Sentencia SP8329 de junio 22 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

SP8329-2016

Radicación Nº 46243

Aprobado acta N° 189

Bogotá, D.C., veintidós de junio de dos mil dieciséis.

Objeto de la decisión 

La Sala profiere sentencia anticipada en el proceso adelantado contra William Hernán Pérez Espinel, quien en su calidad de ex Gobernador del Departamento de Casanare aceptó cargos por el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público.

Identificación del procesado

William Hernán Pérez Espinel, identificado con la cédula de ciudadanía N° 9.520.708 de Sogamoso, nació en Bogotá (Cundinamarca) el 12 de agosto de 1957, mide 1.80 metros de estatura, color de piel trigueña; hijo de Aristipo Pérez Díaz (fallecido) y Emma Espinel de Pérez, soltero, padre de William Esteban Pérez Pérez; estudios universitarios, de profesión periodista y abogado, laboró como comerciante y ganadero, inspector de policía en el municipio de Yopal, secretario privado de la Gobernación de Casanare en 1995, Gobernador encargado de ese mismo departamento (1995 y 1996) y su último cargo fue el de Gobernador de Casanare por elección popular, durante el periodo constitucional 2001-2003.

Actualmente se encuentra privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario Colonia Agrícola de Mínima Seguridad de Acacías, cumpliendo dos condenas impuestas por la Corte Suprema de Justicia, por la comisión de los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso homogéneo, interés indebido en la celebración de contratos y concusión.

Antecedentes fácticos  

William Hernán Pérez Espinel fue elegido Gobernador del Departamento de Casanare, para el período constitucional 2001–2003. Encontrándose en ejercicio del cargo y durante los dos años posteriores a su desvinculación, obtuvo un incremento patrimonial injustificado en cuantía de $143.664.475, por lo cual se le acusó por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito de servidor público.

Antecedentes procesales 

1. El ciudadano Freddy Giovanni Lugo Pérez presentó denuncia ante la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República, poniendo en conocimiento de esa autoridad presuntas irregu-laridades en materia de contratación administrativa, atribuibles al entonces Gobernador de Casanare, William Hernán Pérez EspineL. Informó, así mismo, que durante su ejercicio como Gobernador, Pérez Espinel y su familia, se enriquecieron injustificadamente, pues pasaron de no tener bienes propios a ser dueños de ingentes propiedades.

2. La Contraloría corrió traslado de la denuncia del ciudadano Lugo Pérez a la Fiscalía Seccional de Casanare, siéndole asignada a la Fiscalía 33 Seccional de Yopal, la cual compulsó copias de la actuación para ante el despacho del señor Fiscal General de la Nación, a fin de que asumiera la investigación contra el ex mandatario, conservando la competencia respecto de los demás denunciados.

3. El 20 de octubre de 2009 el Fiscal General de la Nación abrió investigación contra Pérez Espinel y mediante Resolución del 14 de marzo de 2012 le resolvió la situación jurídica, imponiéndole medida de aseguramiento privativa de la libertad, sin derecho a libertad provisional, como presunto autor del delito de enriquecimiento ilícito de servidor público, medida que quedó suspendida hasta tanto el procesado cumpla una sentencia de condena que le fue impuesta por esta Corporación.

4. Agotado el ciclo instructivo, el 23 de febrero de 2015 la Fiscalía acusó a Pérez Espinel como presunto autor de la conducta punible tipificada en el artículo 412 original de la Ley 599 de 2000, en concordancia con el artículo 14 de la Ley 890 de 2005.

5. En el término previsto en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, la defensa del procesado solicitó la nulidad de la actuación surtida en la fase instructiva y, subsidiariamente, la práctica de prueba testimonial.

6. El 1° de marzo del año en curso se llevó a cabo la audiencia preparatoria, oportunidad en la cual se resolvió negativamente la petición de nulidad impetrada, se negaron dos testimonios pedidos por la defensa y se decretaron pruebas, a petición de los sujetos procesales y de oficio.

7. Contra la decisión antes citada la defensa interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante auto del 4 de abril de 2016.

8. Mediante escrito allegado al proceso el 4 de abril del corriente año, William Hernán Pérez Espinel manifestó su intención de acogerse a sentencia anticipada.

9. Atendiendo la petición mencionada en el numeral precedente, el mismo 4 de abril la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia realizó la audiencia de formulación de cargos para sentencia anticipada a William Hernán Pérez Espinel, atribuyéndole la comisión del delito de enriquecimiento ilícito de servidor público, atendiendo para ello las razones fácticas y jurídicas expuestas en la resolución de acusación.

10. Encontrándose en presencia de su defensor de confianza y de la Fiscal Delegada, el acusado ratificó su intención libre y voluntaria de aceptar el cargo en mención, sin ningún condicionamiento.

Consideraciones de la Corte

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 235, numeral 4°, de la Constitución Política y 75, numeral 6°, de la Ley 600 de 2000, la Corte es competente para emitir el pronunciamiento de fondo pertinente, pues pese a que en la actualidad William Hernán Pérez Espinel no se desempeña como Gobernador de Casanare, la conducta imputada (enriquecimiento ilícito de servidor público), tiene relación con las funciones desempeñadas, razón por la cual se cumple el presupuesto indicado en el parágrafo del artículo 235 de la Carta Política.

Conforme con lo anterior, se trata, entonces, de un proceso penal de única instancia, al que se le aplica el trámite de la sentencia anticipada, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 600 de 2000.

2. La sentencia anticipada.

A propósito de esta figura, la Corte Constitucional, en sentencia SU-1300 del 6 de diciembre de 2001, señaló que la aceptación de cargos se traduce en una confesión simple(1), lo cual significa que tanto el Estado como el sindicado hacen renuncias recíprocas, pues el primero suspende su obligación de investigar y juzgar, mientras el segundo se despoja del derecho que le asiste a contar con un proceso ordinario, en donde puede ejercer la controversia probatoria y de la acusación, según el caso, todo ello con miras a lograr un justo equilibrio entre la economía procesal y la rebaja de pena compensatoria.

Empero, no se trata de una aceptación de responsabilidad penal sin prueba, pues ha de estar sustentada en elementos de convicción que la soporten y corroboren. Así, la sola manifestación del procesado no es suficiente para emitir el fallo condenatorio, pues como lo dispone el artículo 232 de la Ley 600 de 2000, “no se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza del hecho punible y de la responsabilidad del procesado.”

Con todo, el examen de los elementos de juicio en el evento de la aceptación de cargos opera de manera objetiva en tanto soporte de la confesión, sin exigir comprobación probatoria exhaustiva, pues si así fuera no podría afirmarse que la terminación anticipada representó economía para el proceso.

Atendiendo dichos parámetros legales, es necesario proceder a analizar los cargos aceptados de manera libre e incondicional por William Hernán Pérez Espinel, a efectos de comprobar si en este caso concurre dicha certeza.

3. Adecuación típica de la conducta

3.1. En la resolución de acusación, del 23 de febrero de 2015, la Fiscalía General de la Nación atribuyó a William Hernán Pérez Espinel el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público, tipificado para la época de los hechos en el artículo 412 original de la Ley 599, en los siguientes términos:

“El servidor público que durante su vinculación con la administración, o quien haya desempeñado funciones públicas, y en los dos años siguientes a su desvinculación, obtenga para sí o para otro, incremento patrimonial injustificado, siempre que la conducta no constituya otro delito, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años, multa equivalente al doble del enriquecimiento, sin que supere el equivalente a cincuenta mil salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilitación de derechos y de funciones públicas de seis (6) a diez (10) años”.

En el mencionado acto procesal la Fiscalía consideró aplicable el incremento punitivo previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2005, postura que se aparta de la reiterada jurisprudencia de esta Corporación, según la cual en los procesos rituados bajo el imperio de la Ley 600 de 2000 no se aplica dicho incremento, sin importar la condición del procesado (esto es, aforados y no aforados).

Como quiera que Pérez Espinel tiene la calidad de aforado constitucional, el procedimiento aplicado en este caso fue el previsto en la Ley 600 de 2000, por lo cual no le es aplicable el incremento punitivo en comento.

De otra parte, aun cuando el artículo 412 del Código Penal fue modificado por el artículo 29 de la Ley 1474 de 2011, en atención al principio de favorabilidad(2), en tanto aquél estaba vigente para la época de los hechos aquí juzgados y prevé consecuencias punibles más benignas, prevalece el marco punitivo allí señalado, por ser inferior al previsto en la nueva ley.

3.2. Conforme con la descripción normativa, para lograr una plena adecuación típica es necesario establecer que el sujeto activo cualificado (servidor público) incurrió en un incremento patrimonial injustificado y que además ello sucedió dentro del periodo en que se desempeñaba en el cargo o en el lapso de dos (2) años siguientes, así como también el nexo con la condición de servidor público o del ejercicio de sus funciones.

4. Prueba que sustenta lo aceptado

4.1. Mediante certificación del Consejo Nacional Electoral, el acta de posesión y una certificación expedida por la Gobernación de Casanare(3), se acreditó que William Hernán Pérez Espinel fungió como Gobernador de dicho departamento, en el periodo constitucional 2001-2003, demostrándose así la calificación del sujeto activo.

4.2. Materialidad de la conducta

4.2.1. Algunas consideraciones generales

Sea lo primero precisar que con el propósito de establecer la tipicidad objetiva del delito investigado, en la etapa instructiva se practicaron varios dictámenes, los cuales arrojaron resultados disímiles, así:

— N° 226576 del 21 de abril de 2005, en el que se determinó un incremento injustificado, entre 2001 y 2003, de $200.552.000.

— N° 244442 del 11 de agosto de 2005, en el cual se concluyó que en el mismo periodo (2001 - 2003), el procesado obtuvo un incremento patrimonial injustificado de $498.295.000. Dicho dictamen fue tomado en cuenta por la Fiscalía como fundamento de la resolución de acusación.

— N° 844324, del 25 de febrero de 2014, en el que se consigna que para el periodo 2002 -2007, William Hernán Pérez Espinel reflejó un incremento patrimonial injustificado de $286.951.000.

— Igualmente se allegó, como prueba trasladada, la copia del informe N° 008 del 8 de enero de 2009, rendido dentro de la acción de extinción de dominio adelantada contra William Hernán Pérez Espinel por la Fiscalía 36 de la Unidad de Extinción del Dominio (radicado 6569 E.D), en el cual se concluyó que entre 2002 y 2007 el accionado obtuvo un incremento patrimonial de $286.951.000.

Como se observa, ninguno de los experticios comprendió el periodo a que refiere el artículo 412 del Código Penal(4), que en este caso sería del 1° de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2005, pues en los dos primeros se hizo el análisis patrimonial de 2001 a 2003, tiempo en el cual Pérez Espinel fungió como Gobernador de Casanare, omitiendo el estudio de los dos años subsiguientes (2004 y 2005), en tanto que en los dos últimos dictámenes se analizó el periodo comprendido entre 2002 y 2007, dejando por fuera el primer año de su ejercicio e incluyendo dos años que rebasaban el término previsto en la norma.

En consecuencia, la Corte procede a efectuar una nueva valoración de toda la prueba recaudada, a fin de determinar el monto del incremento injustificado del patrimonio económico de William Hernán Pérez Espinel, en el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2005.

Sin embargo, debe precisarse que si el nuevo análisis elaborado por la Corte arroja un resultado superior a la suma de $498.295.000, considerada por la Fiscalía en la resolución de acusación como moto del enriquecimiento injustificado atribuido a Pérez Espinel, en atención al principio de congruencia que debe guardar la sentencia con los cargos formulados por el ente instructor, éste será el valor a tener en cuenta al momento de tasar las penas legalmente previstas.

En segundo lugar, es abundante la prueba recaudada en la fase instructiva, con la cual se demostró que desde antes de ser Gobernador de Casanare, WILLIAM HERNÁN PÉREZ ESPINEL se dedicaba a la ganadería de ganado bovino o vacuno, tipo comercial o criollo (cebú), con el propósito de cría, levante y ceba, actividad que siguió desarrollando durante el tiempo en que se desempeñó como tal y con posterioridad a la dejación del cargo.

En este contexto, la Corte tendrá en cuenta tanto las prácticas ganaderas en Casanare, develadas por los testigos que concurrieron a declarar(5), así como los estudios elaborados por autoridades nacionales sobre la materia(6), a partir de los cuales se constató que: (i) existen varios sistemas de producción bovina, entre los cuales está el extensivo, que ha sido el más utilizado en los Llanos orientales; (ii) en el tiempo objeto de análisis, esta actividad no tenía mayor regulación, por lo cual en Casanare se desenvolvía en un marco de informalidad; (iii) en las fincas ganaderas del citado departamento no se llevaban registros, lo que conllevaba “un problema de deficiencia en manejo de datos e información, no se toman decisiones basadas en los análisis financieros ni se planifica el desarrollo ganadero ni el mal manejo de los recursos disponibles”(7), (iv) el tipo de ganado predominante en la región era el mestizo (cebú por criollo), con parámetros de producción en cuanto a leche y ganancia de pesos muy bajos y con unos porcentajes de fertilidad sobresalientes, debido a su rusticidad; (v) las transacciones se hacían en efectivo; (vi) la comercialización se hacía de dos formas: a través de la subasta ganadera, caso en el cual se extendía al comprador una papeleta en la que se consignaba la fecha, el nombres de los contratantes y las marcas o hierros que tenía el ganado vendido, pero no los precios pactados, y directamente en las fincas ganaderas, por lo cual no quedaba una trazabilidad documentada; (vii) para la época de los hechos los precios de los semovientes se establecían a través de leyes de oferta y demanda, por lo cual eran acordados entre las partes al momento de hacer la negociación; (viii) la industria ganadera clasifica el ganado en las siguientes categorías: carne, lechero y doble propósito (carne y lechería).

En lo que respecta al aumento del inventario del ganado, es de señalar que según la literatura revisada, se produce mediante nacimientos o crías, ganancia de peso y nuevas compras. En cuanto al primer ítem, según estudio publicado por Colciencias(8), en el sistema de producción extensivo tradicional de raza criolla (cebú), con el propósito de cría, levante y ceba(9), la tasa de natalidad es del 54%, en tanto que la de mortalidad en terneros es del 8% y en adultos del 3%, lo que significa que el crecimiento promedio del inventario de un hato ganadero (que incluye nacimientos y pérdidas), es del 43%, porcentaje que en este caso será tenido en cuenta por la Corte para determinar el incremento del inventario por natalidad y otras causas y, residualmente, los emolumentos invertidos por el acusado en nuevas compras.

4.2.2. El caso concreto

Teniendo en cuenta que Pérez Espinel fungió como Gobernador de Casanare en el periodo constitucional 2001-2003, el análisis patrimonial se hace a partir del primer año de su mandato y se extiende por los dos años subsiguientes a la terminación del mismo, teniendo en cuenta el texto original del artículo 412 del Código Penal.

Año 2001 

La Corte parte del análisis de los bienes que conformaban el haber del acusado en el año inmediatamente anterior a su posesión como Gobernador (2000), con base en la declaración de renta correspondiente a dicho año gravable, en la que se reflejó su patrimonio a 31 de diciembre, sin que resulte necesaria la declaración de bienes y rentas presentada al momento de la posesión, la cual no fue allegada al proceso, pese a los ingentes esfuerzos de la Fiscalía para obtenerla.

Incremento patrimonial 2001

Atendiendo las manifestaciones de Pérez Espinel, como la prueba documental allegada al plenario, se pudo constatar que en este año gravable incrementó su patrimonio de la siguiente forma:

— El 29 de diciembre de 2001 compró, mediante escritura pública N° 7571(10), el apartamento 705 y los garajes 64 y 65, ubicados en la calle 134 N° 47A-66, inscritos en los folios de matrícula inmobiliaria números 50N-20207876, 50N-20207798 y 50N-20207799, respectivamente, por la suma de $120.000.000.

Sobre el precio de tales bienes, la Corte toma el que figura en los certificados de libertad y tradición ($120.000.000), habida cuenta que en el curso de la investigación no se demostró, más allá de toda duda razonable, cuál fue el valor pagado por el comprador, esto es, si fue el señalado en la escritura pública contentiva de la compraventa, o si se trató del valor comercial.

En efecto, en los certificados de libertad y tradición de los predios se indica que su valor de compra, por parte de los anteriores dueños, fue de $160.000.000(11), hecho que llevó a la Fiscalía a ordenar un experticio para determinar cuál era su valor comercial para la época en que el procesado celebró el contrato de compraventa y a partir de dicho medio de convicción asumió que Pérez Espinel canceló la suma de $178.048.685, valor que se reflejó en el dictamen del 11 de agosto de 2011.

Empero, dicha postura desconoce el principio de la autonomía de la voluntad privada que de antaño rige en nuestro país, en virtud del cual las personas están facultadas por el derecho positivo para disponer, con efecto vinculante, de sus intereses y derechos y, por tanto, para crear derechos y obligaciones, con los límites generales del orden público y las buenas costumbres.

En esta medida, bien pudieron los vendedores (Miriam Yaneth López Barrera y José Horacio Motta Rodríguez) y el comprador (William Pérez Espinel), pactar un precio inferior al comercial, acuerdo que per se no habría desbordado los límites generales del orden público ni las buenas costumbres, aunado a que no se ve constitutivo de lesión enorme(12)

Lo anterior teniendo en cuenta las reglas de experiencia que enseñan que por razones de diversa índole, en no pocos casos los contratantes pactan un precio inferior al valor comercial del inmueble, por ejemplo, cuando requieren urgente liquidez y no pueden esperar a que el potencial comprador tramite un crédito, prefiriendo vender a quien les pague de inmediato, así reciban un menor valor. Tal puede ser el caso de los vendedores López Barrera y Motta Rodríguez, los cuales volvieron a comprar, tiempo después, el apartamento 705 y los garajes que habían enajenado a Pérez Espinel(13).

A lo anterior se añade que el 21 de septiembre de 2004 el procesado vendió los inmuebles a la sociedad Inversiones Ganaderas la Rivera del Río y Compañía S. en C.,(14) por un precio de $150.000.000, como éste lo declaró en su indagatoria y lo corroboró, bajo la gravedad del juramento, la señora Genny Emérita Rincón Velandia(15), lo que permite afirmar que Pérez Espinel compró y vendió los inmuebles por un precio inferior a su valor comercial.

— Incrementó el inventario de semovientes en la suma de $5.600.00 (pasó de $56.000.000 en 2000 a $61.600.000), aumento que el enjuiciado justifica aludiendo a nacimientos o nuevas crías. Para la Corte en este caso es de recibo la explicación ofrecida, habida consideración que se trata de un incremento del 10%, porcentaje que se encuentra dentro de los índices de productividad en la industria ganadera, como se explicó anteriormente.

— Siguiendo el análisis comparativo, se tiene que en 2001 el acusado declaró unos costos y deducciones (por honorarios, comisiones, servicios financieros y otras deducciones), por un monto de $48.153.000, el cual se considera ajustado a la realidad, si se tienen en cuenta los costos necesarios para el sostenimiento del ganado (administrativos, tecnológicos y de la canasta de insumos ganaderos, con fines de nutrición, sanidad y reproducción), así como la existencia de obligaciones con el sector financiero, que están debidamente documentadas.

Sumadas las anteriores partidas, se tiene que William Pérez Espinel hizo erogaciones por $168.153.000.

Ingresos en el año gravable 2001

— De conformidad con el certificado de ingresos y retenciones expedido por la Gobernación de Casanare(16), en 2001 el acusado recibió $124.051.995, netos, por concepto de salarios, prestaciones y viáticos, sin que le figure otro ingreso.

La sumatoria de egresos de 2001 ($168.153.000), menos los ingresos percibidos en dicha vigencia fiscal ($124.051.995), constituye la diferencia injustificada, la cual asciende a $44.101.005.

Año 2002 

De la comparación patrimonial entre 2001 y 2002, se advierte lo siguiente:

Incremento patrimonial 2002 

— En cuentas y bancos el acusado tuvo un aumento de $909.000 (pasó de tener $91.000 en 2001 a $1.000.000 en 2002).

— Compró a la sociedad Dulfo S.A. Servicios Petroleros el vehículo marca BMW, modelo 1997, de placas BJU 374, en la suma de $80.000.000. Es de señalar que la Corte acoge la postura del procesado, en el sentido de que este bien ingresó a su patrimonio en esta vigencia fiscal, pues de acuerdo con el testigo Jesús Adolfo Durán Ramírez, representante legal de la citada sociedad(17), el negocio se celebró en 2001 pero el precio le fue cancelado, en efectivo y de un solo contado, seis meses después, lo cual bien pudo ocurrir en 2002, como lo manifestó el acusado en su indagatoria.

— El inventario de semovientes aumentó en $75.400.000 (pasó de $61.600.000 a $137.000.000).

Sobre el particular valga precisar que la Corte no tendrá en cuenta la justificación dada por el acusado, en el sentido de que recibió 140 cabezas de ganado por herencia de su padre, por cuanto en la escritura pública N° 2339, del 27 de diciembre de 2001, mediante la cual se protocolizó la sucesión del señor Aristipo Pérez Díaz, no figura la adjudicación de semovientes a Pérez Espinel(18).

Sin embargo, la Corte acoge su postura procesal, según la cual parte del incremento del inventario de bovinos se produjo por nacimientos. Para tal efecto se toma el porcentaje del 43% al que refiere el estudio antes mencionado, equivalente en este caso a $32.422.000. En consecuencia, el incremento por concepto de compras nuevas fue de $42.978.000

— El 15 de marzo de 2002 compró, a la empresa Chrysler Crump América S.A., la camioneta Jeep Cherokee Sport, modelo 2001, de placas BLR 160(19), en $75.0000.000(20).

— El 20 de febrero de 2002 compró a la sociedad Construcciones A.Z. Ltda., el inmueble ubicado en la carrera 26 N° 14-41/45 de Yopal (Casanare), según escritura pública N° 238, por el valor de $31.500.000(21). Se aclara que este inmueble venía siendo declarado desde el año 2000, pero no hay ningún elemento de convicción que permita establecer que fue adquirido en dicho año, por lo cual la Corte se atiene a lo consignado en el certificado de libertad y tradición del predio.

— Aduce en su declaración de renta que con el propósito de vender $74.000.000 de ganado incurrió en costos de $55.521.000. Sin embargo, en un ítem posterior vuelve a declarar que incurrió en gastos, por concepto de administración y ventas, entre otros conceptos, por $62.228.410, lo que significa que declaró dos veces los gastos necesarios para hacer las ventas.

Así mismo, resulta ilógico que con el propósito de vender su ganado haya gastado en fletes y tributos un monto superior al 75% con respecto al presunto valor de los semovientes, pues ello significaría que vendió a pérdida. Analizando los guarimos, se advierte que la intención de consignar la citada cifra ($55.521.000), fue la de disminuir la base gravable tributaria del impuesto de renta.

En consecuencia, se tendrán en cuenta las deducciones declaradas por $62.228.410, las cuales se consideran ajustadas a la realidad, si se tiene en cuenta que el procesado debió invertir recursos en el sostenimiento de la ganadería y en el pago de obligaciones asumidas con el sector financiero, las cuales están documentadas.

Conforme con lo expuesto, en este año fiscal el procesado habría hecho erogaciones por $292.615.410.

Ingresos año gravable 2002 

Los siguientes son los ingresos debidamente demostrados:

— Según certificado de ingresos y retenciones expedido por la Gobernación de Casanare(22), en 2002 percibió $102.415.023, netos, por concepto de salarios, viáticos y prestaciones sociales.

— Se le cancelaron $136.000 por rendimientos financieros(23).

— BANCAFÉ le otorgó un crédito de $50.000.000 para la adquisición de la camioneta Jeep Cherokee(24), por lo cual el banco constituyó prenda sin tenencia sobre el bien.

— En la misma entidad financiera registra un crédito, mediante tarjeta de crédito visa gold, por $8.510.140(25).

— Vendió el vehículo campero Samuray verde cristal, modelo 1999, de placas ZIS 519, en $17.200.000, según lo declaró la señora Emérita Rincón Velandia ante la Fiscalía.

Obtuvo ingresos por $74.000.000 por concepto de venta de ganado, hecho que se constató con las declaraciones de Helí Cala López, quien afirmó que en 2002 compró a William Pérez Espinel, directamente en la finca “La Chaparrera”, ganado de ceba y gordo, y de Libia Parales Ramírez, cuando sostuvo que tenía un criadero de ganado bovino al aumento (o en compañía) con el procesado, en la finca de su propiedad, de nombre “La Esmeralda”, ubicada en el municipio de Paz de Ariporo (Casanare), y que en dicho año hizo ventas por un valor aproximado a los $30.000.000, de los cuales la mitad eran para ella y la mitad para su socio.

No puede tenerse en cuenta el pago de un crédito (presuntamente otorgado por el enjuiciado), por la suma de $50.055.000, habida consideración que no hay en el proceso ningún medio suasorio demostrativo de la existencia de la obligación (nombre del o los deudor (es), monto de la (s) obligación (n), plazo y tasa de interés pactados, etc.), ni del (los) pago (s) realizados.

El total ingresos recibidos en 2002 fue de $252.261.163.

La sumatoria de los egresos ($292.615.410), menos los ingresos ($252.261.163), constituye la diferencia patrimonial injustificada por $40.354.247.

Año 2003 

El estudio comparativo de los años gravables 2002-2003, arroja el siguiente resultado:

Incremento patrimonial 2003 

— En este año gravable, Pérez Espinel obtuvo un aumento de $3.643.000 en caja y bancos.

— Según la declaración de renta, invirtió $30.000.000 por concepto de aportes a una corporación deportiva.

— Incrementó el inventario de semovientes en $134.600.000 (porque pasó de $137.000.000 a $271.6000). Como se ha venido señalando, el 43% del aumento puede imputarse a nacimientos en su criadero (por un valor de $57.878.000, descontando las pérdidas), lo que significa que la inversión en nuevas compras fue de $76.722.000.

— Si bien se consigna en la declaración de renta que incurrió en gastos de $264.480.000 con ocasión de la venta de ganado (fletes, impuestos, labores de vaquería), la Corte no tendrá en cuenta dicha cifra, toda vez que no hay evidencia de que en este año fiscal Pérez Espinel efectuara ventas por $330.000.000. Expresado de otro modo, si no hay prueba de que el enjuiciado hizo ventas por el citado monto, no resulta lógico que se dé por probado que incurrió en el millonario gasto, efectuado precisamente con ocasión de las supuestas ventas.

Así mismo, porque resulta ilógico que con el propósito de vender su ganado haya gastado en fletes y tributos un monto superior al 80% con respecto al presunto valor de los semovientes, pues ello significaría que vendió a pérdida. Analizando los guarimos, se advierte que la intención de consignar el citado rubro ($264.480.000), no fue otra que la de disminuir la base gravable tributaria del impuesto de renta.

En consecuencia, se tendrá lo declarado en este año gravable por concepto de deducciones(26), en el sentido que hizo erogaciones por concepto de gastos administrativos y ventas, así como por pagos financieros, por valor de $132.676.475, el cual se estima acorde con los costos de sostenimiento del ganado y el pago de las distintas obligaciones asumidas por el procesado con el sector financiero, las cuales están documentadas.

El total egresos en 2003 fue de $243.041.475

Ingresos año fiscal 2003

Está demostrado que en este año fiscal Pérez Espinel obtuvo los siguientes ingresos:

- Según certificado de ingresos y retenciones expedido por la Gobernación de Casanare(27), recibió $122.668.000, netos, por concepto de salarios, prestaciones sociales y viáticos.

- Vendió el inmueble de la carrera 26 N° 14-41/45 de Yopal, en la suma de $32.000.000, según escritura pública N° 1190, del 9 de junio de 2003(28). Si bien la señora Genny Emérita Rincón hizo mención a esta venta, no precisó el valor de la misma, por lo cual se toma el que figura en el certificado de libertad y tradición.

- Le fue otorgado un crédito por el Banco de Colombia, de $35.000.000, el cual fue desembolsado el 10 de octubre de 2003(29).

- No puede tenerse en cuenta lo declarado con respecto a ventas de ganado por $330.600.000, ni la suma de $54.799 por concepto de intereses por ganadería, habida consideración que tales cifras no encuentran soporte alguno.

Sin embargo, en su declaración la señora Libia Parales Ramírez manifestó que como socia del acusado vendió, en su finca de Paz de Ariporo, ganado vacuno por un valor aproximado a los $30.000.000 anuales y que tale suma se repartía por mitades. Es decir que en este año Pérez Espinel obtuvo ingresos de $15.000.000 por concepto de venta de ganado vacuno.

Igualmente, con la papeleta N° 135020, del 21 de mayo de 2003 se demostró que en 2003 el procesado vendió a Reynaldo Becerra 30 machos vacunos, que había adquirido por compra a Aristóbulo Becerra, desconociéndose el valor de la negociación.

Por tal razón, el valor de las reses será tasado teniendo en cuenta el precio más alto establecido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el acápite V de la Resolución 00108, del 6 de febrero de 2004(30), para el departamento de Casanare, que en este caso es de $624.193 por cada bovino, para un ingreso por ventas de ganado efectuadas a través de la subasta, de $18.725.190.

El total del valor de las ventas demostradas en el año gravable 2003 asciende a $33.725.190.

No puede tenerse en cuenta un ingreso de $27.323.520 por concepto de arrendamientos, como quiera que no obra en la actuación prueba demostrativa de la existencia de algún contrato de arrendamiento, ni del canon pactado, como tampoco de la retención en la fuente generada en este tipo de negocios jurídicos.

Así las cosas, el total de ingresos demostrados como percibidos por el acusado en 2003 fue de $223.393.190.

Según declaración de renta, los bienes raíces disminuyeron al pasar de $101.905.000 a $10.901.000, para una diferencia de $91.004.000. Sin embargo, la Corte no puede tomar este último valor como un ingreso susceptible de capitalizar, habida consideración que en este año fiscal solamente está demostrada la venta del inmueble de la carrera 26 N° 14-41/45 de Yopal, por el valor de $32.000.00. Otro tanto ocurre en relación con los activos fijos depreciables, pues declaró que pasó de tener $379.150.000 a $372.736.000, es decir que presuntamente sus bienes depreciables se habrían reducido en la suma de $6.414.000, pero, al igual que con los inmuebles, no hay prueba que evidencie la existencia de un negocio jurídico de compraventa de esta clase de bienes.

Por tanto, la declarada disminución de su patrimonio no tiene respaldo probatorio y, en esa medida, no puede tenerse como causa del decrecimiento de sus ingresos, excepto en lo que atañe al inmueble de Yopal, cuyo valor de venta ya fue incluido en el análisis patrimonial antes realizado.

La sumatoria de los egresos ($243.041.475) efectuados por el procesado, menos los ingresos percibidos en este año gravable ($223.393.190), constituye el incremento patrimonial a justificar, por un valor de $19.648.285.

Año 2004 

Efectuada la comparación de los años gravables 2003-2004, se verifica la siguiente información:

Incremento patrimonial 2004

— El efectivo en caja y bancos tuvo un aumento de $15.994.960

— Se incrementó en $46.413.220 el valor de sus inventarios de ganado (pasó de $271.600.000 a $318.013.220), el cual, como se ha venido precisando, puede atribuirse en un 43% a la natalidad de su criadero (descontando las pérdidas), por un monto de $19.957.684,60 lo que significa que el valor de la inversión en nuevas compras fue de $26.455.535.

— Para esta vigencia adquiere, mediante escritura pública N° 734, de la Notaría Primera de Villavicencio, del 18 de febrero de 2004, el inmueble denominado Morelia, por el cual, según indicación del mismo procesado y de su contadora, la señora Genny Emérita Rincón Velandia, pagó $264.383.564(31).

— Si bien se consigna en la declaración de renta que incurrió en gastos de $348.862.000, con ocasión de la venta de ganado (fletes, impuestos, labores de vaquería), la Corte no tendrá en cuenta este monto, toda vez que no hay evidencia de que en este año fiscal Pérez Espinel efectuara ventas por $380.000.000. Expresado de otro modo, si no hay prueba de que el enjuiciado hizo ventas por el citado monto, no resulta lógico que se dé por probado que incurrió en el millonario gasto, precisamente con ocasión de esas supuestas ventas.

Así mismo, porque resulta ilógico que con el propósito de vender su ganado haya gastado en fletes, tributos y labores de vaquería un monto superior al 91% con respecto al presunto valor de los semovientes, pues ello significaría que vendió a pérdida. Analizando los guarimos, se advierte que la intención de consignar la mencionada cifra ($348.862.000), fue la de disminuir la base gravable tributaria del impuesto de renta.

En consecuencia, se tendrá en cuenta el valor consignado en la declaración de renta, en el capítulo de deducciones, en el que se indica que hizo erogaciones por concepto de gastos administrativos, ventas y pagos financieros por $98.682.181, el cual se estima acorde con los gastos que implica el sostenimiento del ganado y el pago de las cuotas de las distintas obligaciones asumidas por el procesado con el sector financiero, las cuales están documentadas.

El total egresos realizados por el procesado en 2004 fue de $405.516.240.

Ingresos percibidos en 2004  

— Mediante escritura pública N° 4010, del 15 de diciembre de 2004, vendió el apartamento y los garajes 64 y 65, ubicados en la calle 134 N° 47A-66 de Bogotá(32), en la suma de $150.000.000. Si bien en los certificados de libertad y tradición antes citados, el valor de la venta allí registrado es de $142.000.000, con la declaración de la contadora Genny Emérita Rincón Velandia(33) se demostró que el precio real de la venta fue de $150.000.000, razón por la cual es éste el valor a tener en cuenta como ingreso.

Para esta vigencia le fueron otorgados créditos nuevos por el valor de $140.000.000(34).

No puede tenerse en cuenta todo lo declarado con respecto a ventas de ganado, por $380.000.000, habida consideración que tal cifra no tiene respaldo alguno en el proceso.

Sin embargo, con las papeletas números 146511, del 7 de enero, 145354, 145355, del 23 de enero, 147594 del 29 de febrero, 147997, 148036, 148037 del 4 de marzo, 148427, 148633, 159239 del 15 de abril y 165717 del 21 de noviembre, todas de 2004, y las declaraciones de Hernando Agudelo Pérez, Miguel Ángel Archila Vargas, Julio Hernández Caballero y Helí Cala, se demostró que el procesado vendió 153 cabezas de ganado, desconociéndose el valor de la venta. Para tasarlo se acudirá al precio más alto establecido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el acápite V de la Resolución 0040 del 24 de enero de 2005(35), para el departamento de Casanare, que en este caso es de $655.403 por cada bovino, para un ingreso por ventas de ganado demostradas de $100.276.659.

Así mismo, se tiene en cuenta la cifra de $15.000.000 de pesos por venta de ganado bovino en la finca La Esperanza de Paz de Ariporo, según declaración de Libia Parales Ramírez, para un total de ingresos por ganado de $115.276.659.

No se tendrá en cuenta la suma de $10.000.000 por la presunta venta de la casa ubicada en la calle 8° No 24-81, interior 9(36) de Yopal, teniendo en cuenta que no hay evidencia de dicho negocio jurídico. Por el contrario, en declaración rendida por la señora Gladys Agudelo Rivera el 17 de noviembre de 2004, manifestó que para esa época vivía en unión libre con William Pérez Espinel en el citado inmueble, el cual había sido adquirido por ambos mediante un crédito otorgado por la entidad financiera Las Villas antes de que él fuera elegido gobernador. Así mismo, obra certificado de retención en la fuente emitido por la sociedad Marrocar S.A. el 16 de julio de 2009, en el que se certifica que en el año gravable 2008 se le hizo retención en la fuente a Pérez Espinel William Hernán (residente en la calle 8 N° 24-81), por concepto de arrendamiento de inmuebles, lo que significa que para 2008 el procesado seguía siendo el propietario del inmueble.

De acuerdo con lo expuesto, en 2004 William Pérez Espinel obtuvo ingresos por $405.276.659.

La sumatoria de los egresos ($405.516.240), menos los ingresos comprobados ($405.276.659), arroja una diferencia de $239.581, siendo éste monto del incremento patrimonial que no fue justificado en 2004.

Año 2005 

El análisis comparativo de los años 2004-2005, arroja el siguiente resultado:

Incremento patrimonial 2005

— Compró maquinaria a la sociedad Casatoro S.A., por la suma de $110.190.000(37).

— Según lo manifestó en sus intervenciones procesales y en su declaración de renta, adquirió una casa en el Conjunto Residencial Altos de Yerbabuena para lo cual, en este año gravable, aportó la suma de $65.000.000(38).

— Según certificado de la Secretaría de Movilidad de Bogotá(39), el 20 de septiembre de 2005 compró el automóvil Fiat Palio, modelo 2005, de placa BSQ 421, declarado por el enjuiciado en $32.804.655(40).

En este año fiscal no tuvo incrementos en el inventario de semovientes, el cual, por el contrario, según la declaración de renta disminuyó, sin que se conozcan las causas.

— Si bien se consigna en la declaración de renta que incurrió en gastos de $255.500.000 con ocasión de la venta de ganado (fletes, impuestos, labores de vaquería), la Corte no tendrá en cuenta este rubro, toda vez que no hay evidencia de que en este año fiscal Pérez Espinel efectuara ventas por $351.000.000. Expresado en otro giro, si no hay prueba de que el enjuiciado hizo ventas por el citado monto, no resulta lógico que se dé por probado que incurrió en el millonario gasto, precisamente con ocasión de esas supuestas ventas.

Así mismo, porque resulta ilógico que con el propósito de vender su ganado haya gastado en fletes, tributos y labores de vaquería un monto superior al 72% con respecto al presunto valor de los semovientes, pues ello significaría que vendió a pérdida. Analizando los guarimos, se advierte que la intención de consignar el citado rubro ($255.500.000), fue la de disminuir la base gravable tributaria del impuesto de renta.

En consecuencia, se tomará el monto consignado en el acápite de deducciones de la declaración de renta, en el que se indica que el declarante hizo erogaciones por concepto de gastos administrativos, ventas y pagos financieros por $82.500.000, valor que se estima acorde con los gastos que implica el sostenimiento del ganado y el pago de las cuotas de las distintas obligaciones asumidas por el procesado con el sector financiero, las cuales están documentadas.

De acuerdo con lo expuesto, en 2005 Pérez Espinel obtuvo egresos de $290.494.655.

Ingresos en 2005  

— Por concepto de créditos nuevos recibió la suma de $188.757.188, discriminados así: Gran Banco S.A. $19.603.538; Autogermana S.A. por $7.653.650; Casatoro S.A. $111.500.000(41); Banco de Colombia, por $50.000.000, desembolsado el 15 de noviembre de 2005, a 36 meses de plazo(42).

No puede tenerse en cuenta todo lo declarado con respecto a ventas de ganado por $351.000.000, teniendo en cuenta que tal cifra no tiene respaldo en el proceso.

Sin embargo, con las papeletas de compraventa de ganado números 172233 del 29 de marzo, 2025594 del 21 de mayo y 182554 del 19 de diciembre, todas de 2005, y la declaración de Helí Cala se demostró que en 2004 el procesado vendió 69 cabezas de ganado, desconociéndose el valor de la venta. Para tasarlo, se acudirá al precio más alto establecido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el acápite V de la Resolución 0011 del 12 de enero de 2006(43), para el departamento de Casanare, que en este caso es de $687.190 por cada bovino, para un ingreso por ventas de ganado demostradas de $47.416.110.

Se tiene en cuenta, igualmente, la cifra de $15.000.000 de pesos por venta de ganado bovino en la finca “La Esperanza” de Paz de Ariporo, según declaración de Libia Parales Ramírez, para un total de ingresos por ventas de ganado de $62.416.110.

Tampoco se tendrá en cuenta lo declarado respecto de rentas por cobrar, por $45.000.000, pues dicho valor no se encuentra soportado (no se allegó ninguna información sobre el nombre del (los) presunto (s) deudor (es), la fecha en que fue (ron) otorgado (s) el (los) crédito (s) y demás información relacionada con las obligaciones patrimoniales a favor del acusado.

No es posible, igualmente, tener en cuenta lo declarado en relación con el ingreso de $27.500.000 por concepto de arrendamiento, como lo consignó el acusado en la declaración de renta, toda vez que no obra en el plenario prueba demostrativa de la existencia de algún contrato de arrendamiento vigente en dicho año gravable, ni del canon pactado, como tampoco de la retención en la fuente generada en este tipo de negocios jurídicos.

El total ingresos percibidos en 2005 fue de $251.173.298.

La sumatoria de los egresos ($290.494.655) menos los ingresos percibidos ($251.173.298), constituye el incremento patrimonial que no fue justificado, por el valor de $39.321.357.

Corolario de lo expuesto, es evidente que durante el periodo en que William Hernán Pérez Espinel se desempeñó como Gobernador de Casanare y en los dos años subsiguientes a su mandato, obtuvo un incremento de su patrimonio económico por un valor de $143.664.475, que no fue explicado ni justificado durante los años que duró la investigación.

El acrecimiento injustificado del patrimonio del enjuiciado, antes evidenciado, se configuró con ocasión de su desempeño como Gobernador de Casanare, teniendo en cuenta que tanto el denunciante, Freddy Giovanni Lugo Pérez, como los señores Juan Pérez, Jorge Castro y Efraín Peña,(44) manifestaron que antes de tomar posesión del cargo Pérez Espinel no tenía en su haber tantos bienes e hicieron mención a diversas irregularidades en materia contractual.

Así mismo, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencias del 28 de octubre de 2009 (radicado 32081) y 13 de agosto de 2014 (radicado 38438), por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso homogéneo, peculado a favor de terceros, concusión, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado.

En este orden de ideas, se cumple así el elemento objetivo del tipo penal contenido en el artículo 412 del Estatuto Punitivo.

4.3. Responsabilidad de William Pérez Espinel en la comisión de la conducta ilícita que se le atribuye.

Las explicaciones rendidas por el acusado sobre el origen del incremento de su patrimonio económico durante el periodo examinado, no encontraron respaldo en el proceso.

En efecto, tanto en la versión libre como en la indagatoria, Pérez Espinel manifestó que:

(i) Antes de ser elegido como Gobernador de Casanare era comerciante en el ramo de la ganadería, actividad que compartía con su padre, cuyas haciendas ganaderas administraba, por un pago de $2.000.000 mensuales, aunado a que a su muerte le fue heredado un hato compuesto por 140 semovientes.

(ii) Luego de su ingreso a la función pública mantuvo su actividad ganadera, la cual le dejó ingentes utilidades que le permitieron adquirir varios bienes muebles e inmuebles.

(iii) Era condueño, junto con su madre, de una ferretería, actividad de la que derivaba un ingreso mensual de $5.000.000.

Las afirmaciones del procesado, en el sentido de que fue ganadero, quedaron demostradas con las declaraciones de Hernando Agudelo Pérez, Aristóbulo Barrera Barrera, Ángel Miguel Archila Vargas, Julio Hernández Caballero, Helí Cala López y Libia Beatriz Parales Ramírez, testigos que fueron contestes en manifestar que efectivamente tanto el señor Aristipo Pérez Díaz (ya fallecido), como el acusado, tenían fincas ganaderas en Casanare y que durante el tiempo en que Pérez Espinel se desempeñó como primer mandatario departamental continuó desarrollando dicha actividad, con el apoyo de los administradores de sus predios.

Sin embargo, en el acápite anterior se demostró que aun teniendo en cuenta la actividad ganadera del acusado, así como la productividad de la misma, éste no pudo explicar -y menos aún demostrar- el origen de los recursos que acrecentaron su patrimonio económico en la suma de $143.664.475.

En primer lugar, Pérez Espinel arguyó que antes del fallecimiento de su padre era él quien le administraba las fincas ganaderas, labor por lo cual percibía la suma mensual de $2.000.000. Tal aserción, además de no encontrar eco en el proceso, no explica el significativo aumento de su patrimonio económico, si se tiene en cuenta que el señor Aristipo Pérez Díaz falleció el 26 de diciembre de 2000, es decir, antes de que el acusado se posesionara como Gobernador de Casanare, de tal modo que los presuntos ingresos percibidos por esta causa, en los años anteriores al periodo examinado, no habrían sido los que conllevaron el acrecimiento crematístico entre 2001 y 2005.

En segundo lugar, el argumento consistente en que con ocasión de la muerte de su padre le fue heredado un hato compuesto por 140 cabezas de ganado y algunos equinos, introducido para explicar la causa del enorme incremento de su inventario entre 2001 y 2002, tampoco encontró respaldo procesal, por cuanto a la actuación se allegó la copia de la escritura pública N° 2339, del 27 de diciembre de 2001, mediante la cual se protocolizó la sucesión del señor Aristipo Pérez Díaz, en la que se advierte que la única hijuela adjudicada a William Hernán correspondió a la parcela Rancho Grande, ubicada en el municipio de Yopal, avaluada en $58.535.000.

Ahora, el hecho de que se le haya adjudicado al enjuiciado un inmueble en el que, según los testigos, el señor Pérez Díaz (q.e.p.d.) desarrollaba su actividad ganadera, no conlleva a presumir el número de semovientes existentes a la fecha de la partición y menos aún que los mismos le fueron heredados a William Pérez Espinel, teniendo en cuenta que, según el mencionado instrumento público, el de cujus dejó una esposa y tres herederas más, a las cuales les fue adjudicada una hijuela de menor valor, sin que, por lo demás, se haya demostrado que la voluntad del causante fue la de dejar al hijo varón el derecho de dominio sobre el ganado.

En tercer lugar, efectuado el análisis de los documentos anexos a las declaraciones de renta presentadas por Pérez Espinel, correspondientes a los años gravables 2001 a 2005, se advierte que el incremento de los inventarios en materia de ganado no obedeció exclusivamente a nacimientos sino a compras, sin que explicara el origen de los recursos empleados con dicha finalidad, pues cierto es que los ingresos percibidos, por todo concepto, no eran suficientes para enjugar dichas adquisiciones.

Lo anterior porque si bien durante la etapa instructiva se aportaron papeletas de venta de semovientes, el procesado no demostró haber percibido, en cada uno de esos años, las ingentes utilidades declaradas.

Ahora, para explicar las cifras por concepto de las ventas presuntamente realizadas, adujo el enjuiciado que no todas fueron hechas en la subasta ganadera, en la cual se acude al sistema de papeletas, toda vez que es costumbre en Casanare que muchos negocios de ganado se hagan directamente en las fincas ganaderas, sin que se lleven los respectivos registros.

Dicho planteamiento fue parcialmente corroborado con los testimonios de Libia Beatriz Parales Ramírez y Helí Cala López. La primera señaló que todo el ganado que tenía en compañía de Pérez Espinel (al aumento), era vendido directamente en su finca “La Esperanza” de Paz de Ariporo, sin que se dejara documento escrito, pues, según la costumbre, todos los negocios se hacen de palabra y en efectivo. Por tal razón al hacerse el análisis de los ingresos percibidos por el acusado en el periodo objeto de examen, se tuvo en cuenta el valor anual mencionado por la citada deponente.

Por su parte Helí Cala López, en declaración rendida el 15 de abril de 2010, también manifestó que es costumbre en los Llanos Orientales negociar ganado en pie de finca y que en tal virtud compró a Wlliam Pérez Espinel, en las haciendas de éste, reses por un valor aproximado de $200.000.000 o $300.000.000, pero no precisó si tales compras las hizo entre 2001 y 2005, o si lo fueron antes o después de ese marco temporal, por lo cual no es válido afirmar que con su dicho corroboró todas las aserciones del procesado sobre el monto de las ventas en dicho periodo.

En cuarto lugar, William Hernán adveró que al mismo tiempo que desarrollaba la actividad ganadera y fungía como Gobernador de Casanare prestaba sus servicios en la Ferretería Alemana, recibiendo por ello un ingreso mensual de $5.000.000, aserto éste que fue desvirtuado mediante escrito del 4 de abril de 2007(45), suscrito por la señora Emma Espinel de Pérez, en el cual señaló que revisada la contabilidad de la ferretería no se encontraron pagos efectuados a su nombre durante los años 2002 a 2004.

Tampoco se demostró que la Ferretería Alemana se constituyó como una sociedad de hecho, de la cual era socio Pérez Espinel, afirmación con la que se pretendía demostrar que era beneficiario de las utilidades dejadas por dicho establecimiento de comercio. Según certificado de la Cámara de Comercio, éste pertenecía a los progenitores del acusado y con ocasión del fallecimiento del señor Pérez Díaz le fue adjudicado a Yolanda Pérez Espinel, de donde se infiere que el acrecimiento del patrimonio económico analizado no provino de las utilidades dejadas por la ferretería al término de cada ejercicio fiscal.

Corolario de lo expuesto, William Hernán Pérez Espinel desplegó conducta merecedora de reproche penal, pues en cumplimiento de sus funciones como Gobernador de Casanare acrecentó su patrimonio económico sin que hubiere una razón atendible para ello, violando las normas legales que rigen el actuar de los funcionarios al servicio del Estado.

Es claro que el procesado obró con dolo, porque conocía la ilicitud de su conducta y aun así quiso su realización, y que vulneró injustamente el bien jurídico de la administración pública. Así mismo, se trata de una persona imputable, capaz de conocer la ilicitud de su conducta y de autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión.

5. Individualización de la pena

Acorde con lo expuesto en el numeral 3.1. de este proveído, la Corte toma la pena señalada en el texto original de la Ley 599 de 2000, razón por la cual son los topes allí fijados los que se tienen en cuenta para individualizar la sanción.

Conforme al citado artículo 412 del Código Penal, la pena es de seis (6) a diez (10) años de prisión, multa equivalente al doble del valor del enriquecimiento, sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de seis (6) a diez (10).

Para la escogencia del cuarto correspondiente, conforme a los extremos punitivos (6 a 10 años), el ámbito de movilidad(46) es de 4 años (48 meses) y cada cuarto punitivo es de un año (12 meses). Los límites, entonces, quedan así:

 

primer cuarto72 meses84 meses
segundo cuarto84 meses y 1 día96 meses
tercer cuarto96 meses y 1 día108 meses
cuarto final108 meses y 1 día120 meses

 

Igualmente, se precisa que en la resolución de acusación no se imputó circunstancia genérica de agravación punitiva, lo que lleva a concluir que las penas de prisión y de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas deben individualizarse en el primer cuarto, es decir, entre setenta y dos (72) meses y ochenta y cuatro (84) meses.

Ahora bien, teniendo en cuenta que Pérez Espinel utilizó indebidamente su cargo de Gobernador de Casanare para acrecentar injustificadamente su patrimonio económico en la no despreciable suma de $143.664.475, aunado a que anteriormente fue cobijado con dos sentencias de condena impuestas por esta Corporación, las que aún se encuentra cumpliendo, la pena de prisión que se impondrá será el extremo máximo del cuarto mínimo, es decir ochenta y cuatro (84) meses, o lo que es igual, siete (7) años.

Con el criterio objetivo señalado por el legislador, en el sentido de que la pena de multa es el equivalente al doble del valor del enriquecimiento ilícito (sin que exceda de cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes), que para este caso asciende a $143.664.475, la pena de multa se tasa en doscientos ochenta y siete millones trescientos veintiocho mil novecientos cincuenta pesos ($287.328.950).

En lo que refiere a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, prevista también como pena principal, se individualiza en la misma forma de la pena de prisión, para un resultado de ochenta y cuatro (84) meses, o lo que es igual, siete (7) años.

6. Sobre el descuento de pena por sentencia anticipada.

Por el acogimiento a la figura de la sentencia anticipada, la Corte Suprema de justicia(47) ha venido considerando que es factible la aplicación favorable cuando se trata de comparar la Ley 600 de 2000 y la 906 de 2004, siempre que se esté ante disposiciones de carácter sustancial que regulen situaciones similares, resulten más benignas al procesado y no representen un instituto de imposible analogía.

En estas condiciones, la figura procesal del allanamiento simple y espontáneo a la imputación, prevista en el artículo 351 de la Ley Procesal Penal 906 de 2004 y la sentencia anticipada de que trata el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, responden a similar filosofía y propósitos, como que se trata de una admisión de responsabilidad frente a los delitos imputados, evitando con ello el desgaste del aparato estatal de investigación y juzgamiento, colaboración a la justicia que se premia con una rebaja de pena.

La Corte Constitucional ha señalado la equivalencia entre la sentencia anticipada del artículo 40 de la Ley 600 de 2000 y el allanamiento o aceptación de cargos del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, concluyendo en la obligatoria aplicación del principio de favorabilidad. Así lo ha advertido en varios pronunciamientos, entre los cuales cabe citar el siguiente:

“4.4. La figura de la solicitud de sentencia anticipada contemplada en el art. 40 de la Ley 600 de 2000, no solo es una institución comparable sino que es equivalente a la aceptación unilateral de los cargos o allanamiento que regula el art. 351 de la Ley 906 de 2004. La equivalencia entre estas dos normas permite que las personas condenadas bajo las normas contempladas en el art. 40 de la Ley 600 de 2000 soliciten que se les aplique el art. 351 de la Ley 906 de 2004, en virtud del principio de favorabilidad penal.” 

“Al respecto se expresó en la Sentencia T-091 de 2006, después de hacer una comparación de la sentencia anticipada y el allanamiento a los cargos: “El anterior parangón entre el instituto de la sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000 y la aceptación unilateral, o allanamiento de los cargos que se contempla en la Ley 906 de 2004, permite concluir que en efecto se trata de instituciones análogas, con regulaciones punitivas diversas.” (T-444/07)

Así pues, por virtud del principio de favorabilidad, la rebaja de pena que se aplica en este caso es la dispuesta en el artículo 356, numeral 5°, de la Ley 906 de 2004, teniendo en cuenta que el procesado aceptó su responsabilidad penal en el curso de la audiencia preparatoria, sometimiento que constituye un eficaz aporte a la administración de justicia, ya que no sólo evita el desgaste propio de este tipo de procesos, sino la impunidad de lo acontecido.

En consecuencia, en este caso se reducirá la pena en una tercera parte, por lo cual William Hernán Pérez Espinel debe cumplir una pena privativa de la libertad de cincuenta y seis (56) meses.

Igual monto y procedimiento de disminución ha de aplicarse en lo que se refiere a la pena de multa, quedando en ciento noventa y un millones quinientos cincuenta y dos mil seiscientos treinta y cuatro pesos ($191.552.634) a favor del Tesoro Nacional.

Con similares criterios, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas será igual a la pena de prisión, es decir, cincuenta y seis (56) meses.

7. La condena de ejecución condicional

El factor objetivo, exigido en el artículo 63 del Código Penal, no se cumple en este proceso, dado que el monto de la pena a imponer supera los tres (3) años de prisión, razón suficiente para negar este subrogado sin que sea necesario entrar en el análisis del factor subjetivo.

8. La prisión domiciliaria.

Tampoco se concederá a William Hernán Pérez Espinel el mecanismo sustitutivo de la pena citado en el epígrafe, toda vez que la pena mínima prevista para el delito de enriquecimiento ilícito supera el tope de 5 años de prisión, por lo cual evidentemente no se cumple el requisito objetivo previsto en el texto original del artículo 38 de la Ley 599 de 2000, lo que impide otorgar este sustituto sin necesidad de entrar a examinar el aspecto subjetivo.

Ahora, si bien el numeral primero del artículo 23 de la Ley 1709 de 2014 prevé como requisito para conceder la prisión domiciliaria, que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de ocho años de prisión o menos, en este caso no procede la concesión de la prisión domiciliaria al amparo de dicho ordenamiento, teniendo en cuenta que el numeral segundo del mismo precepto dispone que este instituto se aplica siempre y cuando no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso segundo del artículo 68 A de la Ley 599, entre los cuales está el enriquecimiento ilícito de servidor público, que es un delito contra la administración pública, aunado a que fue condenado por esta Corporación mediante sentencia del 13 de agosto de 2014, radicado 38438.

9. Indemnización de perjuicios 

No hay lugar a la condena por daños ocasionados con el hecho punible, en la medida que no se ha acreditado de manera concreta la causación de los mismos, en perjuicio de alguna persona determinada.

10. Otras decisiones 

La Sala ha sostenido que la Ley 906 de 2004 asigna a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad la competencia para conocer de la fase de ejecución del fallo cuando se trate de condenados que gozan de fuero constitucional. Por esta razón se dispondrá remitir el proceso al reparto de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad correspondiente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1.Declarar penalmente responsablea William Hernán Pérez Espinel, de las condiciones personales y civiles consignadas en esta providencia, en calidad de autor del delito de enriquecimiento ilícito de servidor público, descrito en el artículo 412 de la Ley 599 de 2000.

2. Condenar a William Hernán Pérez Espinel a las siguientes penas: cincuenta y seis (56) meses de prisión; multa a favor del Tesoro Nacional de ciento noventa y un millones quinientos cincuenta y dos mil seiscientos treinta y cuatro pesos ($191.552.634) y cincuenta y seis (56) meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, según lo precisado en la parte motiva.

3. Negar al sentenciado la suspensión condicional de la ejecución de la pena, como también la prisión domiciliaria.

4. Declarar que no hay lugar a condena en perjuicios.

5. En firme esta providencia, envíese la actuación a los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

6. Contra esta sentencia no procede recurso alguno.

7. La Secretaría de la Sala enviará las copias del fallo a las que alude el artículo 472 del C. de P. Penal.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Gustavo Enrique Malo FernándezJosé Francisco Acuña VizcayaJosé Luis Barceló CamachoFernando Alberto Castro Caballero

Eugenio Fernández Carlier—Luis Antonio Hernández Barbosa—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, secretaria.

1 La Corte Constitucional, expresó: “La aceptación de los hechos obra como confesión simple. La Corte Constitucional ha dicho que además de la aceptación por parte del sindicado de los hechos materia del proceso, éste acepta ‘la existencia de plena prueba que demuestra su responsabilidad como autor o partícipe del ilícito’”. (resaltado fuera de texto).

2 Artículo 29 Constitucional.

3 Folios 72 a 75 del c. 1 de la actuación principal.

4 Durante el tiempo de vinculación del servidor público a la administración o dentro de los dos años posteriores.

5 Roberto Bruce Becerra, Hernando Agudelo Pérez, Aristóbulo Barrera Barrera, Ángel Miguel Archila Vargas, Julio Hernández Caballero, Helí Cala López y Libia Beatriz Parales Ramírez.

6 “Situación actual de la ganadería en Colombia y sus alternativas para impulsar su competitividad y sostenibilidad”, Liliana Mahecha, Luis A. Gallego, Francisco J. Pérez, publicado en el volumen 15 de la Revista Colciencias, 2002; “Caracterización y diseño de un plan estratégico para la producción de ganado bovino de cría en la finca ‘Los Trompillos’, municipio de Hato Corozal, Casanare”, trabajo de grado de Jorge Ignacio Franco Amézquita, Universidad de La Salle, 2008; “Ganadería: Eficiencia reproductiva de un rodeo de cría”, trabajo de Facundo Alzate, publicado en Revista Producción Ganadera, noviembre de 2001 y “La actividad ganadera en Colombia y tipos de explotación, pate II”, estudio publicado por la Universidad Abierta y a Distancia UNAD.

7 Trabajo de grado de José Ignacio Franco Amézquita, antes citado.

8 Antes citado

9 Actividad a la que se dedicaba el procesado, según los testigos Hernando Agudelo Pérez, Aristóbulo Barrera Barrera, Miguel Ángel Archila Vargas, Helí Cala López, Julio Hernández Caballero y Libia Parales Ramírez.

10 Certificado de libertad y tradición, folios 52 a 256 del c. anexo 2.

11 Ibídem.

12 Artículo 1947 del Código Civil.

13 Escritura 1001 del 7 de abril de 2006, como consta en el certificado de libertad y tradición de matrícula inmobiliaria N° 50N-20207876, visible a folios 186 a 191 del c. 1 y 252 a 256 del c. anexo 2.

14 Escritura Pública N° 411, en la que se consignó como precio de la venta fue de $142.000.000, folios 186 a 191 del c. 1.

15 Folios 172 a 174 del c. 4.

16 Folio 249 del c. anexo 2.

17 Declaración visible a folio 72 del c. anexo 2

18 Folios 14 a 19 del c. 5.

19 Folios 293 del c. anexo 2 y 2 a 5 del c. anexo 3. Figura una prenda sin tenencia a favor de BANCAFÉ.

20 Folios 3 y 4, c. anexo 3

21 Certificado de Tradición y Libertad de matrícula inmobiliaria N° 470-61208, visible a folio 40 del c. anexo 2.

22 Folio 250 del mismo cuaderno.

23 Folio 231 c. anexo 2.

24 Certificaciones visibles a folios 12 del c. 2 y 56 del c. anexo 2, en concordancia con declaración de Gladys Agudelo Rivera.

25 Ibídem

26 Folio 232 c. anexo 2

27 Folio 251 del c. anexo 2.

28 Folios 257 y 257 vuelto, c. 4.

29 Folio 1 del c. anexo 6.

30 Mediante la cual se fijan los precios del ganado bovino para efectos tributarios correspondientes a la vigencia fiscal del año 2003, folios 278 a 283, c. anexo 2

31 Valor que corresponde al catastral (folio 50 del c. anexo 9)

32 Folios 252 a 261 del c. anexo 2

33 Folio 172 a 174 del c. 4 de actuación principal

34 Folios 54 a 60 del c. anexo 2

35 Mediante la cual se fijan los precios del ganado bovino para efectos tributarios correspondientes a la vigencia fiscal del año 2004, visible a folios 282 4 292 del c. anexo 2

36 Folio 37, c. anexo 2

37 Folio 108 del c. 5.

38 Si bien la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chía certificó que a nombre del procesado y de su entonces compañera permanente, Gladys Patricia Agudelo, no figuraba ningún inmueble, ello obedece a que el conjunto residencial Altos de Yerbabuena está ubicado en el municipio de Sopó. Sin embargo, en sus primeras intervenciones procesales (versión libre e indagatoria) PÉREZ ESPINEL hizo expresa alusión a la adquisición del inmueble en Chía y así lo declaró ante la DIAN al momento de presentar su declaración de renta, por lo cual se da credibilidad a su dicho.

39 Folio 169, c. 3. Es de anotar que el mismo no fue dado en prenda.

40 Folio 242 del c. anexo 2.

41 Folio 108 del c. 5

42 Folio 1 del c. anexo 6

43 Mediante la cual se fijan los precios del ganado bovino para efectos tributarios, correspondientes a la vigencia fiscal de 2005.

44 En escrito visible a folio 271 del c. 1.

45 Folio 40 del c. anexo 6

46 Es el producto de restar de la pena máxima la pena mínima

47 Por ejemplo, sentencias con radicación 25.306 de abril 8 de 2008, 25.304 de abril 16 del mismo año y 37.322 del 27 de septiembre de 2012.