Sentencia SP831-2018/50741 de marzo 21 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 50741

Acta 98

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Bogotá, D.C., veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.

(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales y sus datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia).

EXTRACTOS: «V. El recurso

El defensor del acusado insiste en que el único camino para corregir la indeterminación fáctica de la imputación es la invalidación de lo actuado; agrega que las observaciones que se puedan formular respecto del escrito de acusación no son el medio adecuado para corregir dichos yerros. Y si la fiscalía, en la audiencia de formulación de acusación, quisiera corregir la deficiente imputación temporal del segundo episodio fáctico no lo podría hacer, porque acabaría por formular una nueva acusación.

Admite que es cierto que la fiscalía precisó el lugar y modo en que ocurrió el primer hecho imputado, pero no se puede perder de vista que en la audiencia de imputación se atribuyeron dos hechos: y respecto del segundo —la exigencia de $ 500.000 al señor R., como colaboración para las llantas del vehículo chino de propiedad del aquí acusado— no se indica fecha ni lugar, solamente se dijo que ocurrió “en una ocasión”, aunque admite que la fiscalía sí precisó el modo en que ello acaeció.

En este caso, asegura el recurrente, la defensa tendría que ejercerse frente a un hecho absolutamente indeterminado en el tiempo, pues la fiscalía apenas menciona que el hecho ocurrió “en una ocasión”, probablemente posterior al primer hecho. Y si el fiscal delegado introdujera una fecha estaría realizando una nueva imputación, lo que viola el debido proceso por vía del desconocimiento de los artículos 287 y 337 del Código de Procedimiento Penal.

Dice que el segundo hecho es ambiguo, vago y oscuro. Critica que la fiscalía, tanto en la imputación como en el escrito de acusación, se dedicó a relatar el devenir procesal de la actuación seguida contra R. R. por el delito de violencia intrafamiliar. Pero al hacer la imputación por el delito de concusión contra R. C. unió dos hechos, pues ató la solicitud de preclusión, elevada en octubre de 2013 por el entonces fiscal local de Fusagasugá en la investigación por violencia intrafamiliar, a la exigencia dineraria, solicitud que fue resuelta en diciembre del mismo año.

Admite que a la fiscalía le estaba dado circunscribir el hecho a un cierto periodo —octubre de 2013— y atarlo al devenir procesal de la actuación adelantada por violencia intrafamiliar, pero tal cosa no guarda relación con la fecha en que finalmente se resolvió la solicitud de preclusión, esto es, diciembre de 2013.

Señala que a la defensa no le es dable inmiscuirse en la formulación de la imputación, pero este es un caso límite en el que se tiene una imputación que no es clara ni expresa. Alude a la decisión de la Corte del 8 de marzo de 2017 en la que se mencionó lo que se debe entender por hechos jurídicamente relevantes, y se dijo que estos no pueden confundirse con los medios probatorios.

Con apoyo en el audio de la audiencia de imputación y la lectura del escrito de acusación, el recurrente reitera la petición de nulidad; argumenta que el acusador se limitó a realizar un recuento del proceso por violencia intrafamiliar, y a señalar la existencia de hechos de solicitud de dinero, sin determinar debidamente el segundo episodio fáctico.

Insiste en que la nulidad es el único remedio para subsanar la situación; añade que la formulación de imputación respecto del segundo hecho constituye una irregularidad sustancial que afecta el debido proceso. Pide que se reponga la decisión impugnada o, en subsidio, que se conceda el recurso de apelación.

(…)

VII. Consideraciones de la Corte

1. A esta Colegiatura le asiste la competencia para resolver de fondo el asunto sometido a su consideración, pues se trata de resolver el recurso de apelación formulado contra una determinación adoptada en la audiencia de formulación de acusación por el Tribunal Superior de Cundinamarca, Corporación de la cual la Corte es su superior jerárquico (L. 906/2004, art. 32, num. 3º).

2. Se trata, en este caso, de establecer si en esta fase procesal es procedente disponer la nulidad del acto de imputación, por una supuesta indeterminación del episodio fáctico que allí le fue atribuido al hoy acusado.

La Corte anticipa que confirmará la decisión del Tribunal. Las razones son las siguientes:

3. El impugnante reprocha, en síntesis, que la fiscalía violó el debido proceso y el derecho de defensa del acusado porque, a la hora de identificar los hechos que le atribuyó en la audiencia de imputación y en el escrito de acusación, no detalló de manera suficiente las circunstancias de tiempo en que aquellos ocurrieron. Alega, respecto del segundo episodio fáctico, que la fiscalía solamente mencionó la exigencia de dinero, más no el lugar, modo ni fecha en que sucedió.

Pues bien, frente a la inconformidad del recurrente es preciso recordar que la jurisprudencia de la Corte (CSJ, SP, oct. 8/2008, rad. 29338) tiene dicho que, por definición legal, la formulación de la imputación es aquel acto mediante el cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado. Esta comunicación debe realizarse en audiencia ante un juez de control de garantías, siempre y cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física, o de la información legalmente obtenida se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga (CPP, arts. 286 y 287).

La imputación, además de incluir la individualización del imputado y sus datos de identificación, debe tener un contenido fáctico y jurídico, toda vez que en ella se comunican hechos relevantes para la sociedad —delimitación fáctica—, que han sido además previstos en la ley como delito —delimitación jurídica completa—.

Es así que el artículo 288 de la Ley 906 de 2004 consagra que el acto de imputación debe traer una “relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible, lo cual no implicará el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, evidencia física ni de la información en poder de la Fiscalía, sin perjuicio de lo requerido para solicitar la imposición de medida de aseguramiento” (ibíd., rad. 29338).

Entonces, bajo la perspectiva del debido proceso, la formulación de la imputación constituye un acto de formalización de la investigación y, además, un mecanismo de comunicación que se hace a una persona de su calidad de imputada.

La formulación de la imputación debe entenderse como un señalamiento preliminar, fundado en una inferencia razonable sobre el eventual compromiso penal que le puede deparar a una persona; la valoración de este acto le corresponde a la defensa con miras a intuir, en su capacidad de anticipación y estrategia, el desenvolvimiento que pueda tener en orden a una posible atribución formal de cargos (acusación), una decisión adversa consolidada en el fallo, o bien ponderar la posibilidad de acogerse a la terminación anticipada del proceso, por vía de un allanamiento o la celebración de un preacuerdo.

4. Aplicados los anteriores lineamientos al caso presente se tiene que la actuación procesal cumplida no permite configurar una violación al debido proceso o al derecho de defensa originada en una supuesta indefinición fáctica de la imputación.

Si se mira el episodio delictual, tal como fue descrito en la audiencia de imputación, no se avizora en él una oscuridad, vaguedad o indeterminación de la magnitud y trascendencia que pregona el defensor.

Lo anterior es así porque de la actuación cumplida surge nítido que las conductas atribuidas por medio de los dos episodios (la entrega de dos millones de pesos al entonces fiscal en su residencia y, posteriormente, la exigencia que aquel hiciera de quinientos mil pesos más para proveer de llantas a su vehículo) fueron descritas en sus circunstancias de modo y lugar; esto no lo desconoce el apelante, e incluso admite que al a quo le estaba dado aludir a un cierto marco temporal. Lo que aquel cuestiona es que respecto de la segunda conducta no se mencionara una fecha precisa.

Pero —se insiste— tal omisión no reviste la irregularidad que asegura el recurrente, pues no cabe duda que, tanto en la imputación como en el escrito de acusación, el procesado y su defensa fueron enterados de cuál es el hecho atribuido. Éste, según la imputación, habría tenido lugar en la concreta época en que el proceso de violencia intrafamiliar se adelantaba contra el señor M. A. R., más exactamente mientras el entonces fiscal dr. R. C. lo tuvo a su cargo. Y más precisamente aún hacia el mes de octubre de 2013 y en un momento posterior, pero, siempre atado a la actuación procesal cumplida, y a la solicitud por la fiscalía de una audiencia de preclusión.

Así formulada la imputación, no cabe duda que el imputado y su defensor desde entonces han sabido cuál es el hecho atribuido, al igual que el modo y el contexto en que fue cometido; de igual forma, han sido enterados de la época en que sucedió, con independencia de que no se hubiere citado una fecha exacta. Todo esto sin perjuicio de que con los elementos de juicio de que disponga el acusador pueda aclararlos, adicionarlos o corregirlos (L. 906/2004, art. 339) al formular oralmente la acusación en la correspondiente audiencia, ya sea por su propia iniciativa o por razón de las observaciones de los intervinientes.

Tan cierto es que la defensa ha conocido suficientemente el marco temporal de la imputación —al igual que las circunstancias de modo y lugar en que acaecieron las conductas— que, incluso, ha traído a esta sede la estrategia que posiblemente implemente en el juicio oral: esta consistiría en que el segundo episodio atribuido a su asistido —la solicitud de $ 500.000 al señor R. para las llantas de su vehículo— “no guarda relación con la fecha en que finalmente se resolvió la solicitud de preclusión”, argumento defensivo que no podría esgrimir si no supiera en qué época sucedió la conducta investigada.

5. En conclusión, dígase que no existe la violación al debido proceso y derecho de defensa por razón de una supuesta indeterminación fáctica de la imputación; en dicho acto procesal se comunicaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos, sin perjuicio de que a la hora de verbalizar la acusación, la fiscalía pueda —sin mutar la naturaleza del contexto fáctico— aclararlas, adicionarlas o corregirlas, lo que no configura una nueva acusación como equivocadamente lo aprecia el defensor.

Visto el acto de la imputación no se encuentra que los episodios fácticos allí deducidos se hubieren presentado de la manera oscura y vaga que asegura el apelante, pues no cabe duda que —al margen de que no se hubiera precisado la comisión de los hechos en una u otra fecha exacta— las conductas atribuidas fueron suficientemente delimitadas en sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, como para satisfacer los precisos fines del acto de imputación.

En tal sentido, se dirá que dicha actuación cumplió con los fines que le son inherentes, de suerte que por el principio de instrumentalidad de las formas no se configura una irregularidad susceptible de ser remediada con la declaración de la invalidez total o parcial de la actuación.

Por todo lo anterior, la Corte confirmará la decisión recurrida.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

CONFIRMAR la decisión recurrida.

Contra esta determinación no procede ningún recurso.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen».