Sentencia SP8053-2017/50139 de junio 7 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado ponente:

Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa

SP 8053-2017

Rad. 50139

(Aprobado Acta Nº 182)

Bogotá D.C., junio siete de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «La demanda

Contiene un único cargo sustentado en la causal de violación indirecta de la ley sustancial derivada de error de hecho por falso raciocinio.

En orden a fundamentar el yerro, lo primero sobre lo cual el censor hizo énfasis tuvo que ver con la incorporación como medio de prueba a esta actuación de las solicitudes elevadas por su defendida orientadas a que la dirección de prestaciones del Ministerio de Defensa Nacional dispusiera sobre el 25% dejado a salvo por el deceso de H... E... C... H... y el acto de reconocimiento de notificación por conducta concluyente del auto admisorio de la demanda respecto de L... E... D... como representante legal de su hija M... C... C... D..., decretado, con efectos retroactivos, por la Sala de Familia del Tribunal de Bogotá en la sentencia de segunda instancia del 12 de diciembre de 2005, dictada dentro del proceso de filiación extramatrimonial y petición de herencia promovido por Z... E... V... H..., en calidad de representante legal de la menor M... E... N... C... V....

Identificados los medios de prueba relevantes para su propuesta, indicó que como en la demanda que originó el referido proceso civil, admitida mediante auto del 14 de marzo de 2000, no aparece como demandada la menor M... C... C... D..., no era obligatorio notificarla del auto que corrió traslado de la demanda o que libró mandamiento ejecutivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 del Código de Procedimiento Civil, vigente para ese momento, pues tal condición en este caso —la de demandada— estuvo integrada por “L... E... D..., en calidad de cónyuge supérstite del señor C…, y por sus herederos indeterminados, y no por la menor M... C... C... D...”.

Bajo esa perspectiva, estimó el censor que no obedece a una adecuada comprensión de la figura del demandado suponer que si L... E... D... dio contestación a la demanda en su condición de cónyuge del señor H... E... C... H..., se entienda que a través suyo también se surtió la notificación de la menor sólo por ser su representante legal, dado que esta última no fue demandada directamente. La actuación que realizó su defendida en ese proceso, entonces, no se hace extensiva a la menor de edad, “porque sin tener la condición de demandada era jurídicamente improcedente para la madre notificarse en su representación”.

Por consiguiente, cuando L... E... D... presentó las solicitudes a la División de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional el 4 de septiembre de 2001 y el 11 de enero de 2002, su hija M... C... C... D... aún no había sido notificada de la demanda de filiación y petición de herencia, por no haber sido incluida en el grupo de sujetos pasivos de la demanda, acto que sólo se vino a concretar el 16 de septiembre de 2003 cuando el proceso se adelantaba en el juzgado 11 de familia de Bogotá.

De esa forma, concluyó, las manifestaciones contenidas en las solicitudes presentadas por L... E... D... en el sentido de que su hija menor de edad no había sido notificada de la demanda de filiación y petición de herencia, corresponden a la realidad que estaba expresando y que se mantuvo como cierta durante todo el proceso y que sólo vino a alterarse, de forma sobreviniente, con la decisión de la Sala de Familia del Tribunal de Bogotá del 12 de diciembre de 2005, que dio por notificada a la menor C... D... a partir del 7 de junio de 2001, es decir, con efectos retroactivos.

Es incuestionable, en consecuencia, no sólo que lo afirmado por L... E... D... en dichas solicitudes compaginaba con la realidad procesal de ese momento, sino que su petición era consonante con lo establecido en el inciso 3 del artículo 10 de la Ley 75 de 1968, de acuerdo con el cual la sentencia de filiación sólo produce efectos patrimoniales en contra de las personas que han sido parte del proceso siempre y cuando hayan sido notificadas dentro de los dos años siguientes a la fecha de defunción del causante.

En ese orden, añadió el defensor, resulta errado el razonamiento inferencial expuesto por el tribunal para revocar la absolución de su defendida dispuesta por el fallador de primera instancia de empezar por transcribir el aparte correspondiente de la sentencia de la Sala de Familia de esa misma corporación donde se consigna la interpretación referida, para acto seguido citar el enunciado del Código de Procedimiento Civil que regula la figura de la notificación por conducta concluyente y luego, “sin ninguna consideración de carácter probatorio, plantear que las afirmaciones de L... E... D... en las solicitudes que dirigió al Ministerio de Defensa son ‘manifiestamente fraudulentas’ y ‘de contenido mendaz’. Y sólo con esos dos elementos, la Sala Penal de Tribunal llegó a la conclusión de la comisión, por parte de mi defendida, del delito de fraude procesal, en la condición de autora”.

En esa argumentación, estimó el libelista, la corporación judicial incurrió en el error de valoración probatoria invocado por violación de postulados de la lógica y de la ciencia. Del primero, porque vulneró el principio de identidad al no tener en cuenta que la condición de demandado en el ordenamiento procesal civil surge de la determinación que se hace en la demanda, por lo que “el principio (A=A), traducido en términos de lógica jurídica (demandado=demandado) es pretermitido cuando se le está dando a ‘A’ (demandado) un estatus que no tiene para igualarlo a ‘A’ (no demandado)”.

Y, del segundo, porque es imposible que pudiera prever para los años 2001 y 2002, cuando hizo la manifestación de que su hija menor no había sido notificada, que en el 2005 la Sala de Familia del Tribunal iba a decidir una nueva notificación por conducta concluyente. Se infringió, de ese modo, la regla científica de la correspondencia del hecho enunciado con la realidad óntica-empírica existente.

Un razonamiento acorde con la lógica y las reglas del conocimiento adecuadas al caso, imponía reconocer el carácter verídico y cierto de las afirmaciones contenidas en las solicitudes, dada su correspondencia con la verdad procesal de los años 2001 y 2002, “razón por la cual la valoración acertada para este acervo es la de inexistencia de prueba, en términos de certeza, de la comisión de una conducta e inducción a error”. Contrariamente, aseguró, se está ante una conducta jurídica y socialmente adecuada a derecho y, por lo mismo, atípica.

Adicionalmente, emana la atipicidad subjetiva del comportamiento por no concurrir el elemento cognitivo del dolo, el cual, según la dogmática del Derecho Penal, debe ser actual, en contraposición al simplemente potencial. En este caso, añadió, no se puede considerar actual el conocimiento de su representada porque la ponderación acerca de que en sus solicitudes consignó una falsedad obedece a una valoración posterior o futura.

Por lo expuesto, el demandante pidió casar la sentencia recurrida para que sea revocada y, consiguientemente, se confirme el fallo absolutorio de primer grado.

Concepto del Ministerio Público:

Para la procuradora delegada, es un hecho innegable el conocimiento que L... E... D... C… tenía sobre la vigencia del proceso de filiación dentro del cual se reclamaban los derechos patrimoniales de la menor M... E... N... C... V..., “por tanto, cualquier manifestación en contrario que pretendiera realizar la demandada ante la actuación administrativa y que implicara el desconocimiento del expediente no podía estar precedida de nada diverso que de la mala fe o el ánimo doloso del ocultamiento del hecho”.

En tal sentido, frente a su pretensión de que la autoridad administrativa resolviera sobre el 25% de las prestaciones económicas del extinto militar que se habían dejado en reserva “le era exigible informar al operador administrativo sobre la existencia de dicha actuación judicial, independiente de que mediara o no en la misma la notificación de la demanda a su menor hija pues, de no obrar tal específico señalamiento, se estaría suprimiendo, necesariamente, parte de la información que constituye la base conceptual de la decisión final reclamada —elemento cognitivo de la ilicitud de la conducta—”.

Por el contrario, al reclamar la procesada de una forma por demás reiterada un pronunciamiento expedito de la autoridad en dicha materia, “ocultando a la misma la real existencia del proceso de filiación, se toma evidente que lo pretendido era precisamente lograr el ocultamiento de ese hecho”, con lo cual se pone de presente su ánimo delictivo o aspecto volitivo del delito.

En la Resolución 015077 de 20 de diciembre de 1999, por medio de la cual se estableció la salvaguarda de los dineros, se procedió de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, a la espera de que obrara la notificación de la demanda de filiación o el aporte del registro civil de M... E... N... V... como hija de H... E... C... H... pero, sin que en dicho documento o norma alguna se señale, como quiere hacerlo ver el demandante en casación, que tal acto de notificación de la demanda debiera obrar, en forma específica, respecto de la persona con quien se alega compartir los derechos reclamados”.

Lo anterior, añadió la delegada, porque de acuerdo con la misma disposición el acto de notificación debe obrar dentro de los dos años siguientes y siendo que L... E... D... C… era demandada dentro de ese proceso “estaba obligada o compelida a hacer claridad sobre tal tópico a la autoridad administrativa, ante quien concurría para reclamar la definición de la prestación, amparada en que actuaba como representante legal de su menor hija”.

Un actuar contrario, precisó, constituye una afrenta a lo previsto en el artículo 83 de la carta política, según el cual en la actuación administrativa los particulares y las autoridades están obligados a actuar bajo la presunción de buena fe, lo que impone deberes de lealtad y probidad, precisamente los bienes jurídicos materia de garantía en el artículo 453 del C.P.

En el presente caso, aseguró, en la conducta realizada por la procesada se verifican los aspectos cognitivo y volitivo que configuran el tipo penal de fraude procesal porque D... C... “a) conoció oportunamente de la existencia del proceso, b) confirió poder para la defensa de sus intereses, c) tomó parte activa en la tramitación del asunto y, no obstante ese conocimiento, d) ocultó la existencia del proceso a la autoridad administrativa, para lograr el alcance de sus pretensiones. Lo que denota, el ánimo que asistía a la misma para mediante dicho silencio, lograr una determinación contraria a derecho”.

Es, entonces, a partir del conocimiento que la implicada tenía del proceso de filiación y de la forma como actuó para reclamar la entrega de los dineros, que se evidencia su actuar doloso “con el propósito directo de hacer incurrir en error al operador administrativo, sustrato típico del delito de fraude procesal”.

Y, si se tratara de simples aspectos técnicos, como finalmente lo reclama el demandante en casación, el acto de integración del contradictorio se cumplió de forma material y efectiva desde el 7 de junio de 2001, “en tanto que lo suscitado el día 12 de diciembre de 2005, es el final reconocimiento procesal por parte de la superioridad de que ello había ocurrido desde tal fecha; oportunidad que sobreviene por el momento procesal de intervención en el asunto y no por la revaluación de acotaciones anteriores”.

Conocedora la procesada, entonces, del proceso de filiación desde el 7 de julio de 2001 y de la integración oficiosa que en el mismo se verificó del contradictorio, mal podía afirmar que para los días 4 de septiembre de 2001 y 11 de enero de 2002, cuando elevó las solicitudes, su hija menor no había sido objeto de notificación de demanda alguna.

Al no ser de su arbitrio utilizar ese aspecto, esto es, el de la notificación de su hija, para ocultar a las autoridades la existencia del proceso, emerge un acto de inducción dolosa en error al operador administrativo “no siendo, tampoco, admisible y en sede de casación de un proceso penal, pretender revivir el curso de un proceso de familia frente a situaciones jurídicas ya consolidadas, como lo fue la notificación de la demanda...”.

Como de ese acto de inducción en error la procesada obtuvo un beneficio económico en favor de su hija M... C... C... D..., están demostrados el hecho típico y el ánimo doloso que precedió a su acción, por lo que la sentencia condenatoria proferida en su contra es ajustada a derecho y no debe ser casada, como así lo pide a la Sala.

Consideraciones de la Corte:

El Tribunal revocó la absolución adoptada en primera instancia en favor de la procesada L... E... D... C… por el delito de fraude procesal tras estimar que en las solicitudes que elevó ante la división de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa Nacional del 4 de septiembre de 2001 y del 11 de enero de 2002 consignó “manifestaciones fraudulentas... referidas a que no se había producido notificación a su hija de la demanda, pues cualquiera sea el alcance que se dé a las reflexiones de los jueces y el Tribunal de Familia es incuestionable que desde que el diligenciamiento estaba en el juzgado de Cereté ella tenía razón de su existencia(5)”. Ello incidió para que se reconociera a favor de su descendiente, M... C... C... D..., el 25% de las prestaciones sociales dejado a salvo mientras se aportaban la sentencia de filiación y el registro civil de nacimiento de M... E... N... C... V..., hija extramatrimonial del fallecido H... E... C... H...(6).

Sostuvo el tribunal, en complemento de la anterior motivación, que “de no haber faltado a la verdad tan gravemente en esos petitorios la suerte que hubiera corrido el dinero que correspondía a M... E... N... C... V... —antes M... E... N... V... H...— hubiera sido otra y no se hubiera producido un grave atentado contra la eficaz y recta impartición de justicia, interés jurídico protegido por el precepto que tipifica la ilicitud que ocupa este enjuiciamiento, pues, sin duda, por haber sido víctimas del error en que fueron inducidos los militares a cargo de la Dirección de Prestaciones y de la Jefatura de Desarrollo Humano mencionadas no hubieran incurrido en las actuaciones y en la decisión contraria a derecho”(7). Criterio similar se plasmó en la resolución de acusación de segunda instancia y en el concepto emitido por la procuradora delegada ante esta Sala en apoyo de la sentencia impugnada.

Para la Corte, estos razonamientos no se avienen con lo acreditado en la actuación y, por lo tanto, casará el fallo.

El tipo penal de fraude procesal atribuido a la procesada L... E... D... C…, descrito en el artículo 453 del C.P., vigente para la época de los hechos, prescribe que:

“El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años”.

De acuerdo con el tribunal, la fiscalía de segunda instancia y la procuraduría delegada ante la Corte, el juicio de reproche contra L... E... D... C… se estructura sobre la base de que conociendo de la existencia del proceso de filiación y petición de herencia promovido por la progenitora y representante legal de la menor M... E... N... V... H..., con miras a que se reconociera a esta última como hija extramatrimonial del fallecido H... E... C... H..., presentó, a nombre de su descendiente M... C... C... D..., concebida matrimonialmente con el mencionado, solicitudes a las autoridades administrativas donde faltó de manera grave y fraudulenta a la verdad, al manifestar que su representada no se había notificado de la demanda, lo cual determinó que las autoridades administrativas adoptaran una decisión contraria a derecho consistente en adjudicar el referido porcentaje a la menor que representaba la procesada, en perjuicio de la otra hija del causante.

Con sujeción a los elementos del tipo penal de fraude procesal imputado, la Corte encuentra que en este caso no está demostrado que la acusada haya desplegado medios fraudulentos tendientes a inducir en error a un servidor público para obtener un acto administrativo contrario a la ley. En sustento de esa conclusión, son relevantes los cuestionamientos consignados en la única censura propuesta en la demanda.

Para tal efecto, es preciso recordar que la salvaguarda del 25% del monto de las prestaciones sociales sobrevinientes por el deceso de H... E... C... H..., mientras se aportaban a la correspondiente actuación administrativa la sentencia del proceso de filiación y el registro civil de quien para esa época se llamaba M... E... N... V... H..., se estableció a través de dos resoluciones administrativas.

La primera fue la Resolución 015077 de 20 de diciembre de 1999 expedida por el director de la oficina de prestaciones sociales del Ejército Nacional(8), en relación con las cesantías y la compensación por muerte. La segunda, la 00343 del 24 de marzo de 2000(9), respecto de la pensión por muerte, suscrita por el secretario general del Ministerio de Defensa.

En las consideraciones del último acto administrativo, se señaló:

“Que teniendo en cuenta que existe una presunta hija extramatrimonial de quien hasta la fecha no se ha establecido el vínculo de parentesco con el mismo, este ministerio procederá a dejar a salvo en su poder el 25% de la pensión que aquí se reconozca, hasta tanto se allegue copia debidamente ejecutoriada de la sentencia proferida dentro del proceso de filiación natural que se adelante, así como copia del registro civil de nacimiento de la menor M... E... N... V... H…, en la que se declare como hija extramatrimonial del citado oficial, de conformidad con lo previsto en la Ley 75 de 1968.

“Que el artículo de la norma ibídem en su inciso 3º, indica: ‘la sentencia que declare la paternidad en los casos que contemplan los dos incisos precedentes, no producirá efectos patrimoniales sino a favor o en contra de quienes hayan sido parte en el juicio, y únicamente cuando la demanda se notifique dentro de los dos años siguientes a la defunción’.

“Que si vencido el término a que se hace alusión en el artículo 10 de la norma ibídem, no se ha surtido la actuación antes indicada, este ministerio procederá a resolver sobre el porcentaje de la pensión dejada a salvo, previa petición de los interesados, evento en el cual se dictará nueva resolución”.

Se logra evidenciar así que el último párrafo transcrito de esta resolución administrativa autorizó expresamente a los interesados a elevar petición para que se resolviera sobre la adjudicación del porcentaje dejado a salvo en caso de advertirse el vencimiento del plazo establecido en la disposición legal (L. 75/1968, art. 10, inc. 3º) sin que se hubieran allegado los documentos referidos, en cuyo caso se emitiría una nueva resolución.

Pues bien, ninguna duda surge en cuanto a que L... E... D... C… si bien no ejercía su derecho propio —el cual ya había quedado resuelto con la adjudicación a su favor del 50% del monto de las prestaciones sociales por su calidad de cónyuge del causante H... E... C... H...— lo hizo válidamente en representación de su hija menor de edad M... C... C... D..., como así lo reconocieron las autoridades administrativas en las citadas Resoluciones 015077 y 00343 al ordenar el pago del 25% a favor de esta última “a través de su representante legal la señora D... C... L… E… C.C. XXXXXXXX(10)”.

Si ello es así, no se remite a duda que contaba con facultad plena para elevar las peticiones en cuestión, pues la misma administración, se insiste, facultó a los interesados dentro de la correspondiente actuación para hacerlo. Desde ese punto de vista, no se puede considerar que la presentación de las solicitudes ya evidenciaba, como lo insinuó la procuradora delegada, un malintencionado propósito de engañar a las autoridades para obtener un indebido beneficio, pues la procesada simplemente hacía uso de un derecho en favor de su descendiente reconocido por las autoridades públicas y la ley, como fue anunciado en las resoluciones aludidas.

En ese contexto, vale decir, por hacer uso de una facultad otorgada previamente, carece de incidencia que hubiera presentado dos escritos, o incluso tres, si se tiene en cuenta la petición suscrita por la procesada el 26 de marzo de 2002(11), en la que ya informada por las autoridades sobre el hecho de que se elaboraría un nuevo acto administrativo por no haberse aportado los documentos exigidos, demanda su emisión consignando nuevamente que su solicitud se fundamenta en que “han transcurrido más de dos años de la expedición de la resolución (se refiere concretamente a la 00343) y mi hija no ha sido notificada de la demanda”.

La procesada, entonces, al elevar las solicitudes estaba haciendo uso de un derecho a nombre de su descendiente que tenía o que consideraba tener, para lo cual no se debe soslayar que no es una profesional del derecho a quien pueda exigírsele un análisis jurídico en torno al alcance del artículo 10, inciso 3º, de la Ley 75 de 1968.

En uso de ese derecho o facultad, lo único que por razón de su condición de no abogada podía exigírsele a la sindicada, sin estar demostrado que hubiera contado para la redacción de las peticiones con algún tipo de asistencia profesional o que por determinada circunstancia contara con tales conocimientos legales, pues lo que informa la actuación es acerca de su profesión de odontóloga al servicio de las Fuerzas Militares(12), es que fuera consciente de que transcurridos dos años desde la muerte de su cónyuge sin presentarse los documentos requeridos, estaba habilitada a nombre de su hija a solicitar, de acuerdo con las resoluciones administrativas previas, un pronunciamiento sobre el porcentaje prestacional dejado a salvo, pues ello favorecería indiscutiblemente a su descendiente, cuyos derechos estaba obligada a hacer valer. Eso fue lo que hizo.

Su proceder, además, al estar enmarcado en un derecho reconocido en beneficio de su descendiente menor de edad M... C... C... D..., tampoco se puede considerar, como lo indicó la Procuradora Delegada, contrario a la buena fe y al deber de lealtad que el artículo 83 de la Constitución Política exige a las autoridades públicas y a los particulares.

Menos todavía cuando, también a diferencia de lo que sostuvo la procuradora delegada, no es cierto que la procesada estuviera obligada a informar a la administración de lo sucedido en el proceso de filiación. La única carga que asistía, de acuerdo con los términos de las resoluciones que dejaron a salvo el porcentaje como medida de protección para los eventuales derechos de la menor M... E... N... V... H..., corrían por cuenta de la progenitora de esta última, de allegar la sentencia de filiación, el registro civil o, por lo menos, conforme al tantas veces mencionado artículo 10, inciso 3º, de la Ley 74 de 1968, de acreditar la notificación de la demanda con el objeto de garantizar los efectos patrimoniales del eventual fallo dentro del proceso de filiación. La omisión de cumplir con ese deber, únicamente es atribuible a Z... E... V... H..., progenitora y representante legal de la menor M... E... N... V... H..., y no a la procesada.

Por otra parte, justamente porque la implicada L... E... D... C… no ostenta la calidad de profesional del derecho, tampoco resulta razonable exigirle, como se le reprochó en el fallo impugnado, en la acusación y en el concepto de la Delegada, que tuviera precisión absoluta en cuanto al alcance de una figura jurídica, como lo es la notificación de los actos procesales en actuaciones judiciales, para de ahí concluir que lo consignado en las solicitudes reñía con la verdad y tenía por fin engañar a las autoridades administrativas.

Menos aún cuando, como bien lo indicó el casacionista, el tema de la determinación de la fecha en que operó la notificación de la menor M... C... C... D... generó controversia al interior del proceso de filiación, hasta el punto de que sólo vino a resolverse por la Sala de Familia del Tribunal de Bogotá en la sentencia de segunda instancia dictada dentro de ese diligenciamiento el 12 de diciembre de 2005, esto es, alrededor de cuatro años después de que la sindicada elevara las solicitudes ante la autoridad administrativa para que resolviera sobre el monto del 25% de las prestaciones dejado a salvo.

Por consiguiente, razón le asiste al censor cuando afirmó que a su defendida no se le podía exigir claridad sobre un punto cuya definición se dio mucho tiempo después. En ese orden de ideas, aun cuando la decisión de la Sala de Familia del Tribunal de Bogotá, de acuerdo precisamente con el artículo 10, inciso 3º, de la Ley 75 de 1968, puede tener efectos retroactivos en relación con los derechos patrimoniales que emanan de la sentencia de filiación en favor de M... E... N... C... V... como hija extramatrimonial de H... E... C... H...(13), de manera alguna altera la percepción que L... E... D... C… tenía para la fecha de las peticiones presentadas sobre la notificación a su hija de la demanda de filiación.

Y no es que a través de esta interpretación se esté cuestionando una decisión judicial dictada dentro de un proceso civil, como lo anotó la delegada, sino que para el análisis de la responsabilidad penal que atañe es imprescindible determinar si, para el momento en que se realizaron las afirmaciones, eran o no contrarias a la verdad.

Por otra parte, si bien es cierto que, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala, los particulares tienen el deber de veracidad dependiendo de la naturaleza del documento y su trascendencia jurídica, valga decir, “cuando está destinado a servir de prueba de una relación jurídica relevante, que involucra o puede llegar a comprometer intereses de terceras personas determinadas”, (CSJ. SP, nov. 29 de 2000, rad. 13231, en el mismo sentido, AP, oct. 22 de 2012, rad. 36073), como ocurre en el presente caso porque lo manifestado podría afectar la pretensión económica de la menor M... E... N... C... V..., no se puede extender esa obligación hacia conceptos que están lejos del ámbito de comprensión del autor del documento en virtud de su carácter técnico o profesional.

Acorde con ello, colige la Sala que el tribunal se equivoca cuando señala que es contraria a la verdad la afirmación de la procesada consistente en que su hija no se había notificado de la demanda, no sólo porque esa conclusión parte de un conocimiento futuro (en virtud de una decisión judicial posterior que así lo determinó) que le era imposible prever, sino en cuanto se trata de una noción —la de las notificaciones en sentido jurídico— que, por lo demostrado en el proceso, no estaba la inculpada en capacidad de aprehender por carecer de formación en derecho.

Tampoco es cierto que la aludida afirmación contenida en las peticiones haya derivado en inducción en error al servidor público, en este caso, a las autoridades administrativas encargadas de resolver sobre el remanente del 25% de las prestaciones sociales que se había dejado a salvo.

En la sentencia impugnada se adujo, como ya se vio, que el error de la Administración Pública consistió en que a partir de lo manifestado por la procesada sobre la falta de notificación de la demanda de filiación a su hija M... C... C... D... se ocultó la existencia de ese proceso, lo cual generó la decisión contraria a derecho cuyo sentido debió ser distinto en caso de haber sabido su existencia. Para esa corporación judicial tal actitud de la procesada es reprochable, particularmente cuando “es incuestionable que desde que el diligenciamiento estaba en el Juzgado de Cereté ella tenía certeza de su existencia(14)”. La procuradora delegada también fue enfática sobre ese aspecto para fundamentar su opinión de no casar el fallo.

Sin embargo, esa argumentación es incorrecta en tanto lo que se desprende de los medios de convicción es que las autoridades administrativas encargadas de resolver sobre el remanente prestacional tenían conocimiento, antes de que L... E... D... C… presentara las solicitudes del 4 de septiembre de 2001 y 11 de enero de 2002, acerca de la existencia del proceso de filiación y petición de herencia promovido por Z... E... V... H..., como representante de su hija menor de edad M... E... N... V... H..., luego lo manifestado por la procesada en los escritos donde pidió resolver sobre el monto salvado no podía tener por objeto el ocultamiento a las autoridades administrativas de ese proceso.

En efecto, en la parte considerativa de la Resolución 015077 del 20 de diciembre de 1999 expedida por el director de prestaciones sociales del Ejército Nacional, por medio de la cual, como ya se ha dicho, se dejó a salvo el 25% de las cesantías definitivas y de la compensación por muerte de H... E... C... H..., se precisó:

“Obran en el expediente documentos de V... H... Z... E..., madre de la menor V... H... M... E... N..., quien allegó constancia de iniciación de proceso de filiación extramatrimonial(15)”.

Con base precisamente en esa documentación suministrada por Z... E... V... H... fue que se tomó la determinación de salvaguardar el 25% de estas prestaciones “hasta tanto se allegue la sentencia del proceso de filiación extramatrimonial y el respectivo registro civil de nacimiento de la menor V... H… M... E... N..., en donde se demuestre el parentesco con el causante”, lo cual, a diferencia de lo que sostiene el tribunal, denota conocimiento acerca de la existencia del proceso civil en cuestión. Muy seguramente si la progenitora de la menor M... E... N... V... H... no hubiera allegado la documentación por medio del cual acreditó la iniciación del proceso de filiación, la Administración no hubiera tomado esa determinación en favor de quien aparecía como posible hija extramatrimonial de H... E... C... H....

Lo mismo sucedió con la Resolución 00343 de 24 de marzo de 2000, suscrita por el secretario general del Ministerio de Defensa Nacional, en la que se tomó igual decisión con respecto a la pensión por muerte del mencionado, en cuya parte considerativa se consignó:

“Que así mismo se hizo presente la señora Z… E… V... H…, en representación de M... E... N... V... H…, presunta hija extramatrimonial.

“Que a folio 14 del expediente prestacional, obra fotocopia del escrito dirigido al juez de familia de Santa Fe de Bogotá, D.C., ‘reparto’ por medio del cual Z… E… V... H… otorga poder a efectos de que inicie y lleve hasta su terminación proceso de filiación natural a favor de la citada menor(16)”.

Las autoridades administrativas, en consecuencia, conocían de la existencia del proceso de filiación, de suerte que la afirmación contenida en las solicitudes que posteriormente elevó la procesada sobre la falta de notificación de la demanda a su hija M... C... C... D... no podía tener por fin ocultar la existencia de ese diligenciamiento, como lo sostiene el tribunal y lo avala la procuradora delegada.

Otros elementos de juicio que obran en la presente actuación respaldan esa conclusión. Así, en la respuesta que el director de prestaciones sociales del Ejército Nacional ofreció a la segunda petición de la procesada orientada a que se resolviera sobre el monto prestacional salvaguardado, mediante el oficio 347709 del 22 de enero de 2002, se indicó que “revisado el expediente prestacional Nº 14292 del 7 de diciembre de 1999 se pudo constatar que a la fecha no se ha recibido sentencia del proceso de filiación extramatrimonial... de la menor V... H… M... E... N..., exigido a través de la Resolución 01577 del 20 de diciembre de 1999(17)”.

De igual forma en la Resolución 17519 del 27 de febrero de 2002, a través de la cual se decidió otorgar el 25% de las prestaciones dejado a salvo a M... C... C... D..., se plasmó similar consideración al señalar que “se pudo constatar que a la fecha no se ha recibido sentencia del proceso de filiación extramatrimonial...” y al indicar, también, que “por haber transcurrido dos años sin que se haya aportado la sentencia del proceso de filiación extramatrimonial y el respectivo registro civil de nacimiento de la menor V... H… M... E... N..., se hace necesario ordenar pagar la suma correspondiente al 25% dejado a salvo en la Resolución 15077 del 20 de diciembre de 1999(18)”.

Por último, no se puede concluir, como lo plasmó el tribunal, que los actos de inducción en error desplegados por L... E... D... C… hayan derivado en una decisión contraria a derecho, esto es, la de otorgar el 25% a la menor M... C... C... D... en detrimento de la también menor M... E... N... C... V....

Al respecto, no se debe olvidar que para ese momento, es decir, para el 27 de febrero de 2002 cuando se emitió la Resolución 17519 por el jefe de desarrollo humano del Ejército Nacional ordenando pagar el 25% a favor de M... C... C... D..., no se conocía la sentencia que emitió el juzgado once de familia de Bogotá el 24 de septiembre siguiente por medio de la cual se declaró que M... E... N... V... H... es hija extramatrimonial de H... E... C... H..., quien desde el momento de inscripción en su registro civil se llamaría M... E... N... C... V...(19), ni mucho menos la de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá del 12 de diciembre de 2005 que en segunda instancia confirmó esa determinación(20), razón por la cual no es acertado calificar el acto administrativo como contrario a derecho, pues ello surge a partir de un juicio basado en un hecho sobreviniente.

Sobre el particular, la Sala de Casación Civil de esta corporación en la Sentencia CSJ. SC, nov. 30 de 2006, rad. 0024-01, precisó:

“Desde esa perspectiva, esto es, en cuanto enderezada a establecer que el demandante fue procreado por el demandado, la acción de investigación de paternidad extramatrimonial tiene un cariz nítidamente declarativo; empero, y esto resulta particularmente significativo, solamente a partir de la certidumbre que la sentencia arroja sobre ese hecho (el nexo genético que liga al reclamante con el demandado) aflora explícita la relación jurídica que la filiación presupone.

(...).

“En fin, lo que se quiere poner de presente es, entonces, que independientemente de que con antelación a la sentencia preexista el nexo biológico que liga al procreado con el procreador, solamente a partir de ella aquél adquiere el status de hijo extramatrimonial, o lo que es lo mismo, es con la sentencia respectiva como esa situación fáctica adquiere relevancia jurídica ...”.

Queda claro, por consiguiente, que la conducta realizada por la procesada L... E... D... C… no encuentra adecuación en el tipo penal atribuido de fraude procesal sancionado en el artículo 453 del Código Penal. En consecuencia, resulta atípica, conforme lo planteó el defensor en el único cargo de la demanda.

Así las cosas, se casara el fallo condenatorio impugnado y, en su lugar, se dejará en firme el absolutorio de primera instancia.

En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CASAR la sentencia condenatoria de segundo grado, para, en su lugar, confirmar el fallo absolutorio de primera instancia dictado en favor de L... E... D... C...

Contra esta decisión no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase».

(5) Págs. 10 y 11 del fallo de segunda instancia.

(6) Pág. 11 ibídem.

(7) Pág. 12 ibídem.

(8) A partir del folio 47 del c.o.

(9) A partir del folio 71 del c.o.

(10) Fls. 48 y 73 ibídem.

(11) Fl. 56 ibídem.

(12) Así, en su indagatoria rendida el 29 de abril de 2011, a fls. 107 y ss. ibídem.

(13) Así, en la Sentencia de la Sala de Casación Civil de esta corporación, CSJ. SC, mayo 9 de 2014, rad. 1101-31-10-013-1990-00659-01, sobre el derecho a reclamar la paternidad y sus efectos patrimoniales, se precisó que “Este derecho se puede ejercer, incluso, después de la muerte del presunto padre, en cuyo caso quien alegue ser su hijo tiene la facultad de interponer la respectiva acción judicial, no sólo para que se declare el vínculo biológico sino, además, para que se le reconozcan sus derechos sucesorales. Este último evento, que se concreta a las consecuencias económicas de la declaración de estado civil, tiene una limitación legal, consistente en que la sentencia que declara la paternidad ‘no producirá efectos patrimoniales sino a favor o en contra de quienes hayan sido parte en el juicio, y únicamente cuando la demanda se notifique dentro de los dos años siguientes a la de función’. (L. 75/1968, art. 10, inc. 4º)...”.

(14) Página 11 del fallo de segunda instancia.

(15) Fl. 47 del c.o.

(16) Fls. 71 y ss. ibídem.

(17) Fl. 53 ibídem.

(18) Fls. 59 y 59 vto. ibídem.

(19) Fls. 8 y ss. ibídem.

(20) Fls. 28 y ss. ibídem.