Sentencia SP9585-2016/44759 de julio 13 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP9585- 2016

Rad. 44759

Aprobado Acta Nº 211

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Bogotá D.C., trece de julio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El juzgado penal del circuito especializado de Manizales, además de las penas de prisión, de multa y de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, le impuso a los procesados la pena accesoria de privación del derecho a conducir vehículos automotores por el término de 10 años.

De tiempo atrás la Sala ha precisado que la imposición de penas accesorias, salvo la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, y sin perjuicio de las especiales consideraciones que se han hecho frente a la privación del derecho a la tenencia y porte de arma (CSJ SP 2636 de 20015, rad. 43881), debe estar precedida de una adecuada motivación sobre su procedencia y monto. Al respecto se ha resaltado que

[l]a única pena accesoria de imposición obligatoria aparejada con la de prisión es la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 del Código Penal(1), de manera que las demás relacionadas en el artículo 43 del mismo ordenamiento, son de imposición discrecional por parte del juzgador, quien las aplicará atendiendo los criterios relacionados en el artículo 61 ibídem, con indicación en cada caso de los fundamentos de hecho y de derecho que las sustentan, pues no operan en forma automática.

Impera rememorar que la obligación de motivar la imposición de la pena surge del contenido del artículo 59 del Código Penal, el cual dispone:

“Motivación del proceso de individualización de la pena. Toda sentencia deberá contener una fundamentación explicita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena” (negrillas fuera de texto).

Este mandato legal exige que toda pena, sin distinguir entre sanciones principales y accesorias, debe responder a una motivación específica en punto de sus aspectos cualitativos y cuantitativos, lo cual comporta un ejercicio argumentativo basado en las reglas que rigen la punibilidad, los principios que la inspiran y las razones por las cuales en el caso concreto se llega a la determinación final de su imposición.

Desde luego, la argumentación no puede fundarse en la íntima convicción del juez, ni en la intuición, ni en la sospecha, ni en lo evidente o palmario que resulte, sino en las pruebas legalmente practicadas, y en el significado jurídico de los hechos probados, so pena de ingresar el fallador en el terreno de la arbitrariedad.

Como la imposición de una pena accesoria conlleva la privación de un derecho, que puede ser limitado si se establece en el proceso su abuso por parte del condenado, o que su ejercicio facilitó la realización del punible, o que su restricción se torna aconsejable para prevenir conductas similares, la discrecionalidad en su imposición se encuentra inescindiblemente articulada con su motivación (CSJ SP, nov. 12/2014, rad. 43582, entre otras).

En el caso objeto de estudio, sobre la procedencia de la pena de privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas, el juzgado se limitó a decir que

[d]e conformidad con los artículos 43 numerales 1º y 5º, 44 y 51 del Código Penal, les serán impuestas como penas accesorias la inhabilitación para el ejercicio de los derechos y funciones públicas por un periodo igual al de la sanción principal en cada caso concreto y la privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas, por un periodo de diez años para cada uno de los implicados, para lo cual se deberá comunicar a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Oficina Nacional de Tránsito y Transporte para lo de su competencia.

Es evidente que el fallador de primer grado no dedicó una sola línea a motivar la procedencia y el monto(2) de la pena accesoria prevista en el artículo 43, numeral 5º, del Código Penal. Esta omisión, que entraña una flagrante violación del debido proceso, no fue enmendada por el tribunal, por lo que le corresponde a la Sala tomar los correctivos necesarios para salvaguardar las garantías de los procesados.

En consecuencia, se casará parcialmente el fallo, en orden a dejar sin efectos la pena accesoria de privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas, que por el término de 10 años les fue impuesta a los sentenciados. Al efecto, se oficiará a la oficina nacional de transporte y tránsito, para que se hagan las respectivas anotaciones. En los demás aspectos, la decisión se mantendrá incólume.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CASAR parcialmente y de oficio la sentencia emitida el 10 de junio de 2014 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Manizales, en el sentido de dejar sin efectos la pena accesoria de privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas, impuesta a los procesados Hxxx Gxxx Rxxx, Jxxx Axxx Gxxx Rxxx y Rxxx Dxxx Oxxx, lo que será informado a la oficina nacional de transporte y tránsito. En los demás aspectos el fallo impugnado se mantiene incólume.

Contra esta decisión no proceden recursos.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Providencias del 16 de junio de 2006. Rad. 23724 del 10 de abril de 2003. Rad. 11960, entre otras.

(2) Además de las irregularidades aquí analizadas, no utilizó el sistema de cuartos, en contravía de la jurisprudencia de esta corporación.