Sentencia SP8800 de junio 14 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACÓN PENAL

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

SP8800-2017

Radicación 47952

(Aprobado Acta 193)

Bogotá, D.C., catorce de junio de dos mil diecisiete.

Vistos 

Se resuelve el recurso de casación interpuesto por el defensor de W.E.H.G. en contra del fallo proferido el ocho de febrero de 2016 por el Tribunal Superior de Medellín, que confirmó la sentencia condenatoria emitida el tres de diciembre de 2015 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa ciudad.

Hechos

En el fallo impugnado se declaró probado lo siguiente:

S.A.R.G. le adeudaba a W.E.H.G. aproximadamente cien millones de pesos, producto de las transacciones comerciales que sostuvieron durante varios años a través de sus empresas. Ante el incumplimiento del pago, H.G. dispuso que el cobro fuera realizado por varios sujetos, al parecer pertenecientes a la organización delincuencial conocida como la “O. de E.”, quienes ejercieron violencia física y moral sobre R.G. y sus parientes, con lo que lograron el pago de veintidós millones de pesos.

Los hechos ocurrieron a partir del 23 de agosto de 2011, en los establecimientos de comercio de la víctima, ubicados en varios municipios del Área Metropolitana de Medellín.

Actuación relevante

El primero de marzo de 2013 la Fiscalía les imputó a W.E.H.G. y a su padre, J. de J.H.C., el delito de constreñimiento ilegal, consagrado en el artículo 182 del Código Penal. El 21 de mayo de 2014 los acusó en los mismos términos.

Una vez agotados los trámites previstos en la Ley 906 de 2004, el tres de diciembre de 2015 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Medellín decidió absolver a J. de J.H.C. y condenar a W.E.H.G. a las penas de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 21 meses, tras hallarlo penalmente responsable del delito por el que fue acusado. Consideró procedente la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor de HO.G., el Tribunal Superior de Medellín confirmó la sentencia condenatoria, mediante proveído de ocho de febrero de 2016, que fue objeto del recurso extraordinario de casación presentado por ese mismo sujeto procesal.

La demanda de casación

Bajo la égida de la causal de casación consagrada en el artículo 181, numeral tercero, de la Ley 906 de 2004, el impugnante plantea que al emitir la condena los juzgadores violaron indirectamente la ley sustancial, por errores de hecho en las modalidades de falso juicio de existencia e identidad y falso raciocinio. Expuso los siguientes argumentos:

1. Los falsos juicios de existencia e identidad

No se probó que los sujetos que amedrentaron a R.G. hayan dicho que actuaban a nombre de W.E.H.C. Aunque la víctima “manifiesta, incluso en varias ocasiones que los sujetos le dijeron eso”, otros apartes de su declaración indican que “en realidad lo que dijeron los sujetos fue que habían adquirido la facturación, que eran ellos los nuevos titulares del crédito y que por ende era a ellos a quienes se les debía pagar”.

Además, debe tenerse en cuenta que “las personas del entorno” de Rúa Granda aclararon que los sujetos en mención se refirieron a la deuda contraída con la empresa PC CH., pero no mencionaron a W.E.H.G. Ello se hizo palmario en los testimonios de K. de los R.Z. y M.R.

De otro lado, no es posible que los títulos “objeto del supuesto cobro ilegal hubiesen estado en poder de terceros”. Se trata de una suposición de la víctima, “que no vio las facturas, y que solo recibió manifestaciones en el sentido de que era el valor de éstas lo que se le estaba cobrando”.

Frente al mismo tema, los juzgadores no valoraron las declaraciones de la contadora B.C. y la abogada A.V., quienes confirmaron que en el año 2009 W.E.H.G. le cedió las referidas facturas a su padre, J. de J.H.C.

Por esa omisión los juzgadores no se percataron de que ni la empresa PC CH. “ni el aquí recurrente eran titulares de dicho crédito desde 2009, por habérsele cedido a un tercero en una operación comercial válida que no fue objeto de refutación a través de la prueba de cargo”.

2. Los falsos raciocinios

El impugnante cuestiona que la condena se estructurara sobre los siguientes “indicios”: (i) “lo que habrían manifestado a S.R. los sujetos que se presentaron ante él”; (ii) “el provecho que a W.H. le representaría el pago de la obligación”; (iii) “las conversaciones telefónicas entre S.R. y K. de los R. a W.H.”; (iv) y “la terminación de las amenazas” luego de que la víctima presentó la denuncia.

Para evitar repeticiones inútiles, los argumentos que sustentan su planteamiento serán referidos y analizados en detalle en los próximos apartados.

Basado en lo anterior, solicita a la Sala casar el fallo impugnado y absolver al recurrente.

Sustentación 

En esencia, el impugnante reprodujo los argumentos expuestos en la demanda. Reiteró que para condenar a su representado era necesario demostrar que dolosamente determinó al grupo de sujetos para que realizaran el cobro mediante violencia. La Fiscalía no cumplió esa carga probatoria, por lo que el fallo condenatorio era improcedente —concluyó—.

El delegado de la Fiscalía General de la Nación planteó que no hay lugar a casar el fallo, porque: (i) el grupo de sujetos operaba a nombre de la empresa PC CH. y de H.G.; (ii) las manifestaciones que este procesado les hizo a la víctima y a sus familiares dan cuenta de que fue quien ordenó el cobro mediante violencia; (iii) los hombres que realizaron el cobro ilegal conocían varios detalles de la relación entre S.R. y W.H: la ubicación de los negocios de la víctima, el monto de la deuda e incluso que el primero le realizó llamadas telefónicas al segundo; (iv) tuvo que haber sido H.G. quien suministró esa información y los determinó para que realizaran la conducta ilegal; (v) es irrelevante si tenían en su poder o no las facturas originales, porque el objetivo era cobrar la deuda mediante amenazas; y (vi) el hecho de que haya realizado la transferencia de las facturas a su padre no implica que haya perdido interés en el pago.

En el mismo sentido se pronunció la apoderada judicial de la víctima, quien resaltó: (i) la crisis económica que afrontó el señor R., que le impidió pagar la deuda contraída con W.H., no justifica que éste haya optado por el cobro ilegal; (ii) el hecho de que los cobros hayan cesado cuando H.G. fue denunciado, confirma que fue éste quien optó por hacer efectivos sus derechos mediante violencia; (iii) luego de ocurridas las amenazas, los funcionarios de PC CH. le informaron a la víctima que estaba a paz y salvo, lo que se explica en el pago que se logró mediante presiones ilegales; y (iv) las omisiones investigativas de la Fiscalía no fueron determinantes.

La delegada del Ministerio Público también concluyó que el fallo no debe ser casado, por razones semejantes a las expuestas por el representante de la Fiscalía y la apoderada de la víctima.

Consideraciones

Para resolver este asunto la Sala seguirá el siguiente derrotero: (i) traerá a colación las reglas del recurso extraordinario de casación que resultan aplicables a este caso, y (ii) estudiará los argumentos propuestos por el demandante.

1. Aspectos del recurso extraordinario de casación relevantes para la solución de este caso

La Sala relacionará las reglas jurisprudenciales sobre las cargas argumentativas que asume el demandante cuando cuestiona las inferencias realizadas por el Juez a partir de la convergencia y concordancia de los “hechos indicadores”.

Para tales efectos, debe recordar que en los procesos inferenciales el paso de los “hechos indicadores” a la conclusión o dato inferido puede explicarse de diversas formas: (i) a través de una máxima de la experiencia o de otro enunciado general y abstracto que sirva de enlace lógico entre los datos conocidos y el dato desconocido, o (ii) a partir de la convergencia y concordancia de diversos “hechos indicadores”, así los mismos, individualmente considerados, no le impriman suficiente fuerza a la conclusión sobre el dato inferido. Sobre el particular, la Sala ha hecho las siguientes precisiones:

Es pacífico que las máximas de la experiencia son enunciados generales y abstractos, que dan cuenta de la manera como casi siempre ocurren ciertos fenómenos, a partir de su observación cotidiana (CSJ AP, 29 Ene. 2014, Rad. 42086, entre muchas otras).

Es de su esencia que se refieran a fenómenos cotidianos, pues frente a los que no tienen esta característica no es factible, por razones obvias, constatar que siempre o casi siempre ante una situación A se presenta un fenómeno B, al punto que sea posible extraer una regla general y abstracta que permita explicar eventos semejantes.

De ahí que un error, frecuente por demás, consista en tratar de estructurar máximas de la experiencia frente a fenómenos esporádicos o frente a aquellos que no son observables en la cotidianeidad, en un determinado entorno sociocultural.

Cuando el proceso inferencial pueda hacerse a partir de una máxima de la experiencia, la argumentación suele expresarse como un silogismo, donde la máxima de la experiencia es la premisa mayor, el dato demostrado (otrora llamado hecho indicador) constituye la premisa menor, y la síntesis dará lugar a la respectiva conclusión.

Así, por ejemplo, si no existe “prueba directa” de que varias personas acordaron previamente realizar una conducta punible (elemento estructural de la coautoría), pero se tiene el dato de que actuaron coordinadamente, el dato desconocido (el acuerdo previo) puede inferirse razonablemente a partir del dato conocido (actuaron coordinadamente), a partir de un enunciado general y abstracto que puede extraerse de la observación cotidiana y repetida de fenómenos, que podría expresarse así: casi siempre que varias personas ejecutan una acción de forma coordinada es porque previamente han acordado su realización.

Valga aclarar que este tipo de reglas no se extrae de la observación frecuente de acuerdos para cometer delitos (esto escapa a la posibilidad de observación cotidiana), sino de la percepción de fenómenos frecuentes sobre el comportamiento de los seres humanos cuando interactúan armónicamente entre sí: eventos deportivos, trabajos grupales, etc.

Como es apenas obvio, el nivel de generalidad (o mayor cobertura del enunciado general y abstracto) incide en la solidez del argumento. Así, por ejemplo, entre mayor sea la cobertura de la regla: “casi siempre que los seres humanos actúan coordinadamente es porque previamente han acordado realizar la acción conjunta”, mayor será la fuerza del argumento estructurado a partir del dato de que varias personas actuaron coordinadamente, claro está, bajo el entendido de que el mismo está demostrado.

Un argumento de esa naturaleza suele ser suficiente, incluso si se le considera aisladamente, para sustentar un determinado aspecto de la responsabilidad penal.

Frente a esas estructuras argumentativas, es un error frecuente que se tomen como máximas de la experiencia enunciados generales y abstractos que no tienen esa categoría, bien porque no se trate de fenómenos que puedan observarse en la cotidianidad, ora porque los mismos transcurran de forma diferente o irregular, lo que impide extraer una ley o máxima uniforme.

Aunque las máximas de la experiencia constituyen una importante expresión de la sana crítica, no puede asumirse que los datos que no queden cobijados por uno de estos enunciados generales y abstractos carezcan de importancia en el proceso de determinación de los hechos en materia penal.

En muchos casos, la fuerza argumentativa emanada de las máximas de la experiencia puede suplirse por la convergencia y concordancia de los datos, al punto que de esa forma puede alcanzarse el estándar de conocimiento consagrado en el ordenamiento procesal penal para emitir un fallo condenatorio: certeza –racional-, en el ámbito de la Ley 600 de 2000, y convencimiento más allá de duda razonable, en los casos tramitados bajo la Ley 906 de 2004.

Por ejemplo, si tres meses después de ocurrido un homicidio a una persona se le encuentra en su poder el arma utilizada para causar la muerte, sería equivocado pretender, a partir de este hecho aislado, concluir con un alto grado de probabilidad, en virtud de una supuesta máxima de la experiencia, que es el autor del delito, porque no se trata de un fenómeno de observación cotidiana, que además ocurra siempre o casi siempre en un mismo sentido y que, por tanto, permita extraer una regla general y abstracta que garantice el paso del dato a la conclusión.

Sin embargo, no cabe duda de que ese dato (el hallazgo, tres meses después, del arma homicida), sumado a otros que apunten en idéntica dirección, puede dar lugar al nivel de conocimiento necesario para emitir la condena, verbigracia cuando se aúna a que el procesado fue visto cuando huía del lugar de los hechos segundos después de la agresión, a que éste había amenazado de muerte a la víctima, entre otros.

En estos casos, los datos, aisladamente considerados, no permiten arribar a la conclusión en un nivel alto de probabilidad, pero ese estándar de conocimiento puede lograrse por la convergencia y concordancia de los mismos, esto es, porque todos apuntan a la misma conclusión y no se excluyen entre sí.

Son, sin duda, dos formas diferentes de argumentación.

La primera (basada en máximas de la experiencia) adopta la forma de un silogismo, donde el enunciado general y abstracto, extraído de la observación cotidiana de fenómenos que casi siempre ocurren de la misma manera, permite extraer una regla que se utiliza para explicar el paso del dato a la conclusión en un evento en particular.

En el ejemplo inicial, esta argumentación se plantearía así:

Premisa mayor: Siempre o casi siempre que los seres humanos realizan una acción coordinada es porque previamente acordaron realizar esa acción.

Premisa menor: Los procesados realizaron la acción de manera coordinada

Conclusión: los procesados previamente habían concertado la realización de la acción.

La segunda, está estructurada sobre la idea de que los datos, aisladamente considerados, no tienen la entidad suficiente para arribar a una conclusión altamente probable, pero analizados en su conjunto pueden permitir ese estándar de conocimiento: le fue hallada el arma utilizada para causar la muerte, huyó del lugar de los hechos instantes después de que las lesiones fueron causadas, había proferido amenazas en contra de la víctima, etcétera. (CSJ SP 1467, 12 Oct. 2016, Rad. 37175; CSJ SP 282, 18 Ene. 2017, Rad. 40120).

En estas decisiones la Sala hizo hincapié en las puntuales cargas argumentativas que asume el demandante cuando cuestiona estos tipos de procesos inferenciales:

Cuando el fallador estructura la argumentación que le sirve de soporte a la condena a partir de máximas de la experiencia, el reproche en casación puede orientarse a cuestionar: (i) errores de hecho o de derecho en la determinación de los hechos indicadores, (ii) la falta de universalidad de los enunciados generales y abstractos utilizados como máximas de la experiencia, entre otros.

Si el fallo se estructura sobre la idea de datos que por su convergencia y concordancia permiten alcanzar el nivel de conocimiento exigido para la condena, la censura puede orientarse en sentidos como los siguientes: (i) errores de hecho o de derecho en la determinación de los “hechos indicadores”; (ii) falta de convergencia y/o concordancia de los mismos; (iii) la posibilidad de estructurar, a partir de esos datos (o en asocio con otros, que estén debidamente probados) hipótesis alternativas a la de la acusación, verdaderamente plausibles y que, por tanto, puedan generar duda razonable, entre otros.

Frente a este último tipo de argumentos, no puede tenerse como sustentación adecuada del recurso de casación una disertación que: (i) analice aisladamente los datos a partir de los cuales se hace la inferencia, con el propósito de demostrar la inexistencia de una máxima de la experiencia que garantice el paso de cada dato (mirado de forma insular) a la conclusión; (ii) tergiverse los datos a partir de los cuales se hizo la inferencia; (iii) analice en su conjunto los datos, pero suprima uno o varios, principalmente cuando se dejan por fuera los que más fuerza le imprimen a la conclusión; (iv) incluya datos que no fueron demostrados; entre otros.

Lo anterior sin perjuicio de que en una disertación se articulen estas dos formas argumentales, evento en el cual se deberá precisar, frente a cada una de ellas, en qué consistieron los yerros que se le atribuyen al fallador.

Finalmente, como quiera que el impugnante propone un cargo por violación indirecta de la ley sustancial, por error de hecho en la modalidad de falso juicio de identidad, valga recordar que en estos casos el censor

[d]ebe indicar expresamente qué en concreto dice el medio de prueba, el elemento material probatorio o la evidencia física, según el caso; qué exactamente dijo de él el juzgador, cómo se le tergiversó, cercenó o adicionó en su expresión fáctica haciéndole producir efectos que objetivamente no se establecen de él, y lo más importante, la repercusión definitiva del desacierto en la declaración de justicia contenida en la parte resolutiva del fallo” (CSJ SP, 29 Agos. 2007, Rad. 26276, entre mucha otras).

Lo anterior bajo el entendido de que el recurso extraordinario de casación no constituye un “instrumento que permita continuar el debate fáctico y jurídico llevado a cabo en el agotado proceso y, por tanto, no es procedente realizar toda clase de cuestionamientos a manera de instancia adicional a las ordinarias del trámite” (CSJ AP, 18 Agos. 2010, Rad. 33559, entre muchas otras).

2. El análisis del caso sometido a conocimiento de la Sala

Primero se hará un recuento de los argumentos que sirven de soporte a la condena y luego se estudiarán los planteamientos del demandante.

2.1. El fallo condenatorio

Basados en los testimonios de las víctimas y sus familiares, que en algunos aspectos fueron corroborados por la prueba de la defensa, el Juzgado y el Tribunal declararon probados los siguientes aspectos de la premisa fáctica, que no fueron rebatidos por el impugnante: (i) W.H.G., a través de la empresa PC CH., celebró múltiples transacciones comerciales con S.A.R.G.; (ii) para finales del año 2009 Rúa Granda le adeudaba aproximadamente cien millones de pesos; (iii) por diversas razones el deudor no pagó en el tiempo acordado; (iv) a partir del 23 de agosto de 2011 varios sujetos comparecieron a los establecimientos de comercio de R.G. y sus familiares con el propósito de amenazarlos para que pagaran las deudas a favor de PC CH.; y (v) bajo estas presiones los deudores accedieron a cancelar 22 millones de pesos.

El juzgado concluyó que W.E.H.G. “determinó” a los sujetos que realizaron el cobro mediante violencia. El tribunal planteó que dichos sujetos “estaban cumplimiento órdenes” de este procesado. Este aspecto constituye el objeto principal de la controversia.

La participación de H.G., a título de coautor, fue inferida por los juzgadores de los siguientes datos o “hechos indicadores”: (i) R.G. incumplió el pago de las obligaciones adquiridas con la empresa PC CH.; (ii) los sujetos que realizaron el cobro mediante violencia manifestaron que el pago correspondía a las obligaciones adquiridas con esa empresa y que estaban actuando a nombre de W.H.G.; (iii) cuando S.R. y sus parientes se comunicaron con W.H. para pedirle que pusiera fin al cobro irregular, éste se limitó a decir que había vendido la cartera y advirtió que la deuda tenía que ser cancelada a como diera lugar; (iv) luego de las llamadas telefónicas realizadas por los afectados, los sujetos en mención les advirtieron que se abstuvieran de comunicarse con W.; y (v) las amenazas cesaron cuando la víctima denunció los hechos.

Aunque los juzgadores no lo aclararon, es evidente que sus conclusiones se fundamentan en la convergencia y concordancia de estos “hechos indicadores”. En ninguna parte del fallo se plantea o insinúa que existan máximas de la experiencia que permitan el paso de estos datos, individualmente considerados, a la conclusión.

2.2. Lo que plantea el impugnante

El apoderado judicial de H.G. propone tres líneas argumentativas: (i) los falladores incurrieron en falsos juicios de existencia y de identidad al establecer los datos o “hechos indicadores” a partir de los cuales realizaron el proceso inferencial; (ii) no valoraron varias pruebas de la defensa, por lo que omitieron considerar algunos datos que desvirtúan o le restan fuerza a la conclusión sobre la participación de este procesado en la conducta delictiva; y (iii) el paso de los datos o “hechos indicadores” a la conclusión no se soporta en verdaderas máximas de la experiencia.

2.2.1. Los falsos juicios de existencia y de identidad

Hizo énfasis en que no se probó que los sujetos que materializaron el cobro mediante amenazas hayan dicho que obraban a nombre de W.H. Aunque reconoce que la víctima se refirió en varias ocasiones a esas expresiones de los sujetos intimidantes, trae a colación un aparte de la declaración que “descarta explícitamente esa manifestación”. A ello agrega que K. de los R.Z. y M.R., parientes del denunciante, dijeron haber escuchado que el grupo de amenazadores se referían a la cartera de la empresa PC CH., mas no a que actuaban por cuenta o a nombre de W.H.

Frente a este aspecto, la Corte no encuentra probado el error alegado, por las razones que se indican a continuación:

En primer término, se pudo constatar que la víctima en varias ocasiones manifestó que los sujetos encargados del cobro le dijeron que actuaban a nombre de H.G. Sobre el particular expresó que

[e]so fue un sábado de agosto de 2011, yo estaba trabajando en el negocio de El Bosque en la mañana, llegaron aproximadamente 4 o 5 sujetos con carpeta en mano diciendo que venían de parte del señor W.H. (...)(1).

Cuando se le preguntó si J. de J.H.C. “tuvo alguna relación con su problema de cobro amenazante de la deuda”, respondió:

No, porque en ningún momento, esta gente cuando llegó dijo: “de parte del señor W.H.”, muy clarito me lo dijeron: “yo vengo de parte del señor W.H.”, y todo el tiempo que iban allá, de parte del señor W.H.(2). (1:01)

(…).

Me dijeron: “venimos en nombre del señor W.H.”. Nunca dijeron el nombre del papá(3).

A pesar del sentido unívoco de estas afirmaciones, el defensor de H.G. plantea que las mismas fueron explícitamente descartadas por el testigo en los siguientes apartes de su declaración:

Preguntado: ¿Y qué fue lo que le exigieron esos ciudadanos?

Respondió: Estos señores me exigieron que tenía que pagarles las facturas que yo le debía al señor, porque él se las había vendido a ellos, pero yo dije es que yo,… volví y les repetí: “señores yo con ustedes no hice negocio, yo el negocio es con el señor W.H.”. “Él me las vendió y usted me las tiene que pagar, como sea me las tiene que pagar”, entonces yo dije “demen (sic) tiempo a ver yo que hago. Salieron esta gente. Llamo al señor W.H., ¿qué me responde el señor W.H.? Que él las había vendido; pero señor W. hagamos un arreglo”, “No yo las vendí y usted conmigo no, vaya a la Fiscalía, denúncieme, eso dijo él.

Pregunta: ¿Le dijo a quién se las había vendido?

Respuesta: Sí

Pregunta: ¿A quién?

Respuesta: que las vendió dizque a un amigo pero yo averigüé y el amigo era de la oficina, de la oficina.

Pregunta: ¿De la oficina de quién?

Respuesta: De Envigado. Yo averigüé porque uno en esos locales tiene que pagar vacuna, con un ciudadano, averigüé quién es esta gente y son de la oficina y son muy peligrosos. Entonces pero para mí, pero en qué situación quedo yo(4).

La Sala no avizora el error a que alude el impugnante, porque, según se acaba de indicar, la víctima reiteró que los violentos cobradores le dijeron que iban “de parte de W.H.”. Si en otro aparte de su declaración relató que estos sujetos manifestaron que éste les había vendido la cartera, de ello no se sigue necesariamente que haya mentido, por lo que el censor tenía la carga de precisar por qué esta última aseveración “descarta explícitamente” la primera.

Al respecto, debe tenerse en cuenta lo que expuso el tribunal sobre la probabilidad de que este tipo de delincuentes “pretendan legitimar su acción” de diversas formas, bien “simulando llevar consigo los títulos que a la fuerza pretenden cobrar”, o —agrega la Sala— aduciendo falsamente la compra de los mismos. Tampoco puede olvidarse que los testigos de la defensa resaltaron que los títulos valores le fueron cedidos al padre de H.G., lo que confirma que si los amenazadores se presentaron como titulares de esas acreencias lo hicieron para ejercer mayor presión sobre sus víctimas o para cualquier otro fin inherente a su actuación ilegal.

De otro lado, la Sala no comparte lo que plantea el impugnante en el sentido de que la declaración del señor R.G. pierde credibilidad por el hecho de que K. de los R.Z. y M.R. hayan dicho que los sujetos que las amenazaron dijeron que estaban cobrando las facturas de PC. CH., pero no que iban por cuenta o a nombre de W.H.

Al efecto, se debe recordar que estos sujetos fueron varias veces a “cobrar” lo adeudado y que el denunciante y sus parientes afrontaron en solitario algunas de esas “visitas”, por lo que resulta razonable que R.G. haya escuchado decir a los cobradores que iban a nombre o por cuenta de W.H., y que K. y M. no hayan tenido acceso directo a esa información.

Además, en el fallo impugnado se concluyó que el vínculo de H.G. con los sujetos que realizaron el cobro ilegal también se infiere de otras circunstancias, entre ellas, que luego de que la víctima se puso en contacto con este procesado para pedirle que pusiera fin a las referidas presiones, en la siguiente visita el grupo de delincuentes le advirtió que dejara de llamarlo, lo que denota que entre estos y W.E. existía algún tipo de comunicación. Este aspecto será retomado en el siguiente apartado.

De otro lado, el impugnante plantea que los juzgadores omitieron valorar las declaraciones de la contadora B.C. y la abogada A.V., quienes, en su orden, dieron cuenta de que en el año 2009 W.E.H.G. le cedió las facturas a su padre para cubrir una “cuenta por pagar” a favor de éste, y que luego H.C. las entregó para su cobro judicial. A partir de esta realidad procesal, planteó lo siguiente:

La sentencia impugnada entra en una serie de disquisiciones para diferenciar la cesión formal (que pareciera considerar como equivalente o aparente) o material de las facturas y señalar que W.H. o PC CH. seguían siendo los titulares de las mismas, y construir a partir de ello uno de los indicios de responsabilidad; sin embargo, lo probado fue algo distinto: que ni la sociedad, ni el aquí recurrente, eran titulares de dicho crédito desde 2009, por habérselo cedido a un tercero en una operación comercial válida que no fue objeto de refutación a través de las pruebas de cargo.

Esta cuestión siempre la puso de presente H.G. a sus interlocutores, el señor R. y sus parientes, pareciendo haber entendido el tercero que la venta de las facturas significaba autorizar a terceros a ejercer actos de constreñimiento para hacer efectiva la obligación. Esta lamentable confusión del denunciante se presentó también en el razonamiento del ad quem.

La lectura detenida del fallo de segunda instancia permite establecer que el tribunal se refirió a la titularidad que el padre de W.H.G. tenía sobre las facturas generadas por la empresa PC CH., lo que coincide con los datos suministrados por las testigos referidas por el impugnante. Dijo:

No puede, entonces, pasarse por alto que dentro del contexto que enmarcó el desarrollo de estos hechos, siempre estuvo involucrado el señor W.E.H.G., y no un tercero, ni siguiera su propio padre, quien era ya el titular por lo menos desde el punto de vista formal, del crédito que poseía S.A. con la empresa PC CH., así la defensa haya pretendido, con infructuosos resultados en sede del juicio oral y la impugnación, crear duda sobre el particular, pues fue inclusive ella misma la encargada de probar que el crédito aún está en poder del patriarca H.C., según lo acreditó la abogada encargada de sus asuntos comerciales y civiles(5), descartándose el interés en su cobro por otro titular diferente a los propietarios de la empresa CH.

Por tanto, no puede afirmarse, como lo hace el censor, que “hubo un tema objeto de prueba directa que la sentencia omite considerar, y es que la facturación de PC CH. había sido enajenada por la compañía al padre del señor H.G.”, porque es claro que el fallador de segundo grado tuvo en cuenta esa situación, aunque le dio una interpretación diferente a la que propone el demandante.

En síntesis, no es de recibo lo que plantea el impugnante sobre los errores de hecho en las modalidades de falso juicio de existencia y de identidad, que le atribuye al tribunal, porque: (i) el testigo S.R.G. aseguró expresa y reiteradamente que los cobradores dijeron que iban “de parte” o “a nombre” de W.E.H.G.; (ii) el hecho de que en un aparte de su relato haya manifestado que esos sujetos aseguraron haber comprado la cartera, no implica que haya mentido frente al primer aspecto en mención; (iii) es razonable lo que plantea el tribunal en el sentido de que ese tipo de delincuentes pueden usar esa clase de manifestaciones para “justificar” su proceder; (iv) el censor no tuvo en cuenta otros aspectos considerados en el fallo, atinentes a la participación de H.G. en el constreñimiento de que fue víctima R.G., como es el caso de la advertencia que los amenazadores le hicieron a la víctima para que dejara de llamar a este procesado; (v) frente a este aspecto en particular, el impugnante no acreditó la existencia de un error susceptible de ser corregido en el ámbito del recurso extraordinario de casación, que tampoco se avizora por la Sala; (vi) las testigos B.C. y A.V. dan cuenta de que en el año 2009 la empresa PC CH. le transfirió las facturas a J. de J.H.C., padre de W.E.H.G.; y (vii) el tribunal consideró expresamente la transferencia de los títulos valores, pero le dio una interpretación diferente a la que propone el impugnante, lo que permite descartar el falso juicio de existencia a que éste hizo alusión.

2.2.2. Los falsos raciocinios

Según se indicó en precedencia, en este caso no se discute que varios sujetos, al parecer pertenecientes a una peligrosa agrupación delincuencial, amenazaron a S.R.G. y a sus parientes, e incluso agredieron físicamente a dos de ellos, para obligarlos a cancelar la deuda que tenían con la empresa PC CH., del que era dueño o socio el procesado W.E.H.G. De esa forma, lograron que la víctima entregara 22 millones de pesos.

A lo largo del proceso el recurrente ha planteado lo siguiente: (i) es posible que los sujetos en mención hayan utilizado el nombre de la E. PC CH. y/o de W.E.H.G. para estafar o extorsionar a S.R.G.; y (ii) la prueba es insuficiente para concluir que H.G. determinó a los referidos sujetos para que amenazaran a Rúa Granda con el propósito de obligarlo a pagar la deuda que en su momento adquirió con la empresa en mención.

Por tanto, el debate se ha centrado en si H.G. fue quien determinó o “le ordenó” —–como lo concluyó el tribunal— a los supuestos integrantes de la “O. de E.” que cobraran mediante amenazas la deuda que S.R.G. adquirió en su momento con la empresa PC CH.

Ante la inexistencia de “prueba directa” de este elemento de la premisa fáctica, los juzgadores lo infirieron de los siguientes datos o “hechos indicadores”: (i) Rúa Granda incumplió el pago de las obligaciones adquiridas con la empresa PC CH.; (ii) los sujetos que realizaron el cobro mediante violencia manifestaron que el pago correspondía a las obligaciones adquiridas con esa empresa y que actuaban a nombre de W.H.G.; (iii) cuando S.R. y sus parientes se comunicaron con W.H. para pedirle que pusiera fin al cobro irregular, éste se limitó a decir que había vendido la cartera y advirtió que la deuda tenía que ser cancelada a como diera lugar; (iv) luego de las llamadas telefónicas realizadas por los afectados a H.G., orientadas a poner fin a las presiones, los sujetos en mención les advirtieron que dejaran de telefonear a W.; y (v) las amenazas cesaron cuando la Fiscalía le comunicó a H.G. la existencia de la denuncia formulada por R.G.

En el fallo impugnado no se planteó, ni expresa ni tácitamente, que el paso de cada uno de estos datos (individualmente considerados) a la conclusión se explica en una máxima de la experiencia. Todo indica que los juzgadores apelaron a la convergencia y concordancia de estos “hechos indicadores” y por esa vía concluyeron que W.E.H.G. “le ordenó” a los supuestos integrantes de la “O. de E.” que realizaran el cobro mediante violencia.

Ante esa realidad, el impugnante optó por analizar individualmente los hechos indicadores, para demostrar que el paso de cada uno de ellos a la conclusión no está justificado en una máxima la experiencia. En esa línea de pensamiento, reestructuró la argumentación de los juzgadores de la siguiente manera:

El indicio derivado de lo que habrían manifestado a S.R. los sujetos que se presentaron ante él

(...).

Premisa mayor: H.G. tenía interés en el pago de la acreencia.

Premisa menor: Unas personas acudieron a efectuar el cobro invocando su nombre.

Conclusión: es que el procesado envió a los terceros a realizar la conducta ilícita.

(…).

El indicio derivado del provecho que a W.H. le representaría el pago de la obligación

(…)

Premisa mayor, Quien tiene interés aun indirecto en el cobro de una obligación puede acudir a cualquier medio para el cobro de las acreencias.

Premisa menor, W.H. como accionista mayoritario y representante legal de PC CH. tenía interés en el pago de la obligación, o si no lo tenía su padre J. de J.H.C.;

y como conclusión, W.H. encomendó a terceros el cobro amenazante o violento de las acreencias.

(…).

El indicio derivado de las conversaciones telefónicas entre S.R. y K. de los R. a W.H.

(…).

Premisa mayor es que quien señala que una obligación debe ser pagada tiene un interés en el cumplimiento de cualquier forma de esa obligación;

Premisa menor: W.H. dijo en dos conversaciones telefónicas que la obligación debía ser pagada;

Conclusión: W.H.G. fue el determinador del cobro de la obligación mediante constreñimiento ilegal.

(…).

El indicio derivado de la terminación de las amenazas 

El fallo impugnado construye un último indicio de responsabilidad a partir del hecho de que

“las amenazas contra la víctima cesaron, después de que la Fiscalía estableció comunicación con el señor W.E. y su padre como reiteradamente lo adujo aquella en el juicio”.

Aquí la regla de la experiencia consistiría en que cuando una persona es sospechosa de un delito y es enterada de la existencia de una investigación penal en su contra, deja de desplegar la actuación.

También es cuestionable como regla de la experiencia que quien encarga el emprendimiento de una actividad delictiva orientada a quebrantar la voluntad de una víctima, la suspenda ante el conocimiento del hecho por las autoridades y dado el tipo de delincuencia de que se trata más bien no la arrecie en aras de persuadir al denunciante de procurarse la protección oficial.

El impugnante tiene razón cuando afirma que el paso de cada uno de estos datos o “hechos indicadores” a la conclusión no está garantizado por una máxima de la experiencia, esto es, por un enunciado general y abstracto que da cuenta de la forma como casi siempre ocurren este tipo de fenómenos.

Sin embargo, ese argumento carece de relevancia porque es evidente que los juzgadores apelaron a la convergencia y concordancia de los “hechos indicadores” para concluir que W.E.H.G. determinó a los integrantes del grupo ilegal para que hicieran efectivas mediante violencia las facturas que no pudieron ser cobradas por la vía judicial debido a la insolvencia económica del deudor.

Por tanto, es errada la pretensión de desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que ampara el fallo impugnado, a través del análisis fragmentado de los datos o “hechos indicadores”, porque es claro que la fuerza de la argumentación expuesta en el fallo impugnado dimana del estudio articulado de los mismos.

Lo anterior sin perjuicio del yerro en que incurre el impugnante al reestructurar la argumentación de los juzgadores bajo la lógica de las máximas de la experiencia, concretamente del “indicio derivado de lo que habrían manifestado a S.R.los sujetos que se presentaron ante él”. En efecto, allí se presentó como “premisa mayor” el dato consistente en que “H.G. tenía interés en el pago de la acreencia”, cuando es claro que esa parte del silogismo (la premisa mayor) debe estar conformada por un enunciado general y abstracto, según se precisó en la primera parte de este fallo.

Además, el censor omitió considerar un aspecto determinante en el proceso inferencial que realizaron los falladores frente a la participación de H.G. en el delito de constreñimiento ilegal. Tal y como lo resaltan los no recurrentes, en la sentencia impugnada se hizo énfasis en que luego de que R.G. y sus familiares se comunicaron con este procesado para procurar que cesaran las amenazas, los sujetos encargados del cobro les advirtieron que no lo volvieran a llamar, lo que denota que entre W.E. y los autores materiales del referido delito existía comunicación.

En otros apartes de su escrito el impugnante presentó argumentos claramente orientados a rebatir las conclusiones a que arribaron los juzgadores por la senda de la convergencia y concordancia de los hechos indicadores.

En primer lugar, planteó que “no debe perderse de vista que los sujetos pasivos del cobro habían sido sujetos pasivos del requerimiento de pago de otras obligaciones de origen ilegal: hurtos o extorsiones no atribuibles al aquí recurrente”. A ello agrega que “en un medio donde era de público conocimiento las dificultades económicas de los señores R., cualquiera podría haber utilizado el nombre de un tercero, como el del señor H.G., que en el medio se conocía representaba a una sociedad acreedora del denunciante, para obtener un provecho injusto”.

Esta hipótesis no tiene la plausibilidad suficiente para generar duda razonable, entre otras cosas porque: (i) los autores materiales del constreñimiento conocían los pormenores de las obligaciones contraídas por R.G. con la empresa PC CH.; (ii) no es razonable pensar que tuvieron acceso a datos tan específicos solo en virtud del público conocimiento de los problemas económicos de la víctima y la identidad del representante legal de la empresa acreedora; (iii) cuando S.R. y sus familiares llamaron a H.G. para pedirle que pusiera fin al cobro amenazante, este se limitó a decir que había vendido la cartera y que las deudas debían ser canceladas, cuando era razonable que se mostrara ajeno a una conducta notoriamente ilícita; (iv) si la intención de los referidos sujetos era extorsionar a S.R., lo que es compatible con la utilización de violencia física y moral, no se entiende por qué tendrían que simular que estaban cobrando una determinada deuda, cuando es claro que su poder intimidatorio era suficiente para doblegar la voluntad de su víctima; y (v) los integrantes del grupo ilegal se enteraron de las llamadas que los ofendidos le hicieron a W.H., lo que es indicativo de la relación que tenían con éste.

De otro lado, plantea que

[n]i PC CH., ni W.H.G. eran titulares de la obligación, y no tenían un interés directo en el pago de la acreencia, según se demostró en el apartado 5.1.2. Quien podría tener un interés directo en el pago de las acreencias sería el señor H.C. a quien se le habían transferido las facturas que recogían el crédito, y de quien sin embargo, la Fiscalía y la representación de víctimas destacaron su ajenidad a un posible delito.

Entender que la búsqueda de un beneficio para J. de J.C., su padre, obligaba a actuar a H.G. supone obviar una regla jurídica básica: que la responsabilidad penal es individual, y que el provecho que pudiera derivar un pariente de una actividad ilícita, no se constituye en un móvil que determine a realizar una actuación delictiva en beneficio del tercero.

La atribución de responsabilidad al recurrente exigía alguna prueba adicional de su compromiso con el pago de la obligación más allá del “compromiso moral” que tendría el señor H.G. con su padre. Y nada de eso se probó.

Este argumento sería admisible si la condena se hubiera basado únicamente en el “compromiso moral” de H.G. para con su padre, derivado del estrecho vínculo de parentesco y/o del hecho de haberle entregado a título de pago una cartera de difícil o imposible recaudo por las vías legales, por la ya mencionada insolvencia del deudor.

En el mismo sentido, no puede afirmarse que el paso de este dato (aisladamente considerado) a la conclusión esté garantizado por una máxima de la experiencia o por otro enunciado general y abstracto que cumpla la misma función en el proceso inferencial.

Sin embargo, no es irracional pensar que esos factores (la cercanía parental y el haberle entregado a su progenitor, a título de pago, unas facturas de imposible recaudo) hayan llevado a W.E.H.G. a utilizar los “servicios” de una organización delincuencial reconocida en el medio social por la realización de acciones como las que recayeron en Rúa Granda y sus familiares.

Es cierto, como lo propone el censor, que ese dato, aisladamente considerado, no le imprime la fuerza suficiente a la conclusión sobre la participación de H.G. en el ya referido delito, pero también lo es que si se le analiza en conjunto con los otros hechos indicadores de la responsabilidad penal de este procesado, no existen razones para concluir que la condena es producto de errores del juzgado y el tribunal, y mucho menos de aquellos que pueden ser corregidos en el ámbito del recurso extraordinario de casación.

Para finalizar, la Sala considera que las omisiones investigativas en que incurrió la Fiscalía, que a juicio del impugnante le hubieran permitido establecer la identidad de los autores materiales del delito objeto de análisis, no desvirtúan las conclusiones expuestas por el Juzgado y el Tribunal sobre la responsabilidad penal de H.G., simple y llanamente porque las pruebas atrás referidas indican que dichos sujetos actuaron a instancias de este procesado, razón por la cual éste fue condenado a título de determinador.

En síntesis, al formular el cargo por falso raciocinio el defensor de H.G. planteó que las conclusiones de los juzgadores sobre la participación de este procesado a título de coautor son producto de la utilización de falsas máximas de la experiencia, lo que se aunó a la tergiversación de los “hechos indicadores”. Sus argumentos no son de recibo porque: (i) los juzgadores no plantearon la existencia de máximas de la experiencia u otros enunciados generales y abstractos que sirvan de enlace lógico entre cada uno de los “hechos indicadores” y la conclusión sobre la responsabilidad penal de este procesado; (ii) aunque no lo explicitaron, es evidente que el Juzgado y el Tribunal se basaron en la convergencia y concordancia de dichos datos; (iii) en buena medida, la censura se orientó a demostrar que cada hecho indicador, individualmente considerado, no estaba ligado al hecho indicado a través de una máxima de la experiencia; (iv) la hipótesis fáctica alternativa que planteó el impugnante (la utilización del nombre de la empresa y/o del procesado para estafar o extorsionar a la víctima) no encuentra respaldo en las pruebas que indican la participación de H.G.; (v) no se presentaron razones suficientes para desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que ampara el fallo recurrido; y (vi) no se avizora que la condena impugnada sea producto de errores cometidos por el Juzgado y el Tribunal, y mucho menos de aquellos susceptibles de ser corregidos en el ámbito del recurso extraordinario de casación.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

No casar el fallo impugnado.

Contra la presente decisión no proceden recursos.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Eugenio Fernández CarlierJosé Francisco Acuña VizcayaJosé Luis Barceló CamachoFernando Alberto Castro CaballeroLuis Antonio Hernández BarbosaGustavo Enrique Malo FernándezEyder Patiño CabreraPatricia Salazar CuéllarLuis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Sesión del 30 de junio de 2015, minuto 46 en adelante.

2 Ídem, minuto 61

3 Ídem, minuto 62

4 Las negrillas corresponden a la trascripción que hizo el impugnante.

5 Negrillas fuera de texto original.