Sentencia SP9105-2016/42227 de julio 6 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP-9105-2016

Radicación 42227

Aprobado acta 199

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Bogotá, D.C., seis de julio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Anotaciones preliminares:

Toda vez que la demanda presentada se declaró ajustada conforme con los parámetros del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, la Corte analizará los problemas jurídicos allí propuestos, de conformidad con las funciones asignadas en virtud del recurso de casación, especialmente dirigidas a la búsqueda de la eficacia del derecho material, el respeto de las garantías de quienes intervienen en la actuación y la reparación de los agravios inferidos a las partes, según lo establecido en el artículo 180 ibídem.

Bajo la égida de la causal tercera de casación —art. 181, num. 3º, de la L. 906/2004—, el demandante denuncia tres cargos que estructura en múltiples errores de hecho que concreta en falsos raciocinios, falsos juicios de identidad y falsos juicios de existencia por omisión de la prueba; además, de manera subsidiaria, presenta un cargo de nulidad, con fundamento en la causal segunda del artículo 181 ibídem.

Al respecto, es necesario advertir, previo al estudio de los reparos ofrecidos por la defensa, que la Corte ha definido de tiempo atrás la relativización del principio de prioridad, a la hora de abordar los cargos de la demanda, en el sentido de que no necesariamente debe prevalecer en su postulación, estudio y efectos los relacionados con la nulidad de la actuación procesal, sobre los que plantean errores in iudicando o de juicio.

Lo anterior para precisar que ante la alternativa presentada por el defensor de declarar la nulidad por vicios que afectan los derechos de la procesada, no se hace necesario plantear en primer orden el cargo con el que se aspira a la invalidación de la actuación por el quebrantamiento de los derechos fundamentales, cuando en realidad reviste mayor significación la posibilidad de eximirla de responsabilidad penal, resultando esta opción de mayor significación sustancial, en tanto reivindica el derecho a la absolución como finalidad suprema de la garantía fundamental de defensa y, en consecuencia, como objeto de protección prevalente(1).

En este sentido, la Sala ha sostenido la siguiente posición:

Si el derecho de defensa tiene como fin brindar al sujeto pasivo de la acción penal herramientas jurídicas para oponerse a la pretensión punitiva estatal y buscar, de esa forma y por regla general, desvirtuar las pruebas de cargo y, por consiguiente, obtener la declaración judicial de su inocencia, ninguna razón tiene invalidar la actuación con el único objetivo de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa cuando las pruebas recaudadas imponen el proferimiento de una absolución. En este caso, la mejor garantía de protección del derecho de defensa es la adopción en este momento de la decisión favorable a los intereses del acusado(2).

Así, entonces, en el presente caso, la Corte aprehenderá el análisis de los cargos presentados sobre la base de los errores de apreciación y con los que se estructura la pretensión de absolución, que de prosperar harán inoficioso el estudio de la nulidad.

Para ese cometido, se planteará el problema jurídico y los fundamentos de la decisión recurrida; se analizarán dichos fundamentos a partir del contexto de los acontecimientos y de las conductas relevantes realizadas por la acusada, con indicación de la prueba omitida por el fallador; finalmente, se consignarán las conclusiones de la Sala en torno a la trascendencia de la prueba omitida en la declaración de condena de la procesada.

2. Planteamiento del problema y fundamentos del fallo recurrido:

Los errores de interpretación probatoria, según lo propone el apoderado de la procesada, se presentaron cuando el cuerpo colegiado incurrió en el desconocimiento de las reglas de apreciación de la prueba, en tanto fijó premisas ilógicas o irrazonables por desconocimiento de las pautas de la sana crítica —falso raciocinio—; distorsionó y cercenó la expresión fáctica de los elementos probatorios —falso juicio de identidad—; y, declaró hechos demostrados omitiendo la apreciación de pruebas allegada de manera válida al proceso —falso juicio de existencia—.

Errores que, a decir del demandante, resultaron trascedentes en la declaración de justicia contenida en la condena de la acusada M.I.P.C., en la medida en que por esa vía se entendió que los dineros a cuya entrega se vio compelida por los actos de extorsión ejecutados en su contra por los miembros del frente XXX de las FARC, que para la época de los hechos delinquían en el municipio de XXX (Caldas), en realidad fueron ofrecidos de manera voluntaria como un aporte financiero a la causa guerrillera.

Se recordará que en su fallo el Tribunal Superior de Manizales, tras confirmar la absolución de la acusada como cómplice del homicidio cometido sobre R.C.T., para entonces alcalde en ejercicio del municipio de XXX, al no encontrar prueba que respaldara su contribución en la comisión de esa conducta, concluyó en la responsabilidad penal que asistía a la acusada P.C. como autora del delito de rebelión, aduciendo que “era una activista directa de aquellas fuerzas insurrectas, tenía la condición de rebelde-miliciana”.

Tal conclusión la derivó el tribunal especialmente de los testimonios de M.F.G.T., a. G.(3); N.J.G.V., a. C. o A.(4); F.A.C.C., a. T.(5); J.R.O., a. C.(6); E.J.R.C., a. G.(7); y, C.A.R.Z., a. B.(8); todos exintegrantes de la facción subversiva alineada en el frente XXX de las FARC. Infirió, con ellos, que a cambio de asegurar resultados políticos electorales, la acusada prestaba ayuda financiera a esa organización.

Debe decirse, para precisar el objeto del debate, que se aceptó como hecho probado dentro del juicio que la procesada transfirió dineros a la organización insurrecta con influencia en el municipio de XXX (Caldas), lo que llevó a cabo en cuatro oportunidades entre los años 2004 y 2007. Se admitió, adicionalmente, que la suma entregada por la acusada en total ascendió a $ 18.000.000, además de un anillo y una cadena.

Admitidas dichas transferencias económicas, la tesis presentada por el acusador se precisó en que esos dineros fueron cedidos por la procesada como una voluntaria contribución financiera a la organización guerrillera, a cambio de obtener réditos electorales. Por contrario, la defensa no obstante haber admitido la entrega de los bienes, adujo que fue consecuencia de la extorsión de la que se hizo víctima.

Habiéndose conducido en el juicio oral la prueba en uno y otro sentido, el Tribunal Superior de Manizales entendió, dándole la razón a la fiscalía, que se demostró más allá de cualquier duda razonable la existencia de la conducta punible y la responsabilidad de la acusada, puesto que, según consignó en el fallo, se acreditó que “para P.C. no había orden de causarle daño o merma en su haber patrimonial, sino de recibirle dinero, que tampoco sabían si salía de las arcas de la administración o de su propio peculio, precisamente porque el único interés era recibirlo y brindarle en contraprestación, el apoyo con los potenciales electores de las veredas, para sacar avante la permanencia de los candidatos en el poder, con todos los beneficios que el poder entraña”(sic).

3. Análisis de la Corte acerca de los fundamentos de la decisión recurrida y la prueba omitida por el juzgador:

Para dilucidar el asunto ofrecido como problema jurídico en relación con la responsabilidad de la acusada, la Corte entiende innecesario la definición puntual de cada uno de los cargos y errores que en extenso presenta la demanda, por lo que se concentrará en aquellos que revisten especial trascendencia, básicamente relacionados con errores de hecho consistentes en falsos juicios de existencia, y que podrán determinar la modificación del sentido del fallo a favor de la implicada.

3.1. El contexto de los acontecimientos:

Entrando en materia, es preciso dejar por sentado que no obstante resultar de especial importancia para establecer el contexto en el que tuvieron ocurrencia los hechos, el ad quem omitió por completo cualquier referencia a las circunstancias relativas al orden público en que se desenvolvía la vida diaria del municipio de XXX (Caldas) durante aquella época transcurrida entre los años 2004 y 2007.

La prueba aportada en este sentido en el juicio oral por la defensa de la acusada es abundante y da cuenta que desde los años 1998 y 1999, se inició la presencia del denominado frente XXX de las FARC en jurisdicción de esa municipalidad. Las acciones de la agrupación rebelde se fueron intensificando y pronto, según lo puntualizaron los testigos, aparecieron las extorsiones a la población, llamadas de manera eufemística como “colaboraciones”, “impuestos”, “aportes” o “vacunas”, ejecutadas en principio a finqueros y comerciantes de la región.

Así lo relató en el juicio, F.S.G.:

Pues comentarios de la presencia de la guerrilla. Ya después aparecen las extorsiones y que lo llaman a colaborar pues con plata. Y pues ahí es donde uno se siente intimidado y se aleja de esos predios, pero me tocó darles plata(9).

Tales extorsiones se fueron generalizando, como puede advertirse por la prueba recaudada(10), y su idoneidad para vulnerar los bienes jurídicos de la autonomía personal y el patrimonio económico de los habitantes de la región, reposaba en cotidianos actos de intimidación consistentes en amenazas, homicidios, sacrificio de ganado, incendios, hostigamientos, acciones armadas y por la misma presencia constante de los efectivos de la fuerza insurgente en el municipio, inicialmente en la zona rural y luego extendida al casco urbano.

Ese estado de cosas fue explicado de la siguiente manera por J.F.V.P., quien para entonces oficiaba como personero del municipio:

Las represalias que tomaban, que tomaron, que se dieron durante el tiempo que yo me desempeñé tanto como concejal, como personero, fueron terribles, o sea, terribles en el entendido de que, como le dije, XXX se caracteriza por ser un municipio latifundista, donde la tierra es de pocas personas y los finqueros son poquitos, entonces ellos, pues, apresionaban (sic) por intermedio de los mayordomos o de los agregados de la finca, diciendo que si no pagaban estas vacunas, que si no pagaban estos impuestos, pues procedían, como lo hicieron, a quemar las casas, a explotar las casas, de matar a los agregados, o a matar reses. Por ejemplo, en el sector de XXX degolló la guerrilla 250 reses y fuera de degollarlas, pues, mató a uno de los agregados de otra casa que vivía más abajo. En igual sentido fueron destruidas otras propiedades como XXX, como la hacienda XXX, y en XXX, también cercano a la hacienda XXX, también degollaron otra cantidad de animales(11).

Así mismo, se refirió a este asunto el testigo L.L.E.:

[a] ver, empezaron a extorsionar a la gente, quemaron fincas, mataron gente, incluso mataron un hacendado en XXX, se llamaba J.S., mataron a sus agregados, volaron las torres de Telecom, nosotros estuvimos alrededor de cuatro o cinco, seis meses sin comunicaciones. En algún momento de la alcaldía de don R., ello tenían, la CHEC tenía un convenio de electrificación rural con el municipio, ¿qué pasó?, la CHEC le tocó suspenderlo porque la guerrilla le estaba solicitando una suma de dinero al ingeniero de la CHEC, me consta porque el ingeniero de la CHEC envió un oficio al señor alcalde donde decía por qué había suspendido(12).

Aparte de los testimonios de F.S.G., J.F.V.P. y L.L.E., otros más dieron cuenta del estado de orden público permanentemente alterado por aquella época en el municipio de XXX por la presencia activa del frente XXX de la organización guerrillera de las FARC. Así, lo relataron, entre otros, D.P.P.C.(13), H.G.M.(14), G.P.C.(15), M.F.O.S.(16), J.M.J.(17), C.N.V.(18), O.R.T.(19), G.C.G.(20), J.E.P.O.(21) y N.G.G.(22).

Condiciones de orden público en la región durante aquel período que igual se encuentran acreditadas mediante copiosa prueba documental incorporada al proceso, que da cuenta de toda la actividad delictiva (secuestros, extorsiones, desplazamientos de la población, hostigamientos, daños, atentados contra la infraestructura) realizada por los insurgentes de la facción del frente XXX de las FARC, entre la que bastaría mencionar el oficio del 3 de agosto de 2009, de la Central Hidroeléctrica de Caldas; oficio XXX del 16 de agosto de 2009, del comandante de la subestación de policía de XXX; oficio XXX del 6 de agosto de 2009, del comandante del Gaula de Caldas; oficio XXX del 18 de agosto de 2009, de la personería municipal de XXX; oficio del 20 de noviembre de 2009, del coordinador territorial de acción social; acta 2 del consejo de seguridad del municipio de XXX, del 28 de abril de 2006.

De ello se sigue que no era un acontecimiento insular la activa presencia de las fuerzas subversivas en el municipio de XXX, con claras manifestaciones de confrontación con la institucionalidad, valiéndose para ello de una serie de actividades al margen del ordenamiento legal, entre las que destacaba con especial incidencia el cobro de extorsiones, que en el léxico subversivo se trataban como “colaboraciones”, “aportes” o “impuestos” o, de manera más genérica, como “vacunas”,

En dicho contexto se desenvolvieron los hechos en los que resultó involucrada la acusada P.C., por lo que se hacía indispensable su contemplación al momento de valorar su conducta, resultando en un error ciertamente trascedente haberlo ignorado, omitiéndose la consideración de los testimonios y los documentos incorporados a la actuación que daban cuenta de la aludida situación.

Es cierto, como lo sostiene el demandante, que el tribunal omitió valorar tales testimonios, con lo que no obstante reconocer la presencia guerrillera en la región por conducto del mencionado frente XXX de las FARC, dejó de considerar aspectos de especial importancia, en tanto, tales circunstancias, como se verá, condicionaban los hechos que le fueron imputados a la procesada.

En este orden de ideas, al ignorarse en el fallo de segunda instancia esas particulares condiciones que acompañaban la presencia del grupo insurgente, por el desconocimiento de las pruebas que así lo acreditaban, se incurrió en errores de hecho consistentes en falsos juicios de existencia por falta de apreciación de la prueba —que no de falso juicio de identidad, como lo vino postulando el recurrente—, cuya trascendencia se verá reflejada en el juicio de reproche hecho a la procesada M.I.P.C., como a continuación se entrará a desarrollar.

3.2. De las conductas realizadas por la acusada M.I.P.C.

Ubicados en ese escenario de los acontecimientos, es preciso reiterar que se ha tenido como un hecho inconcuso que la procesada hizo varias entregas de dinero a representantes del mencionado frente XXX de las FARC.

Es la propia acusada quien rememora que en cuatro oportunidades hizo entrega de las siguientes sumas de dinero: en septiembre de 2004, $ 2.000.000; en diciembre de 2006, $ 10.000.000; en 2007, inicialmente $ 2.000.000 y luego $ 4.000.000. Además, al tiempo que llevó a cabo la entrega de esos dineros, también lo hizo de un anillo y una cadena.

El tribunal dedujo que esas trasferencias económicas, conformaban el apoyo financiero que brindaba a la organización insurrecta, sosteniendo en consecuencia que se trataba de una “miliciana o colaboradora financiera” y que además sostenía una “estrecha amistad” con varios cabecillas del frente guerrillero.

Para arribar a esa conclusión, se fundamentó de manera exclusiva en el testimonio ofrecido por varios exintegrantes de la organización guerrillera, especialmente en lo declarado por M.F.G.T., a. G. o I., y E.J.R.C., a. G.

El primero de ellos, manifestó al respecto:

[s]e vienen las elecciones del mes de octubre como para el año 2007... de gobernadores y alcaldes... yo mandé a un muchacho... que el alias era “A.” o “T.”... yo entro en comunicación telefónica con la señora L.I.P. ... como la señora no recuerda yo le decía que era “E.” ... no me le hice pasar por “G.” porque el secretariado me había dicho que cambiara de alias, cierto, entonces me pusieron E.G. ... la campaña la iba ganando otro muchacho... no recuerdo el nombre, entonces por medio de la señora I. yo entro en comunicación telefónica con R.D., actual alcalde, entonces ahí cuadramos una plata... la señora I. me manda en ese entonces seis millones más, fuera de lo que había dado a “A.” o “T.” ... me los mandó con un muchacho G.C. ... este señor era el administrador general de las fincas de un hacendado llamado O.L. ... el señor me pide un papel de constancia de que yo había recibido la plata, eso hice yo, yo le dije no hay necesidad señor, no crea que le voy a robar... para entregarle a la señora... pues, se me pide a mí que neutralizara, cierto,... yo en ningún voy a matar a nadie para darle gusto a otro, se orienté la orden para que votaran por el señor R.D. y así lo hice por medio de un líder... en la vereda “XXX” le digo a la gente que votara por el señor R.D. ... y sacó diecisiete votos, por esos diecisiete votos ganó el señor R.D. las elecciones(23).

Además, para concretar la naturaleza de la cesión económica de la acusada, el tribunal extrae fragmentos del interrogatorio de dicho testigo, para concluir que no fue fruto de la extorsión, así como tampoco ejercían presiones sobre la población: “en ningún momento yo presionaba a nadie... la orientación que le daba a la población civil era que votara por el que ellos creyeran más conveniente y en el que vieran futuro... era la orden del secretariado...”, enfatizando que “en ningún momento extorsionamos... la plata que ella dio fue voluntaria... no sé si la sacaron de la alcaldía o la dieron personalmente...”.

A su vez, del testimonio de E.J.R.C., a. G., se extrajo en el fallo:

En la organización se crean sus propios apoyos, sus propias fuentes, sus propias redes de información... una de las partes de la misión que le encomendé a G. era crear esa red de apoyo rural, perdón, urbana... y pues ya con la señora (refiriéndose a M.I.) se planteaba la situación... cómo empezar a crear una red de apoyo para contrarrestar una supuesta red de informantes que tenía organizada el señor alcalde para ese entonces(24).

Adicionalmente, se resaltó que el testigo adujo que quien era conocida como XXX era una firme aspirante a hacer parte de la organización, persona de confianza y colaboradora.

De igual manera, trascendiendo la discusión de si se trataban de testigos directos o de referencia, el juez colegiado aludió a los testimonios de N.J.G.V., a. C. o A.(25); F.A.C.C., a. T.(26); J.R.O., a. C.(27); y, C.A.R.Z., a. B.(28), militantes del grupo guerrillero, quienes narraron que supieron por voces de sus comandantes que la acusada les hacía entrega voluntaria de dineros y que en alguna oportunidad la observaron reunida con a. M., líder de la organización, y que este les comentó que le había entregado diez millones de pesos, además de un anillo y una cadena de oro.

El tribunal suscribe como cierta la afirmación de N.J.G.V., a. C., en el sentido que el dinero entregado por la acusada no era producto de un acto de constricción sino de una cooperación a la que ella siempre estuvo dispuesta:

El conocimiento mío, nosotros mandamos a M. como delegado de la unidad a hablar con ella a una vereda que se llama XXX, salió M. con ella allá por orden de F. e I.R. ... nosotros le mandamos pedir veinte millones de pesos... y entonces M. le propuso a ella que le diera veinte millones de pesos, ella dijo que no, que la capacidad de ella eran diez millones, que con mucho gusto nos lo daba(29).

Con fundamento en dicho testimonio se concluyó, en principio, por el ad quem que la entrega de los dineros tuvo un carácter donativo por parte de la acusada, dando así crédito a la afirmación del líder guerrillero en el sentido que la organización no presionaba a nadie y que recibían “colaboraciones” en todo caso voluntarias por parte de la población, por lo que puntualiza, invocando a dichos testigos, que las entregas dinerarias de P.C. no fueron producto de “actos intimidatorios o extorsivos”.

No obstante, el tribunal, sin detenerse por un solo instante en el análisis de las demás pruebas, que no fueran los testimonios de los propios insurgentes, las descalifica de manera genérica bajo el entendido de que comoquiera que la acusada no era combatiente activa y uniformada de las FARC, nadie podía dar cuenta de su pertenencia a la organización.

De esa manera, no solamente se desconoció por completo el contexto en el que se desenvolvieron los acontecimientos, sino que también se ignoraron los elementos de prueba que reafirman la tesis de que la acusada fue víctima de múltiples actos de extorsión que bien pueden explicar, de manera razonable, las diversas entregas de dinero que hizo a los miembros de la agrupación insurgente.

Bajo este entendido, se omitió por el fallador valorar el testimonio de la acusada M.I.P.C. en relación con cada una de las acciones que le fueron reprochadas, así como su constatación con la prueba de corroboración ofrecida por la defensa.

De ello se ocupará la Sala a continuación en una simple pero necesaria tarea de verificación sobre la prueba ignorada, siguiendo el orden presentado en la demanda en relación con las acciones relevantes, que corresponden al fundamento de las entregas de dinero a la organización guerrillera, al desarrollo de los comicios electorales y a los diversos contactos que tuvo la procesada con los insurgentes:

3.2.1. La primera extorsión:

Narró la procesada que en el mes de septiembre de 2004 fue víctima de una inicial extorsión por cuenta de miembros del frente XXX de las FARC, para entonces ya asentadas en el municipio, hecho que, según relató, sucedió de la siguiente manera:

[r]ecuerdo muy bien esa fecha porque era la fecha en que mi papá estaba muy delicado de salud. Yo me encontraba en, con él, en el municipio de XXX, cuando tocaron el portón. Yo salí y era el señor L.G., yo le dije que a la orden y él me dice que, eh, que venía a traerme una razón de la guerrilla, que la guerrilla me mandaba a decir que necesitaba que le mandara dos millones de pesos. Yo le dije que por qué. Y me dijo que un impuesto que ellos cobraban por la finca(30).

Finalmente, explica, el dinero reclamado lo entregó ocho días después al mismo L.G., sintiéndose constreñida por la manera recurrente como actuaba el bloque guerrillero cuando las víctimas no se plegaban a sus exigencias, por lo que no se requería una amenaza explícita, bastando el conocimiento que se tenía sobre las consecuencias negativas que supondría el incumplimiento de sus designios:

Ah pues, eso sí no había necesidad de que me hiciera, porque ya se sabía qué le pasaba a uno si uno no pagaba ese impuesto o la vacuna(31).

Ese inicial episodio fue confirmado por D.P.P.C., G.P.C. y J.M.J. Este último se refirió al hecho de la siguiente manera:

[e]stando el papá de M.I. muy enfermo, yo, pues, yo soy muy amigo de toda la familia, y lo estaba visitando una noche, perdón, y estando yo en la casa de M.I. llegó un señor llamado L.G., tocó la puerta y M.I. y yo salimos al portón y él la retiró hacia la calle y estuvo hablando con ella y luego ella se entró muy asustada, llorando. Yo casi no la calmo. Casi no me cuenta lo que le sucedía. ¿Qué le pasa?, y ella me contestó: no me faltaba sino lo que me acaba de suceder. ¿Qué le sucede?, y me dijo: la guerrilla me está extorsionando, que tengo que mandarles plata y vea esta situación tan horrible con mi papá, la plata que he gastado, la situación tan difícil, ¿yo qué voy a hacer?, yo me voy a enloquecer. Ya casi no la calmo. Ahí me di cuenta que estaba siendo extorsionada. Este señor L. le llevó la razón que le llevara según me contó ella una plata como de dos millones o algo así(32).

Por su parte, H.G.M., quien, según testimonió, se encargó de entregar el dinero producto de la extorsión, dijo:

[l]a primera ocasión yo mismo entregué dos millones de pesos al señor L.G., porque yo me encontraba ese día en XXX. Viajábamos muy de seguido porque el papá de ella estaba muy mal de salud y llegó el señor L.G. por un encargo, yo le dije a M.I. y ella me dijo que entrara y sacara una plata que había en un chifonier y que se la contara al señor L.G. Claro que ella ya nos había contado que le habían mandado a pedir dos millones de pesos de vacuna, hace ocho días, pero que ella no había tenido la plata, entonces que habían quedado de volver por ella(33).

3.2.2. La segunda extorsión:

Una segunda extorsión, según la narración de la procesada, tuvo lugar en diciembre de 2006. Así describió lo ocurrido:

[e]n diciembre del 2006 el comandante F. me manda a decir que lleve diez millones de pesos, porque ellos ya, me necesitaba, eh, no recuerdo si fue a las doce o a qué horas. Entonces en él me dijo que arrimara a la finca XXX, que ahí me prestaban una mula, que me prestaban una bestia y que podía ir acompañada(34).

Con lujo de detalles, narró a continuación que ajustó la suma de dinero exigida con los dineros provenientes de su salario y las prestaciones sociales, suyas y de su hermana P.

Recogido el dinero y siguiendo las instrucciones que le habían dado, su sobrino J.F.O. la llevó a un sitio rural conocido como XXX, donde la recogió en una moto G.P.A., esposo de una sobrina, con quien se dirigió a la finca XXX. Allí le prestaron una bestia y se encaminaron a la finca XXX, habitada por O.R.T., lugar señalado para el encuentro con el enviado de la guerrilla.

Dijo que a poco se hizo presente el guerrillero alias M., con quien sostuvo una fuerte discusión porque en malos términos le exigió que le entregara información relacionada con la administración municipal, a lo que ella se negó. Luego de ello, dijo, entregó el dinero y se regresó al casco urbano de XXX.

La recolección del dinero, en los mismos términos narrados por la acusada, es objeto de corroboración por su hermana D.P.P.C., quien tuvo que disponer de sus emolumentos para ajustar la cifra exigida. Así lo expresó:

Ese dinero lo reunimos con la prima, mi sueldo de diciembre y la platica que a ella le habían pagado ya de salida, y lo que era el sueldo, la prima(35).

Ese episodio es respaldado con el testimonio de G.P.A. y O.R.T. El primero de ellos, manifestó:

Nosotros, pues, ella me, me pidió el favor de que la acompañara. Llegamos a una finca que se llama XXX, ahí prestamos una bestia, de ahí nos dirigimos hacia XXX, allá llegamos, esperamos un momento ahí, llegaron dos guerrilleros, uno se dirigió con ella a un extremo de la casa, yo me quedé con el otro en el patio, ellos conversaron un rato ahí, ya nos despacharon(36).

Así mismo, O.R.T., morador de la finca XXX, donde la acusada tuvo su encuentro con el líder guerrillero, corroboró la existencia de ese hecho, narrando con exactitud las mismas circunstancias ofrecidas en su testimonio por M.I.P.C. y dando cuenta que se presentó acompañada por Guillermo Pérez y que, en efecto, se entrevistó con el subversivo:

Entonces a mí me pareció extraño y le dije: usted qué está haciendo aquí. Y me dijo que me mandaron a llamar esa gente, que tenía que venir a encontrarme con ellos acá(37).

3.2.3. La tercera extorsión:

La procesada refiere un tercer acto extorsivo del que fue víctima en el año 2007, el que empezó a fraguarse el día que recibió en su casa una boleta, firmada por el frente XXX de las FARC, en la que se le indicaba que debía comunicarse a un número telefónico. Así se refirió a ese evento:

En el año 2007, ahí voy a comentar que en ese año fue que el señor, este señor J.E. me llevó una boleta del frente XXX, a la cual yo, pues no me comuniqué a ese número de celular. Pero en el 2007, ahí es donde llaman al señor L.L. y le dicen que me diga que con ellos no es jugando, que se acuerde que ellos me mandaron una boleta y que entonces mande dos millones de pesos, por, que por el impuesto de la finca. Entonces, y que se los entregara a un señor A.A., este señor es un ciudadano de allá de XXX, un campesino que vivía en la finca XXX, propiedad del señor G.C., G.L., perdón. Entonces, yo llamo a L., ya L. me comenta eso y yo le dije L. yo no tengo plata en este momento, préstemela usted. L. me la presta porque él estaba recogiendo una plata para comprarse una motico, entonces él me la proporcionó y efectivamente se la entregué al señor A.A.(38).

Sobre ese acontecimiento, L.L.E. refirió:

[a] mediados de agosto del 2007, tipo diez de la mañana, me sonó el celular, yo contesté, un tipo me dijo por favor L., yo le dije, habla con él, entonces yo le dije, ¿yo con quién hablo?, y él dijo, no le interesa, pero bueno, si quiere saber más habla con el frente XXX de las FARC, habla con E., alias G.. Obviamente, pues yo me asusté y entonces me dijo, necesito que ubique a la extesorera y le dé una razón, y entonces yo le dije, no señor, M.I. renunció, y yo hace días que no sé nada de ella, entonces me dijo el tipo, ¿usted nos cree güevones? hombre, nosotros sabemos que usted a diario se comunica con M.I., ¿por qué? porque usted la tiene elegida en su celular, adicional a eso usted cuando viaja a Manizales va a la casa de M.I., cuando I. vivía y trabajaba acá en XXX usted vivía en la casa de, de ella, vea nosotros sabemos usted qué come, usted come en el mismo plato con M.I., y ¿qué me tocó?, decirles que sí, y entonces el tipo me dijo que le dijera que necesitaba dos millones de pesos, que del impuesto, que cuando tuviera esos dos millones de pesos se los entregara a un muchacho que se llama A.A.(39).

El testigo manifestó, además, que llevó el mensaje a la acusada y que él mismo le prestó el dinero que le fue entregado a A.A., según las instrucciones dadas.

3.2.4. La cuarta extorsión y el recibo de pago del “impuesto”:

Una cuarta extorsión refirió la acusada. Narró que en el mismo 2007, encontrándose en una reunión de XXX, L.L.E. le comunicó que había recibido una nueva llamada telefónica de alias G., quien le pidió que le entregara un número telefónico para que se comunicara con él, cosa que hizo y sostuvo el siguiente diálogo:

Entonces me dice, vea señora, lo que pasa es que yo la llamo para decirle que, que yo le voy a mandar esos dos millones de pesos que usted me envió, porque nosotros no necesitamos limosnas, no le estamos pidiendo una limosna a usted, nosotros necesitamos cuatro millones de pesos, porque usted debe los impuestos del 2005, 6 y 7. Yo le dije, ¿cómo así?, y entonces él vuelve y me dice, si, así como lo está escuchando, si los quiere mandar bien y si no yo le devuelvo estos dos millones y usted ya sabe qué es lo que pasa con nosotros. Entonces yo le dije que, que a quién se los tenía que entregar, él me dice que se los entregue al señor G.C., el mayordomo del señor O.L.R.(40).

Este episodio es igualmente recreado en su testimonio por L.L.E.:

[e]ntonces a las tres de la tarde (del 14 de septiembre de 2007, aclaró el testigo) me sonó el celular, yo contesté cuando, ¿con L.?, y yo, si con él, habla con E., alias G., entonces yo le dije, ¿qué sería?, me dijo, hágame un favor, como resulta que usted invitó a la extesorera, a I., a una actividad que usted tiene de XXX, y ella va en una buseta, hágame un favorcito, dele este número de celular y dígale que por favor se comunique con nosotros(41).

Dice el testigo que efectivamente entregó el mensaje a la procesada y, según supo, consiguió el dinero requerido a través de su hermano G.

En efecto, G.P.C., hermano de la acusada, relata sobre este asunto que:

Ocurrió que la guerrilla llama otra vez a L.L. y le da un número para que le pasara a mi hermana para que se comunicara con ellos. Ella lo llama y le dice, tiene que mandarnos cuatro millones de pesos más, que porque nosotros no le estamos pidiendo limosna, nosotros estamos pidiendo la vacuna del 2005, 2006 y 2007. Entonces yo personalmente le entregué los cuatro millones de pesos al señor G.C.(42).

Por su parte, G.C.G., testificó que fue contactado por G.P.C. para que le hiciera entrega del dinero exigido por la guerrilla a alias G., advirtiéndole la necesidad de que les exigiera un recibo por ese dinero entregado. Así relató el encuentro en la finca XXX, de la que era su administrador, entregándole cuatro millones de pesos al guerrillero:

Yo estaba ahí y ya llegó, llegó G., y me preguntó que si yo llevaba un encargo de la familia de I., y le dije que sí, y yo se la entregué y le dije que me hiciera el favor que me diera un recibo, que era que me habían exigido un recibo. En un principio él no, no me lo quería entregar, y ya cuando me fui a ir volví y le reclamé el recibo y me lo entregó... un recibo por seis millones de pesos, porque según eso los dos millones ya los habían entregado(43).

El recibo al que se hace alusión por el testigo —que además lo reconoció en el juicio oral—, fue aportado como prueba documental dentro del juicio oral, haciéndose la salvedad, por parte de los declarantes, en el sentido que se corresponde con la entrega en el año 2007 de los seis millones de pesos, alusivos a lo que se viene refiriendo como tercera y cuarta extorsión.

Ese documento fue objeto de estipulación probatoria entre las partes, y a la letra dice:

10 17 007

Señora I. cordial saludo.

La presente es con el fin de dejar constansa de la resibida(sic) de 6.000.000 por motivo de impuesto por usted al Fte. XXX de las FARC = EP B-J-M-C.

Firma quien recibio(sic) el impuesto

Efrain Gusmán(sic)

3.2.5. Encuentros con la guerrilla de las FARC. La solicitud de renuncia al cargo público ejercido por la acusada y el despojo de sus joyas:

Se entendió en el fallo recurrido, con fundamento en la declaración de los miembros de la organización guerrillera, que la acusada en dos oportunidades visitó a los líderes de las FARC y, en uno de esos encuentros, no solamente les hizo entrega de dinero en efectivo, sino también de la cadena y del anillo que llevaba consigo.

Sobre este tema, de igual manera refirió la acusada, en extenso, que el 16 de noviembre de 2006 fue visitada en su oficina por C.N.V., campesina asentada en el área rural del municipio, quien le comunicó que debía presentarse ante representantes del grupo guerrillero en la finca XXX.

Manifestó que después de consultar con el alcalde del municipio, N.G.G., emprendió camino hacia el lugar que le fue señalado, inicialmente en el carro de L.L.E., quien la dejó en un paraje donde se encontró con su cuñado M., y a lomo de bestias prosiguieron hasta la finca donde la esperaba el comandante guerrillero.

Afirmó que, tras identificarse con el alias de M., su interlocutor le comunicó la exigencia de su comandante F. para que renunciara al cargo de tesorera que en esos momentos regentaba en la administración municipal. Luego de alguna resistencia a dicha solicitud, fue conminada a presentar su renuncia en el mes de diciembre de ese año, cosa que finalmente ocurrió(44).

Pero además, relata la acusada, fue despojada de las alhajas que llevaba consigo:

Yo le dije que si ya me podía ir, el tipo me dice que, que sí pero que antes le deje algo. Yo le dije cómo así que algo, entonces me dijo que sí. Yo llevaba una ruana puesta, porque es algo típico de XXX, nosotros para donde salimos, salimos con nuestra ruana porque allá es donde se hacen las ruanas de XXX. Yo me fui a quitar la ruana y el tipo me dice, cómo cree que le voy a recibir esa maricada sabiendo que nosotros cargamos unos putos morrales llenos y que encima me va a echar una ruana. Yo le que le estoy pidiendo es ese anillo y esa cadena(45).

Los anteriores hechos son corroborados por C.N.V., manifestando que a su finca arribaron dos guerrilleros, uno de ellos a. M., preguntando por su esposo, aduciendo que requerían que le llevara una boleta a M.I. Ella respondió:

Que pena, pero mi esposo no puede, por qué, porque él tiene que ir a organizar un ganado abajo al espartillán (sic). Y entonces yo le dije, pues ustedes verán, si quieren yo voy mañana para XXX a hacer arreglar la casa, si quiere yo le llevo la razón. Pero lleve esta boleta. Y yo le dije, no, yo boleta no le llevo porque en XXX hay mucho de esos soldados y me investigan y yo no quiero por hacerle favores a ustedes, yo favores no les hago, y me dijeron, tiene que hacerme el favor porque si usted no nos hace favores o nos sapea (sic) usted ya sabe qué les pasa(46).

Finalmente, agregó, obligada por las amenazas se presentó al día siguiente en la alcaldía, trasmitió el mensaje a la acusada, diciéndole que “I. suba porque si no sube la matan, le mandaron a decir que si no va, la matan”(47).

Igualmente, L.L.E., expresó al respecto:

M.I. me llamó a su oficina y me pidió el favor que por favor la acompañara hasta un sector que llama el XXX, que lo que pasaba era que la guerrilla la había citado, entonces que para que yo me quedara cuidando el carro y un cuñado de M.I. que se llama don M.O. fue la persona que llevó las bestias y acompañó a M.I. hasta la finca XXX, esto fue el 16 de noviembre del 2006(48).

De igual modo, M.F.O.S., ratifica lo dicho por la acusada:

Bueno, ahí llego yo con las bestias, ya nos montamos en las bestias y nos fuimos. Llegamos a esa finca XXX. Habían (sic) dos señores de los cuales se la, se la retiró de mi bastante, se la llevó y el otro se quedó conmigo(49).

N.G.G., para entonces alcalde municipal, refirió que supo de la visita que le hizo C.N.V., luego de lo cual la acusada le comunicó la citación que le había hecho la guerrilla en la finca XXX. Agregó que en la tarde del día siguiente, cuando había cumplido con el requerimiento, lo llamó para que se presentara en su casa, donde la encontró “muy cansada, embarrada”, informándole que la guerrilla había exigido su renuncia(50).

Así mismo, a través del testigo F.A.C.C., a. T., el tribunal robustece la idea de la cercanía de la acusada con los miembros de la guerrilla, aludiendo a visitas que aquella les hacía en la vereda XXX.

Es preciso consignar que la procesada reconoció un frustrado encuentro con los rebeldes, manifestando que en diciembre de 2007 fue mandada a llamar por a. G., quien telefónicamente le recriminó por el comportamiento de sus hermanos, dedicados a las faenas agrícolas, y le exigió la presencia de uno de ellos en la vereda XXX.

Afirma que previendo el peligro que podrían correr sus hermanos, ella se ofreció a cumplir la cita con el guerrillero. De esa manera, siguiendo las instrucciones que le habían dado, acompañada de su cuñado M.F.O., se trasladó a dicha vereda, concretamente a la finca de N.H.F., donde finalmente no se hizo presente el jefe subversivo.

Este hecho fue corroborado en juicio por M.F.O.S.(51) y por J.N.H.F.(52), quienes en su orden, con total coincidencia con lo manifestado por la acusada, narraron las circunstancias del viaje, la estadía en ese lugar y el fallido encuentro con el guerrillero que la había citado.

3.2.6. Las elecciones de 2007:

En el fallo recurrido, se concluyó que la acusada P.C. “simpatizaba con ideales insurrectos buscando beneficios propios de corte político”.

En concreto, se razonó por el ad quem que los dineros entregados por ella a la guerrilla, tenían como contraprestación el apoyo a sus candidatos políticos, con especial referencia a las elecciones celebradas el 28 de octubre de 2007, sustentado dicho predicado en que el testigo M.F.G.T., a. G., declaró que a cambio del aporte económico “se orientó a la gente a que votara por el señor R.D. y así lo hice”, actividad que el jefe guerrillero afirmó haber desarrollado en la vereda XXX, donde según sostuvo, en virtud de esa intervención, dicho candidato “sacó diecisiete votos”.

Sobre las mencionadas elecciones es la propia procesada quien aclaró en su testimonio que apoyó a R.D.Q.M., en reemplazo del candidato que accidentalmente falleció poco antes de los comicios.

Pero además, por cuenta de la defensa de la procesada, se aportó como prueba documental los oficios DC-CE XXX del 5 de agosto de 2009, de la delegación del registrador nacional del estado civil de Caldas y XXX del 18 de agosto de 2009 de la registraduría municipal del estado civil de XXX.

En ellos se constata que la votación para el candidato a la alcaldía en las elecciones del 28 de octubre de 2007, fue de 32 votos para R.D.Q.M. en la vereda XXX(53).

Aquella cifra de los votos obtenidos difiere de la narrada por el cabecilla guerrillero, pero además debe destacarse que el grupo político que apoyaba la acusada en el municipio de XXX registraba un trabajo proselitista en aquella vereda desde tiempo atrás, según certificación expedida por el registrador municipal del estado civil(54), incorporado a la actuación como prueba documental, lo que acredita en principio que no fue una situación inusual, atribuible a un hecho externo ilegal, la votación obtenida en aquellas elecciones por el citado candidato.

4. Conclusiones de la Sala en torno a la trascendencia de la prueba omitida:

Como atrás quedó dicho, la declaración de condena contenida en el fallo en contra de M.I.P.C., se fundamentó de manera exclusiva en el testimonio de los militantes, capturados y procesados, del frente XXX de las FARC, en el entendido que se dio crédito a sus afirmaciones relativas a que los dineros transferidos a esa organización guerrillera eran el producto de la militancia de la acusada y, en últimas, de una suerte de acuerdo en el que esta obtuvo beneficios traducidos en el apoyo electoral brindado por los insurgentes a sus candidatos a los cargos de elección popular dentro del municipio.

Al tiempo, la desestimación de la abundante prueba que en contra de dicha tesis fue aportada al proceso, se produjo a través de una notable omisión en su apreciación por parte del juzgador que se limitó en su referencia a una lacónica expresión, desprovista de cualquier contenido crítico en cuanto a la credibilidad que no le deparaba:

Por contracara, muy a pesar que los testigos de descargo llevados a juicio por la defensa, pretenden hacer notar que unos u otros fueron víctimas de extorsiones y “vacunas” en esa época, acreditando la presencia guerrillera en la zona, tales asertos no alcanzan a derruir la fuerza persuasiva de los tantas veces citados declarantes de cargo.

De esa manera, simplista por demás, el tribunal despachó un asunto que revestía una especial complejidad con un argumento que alberga evidente falacia de petición de principio, al sustentar la inverosimilitud de los que llama “testigos de descargo”, no en sus propias inconsistencias internas, sino en una cuestionable “fuerza persuasiva” que de manera inmotivada atribuye a los testigos ofrecidos por el acusador.

Pero, además, repudió cualquier posibilidad de contemplar el valor de las probanzas aportadas por la defensa, bajo el peregrino argumento de que como la acusada no lucía uniforme de combate de la guerrilla, su función como miliciana no podía ser del conocimiento de los demás testigos, sin reparar en que precisamente el debate suscitado no se enfocó de manera particular en sus actividades al interior de la tropa guerrillera, sino en si los dineros entregados a las FARC lo fueron como consecuencia de una contribución a la causa insurgente o como el producto de extorsiones de las que fue víctima por varios años.

La primera consecuencia del mal juicio sobre la responsabilidad de la acusada, provino sin duda del total desconocimiento del contexto en el que ocurrieron los hechos, ignorando que la modalidad delictiva de la extorsión se convirtió durante aquella época en una práctica cotidiana impuesta por el frente XXX de las FARC.

En este sentido, no se motivó en el fallo por qué los “impuestos” que los demás ciudadanos tributaban a la guerrilla de las FARC como forma de extorsión, según fue demostrado ampliamente en la actuación, en el caso de la acusada constituían actos de financiación a esa organización.

El tribunal omitió la estimación de cualquier prueba que condujera a la demostración de las circunstancias de orden público que se presentaron entre los años 2004 y 2007 en el municipio de XXX, sabiéndose con toda claridad que en esa región del país hacía presencia el denominado frente XXX de las FARC, desarrollando una serie de actividades que sin duda alguna mantenía en estado de intimidación y zozobra a la población.

En ese orden de ideas, como se desprende de la prueba atrás relacionada, desconocida por el fallador, las constantes acciones perpetradas por la organización guerrillera impusieron un régimen de sometimiento a los ciudadanos, compelidos de esa manera a acatar sus propósitos a sabiendas de los males consecuentes a una orden desobedecida.

De esa manera, se convirtió en una ejercicio común por aquella época el cobro de “colaboraciones”, “impuestos” o “vacunas”, forma eufemística impuestas por la misma guerrilla para referirse a verdaderos actos de extorsión, cuyo recaudo estaba antecedido de un temor latente que no necesitaba explicitud sobre los potenciales daños para quienes se negaran a su cumplimiento, según coincidieron todos los testigos. Asimismo, de acuerdo a lo probado en el juicio, no había ninguna posibilidad de denunciar los delitos, por el mismo peligro que ello podía conllevar.

Bastaba, según narran todos los testigos, unas simples expresiones por parte de los subversivos, para reconocer su carga intimidatoria: “lo primero que esta gente dice es, si denuncian ya saben lo que sucede, y ¿qué es el ya saben? Que lo matan a uno”(55), sostuvo D.P.P.C.

Elementos que no era posible soslayar para entender la dinámica de los acontecimientos, dentro de los cuales adquiere relevancia la condición personal de la acusada, quien no solamente detentaba un cargo en la administración municipal, sino que su familia mediante la tenencia de una finca se dedicaba a la explotación agropecuaria, segmento poblacional sobre el que recaía el denominado “impuesto” por parte de la subversión.

En este marco contextual, adquiere relevancia la prueba que igualmente fue ignorada por parte del ad quem, relacionada con los eventos en que la acusada relató la entrega de dineros al grupo guerrillero, compelida por la fuerza y la coacción, con las que habría quedado develada la verdadera naturaleza de la “colaboración”, que con tanto ahínco sostuvieron los testigos del acusador en el juicio.

Por cuenta de las pruebas presentadas por la defensa, se expusieron en el juicio por lo menos cuatro eventos en los que se produjo la entrega de dineros por parte de la acusada, sin que en ninguno de ellos pueda advertirse un propósito dadivoso con el grupo insurgente. Todo lo contrario, lo que de tales elementos de juicio puede desprenderse es que cada exacción económica estuvo precedida de idóneos actos de constreñimiento que no ofrecieron alternativa distinta a la víctima que plegarse a los requerimientos que le hicieron.

En septiembre de 2004, diciembre de 2006 y en 2007, en dos oportunidades, según expresó de manera detallada la procesada, se vio compelida a hacer entrega de dieciocho millones de pesos, hechos que además de su relato fueron acompañados probatoriamente con una amplia y precisa prueba de corroboración, por completo ignorada por el juzgador.

En el primero de aquellos eventos, aparte de la narración de la acusada, se recibieron los testimonios de D.P.P.C., G.P.C., J.M.J. y H.G.M., quienes fueron testigos presenciales de la acción constrictiva y de la entrega del dinero exigido, cuya credibilidad nunca fue cuestionada en el fallo recurrido, pues ni siquiera fueron mencionados.

La segunda extorsión referida por la acusada, cuenta con la relación pormenorizada de los hechos, incluyendo de igual modo los testimonios de D.P.P.C., G.P.A. y O.R.T., quienes tuvieron participación en el proceso de recolección del dinero demandando y su posterior entrega en una zona rural de la población. Testigos directos de los acontecimientos, cuya contemplación igualmente fue desconocida.

Así mismo, el tercer acto extorsivo narrado por la procesada, se encuentra respaldado con el testimonio de L.L.E., quien es contactado por los guerrilleros para que le trasmitiera la acción coactiva, además de haberle prestado el dinero exigido.

Finalmente, la última extorsión también es recreada en el juicio oral con especial prolijidad por la procesada, siendo respaldada en sus aseveraciones por su hermano G.P.C., quien le prestó la suma exigida, y por G.C.G., mayordomo de una finca y designado por la propia guerrilla para que les llevara el dinero, quien además, siguiendo las instrucciones que había recibido, reclamó un recibo relacionado con la entrega dineraria.

Otros acontecimientos, igualmente fueron objeto de prueba no solo a través del dicho de la acusada sino también con la presencia de testigos presenciales, como el caso en el que fue despojada de las alhajas que llevaba consigo en una oportunidad en que fue obligada a desplazarse a un sector rural del municipio, donde el comandante a. M., además de exigirle su renuncia al cargo que para entonces desempeñaba en la administración municipal, le hurtó un anillo y una cadena, evidente despojo de sus haberes personales que inexplicablemente el tribunal tomó como un aporte más a la causa guerrillera.

En este punto, debe subrayarse que además de la falta de apreciación de la prueba por parte del juzgador, incurrió en notable falso raciocinio en relación con el referido recibo entregado por la guerrilla en la consumación de la última extorsión, pues habiéndolo considerado en su análisis, concluyó, contrariando cualquier regla de la experiencia que pudiera edificarse dentro del contexto de los acontecimientos, que el guerrillero M.F.G.T., a. G., “le firmó un documento-recibo (estipulado probatoriamente) para ratificar el ingreso del dinero a las arcas fiscales del frente”.

Por eso, el tribunal asumió en forma francamente irracional, que el recibo que el propio jefe guerrillero admitió haber entregado(56), no era más que un instrumento de soporte de la contabilidad del frente subversivo, cuando de su propia letra se advierte que correspondía al llamado “impuesto”, que de manera ilegal era cobrado y cuya naturaleza no podría corresponder a cosa distinta que a una extorsión, por mucho que se le tratara como un aporte contributivo a la organización.

El mismo recibo de “impuesto”, sirve para ponderar la trascendencia de toda la prueba ignorada por el ad quem. En efecto, a partir de su existencia bien puede sostenerse la veracidad de las versiones entregadas por la acusada M.I.P.C., quien circunstanció cada uno de los episodios en que fue compelida por los integrantes del frente XXX de las FARC, soportando sus afirmaciones con abundante prueba de corroboración, testimonial y documental, que incomprensiblemente fue desconocida en el fallo que revocó la decisión de absolución de primera instancia.

Peor aún, encontrándose el tribunal en la obligación de confrontar la prueba ofrecida por el acusador con la presentada por la defensa, pretermitió ese ejercicio dialéctico, para sostener una condena de manera exclusiva en las versiones interesadas de quienes fueron ejecutores materiales de las conductas de extorsión que de forma regular practicaban en aquella época en todo el territorio de XXX, donde tenían influencia como grupo al margen de la ley.

De ese modo, sin la menor alusión a la prueba que lo infirmaba, se dio total crédito a las palabras de los integrantes del frente XXX de las FARC, cuyas explicaciones bien se sintetizaron en la respuesta brindada por N.J.G.V., a. C., ante la pregunta del acusador sobre si los dineros entregados por la procesada fueron o no fruto de extorsión:

Eso fue voluntario porque nosotros en ningún momento la obligamos, ni la obligamos a que nos las (sic) diera sino que ella desde un comienzo dijo que nos da diez millones de pesos, yo misma los traigo, yo misma se los llevo a ustedes, con mucho gusto yo les colaboro(57).

No reparó el fallador en que fueron los propios extorsionistas quienes declararon en el juicio, por lo que difícilmente podía esperarse de ellos que admitieran que los dineros que recibieron de la acusada eran producto de acciones ilegales dirigidas a doblegar su voluntad. Es obvio, entonces, que la aceptación de los hechos en su verdadero sentido, habría implicado un acto de autoincriminación procesal para dichos declarantes, lo que tampoco fue objeto de la mínima consideración.

De esa forma, contrariando el contexto atrás definido, y apropiándose de las palabras de M.F.G.T., a. G.; N.J.G.V., a. C. o A.; F.A.C.C., a. T.; J.R.O., a. C.; E.J.R.C., a. G.; y, C.A.R.Z., a. B., el tribunal asumió como cierto aquello de que los insurgentes recibían “colaboraciones” de la acusada y no, de lo que claramente se trataba, pago de extorsiones; que la procesada era una simpatizante de la causa rebelde; que ella, buenamente, ofrecía contribuciones económicas al grupo subversivo; y que como gesto de generosidad les entregó —”voluntariamente”— hasta sus alhajas más personales.

De otro lado, el sentido de la decisión recurrida se dirige a cuestionar que la procesada ofrecía sus tributos económicos a la guerrilla, porque como contraprestación recibía de esta apoyo a sus propósitos electorales, no obstante otorga credibilidad al jefe guerrillero a. G., se suscribió que “en ningún momento yo presionaba a nadie... la orientación que se daba a la población civil era que votara por el que ellos creyeran más conveniente y en el que vieran futuro... era la orden del secretariado”(58).

El mismo guerrillero en curso de su testimonio sostuvo que en las elecciones de 2007, acordó con la acusada “neutralizar la zona... se orientó a la gente que votara por el señor R.D. y así lo hice... en la vereda “XXX” le digo a la gente que vote por R.D.... y sacó diecisiete votos”.

En este aspecto, desconoció el juzgador de segundo grado las notables contradicciones en la declaración de M.F.G.T., a. G., cuya credibilidad no solo fue impugnada en el juicio en repetidas circunstancias que desdicen claramente de su fiabilidad, sino que además, en ese asunto en particular, relacionado con la votación obtenida en la vereda XXX para elecciones de alcalde en 2007, a partir de la supuesta “orientación” que las FARC brindaron al electorado, el candidato R.D.Q.M. obtuvo 32 votos, no 17, según prueba omitida en el fallo(59), lo que, según se dijo, fue producto de la actividad proselitista desarrollada desde tiempo atrás y de manera legal por la campaña del aspirante, por lo que se muestra infundada la existencia de un pacto en ese sentido con la acusada.

Así las cosas, de la misma manera que el tribunal convalida eufemismos al delito de extorsión, aceptando su nominación como “colaboración” o “impuesto”, termina admitiendo como real que el grupo armado con presencia armada en toda la región, se dedicara a “orientar” a la población de las elecciones municipales, como si tales expresiones en el contexto en que se desarrollaron los hechos permitiera una interpretación semántica distinta a la que fue declarada por los testigos en el juicio oral.

Se significa con ello que carece de cualquier fundamento la atribución que se hace en el fallo recurrido de la existencia de un pacto entre la acusada y la organización guerrillera, con el propósito de obtención por parte de aquella, en virtud de los dineros entregados, de unos beneficios electorales traducidos en la influencia ejercida en la zona rural del municipio, concretamente en la vereda XXX, a efectos de promover entre la ciudadanía la votación por el candidato R.D.Q.M.

Valga decir, ninguna prueba confirma la afirmación del líder guerrillero en torno a que los votos obtenidos por dicho aspirante fue el resultado del acuerdo económico establecido con la procesada. Por el contrario, la prueba omitida demuestra la tesis opuesta.

A ese despropósito llegó el tribunal, se reitera, por la falta de apreciación de la prueba. Pero además, sentado lo anterior, la Sala estima necesario hacer notar que se incurrió en graves errores de conceptualización de los hechos, de su prueba y de su tipificación, incluso si por gracia de discusión se partiera de sus insostenibles premisas, lo que revela a las claras la sinrazón del fallo recurrido.

Importa citar en este sentido que aunque se afirma, en primer lugar, que la acusada era una militante del grupo guerrillero y que su actividad se desplegaba en materia de contribución financiera, se termina aduciendo que los recursos económicos que proporcionaba estaban determinados por una suerte de pacto con la guerrilla para que sus efectivos, como “contraprestación”, intervinieran en las justas electorales en favor de los candidatos que ella apoyaba.

Si así fuera, es obvio que unas hipótesis fácticas de esa naturaleza no atienden a la estructura típica del delito de rebelión —art. 467 del C.P.— puesto que, en ningún evento, puede decirse que la acusada hacía parte de la organización subversiva para llevar a cabo los verbos rectores y los cometidos finalísticos allí previstos.

Así, en el primer evento, si se asumiera —como inicialmente se consigna por el tribunal— que la procesada se dedicaba a financiar un grupo armado al margen de la ley, sin hacer parte de sus filas, su actuación se correspondería con el tipo penal del artículo 345 del Código Penal, sin que para ello se pudiera afirmar que ostentara la condición de rebelde.

Si, por el contrario, se predicara —como también se hace en el fallo— que entregaba dineros como contraprestación a una actividad concreta de la guerrilla dirigida a intervenir en los comicios electorales en favor de los candidatos que eran apoyados por la procesada, tendría que afirmarse que su actuación estaría contraída a promover, mediante el pago, la realización de delitos contra los mecanismos de participación democrática, caso en el cual la conducta reprochada a la acusada P.C., de haber sido demostrada, correspondería a un delito de constreñimiento al sufragante —art. 387 del C.P.—, en el grado de participación criminal de determinadora.

Es tal la confusión creada en torno al tema de la tipicidad de la conducta endilgada a la procesada P.C., que la fiscalía presentó la acusación en su contra en calidad de cómplice del delito de rebelión, sin que ninguna fundamentación ofreciera en torno a la contribución prestada para la realización de ese comportamiento que permitiera la atribución de responsabilidad por esta forma accesoria de participación en la conducta punible, más allá de genéricos e inasibles conceptos que en nada precisan su intervención punible.

Confusión que fue retomada por el propio tribunal en la decisión de segunda instancia recurrida, desconociendo la calificación jurídica llevada a cabo por el acusador, relativa a la forma de participación criminal en el delito y, de manera incongruente —incongruencia entre la pretensión y el fallo, que aunque es notable, no será considerada por la Sala en razón del sentido de esta decisión—, terminó condenando a la procesada en calidad de autora, no de cómplice, del delito de rebelión.

Así las cosas, más allá de la inconsistencia dogmática en la adecuación de la conducta revelada como probada, lo cierto es que de haberse considerado la prueba que de manera inexplicable ignoró el sentenciador de segunda instancia, habría que concluir que el comportamiento realizado por la acusada M.I.P.C., fue atípico, bajo cualquiera de las consideraciones ofrecidas en el fallo.

En suma, es notable que el tribunal, al revocar la decisión absolutoria emitida por el juzgador a quo, incurrió en errores de hecho, consistentes en falsos juicios de existencia y en falsos raciocinios, que permitieron la declaración de responsabilidad de la procesada como autora de un delito contra el régimen constitucional y legal, cuando en realidad, como respuesta al problema jurídico planteado, se demostró con suficiencia, acorde con la decisiva prueba omitida, que los dineros entregados por ella eran el producto de sucesivas extorsiones de las que fue víctima y no de una actividad de militancia en las fuerzas guerrilleras del frente XXX de las FARC.

Tampoco, valga agregar, se acreditó que esos dineros representaran una forma de cooperación en la comisión del delito o de financiación de la agrupación guerrillera o, en últimas, que con ellos se determinara a esa organización para la comisión de conductas lesivas de los mecanismos de participación democrática.

Como consecuencia de lo expuesto, la Corte casará la parcialmente decisión de segundo grado y, en su lugar, otorgará plena vigencia al fallo de absolución impartido por el juez a quo en relación con la procesada M.I.P.C.

Por último, como quedó establecido en este fallo de casación, al prosperar los cargos que estructuran la pretensión de absolución, no se hace necesario el estudio de la nulidad por incongruencia planteada de manera subsidiaria por el demandante.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR PARCIALMENTE la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 21 de junio de 2013, en razón de la prosperidad de los cargos formulados en la demanda presentada por el abogado defensor de la acusada M.I.P.C.

2. Como consecuencia de las anteriores determinaciones, dejar en firme la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado con funciones de conocimiento de Pereira, mediante la cual absolvió a M.I.P.C., por el delito de rebelión.

3. Expídanse las órdenes de libertad en favor de la procesada en mención.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al despacho de origen».

1 CSJ SP, 5 may. 2010, rad. 30948.

2 CSJ SP, 10 jun. 2008, rad. 28693. En el mismo sentido, CSJ SP, 17 jun. 2009, rad. 27816; CSJ AP, 31 ago. 2011, rad. 34848; CSJ SP-2940, 9 mar. 2016, rad. 41760.

3 Registro de video, juicio oral, CD Nº I, archivo 3, min. 00:02:00.

4 Registro de video, juicio oral, CD Nº I, archivo 4, min. 00:02:40.

5 Registro de video, juicio oral, CD Nº I, archivo 5, min. 00:03:08.

6 Registro de video, juicio oral, CD Nº I, archivo 5, min. 00:47:26.

7 Registro de video, juicio oral, CD Nº I, archivo 6, min. 00:01:48.

8 Registro de video, juicio oral, CD Nº I, archivo 6, min. 00:30:35.

9 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 11, min. 1:14:42.

10 Pueden confrontarse en este sentido, entre otros, los testimonios de M.F.O.S. (registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 14, min. 00:38:55) y G.C.G. (Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 12, min. 00:40:00).

11 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 15, min. 00:10:37.

12 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 15, min. 01:01:50.

13 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 13, min. 01:41:00.

14 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 12, min. 01:01:46.

15 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 14, min. 00:02:50.

16 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 14, min. 00:31:00.

17 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 11, min. 00:04:11.

18 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 11, min. 00:30:01.

19 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 9, min. 01:02:10.

20 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 12, min. 00:41:45.

21 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 9, min. 00:35:27.

22 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 15, min. 00:40:05.

23 Registro de video, juicio oral, CD Nº I, archivo 3, min. 00:15:00.

24 Registro de video, juicio oral, CD Nº I, archivo 6, min. 00:09:52.

25 Registro de video, juicio oral, CD Nº I, archivo 4, min. 00:02:40.

26 Registro de video, juicio oral, CD Nº I, archivo 5, min. 00:03:08.

27 Registro de video, juicio oral, CD Nº I, archivo 5, min. 00:47:26.

28 Registro de video, juicio oral, CD Nº I, archivo 6, min. 00:30:35.

29 Registro de video, juicio oral, CD Nº I, archivo 4, min. 00:10:08.

30 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 10, min. 00:16:48.

31 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 10, min. 00:20:00.

32 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 11, min. 00:09:30.

33 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 12, min. 01:06:22.

34 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 4, min. 01:11:08.

35 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 13, min. 01:03:15. Afirmación relacionada con el origen del dinero con destinación a la guerrilla en diciembre de 2006, que igualmente fue acreditado a través de los certificados expedidos por el tesorero general de XXX, aportado como prueba documental al proceso.

36 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 12, min. 01:20:49.

37 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 4, min. 00:07:05.

38 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 4, min. 01:23:57.

39 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 15, min. 01:10:05.

40 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 4, min. 01:26:55.

41 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 15, min. 01:13:28.

42 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 14, min. 00:10:50.

43 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 12, min. 00:49:50.

44 La circunstancia de su renuncia al cargo de tesorera del municipio de XXX, en la fecha que le fue impuesta, igualmente fue demostrada con prueba documental.

45 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 10, min. 01:02:55.

46 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 11, min. 00:38:20.

47 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 15, min. 00:40:56.

48 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 15, min. 01:05:24.

49 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 14, min. 00:38:55.

50 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 15, min. 00:44:14.

51 Registro de video, juicio oral, CD Nº 14, minuto 00:31:54.

52 Registro de video, juicio oral, CD Nº 11, minuto 00:56:28.

53 Cfr. fls. 80 y ss., cuaderno de pruebas de la defensa.

54 Oficio 179 del 18 de agosto de 2009 de la registraduría municipal del estado civil de XXX.

55 Registro de video, juicio oral, CD Nº II, archivo 13, min. 01:04:20.

56 Registro de video, juicio oral, CD Nº I, archivo 3, min. 00:43:40.

57 Registro de video, juicio oral, CD Nº I, archivo 4, min. 00:11:40. En el mismo sentido, el testimonio de M.F.G.T., a. G., registro de video, juicio oral, CD Nº I, archivo 3, min. 00:43:40.

58 Registro de video, juicio oral, CD Nº I, archivo 3, min. 00:02:00.

59 Oficios DC-CE 1569 del 5 de agosto de 2009, de la delegación del registrador nacional del estado civil de Caldas y 179 del 18 de agosto de 2009 de la registraduría municipal del estado civil de XXX.