no recuerdo que en un momento determinado, me hipotecó un apartamento pero está cancelado, el acreedor era yo y el deudor era él. Preguntado: Conoce usted al señor C.A.P.S. Contestó: No yo conozco a C.P. Preguntado: Usted ha manifestado no conocer a C.A.P.S., sin embargo le pongo de presente la escritura XXX del 11 de diciembre de 2003 de la Notaría 7 de XXX, en donde aparece su nombre en calidad de contratante, haciendo una negociación con el señor P.S. explíquenos. Contestó: Lo que pasa es que en unas épocas yo prestaba dineros a personas que lo necesitaran y por intermedio de mi asesor el contador público F.A., se hizo esta negociación, yo realmente en ese momento no conocía sino simplemente firmé la escritura. Preguntado: Como usted ha manifestado tener una confusión con los apellidos de los señores C.L.P. y C.A.P.S. En la parte exterior de este edificio se encuentra el señor respecto del cual usted ha manifestado conocer y hacer negocios con él. Precísele entonces a la fiscalía, qué negocios de los que usted ha explicado ya aquí, ejecutó con la persona que usted ha reconocido se encuentra allí afuera para ver si tratamos de precisar. Contestó: El negocio principal con C.P. aclarando que es el señor que está afuera, es que le recibí por la suma de seiscientos millones de pesos, la hacienda XXX, como parte de pago de un lote que le vendí por la suma de seis mil millones de pesos. Preguntado: Por favor entonces vuelva a mirar la escritura XXX del 17 de marzo de 2005 relacionada con cuatro predios que son los números XXX, XXX, XXX, XXX, para que precise si fue con el señor que está afuera que hizo la negociación. Contestó: Con la persona que está afuera fue con quien negocié la finca XXX, que es un predio resultado de cuatro predios cuyos nombres no recuerdo y que se tomó por la medida de 457 aproximadamente hectáreas esta hacienda XXX se tomó por seiscientos veinte millones de pesos. Aclarado lo anterior se deja constancia que la persona que se encuentra afuera es el señor C.A.P.S. Preguntado: Entonces qué explicación da usted al hecho de que aparezca la escritura XXX firmada el año pasado por el señor C.H.L.P. y usted? Contestó: Yo podría pensar como hombre de negocios que esta finca que me vende el señor C.A.P.S. que la tenía a nombre de otras personas y él me la vendió indirectamente a mí podría pensar porque yo hice el negocio con el señor P.S., yo creo que el señor P.S. podría ampliar este concepto en su declaración, yo puedo demostrar plenamente con escrituras y comprobantes y todos los requisitos necesarios, con declaración de renta etc. Que esta finca XXX es mía y se la compré al señor P.S. y no tengo otra negociación con él, se la compré como parte de pago. Preguntado: Conoce usted a la señora M.M.L.C. En caso afirmativo cuánto hace, por qué la conoce, si ha realizado negociaciones con ella. Contestó: No, no me acuerdo haberla conocido, en el mundo de los negocios uno conoce mucha gente, pero no se nos graban todos. Preguntado: Se le pone de presente la escritura XXX en donde usted aparece comprando el 17 de marzo de 2005 unos predios a la señora anteriormente mencionada por cuantía de ciento veinte millones de pesos. Qué nos puede decir al respecto. Contestó: Esta finca me la entregó el señor C.P.S., como parte de pago de los seiscientos veinte generales de la hacienda XXX, esta es una de las fincas que componen la hacienda XXX. Preguntado: Según la escritura que se le puso de presente la XXX, se transfiere el derecho de dominio la propiedad y la posesión de los inmuebles que se relacionan ahí, sin embargo, por escritura pública XXX del 23 de mayo de 2005, se aclara que lo que se transfiere a título de venta son los derechos de posesión, dicha escritura se encuentra firmada por usted, por el señor C.H.L.P. en representación de M.M.L.C., para que usted nos explique qué fue lo que pasó ahí. Contestó: Sí lo que dice aquí en la escritura XXX yo compré XXX, parte de la hacienda XXX y como tal la acepté. Preguntado: Usted ha manifestado que es un comerciante y que entre otras de sus actividades se dedica a la venta de finca raíz, por favor explíquenos qué entiende usted con esa modificación o aclaración que se hace en la escritura que le acabamos de preguntar. Contestó: Yo entiendo que al comprar la totalidad de la posesión que está lindando con las otras fincas, prácticamente esa posesión para todos los efectos se involucra a las demás que tienen sus escrituras normales, lógicamente que uno teniendo esta escritura de posesión puede iniciar una prescripción y hacerla valer, es lo que pienso sin ser abogado. Preguntado: Todos los predios por los cuales se le ha interrogado en esta diligencia, tienen un común denominador y es que pertenecieron a los integrantes de la familia R.G. y R.R., V.W.R.G. y R.R.R. y C.H.R.R., qué relación tiene usted con estas personas, si los conoce, en caso afirmativo desde cuándo, y por qué. Contestó: No los conozco y hasta ahora vengo a darme cuenta de esos nombres. Preguntado: Cuando usted adquirió los inmuebles hizo el respectivo estudio de títulos. Contestó: Lógicamente que se hizo el estudio de títulos. Preguntado: Averiguó usted quiénes eran los socios de ganadería XXX. Contestó: No, porque a uno el abogado le pasa el estudio de títulos y no hace el negocio, como yo no soy abogado, en esa época era W.V. También puedo revisar eso.

(...).

La verdad es que yo puedo demostrar plenamente cómo adquirí este bien y toda la actividad que he desarrollado en mi vida ha sido una actividad lícita, sin tener que recurrir a otras cosas. Si los antiguos propietarios eran los señores que la doctora menciona, yo no lo sabía, y si aparecían en el certificado de tradición, pues uno no los conoce, porque yo hice el negocio directamente con el señor C.P.S. el que está afuera y a él le recibí esta hacienda por el valor que tantas veces hemos hablado de seiscientos veinte millones de pesos, la finca está a nombre mío y puedo demostrar que la estoy poseyendo como único dueño. Con relación a los señores R. no tengo nada que decir, no los conozco, no sé quiénes son y en mi vida los he tratado (se destaca).

El Tribunal por su parte, al evaluar el mérito persuasivo de dicha pieza procesal, señaló:

Pues bien, analizadas las explicaciones que sobre los hechos juzgados dio el ciudadano B.M., se encuentra que el indicio de mala justificación, al que se hace referencia, se configura aquí si se tiene en cuenta que: a) frente a la adquisición del bien conocido como “XXX” el señor A.B.M. dijo que lo recibió “... como parte de pago al señor C.P., como parte de pago de un lote que le vendí al citado señor en la ciudad de XXX, eso fue en el año 93 o 94...”. No obstante, dentro de la misma diligencia, dijo conocer a su compañero de causa solo desde hace 4 años atrás, es decir, teniendo en cuenta la fecha en que se recibió su versión —año 2006—; b) aunque se contaba con esta declaración inicial, acto seguido, dentro de esa misma diligencia manifestó no conocer al señor C.A.P.S.; c) bajo el precedente anterior, al aquí implicado se le puso de presente la escritura pública XXX del 11 de diciembre de 2003, mediante la cual se realizó una negociación entre él y P.S., frente a lo cual afirmó que “... lo que pasa es que yo en unas épocas yo prestaba dineros a personas que lo necesitaran y por medio de mi asesor el contador público F.A., se hizo esta negociación, yo en ese momento realmente no conocía sino simplemente firmé la escritura...”; d) una vez afirmado lo anterior, en parte posterior y como respuesta a la pregunta sobre la procedencia del bien inmueble por él adquirido, del cual la fiscalía le refirió los nombres de los hermanos R.G. como sus antiguos propietarios, contestó que: “... la verdad es que yo puedo demostrar plenamente cómo adquirí este bien y toda la actividad que he desarrollado en mi vida ha sido una actividad lícita, sin tener que recurrir a otras cosas, si los antiguos propietarios eran los señores que la doctora menciona, yo no lo sabía, y si aparecían en el certificado de tradición, pues uno no los conoce, porque yo hice el negocio directamente con el señor C.P.S. el que está afuera y a él le recibí esa hacienda por el valor que tantas veces hemos hablado de seiscientos veinte millones de pesos ...” (ver la diligencia en los fls. 64 a 76, cdno. 2).

De las atestaciones antes transcritas se concluye el ánimo palpable del señor A.B.M. por mostrarse ajeno al conocimiento sobre la procedencia de los bienes que se saben provenían de actividades ilícitas; por ello se acudió a diversas excusas que en criterio de la Sala solo constituyeron una malograda treta en la que, además, se cayó en contradicción, por lo que fue necesario que la fiscalía le pusiera de presente diversos documentos y hasta la presencia del señor C.A.P.S. en aras de no permitir más la ambigüedad como elemento recurrente dentro de la diligencia.

Frente a este específico reparo debe decirse que logró acreditar la fiscalía que los dichos del señor B.M. contradijeron de manera cierta la realidad procesal que mostró no solo que ambos procesados se conocían con anterioridad, sino que de igual forma llevaron actos ciertos e inequívocamente orientados a salvaguardar el origen espurio de los bienes, los cuales fueron adquiridos de empresas —como XXX Ltda., XXX Ltda., la constructora XXX y la ganadería XXX— cuestionadas por su relación con las actividades de reconocidos narcotraficantes, lo que provocó investigaciones varias (ver al respecto los certificados de tradición obrantes en los fls. 142 a 146, cdno. original 8).

Que tal como lo indica el recurrente, resulta errado sostener que a partir de dichas negociaciones se infiera la duda sobre la responsabilidad, pues lo que se evidenció fueron maniobras que implicaron multiplicidad de transacciones sobre un mismo bien y dentro de un mismo grupo de personas que se dedicaron a realizar ventas, hipotecas, y supuestas daciones en pago, queriendo, tal como lo indica el apelante, ocultar la verdadera procedencia de los bienes, por lo que cabe mencionar que “cuando el tenedor de los recursos ejecuta esa mera actividad (aparentar la legalidad del activo) y oculta su origen e inclina su actividad al éxito de ese engaño, orienta su conducta a legalizar la tenencia del activo, es claro que incurre en la conducta punible porque su comportamiento se concreta en dar a los bienes provenientes o destinados a esas actividades apariencia de legalidad; es decir, encubre la verdadera naturaleza ilícita del producto”.

Bajo la lógica de la línea jurisprudencial antes citada, en el presente caso para tipificar el delito de lavado de activos bastaba con la demostración de que el sujeto activo de la conducta ocultó o encubrió “la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes”, incluso, sin necesidad de acreditar con una decisión judicial en firme el delito de donde provenían los recursos ilícitos, en tanto la actividad ilegal subyacente solo requiere de una inferencia lógica que la fundamente, pero que en este caso se encuentra más que probada a través de la sentencia que se emitiera en contra de los socios de “XXX” señores V.W.R.G. y C.H.R.G., reconocidos narcotraficantes y propietarios de la hacienda en mención —sin que esta fuera necesaria como fuente demostrativa, como ya se dijo—.

Es por lo anterior que se puede decir que la justicia cuenta no solo con la certeza de que los bienes —XXX y XXX— sobre los cuales se realizaron las diversas transacciones civiles eran producto de actividades ilícitas, sino que, además, fue precisamente por esa razón que personas como los aquí implicados dispusieron su voluntad en el ocultamiento de ese origen, se reitera, realizando diferentes negocios jurídicos que permitieran limpiar su procedencia ilícita con el transcurso del tiempo.

(...).

Por todo lo anterior resulta cierto, como así lo indica el apelante, que dentro del plenario existía prueba que daba la certeza necesaria sobre la responsabilidad penal de los señores A.B.M. y C.A.P.S.; que por obvias razones ellos pusieron su voluntad en la realización de la conducta y siendo consecuentes con ello realizaron toda clase de transacciones que les permitiera demostrar un justo título respecto de los bienes inmuebles que tantas veces se ha dicho fueron producto de las actividades ilícitas de personas vinculadas con el narcotráfico, pero que, además, la versión que sobre los hechos dieron los procesados no es de recibo para la Sala de Decisión, juez colegiado que ciertamente vio en las explicaciones entregadas a la justicia por parte de los encausados una coartada, se insiste, malograda en tanto nada más con la prueba testimonial arriba referida podía ser derruida.

Dígase, finalmente, que cierto es que en el caso de la especie no había lugar a reconocer una duda que favoreciera los intereses de los implicados, máxime si las pruebas postuladas por la defensa no lograron desvirtuar de manera cierta e inequívoca la acusación hecha por la Fiscalía General de la Nación en su contra y, como así se señala en el recurso, ellas no fueron mencionadas en la sentencia que hoy se revisa.

Esta extensa, pero a juicio de la Corte, necesaria reseña de las aludidas piezas del proceso, se realiza con el solo propósito de denotar la falta de razón en la protesta que el recurrente eleva, toda vez que el referido sindicado, de quien también se afirma que administra bienes que en realidad son de propiedad de un traficante de drogas conocido con el alias de “XXX”, como con tino fue declarado por el Tribunal, ciertamente incurrió en ostensibles contradicciones, no solamente en cuanto tiene que ver con las personas con quienes negoció los predios conocidos finalmente como XXX y XXX, sino las circunstancias en que tales actuaciones tuvieron lugar, pues no logró explicar satisfactoriamente cómo es que unos terrenos que inicialmente fueron adquiridos con dineros producto de actividades de narcotráfico por los señores V.W.R.G. y C.H.R.R., fueron parcelados para hacerlos aparecer como vendidos a F.C.V., quien a su vez, también segmentadamente, los hizo figurar como vendidos a C.A.P.S., M.M.L.C. y C.H.L.P., estos dos últimos, cada uno por su lado, pero de manera simultánea, hipotecaron los terrenos recién adquiridos, a favor de C.A.P.S., siendo los mismos bienes que posteriormente vendieron de manera independiente a A.B.M., quien a su vez transfirió a P.S. la propiedad del bien denominado “XXX”, que posteriormente fue vendido a la administración municipal de XXX para la construcción de planes de vivienda, con lo cual unos bienes de origen espurio y supuestamente comprados en la suma de seis mil doscientos millones de pesos, de los cuales se dijo haberse pagado la suma de seiscientos veinte millones y el resto después de un período de gracia de 18 meses sin abonos a capital ni cobro de intereses, en cómodas cuotas semestrales de ochocientos millones de pesos cada una, resultaron reemplazados con dineros limpios de origen oficial en cuantía superior a los dieciséis mil millones de pesos.

De la lectura detenida de la diligencia de indagatoria, rendida por B.M., se establece que definitivamente no es cierto, como contrariamente se sugiere en la demanda, que la fiscalía hubiese tratado de confundir a B.M. con los nombres de C.A.P.S. y C.H.L.P., cuando de acuerdo a la secuencia de las negociaciones llevadas a cabo por B.M. entre los años 1999 y 2005, en él no podía existir duda alguna de tratarse de personas distintas, como distintas fueron las escrituras públicas que suscribió con cada uno de ellos y con M.M.L.C., para que en la indagatoria viniera a sugerir que solo negoció con C.P. con quien dijo haber realizado negocios en los años 93 o 94, y que no conoce a C.A.P.S. a quien finalmente reconoció como la única persona con quien llevó a cabo las negociaciones, desconociendo así que C.H.L.P., también figura suscribiendo las escrituras de los bienes y que en dichos documentos aparecen fechas con 10 años de diferencia desde cuando dijo conocer a C.P.

Por eso no se entiende la razón por la cual se sostenga por el demandante que B.M. no incurrió en imprecisiones y contradicciones en su relato, y además que en realidad no conoce a C.H.L.P., y que “en estricta verdad” no compró los predios a este sino que la negociación se llevó a cabo con C.A.P.S., cuando las escrituras públicas evidencian lo contrario.

Dado entonces que como el Tribunal no puso a decir a la prueba algo que objetivamente no se colige de ella, el cargo por falso juicio de identidad postulado por el defensor, carece de la más mínima vocación de prosperidad.

2.1.4. Cuarto cargo. (Tercero subsidiario). Causal primera. Violación indirecta de la ley sustancial.

Según se indicó en el resumen que se hizo de la demanda, el libelista sostiene que el Tribunal incurrió en errores de hecho por falsos raciocinios en la apreciación probatoria, toda vez que “construyó los indicios en ocasiones, arrasando las reglas de la sana crítica y los principios de la lógica, en otras desconociendo elementales reglas de la experiencia y en otras, violando leyes de la ciencia jurídica”.

En primer lugar manifiesta que “cuando el Tribunal infiere responsabilidad penal contra los procesados C.A.P.S. y A.B.M. bajo el entendido de que existieron maniobras que implicaron multiplicidad de transacciones sobre el mismo bien, con el mismo grupo de personas que se dedicaron a realizar ventas, hipotecas y supuestas daciones en pago (hecho indicador) para concluir que esas negociaciones indicaban la voluntad de los procesados de ocultar el origen de los bienes para darle apariencia de legalidad a los mismos, viola la regla de experiencia, ya reconocida en fallo de la Corte Suprema de Justicia, expediente XXX, sentencia Sala de Casación Penal de 2 de febrero de 2011, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés, según la cual “quien es consciente de la legalidad de su comportamiento, no oculta su materialidad ni ofrece explicaciones ayunas de verdad””.

En relación con dicho planteamiento cabe mencionar que el recurrente incurre en una petición de principio, toda vez que da por demostrado que del hecho indicador no necesariamente se infiere el hecho indicado por el sentenciador, sino otro diverso. En este caso, el hecho indicador, debidamente acreditado en la actuación y que el propio casacionista debería dar por cierto si lo que pretendía atacar era la inferencia tras aplicar la regla de experiencia que dice conculcada, es que de parte de los acusados “existieron maniobras que implicaron multiplicidad de transacciones sobre el mismo bien, con el mismo grupo de personas que se dedicaron a realizar ventas, hipotecas y supuestas daciones en pago” y que de ello no puede inferirse la responsabilidad penal de los procesados, pues “quien es consciente de la legalidad de su comportamiento, no oculta su materialidad ni ofrece explicaciones ayunas de verdad” lo cual resulta siendo contradictorio, ya que la segunda parte afirma lo que la primera niega: la legalidad del comportamiento de los acusados, toda vez que llevaron a cabo múltiples maniobras orientadas a ocultar quiénes eran los que estaban detrás de las negociaciones realizadas.

No puede olvidarse, que con la pretensión de fundamentar su aserto, es el propio casacionista quien se encarga de mostrarle a la Corte cómo C.A.P.S. hizo negocios sobre la hacienda XXX por interpuestas personas (su primo C.H.L.P. —quien dijo no conocer a C.F.C.V., quien a su vez le vendió parte del terreno de propiedad de personas condenadas judicialmente por tráfico de estupefacientes—, y su excompañera M.M.L.— quienes no solamente aparecían en las escrituras públicas comprando los terrenos a título personal, sino también hipotecándolos a favor de P.S., para posteriormente enajenarlos a A.B.M. a quien, pese a todo, dijeron no conocer, como contrariamente fue confirmado por este, con transgresión incluso del pregonado principio de coherencia a que alude el recurrente, según el cual, en sus propias palabras “el verdadero titular del derecho de dominio se comporta como tal, es decir, explota económicamente sus bienes, realiza diversas transacciones para hacer rendir su capital, ejerciendo siempre ese ánimo de señor y dueño”, que es precisamente el que aparece desvirtuado en la actuación.

Pero es que resulta tan desatinado el planteamiento del casacionista que, aun en contra de la evidencia recaudada, da en sugerir que es el procesado C.A.P.S. “quien guía a su primo en las inversiones y negocios, hasta el punto de que L. confía en su primo C.P., quien no solo le administra los bienes a su primo H.L.P., sino que incluso le reinvierte las ganancias haciéndolos ingresar como socios a la compañía”, cuando el propio C.H.L.P. afirmó no conocer a C.F.C.V., anterior propietario de la hacienda XXX, pese a figurar comprándole unos terrenos(28), dijo carecer de bienes de fortuna —“no tengo ni efectivo ni absolutamente nada”—, que para la época de las negociaciones de los terrenos P.S. era su patrono en la finca —“sí estuve en esos meses, administraba la finca y mi patrono era mi primo C.”—, y que por la venta de los predios a B.M. solo recibió una suma cercana a los veinte millones de pesos (cfr. fls. 93 y ss. cdno. 2).

En todo caso, si aparece demostrado, como se sugiere incluso por el propio demandante, que en las negociaciones de los predios identificados como XXX, quien compraba y vendía los bienes a través de su primo y su compañera sentimental, era C.A.P.S., a punto tal que aquellos ni siquiera llegaron a conocer a C.F.C.V. (quien les vendió parte de los terrenos que fueron de propiedad de los narcotraficantes R.G. y R.R.), ni a A.B.M. a quien le fueron transferidos a cambio de que este transfiriera XXX a P.S. para que este lo vendiera al municipio de XXX, no puede afirmarse válidamente, como sin fundamento alguno se sostiene por la defensa, que en el presente evento no obra prueba de haberse perfeccionado el ciclo orientado a hacer aparecer como legítimos unos bienes que tuvieron origen en el tráfico de estupefacientes.

Así resulta evidente que el casacionista no logró demostrar, y tampoco surge de la actuación, que el Tribunal hubiere transgredido las reglas de la sana crítica que se pregonan conculcadas, pues de una parte, la gran mayoría de las múltiples transacciones fueron realizadas por P.S. por interpuestas personas que prestaron sus nombres para figurar como propietarios de los bienes que posteriormente enajenaron a B.M., para que a su vez este le transfiriera a P.S. otro terreno, el cual finalmente terminó de pagar con parte de los recursos que recibió por la venta que del inmueble le hizo al municipio de XXX.

A la manera de un alegato más propio de las instancias que del recurso extraordinario, el recurrente en lugar de acreditar la configuración del yerro de raciocinio que dice haberse presentado, se dedica a presentar una crítica general al sentido de la decisión adoptada por el Tribunal, y da en suponer que para que se configure el delito de lavado de activos resulta indispensable que exista anotación sobre el particular en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria que expide la oficina de registro de instrumentos públicos, o que el referido bien tenga limitaciones al derecho de dominio de parte de la fiscalía o de alguna otra autoridad judicial, o que sean de público conocimiento las actividades delictivas de donde provinieron los recursos con los cuales fueron inicialmente adquiridos los bienes son sometidos al proceso de lavado, blanqueamiento o legalización, cuando lo cierto es que una de las múltiples maneras de realización de la conducta delictiva, es precisamente el minucioso diseño y montaje de una operación contractual, comercial, financiera o civil, con apariencia de legalidad, en donde poco importa la realidad histórica de los montos, la forma de pago, los nombres de los intervinientes o las características del negocio que finalmente quedan registradas documentalmente, sino que lo verdaderamente trascendente a los fines perseguidos, es que se cumpla el objetivo de al menos intentar el dar apariencia de legalidad a algo que en el fondo carece de ella.

Esta situación no resulta demeritada por el hecho de que en la demanda de divorcio instaurada por C.N.C. en contra de P.S., aquella hubiere solicitado medidas cautelares sobre los bienes que en la oficina de registro figuraban a nombre de su esposo, pues se trata simplemente del ejercicio de un derecho reconocido por el ordenamiento, atendiendo el vínculo conyugal que tenía con el procesado P.S., sin incidencia ninguna en el tipo penal que ahora ocupa a la Corte.

De igual modo, preocupa al recurrente que no se le hubiere conferido importancia a la capacidad económica del procesado para celebrar las transacciones inmobiliarias que son materia de cuestionamiento, pues, según dice, no se tuvo en cuenta “que nadie arriesga lo propio y hasta lo de su familia, por favorecer a otro, de quien sabe, tiene todo por perder, por ser un delincuente” a lo cual pertinente se ofrece denotar, que ello podría resultar relevante si el pronunciamiento del Tribunal hubiere sido proferido por un delito de testaferrato o incluso por el de enriquecimiento ilícito de particulares, en donde sí resultaría relevante para la defensa el tener que acreditar la legalidad del origen de los recursos, y no en el delito de lavado de activos, en donde la conducta del autor se orienta a realizar operaciones que tiendan a garantizar el ingreso al torrente económico del mercado, de unos recursos originados, entre otras actividades delictivas, en el tráfico de drogas estupefacientes, o se les dé a los bienes provenientes de dichas actividades, apariencia de legalidad, se los legalice o se oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho, o se realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, de suerte que quien así actúa asume los riesgos que patrimonialmente le puedan representar el llevar a cabo este tipo de actividades, y sin que importe la licitud de los recursos destinados a tales operaciones de lavado.

Adicionalmente, el recurrente pretende deducir que el procesado P.S. obró con absoluta transparencia en la transferencia del dominio sobre los bienes XXX y XXX, cuando, como se indicó en el fallo que el recurrente sin fundamento censura, una cosa es lo que se dice en las correspondientes escrituras públicas sobre la naturaleza de los negocios y la forma de pago de cada uno de ellos, y otras diversas fueron las explicaciones ofrecidas no solamente por los dos procesados sino por el exsuegro de aquel y la hija de este, todo lo cual impide avalar negociaciones inconsistentes, como fueron calificadas por la primera instancia “habida cuenta que tal situación precisamente pone en evidencia la treta urdida por ambos implicados en aras de sacar en limpio una negociación que a todas luces se ve como parte de un plan que impone la tarea de dar apariencia de legalidad a algo que en realidad no lo es”, según fue puesto de presente por el Tribunal, en consideración que por hallarse debidamente soportada en el arsenal probatorio, no amerita reparo alguno de parte de la Corte.

No se trata, a juicio de la Corte, como contrariamente y de manera interesada es entendido por el recurrente, que el Tribunal “pretenda crear una conducta delictiva” de los términos “dación en pago” y “parte de pago”, porque habiéndose establecido el origen de los bienes inmuebles en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, realizadas, de una parte, por los señores R.R. y R.G., hoy condenados por dichas conductas, y de otra, por J.C.R.A., según vinculaciones procesalmente establecidas a partir del testimonio rendido por J.A.A.A., válidamente trasladado a la presente actuación, así como las ostensibles inconsistencias que se observan en las negociaciones realizadas y las contradicciones en que incurren quienes participaron en ellas, el Tribunal no podía menos que concluir que se encuentra debidamente acreditada tanto la realización de la conducta como la responsabilidad penal de los acusados.

De igual modo, debe advertir la Corte, al contrario de los criterios que al unísono exponen tanto el demandante como la procuradora delegada en su concepto, que el asunto seguido contra los procesados P.S. y B.M. no se relaciona con la aplicabilidad o inaplicabilidad a las actuaciones de los procesados, de las disposiciones del Código Civil que rigen los negocios entre particulares, pues el proceso penal en este caso no se ocupa de determinar si hubo o no simulación en los términos que dicha normatividad concibe la figura, o si los bienes fueron dados como parte de pago de los otros recibidos o de dación en pago por razón de una deuda que de otro modo no podía ser cancelada, o si de otra parte se presentó incumplimiento en lo pactado de una de las partes o de ambas, sino de establecer si se presentó un elaborado proceso para dar apariencia de legalidad a unos bienes originados en actividades delictivas, de suerte que resulta insubstancial la consideración del libelista, expuesta en el sentido de que “la entrega (tradición) de bienes, en la que el tradente (deudor) transfiere la propiedad al acreedor (adquirente), y que esa operación quede en las escrituras públicas como compraventa, obedece a la costumbre de los colombianos nacida de la autorización legal de permitir la voluntad de las partes en los negocios lícitos”, pues como fue debidamente demostrado en el proceso, la licitud precisamente fue un atributo de las transferencias de bienes que brilló por su ausencia.

De otro modo no podría entenderse cómo es que un terreno, como el caso de XXX, perteneciente a uno de los personajes señalados de administrar los bienes y sociedades de propiedad de un narcotraficante condenado por la justicia, supuestamente vende un bien en $ 6.200.000.000.00, en ese momento no recibe sino la transferencia de unos bienes avaluados en el 10% de ese valor que antes también habían pertenecido a otros narcotraficantes, y el resto en cuotas semestrales pero solo después de 18 meses de la negociación y sin cobro de intereses, y con posterioridad a haber sido vendido al municipio de XXX en la suma de $ 17.377.870.640.00.

El recurrente se esfuerza en mostrar en la demanda que la venta del terreno denominado XXX al municipio de XXX, cumplió todos los requisitos que la contratación estatal exige, y que por ello su asistido no realizó el tipo penal por el cual fue condenado por el Tribunal.

Al efecto baste con resaltar que ninguna relevancia para la determinación de mérito en el presente asunto, tiene el establecer si la contratación con la alcaldía municipal de XXX se ajustó o no a los principios que rigen la contratación estatal, pues la final obtención o no de los rendimientos que el delito de lavado de activos genera para el autor de la conducta, no puede confundirse con el momento en que el comportamiento logra consumación, sin que para la determinación de la realización típica deba esperarse a que se produzca un evento diverso de la sola constatación de haberse llevado a cabo al menos uno de los verbos rectores incluidos en el tipo penal.

En razón de ello, para los fines del recurso interpuesto, inocuo resulta conocer si la venta del terreno al municipio de XXX se produjo como consecuencia de la necesidad de la alcaldía de cumplir unas políticas públicas en materia de vivienda social, o si los precios pactados se ajustaron a los del mercado, o cualquier otra eventualidad que pudiera incidir en la legalidad de la contratación, pues no puede olvidarse que una cosa es el acto de vender a la administración un bien con la apariencia de haber dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos legales esenciales, y otra el de haber adquirido el referido bien con origen en actividades delictivas para por medio de dichas operaciones darle apariencia de legalidad o legalizarlo.

De otra parte, el libelista estima que el Tribunal incurrió en error de raciocinio, al considerar que como B.M. mintió, esa mentira prueba el compromiso penal de P.S. La Corte considera que el planteamiento así realizado resulta equivocado. Ciertamente, no necesariamente cuando un procesado falte a la verdad respecto de un punto trascendental del interrogatorio, esta mentira afecta negativamente a otro vinculado a la actuación en calidad de indiciado, sindicado, imputado, o acusado, pues aun cuando puede haber eventos en que se pueda presentar un fenómeno de encubrimiento de uno de los implicados hacia el otro, no puede olvidarse que en materia penal la responsabilidad penal es individual, fundada en un criterio culpabilista, según el cual cada quien responde por su obra y no por la de los demás.

De esta suerte, si B.M. faltó a la verdad o contradijo la realidad procesal en torno al conocimiento previo que se tenían, así como respecto de los actos que ambos procesados llevaron a cabo para encubrir el origen espurio de los bienes, es claro que dicha falta de apego a la objetividad de la evidencia solo podría traerle efectos procesales nocivos para él y solo a él, no al otro procesado.

Pero como la objetividad que la sentencia ofrece es asunto asaz diverso, la falta de fundamento en el planteamiento del censor determina la improsperidad del reparo que propone. Esto si se da en considerar que el Tribunal no derivó el indicio de mala justificación en contra de P.S. a partir de lo declarado por B.M., sino de las explicaciones de aquel y de la restante evidencia recaudada, como sin dificultad se extrae del siguiente aparte del fallo que el casacionista no osa controvertir:

De acuerdo con lo anterior, necesario es retornar a la cita que en principio se hiciera para demostrar que claramente se está de cara a otro indicio grave —de mala justificación— el cual ha sido ampliamente configurado si se tiene en cuenta que los implicados no solo incurrieron en contradicciones respecto del negocio realizado, sino que, además, prueba de que sus dichos no se ajustan a la verdad lo constituye el acervo documental —escrituras públicas— que dan fe de una cosa diferente a la mencionada por los dos procesados, así como también la ausencia de soporte de aquello que quisieron mostrarle a la justicia como una dación de pago...

Asimismo, el libelista plantea que el sentenciador incurrió en falso raciocinio al deducir el indicio de mala justificación por haberse consignado en la escritura pública por cuyo medio se transfirió la propiedad del predio XXX, que se hizo como dación en pago y no como parte de pago por la compra del predio XXX. En opinión del censor esta consideración transgrede el artículo 285 de la Ley 600 de 2000 que prohíbe usar los elementos indicadores del hecho como hechos independientes para extraer de ellos numerosos indicios.

En este caso, resulta evidente que al igual que el Tribunal, el libelista participa de la tesis según la cual cada uno de los indicios tiene una denominación específica de acuerdo a lo que con ellos se pretenda acreditar, cuando lo cierto es que tal forma de proceder no es más que el resultado de una práctica carente de fundamento científico y que obedece a criterios eminentemente prácticos para evitar argumentos repetitivos que pueden restar claridad al planteamiento. El indicio es solamente eso, el resultado de una inferencia realizada a partir de un hecho conocido y debidamente acreditado por uno o varios medios de prueba, que nos permite establecer con gran probabilidad otro hasta ese momento desconocido, pudiendo suceder que a partir de una misma fuente de prueba, se puedan establecer varios hechos que a su vez pueden dar lugar a la construcción de otros tantos indicios.

Así, por vía de ejemplo, cuando a partir de un testimonio de persona que goza de gran credibilidad, pues en ella no se evidencia ningún motivo que permita sugerir que falta a la verdad, sea por interés frente al caso o por animadversión respecto de alguna de las partes, se acredita que P. fue visto salir corriendo con un arma de fuego en la mano de la habitación en donde momentos después se encontró una persona muerta a consecuencia de varios disparos, de ese medio de convicción se podrían inferir varios hechos, a saber: (i) que P. estuvo allí (indicio de presencia), que al portar el arma de fuego con ella pudo haber disparado contra la víctima (indicio de tenencia de un arma de fuego) y que al salir velozmente de allí solo pretendía la impunidad (indicio de huida), a partir de lo cual a primera vista se podría llegar a pensar, como lo hace el recurrente, que son varios los indicios construidos a partir de un solo hecho indicador, y que una tal forma de razonar se encuentra prohibida por el ordenamiento procesal penal, cuando lo cierto es que en honor a la verdad se trataría de varios indicios establecidos a partir de hechos distintos, pese a que todos ellos provienen de una misma fuente de prueba.

En este caso, el sentenciador encontró que cada uno de los procesados no solamente faltó a la verdad en algunos aspectos relevantes de sus relatos, sino que encontró inconsistencias y contradicciones en sus explicaciones sobre cada una de las negociaciones por las que fueron interrogados, de lo cual no necesariamente se sigue que de un mismo hecho se hubieren construido varios indicios como se sugiere por el recurrente.

Para denotarlo, baste con recordar que respecto del procesado A.B.M., entre otras cosas el Tribunal indicó que:

De las atestaciones antes transcritas se concluye el ánimo palpable del señor A.B.M. por mostrarse ajeno al conocimiento sobre la procedencia de los bienes que se saben provenían de actividades ilícitas; por ello se acudió a diversas excusas que en criterio de la Sala solo constituyeron una malograda treta en la que, además, se cayó en contradicción, por lo que fue necesario que la fiscalía le pusiera de presente diversos documentos y hasta la presencia del señor C.A.P.S. en aras de no permitir más la ambigüedad como elemento recurrente dentro de la diligencia.

Frente a este específico reparo debe decirse que logró acreditar la fiscalía que los dichos del señor B.M. contradijeron de manera cierta la realidad procesal que mostró no solo que ambos procesados se conocían con anterioridad, sino que de igual forma llevaron actos ciertos e inequívocamente orientados a salvaguardar el origen espurio de los bienes, los cuales fueron adquiridos de empresas —como inversiones XXX Ltda., inversiones XXX Ltda., la constructora XXX y la ganadería XXX— cuestionadas por su relación con las actividades de reconocidos narcotraficantes, lo que provocó investigaciones varias (ver al respecto los certificados de tradición obrantes en los fls. 142 a 146, cdno. original 8).

Y con relación a P.S. entre otras consideraciones hizo las siguientes:

Alega también la fiscalía que la juez le dio credibilidad a los acusados P.S. y B.M., quienes afirmaron que la transacción sobre el predio “XXX” se trató del primer contado que el primero de los mencionados le entregó a este último para el pago de “XXX”, dándole un razonamiento marginado a la prueba que justamente indica lo contrario, ya que en los títulos de transferencia de “XXX” se afirma que la dación en pago fue para recoger unas sumas de dinero que C.A.P.S. le adeudaba a A.B. por unos dineros que había recibido en mutuo y a interés.

Para responder esta alegación de la fiscalía, resulta imprescindible retomar lo dicho por la señora juez de la causa, quien, bajo un argumento inexplicable, decidió desconocer el indicio grave existente en contra de los procesados, no obstante a haber reconocido en principio su configuración.

Frente al predio “XXX”, dijo la primera instancia: “... debiéndose decir, que pese a que existen inconsistencias en las negociaciones realizadas por los aquí acusados, en relación a la finca XXX concretamente a la dación en pago de varios lotes de la misma, para cancelar el dinero prestado a mutuo, como obra en las respectivas escrituras, pero que según la versión de los señores A.B.M. y C.A.P.S., correspondieron al 10% del pago del lote XXX, entre otras que pueden ser tenidas como indicios en contra de estos, pues como se advirtiera por el representante del ente acusador, no obra el contrato de permuta necesario para realizar esta clase de negociaciones, lo que se observa en los certificados de tradición es que sí se entregaron los lotes que conformaban la finca XXX en dación de pago al señor A.B.M., por lo que muy posiblemente las escrituras públicas que hacen constar estas negociaciones obedecieron a actos jurídicos simulados, debiéndose recordar que estos son contratos, que se definen como acuerdo de voluntades entre las partes, resultando válido todo lo que en ellos se pueda pactar, desvirtuándose de esta manera los indicios que fueron deducidos en la resolución de acusación”.

Pues bien, visto lo anterior, puede advertir la segunda instancia que no más desacertada podría resultar la “justificación” que sobre los hechos tuvo a bien realizar la sentenciadora. Esto, por cuanto contrario a lo que ella sostiene, nunca podría avalarse una negociación “inconsistente”, como ella misma la calificó, habida cuenta que tal situación precisamente pone en evidencia la treta urdida por ambos implicados en aras de sacar en limpio una negociación que a todas luces se ve como parte del plan que impone la tarea de dar apariencia de legalidad a algo que en realidad no lo es.

De acuerdo con lo anterior, necesario es retornar a la cita que en principio se hiciera para demostrar que claramente se está de cara a otro indicio grave —de mala justificación— el cual ha sido ampliamente configurado si se tiene en cuenta que los implicados no solo incurrieron en contradicciones respecto del negocio realizado, sino que, además, prueba de que sus dichos no se ajustan a la verdad lo constituye el acervo documental —escrituras públicas— que dan fe de una cosa diferente a la mencionada por los dos procesados, así como también la ausencia de soporte de aquello que quisieron mostrarle a la justicia como una dación de pago...

Así se patentiza, que las inconsistencias a que alude el sentenciador no se refieren a un mismo hecho, y ni siquiera a un solo procesado, sino a varios hechos y a cada uno de los procesados, pues no es lo mismo que se falte a la verdad o se eluda responder concretamente respecto del conocimiento previo que entre ellos tenían ambos procesados, a las explicaciones ofrecidas en torno a la falta de coincidencia respecto del relato sobre las circunstancias que rodearon las negociaciones y las personas involucradas en ellas, y lo consignado en las escrituras públicas que dan cuenta de supuestos fácticos diversos, pues una cosa es que se afirme en la escritura pública que determinado bien se entrega en dación en pago de una deuda que no se puede solventar de manera diversa dada la iliquidez del deudor, y otra que por razón de una compraventa se acude a la permuta de un bien como parte de pago de otro de mayor valor, nada de lo cual resulta desvirtuado ni siquiera con el documento privado denominado “acta de aclaración” suscrito por los sujetos involucrados, cuya trascendencia particularmente pretende darle el recurrente.

En tal orden de ideas, la Corte no puede menos que concluir que los reparos propuestos no están llamados a prosperar, pues lo pretendido no es otra cosa que la Corte —por encima incluso de aquello que la actuación evidencia—, le dé la razón cuando manifiesta, sin respaldo probatorio alguno, que “por parte de C.A.P.S., surge clara la veracidad de las explicaciones de este procesado, que debió ser acatada por el Tribunal, sin incurrir en inferencias caprichosas, al declarar una verdad distinta a la que revela el proceso”, lo cual, por constituir apenas una opinión personal, repugna a la objetividad con que deben formularse los reparos en sede extraordinaria.

2.1.5. Quinto cargo. (Cuarto subsidiario). Causal primera. Violación indirecta de la ley sustancial.

En la formulación de este reparo, el demandante sostiene que el Tribunal incurrió en violación indirecta de la ley sustancial, tras incurrir en falso raciocinio en la apreciación del testimonio de O.A.A., al señalar que su dicho merecía crédito, independientemente del valor que se le haya dado a este testimonio en otro proceso que se siguió en contra del procesado A.B.M. por el delito de lavado de activos, aunque fuera absuelto.

Anota que el “Tribunal falla contra P.S., porque A. dice que los bienes de B. provienen de narcotráfico, y no da ninguna razón para que el señalamiento hacia un procesado, pueda afectar al otro de quien el testigo ni siquiera tiene noticia”.

Del razonamiento del Tribunal, la Corte no logra descubrir si el motivo de inconformidad radica en que el testigo no menciona a su patrocinado y sin embargo se ponderó el medio en su contra, o si su discrepancia obedece al hecho de haberse utilizado en perjuicio de sus asistido un testimonio recaudado en un proceso distinto por el cual su asistido resultó absuelto.

Para responder dicho planteamiento la Corte debe comenzar por anotar que los señores C.A.P.S. y A.B.M. fueron vinculados a este proceso y condenados por medio de la sentencia materia del recurso extraordinario, como coautores del delito de lavado de activos, por razón de las negociaciones que mutuamente realizaron sobre predios que tienen origen en actividades delictivas.

De esta suerte, resulta evidente que la prueba que comprometa a uno de ellos por sus vinculaciones con personas o actividades relacionadas con el origen delictivo de los bienes posteriormente transferidos a cualquier título al otro, necesariamente ha de ser apreciada respecto de los demás involucrados, no solamente por tratarse de un asunto de conexidad probatoria, sino porque al corresponder a unos mismos hechos, investigados y juzgados en un solo proceso, la prueba debe ser analizada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, conforme lo dispone el artículo 238 de la Ley 600 de 2000 y se llevó a cabo por el juzgador.

De igual modo, ha de procederse, respecto de los medios que favorezcan o excluyan de responsabilidad en el hecho concreto a uno o varios de los sujetos investigados o acusados dentro de la correspondiente actuación.

En razón de ello sorprende la consideración del casacionista, en el sentido que si, en declaración rendida ante autoridad competente, con las formalidades legales, y válidamente trasladada a la presente actuación, O.A.A. señaló al procesado A.B.M. como una de las personas que prestó su nombre para que a través suyo o de sus empresas se diera apariencia de legalidad a los recursos provenientes de las actividades de narcotráfico realizadas por el delincuente conocido con el alias de “XXX”, dicho medio de convicción no debe ser considerado respecto de su asistido C.A.P.S.

Con esta manera de razonar, necesariamente habría que concluir que en sin condiciones similares una la prueba así recopilada no perjudica, sino que beneficia, al procesado, el juzgador tampoco se hallaría facultado para ponderarla a su favor, con lo cual un tal planteamiento resulta relativizado de acuerdo al interés que quien lo formula tenga en la actuación, de suerte tal que una prueba en tales condiciones allegada a la actuación, solo podrá ser apreciada por el juzgador si favorece los intereses del acusado, y desechada en caso contrario, lo cual repugna al deber normativamente establecido para el juzgador de apreciar las pruebas en conjunto, sin perjuicio de asignarle el mérito que individualmente corresponda a cada una de ellas.

Pero ante la falta de razón del recurrente en dicho segmento de la protesta, procede entonces analizar la segunda, según la cual “al existir decisión judicial en firme favorable al procesado A.B.M., no podía el Tribunal volver sobre las pruebas que fueron tenidas en cuenta para la decisión favorable”.

A este respecto, lo primero que cabe precisar es que si bien, como es mencionado por el recurrente, el procesado A.B.M. anteriormente fue acusado y absuelto por el delito de lavado de activos, mediante sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada, también lo es que hechos materia de investigación y juzgamiento declarados en el aludido fallo, resultan ostensiblemente distanciados de aquellos de que se ocupa la presente actuación, por lo cual, en puridad de verdad, el planteamiento del censor no tiene cabida en este caso.

En relación con los hechos, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongestión de XXX en la sentencia proferida el 29 de octubre de 2010 dentro del proceso seguido en contra de A.B.M., indicó(29):

Génesis de esta investigación los hechos presentados el 21 de noviembre de 1997, cuando fueron encontrados en una caja fuerte ubicada en el apartamento XXX de la calle XXX Nº, XXX/XXX/XXX/XXX de esta ciudad, la suma de ochenta millones de pesos (80.000.000), cuya propiedad se adjudicó el ocupante del inmueble B.M.R., ultimado de manera violenta meses después de iniciada la investigación preliminar por dicho hallazgo.

El comiso de dicha suma de dinero, generó un análisis minucioso de las cuentas manejadas por M.R., logrando la fiscalía establecer que a través de la empresa XXX, de propiedad del citado, se blanqueaba dinero de procedencia ilícita, utilizando además otras cuentas corrientes de personas pertenecientes al núcleo familiar de B.M.R., entre quienes se encontraban L.P., M.A.B.P., C.M.L., A.M.M.T. y B.M.D., quienes recepcionaron en sus cuentas durante los años 1997 y 1998 millonarias sumas procedentes de diversas regiones de la geografía nacional, entre ellas Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cúcuta, Santa Marta, Maicao, Valledupar, Riohacha, Bucaramanga, Manizales, Cartagena, etc., cuyas transacciones se hacían consistir en consignaciones que se efectuaban con cheques personales y gerencia, donde los beneficiarios de los títulos valores en muchos casos resultaban ficticios o sus documentos de identificación no correspondían a los plasmados en los mismos.

De la investigación original radicada bajo el Nº XXX L.A., se precipitó la presente, identificada en la fiscalía con el Nº XXX L.A., a la cual se vincularon varias empresas entre ellas la fundación XXX, cuyo presidente, señor A.B.M., de acuerdo con el análisis efectuado por la fiscalía habría servido como receptor de dineros ilícitos procedentes de empresas utilizadas para manejar dineros del narcotráfico a través de inversiones en el mercado secundario de valores.

En cuanto a los fundamentos de la resolución de acusación, indicó el juzgador:

Precisó la fiscalía que la presente investigación logró establecer que a través de las cuentas corrientes del extinto B.M.R., se movieron por el torrente financiero dineros que canalizaron a través de personas jurídicas, entre las que se encuentran la fraternidad XXX; XXX; XXX; E.G.G. S. en C.; hacienda XXX y XXX y XXX, capitales producto de operaciones en bonos con la corporación XXX y fiducias con XXX.

Estos recursos, concretamente los de la empresa E.G.G. S. en C., sostiene el ente acusador, fueron a parar a las arcas del centro XXX, por el conducto del entonces representante legal, señor J.A.O.B., quien a través de la empresa XXX, prestó dinero al instituto, sin que existiera documento que autorizara el préstamo por el titular de los bonos, E.G.G., empresa que dice, no contaba con esos capitales para inversión.

Parte de esos dineros, concretamente la suma de $ 415.242.419 del préstamo recibido por el centro XXX de la empresa cuestionada, fueron cancelados a A.B.M., en su calidad presidente de la fundación, resultando inadmisible para la fiscalía que esos pagos lo sean por concepto de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles al XXX o pago de uso de marca y patente, en la medida que los mismos no se muestran en períodos anteriores, concluyendo que el señor A.B.M., contribuyó, con conocimiento y voluntad al blanqueamiento de capitales.

Concluyó la decisión que “ante la existencia de duda probatoria en torno al conocimiento y voluntad, se proferirá sentencia absolutoria a favor del encartado A.B.M., por el ilícito de lavado de activos”.

Sirva esta extensa, pero a juicio de la Corte, necesaria reseña del aludido pronunciamiento, para destacar que por parte alguna se menciona que los hechos por los cuales por entonces se investigó, juzgó y absolvió a A.B.M., guarden relación con el blanqueamiento de capitales procedentes de actividades de narcotráfico realizadas por el sujeto conocido con el alias de “XXX”.

Es más, una lectura detenida del referido pronunciamiento permite advertir que ni siquiera se menciona el nombre de O.A.A. como persona que hubiere declarado en condición de testigo de cargo en el aludido proceso, de lo cual automáticamente le permite afirmar a la Corte que la censura en tales condiciones propuesta por el defensor de P.S. cae en el más absoluto vacío, en cuanto sus afirmaciones carecen de respaldo en la actuación, máxime si el ad quem fue expreso en indicar que “sobre el testimonio en cita, observa el Tribunal que en diligencia que se surtió el 9 de agosto de 2007 ante la fiscal XXX Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio, el señor J.O.A., para explicar lo concerniente a los bienes de propiedad de alias “XXX”, y ante la pregunta que sobre ello hiso la fiscalía, dijo que: “En este momento yo quiero informarle a la fiscalía sobre el conocimiento que yo tengo de bienes en cabeza de la organización de chupeta, de testaferros y en cabeza de algunas sociedades utilizadas por ellas para sus bienes”, siendo en ese contexto en que se produjo el testimonio cuya apreciación el libelista reprocha, y no en el que menciona en la demanda.

Resulta tan desenfocado el planteamiento del casacionista, que ni siquiera el juzgador de alzada se refirió al testimonio de O.A.A. para derivar de él expresas consecuencias jurídicas en contra de C.A.P.S. como contrariamente se sugiere en la demanda, sino que se limitó a señalar que “sus dichos fueron respaldados con documentos “anexos” de los cuales se dejó constancia por parte de la fiscalía que fueron entregados, y en los que se encuentra consignado todo el movimiento al que aludió el señor A.A., en el que se involucró y se comprometió de manera seria la conducta del procesado B.M., pues a través de este testigo, logró establecerse cuáles fueron las sociedades, empresas y personas naturales que intercedieron para dar legalidad a los bienes del narcotraficante alias “XXX”, dentro de los cuales se encontraba el señor B.M. y su familia”.

Agregó el pronunciamiento de segunda instancia que “... no se observó en el testigo ánimo de daño, ni motivo para causarle alguno al implicado A.B. a quien señala de manera inequívoca, en tanto sus declaraciones fueron producto del conocimiento directo que tuvo sobre la actividad ilícita, pus no puede olvidarse que el señor O.A. conocía a alias “XXX” desde el año 1977, como él mismo lo refiere y que por ese motivo, estando en la cárcel a la que ingresó el referido narcotraficante, se constituyó en uno de sus hombres de confianza, al punto que se le permitió intervenir en diversos asuntos del capo”, con lo cual se reafirma una vez más la sinrazón de la protesta.

El cargo, en consecuencia, no prospera.

2.2. A nombre del procesado A.B.M. 

2.2.1. Primer cargo. (Principal). Causal segunda. Falta de consonancia entre fallo y acusación.

Acorde con los términos de la demanda, el libelista considera que el Tribunal violó la consonancia fáctica que debe existir entre la acusación y la sentencia, en cuanto “los hechos a los cuales se contrajo la acusación, se refieren a verificar si los predios XXX y XXX fueron objeto de lavado de activos por tener antecedentes en su tradición, el primero con V.W.R.G., R.R.R. y C.H.R.R. (sumidos en la conducta de narcotráfico) y, el segundo con socios de constructora XXX (F.M.M., B.Q. y R.A.F. quienes fueron investigados por enriquecimiento ilícito, pero valga decir, a su favor les fue proferida resolución de preclusión el 6 de abril de 2000)”.

No obstante, agrega, el Tribunal condenó a B.M. al encontrar acreditado, a partir de la declaración de A.A., que aquel administraba y poseía bienes de alias “XXX”, supuesto fáctico que además de no ser cierto, “no hizo parte de la imputación fáctica formulada por la fiscalía XXX de la UNAIM”, como tampoco da cuenta de que su prohijado tuviera alguna relación con V.W.R.G., R.R.R. y C.H.R.R. o F.M.M., B.Q. y R.A.F., antiguos propietarios de los bienes a los cuales hizo referencia la acusación o que hubiese conocido la procedencia ilícita de estos.

Respecto de esta censura, sin dificultad ninguna la Corte observa que no le asiste razón al recurrente, toda vez que en la determinación de los hechos materia de acusación, la fiscalía fue expresa en indicar que:

La historia del bien inmueble vendido al municipio de XXX tiene un origen espurio, desde el año 1996, porque este bien fue de propiedad de constructora XXX, empresa que se encuentra investigada dentro del radicado XXX por realizar operaciones de lavado de activos(30). Igualmente se encuentran investigados sus socios F.M.M., B.Q., R.A.F. y H.D.E. Hecho que debe adicionarse a los vínculos con individuos ligados al negocio del narcotráfico, que venían trabajando con B.M. como lavador profesional, ejerciendo tal actividad a través de las empresas de fachada de propiedad de este.

A partir de la prueba recaudada, la fiscalía considera que

... con meridiana claridad se vislumbran los vínculos de A.B.M. con organizaciones, con personas dedicadas al narcotráfico, porque otro aspecto destacado dentro del proceso lo constituye la declaración de J.O.A.A. traída de la inspección judicial practicada en el radicado XXX de bienes de J.C.R.A. alias “XXX” en la que señala a B.Q. como uno de los encargados de los bienes muebles e inmuebles y que estaban por cuenta de las empresas inmobiliaria XXX, XXX y XXX, XXX o grupo XXX, llamada así porque está conformada por la familiar B.R., que es de B. negocios inmobiliarios.

Que el centro XXX dice J.O.A., manejado administrativamente por A.B.M., recibió de la “organización XXX” grandes sumas de dinero, pagando un interés del 36% efectivo anual, siendo el saldo a marzo 30 de 2006, de cincuenta y cinco mil millones de pesos, teniendo bienes inmuebles que componen el grupo XXX.

También que entre las sociedades de alias “XXX”, están, sociedad XXX, el grupo XXX, inmobiliaria XXX, inmobiliaria XXX, XXX y XXX de la que hace parte B.Q., inmobiliaria XXX, inmobiliaria XXX, inmobiliaria XXX, XXX o grupo XXX, llamada así porque está conformada por la familia B.R. con las empresas XXX y XXX negocios inmobiliarios.

Así resulta nítido, que al contrario de planteamiento del recurrente, la sola confrontación entre los términos en que fue proferida la resolución de acusación y los de la sentencia, permite establecer que existe plena identidad fáctica, en cuanto también incluyó la prueba testimonial que da cuenta sobre las relaciones patrimoniales y financieras existentes entre el procesado B.M., y el narcotraficante conocido con el alias de “XXX”, razón por la cual el cargo no está llamado a prosperar.

2.2.2. Segundo cargo. (Principal). Causal primera. Violación indirecta de la ley sustancial (falso juicio de identidad en el testimonio de A.B.M.).

El libelista sostiene que el Tribunal “simplemente se vale de un defecto de transcripción de la declaración de B.M. “93 o 94”, para manifestar una presunta contradicción en la indagatoria que realmente no existió”, pues, a su modo de ver, cuando su asistido indicó la fecha desde la cual conoció a C.A.P.S., “hizo referencia a que ello ocurrió por la venta de un lote, es decir, realmente no dijo que fuera en el “93 o 94” —defecto de transcripción del cual se aprovecha el Tribunal— sino en el 2003 o 2004 pues con tales años ubicó el momento en que se llevó a cabo la venta del lote XXX —2003—”.

La Corte observa que no le asiste razón al libelista en la postulación del ataque. El planteamiento del censor eventualmente podría ser válido si del contexto de la diligencia de indagatoria surgiera que se trató de un simple lapsus calami en la transcripción de la diligencia por parte del empleado de la fiscalía que llevó a cabo dicha labor.

Sin embargo, como resultado de revisar el texto de la indagatoria rendida por el señor A.B.M., se establece que ningún yerro de parte de la fiscalía pudo haberse cometido, pues el procesado no solamente repitió lo relativo a la época en que llevó a cabo dicha negociación, sino que además, aludió a que la escritura de la compra del predio denominado XXX, la suscribió una persona distinta de quien se hallaba fuera de las dependencias donde se estaba llevando a cabo la diligencia y con quien realmente dijo haber celebrado el negocio.

Al efecto cabe reseñar que el acta de la diligencia consta lo siguiente:

“Preguntado: Indique a la fiscalía si ha realizado negocios con la empresa XXX, en caso afirmativo coméntenos sobre dicha negociación. Contestó: Yo compré la finca XXX, la recibí como parte de pago al señor C.P., como parte de pago de un lote que le vendí al citado señor en la ciudad de XXX, eso fue en el año 93 o 94, la finca queda cerquita de XXX, prácticamente en las calles de XXX. La negociación fue por seiscientos millones de pesos. Preguntado: Qué otro tipo de negocios ha hecho usted con los dueños o socios de ganadería XXX. Contestó: Yo solamente conozco al señor C.P. y por él hice esta negociación. Preguntado: Puede ampliarnos información al señor C.P. a que usted se refiere. Contestó: Lo conozco hace unos cuatro años, como un hombre de negocios y un joyero de mucho prestigio, tiene un almacén de joyas que se llama XXX en XXX y sé que hace muchos negocios. Preguntado: Cuando usted se refiere al señor C.P. será el mismo C.L.P. Contestó: No yo conozco a C.P. Preguntado: Su cédula de ciudadanía es (...). Contestó: Sí es mi cédula expedida en XXX. Preguntado: Por favor díganos todo lo que sepa y le conste en relación con la escritura XXX del 17 de marzo de 2005, de la notaría séptima de XXX que se le va a poner de presente en donde aparece como vendedor C.H.L.P. y como comprador A.B.M.. Contestó: Yo le compré estos predios al señor C.P. los 4 que componen la hacienda XXX y que los tomé como parte de pago de un lote que le vendí en el mismo tiempo en el año 94 o 95 que él me dio como parte de pago por el lote.

(...).

Preguntado: Conoce al señor C.A.P.S. Contestó: No, yo conozco a C.P. Preguntado: Usted ha manifestado no conocer a C.A.P.S., sin embargo le pongo presente la escritura XXX del 11 de diciembre de 2003 de la notaría 7 de XXX, en donde aparece su nombre en calidad de contratante, haciendo una negociación con el señor P.S. Explíquenos. Contestó: Lo que pasa es que en unas épocas yo prestaba dineros a personas que lo necesitaran y por intermedio de mi asesor el contador público F.A., se hizo esta negociación, yo realmente en ese momento no conocía sino simplemente firmé la escritura. Preguntado: Como usted ha manifestado tener una confusión con los apellidos de los señores C.L.P. y C.A.P.S. En la parte exterior de este edificio se encuentra el señor respecto del cual usted ha manifestado conocer y hacer negocios con él. Precísele entonces a la fiscalía, qué negocios de los que usted ha explicado ya aquí, ejecutó con la persona que usted ha reconocido se encuentra allí afuera para ver si tratamos de precisar. Contestó: El negocio principal con C.P. aclarando que es el señor que está afuera, es que le recibí por la suma de seiscientos millones de pesos, la hacienda XXX, como parte de pago de un lote que le vendí por la suma de seis mil doscientos millones de pesos. Preguntado: Por favor entonces vuelva a mirar la escritura XXX del 17 de marzo de 2005 relacionada con cuatro predios que son los números XXX-XXX, XXX. XXX, para que precise si fue con el señor que está afuera que hizo la negociación. Contestó: Con la persona que está afuera fue con quien negocié la finca XXX, que es un predio resultado de cuatro predios cuyos nombres no recuerdo y que se tomó por la medida de XXX aproximadamente hectáreas, esta hacienda XXX se tomó por seiscientos veinte millones de pesos. Aclarado lo anterior se deja constancia que la persona que se encuentra afuera es el señor C.A.P.S. Preguntado: Entonces qué explicación da usted al hecho de que aparezca la escritura XXX firmada el año pasado por el señor C.H.L.P. y usted. Contestó: Yo podría pensar como hombre de negocios que esta finca que me vende el señor C.A.P.S. que la tenía a nombre de otras personas y él me la vendió indirectamente a mí podría pensar porque yo hice el negocio con el señor P.S. yo creo que el señor P.S. podría ampliar este concepto en su declaración”.

Con respecto a dicha diligencia, el Tribunal consideró lo siguiente:

Pues bien, analizadas las explicaciones que sobre los hechos juzgados dio el ciudadano B.M., se encuentra que el indicio de mala justificación, al que se hace referencia, se configura aquí si se tiene en cuenta que: a) frente a la adquisición del bien conocido como “XXX” el señor A.B.M. dijo que lo recibió “... como parte de pago al señor C.P., como parte de pago de un lote que le vendí al citado señor en la ciudad de XXX, eso fue en el año 93 o 94...”. No obstante, dentro de la misma diligencia, dijo conocer a su compañero de causa solo desde hace 4 años atrás, es decir, teniendo en cuenta la fecha en que se recibió su versión —año 2006—; b) aunque se contaba con esta declaración inicial, acto seguido, dentro de esa misma diligencia manifestó no conocer al señor C.A.P.S.; c) bajo el precedente anterior, al aquí implicado se le puso de presente la escritura pública XXX del 11 de diciembre de 2003, mediante la cual se realizó una negociación entre él y P.S., frente a lo cual afirmó que “... lo que pasa es que yo en unas épocas yo prestaba dineros a personas que lo necesitaran y por medio de mi asesor el contador público F.A., se hizo esta negociación, yo en ese momento realmente no conocía sino simplemente firmé la escritura...”; d) una vez afirmado lo anterior, en parte posterior y como respuesta a la pregunta sobre la procedencia del bien inmueble por él adquirido, del cual la fiscalía le refirió los nombres de los hermanos R.G. como sus antiguos propietarios, contestó que: “... la verdad es que yo puedo demostrar plenamente cómo adquirí este bien y toda la actividad que he desarrollado en mi vida ha sido una actividad lícita, sin tener que recurrir a otras cosas, si los antiguos propietarios eran los señores que la doctora menciona, yo no lo sabía, y si aparecían en el certificado de tradición, pues uno no los conoce, porque yo hice el negocio directamente con el señor C.P.S. el que está afuera y a él le recibí esa hacienda por el valor que tantas veces hemos hablado de seiscientos veinte millones de pesos ...” (ver la diligencia en los fls. 64 a 76, cdno. 2).

A riesgo de resultar repetitiva, en orden a responder adecuadamente este reparo la Corte estimó indispensable volver a traer a colación lo manifestado por el sindicado en la indagatoria y lo expresado por el Tribunal en la sentencia ameritada, para denotar que ninguna razón le asiste al recurrente cuando sostiene que en la injurada su representado realmente no dijo lo que el Tribunal dijo que había dicho, siendo claro que es el recurrente, y no el sentenciador, quien pone a decir al medio algo que él efectivamente no dice.

Así las cosas, al no haberse configurado el yerro noticiado en la demanda, la censura queda sin apoyo y amerita ser desestimada por la Sala.

2.2.3. Tercer cargo. (Principal). Causal primera. Violación indirecta de la ley sustancial (falso juicio de existencia (simulación).

Finalmente, el recurrente asevera que el sentenciador de alzada dejó de considerar algunos de medios de convicción que informarían que el contrato de dación en pago obedeció a una simulación, que, según dice, “precisamente este fenómeno jurídico consiste en que la intención de negocio no coincide con lo finalmente declarado en la escritura”.

Comoquiera que este mismo reparo fue objeto de análisis por parte de la Sala cuando se ocupó de dar respuesta al segundo cargo (primero subsidiario) incluido en la demanda presentada a nombre de C.A.P.S., a dichas consideraciones se remite, para declarar la improsperidad de la censura.

Entonces, ante la falta de fundamento y de razón en la postulación de los ataques, en total discrepancia con el concepto de la procuradora delegada por las razones que párrafos arriba esta sentencia expresa, la Corte no tiene más alternativa que disponer no casar la sentencia recurrida.

Resta advertir, por último, que esta providencia causa ejecutoria con su suscripción y contra ella no procede recurso alguno, toda vez que no sustituye ni reemplaza el fallo de segunda instancia, en cuanto que la decisión de condena se mantiene, conforme a la literalidad del artículo 187, inciso 2º de la Ley 600 de 2000, pese a que los efectos jurídicos se surtan a partir de su comunicación.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, oído el concepto de la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia impugnada.

Contra esta decisión no proceden recursos.

Notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen.

Cúmplase».

19 Cfr. CSJ SP. 4 dic. 2013. Rad. 39230.

20 Promulgado en el Diario Oficial 35.461 del 20 de febrero de 1980.

21 Sentencia C-851 de 2005.

22 Ley 517 de agosto 4 de 1999, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de cooperación para la prevención, control y represión del lavado de activos derivado de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Paraguay”, suscrito en Bogotá, el treinta y uno (31 de julio de 1997, declarada exequible mediante Sentencia C-326 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

23 Ley 879 del 2 de enero de 2004 “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal”, declarada exequible mediante Sentencia C-619 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Ley 674 de julio 30 de 2001, “por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de cooperación para la prevención, control y represión del lavado de activos derivado de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana”, suscrito en Santo Domingo, el veintisiete (27) de junio de 1998, declarada exequible mediante Sentencia C-288 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

24 La Sala destaca, lo anotado en la exposición de motivos por ocasión a la expedición de esta ley: “Conforme a la actual redacción del artículo 177 del Código Penal colombiano no puede ser sancionado como autor de receptación la persona que haya tomado parte (como autor individual o como copartícipe) en la comisión del delito principal, entendido este como aquel del que provienen los dineros u objetos que son materia de la receptación”.
“Si por razones de política criminal se desea reprimir de una forma más severa a quienes habiendo cometido delitos de narcotráfico efectúan maniobras tendientes a legalizar los dineros ilícitamente obtenidos, sería recomendable tener en cuenta dos aspectos:

“El primero de ellos, consiste en no recurrir a la modificación de la norma general sobre receptación, porque ello conduciría a agravar de manera injustificable la punibilidad de los autores de delitos diversos a los de narcotráfico, como ocurriría con quien ha hurtado un electrodoméstico y lo oculta para no ser descubierto, o con quien habiendo hurtado un reloj procede a venderlo para obtener el apetecido provecho económico; en casos como los aquí ejemplificados, resultaría desproporcionado penar a estas personas no solo como autores de un delito de hurto sino, adicionalmente, como responsables de un delito de receptación. Por consiguiente, si lo que se pretende es sancionar de manera más ejemplar a los autores de delitos como el narcotráfico, debe pensarse en la redacción de una norma que específicamente recoja los casos de receptación sobre bienes procedentes de esos delitos”.

“El segundo aspecto que debe tenerse en cuenta es que esa finalidad de sancionar más severamente a los autores del delito de narcotráfico que ejecutan maniobras de legalización de bienes o dineros obtenidos por esa ilícita vía, no puede conseguirse a través del artículo 177 del Código Penal colombiano, el cual no admite una interpretación diversa de la que le ha conferido la doctrina colombiana, en consonancia con legislaciones y doctrinas extranjeras. En consecuencia, la única vía para lograr sancionar a una misma persona por el delito de narcotráfico y adicionalmente por el de receptación de los bienes procedentes de aquel delito, es la redacción de una nueva norma que de manera expresa recoja ese específico comportamiento” (subrayas fuera de texto).

25 Sentencia del 28 de noviembre de 2007, radicado 23. 174.

26 Cfr. Sentencia del 28 de febrero de 2007, radicación 23881.

27 Fls. 64 y ss. cdno. 2.

28 “Tengo que decir que todos los papeles que le he firmado a mi primo, no ha sido únicamente esta escritura, lo he hecho sin examinar una letra de lo que estoy firmando, porque tengo plena y absoluta confianza en él”.

29 Fls. 2 y ss. cdno. 8.

30 “Investigación de varias empresas relacionadas con el conocido narcotraficante H.C.B., donde se señalaba que tiene relación con otro reconocido narcotraficante “alias XXX”. Y señalado como lavador de alias XXX en el Radicado XXX, en cuyas inspecciones judiciales, se dejó señalada la prueba testimonial que involucra a B.M.”.