Sentencia SP9134-2015 de julio 15 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP9134-2015

Radicación 45340

(Aprobado acta 239)

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Bogotá, D.C., quince de julio de dos mil quince.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Primer Cargo. Según el demandante, en el asunto de la especie la sentencia confutada se profirió en un proceso viciado de nulidad, por cuanto los juzgadores de instancia carecían de competencia para emitir los fallos de primer y segundo grado, habida cuenta que para ese momento había operado el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal derivada del delito de homicidio culposo —Ley 599 de 2000, artículo 109— por el que fue acusado su representado.

En esa medida, el problema jurídico que se ofrece dilucidar es si el supuesto en que el censor funda el vicio de garantía que da pábulo a la nulidad denunciada, esto es, haberse proferido las sentencias de instancia cuando el Estado carecía de la facultad para ejercer el ius puniendi, se verifica en este caso, para lo cual es necesario (i) determinar la normatividad sustantiva llamada a regular el presente asunto; (ii) examinar las reglas que gobiernan el instituto de la prescripción en la Ley 906 de 2004; y, (iii) abordar el estudio del caso concreto.

1. En cuanto al primer aspecto, se tiene que J.E.R.C. fue acusado por la Fiscalía como autor de la muerte de G.I.B.A., ocurrida en la ciudad de C. el 26 de marzo de 2009, cuando el primero de los mencionados lo arrolló en momentos en que retrocedía al mando de su vehículo automotor.

Con fundamento en tal supuesto fáctico, el ente acusador le imputó el delito de homicidio culposo previsto en el artículo 109 del Estatuto Punitivo, modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, que prevé sanción de 32 a 108 meses de prisión, conducta punible por la que se le condenó en las instancias y que, por tanto, es el referente normativo a tener en cuenta para determinar el término de prescripción.

2. Ahora bien, en cuanto a lo segundo, cabe anotar que de conformidad con el artículo 83 de la Ley 599 de 2000, la figura de la prescripción tiene aplicación en la etapa de la investigación si transcurre “un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley”, pero en ningún caso dicho lapso podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a veinte (20).

Asimismo, el artículo 86 ibídem, modificado por el artículo 6º de la Ley 890 de 2004, establece que el término prescriptivo se interrumpe con la formulación de imputación, momento a partir del cual corre de nuevo por un periodo “igual a la mitad del señalado en el artículo 83” del Estatuto Punitivo, sin que pueda ser inferior a cinco (5) años, aun cuando sobre este último límite el canon 292 de la Ley 906 de 2004, prevé de manera específica que producida dicha interrupción el término no podrá ser inferior a tres (3) años.

Por su parte, en punto de la figura jurídica en cuestión, el ordenamiento adjetivo que reguló el presente trámite —Ley 906 de 2004—, prevé en el artículo 189 la “suspensión de la prescripción”, de acuerdo con el cual la emisión de la sentencia de segunda instancia suspende nuevamente el término prescriptivo que inició a contabilizarse luego de formulada la imputación, interrupción que no podrá ser superior a cinco (5) años, al cabo de los cuales se reiniciará el conteo del aludido plazo.

Sobre la inteligencia que corresponde dar a los mentados preceptos que reglan la prescripción en el Código de Procedimiento Penal de 2004, luego de su estudio sistemático, la Corte dijo:

De conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Código Penal, como norma general la acción penal “prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20)”.

Por su parte, el artículo 86 ibídem, que originalmente establecía que “la prescripción de la acción penal se interrumpe con la resolución acusatoria o su equivalente debidamente ejecutoriada”, fue modificado por el artículo 6º de la Ley 890 de 2004, el cual consagra que dicha interrupción opera “con la formulación de la imputación”, lo cual es reiterado en el artículo 292 de la Ley 906 de 2004.

Sin embargo, la Corte debió precisar que la modificación en comento únicamente se aplicaba a los asuntos tramitados por el sistema procesal de la Ley 906 del 2004, y que para los casos impulsados con el procedimiento regido por la Ley 600 de 2000, el artículo 86 de la Ley 599 de 2000 aplicable es el original, esto es, no lo cobija aquella modificación, entre otras razones, porque no es posible equiparar la formulación de la imputación de la nueva legislación, con la resolución de acusación de la sistemática anterior.

En este orden de ideas, producida la interrupción de la prescripción en el Código de Procedimiento Penal de 2000, esta vuelve a correr por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal, sin que pueda ser inferior a 5 años ni superior a 10, en tanto que, cuando ello sucede en el curso de un proceso tramitado por la Ley 906 de 2004 opera la misma regla, aunque en este evento el término no podrá ser inferior a 3 años, tal como lo dispone el artículo 292 citado, lo cual tiene su razón de ser en la dinámica propia del sistema acusatorio, con la que se busca materializar la efectividad del principio de celeridad que lo caracteriza y se explica que la prescripción de la acción penal se interrumpa con la formulación de la imputación y empiece a descontarse de nuevo en la forma indicada(1).

(…).

Puede evidenciarse, entonces, como diferencia adicional entre ambos sistemas, que producida la interrupción del término prescriptivo a partir de la formulación de la imputación en proceso adelantado, desde luego, bajo los lineamientos de la Ley 906 de 2004, este se suspende de nuevo según el artículo 189 de dicha normatividad, una vez “proferida la sentencia de segunda instancia”, caso en el cual vuelve a correr el mismo por un lapso que no puede superar los 5 años.

En todo caso, debe quedar absolutamente claro que mientras el término mínimo de prescripción en la Ley 600 de 2000 es de cinco años, en la Ley 906 de 2004 lo es apenas de 3 años, con la aclaración de que en la primera normatividad se cuentan desde la ejecutoria de la resolución de acusación, en tanto que en la segunda se computan desde la formulación de la imputación, y sólo en este evento, se repite, vuelve a interrumpirse con el proferimiento de la sentencia de segunda instancia.

Surge patente entonces, conforme a las reglas interpretativas trascritas y para lo que interesa al asunto examinado, que (i) formulada la imputación el término prescriptivo se interrumpe y corre de nuevo por un tiempo igual a la mitad de la pena máxima fijada en la ley para el respectivo delito, sin que su límite mínimo pueda ser inferior a tres (3) años; (ii) dicho lapso se suspende nuevamente cuando se profiere la sentencia de segundo grado; y, (iii) esta última interrupción no puede exceder de cinco (5) años, al cabo de los cuales se reanuda la contabilización del plazo que reste para que opere la prescripción de la acción penal.

3. El caso concreto.

Según se registra en la actuación, en el asunto particular la audiencia de formulación de imputación se verificó el 8 de julio de 2009 ante el Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cúcuta, donde la Fiscalía endilgó a J.E.R.C. el delito de homicidio culposo previsto en el artículo 109 del Código Penal, cuya sanción oscila entre treinta y dos (32) y ciento ocho (108) meses de prisión.

La sentencia de primer grado, por cuyo medio se declaró al supranombrado penalmente responsable de la conducta punible objeto de acusación, se profirió el 8 de septiembre de 2014, decisión confirmada por el ad quem en fallo adiado 7 de noviembre siguiente.

En esa medida, teniendo en cuenta que en este evento la prescripción de la acción penal se interrumpió con la formulación de imputación, el término prescriptivo corresponde a la mitad de la pena máxima señalada en la ley para el delito de homicidio culposo, valga decir, 54 meses o 4 años y 6 meses, y contabilizado dicho lapso desde el referido acto de comunicación, surge patente que el mismo se cumplió el 8 de enero de 2014, esto es, antes de proferirse el fallo del Tribunal Superior de Cúcuta e, incluso, previo a emitirse la sentencia de primer nivel, de donde se sigue que los jueces de instancia carecían de competencia para dictar las decisiones en cita y, por ende, se configura la nulidad denunciada, tal como lo alega la defensa del acusado y lo expresaron la Fiscal Delegada ante esta Corporación y el representante del Ministerio Público al descorrer el traslado a los no recurrentes.

Por tal motivo el cargo prospera y, en consecuencia, se impone, como lo ha definido la Sala(2), decretar la nulidad de lo actuado por pérdida del poder punitivo del Estado, en este caso a partir del 8 de enero de 2014, declarar la extinción de la acción penal por razón de la prescripción y cesar todo procedimiento a favor del acusado J.E.R.C. por el delito de homicidio culposo.

De otra parte, por sustracción de materia no hay lugar a pronunciarse sobre el segundo cargo propuesto por la defensa.

Finalmente, la Sala estima necesario ordenar la compulsación de copias de lo actuado con destino a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de N.S., en orden a que se investigue la conducta del juez de primer grado, habida cuenta que en la fase de juzgamiento trascurrieron cerca de cinco años sin que se profiriera la respectiva sentencia.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR el fallo impugnado con fundamento en el primer cargo de la demanda presentada a nombre de J.E.R.C., en consecuencia, decretar la nulidad de lo actuado a partir del 8 de enero de 2014.

2. DECLARAR la extinción de la acción penal por prescripción respecto del delito de homicidio culposo.

3. DISPONER, como consecuencia de lo anterior, la cesación del procedimiento a favor de J.E.R.C.

4. ORDENAR que por conducto del juez de primera instancia se cancele todo requerimiento y pendiente que el mencionado ciudadano tenga por razón exclusiva de este proceso penal.

5. COMPULSAR, por la secretaría de esta Sala, copias de lo actuado con la finalidad y el destino indicado.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

1 “Así lo ha sostenido la Sala desde la Sentencia del 19 de septiembre de 2005, radicado 24.128”.

2 CSJ SP, noviembre 5 de 2013, radicación 40034.