Sentencia SP9621-2017 de julio 5 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

SP9621-2017

Radicación 44932

(Aprobado Acta 210)

Bogotá, D.C., cinco de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Para un mejor proveer, la Sala determinará las reglas probatorias y procesales pertinentes y, luego, analizará el caso sometido a su conocimiento.

1. Reglas probatorias y procesales aplicables al caso

En este acápite se estudiarán los siguientes temas: (i) los aspectos que pueden ser objeto de estipulación, (ii) la valoración de las estipulaciones, (iii) los elementos materiales como tema de prueba y como medio de prueba, y (iv) Las cargas que asume el impugnante cuando cuestiona los procesos inferenciales realizados por el juzgador.

1.1. Los aspectos que pueden ser objeto de estipulación

El artículo 10 de la Ley 906 de 2004 dispone que “el juez podrá autorizar los acuerdos o estipulaciones a que lleguen las partes y que versen sobre aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva, sin que implique renuncia de los derechos constitucionales.

Por su parte, el artículo 356, en su numeral 4º, establece que “se entiende por estipulaciones probatorias los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la defensa para aceptar como probado alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias”.

En un sentido similar, el artículo 372 del Código General del Proceso, que regula la “audiencia inicial”, establece que el juez

Requerirá a las partes y a sus apoderados para que determinen los hechos en los que están de acuerdo y que fueren susceptibles de confesión, y fijará el objeto del litigio, precisando los hechos que considera demostrados y los que requieran ser probados.

(...).

El juez decretará las pruebas solicitadas por las partes y las que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos (…) Así mismo, prescindirá de las pruebas relacionadas con los hechos que declaró probados(1).

Estas disposiciones tienen entre sus finalidades la delimitación del litigio, en orden a que la práctica probatoria se oriente a los aspectos frente a los que exista una genuina controversia. En esencia, esta figura permite que las partes establezcan los aspectos de tema de prueba que se tendrán por probados y, así, delimiten el objeto de debate.

Esta corporación ha hecho varias precisiones sobre la determinación del tema de prueba en materia penal, que resultan útiles para la mejor comprensión de lo que puede ser objeto de estipulaciones probatorias. En ese contexto, estableció la diferencia entre hechos jurídicamente relevantes, hechos indicadores y medios de prueba, y analizó los aspectos factuales de la autenticación de evidencias físicas y documentos.

Sobre los conceptos de hecho jurídicamente relevante, hechos indicadores y medios de prueba, la Sala precisó lo siguiente:

El concepto de hecho jurídicamente relevante 

Este concepto fue incluido en varias normas de la Ley 906 de 2004. Puntualmente, los artículos 288 y 337, que regulan el contenido de la imputación y de la acusación, respectivamente, disponen que en ambos escenarios de la actuación penal la Fiscalía debe hacer “una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes”.

La relevancia jurídica del hecho está supeditada a su correspondencia con la norma penal. En tal sentido, el artículo 250 de la Constitución Política establece que la Fiscalía está facultada para investigar los hechos que tengan las características de un delito; y el artículo 287 de la Ley 906 de 2004 precisa que la imputación es procedente cuando “de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga(2).

En el mismo sentido, el artículo 337 precisa que la acusación es procedente “cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, se pueda afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe(3).

Como es obvio, la relevancia jurídica del hecho debe analizarse a partir del modelo de conducta descrito por el legislador en los distintos tipos penales, sin perjuicio del análisis que debe hacerse de la antijuridicidad y la culpabilidad.

También es claro que la determinación de los hechos definidos en abstracto por el legislador, como presupuesto de una determinada consecuencia jurídica, está supeditada a la adecuada interpretación de la norma penal, para lo que el analista debe utilizar, entre otras herramientas, los criterios de interpretación normativa, la doctrina, la jurisprudencia, etcétera.

Así, por ejemplo, si se avizora una hipótesis de coautoría, en los términos del artículo 29, inciso segundo, del Código Penal, se debe consultar el desarrollo doctrinario y jurisprudencial de esta figura, en orden a poder diferenciarla de la complicidad, del favorecimiento, etcétera.

Por ahora debe quedar claro que los hechos jurídicamente relevantes son los que corresponden al presupuesto fáctico previsto por el legislador en las respectivas normas penales. En el próximo apartado se ahondará sobre este concepto, en orden a diferenciarlo de otras categorías relevantes para la estructuración de la hipótesis de la acusación y de la premisa fáctica del fallo.

La diferencia entre hechos jurídicamente relevantes, “hechos indicadores” y medios de prueba

Es frecuente que en la imputación y/o en la acusación la Fiscalía entremezcle los hechos que encajan en la descripción normativa, con los datos a partir de los cuales puede inferirse el hecho jurídicamente relevante, e incluso con el contenido de los medios de prueba. De hecho, es común ver acusaciones en las que se trascriben las denuncias, los informes ejecutivos presentados por los investigadores, entre otros.

También suele suceder que en el acápite de “hechos jurídicamente relevantes” sólo se relacionen “hechos indicadores”, o se haga una relación deshilvanada de estos y del contenido de los medios de prueba.

Estas prácticas inadecuadas generan un impacto negativo para la administración de justicia, según se indicará más adelante.

Así, por ejemplo, en un caso de homicidio cometido con arma de fuego, uno de los hechos jurídicamente relevantes puede consistir en que el acusado fue quien le disparó a la víctima.

Es posible que en la estructuración de la hipótesis, la Fiscalía infiera ese hecho de datos o hechos indicadores como los siguientes: (i) el procesado salió corriendo del lugar de los hechos segundos después de producidos los disparos letales; (ii) había tenido un enfrentamiento físico con la víctima el día anterior; (iii) dos días después del homicidio le fue hallada en su poder el arma con que se produjo la muerte; etcétera.

Hipotéticamente, los datos o hechos indicadores podrían probarse de la siguiente manera: (i) María lo observó cuando salió corriendo del lugar de los hechos luego de ocurridos los disparos; (ii) Pedro fue testigo del enfrentamiento físico que tuvieron el procesado y la víctima; (iii) al policía judicial le consta que dos días después de ocurrido el homicidio, al procesado le fue hallada un arma de fuego; (iv) un perito en balística dictaminó que el arma de fuego incautada fue la utilizada para producir los disparos letales; etcétera(4).

Sobre los aspectos fácticos atinentes a la autenticación de evidencias y la posibilidad de que uno o varios de ellos sean objeto de estipulaciones probatorias, la Sala ha dicho:

La determinación de la pertinencia de una evidencia física, según la teoría del caso

El artículo 375 de la Ley 906 de 2004 regula la pertinencia. Precisa que “el elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse, directa o indirectamente, a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado”. Agrega que el medio de conocimiento “también es pertinente cuándo sólo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o perito”.

En lo concerniente a las evidencias físicas, esta norma tiene una estrecha relación con lo estatuido en el artículo 277 ídem, que establece dos formas de autenticar estos elementos: (i) a través del sometimiento a las reglas de cadena de custodia; y (ii) por cualquier medio de conocimiento, en virtud del principio de libertad probatoria.

Y se dice que entre estas normas existe una relación indisoluble, porque la pertinencia de una evidencia física depende de lo que la misma es, según la teoría del caso de la parte, y la autenticación no es otra cosa que demostrar que una cosa es lo que la parte propone(5) (CSJ AP 5885, 30 Sep. 2015, Rad. 46153, entre otras). Así, bien puede afirmarse que autenticar una evidencia física no es otra cosa que demostrar los factores que la hacen pertinente. A continuación se desarrollarán estos conceptos.

La determinación de lo que una evidencia es, depende básicamente de dos aspectos: (i) lo que ontológicamente es, como elemento físico, y (ii) la teoría que la parte ha construido en torno a ella.

Por ejemplo, si se pregona que la evidencia física X corresponde a una huella dactilar del acusado, hallada en el lugar donde se perpetró el homicidio, y con ello se pretende demostrar su presencia en ese lugar, su pertinencia no depende exclusivamente de que se trate de una huella, ni de que corresponda a una huella del acusado, sino, además, de que se demuestre que la huella estaba en el lugar de los hechos.

A la luz de la anterior hipótesis factual, si únicamente se demuestra que es una huella dactilar, el elemento no tendrá ninguna relación con los hechos, como tampoco la tendrá si únicamente se demuestra que es una huella del acusado.

En ocasiones, para la demostración de lo que un elemento físico es se requiere la intervención de expertos. Verbigracia, si en la escena del crimen el investigador encuentra una sustancia roja, probablemente no podrá afirmar que es sangre, ni que es sangre humana, ni que es sangre del acusado. Para establecer estos aspectos puede ser necesario que uno o varios expertos lo verifiquen.

En ejemplos como el anterior, la parte tendrá que establecer con cuál testigo demostrará cada uno de los aspectos que hacen pertinente la evidencia. Así, por ejemplo, es posible que el investigador pueda afirmar que la sustancia fue hallada en el sitio de los hechos, pero no podrá afirmar que es sangre; el hematólogo podrá decir que es sangre, pero no podrá afirmar que fue hallada en el sitio de los hechos, etcétera.

Como es obvio, uno de los riesgos que existen en el proceso que se inicia con el hallazgo de la evidencia y termina con su incorporación en el juicio oral, es que el elemento sea cambiado o alterado de alguna manera. De ahí que el artículo 216 de la Ley 906 de 2004 disponga: “cada elemento material probatorio y evidencia física recogidos en algunas de las inspecciones reguladas en los artículos anteriores, será asegurado, embalado y custodiado para evitar la suplantación o la alteración del mismo. Ello se hará observando las reglas de cadena de custodia”. En el mismo sentido, el artículo 254 precisa que la cadena de custodia tiene como finalidad “demostrar la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física”.

Este riesgo, de alta trascendencia para la determinación de los hechos en el proceso penal, es más notorio frente a cierto tipo de evidencias, principalmente aquellas que no son identificables a simple vista por sus características externas, como los fluidos corporales, las drogas, etcétera. Y, en la misma lógica, es menor cuando se trata de evidencias identificables a simple vista por sus características físicas (por ejemplo, un revólver identificado con su número serial), o las que en principio son confundibles pero que son susceptibles de ser marcadas (por ejemplo, una botella producida en serie, pero en la que el investigador plasma su firma como una forma de identificación).

No se requiere de mayores esfuerzos intelectivos para comprender que el proceso de embalaje y rotulación del elemento y, en general, el protocolo de cadena de custodia, es mucho más relevante cuando se trata de evidencias confundibles o alterables, que frente a aquellas que son identificables a simple vista por sus características externas, o las que son susceptibles de ser marcadas y han sido sometidas a este procedimiento como forma de identificación.

En el plano operativo, si una muestra de sangre o un fluido no es debidamente embalado y rotulado, es posible que el policía judicial que lo halló, y los peritos que lo examinaron, no puedan declarar en juicio que el elemento que se les pone de presente es el mismo que encontraron o recibieron para el análisis, o que está en las mismas condiciones (que no ha sido alterado). En sentido contrario, si se trata de un elemento fácilmente identificable por sus características externas, es factible que el investigador pueda asegurar que es el mismo que encontró en la escena, así por alguna razón no se haya cumplido con la obligación constitucional(6) y legal de someterlos al procedimiento de cadena de custodia.

Lo anterior permite comprender la importancia de cumplir en todos los casos la obligación de someter los elementos materiales probatorios y evidencias físicas a los protocolos de cadena de custodia (artículos 205, 209, 254 y siguientes, 277, entre otros), sin que por ello deba entenderse que cualquier error en este procedimiento necesariamente afecta la autenticidad del elemento físico.

De otro lado, es posible que varios elementos físicos estén integrados, como cuando un fluido se encuentra en una determinada prenda de vestir, o una muestra de sangre está en una navaja o cuchillo.

En estos eventos, la parte debe tener suficiente claridad sobre las evidencias físicas con que cuenta y la manera como estas se articulan en orden a establecer su pertinencia. Por ejemplo, ante la hipótesis de que en la camisa del acusado se halló sangre de la víctima (de lo que pueden hacerse inferencias relevantes para la solución del caso), la pertinencia está determinada por la articulación de todos estos factores. La sangre no es pertinente por ser sangre, ni por ser sangre de la víctima; la camisa no es pertinente sólo por ser camisa o por pertenecer al acusado; la pertinencia está determinada por la conjugación de todos estos factores: (i) es sangre humana, (ii) esa sangre corresponde a la víctima; (iii) fue hallada en una camisa; y (iv) esa camisa pertenece al acusado.

En la planeación de su teoría del caso la parte tendrá que constatar que puede probar todos estos factores, y sólo podrá hacerlo con testigos que tengan conocimiento “personal y directo” de los hechos que pondrá en conocimiento de la autoridad judicial, según lo establece el artículo 402 de la Ley 906 de 2004(7).

Cuando se deben realizar cotejos para establecer lo que el objeto es, el elemento de contraste debe ser tratado con el mismo cuidado para que en el juicio oral pueda demostrarse su “mismidad”. Ello sucede, por ejemplo, con las muestras tomadas del imputado para realizar cotejos de ADN, las muestras de pisadas, etcétera.

En el plano epistémico, no cabe duda que este tipo de elementos deben ser preservados adecuadamente para evitar que sean cambiados o alterados. En el ámbito legal, este deber no admite discusión, bien por las reglas generales sobre cadena de custodia, ora porque el ordenamiento jurídico lo dispone expresamente. Verbigracia, el artículo 249 ídem, frente a la obtención de muestras caligráficas ordena que

Obtenidas las muestras y bajo rigurosa custodia(8), las trasladará o enviará, según el caso, junto con el documento redargüido de falso, al centro de peritaje para que hagan los exámenes correspondientes…

Estos procedimientos no deben ser mirados como formalismos carentes de contenido, sino como presupuestos básicos de la estructuración y demostración de las teorías que las partes pretenden hacer valer ante el juez. En términos simples, si la Fiscalía pretende que el fallador realice determinadas inferencias a partir del hecho de que en la camisa del acusado fue hallada sangre de la víctima, debe demostrar cada uno de los elementos estructurales de ese aserto: (i) en una camisa se halló sangre, (ii) esa sangre corresponde a la víctima, (iii) la camisa pertenece al acusado, etcétera. Si alguno de estos aspectos no es demostrado, es posible que la fuerza inferencial del “hecho indicador” disminuya o desaparezca.

Sentido y alcance de la autenticación de las evidencias físicas

De lo expuesto en el apartado anterior fácilmente se deduce que la autenticación de las evidencias físicas no es otra cosa que probar que una cosa es lo que la parte plantea según su teoría del caso, tal y como lo ha sostenido de tiempo atrás esta Corporación (CSJ AP, 30 Sep. 2015, Rad. 46153, entre otras).

El carácter probatorio de la autenticación está consagrado expresamente en la Ley 906 de 2004. Así, el artículo 277 establece que “la demostración de la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia, estará a cargo de la parte que la presente”; y el artículo 426 precisa que “la autenticidad e identificación del documento se probará por métodos como los siguientes…”.

Frente a estos aspectos prevalece el principio de libertad probatoria que inspira el sistema procesal regulado en la Ley 906 de 2004. Ello se hace palmario en la redacción de los artículos 277 (no regula los medios probatorios que deben utilizarse para autenticar evidencias no sometidas a cadena de custodia) y 426 (enuncia algunas formas de autenticación de los documentos), y, principalmente, en lo establecido en el artículo 373 en el sentido de que “los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico o científico, que no viole los derechos humanos”.

Según se indicó en el anterior apartado, la parte corre con la carga de identificar y demostrar los diferentes aspectos que hacen pertinente la evidencia.

Para tales efectos, debe identificar los testigos que tienen conocimiento “personal y directo” (Art. 402) de cada uno de esos aspectos. Según los ejemplos utilizados en el numeral anterior, el investigador puede atestiguar que la huella dactilar se halló en la escena del crimen y que las impresiones dactilares fueron tomadas del acusado para efectos del cotejo, y el perito en dactiloscopia podrá dar fe de que corresponden a la misma persona.

Si en el juicio oral sólo declara el perito en dactiloscopia, lo único que se habrá acreditado es que dos huellas dactilares corresponden a una misma persona, pero el experto no podrá dar fe, por ejemplo, de que una de ellas fue hallada en la escena el crimen, simple y llanamente porque ello no le consta.

En el mismo sentido, si un policial le halla al acusado un arma de fuego y la misma es remitida al perito en balística para que dictamine sobre su idoneidad para disparar, es necesaria la declaración de ambos testigos. Si sólo se lleva el testimonio del experto, lo único que se habrá demostrado es que el arma es idónea para los fines que le son propios, pero no habrá prueba de que ese fue el artefacto hallado al procesado, porque el perito no participó en el proceso de incautación.

Lo anterior, claro está, sin perjuicio de que las partes estipulen uno, varios o todos los aspectos que determinan la pertinencia de una evidencia física(9). Por ejemplo, puede estipularse que el arma es idónea para disparar, que le fue hallada al procesado, o ambas cosas; que la muestra examinada corresponde a sangre del acusado, que fue encontrada en la camisa de éste; que las huellas dactilares estudiadas corresponden al acusado, que fue hallada en el sitio de los hechos, etcétera (CSJ SP, 31 Ago. 2016, Rad. 43916).

Desde esta perspectiva, y a la luz de las decisiones emitidas por esta Corporación sobre esta temática (CSJ SP, 15 Jun. 2016, Rad. 47666; CSJ AP, 24 Ago. 2016, Rad. 44105; CSJ SP, 6 Feb. 2013, Rad. 38975, entre otras) las estipulaciones pueden tener como objeto lo siguiente:

1.1.1. Uno o varios hechos jurídicamente relevantes

Bajo el entendido de que la procedencia de la sanción penal está supeditada a la demostración de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de la conducta (Art. 9 C.P.), es posible que las partes estipulen uno o varios de los hechos jurídicamente relevantes, sin que ello implique la aceptación de responsabilidad.

A manera de ejemplo, puede suceder que las partes estipulen que el procesado portaba una determinada cantidad de droga estupefaciente, porque tienen claro que el debate se contrae a si la sustancia estaba destinada al tráfico o al consumo personal. También a manera de ilustración, en un caso de inasistencia alimentaria las partes pueden dar por probado el vínculo de parentesco, la consecuente existencia de la obligación alimentaria y/o el incumplimiento de la misma, porque existe consenso en que el objeto de disputa es la existencia o no de una justa causa, en los términos del artículo 233 del Código Penal.

1.1.2. Uno o varios “hechos indicadores”

Entre las amplias potestades que tienen las partes en un sistema de tendencia acusatoria como el regulado en la Ley 906 de 2004, está la de dar por probado uno o varios “hechos indicadores”.

Ello puede suceder, entre otras múltiples razones, porque las partes estén de acuerdo en que un determinado hecho (indicador) ocurrió, pero se reservan las inferencias que pueden hacerse a partir del mismo, individualmente considerado o en asocio con otros hechos que pretenden demostrar durante el juicio oral. Por ejemplo, en un juicio por prevaricato es posible que la Fiscalía y la defensa estén de acuerdo en que el procesado tomó una determinada decisión, a partir de unos específicos elementos de juicio (pruebas, alegatos de las partes, entre otros), porque su intención es presentar diferentes análisis valorativos de esa realidad fáctica, como cuando se debate si el funcionario actuó dolosamente.

1.1.3. Uno o varios aspectos de la autenticación de una evidencia física o un documento

Según se indicó en precedencia, las partes tienen la potestad de estipular aspectos atinentes a la autenticidad de las evidencias físicas. Por ejemplo, la defensa puede estar dispuesta a aceptar que una determinada sustancia corresponde a sangre del acusado, mas no que la misma fue hallada en las prendas de vestir de la víctima.

En el mismo sentido, las partes pueden dar por probado algún aspecto de la cadena de custodia, como cuando se acepta que la sustancia analizada por el perito es la misma que le entregó el investigador.

1.1.4. Los documentos como objeto y como “soporte” de la estipulación

En la práctica judicial suele existir confusión entre los documentos como objeto de la estipulación y como soporte de la misma.

La diferencia es relevante, porque cuando los documentos constituyen “soporte” de la estipulación no pueden ser valorados, precisamente porque la estipulación tiene como efecto principal sacar un determinado aspecto fáctico del debate probatorio (CSJ SP, 15 Jun. 2016, Rad. 47666; CSJ SP, 6 Feb. 2013, Rad. 38975; entere otras). Por ejemplo, se estipula que la víctima murió a causa de los disparos que recibió, y se aporta como “soporte” el respectivo dictamen médico legal.

Sin embargo, es posible que algunos documentos constituyan el objeto mismo de la estipulación. Por ejemplo, cuando en los casos de prevaricato la Fiscalía y la defensa dan por probado que el procesado emitió una determinada decisión, y que lo hizo a partir de una específica realidad procesal. En esos eventos, el documento contentivo de la decisión (sentencia, resolución, etcétera) ingresa como objeto de la estipulación (“esta fue la decisión que el juez tomó”), y lo mismo sucede con los documentos contentivos de las pruebas, los alegatos que en su momento presentaron las partes, etcétera (“estos son los elementos de juicio con los que contaba”). Este tipo de estipulaciones suelen celebrarse por diversas razones, como cuando se trata de hechos difícilmente rebatibles y/o las partes tienen claro que el debate se reduce a los juicios valorativos orientados a establecer si la decisión tomada bajo esas condiciones puede catalogarse como manifiestamente contraria a la ley, o las inferencias frente a los elementos estructurales del dolo, entre otras(10).

En el mismo sentido, es posible que en un delito de falso testimonio las partes acuerden que el procesado rindió la declaración contenida en un determinado documento (por ejemplo, el registro oficial de la audiencia). En esos casos, el documento (registro) ingresa como objeto de la estipulación (“esto fue lo que el procesado declaró”).

Lo anterior es posible, porque en esos procesos el contenido de la decisión, los elementos de juicio con los que el juez contaba (en el ejemplo del prevaricato), y el contenido de la declaración rendida por el testigo (en el evento hipotético de falso testimonio), hacen parte del tema de prueba, por lo que pueden ser objeto de estipulación.

Lo expuesto a lo largo del numeral 1.1 no puede entenderse como un listado taxativo de los aspectos que pueden ser objeto de estipulación. En cada caso, según sus particularidades, las partes podrán celebrar los acuerdos probatorios que consideren pertinentes, siempre y cuando ello no implique “renuncia de los derechos constitucionales” (Art. 10 Ley 906 de 2004).

1.2. La valoración de las estipulaciones

Por razones obvias, las posibilidades valorativas del Juez dependerán del sentido y alcance de la estipulación celebrada por las partes.

Así, por ejemplo, si se dieron por probados uno o varios hechos jurídicamente relevantes, el juez debe constatar si se demostraron los otros presupuestos de la responsabilidad penal, según lo precisado en el acápite anterior.

Si la estipulación recae sobre un “hecho indicador”, el juez podrá realizar las inferencias que considere procedentes, bien en atención al hecho estipulado, individualmente considerado, ora en asocio con otros datos demostrados durante el desarrollo probatorio. Ese tipo de ejercicios no implican la adición o tergiversación de la estipulación, tal y como lo plantea el impugnante.

En el mismo sentido, si las partes estipularon un componente de la autenticación de una evidencia física (por ejemplo, que se trata de sangre del acusado), el juzgador debe verificar si se demostraron los otros aspectos que la hacen pertinente (verbigracia, que fue hallada en las prendas de vestir de la víctima).

1.3. Los elementos materiales como objeto de prueba y como medio de prueba

Es frecuente que en el proceso penal se debata sobre la existencia y contenido de un determinado elemento material o de un documento. En estos casos, el elemento físico hace parte del tema de prueba, bien porque se le asocie a un hecho jurídicamente relevante (por ejemplo, el arma, en el delito previsto en el artículo 365 del Código Penal) o a un hecho indicador (verbigracia, la carta amenazante que el procesado le envió a la víctima de homicidio), según se precisó en la primera parte del numeral 1.1.

También es factible que la existencia (y contenido, en los casos de los documentos) de los objetos materiales se demuestre con el elemento mismo y con los respectivos testigos de acreditación (ídem).

Sin embargo, el hecho de que el elemento físico o el documento no se presente como medio de prueba, no significa que su existencia (y contenido) no pueda demostrarse con otros medios de acreditación. Sobre el particular, esta corporación ha precisado lo siguiente:

En efecto, es posible demostrar la existencia de un determinado elemento físico, así el mismo no sea presentado como evidencia en el juicio oral. Por ejemplo, puede demostrarse con testimonios, documentos y/o dictámenes periciales que el acusado utilizó un cuchillo para causar la muerte de la víctima, así la Fiscalía no haya podido incautar ese elemento.

En el mismo sentido, puede demostrarse la existencia de un arma de fuego, y su idoneidad para disparar, así no se pueda incautar el artefacto, como cuando los testigos se refieren a su utilización para causarle lesiones a la víctima, los proyectiles son recuperados y a través de dictámenes se establece su calibre, el daño que causaron en el cuerpo, etcétera. (CSJ SP, 31 Ago. 2016, Rad. 43916).

1.4. Las cargas que asume el impugnante cuando cuestiona los procesos inferenciales realizados por el juzgador

Sobre el particular, la Sala ha reiterado lo siguiente:

Cuando el fallador estructura la argumentación que le sirve de soporte a la condena a partir de máximas de la experiencia, el reproche en casación puede orientarse a cuestionar: (i) errores de hecho o de derecho en la determinación de los hechos indicadores, (ii) la falta de universalidad de los enunciados generales y abstractos utilizados como máximas de la experiencia, entre otros.

Si el fallo se estructura sobre la idea de datos que por su convergencia y concordancia permiten alcanzar el nivel de conocimiento exigido para la condena, la censura puede orientarse en sentidos como los siguientes: (i) errores de hecho o de derecho en la determinación de los “hechos indicadores”; (ii) falta de convergencia y/o concordancia de los mismos; (iii) la posibilidad de estructurar, a partir de esos datos (o en asocio con otros, que estén debidamente probados) hipótesis alternativas a la de la acusación, verdaderamente plausibles y que, por tanto, puedan generar duda razonable, entre otros.

Frente a este último tipo de argumentos, no puede tenerse como sustentación adecuada del recurso de casación una disertación que: (i) analice aisladamente los datos a partir de los cuales se hace la inferencia, con el propósito de demostrar la inexistencia de una máxima de la experiencia que garantice el paso de cada dato (mirado de forma insular) a la conclusión; (ii) tergiverse los datos a partir de los cuales se hizo la inferencia; (iii) analice en su conjunto los datos, pero suprima uno o varios, principalmente cuando se dejan por fuera los que más fuerza le imprimen a la conclusión; (iv) incluya datos que no fueron demostrados; entre otros.

Lo anterior sin perjuicio de que en una disertación se articulen estas dos formas argumentales, evento en el cual se deberá precisar, frente a cada una de ellas, en qué consistieron los yerros que se le atribuyen al fallador (CSJ SP 1467, 12 Oct. 2016, Rad. 37175; CSJ SP 282, 18 Ene. 2017, Rad. 40120, entre otras).

2. Análisis del caso sometido a conocimiento de la Sala

Con este propósito, la Sala relacionará los argumentos del Tribunal y luego analizará los planteamientos del demandante.

2.1. Los argumentos del tribunal

El Tribunal declaró probado lo siguiente:

En el año 2007 la abogada Carmenza Tenorio Ramírez le entregó cuatro millones y medio de pesos a la secretaria del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali, Clara Inés Banguero, para que “agilizara” dos demandas, una por un proceso ejecutivo y otra por un trámite de pertenencia. Por el primer proceso le pagó tres millones de pesos y por el segundo un millón quinientos mil.

En desarrollo de ese convenio, la secretaria Banguero alteró el reparto, escaneó la firma del juez para falsificar los “autos admisorios” de las demandas y libró sendos oficios dirigidos a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de San Andrés y Cartagena, con lo que hizo incurrir en error a los funcionarios de esas dependencias, quienes inscribieron las medidas cautelares que interesaban a Tenorio Ramírez, bajo el convencimiento errado de que habían sido ordenadas por el Juzgado.

El tribunal resaltó que Clara Inés Banguero aceptó haber recibido el dinero para realizar las referidas actuaciones, cuya contrariedad con el ordenamiento jurídico es manifiesta. Señaló además que la abogada Tenorio Ramírez tuvo la oportunidad de radicar personalmente las demandas en la Oficina de Reparto, por lo que es claro que el pago de los cuatro millones quinientos mil pesos “no tenía la simple finalidad de imprimirle celeridad a los procesos”, tal y como lo quiso hacer ver la testigo Banguero. Ello es así –agrega- porque de haber sometido las referidas demandas al proceso legal de reparto pudieron haber sido asignadas a otros Juzgados.

Además, Carmenza Tenorio Ramírez optó por tramitar este proceso en la ciudad de Cali, a pesar de que sabía, por su experiencia como abogada civilista, que la competencia estaba signada por el domicilio de los demandados, quienes estaban radicados en San Andrés y en Cartagena.

Sobre la forma de participación de la procesada, concluyó que su rol “no consistía en indicarle a la empleada judicial la forma como debía agotar los procedimientos, bastaba que los mismos los realizara de manera ilícita —de allí la contraprestación de dinero que ofreció y entregó—”.

Por tanto, la condenó por el delito de fraude procesal, a título de determinadora. Debe recordarse que frente a los demás delitos (cohecho por dar u ofrecer y falsedad en documento público) operó el fenómeno jurídico de la prescripción.

2.2. Los planteamientos del impugnante

La Sala estudiará los argumentos propuestos por el impugnante en el orden en que fueron presentados en la demanda.

2.2.1. No se aportaron como prueba las demandas que la abogada TENORIO RAMÍREZ le entregó a la secretaria Clara Inés Banguero

Sostiene que el Tribunal basó su decisión en las dos demandas que su representada le entregó a la secretaria Clara Inés Banguero, a pesar de que esos documentos no fueron incorporados como prueba durante el juicio oral, según las reglas previstas en la Ley 906 de 2004.

Este planteamiento no es admisible, porque: (i) el Tribunal no basó su decisión en esa prueba documental (las demandas), y (ii) la existencia de las mismas, así como su entrega a la secretaria Banguero y los trámites irregulares que se adelantaron a raíz de las mismas, se demostraron con otras pruebas.

A la luz de lo explicado en el numeral 1.3, el hecho de que los documentos contentivos de las demandas no hayan sido incorporados durante el juicio oral no implica que su existencia no pudiera demostrarse con otros medios de prueba, máxime si se tiene en cuenta que varios de estos aspectos fueron objeto de estipulación.

El impugnante no tuvo en cuenta que la ex secretaria Clara Inés Banguero, el juez Guillermo Urazán Peña e incluso Carmenza Tenorio Ramírez se refirieron a esas demandas durante sus interrogatorios en el juicio oral. Al efecto, resulta suficiente traer a colación los respectivos apartes de la declaración rendida por la procesada a instancias de las preguntas que le formuló su defensor:

Pregunta: Dra. Carmenza, ¿Sabe usted por qué fue citada a este testimonio? ¿Quiere por favor explicárnoslo?

Respuesta: Sí, cómo no, fui citada precisamente porque soy la persona en quien han recaído las investigaciones que se han llevado por los procesos el ejecutivo y el ordinario de pertenencia que instauré. El ejecutivo para el Hotel Toné Beach Resort y el proceso de pertenencia del señor Edgar de Jesús Hernández Agudelo contra el señor Hugo Efrén Parra Urrea.

(...).

Pregunta: Dra. Carmenza, quiere usted explicarnos qué tipo de procesos fueron los que le pidió el favor a la Dra. Clara Inés Banguero que radicara en el despacho y los individualiza por favor y nos explica a qué despacho judicial correspondió la circunstancia.

Respuesta: Bueno, yo le solicité que fuera a la Oficina de Reparto a llevarme las, los dos procesos. El uno era un proceso ejecutivo, eran más o menos mil, bueno una cuantía muy elevada, supremamente elevada y le solicité que me hiciera ese favor, era contra el Toné Beach Resort con unos pagarés que están soportados dentro de la demanda, los cuales pues … contienen una obligación clara, expresa y exigible. El otro, es un proceso de pertenencia del señor Edgar de Jesús Hernández Agudelo contra el señor Efrén Parra, los trámites que normalmente tienen esos procesos pues son los de llevarlos al juzgado, al reparto inicialmente, luego en el juzgado la admisión de la demanda, en el caso del proceso ejecutivo se libera, se da la (…) Bueno, en el caso del proceso ejecutivo que es un trámite diferente al del proceso ordinario, yo llegué en los trámites hasta la compra de las cauciones cuando emitieron en el juzgado el documento diciendo que yo debía llevar unas cauciones, entonces compré inclusive al frente del edificio al que se le puso la bomba, que es el Palacio de Justicia, allí me vendieron en una aseguradora y yo anexé con un escrito las respectivas cauciones.

(...).

Pregunta: Doctora Carmenza, con respecto al proceso ejecutivo, ¿Cuál era el soporte para adelantar el proceso?

Respuesta: El soporte eran precisamente los pagarés, que estaban a mi nombre, firmados por la representante legal de Toné Beach Resort y adicionalmente yo había suscrito con ellos una hipoteca, sin límite de cuantía y con base en esos documentos que me daban a mi derecho sustancial de exigir el pago de la obligación, por esa razón instauré el respectivo proceso ejecutivo.

Aunado a lo anterior, las partes estipularon varios aspectos atinentes a las demandas en mención, que disipan cualquier duda que pudiera existir en torno a su existencia y contenido, así como frente al trámite que se adelantó a raíz de las mismas. Para ilustrar sobre el particular, basta con traer a colación algunos apartes de las estipulaciones celebradas por la Fiscalía y la defensa:

Fiscal: Como estipulación Nº 7 señora juez sería la siguiente: que se tenga como hecho probado y cierto y que no será materia de discusión en este juicio, lo consignado en la demanda ordinaria de pertenencia de mayor cuantía de Édgar de Jesús Fernández Agudelo versus Hugo Efrén Parra Urrea, con número radicación 2006213, específicamente la demanda, es decir, varias cosas, que la apoderada en este caso era la acusada, la doctora Carmenza Tenorio, ese sería un hecho. Que el bien materia de la demanda se encuentra ubicado en la ciudad de Cartagena, departamento de Atlántico, Urbanización el Laguito, barrio Bocagrande, en la calle 1ª # 3-20, apartamento 403 de la nomenclatura urbana.

Juez: Un segundito doctora (…) ¿Qué es lo que van a estipular?

Fiscal: La ubicación del bien

Juez: ¿De cuál bien?

Fiscal: Sería en primer término, como estipulación número 7 que dentro de la demanda de pertenencia de mayor cuantía, de Edgar de Jesús Fernández Agudelo versus Hugo Efrén Parra Urrea, identificada con número de radicación 2006213, aparece como apoderada la acusada, la Dra. Carmenza Tenorio.

Juez: ¿Que en la demanda de radicación qué?

Fiscal: 2006213.

Juez: ¿Aparece como qué?

Fiscal: Aparece como apoderada la Dra. Carmenza Tenorio. Hay que aclarar que ese caso corresponde a una demanda ordinaria de pertenencia de mayor cuantía de Edgar de Jesús Fernández Agudelo versus Hugo Efrén Parra Urrea.

Juez: Me repite nuevamente, ¿de quién contra quién?

Fiscal: Una demanda ordinaria de pertenencia de mayor cuantía de Edgar de Jesús Fernández Agudelo contra Hugo Efrén Parra Urrea.

Como estipulación Nº 8, sería que el bien materia de la demanda se encuentra ubicado en la ciudad de Cartagena, departamento del Atlántico, Urbanización el Laguito, barrio Boca-grande, en la calle 1ª # 3-20 apartamento 403, de la nomenclatura de Cartagena.

Como estipulación Nº 9, tendríamos que dentro de esa demanda, específicamente en el acápite de competencia y cuantía, que la señora Carmenza Tenorio señaló que el Juez Civil de Cali era competente para conocer de dicho proceso, teniendo en cuenta el domicilio del demandante, de acuerdo con el artículo (no se especificó) del Código de Procedimiento Civil y por la naturaleza del asunto. Como soporte de esa estipulación señora Juez la fiscalía corre traslado a la señora Procuradora y a la defensa de la demanda a la que se ha hecho alusión.

¿No tiene observaciones la defensa de esa estipulación? Que esa demanda fue suscrita por su cliente y además, por su defendida. Además que la ubicación del bien que aparece en la demanda es la ubicación en la ciudad de Cartagena, urbanización el Laguito, que dentro de esa demanda se dijo por parte de su representada que la competencia se originaba allí.

Juez: No es necesario que haga más argumentaciones diga si acepta la estipulación o no.

Defensor: Sí. No hay problema.

Fiscal: Como estipulación 10, señora juez, tenemos la siguiente: que en el folio de matrícula 06049724, específicamente en la anotación 9, se inscribió la demanda en proceso de pertenencia como medida cautelar, de acuerdo al oficio 1212 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali, donde se observa a las personas que intervienen en el acto, como Fernández Agudelo Edgar de Jesús y Parra Urrea Hugo Efrén. Para decir que quede claro que como consecuencia de esta demanda pues se inscribió esta medida cautelar dentro de este proceso de pertenencia en la anotación 9 y que corresponde a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena. Como soporte de esta estipulación, corro traslado de folio de matrícula 06049724, signado (...) aquí dice Registrador Principal (...).

Como estipulación Nº 11 tendríamos que la doctora Carmenza Tenorio Ramírez presentó ante el Juez Civil del Circuito de Cali, demanda por proceso ejecutivo con título hipotecario contra la sociedad Toné Beach Resort.

Igualmente, como estipulación Nº 12, que dentro de esa demanda, específicamente en el acápite de competencia y cuantía, la doctora Carmenza Tenorio Ramírez señala que el Juez Civil del Circuito de Cali es competente, teniendo en cuenta el lugar del cumplimiento de la obligación, el domicilio de la parte demandante y por la cuantía. Igualmente dentro de las notificaciones, señala que el demandado puede ser notificado en la Avenida Colombia Nº 5ª-25 de San Andrés Islas.

Finalmente, que dentro de esta misma demanda y como estipulación Nº 14, que en el acápite de los hechos señala que se trata de la hipoteca sin límite de cuantía de un terreno ubicado en la jurisdicción Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el sector denominado (...) Avenida Colombia Nº 5ª-25 de San Andrés. Como soporte de esta estipulación señora juez corro traslado a la señora Procuradora y al señor Defensor de la demanda proceso ejecutivo con título hipotecario de la señora Carmenza Tenorio Ramírez contra la sociedad Toné Beach Resort.

Defensor: no hay problema.

En síntesis, este primer argumento del impugnante, sobre el que estructura buena parte de su disertación, resulta inadmisible por las siguientes razones: (i) la existencia y contenido de las demandas que la abogada Tenorio Ramírez le entregó a Clara Inés Banguero se demostró con los testimonios practicados durante el juicio oral, a lo que se aúnan las estipulaciones celebradas por las partes sobre varios aspectos de esos escritos; (ii) la Fiscalía y la defensa estipularon buena parte del trámite que se adelantó a raíz de la entrega de las referidas demandas; y (iii) la demostración de la existencia y el contenido de ese tipo de documentos no está supeditada a que sean aportados como prueba, máxime cuando las partes han estipulado los aspectos más relevantes de los mismos.

2.2.2. El tribunal, al concluir que la entrega del dinero no tenía “la simple finalidad de imprimirle celeridad a los procesos”, cercenó el testimonio de Clara Inés Banguero Guevara

Al efecto, resalta que la testigo dijo haber recibido el dinero para imprimirle celeridad a los procesos”, por lo que resulta inadmisible lo que concluyó el tribunal en el sentido de que la finalidad del pago era que la secretaria adelantara un trámite ilegal.

Este argumento del impugnante es inadmisible, porque es claro que el tribunal partió de aceptar que la testigo declaró que recibió el dinero con la finalidad de “imprimirle celeridad al trámite”, pero concluyó que ese aparte de su relato no es creíble.

Las conclusiones del juzgador sobre la finalidad perseguida con el pago ilegal, es producto del proceso inferencial realizado a partir de los siguientes hechos indicadores: (i) lo cuantioso de la suma que la abogada le entregó a la empleada del Juzgado, (ii) la necesidad de alterar el sistema de reparto para evitar que los procesos fueran asignados a otros juzgados, (iii) el hecho de que las demandas hayan sido presentadas en la ciudad de Cali, cuando su conocimiento le correspondía a los juzgados de San Andrés y Cartagena, respectivamente; entre otros.

En este caso no se avizora que el Tribunal haya adicionado, cercenado o tergiversado el testimonio de Clara Inés Banguero. Tampoco existen razones para concluir que violó las reglas de la sana crítica al concluir, a partir de los hechos indicadores demostrados en el proceso, que Carmenza Tenorio Ramírez le pagó cuatro millones quinientos mil pesos a la secretaria del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali, no para que presentara los documentos en la Oficina de Reparto, o para que les imprimiera celeridad, sino para que realizara los comportamientos ilícitos necesarios para lograr la materialización de las medidas cautelares que le interesaban a la procesada.

Además de las razones expuestas por el fallador de segundo grado sobre el monto del dinero entregado y las maniobras realizadas por la abogada y la secretaria para que los procesos no fueran asignados a otras dependencias judiciales, durante el juicio oral se estableció que el interés de esta funcionaria en los referidos procesos tiene como única fuente el millonario pago que le hizo la litigante. Así, la única razón que se avizora para que Clara Inés Banguero haya realizado las múltiples conductas ilícitas, con los evidentes riesgos penales que las mismas implicaban, es que haya actuado en cumplimiento del acuerdo celebrado con la procesada.

2.2.3. El Tribunal tergiversó y adicionó el testimonio de Clara Inés Banguero, quien dijo insistentemente que la procesada no se enteró del trámite que ella le impartió a las demandas

Plantea que a partir de ese yerro el Tribunal concluyó que su representada determinó a la secretaria del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali para que realizara las ya conocidas acciones ilícitas.

Esta línea argumentativa tampoco es aceptable, por lo siguiente:

La decisión del Tribunal no se estructura sobre la idea de que la testigo Clara Inés Banguero declaró que la abogada Carmenza Tenorio Ramírez le pagó cuatro millones quinientos mil pesos para que alterara el reparto, falsificara documentos e hiciera incurrir en error a los funcionarios de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos atrás referidas. Según se indicó en precedencia, la condena se fundamenta en la convergencia y concordancia de varios hechos indicadores, entre los que cabe destacar el pago de una suma millonaria, las maniobras realizadas por la litigante y la secretaria para evitar que los procesos fueran tramitados por otras dependencias judiciales, así como la verificación de las irregularidades que se acaban de mencionar.

Si el censor tenía la intención de cuestionar el proceso inferencial realizado por el tribunal, tenía que asumir las cargas argumentativas referidas en el numeral 1.4.

En este mismo acápite el impugnante aseveró que la Fiscalía no demostró “el nexo causal entre determinadora y autora material, para consumar conductas de sustitución de números de radicación al interior del Juzgado, de escaneo de firmas o de falsedades de oficios (sic), de las cuales se declaró como única responsable la testigo Banguero”. A ello agregó que “si admitiéramos, en gracia de discusión (cosa que jamás admitiremos), que la Dra. Carmenza Tenorio le hubiese entregado dinero a Clara Inés Banguero, esta hipótesis apuntaría únicamente a la celeridad de un trámite, mas no hacia la realización de conductas que ungieran de criminalidad los justos títulos, que mi cliente ostentaba para hacer valer sus derechos y el de su poderdante, en el proceso de pertenencia”. Estos asertos ameritan varios comentarios:

En primer término, el Tribunal le atribuyó credibilidad a lo que manifestó Clara Inés Banguero en el sentido de que la abogada Carmenza Tenorio Ramírez le entregó cuatro millones y medio de pesos. Aunque en una declaración anterior al juicio oral la testigo negó haber recibido el dinero (versión que fue utilizada por la defensa para impugnar su credibilidad), en el juicio oral aclaró que en esa oportunidad faltó a la verdad por recomendación de su abogado, para evitar que le fueran imputados otros delitos, y explicó detalladamente las irregularidades en que incurrió con ocasión del referido pago, lo que fue ampliamente corroborado con las pruebas y las estipulaciones que dan cuenta de la alteración del reparto, las falsedades, etcétera. Además, es evidente que la testigo no actuó con la intención de causar un perjuicio indebido a la procesada, pues en cuanto le fue posible sostuvo que ésta nunca se enteró de las actividades ilícitas que ella realizó.

Ante este panorama procesal, es inadmisible que el impugnante pretenda desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que ampara el fallo impugnado, con la simple aseveración de que este aparte del testimonio de Clara Inés Banguero no es creíble y que la defensa “jamás admitirá” la entrega del dinero.

Son igualmente inadmisibles los reparos que hace el impugnante frente al nexo causal inherente a la determinación que se le endilga a la procesada, porque la única razón que se avizora para que la secretaria Banguero haya incurrido en varios delitos para favorecer a la litigante Carmenza Tenorio Ramírez es el pago que ésta le realizó. Las otras explicaciones son poco plausibles, por lo siguiente:

Primero, porque cuatro millones y medio de pesos es una suma desproporcionada como pago por la radicación de dos demandas en la oficina de registro. Segundo, porque es inverosímil que una funcionaria (madre cabeza de familia) haya decidido, por iniciativa propia y sin ninguna contraprestación, exponer su trabajo y su libertad para lograr la materialización ilícita de medidas cautelares en dos procesos en los que no tenía un interés diferente al pago que recibió. Esto sin perjuicio de lo que expuso el tribunal sobre las maniobras que realizó la procesada para evitar que las referidas demandas fueran conocidas por otras autoridades judiciales.

2.2.4. Los yerros en la valoración del testimonio del juez Guillermo Urazán Peña

Para el impugnante constituye un error relevante que el tribunal, al relacionar las medidas que pueden tomar los jueces cuando los litigantes radican demandas ante despachos que no tienen competencia, haya mencionado únicamente el rechazo, a sabiendas de que el juez Urazán Peña también se refirió a la inadmisión y a la remisión al funcionario competente.

Luego, manifestó que como el juez no tuvo ante sí las referidas demandas, porque las mismas no fueron aportadas como prueba, se limitó a hacer “juicios hipotéticos” sobre la falta de competencia del despacho a su cargo y las decisiones que hubiera tomado en el evento de que a los escritos se les hubiera dado el trámite legal.

Estos argumentos del impugnante tampoco son admisibles.

Primero, porque no es trascendente que las demandas no hayan sido incorporadas como prueba, toda vez que su existencia y contenido se demostró durante el juicio oral, según se explicó en el numeral 2.2.1.

Además, porque es intrascendente que el testigo se haya referido a tres posibles decisiones frente a la inadecuada determinación de la competencia por parte de los litigantes, y el tribunal solo haya mencionado una de ellas, porque el dato utilizado en el proceso inferencial es que Tenorio Ramírez radicó los procesos en la ciudad de Cali, cuando su conocimiento le correspondía a las autoridades judiciales de Cartagena y San Andrés.

Sumado a lo anterior, durante su interrogatorio el testigo se refirió a las particularidades de las demandas entregadas por la abogada Tenorio Ramírez a Clara Inés Banguero. A partir de ese conocimiento, expuso sus conclusiones sobre la falta de competencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali para adelantar esos procesos. Dijo:

[q]uiero hacer claridad en lo siguiente: yo no conocía a la doctora Carmenza Tenorio, nunca la había visto en el despacho judicial, solo vine a tratarla después que se presentó todos estos eventos, que llegó a reclamar al juzgado por el trámite de esos asuntos, la verdad es que tengo que volverme al primer evento donde una persona llega al Juzgado a averiguar por un proceso, no aparece, se vale de otro funcionario para poder conversar conmigo, le doy una cita, llega al Juzgado, buscamos el expediente, no lo encontramos y se trata de una pertenencia. Como quiera que los procesos de pertenencia obligatoriamente el juez de conocimiento tiene que hacer una inspección judicial sobre el predio, yo pregunto dónde está ubicado el predio y la ubicación que me dan nunca he estado yo en ese sitio.

(...).

Una vez que detienen a Clara pues procedo a destituirla a hacer inventario en el escritorio y allí encuentro pues una serie, otra serie de eventos en donde en particular se presentan dos situaciones, este proceso ejecutivo con título hipotecario si no estoy mal y otro proceso de pertenencia que fue muy particular para mí, fue muy de pronto el más significativo, porque se adelantaba un proceso de pertenencia con un inmueble en la ciudad de Cartagena, situación que es completamente atípica e irregular desde el punto de vista procesal, porque todo tipo de proceso de pertenencia el conocimiento a prevención (…) corresponde al juez donde está ubicado el inmueble, tal como lo establece el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, en su numeral décimo, entre todos los papeles ya le encuentro yo a Clara un poco de documentos que tienen que ver con las medidas cautelares del Toné Beach, en San Andrés, con la inscripción de la demanda del proceso de pertenencia en Cartagena, inclusive el formato como ya para sacar la sentencia ficticia sobre la pertenencia, eso es más o menos lo que yo puedo así informar en forma resumida lo relacionado con el proceso (…).

2.2.5. Los errores en la valoración del testimonio del perito Digno Américo Mosquera

Resalta que el experto concluyó que las firmas (del Juez Urazán Peña) corresponden a impresiones digitalizadas y no a rúbricas elaboradas con un bolígrafo o un estilógrafo. Sin embargo, el perito resaltó que el estudio que realizó no le permitía establecer quién realizó la falsificación. Por tanto, el Tribunal adicionó este testimonio, en cuanto concluyó que el mismo respalda la conclusión sobre la responsabilidad penal de Carmenza Tenorio Ramírez.

Este argumento no es de recibo, porque: (i) en ningún aparte de su disertación el tribunal planteó que el perito Digno Américo Mosquera hizo alusión a la responsabilidad penal de la procesada; (ii) la falsificación de las referidas firmas se probó, además, con los testimonios de Clara Inés Banguero —aceptó que ella realizó esa conducta— y con la declaración del juez Guillermo Urazán Peña –dijo que él no suscribió esos documentos-; (iii) la falsificación de las firmas, así como las demás irregularidades que se demostraron durante el juicio oral, constituye uno de los hechos indicadores que tuvo en cuenta el Tribunal para concluir que la millonaria suma entregada por la procesada a la ex secretaria del Juzgado tenía como finalidad que ésta realizara las acciones ilícitas necesarias para materializar las medidas cautelares que le interesaban a la litigante; (iv) el Tribunal arribó a dicha conclusión por la senda de la convergencia y concordancia de los hechos indicadores referidos a lo largo de este fallo; y (v) si el impugnante tenía el propósito de cuestionar ese proceso inferencial, tenía que asumir las cargas argumentativas explicadas en el numeral 1.4.

2.2.6. La indebida valoración de las estipulaciones

Según se indicó en precedencia, la Fiscalía y la defensa estipularon varios aspectos de las demandas que la procesada le entregó a Clara Inés Banguero Guevara. Además, dieron por probado algunas de las acciones que ésta realizó, orientadas a lograr la inscripción irregular de varias medidas cautelares que le interesaban a Carmenza Tenorio Ramírez.

En este contexto, el censor plantea que el Tribunal adicionó esos acuerdos, de la siguiente manera:

Frente a la estipulación número 1, resalta que tiene como objeto: (i) la actividad realizada por la secretaria Banguero, concretamente la emisión del oficio 604, “dirigido al Registrador de San Andrés”; (ii) que en dicho oficio se observa la firma de su representada, en constancia de haberlo recibido; y (iii) la entrega que ésta hizo de esa misiva a su destinatario. A renglón seguido plantea que la actividad realizada por la procesada corresponde al “normal cumplimiento de un deber profesional”.

En su sentir, el fallador adicionó esta estipulación, en cuanto concluyó que Carmenza Tenorio participó en la elaboración de “los autos admisorios” y que el oficio 604 se produjo en “tiempo record”. Más adelante, dijo que el Tribunal, a partir de este acuerdo probatorio, dio por sentada “una celeridad convenida que no ha sido probada en el juicio”.

Frente a la estipulación número tres, que tiene como objeto la inscripción de la medida cautelar de que trata el mencionado oficio 604, el impugnante señaló que el tribunal le atribuyó un alcance que no tiene, porque asumió que Tenorio Ramírez conocía la ilegalidad perpetrada por Clara Inés Banguero. Dijo:

En efecto, al tiempo que la estipulación número 3 refiere el registro de la medida cautelar, el Tribunal le asigna a esta inscripción una connotación antijurídica en contra de mi cliente. Una cosa es que la señora Banguero haya, por iniciativa propia, decidido desarrollar conductas criminosas dentro de las cuales incluyó la confección del oficio 604 mencionado en la estipulación 3, con destino al registrador de San Andrés y otra cosa muy distinta es que mi representada hubiese tenido conocimiento del contenido de dicho oficio fuese ilegítimo.

En idéntico sentido se refirió a la estipulación número 10, que trata de la inscripción de la medida cautelar “de acuerdo al oficio 1212 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali”.

Un argumento similar planteó frente a la estipulación número dos, en virtud de la cual se dio por probado que “Clara Inés Banguero solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Andrés, se registrara un embargo ordenado por el Juez Segundo y que al proceso que hace referencia es el bien que se encuentra identificado con la MI 450 17 64 y que el oficio le fue entregado a Carmenza Tenorio”. Sobre el particular, dijo:

El tribunal incluye la estipulación número 2 como soporte de su sentencia condenatoria. Al referirse a dicho documento, se hace alusión a su contenido, como si este sirviera de fundamento para atribuirle falsedades y alteraciones de documentos a mi defendida y como si ella —con conocimiento y voluntad— hubiese llevado a su destino un documento carente de legitimidad.

Según se indicó en el numeral 2.1., el tribunal infirió la responsabilidad penal de la procesada Carmenza Tenorio Ramírez de varios hechos indicadores, entre ellos: (i) la procesada le entregó cuatro millones quinientos mil pesos a Clara Inés Banguero; (ii) a raíz de ese pago, la secretaria del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali realizó varias conductas ilícitas, orientadas a materializar unas medidas cautelares que le interesaban a la abogada Tenorio; (iii) era necesario manipular el reparto para que los procesos no fueran asignados a otros despachos judiciales; (iv) Carmenza Tenorio Ramírez desatendió los factores de competencia, en virtud de los cuales los procesos debieron ser gestionados en San Andrés y Cartagena; entre otros.

Sin mayor dificultad puede advertirse que la falsificación de la firma del juez, la emisión de los referidos oficios y su entrega en las respectivas Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos es solo uno de los datos a partir de los cuales el juzgador infirió que la entrega de la millonaria suma “no tenía la simple finalidad, como lo quiso hacer ver la testigo, de imprimirle celeridad a los procesos”, y que “el rol de la procesada no consistía en indicarle a la empleada judicial, la forma como debía agotar los procedimientos, bastaba que los mismos los realizara de manera ilícita”.

Si del análisis articulado de las pruebas el Tribunal concluyó que Carmenza Tenorio Ramírez conocía el carácter ilícito de los oficios a través de los cuales se ordenó la inscripción de las medidas cautelares, ello no implica que haya adicionado o tergiversado las referidas estipulaciones. Según se indicó en el apartado 1.2., cuando las partes estipulan hechos indicadores, el Juez tiene la facultad de realizar las inferencias que considere procedentes, bien en atención al dato acordado, individualmente considerado, o en asocio con otros hechos demostrados durante el juicio oral. Y eso fue precisamente lo que hizo el tribunal, según se extrae de su disertación. Por ejemplo, dijo:

Porque con ese mismo testimonio (de Clara Inés Banguero) se puso en conocimiento que el día en que la procesada le entregó las demandas y entregó el dinero “para que le tramitara esos procesos en el Juzgado”, había atención al público en la oficina de reparto, resultando lógico concluir que ningún obstáculo tenía la abogada y aquí procesada para imprimirle a las demandas el trámite que legalmente les correspondía. Esa misma circunstancia reflejada en el pacto que convinieron (sic) ellas dos —procesada y secretaria del juzgado—, por valor total de $4.500.000, no tenía la simple finalidad, como lo quiso hacer ver la testigo, de imprimirle celeridad a los procesos, toda vez que, como precisamente lo reconoció la testigo, “el hecho de llevar las demandas a reparto, podían llegar a cualquier juzgado y como se trataba de agilidad entonces las tramité sin que entraran por reparto”.

Con el testimonio del Juez, el doctor Guillermo Urazán Peña se indicó que en tratándose de las demandas ya referidas, la competencia para su conocimiento la ostentaban los Juzgados del Circuito donde estuviera el domicilio del demandado, eso es, San Andrés y Cartagena y que de haber tenido a la vista esas actuaciones y/o demandas –las que desconoció totalmente porque nunca entraron legalmente al proceso y al juzgado-, habrían sido objeto de rechazo.

Esa situación era ampliamente conocida por la procesada quien se desempeñaba como abogada litigante en esta ciudad y en la jurisdicción civil. Pese a ello, en la demanda ejecutiva y de pertenencia, concretamente en el acápite de competencia y cuantía, la señora Carmenza Tenorio Ramírez señaló que el Juzgado Civil del Circuito de Cali era competente para conocer de dicho proceso teniendo en cuenta el domicilio del demandante de acuerdo con el artículo del Código de procedimiento Civil —sin especificar cuál—, tal y como quedó acreditado con las estipulaciones 9 y 12.

Finalmente, frente a las estipulaciones 9 y 12, que tienen como objeto las anotaciones que hizo la abogada Carmenza Tenorio Ramírez en las ya conocidas demandas, en lo concerniente a la competencia, el impugnante plantea que el tribunal “tergiversó por adición” los acuerdos probatorios, porque del contenido de los mismos no se puede establecer a qué demandas se está haciendo alusión. Dijo:

De la lectura atenta de la estipulación Nro. 9 no se puede inferir responsabilidad penal en contra de la doctora Carmenza Tenorio, por las siguientes razones:

a)La estipulación hace alusión a “esa demanda” sin precisar a cuál demanda se refiere,

b) Por desconocerse la demanda a la cual hace referencia la parte inicial de la estipulación, ninguna de las partes o intervinientes sabe a ciencia cierta a cuál “acápite de la competencia” se ubica.

c) Por la misma razón no es posible precisar a cuál domicilio del demandante se hace mención.

d) Ni tampoco podemos saber de qué “asunto” se trata, por desconocer cuál es concretamente “esa demanda”.

Advierte la Sala que el impugnante trasgredió el principio de corrección material, porque omite considerar que durante el juicio oral, en medio de discusión sobre el sentido y alcance de los acuerdos probatorios, se precisó que las demandas mencionadas en las estipulaciones 9 y 12 son aquellas que Carmenza Tenorio Ramírez le entregó a Blanca Inés Banguero. En esa oportunidad se dijo lo siguiente:

FISCAL: Como estipulación Nº 7, señora Juez, sería la siguiente: que se tenga como hecho probado y cierto y que no será materia de discusión en este juicio, lo consignado en la demanda ordinaria de pertenencia de mayor cuantía de Édgar de Jesús Fernández Agudelo versus Hugo Efrén Parra Urrea, con número radicación 2006213, específicamente la demanda, es decir, varias cosas, que la apoderada en este caso era la acusada, la doctora Carmenza Tenorio, ese sería un hecho. Que el bien materia de la demanda se encuentra ubicado en la ciudad de Cartagena, departamento de Atlántico, Urbanización el Laguito, barrio Boca-grande, en la calle 1era # 3-20 apartamento 403 de la nomenclatura urbana.

Juez: Un segundito doctora (…) ¿Qué es lo que van a estipular?

Fiscal: La ubicación del bien

Juez: ¿De cuál bien?

Fiscal: Sería en primer término, como estipulación número 7, que dentro de la demanda de pertenencia de mayor cuantía, de Edgar de Jesús Fernández Agudelo versus Hugo Efrén Parra Urrea, identificada con número de radicación 2006213, aparece como apoderada la acusada, la doctora Carmenza Tenorio.

Juez: ¿Que en la demanda de radicación qué?

Fiscal: 2006213.

Juez: ¿Aparece como qué?

Fiscal: Aparece como apoderada la doctora Carmenza Tenorio. Hay que aclarar que ese caso corresponde a una demanda ordinaria de pertenencia de mayor cuantía de Edgar de Jesús Fernández Agudelo versus Hugo Efrén Parra Urrea.

Juez: Me repite nuevamente, ¿de quién contra quién?

Fiscal: Una demanda ordinaria de pertenencia de mayor cuantía de Edgar de Jesús Fernández Agudelo contra Hugo Efrén Parra Urrea.

FISCAL: Como estipulación Nº 8, sería que el bien materia de la demanda se encuentra ubicado en la ciudad de Cartagena, departamento del Atlántico, Urbanización El Laguito, barrio Boca-grande, en la calle 1ª # 3-20, apartamento 403, de la nomenclatura de Cartagena.

Fiscal: Como estipulación Nº 9 tendríamos que dentro de esa demanda, específicamente en el acápite de competencia y cuantía, que la señora Carmenza Tenorio señaló que el Juez Civil de Cali era competente para conocer de dicho proceso, teniendo en cuenta el domicilio del demandante, de acuerdo con el artículo (no se especifica) del Código de Procedimiento Civil y por la naturaleza del asunto. Como soporte de esa estipulación, señora Juez, la fiscalía corre traslado a la señora Procuradora y a la defensa de la demanda a la que se ha hecho alusión.

¿No tiene observaciones la defensa de esa estipulación? Que esa demanda fue suscrita por su cliente y además, por su defendida. Además que la ubicación del bien que aparece en la demanda es la ubicación en la ciudad de Cartagena, urbanización el Laguito, que dentro de esa demanda se hizo por parte de su representada que la competencia se originaba allí?

Juez: No es necesario que haga más argumentaciones diga si acepta la estipulación o no.

Defensor: Si. No hay problema.

(...).

Fiscal: como estipulación Nº 11 tendríamos que la Dra. Carmenza Tenorio Ramírez presentó ante el juez civil del Circuito de Cali, demanda por proceso ejecutivo con título hipotecario contra la sociedad Toné Beach Resort.

Igualmente como estipulación Nº 12, que dentro de esa demanda, específicamente en el acápite de competencia y cuantía, la doctora Carmenza Tenorio Ramírez señala que el Juez Civil del Circuito de Cali es competente, teniendo en cuenta el lugar del cumplimiento de la obligación, el domicilio de la parte demandante y por la cuantía.

(...).

Defensor: No hay problema.

El censor también omitió considerar que durante el juicio oral la procesada planteó lo siguiente sobre la determinación de la competencia:

Pregunta (por la defensa): Doctora Carmenza, quiere usted explicar a este despacho por qué presentó la demanda en la ciudad de Cali.

Respuesta: Presenté la demanda en la ciudad de Cali porque es muy claro que nosotros acordamos en los pagarés que el pago de la obligación se realizaría en esta ciudad como efectivamente se establece en estos documentos, en los pagarés, que los voy a pasar a la señora fiscal para que los vea.

El abogado solicitó autorización para utilizar los referidos documentos, bajo el argumento de que hacían parte de las estipulaciones. A pesar de que ello no ocurrió de esa manera, según la trascripción de las estipulaciones y lo que se explicó en el apartado 1.1.4 sobre los documentos como objeto de la estipulación y como soporte de la misma, la Fiscalía dijo estar de acuerdo con que el apoderado de Tenorio Ramírez exhibiera los títulos valores, donde supuestamente se plasmaron los acuerdos en virtud de los cuales el proceso debía ser conocido por los juzgados civiles del circuito de Cali. Sin embargo, sucedió lo siguiente:

Juez: Bien, entonces doctor, es tan amable pueden ser utilizados pero primero usted debe pedir permiso para ser utilizado el documento, lo pone de presente a la señora fiscal para que verifique si es el mismo que está dentro de la demanda y luego puede interrogar a su cliente sobre ese aspecto.

Defensor: No doctora, no lo tengo, entonces no corro traslado y sencillamente retomo la pregunta. Doctora Carmenza, dentro del proceso ejecutivo que llegó según usted hasta el pago de las cauciones, retiró usted oficios dirigidos a las oficinas de registro ¿Qué tipo de oficios, por favor nos los identifica? (...).

Cuando se le indagó por qué pretendió tramitar el otro proceso en la ciudad de Cali, a pesar de que el demandado estaba radicado en otra ciudad, la procesada contestó que pudo haber incurrido en una equivocación.

En suma, la defensa dio a entender que explicaría por qué las demandas fueron presentadas en la ciudad de Cali, y no en San Andrés y Cartagena, como procedía según las reglas generales sobre competencia, pero no aportó los documentos donde consta el supuesto acuerdo en virtud del cual uno de los procesos podía adelantarse en Cali, a pesar de que la Fiscalía no se opuso a ello y el juzgado le dio autorización para que lo hiciera. Frente a la otra demanda, la procesada se limitó a decir que pudo tratarse de un error.

Como complemento de su disertación, el impugnante trajo de nuevo a colación del argumento referido a la no incorporación de los documentos contentivos de las demandas. Al efecto, la Sala se remite a lo expuesto en el apartado 2.2.1.

Se tiene entonces que durante el juicio oral se demostró con amplitud la existencia y contenido de las dos demandas que la procesada le entregó a la secretaria del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali, con las finalidades ya conocidas. Las estipulaciones celebradas por las partes y las pruebas practicadas durante el juicio oral, entre ellas el testimonio de Carmenza Tenorio Ramírez, brindaron información suficiente sobre la identidad de los demandantes y los demandados, los tipos de proceso y las explicaciones que dio la litigante sobre la competencia. Ante ese panorama, resulta artificioso lo que plantea el censor en el sentido de que no se sabe a qué demandas se hizo alusión en las ya referidas estipulaciones.

En síntesis, no hay lugar a casar el fallo impugnado, porque las conclusiones del tribunal sobre la materialidad del delito y la participación de la procesada, a título de determinadora, son razonables.

Lo primero, porque durante el juicio oral se probó lo siguiente: (i) los funcionarios de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de San Andrés y Cartagena fueron inducidos en error con los oficios elaborados por Clara Inés Banguero y entregados en esas dependencias por Carmenza Tenorio Ramírez; (ii) en virtud de ese engaño, inscribieron las medidas cautelares referidas a lo largo del fallo; (iii) la secretaria Banguero alteró el registro para lograr que las demandas elaboradas por la litigante Tenorio no fueran tramitadas por otras dependencias judiciales; (iv) Tenorio Ramírez “tramitó” las demandas en Cali, cuando las mismas debieron ser presentadas ante los Juzgados Civiles del Circuito de San Andrés y Cartagena, respectivamente; y (v) Clara Inés Banguero falsificó las decisiones judiciales atinentes a las supuestas medidas cautelares.

De otro lado, la participación de la procesada, a título de determinadora, se infiere de lo siguiente: (i) le entregó cuatro millones quinientos mil pesos a la secretaria del referido despacho judicial; (ii) es inverosímil que esa suma millonaria corresponda al pago por la radicación de las demandas en la Oficina de Registro; (iii) además del cumplimiento de las obligaciones contraídas a raíz del referido pago, la secretaria Banguero no tenía interés personal en estos “procesos”; (iv) la procesada hizo lo necesario para que estos asuntos fueran tramitados en la ciudad de Cali, y no en San Andrés y Cartagena, como correspondía; (v) no es creíble que la secretaria Banguero haya alterado el reparto, falsificado las firmas del Juez y haya hecho incurrir en error a los funcionarios de las oficinas de registro de instrumentos públicos ya conocidas, como un “acto de liberalidad”, a pesar de que con ello ponía en alto riesgo su libertad y su trabajo, del que dependía la subsistencia de su familia.

Según se indicó a lo largo de este acápite, ninguno de los argumentos presentados por el impugnante tiene la fuerza suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que ampara el fallo condenatorio, entre otras cosas porque el censor desconoció las reglas procesales y probatorias relacionadas en la primera parte de este proveído.

3 Casación oficiosa 

A la procesada Carmenza Tenorio Ramírez se le impuso la pena accesoria de “inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogada” por el término de siete años. El artículo 51 del Código Penal dispone que la pena de “inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte, oficio…” tendrá una duración de seis meses a 20 años.

Bajo el entendido de que en la determinación de este tipo de sanciones debe aplicarse el sistema de cuartos de que trata el artículo 61 del Código Penal(11), es evidente que el Tribunal se equivocó en la tasación de la referida pena accesoria, lo que debe ser corregido de oficio por la Sala para salvaguardar el derecho que tiene la procesada a que las sanciones correspondan a las previstas por el legislador.

En el presente caso, los cuartos de movilidad están determinados de la siguiente manera:

 

Primer cuartoSegundo cuartoTercer cuartoÚltimo cuarto
6 meses a 64 meses y 15 días64 meses y 16 días a 123 meses123 meses y un día a 181 meses y 15 días181 meses y 16 días a 240 meses

 

Para tasar la pena de prisión, el tribunal partió de la sanción mínima (seis años) y la incrementó en una sexta parte por el concurso de conductas punibles (1 año), para un total de siete años.

En atención a ese criterio, la Sala partirá del mínimo de la pena accesoria objeto de análisis (seis meses) y le hará el mismo incremento (una sexta parte), para un total de siete meses.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero: No casar el fallo impugnado, por los cargos propuestos por el demandante.

Segundo: Casar parcialmente y de oficio el fallo impugnado, en el sentido de que la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogada tendrá el monto de siete (7) meses. En los demás aspectos la decisión se mantiene incólume.

Contra la presente decisión no proceden recursos.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

1 El asunto está regulad de forma semejante en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil.

2 Negrillas fuera del texto original.

3 Negrillas fuera del texto original

4 En idéntico sentido, Módulo de Evaluación del Caso. Reglas básicas para el manejo estratégico de Casos Penales. Fiscalía General de la Nación (documento preliminar de trabajo).

5 Bajo el entendido de que estos factores deben ser enunciados en la audiencia preparatoria (cuando se explica la pertinencia) y probados en el juicio oral.

6 El artículo 250 de la Constitución Política dispone que es deber de la Fiscalía: “Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción”.

7 Art. 402. Conocimiento personal. El testigo únicamente podrá declarar sobre aspectos que de forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de observar o percibir.

8 Negrillas fuera del texto original.

9 Negrillas fuera del texto original.

10 En estos casos, las partes deben precisar cuáles partes del “expediente” resultan relevantes, para evitar el ingreso de documentación ajena al tema objeto de análisis (CSJ SP, 15 Jun. 2016, Rad. 47666).

11 Cfr., SP-17166-2014, 16 dic. 2014, Rad. 42536; CSJ SP–2636-2015, 11 de mar. de 2015, Rad. 43881