Sentencia SP8060-2017/41320 de junio 7 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP8060-2017

Rad.: 41320

Aprobado Acta 182

Magistrado Ponente:

Dr. Eugenio Fernández Carlier

Bogotá, D.C., siete de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II Audiencia de sustentación

5. La asistencia técnica del acusado se remitió de manera sintética a la queja expuesta en la demanda, en la que con sustento en el artículo 181, numeral 3º, de la Ley 906 de 2004, denuncia la violación indirecta de la ley sustancial originada en yerros de valoración probatoria determinantes de la indebida aplicación de las normas que sustentan la condena de su prohijado por el delito de estafa agravada.

En esencia los desatinos invocados se resumen así:

5.1. Acerca del testimonio de K.G. indica que el tribunal incurrió en falso juicio de identidad, pues al captar su contenido hizo caso omiso de las manifestaciones de aquél con base en las cuales reconoció que es una persona con experiencia en transacciones como la que fue objeto de debate en este proceso, y de aquéllas otras expresiones del declarante indicativas de que en el concreto negocio éste no solo vio e inspeccionó el camión, sino que tuvo en sus manos la tarjeta de propiedad del automotor que compró al acusado, documento en el que constan claramente los aspectos que aseguró le fueron ocultados por el procesado, como son la prenda que afectaba al rodante y el modelo del mismo, circunstancias que de haber sido consideradas impedían afirmar que el enjuiciado indujo en error al denunciante (cargos primero y tercero).

5.2. Sostiene que respecto del contrato de compraventa del rodante suscrito entre el procesado, como vendedor, y K.G., como comprador, el fallador de segundo grado incurrió en equivocada apreciación, pues la omisión cometida por el abogado de confianza del último al elaborar el aludido documento y no referir o referenciar la prenda que afectaba al automotor y que constaba en la tarjeta de propiedad que le presentó el acusado para esos efectos, se le atribuyó a este último como ardid engañoso, cuando esa pretermisión obedeció a la libre decisión del aludido profesional quien no hizo anotación alguna al respecto por no ser ella de la esencia del negocio jurídico acordado entre las partes.

Destaca que su prohijado en lo que respecta a la redacción del contrato en cuestión se limitó a estampar su firma, sin interferir en los datos que libre y voluntariamente incluyó el asesor jurídico del comprador, y por ende es imposible predicar inducción en error propiciada por el acusado, porque éste no estaba en condiciones de ocultar información que constaba expresamente en los documentos de los cuales el amanuense del contrato tomó los datos relevantes y fidedignamente plasmados allí, documento que el denunciante igualmente conoció y firmó, sin que pueda atribuirse a mala fe de su asistido la omisión del abogado que para ese negocio asesoró a K.G. (cargo segundo).

5.3. Por último advierte la configuración de un falso juicio de identidad en la apreciación de los documentos que en fotocopia fueron aportados con el testimonio de la víctima, pues el ad quem le dio la condición de tarjetas de propiedad a las aludidas reproducciones mecánicas, cuando lo cierto es que ninguna corresponde a lo que el tribunal identificó como “tarjeta de propiedad” del automotor objeto de la compraventa celebrada entre el acusado y el denunciante, ya que se trata de copias del seguro obligatorio (SOAT), el “registro nacional de transporte de carga”, el “registro nacional de remolques”, y el “registro nacional de transporte de combustible”.

Refiere que como es objetivamente constatable no son tarjetas de propiedad, sino documentos que habilitaban para aquella época el uso del automotor en el transporte de una carga específica.

Señala que en concreto el tribunal le dio el carácter de tarjeta de propiedad a la fotocopia del “registro nacional de remolques” que aparece en la parte media, lado derecho, de la hoja contentiva de las respectivas imágenes, sin percatarse que, al contrario de lo expuesto por el quejoso, en ese documento ninguno de los datos coinciden con los del automotor vendido, máxime que ni siquiera figura allí el nombre de su defendido como propietario, luego si fue ese el documento exhibido al comprador, por elementales razones, al ser éste una persona con experiencia en el comercio con vehículos de carga, no podía ser inducido en error en los términos por él indicados.

Destaca que K.G. y el investigador del CTI que recibió de éste los documentos del automotor, se refirieron en sus testimonios (y el último además en el informe que rindió sobre su actividad, incorporado como prueba documental) a la tarjeta de propiedad del vehículo, misma que el primero de los nombrados conoció en las negociaciones iniciales y de la que su abogado de confianza tomó los datos plasmados en el contrato de compraventa, pero la fiscalía al incorporar las respectivas copias omitió adjuntar la que correspondía, en criterio del recurrente, “como manera de inducir en error y lograr su cometido de condena” (cargo cuarto).

Con base en lo anterior el recurrente solicita que, previa corrección de los yerros de valoración probatoria aducidos, la sentencia censurada sea casada y en su lugar proferir una de carácter absolutorio a favor de su representado.

6. El delegado de la Fiscalía General de la Nación en su intervención empezó por puntualizar que el cargo primero está referido a un falso juicio de existencia sustentado en la falta de valoración de las manifestaciones de la víctima contenidas en la denuncia, y destaca que como ese documento no fue aportado en el juicio la queja carece de fundamento.

Respecto del segundo reproche asegura el delegado que al margen de las consideraciones del demandante acerca de la indebida apreciación de los juzgadores por atribuir al acusado omitir plasmar en el contrato de venta la existencia de la limitación de dominio que pesaba sobre el automotor, lo cierto es que en ese documento expresamente se dejó consignado en la cláusula cuarta que el vendedor hacía entrega del automotor al comprador libre de prendas y gravámenes, y como no fue así es evidente que el acusado no fue transparente e indujo en error al denunciante.

Acerca del tercer reproche sostiene el representante de la fiscalía que en tratándose de falso juicio de identidad respecto del testimonio de la víctima, el actor no cumplió con la carga de fundamentar la censura acerca de las afirmaciones no valoradas, ni indicó cuál fue el documento que debió integrase con la declaración del denunciante, en orden a evidenciar que éste no fue inducido en error por el procesado.

En cuanto al cargo cuarto señala que es cierto que los documentos referidos por el censor no corresponden en verdad a tarjetas de propiedad, pero, a juicio del delegado, ello sólo indica que hubo una equivocación en la forma en que los juzgadores registraron la prueba documental, toda vez que materialmente sí la apreciaron correctamente en su contenido, pues en ninguno de los documentos consta la existencia de un gravamen, en dos se registra de manera contraria a la realidad que el modelo del automotor es 1993, cuando en verdad corresponde al año 1960, como aparece en los otros dos, situación que el juzgador valoró como un engaño de parte del procesado.

Agrega que desde esa perspectiva, aun aceptando que se trata de un falso juicio de identidad, este sería un error que no tiene la virtualidad de desarticular el sentido condenatorio ya que la estafa se consideró estructurada no solo por el ocultamiento de la prenda sino por la mentira sobre el modelo del vehículo, ardid confirmado con el contenido del contrato, el testimonio de la víctima, los registros de los pagos del precio, el certificado expedido por el Instituto de Tránsito de Boyacá de 8 de febrero de 2007, la declaración de E.A.P., C.R.A. y J.A.N.D., luego el yerro estimativo resulta un aspecto menor y accidental en la estructura sancionatoria.

Con sujeción a las anteriores precisiones el fiscal delegado ante esta corporación depreca desestimar los cargos y por lo tanto no casar la sentencia recurrida.

7. Finalmente el apoderado de la víctima en relación con el cargo primero coincide con el criterio de la fiscalía en cuanto a que lo alegado allí es un falso juicio de existencia por falta de valoración de lo expuesto por K.G. en la queja penal, e indica que como en efecto la denuncia no se aportó en momento alguno al juicio el reproche carece de fundamento.

Acerca del segundo cargo sostiene que el error de apreciación postulado por el actor frente al contrato de compraventa, no prospera porque en el texto de ese documento consta que el acusado se obligaba a entregar libre de gravámenes el automotor, además que si bien es cierto quien elaboró el contrato fue un abogado de confianza de la víctima, ese profesional no estaba al tanto de los antecedentes de la negociación verbal acordada entre el acusado y K.G.

Puntualiza igualmente el apoderado del denunciante en cuanto los fundamentos del tercer reproche, que según el tenor del testimonio de la víctima ésta nunca adujo ser experta comerciante en negocios como el celebrado con el procesado, aun cuando sí es verdad que reconoció que en su país natal (Suiza) tuvo experiencia en ese tipo de transacciones, y dejó en claro que allí la palabra es sagrada y no ocurren artificios o engaños como a los que fue sometido por el acusado, razones por las que estima el apoderado que la queja no es afortunada.

Por último, respecto al cargo cuarto señala que en nada cambia la conclusión acerca de la responsabilidad del acusado las imprecisiones en que incurrió el tribunal al valorar la prueba consistente en los documentos allegados en relación con la identificación del automotor objeto del negocio en el que fue defraudado su cliente, pues la condena del procesado se sustentó, no solo en los aludidos medios de convicción, sino también en la declaración de la víctima y en otras pruebas que brindan soporte al pronunciamiento censurado.

Con sujeción a lo anterior solicita desestimar los respectivos cuestionamientos y no acceder a la solicitud de casación de la sentencia de segunda instancia.

III. Consideraciones

8. Es criterio de la Sala que una vez ha declarado desde un punto de vista formal ajustada a derecho la respectiva demanda, le asiste la obligación de dar respuesta de fondo a los problemas jurídicos que emergen de la inconformidad planteada por el actor, en armonía con los fines a los cuales sirve este mecanismo extraordinario de impugnación, y que no son otros distintos a los de buscar la indemnidad del derecho material, respetar las garantías de quienes intervienen en la actuación, reparar los agravios inferidos a las partes y unificar la jurisprudencia.

Para tales efectos la Corte, sin reparar en las deficiencias argumentativas, con el fin de hacer eficaz la comunicación establecida, debe desentrañar lo correcto de las diversas aserciones empleadas por quienes aquí son sus interlocutores, atendiendo cada postura desde la perspectiva jurídica más coherente y racional posible.

En el asunto objeto de estudio, depurada la demanda de las falencias en las que en efecto incurre (como, por ejemplo, la presentación separada y como cargos autónomos de cada uno de los yerros de valoración probatoria, o la equivocada nominación de la tipología de error al llamar falso juicio de existencia al vicio que con la respectiva argumentación evidencia un falso juicio de identidad), resulta incuestionable que la inconformidad expuesta en el libelo al amparo de la causal de casación prevista en la Ley 906 de 2004, artículo 181-3, tiene por objeto remover la doble presunción de acierto y legalidad de la decisión condenatoria a consecuencia de desatinos en la estimación de los medios de prueba, los cuales en efecto ocurrieron como ahora se verá.

Para empezar impera precisar que en el fallo de segundo grado la declaración de responsabilidad respecto de C.R. frente al delito de estafa, agravado por la cuantía, fue confirmada con base en que éste en el momento de negociar verbalmente con K.G. el tracto-camión: I) le mostró una tarjeta de propiedad y un SOAT según los cuales ese automotor era modelo 1993, cuando en realidad es 1960, y II) no le informó de la existencia de la prenda sin tenencia que afectaba al rodante, gravamen al cual tampoco aludió al elaborarse el contrato de compraventa con el que se formalizó la venta del automotor al segundo de los citados.

Sin embargo, al hacer esa concreción fáctica el ad quem incurrió en yerros manifiestos.

9. Acerca del primer aspecto, esto es, el ardid consistente en exhibir documentos en los que figura que el modelo del rodante era de un año más reciente al que en verdad le corresponde, el ad quem señaló lo siguiente:

Entonces, siendo la propia víctima quien señala que el hoy condenado de manera fraudulenta le exhibió una tarjeta de propiedad y el SOAT del vehículo objeto de la compraventa, donde figuraba el año 1993 como modelo del automotor y no 1960 como en efecto corresponde, y adicionalmente dentro de la evidencia Nº 1 aportada por el representante del ente acusador obra una copia de tres tarjetas de propiedad y el SOAT del tracto-camión de placas XXX-000 en donde se registra en una de las tarjetas y en la póliza de seguro el año 1993 como modelo del mismo, para la Sala y pese a que el juez de primer grado no hace referencia alguna al respecto, dicha situación alegada por el señor K.G. encuentra sustento en las pruebas practicadas en la audiencia de juicio oral, toda vez que, aunque la víctima en su dicho en ningún momento reconoció dichos documentos como los que el procesado le exhibió el día que acordaron de forma verbal los términos de la negociación por efectuar, no se encuentra razón alguna que justifique la existencia de éstos en donde el modelo del vehículo objeto del contrato de compraventa celebrado entre el afectado y el aquí encartado no corresponde a la realidad.

(…)

...con base tanto en el testimonio del señor K.G. y la evidencia Nº 1 aportada por el delegado de la Fiscalía General de la Nación, la Sala de forma lógica y razonable deduce y otorga plena credibilidad a su dicho, para sostener que en las tratativas del negocio jurídico celebrado entre F.L.C.R. y el afectado, el primero de los prenombrados lo engañó respecto del modelo del vehículo…(8)(subrayados ajenos al texto).

9.1. Tal y como lo denunció la defensa (en el cargo cuarto) el tribunal incurre en un falso juicio de identidad en la aprehensión del contenido de una de las piezas probatorias allegadas como evidencia Nº 1 por la fiscalía(9), dado que no es cierto que tal órgano hubiese aportado “una copia de tres tarjetas de propiedad” del rodante objeto de la negociación que desencadenó el presente proceso.

El juez de segundo grado en la argumentación transcrita alude a una hoja allegada por el ente instructor en el juicio en la cual obran las fotocopias informales(10) de los siguientes documentos:

i) La tarjeta del SOAT “AT 1329 14704641 0” de “Seguros del Estado” expedida el “2004 08 04” al vehículo “Tracto camión”, marca “Mack Cummins 350”, “Modelo 1993”, “Placas XXX-000”, motor número “11083891”, chasis número “1M2AA06YBLW002784”, en la cual figura como “Tomador” “C.R.F.L.”;

ii) La tarjeta “Nº 138024” que corresponde al “Registro nacional de transporte de carga”, expedida el “03 01 99” por el “Ministerio de Transporte subdirección de transporte de carga” al vehículo de “Placa XXX-000”, “Modelo 1960”, “Marca Mack” tipo “Articulado”, sin datos acerca del número de motor y chasis, afiliado a la empresa “S. Ltda.”, en la que figura como propietario “D.M.Y.A.”;

iii) La tarjeta número “001754” que corresponde al “Registro nacional de remolques, semi-remolques, multimodulares y similares”, expedida el “19 07 95” por el “Ministerio de Transporte subdirección de transporte de carga” para un rodante “Número de plaqueta R16740”, “Tipo de carrocería estacas”, “Modelo 93”, “Marca DITE”, en la que figura como “Propietario L.B.C.”;

iv) Y la tarjeta “006443” correspondiente al “Registro nacional transporte de combustible”, expedida por el “Ministerio de Transporte dirección general de transporte y tránsito terrestre automotor subdirección de transporte de carga”, para el vehículo de “Placa XXX-000”, “Modelo 1960”, “Marca Mack-R”, tipo tracto-camión, de propiedad de “F.L.C.R.”, afiliado a la empresa “C”, con vigencia entre el “10 06 06” y el “10 06 07”.

Como objetivamente se constata, no se ajusta al contenido de las referidas fotocopias lo adverado por el fallador de segundo grado en cuanto a que las tres últimas sean diferentes “tarjetas de propiedad” del automotor objeto del negocio de compraventa celebrado entre acusado y denunciante.

Los documentos a los que aluden los puntos ii) y iv) son fotocopias de tarjetas de operación expedidas por la autoridad competente para que el vehículo de placas XXX-000, modelo 1960, marca Mack, a través de una empresa determinada, movilice una carga específica. En cambio, el relacionado en el punto iii) no tiene ningún dato que lo asemeje o vincule con el automotor en cuestión y es completamente ajeno a éste, pues se trata de la fotocopia de una tarjeta de registro de un “remolque” o tráiler, objeto o vehículo de carga no motorizado que se engancha a otros vehículos (por ejemplo, un tracto-camión) para transportar en aquél diversas mercancías, las cuales determinan sus características.

De acuerdo con el testimonio de K.G.(11), la compra-venta acordada con el aquí procesado y en la que estima que sus intereses económicos fueron lesionados, se relaciona únicamente con la adquisición del tracto-camión o cabezote marca Mack, de placas XXX-000, y no respecto del remolque o tráiler, el cual, según lo narrado por el acusado(12), también fue solicitado en venta por el primero, pero días después de acordar la primera negociación(13).

Por otra parte, según K.G. la tarjeta de seguro obligatorio (SOAT) y la “tarjeta de propiedad” presuntamente exhibidas por el acusado el día de la negociación verbal ostentaban exactamente los mismos datos(14), es decir que coincidían en cuanto a propietario y sistemas de identificación (números de placa, motor, chasis, modelo, etc.); empero, contrario a ello y a la conclusión que llegó el tribunal al tener por cierto ese hecho, la tarjeta SOAT “AT 1329 14704641 0” exhibida al testigo e incorporada a la actuación y la tarjeta de registro número “001754” del remolque con “Número de plaqueta R16740” (puntos i y iii de la consideración 9.1), a la que se remitió el ad quem para tal sindéresis, presentan datos que corresponden a vehículos diferentes.

En resumen, el falso juicio de identidad consistió en darle el carácter de tarjeta de propiedad a las fotocopias informales de unos documentos que no tienen esa condición y en considerar que uno de tales documentos evidencia los mismos datos de identidad del tracto-camión que a parecen en la tarjeta SOAT allegada.

9.2. Ahora bien, la revisión del vicio atrás señalado permitió a la Sala advertir otras equivocaciones en las que incurrió el tribunal, las cuales son motivos adicionales que en definitiva dejan sin soporte el argumento según el cual el denunciante fue inducido en error en la negociación verbal mediante la exhibición de documentos que contenían un dato equivocado acerca del año del modelo del tracto-camión.

Al revisar el desarrollo del juicio se observa que la fiscalía en el escrito de acusación ni en la audiencia preparatoria descubrió y mucho menos solicitó incorporar como prueba documental las copias de las tarjetas a que se refieren los puntos ii), iii), y iv) del anterior acápite. En ambas ocasiones precisó que incorporaría la denuncia formulada por un abogado en representación K.G., y con ésta, como anexos, “los siguientes documentos relacionados con el vehículo de placas XXX-000”(15), los cuales introduciría con el testimonio del quejoso:

…fotocopia del contrato de compraventa de vehículo automotor datado el 5 de febrero de 2005 suscrito por F.L.C.R. como vendedor y K.G. como comprador; la fotocopia de la Licencia de tránsito Nº 0315516-099986; fotocopia del seguro obligatorio Nº AT 1306 1696392 5 que indica el modelo del carro como 2003 (sic); fotocopias de recibos de consignación a la cuenta Nº 046060017061, así: marzo 14 de 2005 por valor de $ 8.000.000, 21 de febrero por $ 90.000.000, 18 de julio por $ 1.000.000, 14 de julio por $ 3.900.000 y otra por $ 100.000 de la misma fecha 14 de julio, y finalmente la del 16 de febrero por $ 32.000.000…(16) (subrayados ajenos al texto).

Decretada esa prueba documental(17), al practicar el testimonio de K.G., el fiscal del caso no allegó la denuncia ofertada e inició el reconocimiento con la exhibición de la fotocopia informal del contrato suscrito el 5 de febrero de 2005 por el ofendido y el acusado respecto del vehículo de placas XXX-000(18).

El acusador no se refirió a las fotocopias informales relacionadas en los puntos ii), iii) y iv) de la consideración anterior (9.1) y, como lo destacó el propio tribunal, tampoco las puso de presente al testigo, sino que se limitó a exhibir la que aparece en la parte superior de la misma hoja donde están impresas éstas, correspondiente a una tarjeta de seguro obligatorio número “AT 1329 14704641 0”, acerca de la cual el declarante adujo que fue la “entregada” por el acusado en la negociación(19), sin embargo, la Sala destaca que esa fotocopia exhibida y allegada no concuerda con el número que identifica la que descubrió y ofreció la fiscalía incorporar para acreditar el supuesto engaño mediante documentos en cuanto al modelo del automotor, que era la “Nº AT 1306 1696392 5”.

Además, pese a que el fiscal también descubrió y ofreció aportar la fotocopia de la “Licencia de tránsito Nº 03-15516-099986” —tarjeta de propiedad— del tracto-camión de placas XXX-000, como prueba de su teoría del caso y del dicho del querellante, según el cual en la transacción verbal le fue exhibido ese documento junto con la tarjeta del SOAT, en los cuales figuraban datos idénticos del rodante, en particular que su modelo era 1993, el representante del ente instructor ningún ejercicio hizo al respecto ni adjuntó la fotocopia anunciada, y culminó con el reconocimiento de las fotocopias de las consignaciones de sumas pagadas por el denunciante como parte del precio del citado vehículo(20), sin exhibirle la copia de la consignación “del 16 de febrero por $ 32.000.000”, dado que tal suma correspondía a un negocio diferente celebrado entre los mismos contratantes, como se decantó en la controversia ocurrida en la audiencia preparatoria acerca de la solicitud de exclusión del testimonio de L.B.C.(21).

Decantado el trámite de las fotocopias allegadas a la actuación e inherentes a los documentos reseñados en los puntos i), ii), iii) y iv) del anterior acápite (9.1)(22), indiscutible resulta que tales medios de conocimiento no cumplieron los presupuestos legales para su aducción e incorporación en el juicio, sin que el vicio en tal sentido observado (falso juicio de legalidad) resulte saneado por la falta de atención del funcionario al adoptar la respectiva decisión o por la actitud pasiva de la defensa al no oponerse a su aducción(23).

En efecto, como ninguno de esos cuatro documentos efectivamente introducidos en el juicio fue descubierto con el escrito de acusación ni solicitado su decreto como prueba en la audiencia preparatoria, el juzgador a quo estaba obligado a rechazar su aducción, como perentoriamente lo ordena el artículo 360 de la Ley 906 de 2004, en armonía con el 346 de la misma obra, y por la misma razón no podía el tribunal valorar las comentadas fotocopias como lo hizo, pues con tal proceder incurrió en falso juicio de legalidad.

A este respecto vale la pena recordar que tanto doctrina como jurisprudencia tienen esclarecida la diferencia entre prueba ilícita y prueba ilegal, pues por la primer categoría se entiende que son aquéllas que causan agravio a derechos constitucionales fundamentales de las partes o intervinientes, en tanto que a la segunda pertenecen los elementos de conocimiento que ostentan irregularidades que comprometen la cabal observancia de las normas legales encargadas de gobernar en cualquiera de las distintas fases del proceso su materialización (decreto, práctica o incorporación), como ha quedado determinado ocurrió en este asunto respecto de la prueba documental invocada por ad quem para sustentar su conclusión acerca de la inducción en error sobre el modelo del automotor en ciernes.

9.3. Finalmente, un tercer desacierto observa la Corte respecto del mismo discutido aspecto (la exhibición de documentos para inducir en error al comprador), pues es verdad, como bien lo destacó el tribunal, que el fallador de primer grado ninguna valoración consignó respecto de las comentadas fotocopias; empero, tal omisión por parte del a quo bien puede inferirse obedeció a que éste detectó luego las irregularidades de esos elementos de persuasión. Evidencia de ello es que de manera explícita, como también lo destacó el ad quem, el juez estimó que el delito de estafa exclusivamente se configuró por el “...error en el que el procesado hizo incurrir al señor K.G. … entorno a la prenda sin tenencia que reposa sobre el referido automotor y la cual no fue debidamente comunicada al comprador…”(24).

Las precisas consideraciones del sentenciador de primera instancia sobre el delito contra el patrimonio económico son del siguiente tenor:

Con relación al delito de estafa, en él se sanciona la obtención de un provecho económico para sí o para un tercero mediante la inducción o el mantenimiento de otro en error, por medio de artificios o engaños. Es un ilícito de resultado que protege el bien jurídico tutelado del patrimonio económico y se consuma cuando se realiza la conducta adecuable (sic) a su descripción típica. En situaciones propias de negocios como los que originaron este proceso, se actúa callando u ocultando las circunstancias reales para procurar un equivocado entendimiento del contrato.

En este caso este juez encuentra que no se podría alegar la existencia de la misma [de la estafa] en relación con la repotenciación del vehículo, puesto que el señor G. estuvo asesorado por su abogado, sabe de automotores y tuvo acceso al mismo. En este aspecto la situación es extraña pues se denunció después de tres años de realizada la negociación. Sin embargo,encuentra que sí hubo engaño y ocultamiento de la verdad con el fin de tener un provecho ilícito en lo que tiene que ver con la prenda sin tenencia sobre el automotor. El señor acusado, F.L., había suscrito un contrato de prenda sin tenencia dejando el automotor como garantía a favor de M.G. y luego, sin dar a conocer esta condición al comprador, se lo transfirió sin hacer en el contrato ninguna mención a la existencia de esta prenda y sin condicionar ningún pago a la posterior cancelación de la misma, como lo afirmó el acusado, Simplemente se elaboró el contrato de compraventa del automotor y sin ninguna mención de limitaciones al dominio, se realizó laventa (…).

La acción que materializó la estafa consistió en afectar el conocimiento de la víctima al ocultarle el verdadero estado legal del vehículo. El señor F.L.C.R., a pesar del conocimiento que tenía de la situación del automotor, le hizo creer a su víctima que estaba libre y podía ser vendido en cualquier momento. Y tanto fue así que recibió una suma de dinero por el tracto-camión, sin preocuparse por cancelar el saldo pendiente de la obligación, (…)(25).

De lo anterior se sigue que como en el fallo de primer grado se estimó configurado el delito de estafa debido a que el acusado le ocultó al denunciante la limitación de dominio que afectaba al automotor, y descartó los demás aspectos (como el presunto engaño acerca del modelo del rodante) como constitutivos de estafa, dado que esa decisión acerca de la tipicidad declarada en primera instancia fue apelada únicamente por el sujeto pasivo de la acción penal, el ad quem al desatar el recurso vertical estaba sujeto al principio de limitación y restringido por la prohibición constitucional y legal de reforma en peor(26), por cuya virtud no podía extender su análisis a circunstancias que al no ser tratadas en el pronunciamiento atacado y por lo mismo ajenas a la controversia, al referirlas ponía al apelante único frente a consideraciones jurídicas más graves que las señaladas por el a quo.

Sobre el particular, la doctrina sostiene:

La figura de la reforma peyorativa consiste en la situación que se produce cuando la situación jurídica de la parte procesal que interpone un recurso resulta empeorada exclusivamente como consecuencia de su recurso, es decir, sin que medie impugnación directa o incidental de la contraparte y sin que el empeoramiento sea debido a poderes de actuación de oficio del órgano jurisdiccional. Ello significa que los pronunciamientos de la sentencia de instancia que no hayan sido impugnados por ninguno de los litigantes quedan excluidos de toda posibilidad de revisión por parte del órgano jurisdiccional superior, al quedar delimitada la actividad decisoria del órgano, tanto subjetiva como objetivamente, por lo ante él planteado.

(…)

Admitir que el tribunal decisor del recurso tiene facultad para modificar de oficio, en perjuicio y sin audiencia y contradicción del recurrente, la sentencia integralmente aceptada por la parte recurrida es tanto como autorizar que el recurrente pueda ser penalizado por el hecho mismo de interponer su recurso, lo que supone introducir un elemento disuasorio del ejercicio del derecho a los recursos legalmente previstos que no contempla el ordenamiento procesal(27).

9.4. En suma, la consideración del juez de segundo grado en cuanto a que la estafa imputada al acusado se estructuró, también, por una artificio relativo a la presentación de documentos que indicaban un modelo de automotor más reciente, es insostenible porque se fundamentó en elementos de conocimiento no solo ilegalmente aportados y que por lo tanto no eran susceptibles de valoración, sino que además al realizar ese ejercicio desfiguró su contenido objetivo para arribar a la comentada conclusión, la cual de suyo implicó la vulneración del principio de limitación y de la garantía superior que proscribe la reforma en peor.

10. Con sujeción a lo anterior, la responsabilidad del procesado está soportada sólo en lo argüido por el a quo en cuanto a que la “…acción que materializó la estafa consistió en afectar el conocimiento de la víctima al ocultarle el verdadero estado legal del vehículo…”, artificio que según ese funcionario se presentó tanto al momento de negociar de manera verbal el automotor como al elaborar el respectivo contrato escrito al callar acerca de la existencia de la prenda sin tenencia que afectaba al tracto camión, lo cual fue eficiente para hacer “…creer a su víctima que estaba libre y podía ser vendido en cualquier momento”.

Tal pronunciamiento lo confirmó el ad quem con base en que como el procesado “…engaño al señor K.G.…” porque “…no le informó que el carro se hallaba pignorado a favor de la señora M.G. con una prenda sin tenencia desde el 04 de mayo de 2004, esto es, casi un año antes de la elaboración del contrato de compraventa…”, la estafa —adicional al análisis acerca de la argucia en cuanto al modelo del vehículo —“…consistió en haberle ocultado que sobre el carro vendido reposaba una prenda sin tenencia sin cancelar, situación que sin lugar a dudas, de haber sido conocida para el comprador, generaría que los términos de la negociación hubiesen sido distintos al existir un gravamen sobre el bien objeto de compraventa que imposibilitaba su venta libremente…”(28).

Tal declaración de responsabilidad encontró soporte para ambos juzgadores en: i) el testimonio de K.G., en cuanto éste sostuvo que el acusado en ninguna oportunidad le informó la existencia de la prenda sin tenencia, ii) la literalidad del contrato suscrito entre comprador y vendedor dado que en su cláusula cuarta pre-escrita consta la obligación del último de entregar el vehículo “…libre de gravámenes, embargos, multas, impuestos, comparendos de tránsito, pactos de reserva de dominio y cualquiera otra circunstancia que afecte el libre comercio del bien objeto del presente contrato”, y iii) el testimonio de J.A.N.D. quien confirmó la previa existencia del gravamen y la iniciación del juicio civil contra el acusado por el incumplimiento de la obligación garantizada con la prenda sin tenencia.

Adicional a lo anterior, la inconformidad expuesta por la defensa en el recurso vertical sobre la base de que la versión del quejoso no es cierta porque siempre se le puso de presente el gravamen, dato que además figuraba tanto en los documentos del automotor, como en el historial del vehículo registrado en el Instituto de Tránsito de Boyacá, el cual por negligencia no fue consultado por el comprador, el tribunal la desestimó al considerar:

De una parte, que iv) “…los diversos actos jurídicos como son los contratos, y según el caso en concreto el de compraventa, pueden ser empelados por sus partes —comprador y vendedor— para hacer incurrir en error al otro sujeto contractual, esto con el firme propósito de obtener un provecho económico a cambio de un perjuicio patrimonial que le causa al otro…” y en esos eventos la discusión escapa del ámbito civil “…siempre y cuando se afecte uno de los elementos esenciales del negocio jurídico que se celebró”, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación, y así ocurrió en el presente asunto pues “…diáfano resulta que la afectación con un gravamen como lo es una prenda sin tenencia sobre el bien, afecta el objeto del contrato, en este caso, el automotor”(29).

Y de otra, porque v) “…pese a que se exige de las partes, tanto del comprador como del vendedor una conducta diligente al momento de efectuar algún negocio jurídico…”, ello no puede llevarse al extremo, como igualmente lo ha expuesto está Colegiatura, “…pues de exigirse una conducta rigurosamente diligente, el desarrollo de la actividad mercantil se vería frenado y carecería de agilidad, ya que antes de la celebración de cualquier acto jurídico que implique efectos en él, las partes deberían desarrollar una variedad de actuaciones con el fin de verificar la información suministrada por su contratante, dejando al lado principios tan fundamentales como lo es el de la buena fe”(30).

11. Expuesto el fundamento vinculante de la condena emitida en primero y segundo grado contra el acusado por el delito de estafa, la Sala observa que en efecto los falladores incurrieron en yerros de apreciación de los medios de prueba al sustentar la configuración típica de la conducta punible, tal y como lo denunció el recurrente.

La discusión en el presente asunto está circunscrita a dos tesis encontradas:

Por una parte, la apoyada en el dicho del denunciante en el sentido de que el procesado no le informó de la existencia de la prenda que afectaba al automotor; y por la otra la respaldada en el testimonio del acusado (quien renunció a su derecho a no declarar)(31), el cual asegura, por el contrario, que desde la negociación verbal le comentó la existencia de tal gravamen, del que ninguna constancia quedó en el contrato escrito porque no fue él (el procesado) quien lo elaboró, sino un abogado amigo de K.G., quien no lo relacionó a pesar de tener a la vista los documentos en los que aparecía, en particular en la licencia de tránsito o tarjeta de propiedad del vehículo, con los cuales diligenció el contrato.

Sin embargo, revisado el contenido fidedigno de los elementos de conocimiento legítimamente incorporados, las piezas procesales respectivas enseñan hechos no valorados por las instancias, los cuales impiden asegurar que, en el evento de aceptar como probable que el procesado guardó silencio acerca de la existencia de la prenda, tal omisión haya sido causa eficaz para inducir en error al comprador.

11.1. En cuanto al testimonio de K.G., se constata que de su versión fueron ignorados los siguientes aspectos que reconoció expresamente (falso juicio de identidad):

a) Ningún trato, relación o vínculo tuvo con el procesado antes de conocerlo en la fecha en la que negoció verbalmente el tracto-camión;

b) En esa misma y primera oportunidad C.R. le informó que el vehículo estaba repotenciado al año 2003, situación que el virtual comprador aceptó y verificó gracias al amplio conocimiento que tenía acerca de rodantes de esa especie, condición que además le permitió constatar el buen estado de funcionamiento del automotor y que éste tenía una cabina moderna modelo 1995 (en verdad modelo 1992);

c) Con ocasión del acuerdo al que llegaron el día de la negociación verbal ninguna suma entregó K.G. a C.R., en efectivo o por otro medio;

d) Entre ocho y doce días después del pacto verbal, el contrato escrito de compraventa fue elaborado por parte de un abogado amigo del comprador, profesional que llenó la respectiva forma pre-impresa con los datos que extrajo de los documentos exhibidos por el vendedor (el acusado);

e) El día de la firma del contrato, esto es, el 5 de febrero de 2005, K.G. no le puso atención a las cláusulas del documento ni lo leyó porque confió en su amigo abogado, a pesar de que éste no estaba al tanto del negocio, y porque como “europeo” está acostumbrado a que los términos del arreglo verbal deben quedar iguales en el contrato escrito;

f) Pese a la forma en que se acordó pagar el precio ($ 110.000.000), plasmada en el contrato escrito, se comunicó luego con el vendedor y con su aquiescencia fue modificada;

g) El primer abono del precio —con el que se produjo la entrega del rodante al comprador— lo hizo el 21 de febrero de 2005, a través de consignación en efectivo por $ 90.000.000 en una cuenta bancaria a nombre de C.R. y, luego de ello, el 14 de marzo, el 14 y 18 de julio siguientes, en el mismo fondo realizó otros depósitos por $ 8.000.000; $ 100.000 y $ 3.900.000 (éstos el 14 de julio), y $ 1.000.000, respectivamente, para un total de $ 103.000.000;

h) No pagó el saldo del precio porque nunca llegó a un acuerdo con C.R. para hacer los documentos de traspaso del automotor, ya que éste incumplió tres o cuatro citas acordadas con tal propósito;

i) Se enteró que el tracto-camión era modelo 1960 pocos días después de su entrega y decidió conservarlo, e igualmente aun cuando meses después supo de la existencia de la prenda sin tenencia que afectaba al rodante, no aceptó la propuesta del acreedor prendario de cancelarle a éste la deuda pendiente (cerca de $ 8.000.000), pero se ofreció a hablar con C.R. para que la pagara y así continuar con los trámites de traspaso;

j) Finalmente, como en los primeros meses de 2007 se enteró que el acreedor prendario inició proceso ejecutivo para cobrar la deuda y allí se ordenó el embargo del tracto-camión, como medida preventiva, K.G. optó por esconder el automotor mientras hallaba alguna solución al conflicto.

11.2. Respecto del “contrato de compraventa de vehículo automotor” elaborado en la forma pre-impresa “VA-4921301” fueron pretermitidos (falso juicio de identidad) estos aspectos:

a) Las características del bien objeto del contrato consignadas en su cláusula primera: “Clase: Tracto camión; Marca: Mack-R-600; Modelo: 1960;

Color: Blanco; Motor: 11083891; Chasis: B42X8005; Puertas: dos (2); Capacidad: 35 Ton.; Acta o manifiesto: 00129; Ciudad (Remate M.T.) Fecha: 29-2-72; Sitio de matrícula: Dist. # 3 P.; Placa Nº XXX-000; Servicio: Público; Repotenciado año 2003”.

b) El inicial acuerdo sobre el pago del precio: “Cheque 592511 por sesenta millones para consignar febrero 14/05- Cheque 592512 por cuarenta millones para consignar 16/05-02 (sic)- Cheque 592513 por diez millones contra papeles tramitados de traspaso”;

c) La cláusula sexta pre-escrita en la que se estipula: “Reserva de dominio: EL VENDEDOR se reserva la propiedad del vehículo identificado en la cláusula primera del presente contrato, hasta el momento en que se pague el precio estipulado en su totalidad, de conformidad con el artículo 952 del Código de Comercio”; y

d) Lo consagrado en “Cláusulas adicionales” por parte del abogado de K.G. en los siguientes términos: “Las partes establecen una cláusula condicional y suspensiva que consiste en que hasta tanto se paguen o hagan exigibles los cheques el vehículo se inmoviliza en el parqueadero ‘S.C.’ de F. Así mismo se pacta que si eventualmente por razones ajenas a la voluntad del comprador los cheques no pudieran cubrirse en sus fechas, el presente contrato será rescindido de común acuerdo y sin perjuicio para ninguna de las partes. El vehículo se desinmovilizará post-pago de los dos primeros cheques”.

11.3. Con el testimonio de un miembro del Cuerpo Técnico de Investigación (C.T.I), E.A.P., solicitado por el instructor, se introdujeron, entre otros, la certificación expedida por la oficina de Tránsito y Transporte de Santa Rosa (Boyacá), acerca del historial del tracto-camión de placas XXX-000 (cuaderno # 1, folios 7 y 8), documento no valorado en las instancias (falso juicio de existencia) y en el cual constan:

a) Las mismas características del automotor plasmadas en el pacto escrito; la fecha y clase de acto con el que se legalizó el ingreso del rodante a Colombia, como igual consta en el contrato escrito (“Acta o Manifiesto: 00129; Ciudad (Remate M.T.) Fecha: 29-2-72”), y que al rodante le fue expedida la “Lic. Tránsito: 099988”; y

b) La pignoración registrada desde el 4 de mayo de 2004 en favor de M.G.R.; el historial de propietarios del rodante, así como el cambio de motor por repotenciación autorizada al año 2003, según resolución “0269692”, lo mismo que el cambio de cabina (por una “Mack/92”) registrado la misma fecha de la repotenciación, esto es, el 7 de mayo de 2004.

11.4. En relación con el testimonio del acusado las instancias no advirtieron (falso juicio de identidad), por una parte, que éste señaló cómo el comprador siempre estuvo al tanto de la existencia de la prenda, y que incluso desde la negociación verbal se acordó que el último saldo del precio se destinaría para cancelar ese gravamen con el fin de hacer los documentos de traspaso, pero que K.G. incumplió justamente ese pago. Y por otra que con la práctica de esa declaración fue suplida la omisión de la fiscalía en cuanto al aporte de la licencia de tránsito que descubrió y ofreció (según su teoría del caso, en ese documento no solo figuraría el automotor como modelo 1993, sino que también se advertiría la ausencia de anotación alguna sobre la pignoración).

Previa exhibición al representante del ente instructor y al apoderado del quejoso, se autorizó al procesado para leer el contenido de una copia de la licencia de tránsito o tarjeta de propiedad del tracto camión ofrecida por el ente investigador, así como el certificado de tradición del rodante, y aun cuando el primero de tales documento no se aportó en forma física (el segundo lo allegó la fiscalía), en el registro de audio quedó constancia de los siguientes aspectos, frente a los cuales no hubo expresión de inconformidad de los arriba citados:

…(DF)(32) Usted le explicó en qué consistía la prenda del vehículo. (AC) Si, claro y él sabía. (DF) Esa prenda figuraba en la secretaría de tránsito. (AC) Claro. (DF) Usted le mostró el documento de la prenda. (AC) Si, dentro de los documentos que se le presentaron. (DF) Porque no figura esta prenda en el contrato de compraventa. (AC) Porque dentro de la carta de propiedad, en la carta de propiedad del vehículo figura la prenda. (DF) Y usted se la mostró ese día. (AC) Claro, él quedó con todos los documentos. (DF) Tiene ese documento ahí. (AC) Copia de ese documento yo tengo acá. (DF) Léalo por favor con el permiso del señor juez y del señor fiscal. (AC) Dice (DF) Pero espere un momento. (JZ) Ese documento fue descubierto a la fiscalía. (DF) Si señor. (AC) Ellos mismos lo presentaron. (JZ) Siga. (AC) Ellos mismos lo presentaron. Dentro de la carta de propiedad. (DF) Pero perdóneme, mostrémoselo a los señores antes de, déjeme yo, usted no se mueva de ahí (silencio de 24:00 a 24:09) (AC) Ese documento mismo lo presentó la fiscalía (silencio de 24:12 a 25:01) (DF) Lea el documento por favor. (AC) Bueno, dice tracto-camión blanco, público, el número del motor 11083891, número de chasis B42X8005, 35 toneladas, está la dirección, nombre, cédula y dirección mía, F.L.C.R., x.xxx.xxx, calle XX # xx-xx que toda vía es mi dirección actual en P., el número del teléfono que ésta ahí si ya no es el que tengo en la casa, dice inscripción de prenda en P., en ese momento esa oficina era el Distrito 3 de Boyacá, que quedaba en P., en este momento queda ahora en S.R., prenda uno G.R.M., ahí está en la carta de propiedad lo de la prenda y la repotenciación a modelo 2003. (DF) Figura ahí en ese documento también. (AC) En el mismo, ahí figura la repotenciación. (DF) Qué otros documentos le mostró usted al señor K.G. para hacer la negociación. (AC) Al señor K.G. se le presentó, se le presentó un certificado de libertad y tradición que yo portaba en ese momento en el vehículo (…), se le presentó el certificado de libertad y tradición, y en el certificado de libertad y tradición figura y aparece. (DF) Perdóneme, perdóneme un momento le presentamos el documento a los señores. (AC) También ese documento también fue descubierto por la fiscalía como prueba. (DF) Perdone señor juez. (JZ) Siga, siga (silencio de 26:40 a 27:37) (DF) Qué documento tiene a la mano. (AC) Tengo un certificado de libertad y tradición expedido por el Instituto de Tránsito de Boyacá. (DF) De qué fecha. (AC) Este tiene P. 7 de mayo del 2004 (DF) Cuándo fue la negociación. (AC) Eso fue el 5 de febrero de 2005, casi un año después. (DF) Bueno, léalo por favor. (AC) Dice, certifica que el vehículo de placas XXX-000 tiene las siguientes características, no creo que me remita a dictarle todas las características, en este, en este documento figuran todas las características del vehículo para poderlo comprar, lo que es el número de motor, el número de chasis, la fecha del ingreso, como entró acá a Colombia. (DF) Cómo entró a Colombia. (AC) Dice que es por medio de un manifiesto, el 00129 de fecha 29 de febrero de 1972. (DF) Ahí está inscrita la prenda. (AC) Claro, dice pignoraciones el 4, el 4 de mayo del 2004, a favor de Garcés Mary Rueda (sic). (DF) Dice el valor. (AC) No, no, no figura el valor. No tiene pendientes judiciales, propietario actual F.L.C.R., mi dirección y de ahí para atrás viene pues el histórico de propietarios (…) modelo 1960. (DF) Ese documento lo tuvo el día del contrato de compraventa el señor K.G. (AC) Si, claro, a él se le entregó. (DF) Bueno que otro documento le entregaron al señor, o le mostró usted haciendo la negociación. (AC) Para hacer la negociación se necesitan éstos dos documentos (…) (DF) Bueno, dice usted que se reunieron para hacer un contrato de compraventa en un apartamento del señor K.G. (AC) Si señor. (DF) Y quién elaboró el documento. (AC) El abogado del señor K.G. (DF) Con los datos que usted le suministró o con los datos que salían de esos documentos. (AC) De los documentos, él tomó la carta de propiedad y con la carta de propiedad elaboró el documento. (DF) Este documento lo leyó el señor K.G. antes de firmarlo. (AC) Estaba presente con nosotros cuando lo estábamos haciendo, el señor abogado se lo leyó a él…(33)

12. La apreciación integral y objetiva de los elementos de conocimiento reseñados, deja sin sustento las consideraciones de las instancias acerca de la configuración del delito de estafa en los hechos sometidos a su conocimiento:

i) Porque aceptando, en gracia de discusión, que el día de la negociación verbal el procesado no le informó de viva voz la existencia de la prenda, tal gravamen constaba en la tarjeta de propiedad del automotor exhibida al eventual comprador, de acuerdo con la lectura que de una copia de tal documento hizo el acusado durante su declaración, la cual correspondía con la que el órgano instructor ofreció como prueba de su teoría del caso, pero que se abstuvo de incorporar;

ii) Porque aun aceptando en gracia de discusión —pues no se incorporó prueba legal y eficaz al respecto— que el enjuiciado le enseño el día de la negociación verbal a K.G. un documento equivalente o semejante a una tarjeta de propiedad del tracto-camión en el que no figuraba la prenda —y el modelo aparecía como 1993—, tal supuesta maniobra no materializó ahí lesión alguna al patrimonio del potencial comprador, y no proyecta efectos bajo el dominio exclusivo del acusado por cuya virtud se le impidieran a G. (atendida su formación, conocimiento y experiencia en vehículos de carga) en los 8 o 12 días sucesivos a ese pacto, antes de concretar de manera formal la transacción por escrito, verificar o confirmar la información a la que accedió y constató respecto del bien que pretendía comprarle, por la no despreciable suma de $ 110.000.000, a una persona con la que hablo ocasionalmente, y con la que, por igual razón, ninguna confianza ni familiaridad tenía;

iii) Porque el día en que se elaboró y suscribió el contrato de compraventa del rodante, tal acción se llevó a cabo en el apartamento del comprador y no la ejecutó el acusado, sino un abogado amigo de K.G., en quien éste confiaba;

iv) Porque el profesional amigo del comprador diligenció el respectivo formato pre-escrito con la información que consideró relevante extraer de la licencia de tránsito o tarjeta de propiedad y un certificado de tradición del automotor entregados por el procesado, en los que figuran, no solo los datos que lo identifican (número de chasis, de motor, placas color, servicio, propietario, etc.), sino también: la forma en que entró a Colombia (“Acta o manifiesto: 00129 Ciudad: [Remate M.T.] Fecha 29-2-72”), su modelo correspondiente al año 1960, y la característica de haber sido repotenciado al año 2003, aspectos todos los cuales quedaron consignados de manera fidedigna en la minuta, en la que el amanuense omitió asentar la pignoración registrada en los dos documentos que tuvo a la vista para realizar la labor encomendada;

v) Porque aun aceptando, en gracia de discusión, que el acusado, el 5 de febrero de 2005, guardó silencio acerca de la omisión del abogado amigo del comprador sobre la existencia de la prenda, ese acto no constituye ardid o maniobra para determinar la actitud de K.G. de abstenerse de revisar el contrato y los documentos exhibidos y entregados por el acusado para tales efectos;

vi) Porque la decisión de K.G. en esa fecha, consistente (supuestamente) en no revisar las cláusulas del contrato escrito ni los documentos con base en los cuales se elaboró, no estuvo mediada o determinada por conducta artificiosa del acusado, sino por la confianza que el comprador tenía en la gestión de su abogado, y en su muy particular convicción en el sentido de que (como —presuntamente— ocurre en su tierra natal) los términos de un acuerdo verbal son siempre los mismos del contrato escrito;

vii) Porque aun aceptando, en gracia de discusión, que el comprador no leyó antes de firmar, ni se enteró de los términos en que quedó redactado el contrato (éste aserto sólo tiene respaldo en el dicho del denunciante controvertido a su vez por la declaración del procesado), al quedar K.G. en poder de un ejemplar del contrato, nada le impedía, al constatar luego, como mínimo, que el automotor adquirido era de un modelo diferente al ofrecido en el convenio verbal (según lo asegura el quejoso), abstenerse de pagar o cancelar la primera cuota del precio pactada inicialmente para hacerse efectiva el 14 de febrero de 2005 y que finalmente se materializó el 21 de ese mes, o incluso las sucedáneas, con base en la “cláusula condicional y suspensiva” que incluyó su asesor;

viii) Porque, precisamente, la inclusión de esa “cláusula condicional y suspensiva”, aceptada por el aquí procesado como vendedor, y que permitía al comprador, por razones de su exclusivo dominio, no cubrir el valor de cualquiera de los cheques en la fechas acordadas, propiciando con ello la rescisión del contrato sin perjuicio o penalización alguna, evidencia más bien la falta de un obrar torticero o fraudulento por parte del acusado en el momento de la celebración y suscripción del contrato escrito;

ix) Porque según las pruebas incorporadas en legal forma, en este evento la existencia de un contrato de prenda sin tenencia sobre el vehículo objeto del contrato de compraventa celebrado entre el denunciante y el acusado, debidamente registrado antes de éste último acto negocial, en manera alguna afecta sus elementos esenciales (capacidad, consentimiento, objeto y causa lícitos), pues de acuerdo con la ley los bienes sujetos a un tal gravamen pueden ser enajenados por el deudor prendario ya que los mismos no quedan bajo reserva de dominio ni fuera del comercio, sino que la tradición al respectivo comprador sólo se verifica cuando el acreedor prendario lo autorice o esté cubierto en su totalidad el crédito amparado (Código de Comercio, artículo 1216);

Lo anterior, además, sin perjuicio de que con sujeción a las normas que regulan el contrato de compraventa celebrado entre el acusado y K.G., el comprador tenía a su alcance las acciones por evicción respecto del bien objeto del negocio, y de acuerdo con estas: “Cuando sin culpa de su parte y por causa anterior a la venta sea el comprador evicto totalmente de la cosa, tendrá derecho a la restitución del precio pagado y a la plena indemnización de perjuicios”, “Si la evicción fuere parcial y de tanta importancia que pueda deducirse que en tales condiciones no habría comprado, podrá a su arbitrio el comprador ejercer la acción que le concede el inciso anterior o perseverar en el contrato mediante rebaja de la parte proporcional del precio o de indemnización de los perjuicios que la evicción parcial le hubiere causado” (Código de Comercio, artículo 940 en armonía con el 941 ídem(34)), y

x) Porque, finalmente, según los testimonios tanto del denunciante como del procesado, en últimas la controversia en este asunto debió ser resuelta ante la jurisdicción civil, pues la misma está circunscrita a la atribución de mutuos incumplimientos:

Así, mientras el primero reclama por el hecho de que tras la entrega del rodante surgió un tercero con pretensión sobre ese bien, con base en un crédito amparado con un contrato de prenda sin tenencia (en el que la deuda para ese entonces era aproximadamente de $ 8.000.000) que no conocía, lo cual ha impedido cancelar el saldo y que se haga el traspaso a su nombre del tracto-camión, el segundo le endilga a aquél el no pago de la totalidad del precio (circunstancia que reconoce el querellante), y que precisamente por la no cancelación del saldo pendiente (según el acusado de $ 10.000.000) reservado para liquidar la deuda a su acreedor prendario, como era de conocimiento del comprador, no cumplió con la cancelación del respectivo gravamen, con las consecuencias ya advertidas.

13. En conclusión, en la situación fáctica decantada no se dan los elementos estructurales del delito de estafa, los cuales, como se sabe, son (i) el despliegue de artificios o engaños sobre un tercero; (ii) que por causa directa y consecuencial de esos artilugios éste incurra en un error; (iii) que a raíz del error la víctima voluntariamente se desprenda de su patrimonio o de parte de éste, y (iv) que quien desplegó la maquinación artificiosa o fraudulenta logre para sí, o para otro, un beneficio económico correlativo.

Es claro que la ausencia de alguno de esos requisitos impide la adecuación de un determinado suceso en la hipótesis delictiva de estafa, como igual sucederá si los actos previos a la obtención del provecho patrimonial no conducen de manera incuestionable y concatenada, uno al otro, o se presentan en un orden distinto al relacionado, o la cadena causal se rompe, trastoca o invierte, como lo ha puntualizado la jurisprudencia de la Corte(35).

Y si bien es cierto, como igual lo ha señalado esta Sala, el contrato como fuente de contraprestaciones de contenido económico, eventualmente, puede esconder o servir como una modalidad de engaño, habida cuenta que una parte puede inducir en error a la otra frente a cualquiera de los elementos de la respectiva obligación (capacidad, consentimiento objeto y causa lícitos), con el ánimo de obtener así un provecho patrimonial ilícito con perjuicio correlativo(36), también es cierto que ello no ocurre cuando esa lesión y ganancia análogas sobrevienen a raíz del incumplimiento, no precedido de engaño, de las cláusulas inherentes al contrato. En efecto(37):

Situación distinta se presenta cuando no habiendo engaño sobre los elementos del contrato, una de las partes se sustrae a su cumplimiento, lo cual sucede en una fase posterior a la contractual y puede obedecer a varias causas no necesariamente vinculadas al delito de estafa pero sí con consecuencias adversas en el ámbito civil, en tanto no siempre el incumplimiento malicioso o voluntario de una obligación comporta el delito de estafa, puesto que puede estar ausente el ánimo engañoso y fraudulento.

Así lo ha entendido la Corte:

Resulta diáfano que bajo la óptica penal y civil se presenta una acción del contratante al incumplir lo pactado que acarrea perjuicio para el otro, sin embargo, en sede penal el análisis ha de ser cuidadoso ya que no se trata de confirmar el simple nexo causal entre el incumplimiento con el consecuente daño como para predicar el ilícito, sino que es necesario para verificar la existencia de la inducción en error por la prestación negocial del agente sea a la postre la motivadora de la desposesión patrimonial de la víctima. (CSJ SP 30 nov 2006, rad. 21902)

Es claro que al incumplir lo pactado el contratante realiza un proceder antijurídico en cuanto el contrato es ley de las partes pero dado el carácter subsidiario y de ultima ratio del derecho penal, tales incumplimientos no ingresan en la órbita protectora del ius puniendi del Estado y en ese orden de ideas, no se debe confundir el nexo de causalidad (engaño o inducción en error y provecho ilícito ) que se debe dar entre los elementos configuradores de la estafa, con la existente entre el incumplimiento del deudor y el consecuente daño para el acreedor (CSJ SP, 8 oct 2014, rad. 44504).

Por lo tanto, como tras la detección y corrección de los errores de valoración probatoria en que incurrieron las instancias, en la situación fáctica decantada no encuentran asiento los requisitos estructurales de la conducta punible de estafa y, por el contrario, los hechos debatidos se reducen a incumplimientos recíprocos del denunciante y del procesado, constituye un imperativo jurídico casara la declaración de condena expresada en la sentencia de segunda, para en su lugar emitir una de carácter absolutorio en favor de F.L.C.R.

14. Dado que el mencionado ciudadano se encuentra en libertad, no hay lugar a adoptar decisión alguna al respecto, no obstante lo cual es obligación del fallador de primer grado librar las comunicaciones que sea menester ante las autoridades pertinentes para informarlas de lo aquí resuelto y cancelar las cautelas y anotaciones de rigor que se hallen vigentes.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CASAR, con base en los cargos propuestos en la demanda, la Sentencia de 26 de febrero de 2013 emitida en la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá contra F.L.C.R. por la cual confirmó la condena emitida en su contra por el delito de estafa agravada por la cuantía, y en su lugar ABSOLVER al precitado de esa acusación de acuerdo con lo puntualizado.

2. ORDENAR al juez de primera instancia que una vez regrese la actuación a esa oficina proceda a librar los oficios que sea menester ante las autoridades pertinentes para informar lo aquí resuelto y cancelar las cautelas y anotaciones de rigor que se hallen vigentes respecto de F.L.C.R.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(8) Cuaderno del tribunal, folios 54-56 y 61-149.

(9) Cuaderno # 1, folios 62-66.

(10) Ídem, folio 65.

(11) CD # 1 de la sesión de audiencia pública de 5 de agosto de 2011, minuto 28:23 a 39:09, y minuto 01:46:00 en adelante. CD # 2 de 5 de agosto de 2011, hasta el minuto 01:10.

(12) CD # 7, sesión de audiencia pública de 30 de abril de 2012, minuto 03:27 a 42:30.

(13) Este aspecto encuentra respaldo en el devenir procesal, toda vez que en la audiencia preparatoria celebrada el 11 de marzo de 2011 la defensa solicitó el testimonio de L.B.C., como anterior propietario del tráiler en cuestión, para acreditar la ocurrencia de tal negociación, y tanto la fiscalía como el representante de víctimas se opusieron a la procedencia de esa prueba aduciendo que no tenía que ver con la compraventa del tracto-camión de placas XXX-000; además, el interviniente últimamente aludido reconoció expresamente que ese fue un contrato distinto y finiquitado entre las respectivas partes por un precio diferente. CD de esa fecha, segundo registro, minuto 7:60 a 24:12 y 24:17 a 32:17.

(14) CD # 1, sesión de audiencia pública de 5 de agosto de 2011, minuto 37:46 a 38:22.

(15) Cuaderno # 1, folios 47.

(16) CD que contiene la audiencia preparatoria de 11 de marzo de 2011, primer registro de audio, minuto 05:25 a 05:36; y segundo registro de audio, minuto 01:48 a 03:50 y 04:49 a 05:31.

(17) CD que contiene la audiencia preparatoria de 11 de marzo de 2011, segundo registro de audio, minuto 32:17 a 3329.

(18) CD # 1 de la sesión del juicio de 5 de agosto de 2011, minuto 34:00 a 35:58. Cuaderno # 1, folio 62.

(19) Ídem, minuto 43:32 a 49:07.

(20) Ídem, minuto 54:35 a 59:15.

(21) CD de 11 de marzo de 2011, segundo registro de audio, minuto 24:17 a 32:13.

(22) Cuaderno # 1, folios 65.

(23) CD # 1 de la sesión del juicio de 5 de agosto de 2011, minuto 59:15 a 01:08:35.

(24) Cuaderno del tribunal, folio 34, página 26 del fallo de segundo grado.

(25) Cuaderno # 1, folios 105, página 8 del fallo de primer grado.

(26) Constitución Política de Colombia, artículo 31. Ley 906 de 2004, artículo 20.

(27) LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO, Pico i Junoy, Joan. Ediciones J.M. Bosch Editor, 1997. pág. 85.

(28) Cuaderno del tribunal, folios 35 y 44.

(29) Cuaderno del tribunal, folios 40, 41 y 45.

(30) Cuaderno del tribunal, folios 41 y 42.

(31) CD de la sesión del juicio de 30 de abril de 2012, minuto 06:33 a 53:19.

(32) Las mayúsculas entre paréntesis significan: (DF)= defensor; (AC)= acusado, y (JZ)= juez.

(33) CD de la sesión del juicio de 30 de abril de 2012, primer registro de audio, minuto 23:14 a 31:24.

(34) “Las acciones concedidas por el artículo anterior son extensivas al comprador que deba pagar a terceros con legítimo derecho el precio de la cosa, en todo o en parte, o purgarla en igual forma de gravámenes desmembraciones o limitaciones del dominio. Tales acciones prescribirán en dos años contados a partir del momento en que el comprador restituye la cosa, pague el precio o purgue el gravamen, desmembraciones o limitación del dominio, y se tramitarán como incidente o por el juicio abreviado a elección del demandante”.

(35) Cfr. CSJ. SP. 8 jun. 2006, rad. 24729 y SP3233-2017, 8 mar. 2017, rad. 48279.

(36) Cfr. CSJ. SP. 30 nov. 2006, rad. 21902 y SP 12 sep. 2012, rad. 36824.

(37) Cfr. SP3233-2017, 8 mar. 2017, rad. 48279.