Sentencia SP9807-2015 de julio 29 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SP9807-2015

Radicación: 37603

(Aprobado acta 259)

Magistrado Ponente:

Luis Guillermo Salazar Otero

Bogotá, D.C., veintinueve de julio de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Analizados críticamente los reparos que hace el actor al fallo del tribunal superior, la Sala encuentra necesario abordar su estudio en orden inverso al propuesto por el casacionista, toda vez que sólo en la medida en que se logre acreditar que la acción penal se encuentra vigente, será posible determinar si la decisión de condena impugnada se ajusta o no al ordenamiento jurídico.

Lo anterior, en razón a que los cargos segundo y tercero, dirigidos en últimas a cuestionar el monto de la suma apropiada, tienen incidencia directa en la normatividad aplicable al asunto y, de paso, en la eventual prescripción de la acción penal.

En efecto, aduce el demandante que del contexto del informe de rendición de cuentas presentado por el acusado XXX al Juzgado Primero de Familia de Ibagué, se desprende que la suma recaudada en ejercicio de su gestión como secuestre, previo descuento de los gastos efectuados, ascendió a la suma de $ 11.731.850, aspecto que no fue analizado por los falladores de instancia.

De igual manera afirma que en manera alguna es viable deducir que la entrega de los títulos al secuestre, por sí sola, implica la apropiación indebida de las sumas allí representadas, y por consiguiente que no es factible asegurar que el delito de peculado por apropiación endilgado a su representado se hubiere perpetrado el 14 y el 29 de septiembre de 1998, fecha en que se realizó la diligencia de secuestro de los bienes.

Explica que en tales condiciones no es factible tomar el monto del salario mínimo correspondiente al año 1998 para efectos de establecer la norma aplicable al asunto.

En relación con el tema, observa la Sala que efectivamente la actividad judicial de los auxiliares de la justicia ejercida en detrimento de los deberes que la Constitución y las leyes les impone, bien puede llegar a comprometer, por acción u omisión, su responsabilidad en el ámbito penal.

Sin embargo, es claro que la deducción de responsabilidad en manera alguna puede derivarse de la simple designación en el cargo, como equivocadamente lo entendieron en esta oportunidad los falladores de instancia al afirmar que el comportamiento constitutivo del punible de peculado por apropiación se estructuró el 14 y el 29 de septiembre de 1998, fecha en que se materializó la medida cautelar y se designó al acusado como secuestre de los bienes, sino que es necesario que con posterioridad a dicha designación, se presenten actos inequívocos de apropiación de los bienes puestos a su disposición.

Es decir que, según lo sostiene el Ministerio Público en su concepto “…la consumación de medidas cautelares, es condición necesaria para que exista el secuestro y por ello mismo condición necesaria de una eventual mala administración…”, toda vez que para que ocurra el desmedro económico resultante de una equívoca administración, no es suficiente con la imposición de medidas cautelares respecto de los bienes, ni con la designación de una determinada persona como secuestre, sino que es indispensable la concurrencia de otros factores que escapan al control de quien solicitó y obtuvo la medida.

Así las cosas, es claro que en esta oportunidad el detrimento se presentó a partir del momento en que el acusado XXX en su calidad de secuestre dentro del proceso de sucesión de XXX, se negó a entregar en términos la rendición de cuentas y a proceder a la devolución de los títulos valores dados en custodia.

En orden a determinar en qué fecha se produjo tal eventualidad, esto es el requerimiento efectivo para la devolución de las sumas representadas en los títulos, es necesario acudir a las pruebas documentales debidamente aportadas al proceso, en especial del proceso de sucesión de XXX, en las que se destaca la siguiente actuación procesal:

Mediante auto del 11 de julio de 1997, el Juzgado Primero de Familia de Ibagué reconoció a los herederos y decretó el embargo y secuestro provisional de los bienes. Para el perfeccionamiento de la medida cautelar, se comisionó al Juzgado Noveno Civil Municipal, que mediante auto del 27 de agosto de 1998, designó como secuestre a XXX, mientras que la respectiva diligencia se realizó los días 14 y 29 de septiembre del mismo año.

Posteriormente, por medio de pronunciamiento del 27 de enero de 1999, el Juzgado Primero de Familia fijó como caución al secuestre la suma de $ 6.000.000, que fue materializada el 5 de marzo de 1999 mediante la póliza judicial 51896-07.

El 15 de marzo de 1999, ante solicitud elevada por el apoderado de varios de los herederos, el Juez Primero de Familia adujo que no se cumplían las exigencias del artículo 688 del Código de Procedimiento Civil para proceder al cambio de secuestre y por el contrario aceptó la caución prestada por éste.

De otra parte, en el mismo pronunciamiento, al dar respuesta a los requerimientos del secuestre, sostuvo que es de su resorte recibir las sumas entregadas por los deudores y lo autorizó para abrir una cuenta de ahorros en la Caja Agraria de Ibagué con la finalidad de depositar los dineros recibidos en razón del proceso.

En auto del 8 de abril de 1999, al pronunciarse el Juzgado Primero de Familia en torno al recurso de reposición interpuesto por el apoderado de varios de los herederos contra la decisión de no cambiar al secuestre, sostuvo el juzgador que las únicas eventualidades en que procedía su sustitución sin adelantar el correspondiente trámite incidental, se concretaban en la negativa de prestar la caución, cuando deja de rendir cuentas de su administración o no presenta los informes mensuales, ninguna de las cuales se había presentado en el curso de la actuación, motivo por el cual confirmó la decisión impugnada.

Por medio de decisión del 21 de abril de 1999, ordenó el juzgado que el secuestre designado rindiera cuentas de su gestión, en la forma indicada en el artículo 689 del Código de Procedimiento Civil, requerimiento reiterado el 18 de junio del mismo año, sin que obre constancia que se hubiere oficiado en tal sentido.

El 1º de septiembre de 1999, el mencionado despacho judicial decretó el levantamiento del embargo y secuestro que recayó sobre los bienes del haber hereditario y ordenó que dicha determinación se comunicara a los secuestres designados, al igual que dispuso que se requiriera a XXX para que rindiera cuentas pormenorizadas de su gestión.

En atención a lo anterior se libró el Oficio 2046 del 23 de septiembre de 1999, sin que exista constancia respecto a que efectivamente hubiera sido remitido o recibido por el destinatario.

El 14 de diciembre de 1999 aprobó el juzgado el trabajo de partición de los bienes dejados por el causante y ordenó requerir al secuestre para que hiciera entrega de los dineros y títulos recibidos en la diligencia de secuestro.

El 21 de junio de 2000, nuevamente el Juzgado Primero de Familia ordenó citar a XXX”…a fin de llevar a cabo la diligencia de requerimiento ordenada en auto de diciembre 14 de 1999…”.

El 9 de febrero de 2001, en respuesta a petición elevada por el apoderado de algunos de los herederos, el juzgado dispuso requerir nuevamente al secuestre para que rindiera cuentas de su gestión e hiciera entrega de los dineros y títulos que tiene en su poder. Ordenó igualmente se libraran los oficios enterándolo de lo resuelto y le concedió diez días hábiles a partir de la notificación del pronunciamiento para que procediera de conformidad.

De otra parte, ante el requerimiento del peticionario, es decir el apoderado de los herederos, respecto a que “…como la justificación del juzgado es que los interesados no han prestado su colaboración para efectos de los requerimientos, solicito al honorable juez se nos comunique en el auto en que (sic) consiste o que (sic) debemos hacer para lograr mediante requerimiento que el señor secuestre entregue los dineros y títulos de propiedad de la sociedad que reposan en su poder…”, expresó el juzgador que “…la justificación es acercarse los interesados al juzgado a retirar el oficio que se ordena librar al secuestre para su entrega…”.

En acatamiento de lo anterior, se libró el Oficio 0337 del 19 de febrero de 2001, en el cual aparece la firma del acusado XXX, en constancia de haber sido recibido el 16 de marzo del mismo año.

Ahora bien, teniendo en cuenta que de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 688, en armonía con lo previsto en el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil relacionados con el relevo del secuestre y la entrega de bienes, es claro que siempre que se reemplace a un secuestre o que termine sus funciones, éste entregará los bienes a quien corresponda inmediatamente se le comunique la orden, enteramiento que debe producirse en los términos previstos en el artículo 9º, numeral 9º, de la misma codificación.

Es decir que el comportamiento irregular atribuido al procesado, tiene lugar a partir del momento en que efectivamente fue requerido para la rendición de cuentas y devolución de los títulos valores que tenía en custodia, esto es desde el instante en que le fue comunicada la decisión en los términos previstos para el efecto en el ordenamiento jurídico vigente para la época de los hechos, y no simplemente a partir de la fecha en que tomó posesión del cargo de secuestre, como equivocadamente lo entendieron los juzgadores de instancia.

Dispone el mencionado inciso final del artículo 688 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:

“…Siempre que se reemplace a un secuestre o que termine sus funciones, éste entregará los bienes a quien corresponda inmediatamente se le comunique la orden, en la forma prevista en el numeral 9º del artículo 9º; si no lo hiciere, el juez hará la entrega si fuere posible y dará aplicación al inciso primero del parágrafo 3º del artículo 337. En la diligencia de entrega no se admitirán oposiciones. El secuestre no podrá alegar derecho de retención, en ningún caso…”.

A su vez, el numeral 9º, del artículo 9º del estatuto procesal civil vigente para la época, expresa que:

“…Todo nombramiento será notificado personalmente al designado, pero si dicha notificación no pudiere hacerse dentro del día siguiente a aquél, se comunicará por oficio que un empleado de la secretaría entregará en la dirección que figure en la lista oficial, de todo lo cual se dejará constancia en el expediente…”.

En tales condiciones, ninguna incertidumbre se presenta respecto a que sólo a partir de la notificación o en su defecto de la comunicación, el requerimiento empieza a surtir efecto.

En tal orden de ideas, se aprecia que en las providencias emitidas por el Juzgado Primero de Familia los días 21 de abril y 18 de junio de 1999, se dispuso que el secuestre designado rindiera cuentas de su gestión en la forma indicada en el artículo 689 del Código de Procedimiento Civil.

Implica lo anterior que hasta ese momento, en términos del ordenamiento procesal civil vigente para la fecha, la exigencia elevada al secuestre se concretaba a que rindiera cuentas de su gestión, omisión que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 689 de la normatividad en mención, es causal de relevo de la función y exclusión de la lista de auxiliares de la justicia.

Sin embargo, no aparece constancia procesal respecto a que efectivamente se hubiere librado los oficios con la finalidad de enterar al secuestre XXX de la exigencia en cuestión, y menos aún que los mismos efectivamente le hubieran sido entregados.

Por el contrario, mediante pronunciamiento del 1º de septiembre de 1999, el juzgador no sólo reiteró el mencionado requerimiento, sino que ya en esta oportunidad dispuso que el secuestre debía “…poner a disposición del juzgado a través del Banco Agrario Nacional los dineros que posee en su poder…”.

En dicha finalidad se redactó el Oficio 2046 del 23 de septiembre de 1999, pero no aparece constancia alguna respecto a que efectivamente se haya remitido al destinatario y que lo haya recibido.

Nuevamente el 14 de diciembre de 1999 el juzgado, al tiempo que aprobó el trabajo de partición de los bienes dejados por el causante, ordenó requerir al secuestre para que hiciera entrega de los dineros y títulos recibidos en la diligencia de secuestro, determinación complementada el 17 de febrero de 2000, en cuanto dispuso el despacho que “…de acuerdo a lo solicitado en el párrafo final del escrito anterior secretaría proceda a efectuar la citación del secuestre doctor XXX para el requerimiento ordenado en el párrafo sexto de la parte resolutiva de la providencia de diciembre 14 de 1999…”.

El 21 de junio de 2000, nuevamente el Juzgado Primero de Familia ordenó citar a XXX”…a fin de llevar a cabo la diligencia de requerimiento ordenada en auto de diciembre 14 de 1999…”, mientras que el 21 de junio del mismo año, debió nuevamente el juzgado ordenar que “…Secretaría proceda a citar al secuestre señor XXX a fin de llevar a cabo la diligencia de requerimiento ordenada en auto de diciembre 14 de 1999…”.

Atendiendo a tales mandamientos, se libró el telegrama 834 del 10 de julio de 2000, pero ninguna constancia respecto a que fuera recibido aparece en la actuación.

Finalmente, el 9 de febrero de 2001 el juzgado nuevamente dispuso requerir al secuestre para que rindiera cuentas de su gestión e hiciera entrega de los dineros y títulos que tiene en su poder, concediéndole el lapso de diez días hábiles a partir de la notificación del pronunciamiento para que procediera de conformidad.

Para el cumplimiento de la orden en cuestión, se libró el Oficio 0337 del 19 de febrero de 2001, en el cual aparece la firma del acusado XXX, en constancia de haber sido recibido el 16 de marzo del mismo año.

Es decir que una vez cumplido los diez (10) días hábiles que le fueran concedidos sin que procediera a la restitución de los bienes, se configura la apropiación ilegal de los mismos, y no antes, pues solo a partir de esa fecha se estructura formalmente la obligación de su entrega.

Diferente es que durante el curso de su gestión como secuestre, le resultara imprescindible presentar informes mensuales y rendir cuentas cuando le fueran solicitadas por el juez, pero la obligación de devolución de los bienes, sólo nace a la vida jurídica siempre que sea reemplazado o termine sus funciones, caso en el cual “…éste entregará los bienes a quien corresponda inmediatamente se le comunique la orden, en la forma prevista en el numeral 9º del artículo 9º…”; según lo estipulado en el artículo 688 del Código de Procedimiento Civil.

En esta oportunidad, según se evidencia en la secuencia de la actuación procesal cumplida, la orden al secuestre para que hiciera entrega de los bienes, se produjo mediante auto del 14 de diciembre de 1999, complementada el 17 de febrero de 2000 en orden a que se efectuara la correspondiente citación, mandamiento que sólo vino a ponerse en conocimiento del secuestre el 16 de marzo de 2001, oportunidad en que le fue entregado el Oficio 0337 del 19 de febrero de 2001.

La anterior precisión se torna en ineludible, toda vez que en materia de delitos impera el principio de legalidad, que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional(1), tiene dos connotaciones: i) en sentido amplio, se le conoce como principio de reserva legal, y consiste en que es atribución exclusiva del legislador la de definir previamente los hechos punibles y; ii) en sentido estricto, se traduce en el principio de tipicidad o taxatividad, según el cual las conductas punibles deben ser no sólo previamente sino taxativa e inequívocamente definidas en la ley, de manera que la labor del juez penal se reduzca a verificar si una conducta concreta se adecua a la descripción abstracta realizada por el órgano legislativo.

Este principio se erige en una de las principales conquistas del constitucionalismo moderno, toda vez que garantiza la seguridad jurídica de los ciudadanos al permitirles conocer previamente cuándo y por qué motivos pueden ser objeto de penas privativas de la libertad o de otra naturaleza, a la vez que constituye un límite a toda clase de arbitrariedad o intervención indebida por parte de las autoridades penales respectivas; en otras palabras, este principio salvaguarda la libertad individual, controla la arbitrariedad judicial y asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal.

En el plano de las garantías sustanciales y procesales, el principio de legalidad de las penas (nulla pœna sine lege) se materializa y concreta en que la sanción que se debe aplicar por el juez natural, ha de corresponder a aquella prevista en la ley escrita, cierta y previa a la realización del hecho que se investiga, trámite que se debe cumplir al interior de una actuación judicial adelantada según las orientaciones del debido proceso.

Precisamente por ello la parte general del Código Penal cumple una función sistematizadora y garantizadora que permite hacer efectiva la aplicación de las conductas punibles descritas en la parte especial de ese ordenamiento, pues, entre otros preceptos, allí se consagran los principios rectores, las reglas sobre la aplicación de la ley penal en el espacio y en el tiempo, los que precisan los sujetos a quienes se aplica, definen la conducta punible y sus modalidades, los relacionados con las clases y duración máxima de las sanciones, así como con la extinción de la acción penal y de las penas, etc.

Consecuente con lo anterior, en el evento específico sometido a análisis, corresponde determinar los preceptos legales que le son aplicables al acusado XXX, con ocasión del comportamiento punible que le fuera atribuido.

Así las cosas, tratándose del delito de peculado por apropiación para efectos de establecer el monto de la sanción a imponer es indispensable conocer la cuantía de lo apropiado, siendo del caso resaltar que si bien los juzgadores de instancia tomaron el informe de policía judicial rendido por el investigador judicial II XXX como base para determinar su monto en la suma de $ 12.731.850, lo cierto es que acorde con la rendición de cuentas finalmente aprobada por el Juzgado Primero de Familia de Ibagué y respecto del cual ninguna objeción se presentó por parte de los interesados, el saldo por el que debía responder el secuestre asciende a la suma de $ 11.731.850, siendo ésta la suma a tener en cuenta por cuantía del delito endilgado al acusado, pues no se acreditó en la actuación procesal circunstancia alguna que amerite exigir una suma superior a la reclamada y aceptada por las víctimas y por el despacho judicial ante el cual actuó el acusado en calidad de auxiliar de la justicia, en cuanto ello implicaría invadir la órbita de acción propia de la jurisdicción de familia ante la cual se surtió el trámite, caracterizada por su naturaleza contenciosa, patrimonial y dispositiva, en donde las partes intervinientes son autónomas, con intereses y pretensiones diversas e independientes entre sí.

De lo contrario, se estaría rompiendo el equilibrio y la estructura que corresponde a la naturaleza de esta clase de actuaciones judiciales.

En consecuencia, es claro que dicha suma no supera los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos, según se desprende de la siguiente operación aritmética:

Salario mínimo vigente para el año 2001, época de ocurrencia de los hechos = $ 286.000.

286.000 X 50 = $ 14.300.000

De lo anterior se concluye que el valor apropiado, esto es $ 11.731.850, no excede los cincuenta salarios mínimos legales vigentes para la época de los hechos (mar. 16/2001), y por lo tanto le asiste razón al defensor en torno a la equivocada aplicación de la ley de carácter sustancial por parte de los juzgadores de instancia, puesto que en lugar de la sanción prevista en el inciso primero del artículo 397 del Código Penal, procedía aplicar la consignada en el artículo 133, inciso segundo, del Decreto-Ley 100 de 1980, no sólo por ser la que se encontraba vigente para la época de los hechos, sino también por resultar más favorable a los intereses del acusado.

Dicha conclusión es exactamente idéntica en el evento que llegare a considerarse que el punible de peculado por apropiación se entiende ejecutado no a partir de la notificación o comunicación de la orden del juzgado al secuestre, sino desde el momento mismo en que se emite el auto requiriéndolo para que ponga a disposición del proceso los respectivos bienes, para el caso específico a partir del pronunciamiento del 1º de septiembre de 1999, complementado el 17 de febrero de 2000 respecto a que se efectuara la correspondiente citación, oportunidad en que dispuso el juzgador que el secuestre debía “…poner a disposición del juzgado a través del Banco Agrario Nacional los dineros que posee en su poder…”.

Lo anterior, si se tienen en cuenta las siguientes operaciones aritméticas:

Salario mínimo vigente año 2000 = $ 260.100

$ 260.100 X 50 = $ 13.005.000

Salario mínimo vigente año 1999 = $ 236.460

$ 236.460 X 50 = $11.823.000

Es decir que el valor apropiado, esto es la suma de $ 11.731.850, no excede los cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes para los años 1999, 2000 ni 2001.

En consecuencia, puede concluirse que erró tanto la fiscalía como los falladores al acusar y condenar a XXX por el delito de peculado por apropiación acorde con las previsiones del artículo 397 de la Ley 599 de 2000, sin tener en cuenta la cuantía de lo apropiado, ni la aplicación de la normatividad vigente para la época de los hechos.

Prescripción de la acción penal

Definido lo anterior, se observa que de conformidad con la preceptiva del artículo 133 del Decreto-Ley 100 de 1980, modificado por el artículo 19 de la Ley 190 de 1995, el delito de peculado por apropiación tiene prevista una pena de seis (6) a quince (15) años de prisión, multa equivalente al valor de lo apropiado e interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) a quince (15) años.

A su vez, el inciso segundo de la mencionada disposición, establece que “…si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se disminuirá de la mitad (1/2) a las tres cuartas (3/4) partes…”, norma esta aplicable al presente asunto, pues como quedó visto, la suma apropiada no supera el monto de cincuenta (50) salarios mínimos a que se contrae la norma, lo cual traduce que los extremos punitivos de la delincuencia en concreto cometida van de 18 meses el mínimo a 7 años, 6 meses el máximo.

De otro lado, se tiene definido suficientemente que durante la etapa instructiva, la acción penal prescribe en un término igual al máximo de la pena establecida en la ley, pero en ningún caso en un lapso inferior a cinco (5) años ni, por regla general, salvo algunas excepciones, superior a veinte (20) años. En la fase de juzgamiento tal término comienza a contarse de nuevo a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación por un tiempo igual a la mitad del establecido para la etapa de instrucción, sin que pueda tampoco ser inferior a cinco (5), ni superior a diez (10) años.

Ahora bien, es claro que la normatividad procesal penal reglamenta de manera diferente y autónoma la prescripción de la acción penal cuando el delito es cometido por un particular, a aquél que es ejecutado por un servidor público en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos.

Así, mientras la acción penal por el delito cometido por un particular en ningún caso prescribe en un término inferior a cinco (5) años, sea que se presente en la etapa de instrucción o en la etapa del juzgamiento, tratándose de conducta punible cometida por servidor público, en ningún caso prescribe en un término inferior a seis (6) años y ocho (8) meses, sea que la prescripción se presente antes de ejecutoriarse la resolución acusatoria (en la instrucción), o bien que se produzca después de quedar en firme la acusación (en la etapa del juzgamiento), aunque el delito sea sancionado con pena no privativa de la libertad o la pena máxima de prisión del delito sea inferior a cinco (5) años.

Corresponde en la etapa de la causa contabilizar el tiempo de prescripción en la mitad del máximo de la pena, lapso que por ser inferior a cinco años en esta oportunidad, en cuanto corresponde a tres años y nueve meses, se aproxima a esa cifra.

A su vez, como en el presente asunto el delito atribuido al acusado XXX fue ejecutado en el desempeño de sus funciones como auxiliar de la justicia, es claro que ostentaba la condición de servidor público, y en consecuencia el plazo para que se consolide el mencionado fenómeno jurídico se incrementa en una tercera parte, con lo cual la prescripción de la acción penal para el delito de peculado por apropiación en cuantía inferior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, opera en seis (6) años y ocho (8) meses, lapso que contabilizado desde la ejecutoria de la resolución de acusación a la fecha, se encuentra ampliamente superado, en cuanto han transcurrido nueve (9) años y tres meses, motivo por el cual lo procedente es declarar la prescripción de la acción penal, toda vez que, sin ninguna duda, el Estado pierde todo derecho como titular de la acción penal para adelantar el proceso cuando ha transcurrido el tiempo necesario que la extingue, y si a pesar de ello prosigue con la actuación y condena, procede sin competencia en concreto.

En ese orden, el reconocimiento de la prescripción de la acción penal, además de evitar la declaratoria de responsabilidad criminal, produce idéntico efecto respecto de la de carácter civil, porque la jurisdicción penal únicamente tendría competencia para pronunciarse sobre las pretensiones de las víctimas, en la medida en que la conserve para decidir sobre la responsabilidad del autor del hecho.

Resta señalar que será del resorte del juez de primera instancia proceder a la cancelación de los compromisos adquiridos por el ciudadano XXX, en razón de este diligenciamiento.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Casar la sentencia proferida el 16 de junio de 2011 por el Tribunal Superior de Ibagué, toda vez que la conducta investigada no se adecua al tipo penal de peculado por apropiación previsto en el artículo 397 de la Ley 599 de 2000, sino al de peculado por apropiación a que se contrae el artículo 133, inciso segundo, del Decreto-Ley 100 de 1980, modificado por el artículo 19 de la Ley 190 de 1995.

2. Consecuentemente, declarar la prescripción de la acción penal y civil derivadas del delito de peculado por apropiación previsto en el artículo 133, inciso segundo, del Decreto-Ley 100 de 1980, y proferir cesación de procedimiento en favor de XXX, de conformidad con las razones consignadas en la anterior motivación.

3. Señalar que corresponde al juez de primera instancia proceder a la cancelación de los compromisos adquiridos por el mencionado ciudadano en razón de este diligenciamiento.

Notifíquese y cúmplase.»

(1) Corte Constitucional. Sentencia del 4 de agosto de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero (C-599/99).